Reclamos patrimoniales

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INDICE:
Índice Página 1
Juicios contra el país por más de $1000 millones
La Nación - Miércoles 28 de febrero de 2001 Página 2
Intento oficial por frenar reclamos
La Nación - Miércoles 28 de febrero de 2001 Página 5
Denuncia contra un diplomático argentino
La Nacion - Lunes 14 de mayo de 2001 Página 7
Oposición oficial a los juicios patrimoniales
La Nación - Martes 15 de mayo de 2001 Página 9
A la CIDH no van empresas
Página/12 – Julio de 2001 Página 11
Fallo en la OEA a favor de la Argentina
Clarín - Miércoles 18 de julio de 2001 Página 12
La Argentina a salvo de pagar 80 millones
Clarín – Jueves 19 de julio de 2001 Página 13
Desestiman un reclamo en contra del Estado
La Nación - Domingo 22 de julio de 2001 Página 14
Alivio oficial por un fallo de la CIDH
La Nación - Domingo 19 de agosto de 2001 Página 16
La Justicia investiga una firmita que vale cien palos
Página/12 – Miércoles 1 de agosto de 2001 Página 19
El Gobierno se ahorra juicios por US$ 1.000 millones
Clarín - Lunes 20 de agosto 2001 Página 22

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Miércoles 28 de febrero de 2001 | Publicado en edición impresa
Juicios contra el país por más de $1000
millones
La Argentina está demandada por más de mil millones de dólares ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, pese a su espíritu original, hoy acepta
tratar litigios netamente patrimoniales.
Esos millones son el precio fijado por sólo ocho demandantes -siete argentinos y un
chileno-, que presentaron sus casos ante la corte, que funciona en Washington, dependiente
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Si bien es cierto que la corte aún no decidió si son admisibles las ocho demandas, en la
Casa Rosada se teme que la resolución sea adversa a los intereses del Gobierno. El paso
previo para tal admisión es que una comisión, que funciona como instancia previa a la corte
seleccionando los expedientes, dé vía libre al tratamiento de cada caso, un sí que ya otorgó
en requerimientos millonarios.
Por ejemplo, lo hizo a la realizada por José María Cantos, un empresario dueño del Nuevo
Diario de Santiago del Estero, que reclama 400 millones de dólares por la expropiación de
sus bienes que dice haber sufrido durante la última dictadura militar. Cantos llegó a la
CIDH luego de que la Corte Suprema de Justicia aquí rechazara sus reclamos por miles de
millones de pesos.
En los próximos días, la comisión de la OEA debe decidir si declara admisibles las causas
presentadas por el abogado Ernesto Galante, por 126 millones de pesos, y la planteada por
el banquero chileno Tomás Carvallo Quintana, que pide un resarcimiento de 81 millones de
pesos luego de que los gobiernos militares, y los de Raúl Alfonsín y Carlos Menem
clausuraro el banco del que era accionista, el Regional del Norte Argentino.
A estas tres demandas, las más abultadas, se suman otras cinco:son de profesionales que
consideran insatisfechos sus honorarios y de empresarios en quiebra. Además de la hecha
por un hombre que asegura haber sido expropiado de sus bienes por Menem, aunque luego
los habría recuperado. El querellante pide ahora "restitución a la inversa": en los hechos,
que vuelvan a quitarle sus propiedades a cambio de recibir dinero por ellas.

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Todas estas causas suman los más de mil millones de dólares que el Estado debería
desembolsar si tales reclamos lograran sentencias favorables.
Con el temor de que la CIDH diga sí, el Gobierno ya preparó su defensa: considera que no
le corresponde a la corte interamericanafallar en demandas patrimoniales.
Más allá de los abultados montos requeridos por los querellantes, el Gobierno debe hacerse
cargo además de los costos del proceso. Y todo ese dinero sale de las arcas de la
Cancillería, en rojo profundo desde antes de la asunción del canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini.
En el caso de la presentación de Cantos, la Cancillería paga a profesionales que patrocinan
al Estado desde 1984, cuando la CIDH decidió hacerse eco del pedido del empresario
santiagueño. Y desde entonces es que oficialmente se responde cada una de las
recomendaciones del organismo dependiente de la OEA.
La última respuesta fue avalada por Rodríguez Giavarini en abril último. Concluyó que "la
CIDH no es competente" en esta contienda. Tal contestación está aún muy lejos de ser el
punto final de la causa.
Quien representa oficialmente al Estado en todas las causas de esta especie, más allá de los
abogados privados, es el representante especial en el ámbito de los derechos humanos,
Leandro Despouy. No es una tarea que le agrade, y asegura que los reclamos patrimoniales
poco tienen que ver con los derechos humanos.
"Quiero que se defiendan, por lo menos en la CIDH, los derechos individuales, las
libertades, pero no el capital que cada persona dice tener o haber perdido. No es igual
defender a quien le quitaron los ojos que a quien perdió un millón de pesos", comparó
Despouy en diálogo con La Nación .
La posición del gobierno de De la Rúa frente a demandas patrimoniales en el exterior se
topó con un obstáculo oriundo del gobierno precedente.
La entonces secretaria de Asuntos Consulares Alicia Martínez Ríos asintió a los
requerimientos del abogado Galante, el mismo que aún hoy reclama 126 millones de
dólares al Gobierno, suma que Celulosa no quiso pagarle cuando la representó en un juicio
contra el Estado.
La funcionaria, hoy denunciada por la Oficina Anticorrupción, accedió entonces a abonar
unos 100 millones de pesos, que saldrían de la Cancillería, aún cuando la Corte había
denegado los argumentos del abogado.
Así las cosas, el Gobierno tiene una doble estrategia respecto de la pretensión de
Galante:apunta a revertir el eventual juicio adverso de la CIDH y a la vez busca ayuda de la
Oficina Anticorrupción para sus argumentos.

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Especulaciones oficiales
En la Casa Rosada, y también en el PalacioSan Martín, especulan con que una sola
denegatoria de la CIDHservirá de primer freno a la catarata de reclamos patrimoniales
semejantes. Sin embargo, el temor creciente a que la CIDH acceda es inversamente
proporcional a sus esperanzas de lograr el primer no a los demandantes.
Lo cierto es que al presentar sus reclamos ante la comisión interamericana, los demandantes
se abstienen de precisar cuál es la cifra que reclaman.Sólo plantean el caso, sin precisiones
monetarias ni siquiera vagas. Aunque, en rigor, los números de cada pedido constan en la
justicia del país de origen del querellante, por lo que a ese dato es muy fácil acceder.
No lo dicen oficialmente, pero tanto funcionarios como diplomáticos creen que de una u
otra manera una sentencia contraria al Estado nacional en demandas de tantos millones
hechas por particulares devendría algún beneficio para la CIDH, un juez habitual en favor
de los ciudadanos sin cargos ni investiduras oficiales. .
Por Andrea Centeno De la Redacción de La Nación

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Miércoles 28 de febrero de 2001 | Publicado en edición impresa
Intento oficial por frenar reclamos
De la Rúa no quiere litigar afuera
"El presidente Fernando de la Rúa desea que deje en claro que la Argentina no acepta que
las empresas presenten demandas por daños a su actividad comercial ante tribunales de
derechos humanos. Estos no deben mezclarse con los intereses comerciales", dice Leandro
Despouy, representante especial en el ámbito internacional para los derechos humanos.
Despouy tiene por delante una tarea difícil: mañana, en Washington, intentará convencer a
los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que deben
rechazar una demanda que presentó un banquero, Tomás Enrique Carvallo Quintana.
Reclama que el Estado pague 81 millones de dólares para indemnizarle el daño que, hace
más de 20 años, le produjo el Banco Central cuando ordenó cerrar su firma, el Banco
Federal del Norte. Del otro lado, defendiendo los intereses del banco, está el estudio de Bob
Dole, ex candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
El caso del Banco Federal tuvo bemoles: en 1981, el BCRA revocó su autorización para
operar, pero tres años más tarde la Corte dispuso su reapertura; en 1985, el BCRA volvió a
la carga, pero la Corte volvió a beneficiar a la entidad; a pesar de eso, en 1994, el BCRA
ordenó su cierre.
La liquidación del banco sigue en trámite ante un juzgado comercial, pero Carvallo
Quintana presentó ante la comisión una demanda.
Los argumentos del Gobierno no apuntan a discutir si el BCRAobró bien o mal cuando
dispuso liquidar el banco, sino a otra cuestión, más de fondo: las únicas que pueden
presentar demandas ante los organismos de derechos humanos son las personas, no las
empresas.
Si las empresas quieren reclamar, que lo hagan ante tribunales arbitrales. Pero que no
utilicen el sistema de la OEA ni el Pacto de San José de Costa Rica. "No se puede convertir
todo en un negocio", se dice en la Cancillería. Además, la Argentina declaró que no
admitiría condicionamientos a su política económica ni expropiatoria.
No es la primera vez que la Argentina enfrenta este tipo de demandas ni tampoco la primera
en que intenta que se acoja ese principio. En el caso que planteó José María Cantos, dueño

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de Nuevo Diario de Santiago del Estero que persigue una indemnización de más de 400
millones de dólares, la Argentina sostuvo ese mismo argumento. Pero no tuvo éxito, porque
se declaró admisible el caso y se elevó a la CIDH.
Ahora, el Gobierno intentará otra vez que la comisión le ahorre al Estado mucho dinero

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Lunes 14 de mayo de 2001 | Publicado en edición impresa
Denuncia contra un diplomático argentino
Por evitar pagar una indemnización
Un abogado que demandó al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en un escrito ante ese organismo, acusó al embajador Leandro
Despouy de intentar "violar el tratado internacional y actuar con significativa ligereza", al
haber sostenido que la Argentina se oponía a que la Comisión y la Corte Interamericana
indemnizaran por los daños al derecho de propiedad.
Según el abogado, los dos organismos interamericanos no sólo deben condenar al Estado a
indemnizar los casos de torturas, sino también las violaciones a los derechos patrimoniales.
El planteo fue efectuado por Ernesto Galante, quien reclama que el Estado debe abonarle
los honorarios por su actuación en el concurso de la empresa Celulosa Argentina, que sufrió
diversos avatares políticos durante el último gobierno de facto, hasta que entró en
convocatoria de acreedores.
Se reaviva la controversia
En febrero último, una nota publicada en La Nación reavivó la controversia, pues dio
cuenta de que la Argentina enfrenta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y en la Corte Interamericana demandas por más de 1000 millones de dólares y que nuestras
autoridades sostendrían el criterio de que no corresponde pagar en sede internacional los
daños al derecho de la propiedad.
Nuestro país fue cuestionado ante esos organismos por casos de torturas, desapariciones o
abusos policiales y por otros de contenido netamente patrimonial.
Entre las demandas más cuantiosas, por ejemplo, está la promovida por José María Cantos,
dueño del Nuevo Diario de Santiago del Estero, que pide un resarcimiento de más de 400
millones de dólares por la expropiación de sus bienes.
Galante, que actuó como letrado de Celulosa, pretende que los honorarios se liquiden
conforme con la ley provincial de Santa Fe, donde tramitó la causa. Pero a fines de 1996 la
Corte Suprema argentina rechazó la pretensión: la Corte, aplicando una ley nacional,
concluye que a Galante no le corresponderían 126 millones, como pretende, sino veinte.

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En noviembre de 1999, la entonces secretaria de Asuntos Consulares, Alicia Martínez Ríos,
firmó un preacuerdo con Galante y accedió al pedido del abogado hacia fines de la gestión
de Carlos Menem.
Pero no llegó a cumplirlo, ya que, con el cambio de gobierno, el actual procurador del
Tesoro, Ernesto Marcer, dictaminó en contra.
Despouy, en la aludida nota, sostuvo que la Corte Interamericana "debe defender los
derechos individuales, las libertades, pero no el capital que cada persona dice haber
perdido". .

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Martes 15 de mayo de 2001 | Publicado en edición impresa
Demanda en la OEA contra el Estado argentino
Oposición oficial a los juicios
patrimoniales
El Gobierno defendió otra vez su postura
El Gobierno refirmó ayer su postura adversa a que los organismos internacionales que
investigan violaciones a los derechos humanos atiendan a demandas patrimoniales.
La reiteración de la postura oficial fue hecha a propósito de las críticas que formuló un
abogado contra el representante en el ámbito internacional de los derechos humanos,
embajador Leandro Despouy, a quien acusó de "violar el tratado internacional y actuar con
significativa ligereza" al oponerse a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
indemnice los daños de derechos a la propiedad.
Quien hizo esas acusaciones es el abogado Ernesto Galante, denunciado por la Oficina
Anticorrupción, junto con la ex secretaria de Asuntos Consulares de la Cancillería Alicia
Martínez Ríos por supuesta tentativa de estafa contra el Estado nacional.
Galante fue en 1991 letrado de la empresa Celulosa Argentina, cuando ésta pidió su propio
acuerdo preventivo, que, una vez aprobado por la Justicia, originó el reclamo de los
honorarios de Galante, fijados en 100 millones de dólares.
Pero todas las instancias de la justicia de Santa Fe rechazaron la demanda del abogado que
llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, también rechazó el planteo
en 1996.
Por ello, Galante hizo su presentación ante la Corte Interamericana (CIDH), con sede en
Washington y que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Galante
sostuvo que la Corte no actuó en forma imparcial.
Mientras en Washington se tomaban su tiempo, Galante y Martínez Ríos firmaron un
acuerdo amistoso por el cual la ex funcionaria de la Cancillería se comprometió, en nombre
del Estado argentino, a saldar la deuda de honorarios -que supera largamente los US$ 100
millones-, más sus respectivos intereses.

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Lo cierto es que el 9 de diciembre de 1999 circuló un decreto que autorizaba tal pago y que
llevó la firma del entonces canciller, Guido Di Tella.
Pero Di Tella, cuando declaró ante el juez federal Gabriel Cavallo, negó haber firmado ese
decreto. También su último vicecanciller, Andrés Cisneros, criticó el convenio. Por eso,
Cavallo ordenó realizar un peritaje caligráfico sobre la firma en cuestión, mientras continúa
con la investigación sobre Martínez Ríos y Galante.
Rechazo oficial
Más allá del supuesto intento de estafa, el gobierno de Fernando de la Rúa se negó a pagar
los honorarios reclamados por Galante con el mismo énfasis con que rechazó la posibilidad
de que la CIDH se haga eco de la demanda del abogado.
Ya en diciembre último, De la Rúa había hecho público su rechazo al tratamiento de las
demandas patrimoniales por parte de la CIDH, cuando visitó la Corte Interamericana, en
Costa Rica.
"Nos parece que la comisión debe procurar velar por la atención de los casos que guardan
mayor concordancia con el espíritu con que fue creado el sistema, aquellos en que se
pueden haber afectado la dignidad básica de la persona, rechazando la acción interesada de
personas disconformes con fallos de la justicia nacional, que, a fin de obtener satisfacción a
reclamos de orden patrimonial, intentan tener acceso a la cuarta instancia", dijo entonces el
Presidente.
"Como lo han dicho la comisión y la Corte, esas pretensiones desnaturaliza las funciones
previstas para estos órganos", agregó.
Ayer, palabras similares se repitieron en el Palacio San Martín, sede de la diplomacia
argentina.

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A la CIDH no van empresas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hizo
lugar a los reclamos de Tomás Enrique Carvallo por el cierre del
Banco Regional del Norte Argentino con un argumento que, según
Cancillería, sienta un precedente: “Las personas jurídicas carecen
de personería para actuar en el ámbito interamericano, cuya
competencia está reservada a las personas físicas o sea a los seres
humano, en la medida en que la Convención Americana señala con
claridad que, para dicho instrumento, solo son personas las
personas físicas y no las empresas”. Leandro Despouy,
representante especial para Derechos Humanos de la Cancillería,
dijo a Pagina/12 que “se debe distinguir claramente entre aquellas
reparaciones que resultan de la violación a los derechos humanos
de aquellas cuestiones eminentemente patrimoniales, como son las
demandas entabladas por empresas o profesionales que reclaman
montos superiores a los honorarios regulados por los tribunales
nacionales”. La CIDH informó que si verificará si en las
tramitaciones de Carvallo en los tribunales argentinos hubo o no
retardo de justicia, un tema de incumbencia de la Comisión según la
Convención Americana de Derechos Humanos.

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Miércoles | 18.07.2001
EL GOBIERNO Y LA CRISIS: DERECHOS EMPRESARIOS
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington,
no sólo recurren las personas con derechos que considera atropellados. Ese ámbito tampoco
excluye a individuos que reclaman intereses empresariales.
Pero un fallo a favor de la Argentina promete ahora dejar afuera ese tipo de pedidos. Por
ese motivo, Argentina enfrentaba una demanda de 80 millones de dólares, una verdadera
cruz, porque detrás del reclamo hay una larga fila.
La demanda fue emprendida por el banquero chileno Tomás Carballo Quintana que era
propietario en un 30% del Banco Regional del Norte Argentino, cerrado en 1986 por orden
del Banco Central. Hubo en aquel momento una reapertura por orden de la Corte y luego
otro cierre de la entidad por orden del Central en 1994.
En enero de 1998 Carballo presentó una denuncia ante Comisión Interamericana en la que
hacía responsable al Estado argentino de la pérdida de gran parte de su patrimonio y lo
demandaba por 80 millones de dólares. Pero el último viernes la Comisión dictaminó:
"todas las denuncias basadas en los derechos del Banco del Norte como persona jurídica,
incluidos los referentes a su propiedad, son inadmisibles para esta Comisión".
Carballo había contratado al poderoso estudio de abogados de EE.UU. dirigido por los
republicanos Robert Dole y Jesse Helms, el mismo que redactó la ley de fuertes
restricciones a Cuba.
"El argumento que esgrimió la Argentina es que el organismo podría trasnformarse en un
ámbito donde se dirimen derechos de orden financiero que desnaturaliza su creación y
que con este fallo vuelve a su fuente misma, que son los derechos humanos", se entusiasmó
el representante especial para los derechos humanos, Leandro Despouy, que tuvo a su cargo
la defensa de la Argentina.

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Jueves | 19.07.2001
EL GOBIERNO Y LA CRISIS: COMISION INTERAMERICANA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington,
logró frenar una demanda por 80 millones de dólares contra el Estado argentino. Ese
fallo sienta además jurisprudencia porque detrás de ese reclamo se acumulan otros de cifras
igualmente millonarias. La presentación había sido hecha por Tomás Carvallo Quintana, un
banquero chileno por el cierre del Banco Regional del Norte Argentino, del que era
accionista en un 30%.
Hasta este dictamen a la CIDH no sólo recurrían las personas físicas que consideraban sus
derechos humanos atropellados. También, en reclamo de derechos empresarios. "La
Comisión Interamericana confirma una importante jurisprudencia en virtud de la cual las
personas jurídicas carecen de personería para actuar en su ámbito, cuya competencia está
reservada a las personas físicas, vale decir a los seres humanos. Para la Comisión sólo son
personas, las personas físicas y no las empresas", señaló a Clarín el Representante Especial
para los Derechos Humanos, Leandro Despouy.
Como consecuencia de los sucesivos cierres de su banco, dispuestos por el Banco Central
en 1981, 1985 y 1994, en enero de 1998 Carvallo Quintana presentó una denuncia ante la
CIDH en la que hacía responsable al Estado argentino de la pérdida de gran parte de
su patrimonio. Para su defensa contrató al estudio de abogados estadounidense dirigido
por los republicanos Roberto Dole y Jesse Helms, el mismo que impulsó una ley contra el
comercio de su país con Cuba. En diciembre de 2000, en un viaje a Costa Rica, Fernando
de la Rúa se ocupó del caso y señaló que la CIDH debería ocuparse de personas afectadas
en su dignidad y no de casos que buscan satisfacer reclamos patrimoniales.

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Domingo 22 de julio de 2001 | Publicado en edición impresa
Fallo de la Corte Interamericana
Desestiman un reclamo en contra del
Estado
Era una solicitud de 80 millones de pesos
WASHINGTON.- Para alivio del gobierno argentino, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos rechazó tratar un reclamo patrimonial por más de 80 millones de dólares de
Tomás Carvallo Quintana, principal accionista del Banco Regional del Norte Argentino
(Barna), que fue liquidado en 1981.
Para consuelo de los abogados defensores de Carvallo Quintana, que contrató en
Washington los servicios de lobbista del ex candidato republicano a la presidencia Bob
Dole, la Comisión admitió estudiar si el ex banquero es víctima de una demora injustificada
en una demanda individual que presentó en 1986 por daños y perjuicios.
La Comisión, que funciona dentro de la estructura de la Organización de Estados
Americanos (OEA), determinó la semana última que no es competente para entender en un
reclamo que fue tramitado en los tribunales argentinos en nombre de una sociedad jurídica
(en este caso, del Barna).
En dos oportunidades, el Barna obtuvo fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia,
que revocó medidas de liquidación del banco que había adoptado el Banco Central. Los
abogados de Carvallo Quintana, ciudadano chileno nacionalizado argentino, acudieron a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que en el período que el Barna
estuvo bajo el control del Central la entidad fue "desposeída" de un patrimonio de 81
millones de dólares, en valores de 1990.
"Todas las reclamaciones referentes al Barna como persona jurídica, inclusive las referentes
a su propiedad, son inadmisibles", dice la resolución de 22 páginas que lleva la firma del
argentino Jorge Taiana, secretario ejecutivo de la comisión.
Carvallo Quintana también intentó, durante la presidencia de Carlos Menem y luego ante el
gobierno de Fernando de la Rúa, alcanzar una solución negociada, para la cual contrató los
servicios de la firma de abogados Verner Liipfert Bernhaard McPherson and Hand, que
tiene entre sus lobbistas a Dole.

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Hasta el senador republicano Jesse Helms se involucró para ejercer presión sobre el
gobierno argentino para que llegue a un arreglo, con una carta que le envió al canciller
Adalberto Rodríguez Giavarini.
Todos satisfechos
Algunas gestiones que allegados a Carvallo Quintana creían encaminadas durante el
gobierno de Menem se estancaron al asumir De la Rúa, que en un viaje a Costa Rica dijo
ante la Corte Interamericana (que recibe los casos en los cuales la comisión emite
resoluciones que luego no se cumplen) que el sistema debe rechazar de plano cualquier
planteo que tenga como única finalidad obtener una retribución patrimonial.
"Es una decisión trascendente, que confirma que las empresas y los bancos no están
amparados por el sistema interamericano de protección a los derechos humanos", dijo a LA
NACION Leandro Despouy, encargado de derechos humanos en la cancillería argentina.
"Es de esperar que otros reclamos de esta índole, que se encuentran en trámite, serán
igualmente rechazados", agregó.
Según el cálculo del gobierno argentino, hay en trámite otras siete denuncias que, sumadas
a la de Carvallo Quintana, podrían significar una demanda patrimonial contra el Estado por
hasta 1000 millones de dólares.
Aunque el gobierno argentino ya empieza a cantar victoria, los abogados de Carvallo
Quintana también se declararon satisfechos con la decisión de la Comisión, porque aceptó
estudiar si hay una demanda injustificada por parte de la justicia argentina en una causa que
inició el ex accionista del Barna a nivel personal (pasaron 15 años casi sin movimiento
alguno en la causa).
La resolución aclara, sin embargo, que declarar admisible esa parte de la denuncia no
importa un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.
De todas maneras, Orlando Vidal, abogado que sigue el trámite ante la comisión, dijo a LA
NACION que exhortaba "una vez más al gobierno argentino a llegar a una solución
amistosa". .
Por Mará O´Donnell Corresponsal en EE.UU.

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Domingo 19 de agosto de 2001 | Publicado en edición impresa
Demanda millonaria
Alivio oficial por un fallo de la CIDH
Por Adrián Ventura | LA NACION
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó una demanda presentada por el
abogado Ernesto Galante, que pretendía cobrar un honorario de aproximadamente 128
millones de dólares.
"Había una enorme preocupación del Estado argentino, porque si la comisión le daba la
razón a Galante, abría las puertas para que el sistema de derechos humanos se pervirtiera y
la comisión se llenara de reclamos patrimoniales, que no son propios de ese ámbito", dijo a
LA NACION Leandro Despouy, representante especial de la Argentina sobre derechos
humanos.
El 21 del mes último, en la Cancillería argentina ya habían sentido por primera vez cierta
sensación de alivio cuando la comisión que preside el jurista chileno Claudio Grossman
rechazó la demanda por 90 millones de dólares que había promovido Tomás Carvallo
Quintana, principal accionista del Banco Regional del Norte Argentino (Barna), que había
sido clausurado en tres ocasiones por el Banco Central.
"Ahora, el dictamen de la comisión en el caso Galante viene a reafirmar la decisión del caso
Barna. Triunfó la postura que sostuvo la Cancillería desde que asumió el gobierno de
Fernando de la Rúa. Además, la Argentina, cuando suscribió la Convención Americana de
Derechos Humanos, hizo una reserva que impide que se planteen asuntos económicos y
patrimoniales ante la comisión y ante la corte", agregó Despouy.

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Pero las alicaídas arcas de la Argentina deben enfrentar todavía otras siete causas similares,
en las que se reclaman sumas que, en total, superarían holgadamente los 1000 millones de
dólares.
Cómo fue el caso
El caso Galante tiene origen en una vieja disputa por honorarios, y algunas diferencias con
el caso Barna, porque en éste una empresa era la reclamante, mientras que en el caso
Galante lo fue una persona física.
Galante fue abogado de la empresa Celulosa Argentina entre 1982 y 1988 en los trámites de
la quiebra, y ese último año pidió a un juzgado de primera instancia de Rosario que le
regulase honorarios.
Pretendió, entonces, que se le aplicara la ley de aranceles de la provincia, que le habría
permitido obtener una retribución que, a valores actuales, rondaría los 128 millones de
dólares.
Pero ningún tribunal provincial, ni siquiera la Suprema Corte local, acogió su demanda, por
lo cual Galante terminó presentando un recurso extraordinario ante la Corte Suprema
nacional.
Galante acusó a dos jueces de haberle pedido sobornos, pero nunca exhibió una prueba
concreta de ello y esos dos magistrados se excusaron de intervenir en la sentencia en la que
el alto tribunal decidió regularle los honorarios por aplicación de la ley de quiebras.
Mucho menos
Por eso, según la Corte, a Galante le correspondería cobrar 18 millones de dólares, mucho
menos que lo que el letrado pretende percibir.
En términos generales, Galante sostuvo que la Corte dejó de ser un órgano imparcial, que
varios jueces le pidieron sobornos y que el tribunal demoró excesivamente en resolver el
caso.
Además, alegó ante la comisión que el acuerdo al que había arribado a fines de 1999 con la
secretaria de Asuntos Consulares, Alicia Martínez Ríos, era un convenio de solución
amistosa que debía ser respetado por el Estado argentino.
Pero la comisión rechazó todos los planteos y declaró inadmisible la demanda, por los
siguientes motivos:
• El Poder Ejecutivo nunca dictó el decreto respectivo aceptando el acuerdo firmado
por Martínez Ríos -la Justicia investiga ese pacto-. Y Galante tampoco recusó en su
oportunidad a los jueces que cuestiona.

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• Si bien Galante está disconforme con la decisión de la corte, la comisión reiteró que
"no es una cuarta instancia" para revisar fallos de los tribunales nacionales, a menos
que exista una violación a las garantías establecidas en la Convención Americana.
El tribunal, para rechazar el caso, no hizo hincapié en su aspecto patrimonial.
• Y también señala que el reclamo por las demoras fue presentado fuera del plazo
para hacerlo.
El informe lleva la firma de Grossman y de cinco de los siete miembros del cuerpo.

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Miércoles 1 de agosto de 2001
La Justicia investiga una firmita que vale cien palos
Alicia Martínez Ríos, la ex funcionaria que
trajo a los ex miembros de la CIDH a ver a
Menem, deberá responder ante la Justicia,
acusada de falsificar la firma de Di Tella en
un decreto para que un abogado cobre una
verdadera fortuna.
Por A. M.
Más que ocuparse de los derechos humanos de Carlos Menem, la abogada Alicia
Martínez Ríos deberá empezar a interesarse por su propia situación judicial. La ex
funcionaria aparece involucrada en una tentativa de fraude contra el Estado y podría ser
llamada a indagatoria por el juez Gabriel Cavallo. La Justicia investiga si fue la impulsora
de un trámite por el cual la Cancillería acordó el pago de honorarios millonarios a un
abogado y en el cual fue falsificada la firma del ex ministro de Relaciones Exteriores,
Guido Di Tella.
El domingo 22 de julio, Martínez Ríos volvió a ser noticia porque acudió a la quinta de
Don Torcuato, lugar de reclusión del ex presidente procesado por la venta ilegal de armas
a Croacia y Ecuador. La ex funcionario llegó junto a los ex titulares de la Corte y de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), Pedro Nikken y Carlos Ayala.
Aunque se tuvo que quedar en la puerta, porque el juez Jorge Urso prohibió el ingreso de
más de dos visitas por vez, ella y Alicia Pierini fueron las que gestionaron en Washington
el encuentro. Ambas hicieron una presentación en la CIDH invocando el Pacto de San José
de Costa Rica para tratar de lograr la liberación de Menem.

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Pero la historia contada en el expediente que la tiene como imputada comenzó mucho
antes. En 1991, cuando la empresa Celulosa Argentina pidió su propio acuerdo preventivo,
su abogado Ernesto Galante reclamó honorarios por 100 millones de dólares. Todas las
instancias judiciales de la provincia de Santa Fe rechazaron la demanda del letrado, que
llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no le fue mejor. En 1996 los jueces
supremos desestimaron su pedido. Galante los querelló por prevaricato, en una causa que
sigue abierta, pero además acudió a la CIDH para poder cobrar.
Mientras tanto, el abogado firmó un “acuerdo de solución amistosa” con Martínez Ríos,
por entonces secretaria de Asuntos Consulares y Generales del ministerio de Relaciones
Exteriores, quien reconoció su derecho a cobrar honorarios a cambio de que retirara su
demanda en la CIDH. Un día antes de que Menem abandonara la Presidencia circuló un
decreto con la firma de Guido Di Tella que autorizaba el pago. Galante tampoco tuvo
suerte esa vez: aquel 9 de diciembre de 1999 el ex presidente firmó 200 decretos pero el
suyo quedó afuera. Las nuevas autoridades no sólo frenaron el trámite sino que hicieron
una denuncia.
Leandro Despouy, virtual subsecretario de Derechos Humanos de la Cancillería, se mostró
reacio al convenio y el Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, emitió un duro dictamen en
contra de lo firmado por Martínez Ríos. Aseguró que la presentación “no constituye una
denuncia de violación de derechos amparados por los artículos 8 y 25 del Pacto de San
José de Costa Rica, sino tan solo una manifestación de disconformidad frente a una
decisión judicial adoptada en el trámite del procedimiento de la regulación de honorarios
profesionales”. Marcer fue más allá y llevó el caso a la Oficina Anticorrupción (OA), que
a su vez presentó una denuncia en la justicia federal. El Procurador señaló que “ni la ley de
ministerios entonces vigente, ni el decreto 393/98, surge que a la época de la firma del
instrumento la funcionaria suscriptora (Martínez Ríos) contara con facultades para realizar
tal cometido”. Y agregó la necesidad de “dictar una resolución por la cual revoque, por
nula e ilegítima, la declaración de la entonces secretaria”. Cancillería así lo hizo.
En su momento, el ex canciller Di Tella fue citado por el juez Gabriel Cavallo y negó
haber firmado ese decreto. “No sólo no ordené en fecha tan extemporánea la elevación de
esa propuesta de acuerdo a la Presidencia, sino que no lo hice nunca y jamás podría
haberlo hecho ya que, cuando hacia noviembre de 1999 fui enterado de su existencia,
manifesté mi abierta negativa a concretarla por considerarla absolutamente improcedente y
sin fundamentos”, declaró. Y agregó que “el entonces vicecancillerAndrés Cisneros le
había transmitido con suma elocuencia ese rechazo a la embajadora Martínez Ríos”.
Hace dos semanas el magistrado recibió el resultado del peritaje caligráfico que determinó
que la firma estampada en el documento no pertenece al ex canciller. Martínez Ríos, que
está involucrada en la causa por el delito de tentativa de fraude, pidió que se realice un
peritaje a un sobre en cuyo reverso alguien escribió a mano “Alicia, seguí con eso” en tinta
azul. La ex secretaria de Estado reconoce que hizo la gestión por Galante pero quiso
probar que Di Tella la apoyó y le dio instrucciones al respecto. Los peritos concluyeron
que “no se puede determinar” si esa es la letra del ex canciller.
“En el expediente estaría acreditado que ella fue la impulsora de la maniobra”, aseguró a
Página/12 uno de los investigadores del caso. Es por eso que el juez podría llamarla a
declaración indagatoria en breve, e incluso ampliar la imputación a más personas. La
abogada quiere que se vuelvan a realizar los peritajes porque en los que se hicieron no
participó un profesional que la representara. Galante no fue denunciado por la OA ni

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tampoco figura como imputado en la causa.
Las anteriores autoridades de la Cancillería suscribieron numerosos convenios similares
pero los nuevos funcionarios decidieron ponerle freno a esa política porque se oponen a
que organismos internacionales que investigan violaciones a los derechos humanos
atiendan demandas patrimoniales. A su vez, la semana pasada la CIDH no hizo lugar a los
reclamos de Tomás Enrique Carvallo Quintana por el cierre del Banco Regional del Norte
Argentino. Según la Cancillería, el argumento utilizado sienta un precedente: “Las
personas jurídicas carecen de personería para actuar en el ámbito interamericano, cuya
competencia está reservada a las personas físicas”.
Menemista y fanática
Se define como menemista fanática. “Soy una especie de Gostanian
femenina”, afirmó apenas asumió en la Cancillería. Alicia Martínez
Ríos fue abogada de Carlos Menem cuando estuvo detenido en Las
Lomitas durante la dictadura. Entre 1986 y 1989 integró el estudio
jurídico que Menem tenía en Buenos Aires. Fue embajadora en
Costa Rica, en Uruguay y en la OEA. Con un decreto presidencial
fue creado el cargo de secretaria de Asuntos Consulares en la
Cancillería, que desde mayo de 1998 ocupó ejerciendo como
número tres del organismo. En su paso por el Palacio San Martín la
bautizaron “la embajadora inmobiliaria” porque gastó millones
comprando residencias para las sedes diplomáticas argentinas. Su
argumento era que de ese modo el Estado ahorraba el dinero de los
alquileres. En el entorno del ex presidente dicen que su hija
Zulemita “no la puede ni ver”. Martínez Ríos tuvo una enérgica
reacción cuando el ex embajador argentino en Lima, Abel Posse,
solicitó un agregado administrativo a Cancillería pidiendo que no
fuera “una funcionaria por sus obvias limitaciones”. El diplomático
fue calificado por la menemista como “misógino, con actitudes
propias del Medioevo”.

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Lunes | 20.08.2001
DESESTIMAN UNA DEMANDA
Una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ahorrará al
gobierno argentino juicios por unos 1.000 millones de dólares. La Comisión, con sede en
Washington, acaba de declarar inadmisible la denuncia que realizó el ex abogado de la
empresa Celulosa Argentina, Ernesto Galante. Este abogado se había presentado a la
Comisión en reclamo de honorarios por el concurso de Celulosa, una vez fracasados sus
intentos en la justicia argentina. Y recurrió a la Comisión, como si fuera un tribunal de
última instancia. Pero la CIDH ratificó que "el reclamo era improcedente y de esta manera
frena otras solicitudes de tipo patrimonial acumulados allí contra el Estado argentino que
sumarían unos 1.000 millones de dólares", señaló a Clarín el representante argentino sobre
derechos humanos, Leandro Despouy.
El caso Galante llegó a la CIDH ante la negativa de la justicia argentina para reconocerle
126 millones de dólares en concepto de honorarios, que Galante reclamaba por su actuación
profesional en el proceso de quiebra de Celulosa. Todas las instancias judiciales nacionales,
coincidieron en interpretar que los honorarios del abogado Galante debían ser regulados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley de Concursos 19.551, y no por la ley arancelaria de la
Provincia de Santa Fe que preveía honorarios superiores. Sin embargo, Galante intentó
obtener una resolución favorable y ante el fracaso en la justicia argentina recurrió a la
CIDH. Durante el transcurso del procedimiento ante la Comisión, Galante estuvo a punto
de lograr su objetivo, cuando en los últimos días de la administración del entonces
Presidente Carlos Saúl Menem, logró que se celebrara un cuestionado acuerdo de solución
amistosa que iba a generar un importante desembolso por parte del Estado, cercano a los
US$ 100 millones.
Marcha atrás
Ese acuerdo fue anulado por la administración De la Rúa, luego del dictamen del
Procuraduría del Tesoro que lo calificó como "nulo de nulidad absoluta". Así se abrió una
investigación en la oficina anticorrupción que generó el procesamiento de la ex

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Subsecretaria de Asuntos Consulares y Generales de la Cancillería, Alicia Martínez Ríos.
"La categórica declaración de inadmisibilidad de la petición, dada a conocer por la
Comisión Interamericana, dio por tierra con los argumentos esgrimidos por Galante",
remarcó Despouy. Y agregó: "Es de esperar que se siga descartando de plano la utilización
del sistema de protección regional instaurado por la Convención Americana de Derechos
Humanos, en relación a reclamos de personas jurídicas, o como en el caso Galante, de
personas físicas que pretenden ventilar litigios patrimoniales en los que fracasaron en las
instancias locales, abusando de los resortes jurídicos internacionales que fueron diseñados
para la protección de los derechos esenciales de la persona humana y no para fines
comerciales".

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