El Tribunal Constitucional falló a favor del Poder Ejecutivo en un conflicto de competencias contra el Poder Judicial. El Tribunal determinó que el Poder Judicial había menoscabado las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo al otorgar sentencias que contradecían precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional sobre la regulación de casinos de juego. La sentencia del Tribunal Constitucional anuló dichas sentencias del Poder Judicial y estableció que solo las sentencias del Tribunal Constitucional pueden generar "cosa juzgada constitucional".