La residencia Armenteros, una casa icónica diseñada por el arquitecto español Tomás Auñón en 1945 en La Romana, fue demolida en agosto de 2022. La demolición de esta pieza única de arquitectura moderna en el Caribe evidencia la falta de protección legal y reconocimiento del patrimonio cultural dominicano. A pesar de que la ley exige preservar edificios históricos, el marco legal no ofrece incentivos para propietarios ni sanciones efectivas, llevando a la pérdida continua de patrimon

1. Práctica Profesional II
Prof. Arq. Magaly Caba
Boris Rivas Abdoullaev
13-0466
Artículo: Adiós a la casa Armenteros.
El pasado 9 de agosto fue demolida en La Romana la residencia Armenteros-Hilari, ubicada
en la calle Trinitaria casi esquina fray Cipriano de Utrera, a un costado de la iglesia Santa
Rosa de Lima y característica por su techo en vuelo de forma curva apoyado en un muro
perforado. Previamente, años atrás, había sido arrasada la casa de Luis Duluc, contigua a la
citada.
Con la desaparición de este inmueble, cuyo autor es el arquitecto Tomás Auñón y levantado
hacia 1945, la ciudad más joven del Este del país – pero no por ello inapreciable desde el
punto de vista patrimonial – quedó sin una de sus edificaciones icónicas y el país sin una de
las pocas construcciones de este inmigrante español, que legó, según estudiosos de la
arquitectura dominicana, uno de los capítulos más relevantes de la arquitectura moderna
del Caribe, con piezas únicas dentro del escenario arquitectónico regional. En Jarabacoa
construyó varias casas de veraneo y en Santo Domingo el monumento a la independencia
financiera (obelisco hembra), el Instituto Escuela, el edificio Santos y las casas García, Pol,
Vitienes, Ramírez-García Godoy, Molinari Jiménez y Benítez Rexach en Gascue, las dos
últimas igualmente desaparecidas. La eliminación de la residencia Armenteros en La
Romana evidencia que antes que ser considerada como una pieza única del patrimonio
monumental de la región este, que bien pudo ser preservada para servir inteligentemente
aun nuevo uso, era tenida simplemente como una construcción abandonada que estorbaba
el distinto aprovechamiento del solar en que se hallaba enclavada. El reconocimiento
colectivo que alcanzó no trascendió hasta el reconocimiento jurídico con su inventario o su
declaratoria como Monumento Nacional, categoría que la hubiese colocado bajo la tutela
de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y que pudo haber beneficiado su
intervención antes que su desaparición. El ser parte del imaginario colectivo romanense de
poco valía, ya que nunca fue acompañado de un respaldo legal. Su valoración social, al no
haber sido seguida de una valoración estatal, se derrumbó por no haber adquirido el rango
de norma adjetiva.
La residencia Armenteros se suma a la lista de ejemplares irrepetibles de la arquitectura
republicana que LaRomana ha perdido en menos de dos décadas.El huracán George afectó
varias viviendas de madera que luego fueron tumbadas y los proyectos de una ruta
arquitectónica y de delimitación de un perímetro como centro histórico sevieron frustrados

2. con demoliciones subrepticias e intervenciones que la Regional Este de la Dirección
Nacional de Patrimonio Monumental – sin inspectores nombrados – se vio en la
imposibilidad de detener, no obstante la prohibición expresa de destrucción o alteración
sin autorización de esta dependencia que prevé el Art.11 de la Ley No.318, del 14 de junio
de 1968, como ha reconocido el Tribunal Constitucional (sentencia TC/0037/16, del 29 de
enero de 2016). El ayuntamiento, antes que cumplir con la Ley No.176-07, del 7 de julio de
2007, del Distrito Nacional y los municipios, que le atribuye preservar el patrimonio
histórico y cultural de su jurisdicción (Art.19, literal h), ha sido compromisario de su
eliminación, al aprobar sin más las intervenciones verificadas.
Mientras se señala que “las próximas en la lista” en La Romana son los emblemáticos Club
Recreativo y Casa de Puerto Rico, hay que advertir que el patético caso de la residencia
Armenteros se replica en otros cascos urbanos. La salvaguarda por el Estado del patrimonio
cultural de la nación, la garantía de su protección, enriquecimiento, conservación,
restauración y puesta en valor y la preservación del patrimonio cultural, histórico,
urbanístico y arquitectónico en tanto derecho colectivo o difuso son parte de las
disposiciones muertas de la Constitución, que no encuentran asidero en un marco legal
adjetivo que impone conservar bienes patrimoniales inmuebles sin ninguna compensación
a cambio, no obstante el interés social que ello encierra y la restricción que impone al
derecho de propiedad, como ha expuesto el Tribunal Constitucional (sentencia TC/
0208/14, del 4 de septiembre de 2014). En efecto, aun hubiese sido Monumento Nacional,
por la casa Armenteros era poco lo que podía hacerse. El régimen jurídico del patrimonio
cultural no establece exención fiscal alguna que hubiese estimulado su conservación por
parte de sus propietarios. Por demás, las sanciones consagradas para castigar a sus
infractores son ridículas. Sin recursos para lograr su preservación, sin una política ni planes
definidos, sin instituciones sólidas y sin un estatuto que favoreciera su valorización por
parte de sus propietarios, no es de extrañar el lamento generalizado que acompañó su
destrucción.
La pérdida de la casa Armenteros duele tanto como la desaparición de otras tantas piezas
de nuestra memoria construida declaradas o no, inventariadas o no, pertenecientes o no a
un centro histórico. Solo van quedando fotos de un pasado que el Estado ha sido incapaz
de preservar, salvo claro, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, único patrimonio
monumental que parece importar y que reditúa jugosos beneficios.
Nuestro patrimonio construido se desvanece sinmás. Existeun perjuicio cultural e histórico
causado con la destrucción o transformación de un inmueble patrimonial, como ha
señalado el Tribunal Constitucional (sentencia TC/0330/15, del 8 de octubre de 2015), pero
eso no parece importarle a nadie. Aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene entre
sus líneas de acción la recuperación, protección y proyección del patrimonio cultural
tangible de la nación y su valoración como parte de la identidad nacional, el país sigue
asistiendo a un proceso de dilapidación acelerada y al parecer irreversible de un patrimonio
heredado de inmenso valor cultural y económico, hecho ante el cual el Estado no quiere
empuñar armas.

3. Es triste ver como por falta de intervención de las autoridades y falta de transparenciaen
casos como este se ve afectado un patrimonio arquitectónico y en una ciudad tan
importante como esa, es un ejemplo de muchos que podemos ver, tanto a nivel
patrimonial como hasta niveles puntuales en la construcción y arquitectura día a día en
la práctica profesional cuando se ven violadas tantos reglamentos urbanos y de
construcciónbásicos,todoestoporlafaltadeimposicióndelasleyes porpartedenuestro
gobierno.