"Ante el cambio de autoridades que se producirá el próximo 8 de diciembre, ya ha procedido a notificar a las administraciones salientes (autoridades que cesan en sus funciones) a través de su sistema electrónico de notificaciones, el recordatorio de la vigencia del Acuerdo N° 870 -que establece la forma en que se hará el corte de información entre dos funcionarios o administrativos-".

1. COMUNICADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
En consideración a las versiones periodísticas que son de público conocimiento,
relacionadas con la pretensión de contratar los servicios de la Auditoría General de la
Nación, a fin de establecer una auditoría de transferencias y una auditoría de corte que
“clarifique” la situación económica y financiera de la provincia al momento del cambio de
gobierno, el Tribunal de Cuentas comunica sus competencias ante esta circunstancia.
En primer lugar, se aclara que la normativa vigente sobre el particular es la siguiente:
La Constitución de la Provincia de Mendoza creó en su artículo 181 el Tribunal de Cuentas,
dándole “poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de
caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la
provincia.”
La Ley N° 1003 (Ley orgánica del Tribunal de Cuentas), contemplando el mandato
constitucional, establece las facultades, deberes, organización y funcionamiento del mismo.
Así en el artículo 22 fija las fechas en que los organismos deben enviar anualmente las
cuentas para la aprobación o desaprobación de las mismas. No obstante establece que sin
perjuicio de ese control anual, el Tribunal “…podrá efectuar revisiones de cuentas sobre
los actos y operaciones de la hacienda pública realizados en el transcurso del ejercicio
para lo cual dispondrá auditorias permanentes o periódicas.”
En tanto que en el artículo 23 establece que “En caso de renuncia o cesación del
funcionario o empleado responsable que hubiese administrado caudales públicos, éste
deberá rendir cuentas dentro del plazo perentorio de quince (15) días inmediatos a su
renuncia o cesantía.”
El Tribunal, en consonancia con estas disposiciones legales, ha dictado, entre otros, dos
Acuerdos relevantes, a saber:
Acuerdo N° 870, de fecha 10 de abril de 1970, que establece la forma en que se hará el
corte de información entre dos funcionarios o administraciones, una saliente y otra entrante,

2. y que consiste esencialmente en la toma de un inventario de todos los activos y pasivos de
la provincia (bienes, créditos, deudas, etc.). De ellos se deja constancia en un acta en la que
intervienen autoridades entrantes y salientes de cada repartición, pudiendo requerir el
asesoramiento del Tribunal de Cuentas para su confección.
Acuerdo N° 1591, de fecha 14 de noviembre de 1990, que regula las auditorias in situ y
periódicas o permanentes que deberán desarrollarse durante el transcurso del ejercicio anual
El Tribunal, en función de esos dos Acuerdos mencionados ha tomado las medidas que a
continuación se expresan:
- Ante el cambio de autoridades que se producirá el próximo 8 de diciembre, ya ha
procedido a notificar a las administraciones salientes (autoridades que cesan en sus
funciones) a través de su sistema electrónico de notificaciones, el recordatorio de la
vigencia del Acuerdo N° 870 y de la obligatoriedad de su estricto cumplimiento a los
efectos de deslindar responsabilidades. El cumplimiento del mismo, traerá como
consecuencia, no solo el apego a la ley, sino también una transparente entrega-recepción
de información y de bienes y derechos, además de brindar tranquilidad a las autoridades
salientes como a las entrantes.
- Asimismo, ante el cambio de autoridades mencionado, ha procedido a tomar una serie de
medidas, ordenando que las auditorias periódicas o permanentes que se desarrollan en la
mayoría de los organismos contemplen especialmente los siguientes aspectos:
- Verificación de que las registraciones contables, se encuentren al día con las
operaciones desarrolladas
- Circularización a los principales proveedores del estado provincial a los efectos de
corroborar la certeza de los saldos contables registrados patrimonialmente como
deuda de la provincia.
- En la medida de las posibilidades operativas del Tribunal, realizar Auditorías
integrales a algunos organismos que lo soliciten especialmente.
- Por último, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente (art. 11 de la ley
nº1003) los fallos del Tribunal son los únicos que exoneran de todo cargo a los
responsables, salvo la decisión de la Suprema Corte por recursos presentados ante la
misma. Por lo que la intervención de cualquier organismo, sea público o privado, en
la realización de auditorías, tiene un efecto meramente político.
Reafirmando la competencia constitucional del TC sobre los aspectos antes citados, se
adjunta al presente comunicado la declaración efectuada durante la Tercera Reunión del
Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y

3. Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, celebrado los días
23,24 y 25 de septiembre de 2015.