PROPUESTA PARA UN DEBATE PROGRAMÁTICO EN EL MARCO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA DOCUMENTO BASE DE DISCUSIÓN XVI ASAMBLEA NACIONAL ANIVERSARIO AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES Santiago de Chile, 23, 24 y 25 de abril de 2013

1. PROPUESTA PARA UN DEBATE
PROGRAMÁTICO EN EL MARCO DE
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y
PARLAMENTARIA
DOCUMENTO BASE DE DISCUSIÓN
XVI ASAMBLEA NACIONAL ANIVERSARIO
AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES
Santiago de Chile, 23, 24 y 25 de abril de 2013

2. 2
. PRIMERA PARTE: MARCO SOCIOPOLÍTICO
INTRODUCCIÓN
La ANEF, Agrupación histórica, unitaria, democrática y representativa de los derechos laborales y
sindicales de las y los trabajadores de la Administración Central del Estado, hace suyo los postulados
sindicales que buscan generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia una sociedad con
crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social, aportando a la construcción de un Estado
de derecho, social y democrático al servicio de las mayorías del país. Es en este marco, que la Anef
sitúa su visión de Sociedad, de Estado y del Trabajo en la función pública.
Chile 2013: un país distinto que demanda cambios estructurales.
El culto por el lucro, las privatizaciones, la mercantilización de los bienes públicos, la concentración
de la riqueza, el trabajo precario, la depredación de nuestro medio ambiente y numerosas otras
prácticas originadas en el actual modelo neoliberal de desarrollo, han sido denunciadas y repudiadas
por la ciudadanía y los diversos actores y organizaciones sociales que se han movilizado con fuerza y
convicción estos últimos años en pos de un país más justo y más igualitario. En este sentido, el
movimiento social y sus organizaciones han logrado interpretar el malestar existente en la ciudadanía
y han logrado reivindicar y levantar propuestas de cambios.
Este año, se cumplen 40 años del golpe de estado en Chile, que instaló a la dictadura más larga y
cruenta de nuestra historia. La actual Constitución Política del Estado, heredada de dicho régimen de
terror, es la que fundamenta y sostiene la profunda inequidad política, social, cultural y económica
imperante en nuestro país. Por eso, las reformas políticas, - comprendido el rol activo que le
corresponde jugar al Estado de Chile - , adquieren carácter de urgencia.
La tremenda asimetría entre capital y trabajo es la causa de la desigualdad económica, social y
política existente en nuestro país expresada en bajas remuneraciones, empleos precarios, abusos
laborales, tercerización desenfrenada del empleo, atomización y persecución sindical, todo lo cual
atenta en contra de la dignidad de la fuente principal de creación de riqueza como lo es el trabajo
humano.
Nos asiste la convicción, aprendida de nuestra historia y de la historia del país, que la participación
de la ciudadanía en general y la de las organizaciones sindicales y sociales, como también la acción
unida de las fuerzas políticas democráticas y progresistas, es fundamental para la construcción de un
país más inclusivo, igualitario y democrático.
Por tal razón, ponemos a disposición de las y los trabajadores de la administración pública, de la
ciudadanía, del movimiento social y de los actores políticos nuestras reflexiones, propuestas y
demandas emanadas de la trayectoria y compromiso sindical y de nuestra activa participación con el
conjunto de las organizaciones sociales y sindicales del país.1
1
El presente documento toma como base los acuerdos oficiales de la Anef: 1) Chile un país de Mayorías, 2005; 2) Protocolo de acuerdos
Gobierno –Anef sobre Reforma y Modernización del Estado,2000 y 2001); 3)La Anef y la propuesta del Gobierno de Modernización y
Rediseño del Estado. V Asamblea Nacional Ordinaria, 2001. 4) Plan Estratégico Anef , XV Asamblea Nacional, 2012; 5) Acuerdos y
conclusiones XV Asamblea, 2012; 6) Discurso de Presidente de la Anef en Aniversario Tucapel Jiménez, 2013.

3. 3
 NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVO REGIMEN POLÍTICO PARA PLASMAR LAS DEMANDAS
SOCIALES DEL CHILE DE HOY.
Nuestro actual sistema político obedece al régimen de democracia protegida, tutelada o restringida,
establecida en la Constitución de 1980 por la ideología neoliberal que sustentó la dictadura
pinochetista. Esta Carta Fundamental y sus Leyes Orgánicas, son el cerrojo que cuida la inmutabilidad
del modelo económico, privilegiando el derecho de propiedad y la iniciativa privada.
Por ello, demandamos una Nueva Constitución generada por una Asamblea Constituyente que
establezca un Estado de derecho social y democrático, que promueva la organización social, vecinal y
sindical y transforme al ciudadano en sujeto y protagonista del quehacer político, consagrando el
plebiscito vinculante, la descentralización, el reconocimiento pleno de nuestra pluriculturalidad y de
los derechos de los pueblos originarios, la igualdad de género, la no discriminación, la diversidad, el
reconocimiento y vigencia a nivel constitucional de todos los tratados internacionales sobre
derechos humanos, sociales, laborales y culturales, como también el derecho a la educación, al
trabajo, salud, vivienda, seguridad social.
Sin cambios constitucionales y políticos no será posible revertir el abominable efecto del plan laboral
de José Piñera en el actual Código del Trabajo, ni los rasgos autoritarios de las normas del Estatuto
Administrativo heredadas de la dictadura, ni la privatización de la Seguridad Social. Tampoco habrá
una verdadera Negociación Colectiva con real derecho a huelga y una nueva institucionalidad
sindical, si no hay transformaciones estructurales en la institucionalidad política que permitan
enfrentar la desigual distribución del ingreso que tristemente caracteriza a Chile.
Nuestra agenda política:
- Cambio del sistema electoral binominal por uno de carácter mayoritario y proporcional.
- Eliminación de las incompatibilidades y prohibiciones entre la condición de dirigente sindical y
cargos políticos o de representación popular.
Nuestra agenda económica:
-Nuevo rol del Estado que reconozca no solo su rol regulador y fiscalizador, sino también su rol de
agente económico para crear empresas de propiedad estatal, que apoyen el desarrollo nacional en
áreas estratégicas.
-Renacionalizar todas las riquezas básicas, recursos minerales, energéticos , hídricos, etc., y
ponerlas al servicio del país y de todos los chilenos.
-Protección y defensa de nuestros recursos naturales y medio ambiente.
-Reforma Tributaria y nuevo sistema contributivo que permitan una redistribución del ingreso, el
financiamiento de la función social del Estado y el desarrollo de un proceso de integración social.
Nuestra agenda social:
-Transformaciones a la normativa laboral, nuevo código del trabajo y nuevo estatuto para función
pública.
-Establecimiento de un sistema integral de protección social, que incluya un nuevo modelo de
previsión social alternativo a la AFP, que establezca un nuevo pilar contributivo (financiado por
trabajadores, empleadores y el Estado) de reparto, solidario y de propiedad pública.

4. 4
 MÁS Y MEJOR ESTADO: DEMOCRÁTICO Y SOCIAL PARA CONSTRUIR UN CHILE JUSTO,
IGUALITARIO, DIVERSO E INCLUSIVO.
Estado democrático y social.
La ANEF como actor social y político-sindical sostiene que hoy constituye un imperativo ético, la
construcción de un Estado democrático y social, moderno, activo, participativo, solidario y
descentralizado, responsable del ejercicio de los derechos y libertades personales y sociales. Un
Estado que permita y haga posible la construcción de una sociedad justa, igualitaria, diversa e
inclusiva. Un Estado que garantice plena y universalmente, independiente de cualquier circunstancia
o pensamiento político, los derechos humanos de los ciudadanos.
Estado activo con estrategia de desarrollo nacional.
Proponemos un Estado con una estrategia de desarrollo nacional en todas las áreas vinculadas al
bienestar y progreso de toda la sociedad. Y por tanto un Estado dueño de las riquezas básicas y
naturales, agente y actor económico en todas las áreas de la energía, protección del medio ambiente,
y de todas aquellas actividades de emprendimiento económico que sean consideradas estratégicas
para el desarrollo nacional y de la sociedad en su conjunto.
Como organización social queremos un Estado que sea promotor de la igualdad y del desarrollo
social. Un país no crece ni se desarrolla, si no lo hacen todos sus habitantes y no sólo quienes
concentran la riqueza producto del trabajo y del crecimiento económico.
Revitalización y eficacia del Estado.
Proponemos un Estado fuerte, que esté dotado de una efectiva capacidad para regular y fiscalizar las
actividades económicas y de todo orden, garantizando el desarrollo del conjunto de la sociedad y
posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos,
asegurando las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales,
laborales y culturales.
Para fortalecer el Estado es necesario también revitalizar la función pública y las instituciones
públicas, mejorar la acción, organización y funcionamiento del Estado como también mejorar la
gestión en la Administración Pública, para entregar servicios y atenciones de calidad que dignifiquen
al ciudadano.
Estado participativo.
Todo proceso de mejoramiento del Estado y de la Administración Pública para la consecución de
estos fines democráticos y sociales tienen legitimidad en la medida que sean plenamente
participativos tanto por parte de la ciudadanía como por los(as) trabajadores(as) del Estado. Los
conflictos surgen cuando, bajo el falso concepto de modernización o mejoramiento, se pretende
privatizar, externalizar y jibarizar el Estado, reemplazando su acción por la de los privados que
persiguen fin de lucro.
Servicios públicos de calidad para dignificar a la ciudadanía.
La ANEF orgullosa de la tradición de probidad y servicio público que distingue a la administración
pública chilena y a sus funcionarios, propone el desarrollo de un modelo de gestión pública de
calidad, amable y cercana a la gente, al ciudadano, al poblador, al campesino, a los niños, a los
padres, a los ancianos, a la mujer desprotegida, a los jóvenes, a los estudiantes, a los campesinos,
pescadores, mineros, a los pueblos aborígenes, a los discapacitados, a quienes diariamente acuden a

5. 5
realizar sus trámites en cualquier oficina pública de nuestro país, a quienes entregan su confianza en
los procesos regulatorios y fiscalizadores para aplicar y sancionar de acuerdo a las normas del bien
común.
El rostro humano y laboral del Estado y de la Administración Pública.
Los trabajadores y las trabajadores del Estado que representa nuestra organización son quienes
atienden y trabajan, continuamente durante todo el año, de día y de noche, los fines de semana y
festivos, en las oficinas públicas, en los puertos, en las fronteras, en la seguridad aeroportuaria, en
los controles fitosanitarios, en la salud, en los nacimientos y matrimonios civiles, en las aduanas, en
los pasos fronterizos, en el mar y en la minería, fiscalizando los recursos naturales, en la construcción
y mantenimiento de las carreteras, puentes y caminos, en la función educativa, en los museos y
bibliotecas públicas, en las viviendas y el urbanismo, en las cárceles y en los centros de rehabilitación
social, en los parques nacionales, fiscalizando el cumplimiento de las normas y leyes laborales,
calculando y cancelando pensiones, en las emergencias y catástrofes y en tantas y variadas funciones
muchas veces desconocidas por la ciudadanía.
Ese es el Estado multifacético que queremos fortalecer para servir mejor a quienes nos debemos: los
ciudadanos conscientes de sus derechos democráticos y sociales.
SEGUNDA PARTE: NUESTRAS DEMANDAS
 TRABAJO DECENTE PARA UN CHILE JUSTO.
El sistema de relaciones laborales que rige en Chile, a 23 años de recuperada la democracia, se
estructura en torno a los “fundamentos ideológicos” que la dictadura impulsó para la
implementación del modelo de libre mercado, de concepción neoliberal.
Las reformas laborales junto a las del sistema de seguridad social en previsión y salud, constituyen los
pilares estratégicos del modelo económico que, a pesar de los ajustes introducidos en los Gobiernos
de la Concertación, permanece inalterable en sus lineamientos sustantivos.2
Ejemplos de lo anterior son, la eliminación de las normas y mecanismos regulatorios del mercado de
trabajo, la supresión de los derechos laborales históricos, la instalación de la libertad de despido, la
disminución de las responsabilidades de control administrativo de los derechos laborales que
estableció, en la práctica, la inaccesibilidad a la justicia laboral, acompañado de la desregulación a
ultranza de las relaciones individuales con una reglamentación exhaustiva en el ámbito del derecho
colectivo, anulando la libertad sindical y produciendo la inexistencia de hecho de la negociación
colectiva.
En definitiva, el modelo de relaciones colectivas de trabajo y sus instituciones como la negociación
colectiva, la huelga y el sindicato, impone un marco normativo laboral que estimula la división de los
trabajadores y restringe los contenidos y principios de la negociación colectiva y libertad sindical.
2
María Ester Feres N., “Relaciones Laborales en un Chile Globalizado”, 2007

6. 6
Trabajo decente como eje de la sociedad.
La desvalorización del trabajo y su impacto en las brechas de desigualdad que cruzan a la sociedad
chilena, arroja niveles crecientes de insatisfacción y se constituye en un factor importante que
impide el desarrollo inclusivo del país. Es imperativo para avanzar en equidad e igualdad,
reposicionar al trabajo como eje central en la estrategia de desarrollo político, económico y social.
Los trabajadores demandamos un sistema de relaciones laborales que promueva e implemente el
TRABAJO DECENTE, que significa contar con oportunidades de un trabajo de calidad, y que produzca
un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese
sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 3
Una NUEVA NORMATIVA LABORAL, que equilibre la relación capital y trabajo, que promueva
empleos de calidad, con estabilidad, corrija las desigualdades en la subcontratación, derogue el
“nocivo” concepto de empresa, otorgue reales derechos de negociación colectiva a niveles de rama o
área productiva, elimine todos los impedimentos para ejercer el derecho a huelga, incorpore la
sindicalización automática y políticas públicas para el fortalecimiento del movimiento sindical.
EMPLEO PÚBLICO Y DERECHOS LABORALES.
Precariedad de las condiciones de empleo público.
El empleo público en Chile, actualmente, se configura en torno a la flexibilidad, la temporalidad y la
precariedad. Las condiciones contractuales, similares a las del sector privado, dan cuenta de un
crecimiento inorgánico del aparato del Estado, que privilegia el reclutamiento de funcionarios sujetos
a contratos que caducan anualmente y de trabajadores a honorarios sin protección laboral ni social.
El personal que labora en estas condiciones alcanza, en su conjunto, al 60% de la dotación de la
Administración Central del Estado.
Estas condiciones de inestabilidad, desprotección y precarización en el empleo público, afecta a más
de 100.000 funcionarios, quienes son considerados como el “botín de guerra” de los gobiernos de
turno, lo que quedó demostrado con los miles de despidos que arbitrariamente implementó el
Gobierno de Sebastián Piñera, afectando seriamente la buena gestión y la calidad de la
Administración.
Por su parte, el personal denominado de “planta” que se aproxima al 40% de la dotación, tiene
condiciones de mayor estabilidad, pero carece de un sistema de carrera funcionarias eficiente, que
fomente la inversión en formación y promueva el desarrollo del personal.
En materia de salarios, la política que se implementa es funcional al modelo económico, replicándose
las brechas que se producen en todas las áreas productivas del país: quienes laboran en las
instituciones públicas vinculadas al sector económico y financiero tienen mejores salarios que
aquellos que trabajan en las instituciones o ministerios del sector social en el Estado, con un fuerte
componente de remuneración variable para ambos sectores.
El sistema de relaciones laborales se sustenta en la práctica de hecho y no de derecho, en la
negociación anual de las condiciones generales de empleo público. Es discutible entonces, que estas
prácticas de negociación, realizadas durante casi dos décadas, no se reconozcan en el derecho
3
Organización Internacional del Trabajo, OIT

7. 7
laboral, a pesar de que el Estado chileno ratificara el Convenio Nº 151 de la OIT, que reconoce el
derecho a la Negociación Colectiva para el Sector Público.
Por su parte, el derecho a la Huelga, considerado como constitutivo de los derechos básicos de los
trabajadores y sus organizaciones en la defensa de sus intereses laborales, se encuentra prohibida a
los trabajadores públicos por la Constitución, persistiendo este enclave antidemocrático que vulnera
un derecho fundamental.
Trabajo decente para servicios públicos de calidad.4
Los antecedentes sobre el empleo público en Chile muestran, claramente, que no se ha considerado
en forma central y destacada la variable humana de las organizaciones, donde es la persona y su
multiplicidad de elementos, el eje sobre el que se debe perfeccionar y profundizar la gestión del
Estado. Mejorar la calidad del empleo, avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales,
sindicales y sociales son elementos fundamentales.
Tenemos la convicción que es vinculante para la calidad del servicio público implementar políticas
que promuevan TRABAJO DECENTE, que significa un empleo con estabilidad, con carrera funcionaria
que propicie el desarrollo de las personas, con seguridad social y derechos laborales y sindicales,
como instrumento para la movilidad social del personal que trabaja en la Administración Pública
chilena.
NUESTRAS DEMANDAS.
Las y los funcionarios somos portadores de una marcada vocación de servicio público que se concreta
en elevados estándares de probidad, involucramiento y compromiso, constituyéndose en el principal
capital de la Administración Pública Chilena. Creemos firmemente que la función pública se asienta
sobre un conjunto de valores propios, sobre una específica “cultura” de lo público, que lejos de ser
incompatible con las demandas de mayor eficiencia y productividad, es preciso mantener y tutelar.
Con esta orientación la propuesta para alcanzar TRABAJO DECENTE, es imperativo implementar
cambios estructurales en la regulación del empleo público y en el sistema de relaciones laborales:
Estabilidad en el Empleo.
a. Regularización del empleo público, traspasando el personal a contrata hacia la planta de las
instituciones públicas.
b. Traspaso a los trabajadores a honorarios, que cumplen funciones permanentes y regulares a la
condición de contrata.
Seguro Cesantía con financiamiento Estatal.
Rediseño de plantas y de estructura orgánica de los servicios públicos, adecuándolas a los nuevos
desafíos y exigencias de la ciudadanía.
Nuevo Estatuto Administrativo, que regule la función pública y garantice:
a. Una nueva Carrera Funcionaria, con condiciones de ingreso transparentes, de desarrollo real
para el personal, con protección social y un egreso digno.
4
Raúl de la Puente, “Empleo Público y Derechos Laborales”

8. 8
b. Asegure la promoción y respeto de los derechos fundamentales en el trabajo
c. Que propicie la excelencia en la función pública, fundada en el mérito y la experiencia.
d. Que incorpore el sistema de evaluación del desempeño, como una forma de medir y asegurar la
continuidad y estabilidad de los trabajadores.
Un Sistema de Pensiones de Reparto Solidario administrado por el Estado, (IPS)que garantice
pensiones dignas y al cual los/as trabajadores puedan acceder libremente. Solución al perjuicio
previsional causado por el sistema de AFP a los trabajadores. El problema previsional no se soluciona
con una AFP estatal.
Negociación Colectiva Articulada.
Nuevo Sistema de Remuneraciones que corrija las brechas y que promueva el principio de “a igual
función, igual remuneración” .
Política integral de igualdad de género y no discriminación con implementación del Código de
Buenas Prácticas Laborales y regulación y castigo al acoso laboral y sexual.
Eliminar la cláusula constitucional que prohíbe a los funcionarios públicos el derecho a huelga.
Perfeccionamiento de la Ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios que amplíe los derechos
sindicales, que garantice el principio de “libertad sindical” y que sanciones las prácticas
antisindicales.
TERCERA PARTE: ESTRATEGIA
 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN.
Fuerza conciente y movilizadora de nuestra base.
Nuestro primer objetivo como organización de trabajadores y representantes de los funcionarios
públicos de la Administración Central del Estado, es lograr que nuestra base asuma con fuerza el
compromiso de trabajo y lucha de esta plataforma, socialice sus contenidos entre sus pares y la haga
propia en todas las instancias de negociación, influencia y movilización que se requieran.
Con nuestra base afiliada y consciente de sus derechos y de sus legítimas demandas estructurales
expresadas en esta plataforma programática, iniciamos un camino y proceso hasta ver que ellas se
plasmen y materialicen. Nuestra garantía para que ello ocurra es nuestra propia fuerza, conciencia y
convicción, nuestro trabajo lucha sindical.
Lo anterior, exige una convicción personal y colectiva de cada dirigente(a) y funcionario(a) público y
cada asociación afiliada, para convertirse en sujeto y actor del trabajo y lucha sindical para alcanzar la
materialización de nuestras reivindicaciones.
Nuestro propósito principal, en un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, es que nuestra
plataforma y propuesta sea considerada, en el debate programático y en las agendas de los(as)
candidatos(as) y de las fuerzas políticas, especialmente las que postulan cambios democráticos,
sociales y progresistas.

9. 9
No queremos repetir experiencias pasadas en que candidatos(as) firmaron promesas de campaña
con nuestra organización, respecto de nuestras demandas reivindicativas que finalmente no se
cumplieron, generando con ello frustración y conflicto.
Política de articulación y alianza social - sindical.
Así también esta estrategia de trabajo y lucha sindical implica la conformación de alianzas y
articulación con nuestra central la CUT, con las organizaciones de la Mesa del Sector Público y con los
movimientos sociales. De esta forma, podemos llegar ser parte de una gran fuerza y movimiento
sindical y social, que permita proponer y construir desde la base, políticas laborales y sociales en las
que estén integradas las que conforman nuestra plataforma programática. El ejemplo lo ha dado el
movimiento estudiantil que ha logrado con su lucha y articulación social, instalar el tema de la
educación y el lucro como un tema nacional estratégico.
Nuestro preciado legado histórico, sindical y social.
La estrategia de construir nuestra propia fuerza movilizadora, junto a una política de alianzas para
alcanzar nuestros objetivos, debe complementarse con la riqueza de nuestra identidad y legado
sindical. Somos una organización histórica que cumple 70 años de vida y lucha sindical, que es
altamente reconocida y prestigiada en el mundo social y político por el rol relevante que ha jugado
en nuestro país. Con este potencial, debemos ser capaces también de influir en los sectores políticos
partidarios, en esta importante elección presidencial y parlamentaria para que nuestra propuesta
programática sea considerada con todo el respaldo y dignidad que se merece.
Nuestra tarea y nuestra lucha a partir de la XVI Asamblea Nacional ANEF.
Otra dimensión importante de esta estrategia, a partir de las definiciones generales de la ANEF en
esta plataforma programática, es generar debate y propuestas, desde la base de las asociaciones
afiliadas y en el ámbito de cada sector, (salud, agro, educación, social, vivienda, etc.) que respondan
a las demandas propias que identifiquen más cercanamente a nuestros afiliados. Este trabajo
enriquecerá y fortalecerá la presente propuesta programática.
La acción informativa, concientizadora y movilizadora la realizaremos en los niveles de
representación tanto a nivel nacional de nuestras organizaciones afiliadas, como a nivel territorial de
nuestros Consejos Regionales y Provinciales ANEF.
El debate y las resoluciones de la XVI Asamblea Nacional Aniversario de la ANEF serán el marco
general para la acción del proceso que inicia nuestra organización con el objetivo de lograr la
consecución de sus objetivos sociopolíticos, sindicales y reivindicativos, en la actual coyuntura
electoral presidencial – parlamentaria como también en los años que vienen.
Santiago de Chile, Abril de 2013.