Este documento discute las políticas necesarias para gestionar adecuadamente los residuos electrónicos. Propone la coordinación entre los gobiernos locales, centrales, el sector privado y los usuarios para establecer sistemas de recolección selectiva y plantas de procesamiento. También aboga por legislación específica que haga responsables a los productores e importadores y establezca sanciones para asegurar el tratamiento adecuado de los residuos electrónicos y la protección de la salud y el medio ambiente.