El decreto supremo boliviano 29124 establece normas para complementar el proceso de consulta y participación de pueblos indígenas u originarios cuando se desarrollen actividades hidrocarburíferas en sus tierras. El decreto tiene cinco artículos que definen su objeto, financiamiento, transitoriedad, preclusión y planificación. Además, requiere realizar una evaluación de impacto ambiental y un proceso de consulta a las comunidades afectadas.