Moción presentada por Unión Progreso y Democracia al Pleno municipal de Alcobendas de noviembre de 2014 relativa a la lucha contra la corrupción política y la búsqueda de la regeneración democrática.

1. El Grupo de concejales de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas presenta para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y BÚSQUEDA DE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA sobre la base del siguiente texto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aparición diaria de casos de corrupción política confirma que en España la corrupción es sistémica, y se ha convertido en una plaga que ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado sin excepción.
La connivencia entre la clase política y los empresarios ya sea a nivel local o autonómico -tal y como se ha puesto de manifiesto a raíz de la Operación Púnica- es ampliamente rechazada por la sociedad. A pesar de ello, la respuesta de los partidos políticos implicados ha sido tibia y no se ha concretado en medidas que impulsen un cambio profundo hacia la regeneración democrática.
Es imprescindible adoptar sin más dilaciones importantes medidas que sean eficaces para prevenir, combatir y condenar la trama corrupta y a todos los que la organizan y se benefician de ella. Hemos de hacerlo sin dilación, antes de que se ponga en peligro el propio sistema democrático que tanto esfuerzo nos ha costado construir.
Dada la gravedad de la situación y el deterioro que están sufriendo las propias instituciones democráticas, Unión Progreso y Democracia propone una serie de medidas para aprobarse y que entren en vigor antes del final del presente año 2014 pues en caso contrario nos exponemos a un deterioro irreversible de nuestras instituciones y a la postre del sistema de derechos y garantías instaurados con la Constitución de 1978.

2. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de concejales de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente:
MOCIÓN
A.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Municipal a:
1. Realizar una auditoría externa e independiente, a través de la firma de un convenio de colaboración con la intervención del Estado, para fiscalizar las adjudicaciones de contratos públicos de la administración local.
Se revisará la contratación y gestión pública del Ayuntamiento de Alcobendas de los últimos 7 años para conocer de manera objetiva el alcance real de las adjudicaciones celebradas con empresas implicadas en la Operación Púnica a fin de ponerla en conocimiento de la justicia.
2.- Compromiso expreso de las formaciones políticas representadas en esta Corporación Municipal de que los imputados por un delito relacionado con la corrupción no integren candidaturas electorales de los partidos políticos en Alcobendas ni, en su caso, ostenten cargos públicos.
3.- Prohibición del nepotismo y patronazgo en los nombramientos de cargos en instituciones públicas, empresas controladas por las administraciones públicas, organizaciones o instituciones subvencionadas por ellas y en los contratos o negocios jurídicos que realicen.
4.- Establecimiento de un canal de denuncias confidenciales que garantice el anonimato del denunciante. La persona receptora deberá ser independiente. Regulación de garantías jurídicas que actúen de protección de las víctimas y denunciantes.
B.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

3. 5.- Reforma de la Ley Electoral de Madrid para establecer la incompatibilidad del cargo de alcalde o concejal con la de diputado autonómico. Regulación de un sistema de listas desbloqueadas.
6.- Presentación de un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid con el punto expreso de la supresión del aforamiento de los diputados autonómicos.
C.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno Municipal para que presente ante el Gobierno del Estado y la FEMP las medidas siguientes:
7.- Aprobación de reformas legales a fin de asegurar que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos, acometiendo las reformas legales necesarias para incluir tales supuestos como causas de inelegibilidad e incompatibilidad en nuestra legislación.
8.- Impulso de leyes penales más eficientes contra la corrupción:
a) Regulación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos. b) Regulación del delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. c) Regulación del delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos. d) Protección jurídica y garantía de anonimato a los denunciantes de la corrupción. Aprobación de una ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción.
9.- Aumento de los medios para la lucha contra la corrupción:

4. a) Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2015 de una dotación de fondos extraordinaria a fin de reforzar los medios humanos y materiales de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de reducir el fraude fiscal, estableciendo un plan específico de inspección a partidos políticos, sindicatos y cargos públicos. b) Inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2015 de una dotación de fondos extraordinarios para la Audiencia Nacional para que, como Tribunal deslocalizado, se especialice en temas de corrupción política. 10.- Modificación del régimen de indultos vigente para limitar aplicación y arbitrariedad en su concesión y la prohibición en determinados delitos como, por ejemplo, los relativos a la corrupción política, a fin de evitar conflictos de intereses en su concesión. 11.- Modificación puntual y urgente de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de suprimir todos los supuestos de aforamientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico estatal. 12.- Reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que por lo menos doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por y entre jueces y magistrados mediante votación directa y secreta, acabando radicalmente con la existencia de jueces “progresistas” o “conservadores” en el Tribunal Constitucional y en las altas magistraturas del Estado.
MIGUEL ÁNGEL ARRANZ MOLINS PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL UPyD