El comité de derechos humanos de los prisioneros de la penitenciaria 'la tramacúa' en Valledupar denuncia violaciones graves a sus derechos y anuncia su disposición a declararse en desobediencia debido al incumplimiento de sentencias judiciales. A pesar de las promesas de mejora y atención médica, los internos viven en condiciones inhumanas y sin soluciones efectivas a sus demandas. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cierre de este establecimiento considerado un centro de tortura.

1. LA TRAMACÚA: NUNCA MÁS
La Fundación Lazos de Dignidad -FLD- comparte COMUNICADO
PÚBLICO mediante el cual el Comité de Derechos Humanos de los
Prisioneros en la Torre 5 de la Penitenciaria “La Tamacúa” en
Valledupar denuncia a ese penal como una máquina
de destrucción de lo humano y anuncian estar a las puertas
de declararse en DESOBEDIENCIA contra las graves violaciones
de los derechos humanos a las que son sometidos y debido al
incumplimiento de la Sentencia T-282-2014. Nos sumamos a las
peticiones del cierre de este centro de tortura y llamamos a
la solidaridad nacional e internacional para hacer posible el clamor
por "LA TRAMACÚA: NUNCA MÁS".
Enero 30 de 2015
LA TRAMACÚA: NUNCA MÁS
Los Prisioneros del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” o “Guantánamo de
Colombia”, expresamos nuestro rechazo e inconformidad contra el
régimen penitenciario que se nos aplica y que convierte a la
Tramacúa en una máquina de destrucción de lo humano; el número
de psiquiátricos suma 120 sin contar los guardianes del INPEC y los
casos de suicidio que en el 2014 dejó dos víctimas y este año, el 7 de
enero de 2015, otro más, el del interno Jhon Elkin Hernández
Zuleta, TD 5958, torre número 4, celda 403.
Estamos en disposición a declararnos en desobediencia, para exigir se
nos brinde soluciones reales a nuestras demandas o que se cierre
este centro de tortura.

2. Basta con una simple mirada a la cantidad de fallos de tutela a favor
de los reclusos emitidos por los Jueces del Circuito de Valledupar para
darnos cuenta del inconstitucional funcionamiento de este centro,
siendo así la administración un ente anquilosado, paquidérmico e
inoperante, falto de voluntad y acéfalo de gerencia. Si bien, los
jueces ordenan, no hay administración que cumpla, enredada en
impugnaciones y explicaciones bizantinas. Ordenes insustanciales que
los propios jueces omiten verificar su cumplimiento o tomar sanción,
como en los casos de tutela a favor de los visitantes que prohíben las
requisas degradantes, o construir un parque para que los niños
jueguen en los días de visita, o mejorar las indignas condiciones del
área de conyugales, o de tutela que ordena la clasificación de los
internos por clases y fases, o permitir los espacios de recreación,
deporte, estudio y trabajo, o darles una eficiente atención en salud
general y especializada. Quedando el supuesto derecho amparado en
veremos.
Ni qué decir del Tribunal Superior del Cesar, reacio al amparo de los
derechos de los reclusos y que dejó pasar incólume las denuncias de
los internos, produciendo un fallo desfavorable que hubo de revocar
la corte constitucional en sentencia C-282 de 2014. Lo paradójico de
este tinglado kafkiano, es que nosotros, los llamados delincuentes, la
“escoria de la sociedad”, los estigmatizados, segregados y
vilipendiados, de “no ser angelitos” a quienes es licito “torturar y
atormentar, haciéndole sentir un infierno”; lo único que hemos pedido
es que se nos aplique la ley…, esa que sustentan en que desde el 91
Colombia es un estado social de derecho. Porque si fuéramos un
estado convencional cristiano el dolor y el padecimiento serian el
camino de la santidad; o si fuéramos hindúes, soportaríamos nuestra
situación con resignación por ser descastados pagando un karma.
Pero nos encontramos en un estado que se dice contemporáneo, de
democracia occidental, es por tanto al cumplimiento de la ley
apelamos.
Hemos agotado todas las vías jurídicas, los “conductos regulares”
para plantear nuestros problemas, que el estado ve como un drama y
que asume como un sainete, pero que nosotros vivimos en cuerpo y
alma como una tragedia o una horrible y dantesca pesadilla. Y en
todas las instancias, nos contestan con promesas y palmaditas en la
espalda, que más tienen un sabor a esperanzas escatológicas de las
cuales ya estamos cansados.
El 25 de septiembre de 2014, la directora del establecimiento,
doctora Yolanda Rodríguez Fernández nos pidió tiempo para hacer su
tarea “reestructuradora”, van 4 meses y no sabemos en qué consiste.
El mismo 25 de septiembre de 2014, el cónsul de derechos humanos

3. de la regional norte del INPEC, el dragoneante Arcesio Lopez, nos
hizo sus propias promesas, convertidas hoy en desencantos:
1) Brindar garantías a los representantes de los derechos
humanos. Pero se nos sigue señalando que nuestras denuncias y
protestas son las causantes de la negligencia administrativa.
2) Normalización del funcionamiento del comité de derechos
humanos. Se nos permite reunirnos, pero la administración no se
presenta; como lo constató el defensor regional del pueblo del cesar,
Omar Contreras Socarras, el 29 de enero de 2015. Una clara muestra
de irrespeto, de desprecio y autismo ante las demandas de la
población reclusa.
3) Compromiso administrativo de la dirección. De extensos
listados para trámites jurídicos, clasificación de fase, y un sin número
de derechos de petición para que algo se haga, solo vía de tutela a
medias se obtiene respuesta.
4) Solución a la recepción de denuncias por el policía
judicial. Éste solo aparece para intimidar a un miembro del comité
de derechos humanos por haber ganado una tutela, o para judicializar
a un interno por una falta, mas no para comprobar el estado de un
preso golpeado o torturado por la guardia; ni para recepcionar una
amenaza contra la vida o la integridad física; o para iniciar el trámite
de una denuncia penal o administrativa contra el establecimiento.
También, el director regional de CAPRECOM EPS en Valledupar,
Armando Almeida, realizo una sarta de promesas; como incrementar
el personal médico, en su reemplazo les incrementó dos horas mas
de trabajo, incumpliendo además en poner un médico las 24 horas,
para que el servicio de urgencias funcione como debe ser, para una
población de 1600 personas en alto riesgo.
Si bien, la sala novena de revisión de la corte constitucional, en
Sentencia T-282 de 2014, busca que se ponga fin a un problema de
14 años, o cerrar el establecimiento. De hecho, se inicia el tiempo de
cumplimiento de esta sentencia con el hecho sobreviniente de que el
flamante contrato No. 074 de 2013 con el consorcio RG2013 por un
valor de$1.811.813.746 millones con la USPEC (unidades de
servicios penitenciarios), ese súper poder creado para centralizar la
ineficiencia y la corrupción, para reparar la red hidrosanitaria, se
suspendió desde septiembre de 2014, y la plata se esfumo como por
arte de birlibirloque.
A más de las 48 horas para provisionar los tanques nuevos a internos
para recolectar el agua se ha extendido a más de mes y medio sin
solución.

4. Resultando pues un exabrupto el decidir que por un año más se
permita que el establecimiento siga violando los derechos humanos.
No vemos ninguna solución en el futuro próximo, estamos al límite de
nuestra capacidad para soportar tanta indolencia, tantas mentiras y
promesas
Estamos prontos a la desobediencia pacifica, esperamos su
acompañamiento para que se caigan los muros de la ignominia.
Cordialmente,
Comité de Derechos Humanos
Prisioneros Cárcel de Alta Seguridad “La Tramacúa” el
“Guantánamo de Colombia”
Valledupar - Cesar
www.fundacionlazosdedignidad.org