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Desconcentración territorial de instituciones fiscalizadoras para el mejor control
de la autonomía regional: Consejo para la Transparencia y Consejo Fiscal
Autónomo
Sergio Arenas Benavides
Abogado - Mg. en Derecho
Resumen: A fin de que la descentralización pueda fortalecerse, pero evitando que la actuación de
Gobiernos Regionales y Municipalidades caiga en corrupción, propongo que el Consejo para la
Transparencia (CLPT) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tengan mayor presencia a nivel regional,
sea por oficinas regionales o por observatorios donde participen los aludidos.
(Publicado originalmente en la sección de Comentaristas de Emol)
En los últimos días, los casos de financiamiento irregular tanto a nivel
municipal como regional (tanto las Seremis como gobiernos regionales) han
revelado la existencia de áreas oscuras o grises en cuanto a la relativa autonomía
financiera de estos entes, en cuanto al otorgamiento de recursos a instituciones para
la realización de proyectos u obras, sin cumplir con las normas de contratación
pública o a instituciones con evidente falta de objetividad e independencia.
Obviamente, esto genera cuestionamiento a las figuras involucradas, y más
cuando se trata de entidades subnacionales, que han adquirido mayor poder en los
últimos años. Con ello, surge una tensión entre la descentralización defendida por
quienes abogan por dar mayores atribuciones a las autoridades regionales y
comunales, y la recentralización de quienes reprueban la existencia y atribuciones
de estos organismos, proponiendo incluso volver al sistema anterior de Intendentes
designados presidencialmente encargados tanto del gobierno interior como del
gobierno regional.
Como mi posición está en la de no retroceder en materia de
descentralización, hay que plantear una necesidad de mayor control con énfasis en
presencia territorial de los órganos encargados de esa función. Ya existen las
Contralorías Regionales para efectuar la labor de vigilancia de los recursos
públicos, pero por sí solo esto no basta para prevenir la ocurrencia de hechos, ya
que se requiere una prevención más anticipada y de oficio sobre las materias
tratadas.
Así como a nivel nacional hay órganos dedicados a vigilar la probidad y
transparencia de los funcionarios y entidades, así como el control del gasto público
con criterios de eficiencia y utilidad social, deberían tener una manera de llegar al
nivel regional y municipal a fin de acercarse a los problemas que ocurren en ese
nivel e inferiores, y facilitar la labor de las entidades fiscalizadoras.
Estos organismos, ambos autónomos de la Administración del Estado, son
el Consejo Para la Transparencia (CPLT), encargado del cumplimiento de la Ley
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la
Administración del Estado (número 20.285); y el Consejo Fiscal Autónomo
(CFA), cuya labor es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del
Gobierno, a partir de reglas de equilibrio económico, conforme a la ley 21.148.
Mi idea, entonces, es que estos organismos tengan una expresión a nivel
regional, con el objetivo de colaborar y coordinar las labores necesarias para que los
organismos regionales y municipales operen con mejores estándares de probidad,
transparencia y protección de los recursos públicos. Propongo dos vías, una
“suave” o menos descentralizada, y otra “fuerte” o más regional, sin perjuicio de
que no necesariamente son incompatibles
1. Opción menos descentralizada: Oficinas Regionales de CPLT y
CFA. Como medida de corto plazo, con menos gasto operacional y normativo
(aunque con menor independencia operativa), propongo que ambos organismos se
desconcentren territorialmente colocando oficinas regionales. A cargo de cada una
podría quedar un Director regional, nombrado y removido por la dirección
nacional del respectivo órgano, más otros funcionarios de apoyo para su gestión.
2. Opción más descentralizada: Observatorios Regionales de
Transparencia y de Gasto Fiscal. Esto es, un consejo resolutivo y fiscalizador,
integrado por consejeros designados por las distintas instituciones involucradas*
más un personal de apoyo. Propondría un Observatorio Regional de Transparencia
y uno de Gasto Fiscal, aunque si quieren puede ser uno solo para ambas labores.
Esto, sí, requeriría innovación legal y, a mi juicio, personalidad jurídica y
patrimonio propio, para resguardar su autonomía.
(* mi idea, no incluida en el documento original, es un consejo de tres personas: un
presidente nombrado por el CFA o el CPLT, un consejero elegido por el Gobierno Regional
respectivo y otro consejero designado por el correspondiente Delegado Presidencial Regional;
igual podrían sumarse consejeros elegidos por los municipios u organizaciones sociales)
En cuanto a las funciones esenciales, tanto de las Direcciones Regionales
como los Observatorios propuestos, propongo las siguientes:
1. Estudio de la realidad regional en la materia: esto es, revisar
las actuaciones de Gobiernos Regionales, Municipios, SEREMIs, etc., y dar
su parecer sobre su obrar. Asimismo, hacer informes para la comunidad,
estudios con universidades o centros de estudios, entre otros.
2. Comunicación con el nivel nacional de problemas o
sugerencias: sin perjuicio de las acciones que pueden hacerse ante el CPLT
o las contralorías regionales, estas reparticiones territoriales tendrían un rol
de advertencia para que los órganos de gobierno y otros poderes del Estado
tomen cartas en el asunto.
3. Educación ciudadana y comunitaria: por sí o en colaboración
con otras instituciones públicas o privadas, a fin de que la ciudadanía pueda
conocer mejor sobre las normas en comento y los derechos y deberes que les
asisten.
4. Funciones que pudiera delegar el nivel nacional: por
ejemplo, sean los Observatorios o Direcciones Regionales del CPLT y no
sólo el nivel nacional, quienes reciban reclamos por Ley de Transparencia.
En suma, propongo desconcentrar la labor de estos organismos,
actualmente concentrados en la capital, para combatir de mejor manera y con
mayor cercanía a la población la corrupción y mal uso de recursos fiscales.

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  • 2. Contralorías Regionales para efectuar la labor de vigilancia de los recursos públicos, pero por sí solo esto no basta para prevenir la ocurrencia de hechos, ya que se requiere una prevención más anticipada y de oficio sobre las materias tratadas. Así como a nivel nacional hay órganos dedicados a vigilar la probidad y transparencia de los funcionarios y entidades, así como el control del gasto público con criterios de eficiencia y utilidad social, deberían tener una manera de llegar al nivel regional y municipal a fin de acercarse a los problemas que ocurren en ese nivel e inferiores, y facilitar la labor de las entidades fiscalizadoras. Estos organismos, ambos autónomos de la Administración del Estado, son el Consejo Para la Transparencia (CPLT), encargado del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (número 20.285); y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuya labor es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno, a partir de reglas de equilibrio económico, conforme a la ley 21.148. Mi idea, entonces, es que estos organismos tengan una expresión a nivel regional, con el objetivo de colaborar y coordinar las labores necesarias para que los organismos regionales y municipales operen con mejores estándares de probidad, transparencia y protección de los recursos públicos. Propongo dos vías, una “suave” o menos descentralizada, y otra “fuerte” o más regional, sin perjuicio de que no necesariamente son incompatibles 1. Opción menos descentralizada: Oficinas Regionales de CPLT y CFA. Como medida de corto plazo, con menos gasto operacional y normativo (aunque con menor independencia operativa), propongo que ambos organismos se desconcentren territorialmente colocando oficinas regionales. A cargo de cada una podría quedar un Director regional, nombrado y removido por la dirección nacional del respectivo órgano, más otros funcionarios de apoyo para su gestión. 2. Opción más descentralizada: Observatorios Regionales de Transparencia y de Gasto Fiscal. Esto es, un consejo resolutivo y fiscalizador, integrado por consejeros designados por las distintas instituciones involucradas*
  • 3. más un personal de apoyo. Propondría un Observatorio Regional de Transparencia y uno de Gasto Fiscal, aunque si quieren puede ser uno solo para ambas labores. Esto, sí, requeriría innovación legal y, a mi juicio, personalidad jurídica y patrimonio propio, para resguardar su autonomía. (* mi idea, no incluida en el documento original, es un consejo de tres personas: un presidente nombrado por el CFA o el CPLT, un consejero elegido por el Gobierno Regional respectivo y otro consejero designado por el correspondiente Delegado Presidencial Regional; igual podrían sumarse consejeros elegidos por los municipios u organizaciones sociales) En cuanto a las funciones esenciales, tanto de las Direcciones Regionales como los Observatorios propuestos, propongo las siguientes: 1. Estudio de la realidad regional en la materia: esto es, revisar las actuaciones de Gobiernos Regionales, Municipios, SEREMIs, etc., y dar su parecer sobre su obrar. Asimismo, hacer informes para la comunidad, estudios con universidades o centros de estudios, entre otros. 2. Comunicación con el nivel nacional de problemas o sugerencias: sin perjuicio de las acciones que pueden hacerse ante el CPLT o las contralorías regionales, estas reparticiones territoriales tendrían un rol de advertencia para que los órganos de gobierno y otros poderes del Estado tomen cartas en el asunto. 3. Educación ciudadana y comunitaria: por sí o en colaboración con otras instituciones públicas o privadas, a fin de que la ciudadanía pueda conocer mejor sobre las normas en comento y los derechos y deberes que les asisten. 4. Funciones que pudiera delegar el nivel nacional: por ejemplo, sean los Observatorios o Direcciones Regionales del CPLT y no sólo el nivel nacional, quienes reciban reclamos por Ley de Transparencia. En suma, propongo desconcentrar la labor de estos organismos, actualmente concentrados en la capital, para combatir de mejor manera y con mayor cercanía a la población la corrupción y mal uso de recursos fiscales.