Apuntes historia-espana

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO.
PROFESOR: JUAN FREIJE.
BLOQUE I. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
TEMA 1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA CRISIS.
1. ORGANIZACIÓN ESTAMENTAL DE LA SOCIEDAD.
Se denomina Crisis del Antiguo Régimen al período de la historia de
España que se desarrolla entre 1788 (fin del reinado de Carlos III, comienzo del
reinado de Carlos IV) y 1833. Durante estas décadas, y tras la Revolución
Francesa de 1789, el Antiguo Régimen entra en crisis: el reinado de Carlos IV,
la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz son el origen del liberalismo
español; tras la guerra, el reinado de Fernando VII se caracteriza por una serie
de vaivenes políticos y desajustes socioeconómicos que se enmarcan en esa
crisis.
Pero, ¿a qué se denomina Antiguo Régimen? Al sistema político,
económico y social imperante en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Desde el punto de vista político, este sistema se caracteriza por el absolutismo
monárquico. Desde el punto de vista socioeconómico, por una estructura
económica basada en la tierra y sus rentas como fuente de riqueza, y por una
sociedad estamental, esto es, dividida en estamentos definidos por ley: la
nobleza y el clero (estamentos privilegiados que no pagan impuestos) y el resto
de la población (burguesía, campesinos….).
En el caso de España, esa sociedad estamental conservaba, como en
otros lugares de Europa, los rasgos aparecidos en la Edad Media, es decir, la
profunda división y desigualdad jurídica entre los privilegiados y los no
privilegiados. Se trataba de grupos sociales muy cerrados, pero con
situaciones diferenciadas dentro de cada grupo o estamento. Así, la nobleza
agrupaba, en el siglo XVII, al 5% de la población, y abarcaba desde los Títulos
de Castilla y Grandes de España, élite que acumulaba riquezas y patrimonio, a
los caballeros e hidalgos de haciendas mucho más precarias. Fue habitual la
compra de títulos de nobleza y el acceso a la misma por méritos oficiales o
servicios a la monarquía. La nobleza poseía numerosos señoríos
jurisdiccionales, en los que administraba justicia y de los que extraía rentas.
También eran notables las diferencias en el clero. El alto clero
(arzobispos, cardenales o abades) mantenía situaciones semejantes a la
nobleza, mientras el bajo clero (párrocos, capellanes, monjes….) vivía, en
ocasiones, de forma parecida a artesanos o campesinos. El clero constituía
poco más del 2% de la población, pero controlaba más del 40% de la propiedad
territorial, en una sociedad en la que era la tierra la fuente de riqueza. Además,
gozaba del derecho a cobrar el diezmo, impuesto sobre la cosecha, a todos los
campesinos.

En general, tanto nobleza como clero acumulaban unos altísimos
porcentajes de las rentas y riquezas del reino y estaban exentos de impuestos.
El señorío (posesión vinculada a una familia o institución eclesiástica) fue la
forma más extendida de dominio social.
Entre los no privilegiados, los pecheros, sujetos al pago de tributos
(pechos) y a la justicia ordinaria, eran tanto campesinos, seguramente el 80%
de la población, como población urbana. También en este grupo había
notables diferencias. Así, los campesinos propietarios y acomodados tenían un
nivel de vida similar a la pequeña nobleza rural; y los grandes mercaderes o
maestros de gremios formaban parte del patriciado urbano, junto a los
caballeros e hidalgos de la ciudad. Mientras, una masa de pequeños
propietarios agrarios, jornaleros, artesanos y proletariado urbano no sólo
padecía la discriminación jurídica propia de la sociedad estamental, sino que
carecía de propiedades. Fue surgiendo un raquítico grupo de burguesía
comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasaba el ámbito de algunas
ciudades dedicadas al comercio, sobre todo colonial, como Cádiz y Barcelona.
Se trataba de una sociedad agraria, donde la posesión de la tierra
otorgaba rentas y poder. La mayor parte de esa tierra estaba amortizada, no
se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba un bien de “manos muertas”.
La institución del mayorazgo lo ejemplifica; surgida en la Edad Media, consistía
en el derecho a vincular el conjunto de bienes al título nobiliario o a la familia,
de tal forma que el heredero, uno solo para no dañar el patrimonio, podía
administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos o enajenarlos. La
propia Corona y la Iglesia eran titulares de señoríos. Por todo ello, casi el 80%
de las tierras estaban fuera del mercado, lo que impedía la movilidad
económica y social.
Sobre esa situación socioeconómica incidirán las críticas de los
ilustrados.

2. LA MONARQUÍA ABSOLUTA Y LA POLÍTICA ILUSTRADA.
Durante el siglo XVIII se implanta en España el absolutismo monárquico
de carácter uniforme y centralista, a la manera francesa. Previamente, a
finales del siglo XV, se produce la unión dinástica de los reinos peninsulares.
El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla es el inicio de ese
proceso. Los Reyes Católicos implantan, además, el embrión del Estado
Moderno. En los siglos XVI y XVII, con los Austrias (Carlos I, Felipe II, Felipe
III, Felipe IV y Carlos II) se produce la forja del Imperio, a la que sigue la
posterior decadencia y pérdida de la hegemonía.
Pero el absolutismo centralista y uniformizador llega con los Borbones.
En 1700 fallece sin descendencia el último de los Austrias, Carlos II. Deja
como heredero de la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés
Luis XIV. Es coronado con el nombre de Felipe V (1700-1746). En principio,
las potencias europeas aceptaron el testamento porque prohibía la unión de las
coronas francesa y española e impedía la hegemonía francesa en Europa.
Pero Luis XIV mantuvo los derechos de sucesión de Felipe V al trono francés y
adoptó algunas actitudes expansionistas que ponían en peligro el equilibrio
europeo. Ante ello, el emperador austriaco, Leopoldo I, que también tenía
derechos sucesorios por vía familiar a la corona española, formó una alianza
con Inglaterra y Holanda contra Francia y España. En 1703 coronó como rey
de España a su nieto el archiduque Carlos. Ello da lugar a la llamada Guerra
de Sucesión (1703-1713).
Esta guerra no sólo fue un conflicto europeo por la hegemonía, sino
también una guerra civil que enfrentó, dentro de España, a los partidarios del
modelo pactista de los Austrias, basado en la unión de varias coronas y reinos
que mantenían sus propias instituciones, con los partidarios del absolutismo
centralista de tipo francés. Los primeros apoyaron la candidatura austriaca del
Archiduque Carlos; los segundos fueron partidarios del coronado Felipe V. En
los reinos de la Corona de Aragón fueron mayoritarios los que se inclinaban por
el archiduque; en la de Castilla, ocurrió lo contrario, aunque no hubo
unanimidad, pues destacadas familias de la nobleza no aceptaron el modelo
francés. La guerra finalizó con la firma de los tratados de Utrecht (1713) y
Rastatt (1714). Se reconocía a Felipe V como rey de España, renunciando él
al cualquier derecho de sucesión al trono francés. España perdía territorios en
Europa, además de Gibraltar y Menorca. También hubo de hacer concesiones
a Inglaterra en relación al comercio inglés con la América hispana.
Comienza así la implantación del modelo absolutista y centralista
francés, paralelamente a la aplicación de una política reformista de tipo
ilustrado. Los monarcas borbones del siglo XVIII tuvieron como objetivo llevar
a la práctica desde arriba reformas inspiradas en el pensamiento de la
Ilustración (Despotismo Ilustrado). El objetivo era la prosperidad del reino,

además de recuperar el prestigio internacional de España. Para ello, según los
ilustrados, eran necesarias reformas económicas, sociales y culturales, además
de la reforma política y administrativa de carácter centralizador.
Para llevar a cabo las reformas el primer paso fue la reforma del Estado:
- Los Decretos de Nueva Planta, justificados por el “derecho de
conquista” de los territorios que apoyaron al otro candidato durante la
guerra, se aplicaron a lo largo de la misma en los dos reinos vencidos
de la Corona de Aragón: Aragón y Valencia, en 1707. Tras la guerra,
y sin mencionar el derecho de conquista, se promulgan los decretos
para Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Estos decretos suprimen los
fueros, leyes propias y Cortes de los respectivos reinos e introducen
un nuevo sistema fiscal común, además de imponer la administración
borbónica. Sólo País Vasco y Navarra conservaron sus fueros como
premio por su lealtad a Felipe V.
- Reforma de la administración central, sustituyendo el anterior modelo
de “consejos”, propio de los Austrias, por el de las “Secretarías de
Estado y del Despacho”, encargadas de los diferentes asuntos.
- En la administración territorial, se suprimieron los antiguos virreinatos
y se extendió la división del reino en provincias gobernadas por
capitanes generales e intendentes. Se implantan, además, los
corregidores, cargo tradicional en Castilla, en los territorios de la
Corona de Aragón.
En general, el nuevo estado borbónico, sobre todo en la
administración central, marginó a la alta nobleza de los cargos y se
apoyó en una burocracia procedente de la baja nobleza.
Por otra parte, la práctica del absolutismo ilustrado exigía reducir
el poder temporal de la Iglesia. Para ello, se lleva a cabo una política
regalista. Consistía en defender la soberanía del rey en materia
eclesiástica, en el sentido de nombrar a los cargos eclesiásticos
(regalías). Las principales medidas regalistas se produjeron durante el
reinado de Carlos III (1759-1788), quien limitó el poder de la Inquisición.
La decisión más radical fue la expulsión de los jesuitas adoptada en
1767. El pretexto para ello fue la acusación de haber instigado el “Motín
de Esquilache” (1766), que había provocado graves desórdenes en
Madrid y otros lugares de España. Se consideró a los jesuitas culpables
de provocar el motín.
En cuanto a las reformas socioeconómicas, los ilustrados
consideraban que el crecimiento demográfico era necesario para la
prosperidad, e impulsaron medidas poblacionistas, como estímulos a la
natalidad, repoblaciones de territorios y mejoras en la medicina y la
sanidad. También se favorece el crecimiento de la producción agraria,

pero sin sobrepasar nunca los límites del Antiguo Régimen. Los
pensadores ilustrados (como los asturianos Campomanes y Jovellanos)
denunciaron los privilegios de La Mesta y los bienes de manos muertas.
Se tomaron medidas como el reparto de tierras baldías, la abolición de la
tasa que gravaba el comercio de granos o la limitación de ciertos
privilegios de la Mesta. Los gobiernos ilustrados intervinieron de manera
directa en algunas reformas, como las colonizaciones de Sierra Morena
en tierras de realengo deshabitadas. También esa intervención se
produce en la difusión de nuevas técnicas agrarias y nuevos tipos de
cultivo a través de los párrocos. Se crean Sociedades de Amigos del
País para fomentar los estudios sobre el progreso material y económico,
y se financian obras públicas para extender el regadío. El éxito de esas
medidas fue escaso.
Otra de las prioridades fue el fomento de las manufacturas y de la
industria, pues el pensamiento ilustrado, influido por el mercantilismo,
vinculaba la actividad industrial con el comercio exterior para conseguir
una balanza comercial favorable. De este modo, se promulgan leyes
para acabar con la condición de oficios viles de los oficios manuales y se
intenta una reforma de los gremios. Se prohíbe, asimismo, la
importación de tejidos o la exportación de materias primas para fomentar
la industria nacional.
También se crean compañías comerciales para el fomento del
comercio. Pero tampoco aquí las reformas tuvieron éxito, como tampoco
lo tuvieron los intentos de reformar el sistema de impuestos: la oposición
de los grupos privilegiados impidió el establecimiento de una
contribución única.
3. LA POLÍTICA EXTERIOR Y LAS REPERCUSIONES DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA.
En el nuevo contexto internacional surgido de los tratados de Utrecht,
España pierde el rango de gran potencia a la vez que su imperio americano
queda amenazado por el expansionismo inglés. Esta circunstancia, unida a los
lazos familiares de la nueva dinastía con Francia, determina una serie de
alianzas con ese Estado que, además, es el rival de Inglaterra en Europa. Con
el objetivo de recuperar el rango internacional perdido y de proteger a las
colonias americanas de la expansión inglesa, los Borbones españoles
establecen una alianza con los Borbones franceses. Son los denominados
PACTOS DE FAMILIA, que dan lugar a enfrentamientos bélicos con Inglaterra.
De este modo, con Felipe V (1700-1746), el principal objetivo de la
política exterior fue el revisionismo de Utrecht. Se plantea la recuperación de
Gibraltar y Menorca, así como la recuperación de la influencia española en
Italia. Pero la formación de la “Cuádruple Alianza” (Francia, Holanda, Austria,

Inglaterra) obligó al abandono del proyecto revisionista. Más tarde, tras la firma
del PRIMER PACTO DE FAMILIA (1733), el hijo de Felipe V, Carlos, futuro
Carlos III, fue reconocido como rey del Reino de las Dos Sicilias, en el sur de
Italia. Se firmó, después, un SEGUNDO PACTO DE FAMILIA (1743).
Con Fernando VI (1746-1759), se produce el giro hacia una política de
neutralidad que buscaba dar prioridad a las reformas interiores.
En el reinado de Carlos III (1759-1788), se firma el TERCER PACTO DE
FAMILIA (1761). La neutralidad no había conseguido apaciguar el
expansionismo inglés sobre la América española. Ese pacto se firma en el
contexto de la “Guerra de los Siete Años”, que enfrentaba a Inglaterra con
Francia. La guerra tendrá resultados negativos para la monarquía española.
Termina con la paz de París (1763): España recupera territorios ocupados por
los ingleses, pero pierde otros como Florida o Sacramento. Este tercer pacto
se reactivó más tarde con motivo de la guerra de Independencia de las trece
colonias inglesas en América del Norte (1776-1783), en la que España participa
con Francia a favor de los colonos americanos. El conflicto termina con la paz
de Versalles: España recupera Menorca, además de las dos Floridas y otros
territorios.
El inicio del reinado de Carlos IV (1788-1808), coincidió con el estallido
de la Revolución Francesa en 1789. El miedo a la Revolución supone el
abandono de la política de reformas y el fin de la alianza con Francia. El
secretario de Estado, Floridablanca, decide cerrar fronteras a la propaganda
revolucionaria. Después, en 1793, al iniciarse la etapa revolucionaria radical en
Francia, España se une a la alianza de estados que declaran la guerra a la
Francia revolucionaria. Con el giro posterior de la Revolución hacia posiciones
más moderadas, desde 1796 (Tratado de San Ildefonso) se vuelve a una
alianza con Francia frente a Inglaterra. Esta alianza, conducida por Godoy, fue
el origen del alineamiento de España con Francia en sucesivas guerras contra
Inglaterra.

TEMA 2. LA PRIMERA FASE DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-
1814).
1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA GUERRA..
El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo jalonado por una serie de
crisis de subsistencias, con escasez y subida del precio de los cereales, lo que
demuestra el fracaso de las reformas ilustradas, paralizadas, por otra parte,
desde el estallido de la Revolución Francesa. La mala situación económica
agravó, además, el déficit de la Hacienda Real, que aumentó por el coste de
las sucesivas guerras contra los revolucionarios franceses, en un primer
momento y, después, contra Inglaterra. Durante esa época el gobierno fue
ejercido por el valido Manuel Godoy, que intenta reformas para remediar la
situación socioeconómica. Esas reformas se encuentran con la oposición
popular y con el descontento de los privilegiados, ya que Godoy intenta eliminar
privilegios fiscales de la nobleza, así como desamortizar una parte de los
bienes eclesiásticos. Los privilegiados forman el denominado “partido
fernandino” contra Godoy y Carlos IV, utilizando como bandera la figura del
príncipe heredero, Fernando, quien protagonizó la fracasada “conjura” de El
Escorial (1807), en la que pretendió arrebatarle el trono a su padre y desposeer
a Godoy de su poder.
La política exterior de Godoy fue otro de los factores de la guerra de la
Independencia. El tratado de Fontainebleau (1807), firmado con Napoleón,
permitía el paso de las tropas francesas por España para ocupar Portugal.
Pero las verdaderas intenciones de Napoleón se desvelaron cuando el ejército
francés, además de ocupar Lisboa, pretendió el control de Cádiz y Barcelona.
El descontento popular originó, con el apoyo de la nobleza, el motín de
Aranjuez (1808), revuelta que provocó la caída de Godoy y forzó la abdicación
de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Padre e hijo acudieron a Napoleón como
árbitro para solucionar el pleito sucesorio. Llamados a Bayona, el emperador
les obligó a abdicar (1808) y nombró a su hermano, José Bonaparte, rey de
España, convertida así en estado vasallo dentro del imperio napoleónico.
El descontento popular se manifestó en el levantamiento popular del 2
de mayo de 1808 en Madrid, desencadenado cuando el ejército trataba de
sacar del palacio Real a los miembros de la familia real que no se habían
trasladado todavía a Bayona. La sublevación fue reducida por las tropas
francesas del general Murat y seguida de una dura represión, inmortalizada por
Goya en su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo
2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA.
. En los días siguientes, la insurrección se generalizó en toda España.
Los sublevados no aceptaron el nuevo poder francés ni la colaboración de las
autoridades del Antiguo Régimen con los ocupantes, considerando que la

soberanía originaria que encarnaba el monarca volvía al pueblo español. Se
organizaron Juntas locales y provinciales para coordinar la resistencia. La
coordinación entre las mismas dio lugar a la formación de una Junta Suprema
Central para dirigir la guerra.
La guerra fue larga y penosa (1808-1814) y se pueden distinguir tres
etapas:
- Hasta finales de 1808 es favorable para los españoles, que obligan al
rey José I a salir de Madrid. En julio, las tropas del general Castaños
derrotan en Bailén a las tropas francesas. La resistencia popular se
manifestó en los asedios franceses (“sitios” de Zaragoza y Gerona), y
en la acción de la guerrilla.
- A finales de 1808, el propio Napoleón en persona restableció el poder
francés y su ejército controló la mayor parte del territorio hasta 1812.
A pesar del apoyo del ejército inglés mandado por el general
Wellington, la Junta Suprema hubo de refugiarse en Sevilla y,
después, en Cádiz.
- La retirada de una parte de las tropas francesas, en 1812, para
luchar en el frente de Rusia, devolvió la iniciativa a los ejércitos
español y británico, que ocuparon de nuevo Madrid y obligaron a los
franceses a replegarse hacia el norte. Finalmente, en 1814, fueron
forzados a retirarse de España. A finales de 1813, Napoleón trató de
firmar con Fernando VII el tratado de Valençay, por el que le
declaraba en libertad y permitía su regreso a España.
Tanto en el levantamiento como en la guerra la participación popular fue
fundamental, a través de la resistencia a los distintos asedios y a través de la
guerrilla. Fue un hecho decisivo en el nacimiento de la idea de la nación
española. Paralelamente al desarrollo de la guerra, se produjo un proceso de
revolución liberal que se plasmó en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de
1812.
3. LAS CORTES DE CÁDIZ.
La mayoría de los españoles no aceptó la nueva dinastía francesa
(José I) impuesta por Napoleón ni las instituciones que colaboraban con la
misma (Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII y Consejo de Castilla).
Los sublevados consideraron que, ante el vacío de poder, la soberanía recaía
en el pueblo y eligieron las juntas locales o provinciales como instituciones
representativas. Esas juntas se coordinaron en una Junta Suprema Central
que, más tarde, fue sustituida por un Consejo de Regencia. El objetivo era no
sólo la lucha contra los invasores, sino también la realización de las reformas
políticas que se venían pidiendo desde el motín de Aranjuez. De este modo, la
Junta Central, confinada en Cádiz por el avance francés, llevó a cabo una

convocatoria de Cortes, en torno a la cual surgieron tres tendencias políticas
diferenciadas:
- Los conservadores, cuyo principal representante fue el conde de
Floridablanca, defendían el estado absolutista y eran contrarios a la
convocatoria de Cortes.
- Los centristas o jovellanistas (seguían el criterio de Jovellanos)
eran en su mayoría ilustrados que, al contrario de los ilustrados
afrancesados, no aceptaron ponerse al lado de José I. Defendían
una vía intermedia entre los que preferían el absolutismo y los que
veían en las Cortes la representación de la soberanía nacional.
Creían que las Cortes debían limitar el poder del rey, pero sus
reformas debían ser moderadas y no revolucionarias.
- El sector de jóvenes que, después, integrarían el “partido liberal”.
Entendían que la soberanía se había transferido revolucionariamente
a las juntas y a los poderes surgidos de ellas. Las Cortes debían ser,
por ello, la representación de la soberanía nacional.
La muerte de Floridablanca, las dificultades de la guerra y la puesta en
práctica de la Constitución o Estatuto de Bayona, texto constitucional
otorgado por Napoleón con el apoyo de los afrancesados, dejaron paso libre,
en 1809, a la idea de convocatoria de Cortes. La Junta Central, antes de
disolverse en 1810 y de nombrar una “regencia”, aprobó la convocatoria. El
“partido liberal” pudo imponer sus tesis de unas Cortes unicamerales y
representantes de la soberanía nacional. El primer decreto de esas Cortes, en
1810, reconocía ya los principios de la futura constitución: soberanía nacional y
división de poderes.
Las Cortes llevaron a cabo una doble tarea: establecer un nuevo sistema
político con la redacción de la Constitución de 1812 y desmantelar
jurídicamente el Antiguo Régimen a través de un conjunto de leyes. Desde los
primeros momentos aparecen definidas las tres corrientes citadas. La del
“partido liberal”, a pesar de ser minoritaria, impondrá sus tesis, contando con
representantes de gran preparación política y técnica. Como consecuencia se
aprueban, antes y después de promulgar la Constitución, una serie de leyes
que establecen los principios del nuevo orden político y jurídico liberal. Así, las
Cortes promulgan decretos que reconocen la ya citada soberanía nacional.
Además, legislan la abolición de los señoríos, lo que abre la puerta a que los
propietarios de esos señoríos jurisdiccionales se conviertan en propietarios
privados de los mismos, aunque sin las atribuciones políticas y jurisdiccionales
que, hasta entonces, tenían sobre los mismos. Después de aprobada la
Constitución, las Cortes continúan su tarea legislativa con el objetivo de apurar
el desmantelamiento del Antiguo Régimen. De este modo, el decreto de
desamortización, de 1813, establece la conversión de bienes nacionales, y su
venta en subasta pública, de los bienes eclesiásticos y civiles amortizados y

vinculados, esto es, que no se podían dividir ni vender. También se promulgan
leyes de libertad de industria, comercio y otros.
Estas leyes no tendrán aplicación por la restauración absolutista
de 1814, pero serán desarrolladas cuando triunfe la revolución liberal
durante la etapa de Isabel II.
4. LA CONSTITUCIÓN DE 1812.
La gran obra de las Cortes fue la Constitución de 1812, promulgada el
12 de marzo de ese año. Constaba de 10 títulos y 348 artículos. Establecía un
sistema político de monarquía constitucional parlamentaria, en la que el poder
ejecutivo quedaba supeditado al legislativo. Se basaba en los siguientes
principios: soberanía nacional, división de poderes, limitación del poder real,
una sola cámara, sufragio universal indirecto y reconocimiento de derechos
individuales, estos últimos muy limitados por el hecho de que no se establecía
la libertad religiosa y se imponía un estado confesional.
En cuanto a la división de poderes, la Constitución otorgaba el poder
ejecutivo al Rey y sus secretarios de Despacho (ministros); el legislativo, a
unas Cortes unicamerales; y el judicial, a tribunales de justicia independientes
de los otros poderes. Por otra parte, el reconocimiento de la soberanía
nacional implicaba que el poder ejecutivo del rey era un poder delegado por
encargo de la nación. El rey no podía suspender ni disolver las Cortes y se
creaba, además, una Milicia Nacional, encargada de defender la Constitución.
La forma de organización territorial es centralista y uniforme. El modelo
de organización a escala local y provincial se basaba en la creación de
Ayuntamientos constitucionales y Diputaciones provinciales. Sus miembros
tenían que ser elegidos por sufragio indirecto.
La Constitución de 1812 fue una referencia para los revolucionarios
liberales del siglo XIX. Abolida en 1814, tras el regreso de Fernando VII, volvió
a estar en vigor entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal) y, más tarde, en 1836-1837,
mientras se redactaba la constitución de 1837. Supone, por otra parte, el
nacimiento político-jurídico de la nación española.

TEMA 3. ABSOLUTISMO Y LIBERALISMO. (1814-1833)
1. LA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII.
Tras su derrota, Napoleón libera en 1813 a Fernando VII y lo
reconoce como rey mediante el tratado de Valençay. La Regencia y las
Cortes no suscribieron ese tratado, al tiempo que diputados absolutistas
y clérigos, unidos a sectores del ejército, presionaron para que Fernando
volviese como rey absoluto. El general Elío se pronuncia en Valencia a
favor del absolutismo. Por otra parte, 69 diputados de esa tendencia
ideológica le entregan al rey el denominado Manifiesto de los Persas, en
el que se incitaba a un golpe de fuerza, apelando al poder absoluto del
monarca y pidiendo que se considerara nula la obra legislativa de las
Cortes de Cádiz. En ese contexto, el capitán general de Castilla toma
Madrid y se cierran las Cortes, al tiempo que entra en vigor un decreto
por el que se dispone la nulidad de la Constitución y de las leyes
emanadas de las mismas.
Comienza de este modo la primera etapa del reinado de
Fernando VII. Esa etapa recibe la denominación de SEXENIO
ABSOLUTISTA (1814-1820) y se inscribe en el contexto europeo de
vuelta al Antiguo Régimen tras la derrota de Napoleón. Serán, en
España, años marcados por la represión y persecución de liberales y
afrancesados, así como por el intento de regreso al Antiguo Régimen,
intento que va a chocar con las dificultades económicas y el déficit de la
Hacienda Pública, que se arrastraban desde el reinado de Carlos IV,
agravados ahora por las consecuencias económicas y demográficas de
la Guerra de Independencia. Esa situación exigía una reforma tributaria
que no era posible dentro de los límites establecidos por los privilegios
estamentales.
La persecución de liberales y afrancesados fue sistemática,
considerándose como delito político las prácticas e ideas liberales.
Hubo detenciones de regentes, ministros y diputados del régimen
constitucional, algunos de los cuales fueron condenados a muerte.
Algunos liberales se exiliaron en Inglaterra. En cuanto a los
afrancesados, fueron objeto de depuración y los más significados
hubieron de irse a Francia. Los liberales exiliados desplegaron en
Inglaterra cierto activismo político fundando periódicos y redactando
escritos en defensa de la Constitución. Pero la oposición más intensa se
produjo en el interior mediante el instrumento de la conspiración,
intentando conseguir levantamientos en el ejército e insurrecciones en
las ciudades a través de juntas revolucionarias. Estos intentos se
sucedieron a lo largo del sexenio, con pronunciamientos militares, como

el de Espoz y Mina (1814), el de Díaz Porlier (1815) y otros. Fracasaron
y sus principales responsables fueron ejecutados.
En enero de 1820, el coronel Riego se pronuncia en Cabezas de
San Juan (Cádiz), proclamando la Constitución. Fracasa en su intento
de tomar la capital gaditana e inicia una expedición militar por Andalucía
sin demasiado éxito. Pero la sublevación se extiende por otras ciudades
españolas. Todo ello obliga a Fernando VII a promulgar un decreto en el
que se compromete a jurar la Constitución, lo que hizo ya en marzo.
Comenzaba una nueva etapa: el trienio liberal.
2. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823).
Una vez recuperada la Constitución, vuelven las libertades y, con
ellas, un amplio activismo político en las ciudades, donde surgen
espacios de relación y comunicación, como las Sociedades Patrióticas
(clubes de discusión que utilizaron foros como los cafés) y la prensa. El
debate y las discusiones en esos medios y en las nuevas Cortes dieron
lugar a una división de los liberales entre moderados y exaltados (futuros
progresistas). Los moderados eran políticos procedentes de la etapa de
Cádiz, de ahí el nombre de doceañistas con que también se les conoció.
Se inclinaban a un entendimiento con los privilegiados para consolidar la
revolución. Tampoco eran partidarios de las participación activa de
sectores populares; desde el gobierno prohibieron las sociedades
patrióticas y limitaron la libertad de prensa, lo que originó intensos
debates en las Cortes con los exaltados. Estos estaban integrados por
algunos viejos liberales y otros pertenecientes a una generación más
joven. Consideraban que, ante la contrarrevolución y el obstruccionismo
del rey (que conspiraba contra la nueva situación), debía buscarse el
apoyo político de los sectores populares y eran partidarios de la
movilización a través de las sociedades patrióticas, así como de la
defensa de la revolución por medio de la Milicia Nacional.
Las Cortes del trienio restablecieron, además de la Constitución
de 1812, la legislación gaditana, además de completarla y desarrollarla.
De este modo, se continuó con la línea desamortizadora, en el sentido
de considerar desamortizables no sólo los bienes del clero secular, sino
también los del clero regular. Además, se aprobó definitivamente una ley
de desvinculación de bienes nobiliarios, al tiempo que se confirmaba y
se ponía en práctica la ley de abolición de los señoríos de Cádiz. Se
trataba de continuar avanzando en el proceso iniciado por la Cortes
gaditanas.
Durante el trienio se pueden distinguir, por otra parte, dos etapas
políticas:
- Etapa de los gobiernos moderados (1820-1822): estos gobiernos
tuvieron que enfrentarse, desde el principio, a la oposición absolutista

o realista, que presentaba dos frentes ya que, por un lado, estaba la
obstrucción legal del rey (con intentonas de golpes de fuerza
apoyados por sectores de la nobleza y el clero absolutistas) y, por
otro, la aparición de una oposición armada realista organizada en
partidas formadas por campesinos descontentos, apoyados y
organizados por el clero rural. Por otra parte, la tímida reacción de
los moderados frente a la contrarrevolución dio lugar a las protestas
de los exaltados en las Cortes, en la prensa y en la calle. Se
produjeron tensiones que desembocaron en el intento fracasado de
la Guardia Real en Madrid de dar un golpe absolutista en junio de
1822, lo que abrió la puerta a la llegada de los exaltados al gobierno.
- Etapa de gobierno de los exaltados y de intervención francesa (1822-
1823): este gobierno venció a las partidas realistas y activó de nuevo
la movilización en las ciudades, reabriendo las sociedades patrióticas
y permitiendo la entrada en la Milicia Nacional de las clases
populares. Pronto se produjo una escisión entre los exaltados menos
radicales y los más radicales, partidarios del liberalismo democrático.
Esa división, favorecida por el rey, contribuyó al éxito de la
intervención militar francesa que puso fin al trienio en septiembre de
1823. Dicha intervención se enmarca en el contexto internacional
europeo del momento, marcado por la Restauración posterior a la
derrota de Napoleón. Se había creado una alianza para defender el
recuperado orden absolutista de los levantamientos liberales. La
Santa Alianza, así denominada, decidió, en 1822, acceder a la
petición de Fernando VII e inició la invasión militar de España con un
ejército francés denominado los Cien mil hijos de San Luis. Sus
tropas ocuparon la Península sin apenas resistencia. Se inicia así
una nueva etapa absolutista.
3. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (1823-1833)
Tras la intervención de la Santa Alianza, Fernando VII restauró el
absolutismo. Sin embargo, la situación de crisis económica y fiscal,
agravada con la pérdida de imperio americano (excepto Cuba y Puerto
Rico), le obligan a aceptar una política de reformas técnicas y
administrativas, aunque no políticas, en la línea del despotismo ilustrado.
Se apoya para ello en políticos reformistas moderados o afrancesados,
siendo la principal reforma que se intenta la de la Hacienda, para
remediar la deuda del Estado, que ponía a la monarquía al borde de la
quiebra. Se pretendía ajustar los gastos a los ingresos sin cuestionar los
fundamentos fiscales del Antiguo Régimen. Por otra parte, se realizan
reformas en la administración central: el sistema de Consejos es

sustituido por las Secretarías de Despacho (ministerios), al tiempo que
se crean el Consejo de Ministros y la Superintendencia de Policía.
De manera paralela, se llevó a cabo una política de depuración de
los liberales del trienio (Riego fue ejecutado) y se inició una dura
persecución que condujo a un segundo exilio de liberales españoles,
sobre todo en Inglaterra. Para llevar a cabo esa represión se crea una
red de instituciones, como las Juntas de Depuración y las Juntas de Fe.
Se crean además una moderna policía política y una milicia antiliberal
(los Voluntarios Realistas).
Pero el rasgo específico de esta etapa absolutista fue la aparición
de una oposición de ultrarrealistas, la oposición ultra, que terminó
originando el movimiento carlista (partidarios del derecho de sucesión al
trono de Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII y no su hija
Isabel, así como de mantener el absolutismo). Las reformas técnicas
que el monarca tuvo que impulsar para remediar la situación del país,
originaron el descontento y la oposición ultra, de la que formaban parte
los sectores más reaccionarios de la vieja nobleza, el clero y el
campesinado. Esa oposición se organiza a través de juntas (Juntas
Apostólicas) y sociedades secretas. Las conspiraciones pretendían el
levantamiento de los Voluntarios Realistas y la movilización popular. La
más grave se produjo en Cataluña en 1827: fue la denominada revuelta
o guerra de los Malcontents (agraviados), en la que se propone a
Carlos como rey absoluto. El movimiento llegó a controlar parte de
Cataluña hasta que fue dominado, siendo el origen de un cierto giro en
la orientación de la política de Fernando VII.
En 1830, una vez conocido el embarazo de la reina (hasta
entonces, Fernando no tenía descendencia), el rey manda publicar la
Pragmática Sanción sobre la sucesión de la Corona. Esa ley ya había
sido aprobada por Carlos IV, pero no se había publicado y, por tanto, no
estaba vigente. Restablecía el sistema sucesorio tradicional de la
monarquía española que daba preferencia al varón sobre la mujer en la
misma línea de sucesión, pero no excluía a las mujeres de ser
herederas. Ello suponía que cualquiera que fuere el sexo de la
descendencia de Fernando VII, heredaría el trono, dejando sin efecto la
Ley Sálica borbónica. Se cerraba así el acceso al poder de los
absolutistas ultras. De ahí el nombre de carlistas que adoptaron por su
apoyo a Carlos y su ideario absolutista. Se plantea así un doble
conflicto sucesorio e ideológico, pues las Corona no tenía otro remedio
que apoyarse en los sectores liberales frente al carlismo. Los carlistas
maniobraron e intrigaron para anular la nueva ley. En 1832, en los
sucesos de La Granja, el núcleo reaccionario del gobierno consiguió
presionar a la esposa del rey, Cristina de Borbón, para que influyese en
la voluntad real y se anulase la Pragmática, aprovechando la
enfermedad de Fernando VII. Éste, una vez recuperado, vuelve a

ponerla en vigor y sustituye a los absolutistas por un gobierno de
ilustrados y liberales moderados, además de conceder a los exiliados
liberales una amnistía para favorecer su regreso. A la muerte de
Fernando en 1833, la Corona pasa a su hija recién nacida (la futura
Isabel II) bajo la regencia de la reina madre. Los carlistas declaran
ilegítima esa sucesión y comienza la guerra carlista.
4. LA PÉRDIDA DEL IMPERIO COLONIAL.
La crisis del Antiguo Régimen estuvo vinculada en España al
proceso de independencia de las colonias americanas, que se desarrolla
paralelo a la desintegración del absolutismo entre 1808 y 1824. Esas
colonias eran necesarias para la viabilidad económica del régimen
absoluto. Por ello, las luchas independentistas, que originaron un
bloqueo en los intercambios coloniales y originaron cuantiosos gastos
militares, fueron un factor de primer orden en la ya aludida crisis del
Antiguo Régimen.
El desencuentro entre la metrópoli y los criollos (burguesía de
origen español nacida en América y dedicada al comercio y a la
explotación de plantaciones y haciendas ganaderas)) venía ya del siglo
anterior, a causa de las reformas de los Borbones. Dichas reformas
dieron lugar a una nueva situación, en la cual las colonias ya no tenían
como función principal el abastecimiento de metales preciosos, sino que
pasaron a convertirse en suministradoras de materias primas y
alimentos para la metrópoli, al tiempo que hacían de mercado
consumidor para las manufacturas producidas en España. Ello
bloqueaba su desarrollo industrial y comercial, además de romper con la
semiautonomía económica de que venían gozando. Se produjo un gran
malestar entre la burguesía criolla, perjudicada en sus intereses con
estos cambios y excluida, además, de los cargos coloniales. Por otra
parte, los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia y la
ideología ilustrada y liberal que los había legitimado permitieron justificar
la actitud anticolonial de los criollos.
El contexto de la guerra de independencia y de la revolución
liberal surgida durante la misma favoreció el desencadenamiento del
proceso de independencia colonial. Se pueden distinguir dos etapas:
- 1808-1814: el vacío de poder creado por la invasión francesa origina
en 1808 la formación de juntas revolucionarias en distintos puntos de
las colonias, que no aceptan el nuevo poder francés. Los españoles
americanos se mostraron también descontentos por la escasa
representación que los liberales peninsulares les concedieron en la
Junta Central y en las Cortes de Cádiz. Por otra parte, la invasión
francesa de Andalucía les hace pensar que la resistencia española
está a punto de ceder. De este modo, en 1810, se producen un

conjunto de proclamaciones secesionistas en Caracas, Buenos Aires,
Santiago de Chile y Bogotá. En México, en esta primera etapa, la
declaración de independencia tiene un claro contenido indigenista,
con apropiación de tierras y abolición del tributo indígena y, por ello,
los criollos apoyan a los españoles. Pero, después, tras la captura y
ejecución del principal dirigente (el cura Miguel Hidalgo), se
reorganiza el movimiento, que ahora subordina los ideales igualitarios
a los objetivos políticos. Los independentistas mexicanos aprueban
en 1814 la Constitución de Apaztigán, que establece la
independencia y la forma republicana.
- Desde 1814: el movimiento independentista se generaliza.
Continuará durante el trienio liberal y acabará en los inicios de la
década absolutista cuando, en 1824, la victoria de los americanos en
Ayacucho suponga la emancipación definitiva de aquellas colonias,
con la excepción de Cuba y Puerto Rico. Durante toda esta etapa el
movimiento se extiende de la mano de los dos líderes
independentistas (José San Martín desde Argentina y Simón Bolívar,
desde Venezuela).
El resultado final de la independencia fue el fraccionamiento del
territorio colonial continental en los numerosos Estados que hoy
componen Iberoamérica

BLOQUE II. LIBERALISMO Y DESARROLLO
CAPITALISTA.
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TEMA 4. LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO (1833-
1868).
1. REGENCIAS, LIBERALISMO Y GUERRA
CARLISTA.
Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, le sucede en el
trono su hija Isabel, que contaba tres años de edad, bajo la regencia de
la reina madre, María Cristina. Los ultrarrealistas partidarios de Carlos
María de Isidro (carlistas) no aceptan dicha sucesión y estalla la primera
guerra carlista (1833-1840). Paralelamente se inicia un proceso de
implantación del liberalismo, pues a la regente no le queda otra opción
que apoyarse en los liberales moderados para ejercer el gobierno.
Ambos fenómenos, guerra e implantación del Estado liberal, se solapan
y se influyen mutuamente. La guerra se alarga y la regente, poco
favorable a restablecer el sistema liberal, debe hacer concesiones, lo
que se plasma en una carta otorgada (el Estatuto Real de 1834) que
establecía un limitado y tímido sistema representativo. Más tarde, la
presión de los liberales progresistas con el apoyo de juntas
revolucionarias, consigue la implantación definitiva el liberalismo político
(Constitución de 1837), el desmantelamiento del Antiguo Régimen y el
fin de la guerra carlista (1840). Después, el enfrentamiento de María
Cristina con el líder de los progresistas, el general Espartero, origina su
destitución y el nombramiento de éste como regente (1840-1843), etapa
en la que culmina el proceso de desmantelamiento del Antiguo Régimen.
A este período, que termina en 1843, se le denomina período de
regencias.
En cuanto a la guerra carlista, tiene su origen en una cuestión
sucesoria pero también en una cuestión ideológica relacionada con el
intento de mantener el absolutismo por parte de los sublevados. La
ideología de los carlistas era contrarrevolucionaria y antiliberal.
Defendían el origen divino de la monarquía, la religión como base del
orden político y la tradición como fundamento de legitimidad. Su lema
era “Dios, Patria y Rey” y luchaban por la defensa de las leyes propias
de los territorios, los fueros, frente al centralismo y uniformidad
propugnados por los ilustrados y liberales. La base social del carlismo
fue heterogénea: campesinos afectados por el liberalismo económico,
pequeña nobleza vinculada con el Antiguo Régimen (poderes locales y

privilegios forales) y parte del clero afectado por la desamortización.
También tuvo su apoyo el carlismo en pequeños y medianos núcleos
urbanos entre trabajadores manuales y artesanos afectados por el
desmantelamiento del sistema gremial.
La confluencia de algunos de estos factores, sobre todo la
cuestión foral, esto es, el mantenimiento o no de los fueros, determinó
que el foco principal de la guerra fueran País Vasco y Navarra, con focos
secundarios en Cataluña y Maestrazgo (Castellón). Tradicionalmente la
guerra se divide en tres etapas. La primera va desde la proclamación de
Carlos V, en 1833, hasta la muerte del general carlista Zumalacárregui
en el sitio de Bilbao a mediados de 1835. La segunda se desarrolla
entre 1835 y 1837, año este último en que fracasa el intento carlista de
tomar Madrid. La tercera etapa supone, en el contexto de la división de
los carlistas (entre partidarios de un pacto con los liberales moderados y
partidarios de continuar la guerra) el repliegue de los carlistas al otro
lado del Ebro. Finalmente, la firma por los generales Maroto (carlista) y
Espartero del convenio de Vergara en 1839 pone fin a la guerra.
Espartero se compromete a proponer el mantenimiento de los fueros y
acepta la integración de los oficiales y jefes carlistas en el ejército liberal.
Quedaba un reducto del sector duro de los carlistas que se hizo fuerte
en el Maestrazgo, hasta que Espartero acaba con el mismo en 1840.
Paralelamente, se desarrolla el proceso de implantación del
liberalismo:
- La Regente, como ya se explicó anteriormente, se apoya, al principio,
en los liberales moderados e ilustrados pero sin cuestionar los
fundamentos del absolutismo. El gobierno de Cea Bermúdez,
nombrado antes de fallecer Fernando VII, lleva a cabo una serie de
reformas desde arriba. En ese reformismo fue clave el ministro
Javier de Burgos que, a través del recién creado Ministerio de
Fomento (Interior), pone las bases de una administración pública
centralizada al establecer, en 1833, la división provincial de España
que llega hasta nuestros días. Ante la presión liberal, la regente
concedió el Estatuto Real (1834), que establecía un limitado sistema
bicameral con función consultiva y un sufragio indirecto y censitario
muy restringido (sólo podía votar un 0,15% de la población).
- Se produce una ruptura entre los liberales moderados, que
aceptaban el Estatuto, y los progresistas, que pretendían un régimen
plenamente liberal. Esa división dará lugar, más tarde, a los dos
partidos del sistema isabelino: el moderado y el progresista. Entre
1835 y 1836, los progresistas consiguen, con el apoyo de la Milicia
Nacional y de juntas revolucionarias, el nombramiento de un gobierno
progresista presidido por Álvarez Mendizábal. Las reformas de éste
fueron obstaculizadas por la regente y su entorno, como ocurrió con
la ley de desamortización eclesiástica, siendo sustituido por un

gobierno de tendencia moderada. Pero, en el verano de 1836,
coinciden nuevas revueltas con el motín de los sargentos de La
Granja, lo que obliga a la regente a reponer la Constitución de 1812,
que estuvo en vigor unos meses mientras se elaboraba una nueva, la
de 1837, resultado de un pacto entre progresistas y moderados,
estableciendo los principios del liberalismo doctrinario: reconocía la
soberanía nacional en su preámbulo, pero en realidad establecía una
soberanía compartida por la Corona y la Cortes en su articulado. El
poder legislativo se componía de dos cámaras, Senado y Congreso,
elegidas por sufragio censitario (sólo votaban los mayores
contribuyentes, un 2% de la población). El ideario progresista se
manifestaba sólo en aspectos como el carácter electivo de los
ayuntamientos o en la mayor amplitud de derechos individuales
reconocidos. No obstante, la Constitución de 1837 es considerada
como constitución progresista frente a la moderada de 1845.
Finalizada la guerra carlista, los moderados pretendieron hacerse
con el poder. Apoyados por la regente, presentaron una ley de
ayuntamientos que impedía la elección de concejales. Se organizó un
nuevo levantamiento en 1840, que forzó la renuncia de María Cristina
como regente, siendo sustituida por el General Espartero, héroe de la
guerra carlista, que ocupó esa función hasta 1843. El nuevo regente se
enfrentó con los moderados y con un sector de su propio partido (los
progresistas puros) además de con el liberalismo radical de demócratas
y republicanos. Este conjunto de tensiones terminó con la formación de
una coalición antiesparterista que, en 1843, bajo el mando del general y
líder de los moderados, Ramón María Narváez, derrotó al regente, que
hubo de exiliarse. Se adelantó, entonces, la mayoría de edad de la reina
(Isabel II), que comenzó así su reinado propiamente dicho.
A pesar de todo lo anterior, durante estos años se llevó a cabo el
desmantelamiento del Antiguo Régimen, con leyes de desamortización,
desvinculación y abolición de los señoríos, aplicándose así la reforma
liberal agraria.
2. LA DÉCADA MODERADA.
El fin de la regencia de Espartero supuso el inicio del reinado de
Isabel II como mayor de edad y también el inicio de una etapa de
dominio del partido moderado, la llamada década moderada (1844-
1854). Durante esa década se llevó a cabo la construcción del Estado
liberal. Con el apoyo de la reina y de una parte del ejército que seguía al
líder del Partido Moderado, Narváez, el moderantismo trató de
estabilizar el nuevo orden surgido del desmantelamiento del Antiguo
Régimen alejándolo de la dinámica revolucionaria.

Se desarrolló el Estado liberal en su versión moderada. Para ello
fue aprobada una nueva constitución, la de 1845, que era la expresión
completa del liberalismo doctrinario en clave moderada. Partiendo de
este texto constitucional se articuló un Estado basado en el principio de
orden entendido como orden público, además de realizar un conjunto de
reformas socioeconómicas que ponían las bases para el desarrollo del
capitalismo liberal. La Constitución de 1845 estuvo vigente hasta 1868 y
sus principales rasgos fueron los siguientes:
- Reconocimiento explícito de la soberanía compartida de las Cortes y
el rey, expresada en un poder legislativo también compartido, pues la
Corona tenía la prerrogativa de proponer leyes y el derecho de veto
absoluto a las mismas.
- La Corona podía disolver y convocar Cortes. Además, el gobierno
debía contar con el apoyo conjunto de la reina y las Cortes.
- Se establecía un poder legislativo bicameral: Congreso y Senado.
Esta última era la cámara de representación de las altas jerarquías
de la nobleza, de la Iglesia y del ejército. El congreso se elegía por
un sufragio censitario muy restringido que apenas alcanzaba al 1%
de la población.
Por otra parte, el Estado que construyeron los moderados fue un
Estado centralista y jerarquizado. Los ayuntamientos y las diputaciones
dejaron de ser representativos, pues sus miembros eran nombrados por
las autoridades centrales. Además, el principio de orden que defendían
los moderados se expresó en la creación de un aparato de Estado que
comprendía el orden público y el ejército, pero también la escuela, la
administración civil y la justicia. Se sustituyó la Milicia Nacional por la
Guardia Civil en 1844 para defender el orden y la propiedad. También
se organizó un sistema educativo que garantizaba la enseñanza
obligatoria y establecía un sistema jerarquizado: enseñanza primaria
elemental, secundaria o media y universitaria. Este sistema reproducía
la división clasista de la sociedad y excluía a las mujeres de los últimos
niveles.
Los gastos para costear este nuevo Estado exigían acabar con el
déficit. Se llevó a cabo, por ello, una reforma fiscal que estableció una
división entre impuestos directos e indirectos, pesando estos últimos
como una losa sobre las clases populares.
El control del poder por los sectores más autoritarios del Partido
Moderado dio lugar a un intento de reforma política en 1852, bajo el
gobierno de Bravo Murillo, que trató de someter el Parlamento al
gobierno y que llegó a elaborar un proyecto de una nueva constitución
más conservadora que no llegó a entrar en vigor. Acabó produciéndose
un descontento generalizado entre sectores de los moderados y los
progresistas. El resultado fue el renacer de las juntas y, tras un

pronunciamiento militar, el desarrollo de una breve etapa de dominio de
los progresistas, el llamado bienio progresista (1854-1856).
3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).
El pronunciamiento de O`Donnell en Vicálvaro (Madrid), conocido como
la “vicalvarada”, abre las puertas a esta nueva etapa. Dicho pronunciamiento
coincide con el levantamiento de los progresistas, lo que se concreta en el
denominado “Manifiesto de Manzanares”, en el que se incluyen aspectos del
programa progresista como la restauración de la Milicia Nacional, la
descentralización de los poderes locales y la ampliación del sufragio, al tiempo
que se llamaba a la formación de juntas locales y provinciales que apoyasen el
pronunciamiento. Todo ello dio origen a una coalición de moderados,
progresistas y un sector del partido demócrata, creado en 1849.
Se forma un nuevo gobierno presidido por Espartero. Éste disuelve las
juntas, lo que va a provocar una división dentro de los progresistas. Se abre
así un período de dos años marcado por la inestabilidad política, a lo que
contribuye asimismo una intensa conflictividad social en un contexto de crisis
económica, que afectó sobre todo a los obreros de la industria textil
barcelonesa, quienes protagonizaron la primera huelga general del movimiento
obrero en España (1855). El nuevo gobierno progresista adoptó una serie de
medidas:
- Trató de poner en vigor el programa liberal en su versión progresista
recuperando la legislación de su primera etapa de gobierno: ley
electoral más amplia, instituciones locales electivas y
restablecimiento de la Milicia Nacional. Se elaboró también un nuevo
proyecto de constitución que no llegó a entrar en vigor.
- También hubo intentos de avanzar en la creación de un marco
legislativo para completar la liberalización del mercado de tierras y
capitales. De este modo, se aprobó la LEY DE DESAMORTIZACIÓN
GENERAL con el ministro Pascual Madoz (1855), que ponía en venta
todos los bienes eclesiásticos, pero también los denominados “bienes
comunes y de propios” de los municipios. También se promulgo una
LEY DE FERROCARRIL (1855), que abría la puerta a la inversión
extranjera. Asimismo, se legisló en sentido liberalizador en sectores
como la Banca, las sociedades anónimas y la explotación de minas.
En definitiva, se pusieron las bases legales para avanzar en el
desarrollo del capitalismo.
Hubo una fuerte división entre progresistas y moderados, pero también
hubo enfrentamiento de un sector de los primeros con el propio Espartero, a lo
que se unió la fuerte conflictividad social. Todo ello desencadenó el fin de la
experiencia del bienio. En 1856, O´Donnell provocó la dimisión de Espartero y
tomó el poder al tiempo que reprimía revueltas populares en Madrid y
Barcelona. Terminaba así este paréntesis denominado bienio progresista.

4.LA UNIÓN LIBERAL Y LA CRISIS.
En 1856, O`Donnell funda un nuevo partido, La Unión Liberal, formado
por sectores de la izquierda del Partido Moderado (los “puritanos”) y sectores
de la Derecha del Partido Progresista. Su objetivo era estabilizar el régimen
liberal, huyendo tanto de la actitud radical y revolucionaria como de los
sectores más reaccionarios del Partido Moderado. Se trataba de mantener el
liberalismo doctrinario y de frenar el peligro que para el mismo suponía la
amenaza de revolución social procedente del mundo republicano y demócrata.
Una vez terminada la experiencia de bienio progresista, la Unión Liberal
ejerció el gobierno entre 1858 y 1863, lo cual coincide con una fuerte expansión
de la economía capitalista como consecuencia de la desamortización de
Madoz, de la implantación de una legislación liberalizadora de la propiedad y el
subsuelo, así como de un notable avance hacia la formación de un mercado
nacional gracias al desarrollo del ferrocarril y las comunicaciones. Además, los
unionistas se lanzaron, en política exterior, siguiendo las pautas de las
potencias europeas, a la carrera imperialista con la intervención en Indochina,
apoyando a Francia, y otras acciones diversas (intento de recuperación de
Santo Domingo, expansión por Marruecos e Intervención en México junto con
Francia y Gran Bretaña).
Sin embargo, O´Donnell hubo de dimitir en 1863 ante la fuerte oposición
procedente desde sectores opuestos. Por una parte, la oposición del
moderantismo más reaccionario (los “neocatólicos”, partidarios de la
reconciliación con los carlistas y con la Iglesia) y, por otra, la hostilidad de
republicanos y demócratas. Una vez que se produce su dimisión, se suceden
una serie de gobiernos de tinte autoritario bajo la dirección o tutela del General
Narváez. Ello da lugar a que el Partido Progresista no participe en las
elecciones. El resultado de todo ello es la formación de una coalición de
progresistas, unionistas (liderados ahora por el general Serrano), demócratas y
republicanos para derribar el régimen moderado e isabelino. Esas fuerzas
firman, en 1866, el llamado Pacto de Ostende (Bruselas). Ello fue debido al
descrédito político de la monarquía de Isabel II, que coincidió con una crisis
económica desde ese mismo año. El resultado, será, en septiembre de 1868,
el pronunciamiento y revolución que termina con el reinado de Isabel (la
“revolución gloriosa) dando inicio a la etapa de la historia de España conocida
como “sexenio democrático o revolucionario”.

TEMA 5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).
1. LA REVOLUCIÓN DE 1868.
En septiembre de 1868, el triunfo de un pronunciamiento militar iniciado
en Cádiz destronaba a Isabel II. Se inicia así el denominado “sexenio
revolucionario” o “sexenio democrático”. Entre 1868 y 1874, se suceden el
proceso revolucionario que conduce a la Constitución de 1869, la monarquía de
Amadeo I y la I República.
El sexenio supone la ruptura con el liberalismo doctrinario y censitario y
el inicio del liberalismo democrático basado en el sufragio universal masculino.
En la revolución de 1868 confluían dos proyectos distintos. Por un lado, el de
unionistas, progresistas y un sector de los demócratas, que trataba de
establecer un sistema que respetase y consolidase los intereses de los grupos
sociales afectos a un liberalismo acomodado, esto es, hacendados,
industriales, comerciantes y profesionales. Este proyecto, encabezado por el
general Juan Prim, se reflejó en la constitución de 1869 y en la monarquía
democrática, pero acabó fracasando. Por otro lado, estaba la opción del
republicanismo federal, más apoyado en las clases medias y populares, que se
plasmó en la I República, aunque sobrepasado por un sector radical del
movimiento obrero encuadrado en la A.I.T (Asociación Internacional de
Trabajadores) o “Primera Internacional”.
La revolución de 1868 fue el resultado de una serie de factores políticos,
económicos y sociales. La coincidencia de todo ello provocó el estallido
revolucionario.
- Desde el punto de vista político, se produjo un descrédito de la
monarquía isabelina con los gobiernos moderados, de tinte
autoritario, de los últimos años. Los progresistas dejaron de
participar en las elecciones y su nuevo jefe, el general Prim, se
inclinó por el pronunciamiento. Esa situación provocó la firma en
Ostende, en 1866, de un pacto contra el régimen isabelino por parte
de los progresistas, demócratas y republicanos, al que se unió, poco
después, la Unión Liberal, liderada ahora por Serrano. El objetivo era
acabar con el sistema y convocar Cortes constituyentes mediante
sufragio universal masculino.
- Desde el punto de vista económico, se produce, ya en 1866, una
doble crisis, agraria y financiera, además de industrial. Por tanto, la
crisis es no sólo de subsistencias (mala cosecha, subida de precios,
hambre y caída del consumo que afecta a la industria generando
paro), sino que también afecta, como crisis financiera propia ya del

capitalismo, a los ahorradores e inversores. Todo ello explica la
participación popular en el pronunciamiento de 1868.
- Desde el punto de vista social, el descontento es compartido por
clases populares, sectores de la burguesía y clases medias.
La confluencia de todo ello explica la amplitud de coalición burguesa
contra el régimen isabelino y su dimensión revolucionaria con la presencia de
las clases populares en apoyo del proceso.
El pronunciamiento lo inició el almirante Topete desde la escuadra
fondeada en Cádiz (septiembre de 1868), si bien la dirección de la sublevación
la lleva a cabo el líder progresista, Prim. Tras el pronunciamiento gaditano se
inicia un movimiento de juntas revolucionarias que se difunde por las
principales ciudades Las tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en
Alcolea, e Isabel II partió hacia el exilio.
El general Serrano, líder unionista, con el acuerdo de la Junta de Madrid,
formó un gobierno provisional, del que formaban parte progresistas como Prim,
Sagasta y Ruiz Zorrilla. Contó con el apoyo de los demócratas más
moderados. Por su parte, un sector republicano fundó el Partido Republicano
Federal, liderado por Pi i Margall. El gobierno provisional disolvió las juntas y
fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal
masculino, en las que obtiene la victoria la coalición gubernamental formada
por unionistas, progresistas y el sector moderado de los demócratas. También
obtienen representación los moderados, carlistas y republicanos. La nuevas
Cortes aprobarán la Constitución de 1869.
Se trata de la primera constitución democrática de nuestra historia.
Durante las sesiones parlamentarias que condujeron a su elaboración y
aprobación, destacaron las discusiones sobre dos asuntos: por una parte, la
forma de Estado (monarquía o república) y, por otra, la cuestión religiosa.
Se establece, como forma de Estado, la monarquía parlamentaria y
constitucional con una estricta separación de poderes: el legislativo
correspondía en exclusiva a las cámaras (Congreso y Senado, pues establecía
un sistema parlamentario bicameral) y el ejecutivo, al rey, pero con poderes
muy limitados y ejerciendo el poder a través de los ministros, que debían, por
otra parte, responder de su gestión ante las Cortes. El poder judicial quedaba
reservado a los jueces. Se establece la soberanía nacional, ejercida a través
del sufragio universal de los varones mayores de veinticinco años, que elegían
directamente el Congreso, si bien el Senado se mantenía como cámara elitista
elegida de forma indirecta. También se establecía la elección democrática de
ayuntamientos y diputaciones.
El texto incluía una declaración de derechos detallada. Se incluían los
de libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad
de enseñanza, expresión, reunión y asociación.

Por su parte, la cuestión religiosa fue objeto de tensos debates. Se
aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero
también el compromiso del Estado de mantener el clero y el culto católicos,
contra la opinión de los republicanos.
Se establecía una monarquía parlamentaria pero, derrocada Isabel II, no
había rey. Serrano se convirtió en regente y Prim presidió un gobierno formado
por progresistas y algunos demócratas. Se aprobó una amplia legislación para
desarrollar la Constitución. En el terreno económico se adoptó una política
librecambista y se llevó a cabo una reforma monetaria, que dio la exclusiva de
la emisión de moneda al Banco de España al tiempo que se ponía en
circulación la peseta.
Pero el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a dos graves problemas: la
guerra en Cuba y el clima de agitación social. La sublevación cubana se inició
en 1868 y dio lugar a una guerra de diez años (1868-1878) que acabó
hipotecando la Hacienda y la acción del gobierno en España. Al mismo tiempo,
hubo levantamientos campesinos en Andalucía y una sublevación de
republicanos en 1868.
En ese clima de agitación, Prim emprendió la tarea de buscar un rey.
Debía ser una persona de prestigio, de sangre real, que no fuera un Borbón y
que obtuviera el respaldo de las Cortes y de los gobiernos extranjeros. Hubo
varios candidatos pero el elegido fue el príncipe Amadeo de Saboya, hijo del
rey de Italia, que aceptó la Corona gracias en parte a la gestión personal de
Prim.
3. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1872)
Amadeo llega a España el 30 de diciembre de 1870. Tres días antes
había sido asesinado el general Prim, su principal valedor y que, además,
mantenía unidos a los miembros de la coalición gobernante. Su desaparición
influyó, por ello, en el fracaso del reinado de Amadeo I.
Desde el principio, Amadeo sufre la oposición de los moderados, que
continuaban fieles a los Borbones y que comenzaron, ya en ese momento, a
perfilar una alternativa alfonsina proclive a la restauración borbónica en la
persona del hijo de Isabel, Alfonso. Esa opción contará con el apoyo de la
Iglesia. Respecto a la élite social, irá poco a poco desconfiando de un rey que
sustentaba un régimen que permitía una legislación que atentaba contra los
intereses de esa clase. También tenía Amadeo la oposición de los
republicanos y de los carlistas, quienes encontraron en la llegada de Amadeo el
argumento para protagonizar una nueva insurrección armada que dio inicio la
“tercera guerra carlista” (1872-1876), si bien un sector de los carlistas participó
en la vida parlamentaria oponiéndose a la nueva monarquía.
Por tanto, no contaba el nuevo rey con grandes apoyos. El resultado fue
una permanente inestabilidad que se plasmó en una serie de conflictos
políticos y sociales. La guerra carlista, la guerra de cuba, las insurrecciones de

carácter republicano-federal y la desintegración de la coalición gubernamental
dieron lugar al fracaso de la nueva experiencia monárquica encarnada por
Amadeo:
- La rebelión carlista se inició en el País Vasco en 1872,
extendiéndose por Navarra y zonas de Cataluña, y se convirtió en un
foco de problemas e inestabilidad.
- En 1868 había estallado en Cuba la Guerra de los diez años,
animada por los hacendados criollos cubanos y contó con apoyo
popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. El gobierno
intentó sacar adelante un programa de abolición de la esclavitud y de
reformas políticas, pero se encontró con la oposición de los sectores
económicos con intereses en Cuba. La guerra se convirtió en un
grave problema para el gobierno.
- También en 1872 se produjeron insurrecciones de carácter
federalista, en la que se combinaban las ideas republicanas con la
influencia de las ideas internacionalistas, sobre todo las de
inspiración anarquista. Fueron duramente reprimidas pero
contribuyeron a la inestabilidad del régimen.
- El elemento fundamental que condujo a la crisis final del reinado fue
la desintegración de la coalición gubernamental, formada por
unionistas, progresistas y demócratas, lo que dejó al monarca sin el
apoyo necesario. Se sucedieron en dos años seis gobiernos y hubo
que convocar elecciones tres veces. El rey se veía privado de
apoyos. El desencadenante final fue una grave crisis entre el jefe de
gobierno y el cuerpo de artillería, de cuyo lado se puso el rey,
presentando su renuncia el 11 de febrero de 1873. Esa misma
noche, las cámaras, en sesión conjunta, y conscientes sus miembros
de que no era posible buscar un nuevo rey, proclamaron la
República.
4. LA PRIMERA REPÚBLICA.
La República nació con graves problemas. Sus únicos partidarios eran
los republicanos, representados en las Cortes por los diputados del Partido
Demócrata Republicano Federal, de Francisco Pi i Margall. El federalismo
había nacido en 1868 como escisión del Partido Demócrata y era partidario del
laicismo del Estado, de la ampliación de los derechos democráticos y de la
intervención del Estado en la regulación de las condiciones laborales.
Figueras se convirtió en el primer presidente. El nuevo régimen fue
recibido con entusiasmo por los sectores republicanos urbanos que formaron
juntas revolucionarias al tiempo que surgían revueltas populares que
reclamaban la abolición de los “consumos” (impuestos que gravaban los
consumos básicos) y las “quintas” (reclutamiento de soldados mediante el
llamamiento a filas de uno de cada cinco jóvenes, lo que se podía evitar

mediante pago o sustitución). Pero gran parte de los dirigentes republicanos se
inclinaron por respetar la legalidad, disolvieron las juntas y reprimieron las
revueltas. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes, con victoria
de los republicanos, pero con una abstención del 60%. Poco después, Pi i
Margall se convierte en el segundo presidente. Las nuevas Cortes se abrieron
el día 1 de junio y definieron al nuevo régimen como República federal,
poniéndose a la tarea de redactar un proyecto de Constitución que declaraba la
organización federal del Estado, en la que se reconocían quince estados
federales además de Cuba y Puerto Rico.
Pero el propio movimiento republicano estaba dividido en “federalistas” y
“unionistas”. Además, los sectores conservadores rechazaron el nuevo
régimen. El grupo “alfonsino” fue aumentando sus apoyos entre las clases
medias y altas. Al mismo tiempo, los carlistas recrudecieron la guerra en el
norte. También continuaba la guerra en Cuba. Se añadió a todo ello el
radicalismo revolucionario impulsado por grupos federalistas y anarquistas de
la Internacional. Surgió así la insurrección cantonal o cantonalismo que
impidió la entrada en vigor de la nueva Constitución. Esa deriva revolucionaria
se inició en el mes de julio, a raíz de una huelga general en Alcoy que fue
sofocada por el ejército. Pero días después se produjo la sublevación de los
federalistas de Cartagena, que proclaman el “cantón” y se hacen con el control
de la flota y del arsenal. A partir de ese momento, se extiende la insurrección
por distintas ciudades del Levante y Andalucía, así como de Castilla. En ese
contexto, los carlistas avanzan de manera significativa y Pi i Margall, incapaz
de organizar la respuesta desde el Estado, presenta la dimisión el 18 de julio,
siendo sustituido por un nuevo presidente, Nicolás Salmerón, quien inicia un
giro conservador y de orden dando plenos poderes al ejército, que fue
sofocando uno a uno los focos de sublevación. Salmerón dimite a finales de
septiembre para evitar la firma de dos condenas de muerte y es sustituido por
Castelar, que acentúa el giro autoritario. Obtiene de las Cortes poderes
extraordinarios y suspende las sesiones de las mismas hasta enero. A
principios de enero, cuando Castelar se presenta ante las Cortes es respondido
con críticas y derrotado en una moción de confianza. Su caída precipita el
golpe de Estado del general Pavía, formándose un gobierno de emergencia
presidido por el general Serrano. Formalmente la República continuaba
existiendo pero, de hecho, el golpe de Estado suponía su fin. La nueva
situación persiste desde enero a diciembre de 1874, cuando se produce el
pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto a favor del regreso
de los Borbones en la persona del futuro Alfonso XII, hijo de Isabel II. De este
modo, en enero de 1875, se produce ese regreso que supone el inicio de la
denominada Restauración.

TEMA 6. LA RESTAURACIÓN (1875-1902).
1. EL SISTEMA POLÍTICO
Se denomina Restauración a la etapa de la historia de España que se
desarrolla entre 1875 y 1923. Tras el fracaso de la I República se restaura la
dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII y se implanta un régimen
liberal-conservador. La inestabilidad política de la etapa isabelina y del sexenio
había causado recelos y miedos entre los sectores burgueses. Se intentó, por
ello, crear un régimen político de orden y estabilidad en el que no hubiera
necesidad de recurrir a los pronunciamientos militares ni a la movilización
revolucionaria.
El artífice de ese proyecto fue Antonio Cánovas del Castillo, cuyo
programa estaba ya contenido en el “Manifiesto de Sandhurst”, redactado por
el propio Cánovas y hecho público por el futuro Alfonso XII en diciembre de
1874. Se partía de una serie de principios:
- Reconocimiento de la legitimidad histórica de monarquía como
principio independiente de la soberanía nacional.
- Modelo político basado en la soberanía compartida por el Rey y las
Cortes (liberalismo doctrinario).
- Sentimiento patriótico, liberal y católico.
Cánovas contaba con el apoyo del partido alfonsino y de la oligarquía de
origen nobiliario y burgués propietaria de la tierra, además de la burguesía
comercial, sobre todo la catalana y valenciana con intereses en Cuba. Tenía
también el apoyo de una parte del ejército favorable a la Borbones. La
intención de Cánovas era lograr el regreso de aquellos por la vía política pero,
a finales de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez
Campos en Sagunto precipitó la llegada de Alfonso XII como nuevo monarca.
Cánovas estableció un ministerio-regencia presidido por él mismo e inició un
conjunto de acciones políticas para el establecimiento del nuevo régimen.
La primera de ellas fue la pacificación interior y exterior, esto es, la
conclusión de las dos guerras iniciadas en el sexenio: la guerra carlista y la
guerra de Cuba. De este modo, en 1876 se pone fin a la primera con la derrota
del pretendiente Carlos VII y la abolición de los fueros, si bien, por la presión de
los liberales fueristas, se estableció, en 1878, un concierto económico con las
diputaciones vascas. La guerra de Cuba terminó con la paz de Zanjón en
1878, pero en 1895 se iniciaría una nueva guerra a causa del nacionalismo
cubano y de los intereses norteamericanos en la isla. Esa segunda guerra
terminó en 1898 con derrota española y supuso el fin del imperio colonial
español.
También tomó Cánovas una serie de medidas autoritarias que revisaban
la política del sexenio, como fue el caso de la anulación del matrimonio civil o

ciertas limitaciones en la libertad de imprenta. Por otra parte, nombró a una
comisión de notables para que redactasen un anteproyecto de constitución,
que fue aprobado por una asamblea constituyente elegida por sufragio
universal en 1876.
El sistema político canovista se asentó sobre las siguientes bases:
- La Constitución de 1876, que establecía un sistema parlamentario
liberal basado en la soberanía compartida.
- La Corona, que ejercía como árbitro en la vida política y garantizaba
la alternancia entre los dos grandes partidos (conservador y liberal),
que renunciaban al uso de la fuerza (pronunciamientos y estallidos
revolucionarios) para acceder al poder.
- Los partidos dinásticos. El sistema se basaba en la alternancia entre
dos grandes partidos. Por una parte, el Partido Liberal-Conservador
(Partido Conservador), organizado en torno a Cánovas y que
aglutinaba a los sectores más tradicionales y conservadores (a
excepción de los carlistas y de los integristas más radicales). Por
otra parte, Cánovas convenció a Práxedes Mateo Sagasta para que
liderase al Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal), que reunía a
antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos
moderados. Ambos partidos defendían la monarquía, la
Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado
liberal, unitario y centralista. Eran partidos de notables, de minorías.
En cuanto a las diferencias, los conservadores se mostraban más
proclives al inmovilismo político y a la defensa de la Iglesia y del
orden social, mientras que los liberales estaban más inclinados a un
reformismo de carácter progresista y laico.
- El ejército, al que se quería alejar de cualquier intromisión en la vida
política. Se estableció la supremacía del poder civil sobre el militar, a
la vez que se potenció el papel del Rey como símbolo y cabeza
visible del ejército.
Todo el sistema se basó, además, en la alternancia bipartidista y pacífica
de los dos grandes partidos para así asegurar la estabilidad institucional. El
turno en el poder quedaba garantizado porque el sistema electoral no
respondía exactamente al mecanismo según el cual el partido mayoritario
ejerce el gobierno, sino que, cuando el partido gobernante sufría desgaste y
perdía la confianza de las Cortes, la Corona llamaba al jefe del partido de la
oposición para formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe del ejecutivo
convocaba elecciones para obtener la mayoría parlamentaria. Ello dio lugar a
una manipulación electoral para adecuar los resultados a la nueva situación.
Esa manipulación se realizaba mediante el FRAUDE ELECTORAL y el
denominado CACIQUISMO. De este modo, la alternancia en el gobierno fue
posible gracias a un sistema electoral corrupto que no dudaba en comprar
votos, falsificar actas y utilizar la coacción sobre los electores en el mundo
rural, valiéndose para ello de la influencia y poder de los caciques locales. Así,

una vez convocadas elecciones, el ministro de gobernación elaboraba la lista
de candidatos que debían salir elegidos (“encasillado”). Los gobernadores
civiles transmitían la lista a los alcaldes y caciques. Para conseguir el objetivo,
se utilizaban todo tipo de trampas electorales; es lo que se conoce como
“pucherazo”. Incluía todo tipo de artimañas como falsificación del censo (por
ejemplo, incluyendo en el mismo a votantes fallecidos), manipulación de actas
electorales, compra de votos, coacciones o colocación de urnas en lugares
inaccesibles. Además, los caciques eran individuos o familias que, en el
mundo rural, tenían un gran poder.
El turno dinástico funcionó con regularidad hasta 1898, cuando el
impacto de la crisis colonial erosionó a los partidos y políticos dinásticos. El
Partido Conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881. Entre
este último año y 1884 gobernaron los liberales, y lo hicieron también entre
1885 y 1990. Alfonso XII falleció en 1885 y su viuda, María Cristina, hubo de
actuar como Regente hasta 1902, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de
edad. El temor a una desestabilización del sistema llevó a los partidos
dinásticos, tras la muerte del Rey, a llegar a un acuerdo, el Pacto del Pardo,
que dio paso a un gobierno liberal cuyo talante reformista aseguró la
continuidad del sistema. Los liberales impulsaron distintas reformas como la
abolición de la esclavitud (1888) o el establecimiento del sufragio universal
masculino para las elecciones a Cortes (1890), que ya habían establecido, en
su anterior etapa de gobierno, para las elecciones municipales (1882).
Esta constitución es uno de los pilares del nuevo régimen, así como la
de más larga vigencia de las habidas en España, ya que estuvo en vigor desde
1876 hasta 1923. Fue redactada siguiendo las ideas de Cánovas y era el
reflejo legal de un liberalismo doctrinario reformado. Se inspiraba en la
moderada de 1845, pero con la inclusión de una parte de los derechos
individuales reconocidos por la constitución democrática de 1869. Era un texto
flexible en los aspectos más conflictivos y, por ello, podía servir de marco legal
para los dos partidos dinásticos. Con ella se implantaba un sistema liberal, no
democrático en principio, y que se fundamentaba en los siguientes principios:
- Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey.
- Como consecuencia de lo anterior, la Corona era uno de los pilares
del sistema. Entre sus atribuciones estaban: legislar junto a las
Cortes; sancionar y promulgar las leyes; nombrar al Jefe de gobierno
y a los ministros; disolver las Cortes antes de finalizar la legislatura.
El Rey ostentaba, además, el mando supremo del ejército.
- Las Cortes eran bicamerales. La cámara alta era un Senado elitista,
representación de las principales fuerzas sociales que apoyaban al
régimen. El 50% de los senadores no eran elegidos, sino que lo eran

por “derecho propio” (grandes de España, altos cargos eclesiásticos
y militares, altos funcionarios...) o por “designación real”. Los
restantes eran elegidos por las corporaciones y por los mayores
contribuyentes. Por otro lado, el Congreso de los diputados
pretendía representar el interés general, pero la Constitución no
establecía el sistema electoral. Así, Cánovas implantó en 1878 el
“sufragio censitario” y, en 1890, bajo el gobierno de Sagasta, se
implantó el sufragio universal.
- El poder ejecutivo lo ejercía la Corona a través de los ministros, que
respondían ante las cámaras. El rey designaba al Jefe de gobierno.
- En cuanto a la cuestión religiosa, se resuelve reconociendo la
confesionalidad católica y la garantía de sostenimiento del clero y el
culto. A cambio, una ambigua libertad de creencias permite otros
cultos, siempre que se ajusten a la moral católica y se abstengan de
manifestaciones públicas.
3. LAS OPOSICIONES AL SISTEMA: CARLISMO Y
REPUBLICANISMO.
Fuera del régimen de la Restauración, y al margen de los partidos
dinásticos, quedaron una serie de sectores sociales y políticos que no
constituyeron una oposición homogénea al sistema, sino que se opusieron al
mismo desde distintas posiciones y con distintos métodos. De ahí el término
“oposiciones”. En esta primera etapa, hasta 1902, fueron, sobre todo, los
carlistas y los republicanos. Pero también iría naciendo el embrión de otras
oposiciones: en 1879 se funda el PSOE y, en 1888, la UGT; en los años
finales del siglo surge el germen del nacionalismo en forma de regionalismo;
tampoco hay que olvidar al anarquismo nacido de la Primera Internacional, con
un sector violento que derivó hacia la acción terrorista (bomba del Liceo en
1987, asesinato de Cánovas en 1897………….y ya, transcurrido el tiempo, el
asesinato de dos jefes de gobierno, Canalejas y Dato, amén de otros
atentados).
Republicanos: Tras la I República, el republicanismo se fragmentó en
distintos partidos. Tuvieron en común una serie de ideas como la fe en el
progreso, el reformismo social y la aspiración a una secularización del Estado,
que derivó hacia actitudes anticlericales. Estas ideas se difundieron entre las
clases medias y populares a través de casinos, ateneos, cooperativas y prensa.
Lo que les diferenciaba entre sí fue, principalmente, la concepción, centralista o
federalista, del Estado. También se distinguían según su estrategia para
alcanzar el gobierno, esto es, la preferencia por la insurrección o por la vía
electoral. Así, el Partido Federal de Pi i Margall defendía el federalismo,
mientras que el Partido Centralista de Salmerón, era partidario del unitarismo
del Estado. También estaba el Partido Histórico de Castelar que, además del

modelo unitario, adoptó una actitud posibilista ante el régimen y acabó
integrándose en el Partido Liberal en los años ochenta. Por su parte, el Partido
Republicano de Ruiz Zorrilla defendió la opción del golpe militar para combatir
al régimen.
En el nuevo siglo, durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931),
apareció un nuevo republicanismo. Se inicia una tendencia a la unidad de
acción y, de este modo, se crea Unión Republicana en 1903, que acabaría
escindiéndose en dos: por un lado, una tendencia reformista que trataba de
democratizar al sistema mediante la participación electoral y la colaboración
con la monarquía ( esta corriente fundó en 1912 el Partido Reformista de
Melquiades Álvarez, del que formaron parte destacados miembros de la
Institución Libre de Enseñanza); por otra parte, la izquierda de la Unión
Republicana estaba formada por grupos radicales liderados por Lerroux y otros,
e intentó derribar al sistema apoyándose en las clases populares (en 1908,
Lerroux fundó el Partido Republicano Radical).
Carlistas: Después de la derrota de 1876, algunos sectores del carlismo
marcharon al exilio, al tiempo que protagonizaron, en el interior, intentos
insurreccionales. El fracaso de la vía armada y la integración en el régimen de
un sector de católicos tradicionalistas (los llamados neocatólicos opuestos al
liberalismo), llevaron a los carlistas a la participación en la vida política. Entre
1891 y 1923, el carlismo obtuvo representación parlamentaria y creó una fuerza
paramilitar para luchar contra el republicanismo y el anarquismo: el Requeté.
La participación en la vida política produjo la escisión de sectores que no eran
partidarios de esa vía. Además, la expansión del nacionalismo vasco, que tuvo
sus raíces en el carlismo, limitó la expansión de éste.
Otros: A través de la acción sindical y política, las dos ramas del
denominado movimiento obrero, el socialismo y el anarquismo, realizaron su
oposición a la Restauración. El anarquismo se reorganizó en 1881 con la
creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española. Los
anarquistas no participaban en política, pero sus ideas alcanzaron gran difusión
en Andalucía y Cataluña. En los años noventa, comienza la vía de la llamada
acción directa, que se traduce en actos terroristas que originaron una dura
represión judicial y policial. Frente a la estrategia violenta surgió, en el nuevo
siglo, la tendencia anarcosindicalista, que se inclinaba por la acción sindical y la
huelga general. En 1910 se fundó la CNT (Confederación Nacional del
Trabajo).
La oposición política del obrerismo la representó el PSOE, fundado en
1879 por Pablo Iglesias a partir del reducido grupo que, tras la escisión de la
Internacional, se adhirió a la rama marxista. Se trataba de seguir la estrategia
de Marx en el sentido de organizarse en partidos de clase de ámbito nacional,
que más tarde formarían parte de la Segunda Internacional o Internacional
Socialista. Hasta 1910 el socialismo tuvo poca implantación; en ese año, Pablo
Iglesias fue elegido como diputado socialista, siendo el primero desde su
fundación.

También surgen los nacionalismos periféricos. En el País Vasco, Sabino
Arana funda, en 1895, el PNV (Partido Nacionalista Vasco), defendiendo la
identidad vasca como raza diferente y superior a la española. El nacionalismo
vasco nace como una reacción de los medios rurales y tradicionales frente a
los profundos cambios que suponía la industrialización Asimismo en Cataluña
se crea, en 1891, Unión Catalanista, cuyo ideólogo fue Prat de la Riba y que
presentó el primer programa catalanista, las “Bases de Manresa”; más tarde,
en 1901, se fundó otro partido, la Lliga Regionalista. Asimismo, surgió en
Galicia el regionalismo.
4. LAS GUERRAS COLONIALES Y LA CRISIS DE 1898.
La pérdida, en 1898, de las últimas colonias ultramarinas (Cuba, Puerto
Rico y Filipinas) fue conocida como “desastre del 98” y tuvo consecuencias
dentro de España.
Entre la Paz de Zanjón (1878), que había puesto fin a la Guerra de los
Diez años o “guerra larga”, y el inicio de la última guerra cubana, los gobiernos
españoles tuvieron casi dos décadas para introducir en la colonia alguna de las
reformas defendidas por los autonomistas isleños. Pero la falta de medidas
descentralizadoras y una política proteccionista que perjudicaba a la economía
cubana, favorecieron el surgimiento de nuevas revueltas. El período más
idóneo fue el gobierno largo de los liberales, pues entonces el Partido
Autonomista se mostraba decidido a apoyar un programa reformista. La única
medida aprobada fue la abolición de la esclavitud en 1888 y que los cubanos
tuvieran representación propia en las Cortes.
Las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentaron a raíz de la
oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España imponía
para dificultar el comercio de la isla con los EEUU. La condición de Cuba como
espacio reservado para los productos españoles se reforzó con el arancel de
1891; los norteamericanos amenazaron con cerrar las puertas a los productos
cubanos si el gobierno no modificaba el arancel (EEUU adquiría el 88,1% de
las exportaciones cubanas, pero sólo se beneficiaba del 37% de sus
importaciones)
Por otra parte, en 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario
Cubano, que protagonizó la revuelta independentista iniciada en 1895 (el
denominado “grito de Baire”) y que dio origen a una nueva guerra. El gobierno
español envía un ejército a Cuba, frente al cual se hallaba el general Martínez
Campos. Pero la falta de éxitos militares provocó el relevo de Campos por el
general Weyler, quien aplicó métodos más contundentes. Tras el asesinato de
Cánovas, un nuevo gobierno de los liberales intentó probar la estrategia de la
conciliación, relevando a Weyler y concediendo a Cuba la autonomía, el
sufragio universal, la igualdad de derechos con los peninsulares y la
independencia arancelaria. Pero ya los independentistas contaban con el
apoyo norteamericano y se negaron a aceptar el fin de las hostilidades.

Coincidiendo con insurrección cubana, se produjo también la de
Filipinas, donde la presencia española era más débil que en las Antillas. En
1898, por otra parte, y con el pretexto de la explosión de unos de sus barcos
de guerra, el Maine, anclado en el puerto de La Habana, los norteamericanos,
acusando a España del suceso, le declaran la guerra e intervienen en Cuba y
Filipinas. En diciembre de ese mismo año, se firma la Paz de París, que
significó el abandono, por parte de España, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
que quedaron bajo la influencia americana.
La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política en un estado
de desencanto y frustración. El llamado desastre se vive como síntoma de la
definitiva decadencia del mito del imperio español. Sin embargo, a pesar de la
envergadura del desastre y de su significado simbólico, sus repercusiones
inmediatas fueron menores de lo que se pensaba. No hubo una gran crisis
política, sino que surgió una retórica referida a la “regeneración” del régimen.
Tampoco hubo crisis económica, a pesar de la pérdida de los mercados
coloniales y de los gastos de la guerra. Por tanto, la crisis del 98 fue, a corto
plazo, una crisis moral e ideológica con impacto psicológico entre la población.
Pero, poco a poco, ese impacto ideológico y moral tuvo repercusiones.
Por una parte, el surgimiento de los movimientos nacionalistas en País Vasco y
Cataluña. Por otra parte, el “regeneracionismo”, que incluye una serie de
movimientos intelectuales y políticos de crítica al sistema de la Restauración.
Desde el punto de vista intelectual y literario, la “Generación del 98” es una
expresión pesimista, crítica y reflexiva del clima creado por el “desastre”.

TEMA 7. LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX.
1. LAS DESAMORTIZACIONES Y LA AGRICULTURA.
Durante el siglo XIX se produce en España la implantación del Estado
liberal. Ello supone el desmantelamiento del Antiguo Régimen y sus
estructuras socioeconómicas. Se pasa, así, de una sociedad estamental a una
sociedad de clases, y de una economía agraria señorial a una economía
agraria capitalista. En un país agrario, como la era la España decimonónica, la
agricultura y la propiedad de la tierra se convirtieron en elementos claves de
esa transformación.
De acuerdo con los principios del liberalismo económico, la revolución
liberal transformó la propiedad agraria del Antiguo Régimen (compartida, y
vinculada o amortizada) en una propiedad individual, plena y de uso libre por el
propietario. Para ello hubo que adoptar una serie de medidas legales:
desamortización eclesiástica y civil, abolición del régimen señorial,
desvinculación de las posesiones de la nobleza, supresión del diezmo y
anulación de las normas que limitaban el uso de la tierra (libertad de cultivos,
de cercamiento, y supresión de la Mesta).
La desamortización eclesiástica y civil consistió en la confiscación, y
venta en pública subasta, por parte del Estado de las tierras pertenecientes a la
Iglesia y a los municipios. Las cuatro leyes desamortizadoras más importantes
fueron: la de Godoy (1798); la eclesiástica de Mendizábal (1836); la de 1841,
bajo la regencia de Espartero, ya preparada en 1837, y la desamortización
general de Madoz en 1855. La primera, la de Godoy, afectó únicamente a
algunos bienes eclesiásticos concretos. La segunda y tercera, las de
Mendizábal y Espartero, comprendieron las tierras e inmuebles del clero
regular y secular, respectivamente. La de Madoz fue general y afectó tanto a
bienes de la Iglesia como a los municipales, y a algunos estatales como los
montes públicos y los solares del Ministerio de Guerra sin ningún uso. El
proceso desamortizador fue lento por la oposición de los absolutistas y de los
liberales moderados.
Las desamortizaciones se llevaron a cabo por una serie de motivos. Por
una parte, la creencia de los liberales e ilustrados en que la propiedad colectiva
y de manos muertas no era eficiente y bloqueaba el desarrollo agrícola. Pero
hubo otras razones: una fue fiscal, en el sentido de obtener recursos para la
Hacienda Pública; otra razón fue de tipo político, para atraer al bando de la
revolución liberal a los compradores de bienes nacionales y debilitar a la
Iglesia. Algunos de esos objetivos se cumplieron y otros, en menor medida.
La conversión de propiedad amortizada en libre fue masiva. Sin embargo, el
objetivo fiscal fue el que alcanzó menor éxito. Por otra parte, la
desamortización no modificó sustancialmente la distribución de la propiedad,

pues acentuó la concentración donde ya existía gran propiedad, y donde era
pequeño o mediana la situación siguió siendo la misma. Sólo se produjo una
redistribución social en el sentido de la que la tierra de la Iglesia pasó a manos
de agricultores acomodados, profesionales liberales urbanos, comerciantes y
aristócratas (muchos de los cuales pasaron de nobleza señorial a nobleza
terrateniente). Se forma así una clase terrateniente afín al régimen liberal y
que se convierte en clase dominante, mientras que los campesinos pobres no
pudieron pujar por las tierras desamortizadas y perdieron incluso, con la
desamortización general, la posibilidad de utilizar las tierras comunales,
naciendo así una masa de jornaleros pobres.
La desamortización sí amplió, de manera considerable, la tierra
cultivada. Ello contribuyó al aumento de la producción agrícola durante el siglo,
pero sin progresos técnicos y, por tanto, sin crecimiento de la productividad.
Además, el aumento de tierra se produjo a costa de pastos y bosques, lo que
provocó decadencia de la ganadería. Por todo ello, la desamortización no
sirvió de impulso para le economía en general. No incrementó la demanda de
bienes de la industria ni sirvió para la acumulación del capital necesario para la
inversión industrial
Otra transformación de la reforma liberal fue la abolición de los señoríos.
Los señores perdieron la jurisdicción sobre las tierras, pero ganaron la
propiedad que, además, se vio favorecida por la desvinculación, que les
permitió disponer de sus tierras como cualquier otro terrateniente. Ello explica
el apoyo de gran parte de esa nobleza al régimen constitucional.
Como se explica más arriba, la producción agraria aumenta durante la
etapa isabelina, pero sin incremento de la productividad por hectárea, sino por
aumento de tierras cultivadas. Los cultivos dominantes fueron los cereales,
seguidos de la vid y el olivo. Pero todavía en 1860, el 50% de la tierra
cerealística quedaba cada año en barbecho. Por tanto, era una agricultura
atrasada aunque, poco a poco, fue apareciendo una agricultura moderna
dedicada a la exportación de productos mediterráneos como vino, aceite y
frutos secos, que se desarrollará plenamente durante la Restauración.
2. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LOS TRANSPORTES.
En la España del siglo XIX no existió Revolución Industrial en sentido
estricto; fue un país de industrialización tardía limitada a determinadas áreas,
como Cataluña, País Vasco y Asturias, si bien nuestro país continuó siendo un
país mayoritariamente agrario hasta la década de los sesenta del siglo XX
cuando el denominado “desarrollismo”, impulsado durante el franquismo,
supuso la definitiva industrialización.
La industrialización del siglo XIX se inició en Cataluña y se relacionó con
el sector del algodón. A mediados del XVIII ya existía en Cataluña una
importante manufactura dedicada a la producción de “indianas” (tejidos de

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