La Fundación Progresa propone una nueva política de drogas para Chile basada en la salud pública y las libertades individuales en lugar del enfoque prohibicionista actual. La propuesta incluye despenalizar el consumo personal y cultivo de marihuana, enfocar las políticas en la salud más que la seguridad, aumentar la participación ciudadana, y terminar con el estigmatismo y persecución de los consumidores.

1. Fundación Progresa
Salvador 1029, Providencia
Santiago, Chile
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www.fundacionprogresa.cl
En la Fundación Progresa creemos que el debate en torno a las políticas de drogas en Chile requiere de un espacio
inclusivo, abierto y libre de tabúes ideológicos. Pero por sobre todo, que debe centrarse en un dialogo que integre
conceptos y principios de libertades individuales, derechos, responsabilidad y salud. La mal llamada guerra contra las
drogas ha sido uno de los mayores fracasos en lo que a políticas públicas mundiales se refiere y no estamos dispuestos a
que en Chile ocurra lo mismo.
Creemos que como país es urgente profundizar un diálogo pragmático e inclusivo, especialmente cuando celebramos el
bicentenario, un momento de reflexión respecto a nuestro pasado, presente y por sobre todo el futuro. Es por esto que
gracias a un número de iniciativas, como lo han sido nuestros grupos de trabajo, la organización del seminario “Ideas
Progresistas para un nuevo enfoque hacia las Drogas en Chile”, nuestra Encuesta de consumo y percepción de la
Marihuana en estudiantes universitarios chilenos y documentos de investigación; continuamos trabajando para que
Chile y los chilenos tengan una nueva política de drogas.
Para esto se requieren importantes cambios en la actual ley 20,000 (Ley de Drogas); en la forma en que el Gobierno
elabora y ejecuta la política de drogas; modificaciones en la relación con otras entidades como lo son la PDI, Gendarmería
y Carabineros; un aumento en las instancias participativas que convoquen a ciudadanos y otros actores relevantes de la
sociedad civil como lo son los centros de estudios, organizaciones académicas, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones locales; mecanismo de retroalimentación que permitan un aprendizaje a partir de los éxitos y fracasos en
otros países; y por supuesto la necesidad de entablar un diálogo abierto e inclusivo con toda la sociedad chilena.
Agradecemos a todas y todos quienes han aportado en la elaboración de esta propuesta inicial.
Una nueva política de drogas para Chile. PROGRESA. p. 1

2. Una nueva política
de drogas para Chile.
La Fundación Progresa aborda la temática de las drogas bajo un prisma basado en el concepto de
Seguridad Humana. Esto implica entregar prioridad a la protección de los individuos de riesgos a su
dignidad y salud. Un ambiente donde se provee seguridad humana es donde las personas tienen la
posibilidad de vivir vidas estables, seguras y con autodeterminación. La Seguridad Humana no se
trata de la ausencia de conflicto, sino que una garantía de que los seres humanos pueden vivir
en un espacio con constante respeto por los derechos humanos, buen gobierno, acceso a la
educación, participación, salud y la seguridad de que cada individuo tiene las oportunidades
y alternativas para desarrollar en pleno sus potenciales.
Desde la Fundación Progresa, trabajamos por una sociedad donde el uso y regulación de las drogas
se basan en la salud, la ciencia y las libertades individuales derechos. Donde los criminales y no
los consumidores tratados dentro del área salud son perseguidos y castigados.
Por esto afirmamos y proponemos:
1.- Es momento de reconocer los
fracasos:
Las políticas de drogas en Chile tienen y han tenido como meta disminuir el consumo y el tráfico de
sustancias ilícitas. Por el contrario, ambos aspectos han demostrado un alza sostenida en los
últimos años. Lo que nos lleva a argumentar que las políticas de drogas en Chile han fallado. Esta es
una tendencia que va de la mano con lo que ocurre en un gran número de países en el mundo,
donde la guerra contra las drogas ha probado ser inefectiva. El punto de partida de toda política
de drogas nace en reconocer que las políticas públicas diseñadas e implementadas hasta el
momento han fracasado.
Una nueva política de drogas para Chile. PROGRESA. p. 2

3. 2.- Despenalizar el consumo, porte y
cultivo de marihuana para usos
personales: poner fin al
prohibicionismo
2.1-DESPENALIZAR EL CONSUMO, PORTE Y CULTIVO:
Subrayamos que las políticas de drogas prohibicionistas y represivas que se han implementado en
Chile (en paralelo a un gran número de países en el mundo) durante los últimos años han sido un
fracaso. No sólo porque no han podido cumplir los objetivos (autoimpuestos) de reducir el
consumo y el tráfico, sino porque han generado una mayor clandestinización, criminalización,
estigmatización especialmente hacia los consumidores y un aumento en el consumo. Poner fin al
prohibicionismo, luego de reconocer su fracaso, significa despenalizar el consumo, porte y
cultivo de marihuana en Chile.
El despenalizar el consumo y cultivo personal de marihuana, es, en otras palabras, regular. El
consumo personal de marihuana debe ser regulado como lo son el uso de otras drogas como el
alcohol y el tabaco. Además, el cultivo y porte para uso personal también debe ser regulado. Con
esto, creemos que podremos disminuir el mercado negro, aumentar la calidad del producto y
fomentar que quienes presenten problemas, se acerquen sin temor a buscar ayuda. Por último estas
medidas, y por sobre todo las que se refieren al cultivo, podrían crear un alto impacto en los
precios, mejorar la calidad y también generar una importante actividad económica/agrícola para el
país.
2.2-TERMINAR CON LAS PERSECUCIONES HACIA LOS CONSUMIDORES:
Es de alta trascendencia terminar con las persecuciones hacia los consumidores y desarrollar
espacios básicos para que los ciudadanos puedan actuar con responsabilidad y sin miedo a ser
perseguidos y estigmatizados. Si bien según la Reforma Procesal Penal, las personas que son
sorprendidas consumiendo drogas no pueden ser detenidas, sino que deben ser citadas antes el
Fiscal, previa confirmación de domicilio; esto no se cumple. Por lo que urge no solo educar a los
ciudadanos en este ámbito, sino que también a los policías y fiscales para que de una vez por todas
respeten los derechos de los consumidores y terminemos con los abusos que se cometen a diario,
muchas veces usando la figura de microtráfico como excusa de represión.
2.3-TERMINAR CON EL ESTIGMATISMO Y DETENCIONES INNECESARIAS:
Nos preocupa el estigmatismo con el que se llevan a cabo las detenciones e interpretaciones de los
jueces. Esto tiene un alto costo social económico y pareciera obedecer más bien a la intención de
seducir políticos y medios de comunicación, y no a terminar con el problema de las mafias. Un
importante número de personas privadas de libertad no deberían estar hoy tras las rejas. Seguimos
llenando las cárceles con personas que no deberían estar ahí. Casi el 63% del total de las
detenciones por la ley de drogas corresponden a la categoría consumo o porte, y no a tráfico o
elaboración. Es más, y como punto de partida, vemos de manera urgente que los fiscales
transparenten el cómo interpretan la ley.
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4. 3.- Más salud pública y educación,
no sólo seguridad pública:
3.1-UN TEMA DE SALUD PÚBLICA:
La política de drogas en Chile debe ser vista como una política pública enfocada en la salud y no
simplemente en la seguridad. Porque el consumo de drogas es un tema de salud pública, urge
formular un nuevo plan de drogas que dependa del Ministerio de Salud y no del Ministerio del
Interior.
3.2-EDUCACION PARA PODER DECIDIR:
La ciudadanía debe ser educada, lejos de los tabúes ideológicos y las restricciones morales, en
espacios donde puedan ser educados respecto a las drogas, las políticas relacionadas, sus derechos,
reducción de riesgos, etc. Medios como la televisión deben jugar un rol crucial entregando la
información correcta e informando a la ciudadanía.
3.3-ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE LAS DROGAS:
Urge establecer diferencias claras entre las diferentes drogas consumidas en Chile, basadas por
ejemplo en parámetros que hablen de sus efectos y niveles de dependencia. No es lo mismo
consumir cocaína, heroína o marihuana; cada una requiere estándares y enfoques especiales. Por
ejemplo, la marihuana no puede seguir bajo la categoría (Lista 1) de sustancias peligrosas,
equiparándola a la morfina, cocaína, etc.
4.- Participación ciudadana:
4.1-AUMENTAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION:
La ley de drogas en Chile requiere de una discusión, amplia, participativa y vinculante, que decante
en un nuevo enfoque a la manera de relacionarnos y de regular las drogas. Reconocemos los
actuales esfuerzos del CONACE, pero estos son demasiado tímidos e insuficientes.
4.2-FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL:
Es necesario fortificar el tejido y las organizaciones sociales, asunto largamente abandonado
durante los años de la Concertación y el actual gobierno. Es más, tanto la oposición como la derecha
sólo han ayudo a empeorar las cosas. Por esto, urge desarrollar canales de participación que
involucren a la mayor cantidad de actores en la discusión y elaboración de una nueva política de
drogas.
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5. 5.- Terminar con el crimen
organizado, reducir los costos,
enfocar la inversión y recaudar
impuestos:
5.1-MAYOR ENFOQUE SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO:
Debemos quitar el foco sobre el consumidor y enfatizar la represión sobre el crimen organizado y
las pandillas que se siguen robusteciendo en sectores identificados de la población, las que, muchas
veces, reemplazan roles que debiera cumplir el Estado. Es en esta área donde las políticas de
seguridad ciudadana deben actuar y ser enfocadas.
5.2-REDUCCION DE COSTOS Y UN NUEVO ENFOQUE DE
INVERSION:
Los costos asociados con esta fallida guerra a las drogas en Chile son altísimos. El costo estimado
(por persona) de la prisión preventiva relacionada con infracciones a la ley de drogas supera los
500 mil pesos, superando así los 400 mil millones de pesos anuales de costo total. Como
mencionamos antes, casi el 63% del total de las detenciones por la ley de drogas corresponden a la
categoría consumo o porte, y no a tráfico o elaboración. Es de alta importancia reducir los costos
para el estado y enfocar esos recursos en quienes necesitan rehabilitación.
5.3-RECAUDAR IMPUESTOS:
Entregamos especial atención al debate en torno a la posibilidad que una vez regulado el consumo
de marihuana, este pueda también generar recursos por medio de la recaudación fiscal. Usando los
parámetros de la ONU, podemos estimar que en Chile se pueden llegar a consumir entre 6 y 15
toneladas de marihuana aproximadamente (estimación mínima y conservadora). Si la venta
estuviese sujeta a impuestos similares, por ejemplo al vino o al tabaco, podríamos llegar a tener
recaudaciones anuales del orden de los 5 a 20 millones de dólares. Pagaríamos impuestos para
calidad, seguridad y tranquilidad.
Estamos convencidos que ahora es el momento de abordar este tema, antes que se transforme en un
cáncer similar al que se ha desarrollado en países como México y Colombia. Vemos con temor la
indiferencia con la que se observa y margina la discusión sobre las drogas en Chile. No podemos
pensar que lo que ocurre en otros países de la región no va a ocurrir aquí. Chile puede pensar que está
a salvo, pero lo mismo pensó México hace algunos años y hoy ese país está en un gran problema.
Invitamos a todas y todos los ciudadanos a que se sumen a este debate. Pero de manera especial
convocamos a que los diferentes actores políticos del país suscriban este acuerdo para que finalmente
avancemos hacia una nueva política de drogas para Chile, enfocada en las libertades individuales, la
responsabilidad y la salud.
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