El documento critica duramente al gobierno de Peña Nieto y a la Secretaría de Gobernación por el aumento de la violencia, la corrupción, la recesión económica y la violación de derechos humanos en México. Argumenta que las cifras oficiales contradicen las afirmaciones del presidente sobre mejoras en seguridad y economía. Finalmente, pide a la Secretaría de Gobernación que escuche más a la sociedad y establezca canales democráticos, en lugar de manipular mediáticamente.

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Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez a nombre del
Grupo Parlamentario del PRD
en la comparecencia del Secretario de Gobernación
Senado de la República
29 de septiembre de 2015
Señor Secretario:
En su comparecencia del año pasado, le señalé que el país
enfrentaba una situación de grave deterioro político, económico y
social. Una verdadera degradación de la ética en los asuntos
públicos.
Le señalé que nuestro país atravesaba por la peor crisis humanitaria
y de violación de derechos humanos de las últimas décadas. Una
crisis del Estado mexicano, que ha profundizado la falta de
credibilidad en las instituciones públicas, sin que existan respuestas
ni se adopten decisiones de Estado para superar esta situación.
Esta crisis se ha profundizado a grado tal, que el día de hoy, el diario
Washington Post, al día siguiente de la presencia de Enrique Peña
Nieto en la ONU, califica al 2014 como “el año miserable de
México”.
No se dan respuestas. No se toman decisiones. Le pongo como
ejemplo mi intervención de hace un año, el 9 de septiembre cuando
le solicité información sobre las ejecuciones extrajudiciales en
Tlatlaya, de lo cual no he recibido respuesta. Han transcurrido 15
meses de estos hechos, y hasta ahora, pese a que la CNDH ha
señalado que se cometieron violaciones graves a los derechos

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humanos y a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha procesado
dentro del fuero militar a los presuntos responsables, la autoridad
civil no ha actuado contra ninguno éstos.
Al inicio de la legislatura anterior, cuando debatimos la reforma a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el gobierno
argumentó que se buscaba fortalecer las funciones de la Secretaría
de Gobernación, al fusionar las tareas de política interior, con las de
seguridad pública, para remontar la falta de conducción política y la
ineficacia en la estrategia de combate a la inseguridad pública.
Como lo advertimos desde entonces, la Secretaría de Gobernación,
se ha visto disminuida a atender los graves asuntos de la seguridad
pública. La relación con los grupos sociales es prácticamente
inexistente; no se abre espacio a la disidencia y por el contrario, se
criminaliza la protesta social en lugar de establecer una relación que
permita una gobernabilidad democrática.
Hoy todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja. Lo
que llamaron el “momentum mexicano”, tras la firma del Pacto por
México y la aprobación de las llamadas reformas estructurales, se
pulverizó en unos cuantos meses y derivaron en un fuerte
cuestionamiento internacional y en la mayor caída en la aceptación
que un presidente haya registrado en México, a sólo 34 por ciento de
la población.
Con excepción del partido oficial, los partidos que suscribieron el
Pacto, han reconocido que fue uno de los principales factores que
propiciaron su caída electoral.
El mensaje político del Ejecutivo federal contiene un conjunto de
afirmaciones que constituyen “verdaderas perlas” de un México

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inexistente y que dan cuenta de cuan ajeno se encuentra el
Presidente de la realidad que enfrenta la inmensa mayoría de los
mexicanos.
En su mensaje el Presidente afirmó:
“Es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”.
Cuando los homicidios cometidos en menos de tres años de su
gestión superan la cifra de 47 mil 988 homicidios, cifra superior en
14 mil 671 homicidios a los registrados durante los seis años de la
absurda guerra contra el crimen organizado impulsada por Felipe
Calderón.
“El compromiso de México con los Derechos Humanos, se
refleja en una política migratoria integral, respetuosa de la
dignidad de las personas”.
Cuando de acuerdo con Amnistía Internacional, las desapariciones
forzadas alcanzaron la cifra de 25 mil 700 personas, principalmente
migrantes, la mitad de estas en la actual administración. Datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que hay 7 mil 185
mujeres desaparecidas en el país, de las cuales el 52 por ciento
corresponden a esta administración.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500
denuncias de violaciones a derechos humanos en México, el mayor
número registrado en el continente americano en 2014. Información
que dio a conocer la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de Derechos Humanos, indican que la PGR registró 23 denuncias
por tortura en 2006, para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil
55 denuncias.

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De acuerdo con la organización civil “Artículo 19”, durante el
sexenio anterior se documentaron mil 92 agresiones a periodistas,
con un promedio anual de 182 ataques. En los dos primeros años de
esta administración, se han cometido 656 agresiones, con un
promedio de 328 ataques.
“La Cruzada Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una
estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema y el
hambre”.
Cuando de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social, en 2014 el número de mexicanos en pobreza
aumentó en dos millones de personas.
“La aceleración de nuestra economía se debe al dinamismo del
mercado interno, a partir de un mayor consumo de las familias
mexicanas”.
Cuando la expectativa de crecimiento económico estimado para este
año de 3 por ciento, difícilmente superará al 2 por ciento. Mientras
se desploma el peso frente al dólar y se reducen las reservas
internacionales del Banco de México en 10 mil 240 millones de
dólares en 2014.
Continúa la caída del poder adquisitivo de los salarios. Conforme al
Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de 1987 a la
fecha, el salario mínimo ha registrado una pérdida acumulada del
poder adquisitivo en 79.6 por ciento, toda vez que a lo largo de la
presente gestión la canasta básica aumentó 20.66 pesos, mientras el
salario mínimo aumentó sólo 2.53 pesos. La homologación de la
zona B con la zona A, representa un aumento de un peso con 82
centavos.

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“Ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a
aumentar impuestos, ni a endeudar al país, le toca al Gobierno
apretarse el cinturón”.
Cuando la deuda neta total del sector público ascendió a 7 billones
979 mil millones de pesos, cifra superior en 2 billones 87 mil
millones de pesos al saldo registrado en diciembre de 2012. Es decir,
en solo dos años y medio, el gobierno de Peña Nieto aumentó la
deuda en poco más del 35 por ciento (7.8 por ciento del PIB).
Aunque la Secretaría de Hacienda ha negado que se trate de deuda,
el Gobierno pretende obtener en los próximos tres años 50 mil
millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa
Mexicana de Valores para financiar, con cargo al ramo 33, las obras
de mantenimiento en 32 mil planteles educativos, lo que significará
una merma en los ingresos de estados y municipios y los que se
convertirán en bonos para la precampaña del “delfín” presidencial.
Lo mismo sucederá en la construcción del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México, donde se pretende obtener los 6 mil millones de
dólares que les faltan para la obra a partir de especular con el
desarrollo inmobiliario en las instalaciones y terrenos del aeropuerto
de la Ciudad de México. La voracidad entre la política y los
negocios no tiene límite, llegando al extremo de utilizar a elementos
del Ejército Mexicano para construir la barda perimetral del nuevo
aeropuerto en Texcoco, lo que constituye una verdadera ofensa para
nuestras fuerza armadas. Primero se convierte a los soldados en
policías y ahora los convierten en trabajadores de la construcción.
Nuestros soldados no son albañiles.
En el poder judicial prevalece la corrupción y la impunidad, se
solapan. Los conflictos de interés. Como lo acredita la parafernalia
que enmarcó el mensaje presidencial, donde la primera fila estuvo

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ocupada por los principales protagonistas de los escándalos
presidenciales, los empresarios de Higa y OHL, Armando Hinojosa
y José Andrés de Oteyza, beneficiarios de los millonarios contratos
y concesiones públicas, los propietarios de la Casa Blanca y la casa
en el club de golf en Malinalco. Cómo diciendo: “Háganle como
quieran”.
“Esta nueva legislatura fue electa en una jornada electoral
participativa que transcurrió en orden y normalidad
democrática”.
Cuando a lo largo del proceso fueron asesinados 28 candidatos y
dirigentes en 12 entidades del país, 16 ciudadanos más fueron
muertos en Acapulco el día previo a la elección; otros cuatro
asesinatos se registraron durante la jornada electoral en Guerrero,
Oaxaca, Puebla y en el Estado de México, y dos días después fue
asesinado Francisco López Liborio en Iguala.
La quema de casillas se extendió en los estados de Chiapas,
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y en el estado de México. En estos
eventos resurgió el viejo México mágico, como ocurrió en el distrito
XI de Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde se incendiaron 103 casillas,
las cuales posteriormente aparecieron computadas a favor del PRI; o
como sucedió en la elección local en Chiapas, donde volvieron a
votar más del 100 por ciento de los ciudadanos empadronados.
La impunidad que el INE otorgó al Partido Verde para violar
recurrentemente la ley, se tradujo en un mayor deterioro en la
credibilidad de la institución electoral y posteriormente, en lo que
pareciera un pago por los servicios prestados, a los infractores se les
otorga una subsecretaría en la dependencia a su cargo, que no tendrá
interlocución para prevenir el delito ni para favorecer la
participación ciudadana.

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El Presidente reconoció en su mensaje político, y lo reiteró hace un
par de días ante las Organización de Naciones Unidas, que: “Hay
frustración y pesimismo; desencanto y malestar social. Los
medios digitales y las redes sociales reflejan estos sentimientos
de preocupación y enojo”. “En este ambiente de incertidumbre,
el riesgo es que las sociedades opten por salidas falsas”. “De
manera abierta o velada, la demagogia y el populismo erosionan
la confianza de la población; alientan su insatisfacción; y
fomentan el odio en contra de instituciones o comunidades
enteras”.
Cuando debió reconocer que las Primeras Conclusiones presentadas
por los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos de la OEA sobre Ayotzinapa, demolió la “verdad
histórica” construida por la PGR y sepultó la escasa credibilidad que
prevalecía en nuestra sociedad. Al igual que la fuga de Joaquín
Guzmán Loera, dio cuenta de la descomposición y la vulnerabilidad
de las instituciones públicas, en particular, de las encargadas de la
seguridad pública, la seguridad nacional y de los órganos de
inteligencia del Estado mexicano que están a su cargo (por cierto
Señor Secretario, nos debe un video del CISEN a la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional, sobre la fuga del chapo. ¿Existe o
no existe tal video?).
Lejos de enfrentar estos hechos, resurge el discurso de la conjura, de
la descalificación del descontento, el del peligro para México. El
discurso que alienta el odio y la polarización entre los mexicanos.
De nueva cuenta, los fantasmas acosan al sistema y pretenden
desestabilizarlo, “dividir a los mexicanos que gozan de la paz y
prosperidad que las instituciones le brindan”. El Ejecutivo federal es
incapaz de reconocer sus errores y ocuparse de la corrupción que
corroe a las instituciones que encabeza. Para el Gobierno en el que

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usted participa, el mal es ajeno a su desempeño, cuando en realidad
el fantasma que recorre cada rincón de Palacio Nacional hasta sus
cimientos, es el de sus propios fracasos.
Señor secretario:
No se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación,
dedicada al control político y a la represión. Menos aún ahora que,
como nostalgia del pasado del partido hegemónico, oficialmente han
dado por terminada “la sana distancia” entre el Presidente y su
partido.
El país necesita una Secretaría de Gobernación que haga política,
que escuche a la sociedad y establezca canales de interlocución para
construir una gobernabilidad democrática, no un gobierno fundado
en la manipulación mediática, y que utilice el poder seductor del
Estado, para comprar conciencias.
Reiteramos lo dicho hace un año: el país necesita un responsable de
la política interior y de la inteligencia y la seguridad nacional; que
tenga control sobre sus colaboradores, no un jefe de la policía.
Después de tres años, es momento de rectificar el rumbo.