Este documento resume los resultados de un estudio sobre la situación de las mujeres con discapacidad en Castilla y León. El estudio encontró que las mujeres con discapacidad enfrentan doble discriminación y desventajas en educación, empleo, vida social y otros ámbitos. La encuesta a 526 mujeres reveló que la mayoría tienen entre 35-64 años, son solteras, viven en entornos urbanos y tienen ingresos bajos. Muestran mayores necesidades en autonomía e inclusión social y menos en salud física y relaciones interpersonales.
Las mujeres con discapacidad en Castilla y León..pdf
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La situación de la mujer
con discapacidad en
Castilla y León
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La Convención Internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad, aprobada el 13
de diciembre de 2006 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo 4.º,
apartado primero, obliga a todos los Estados
Partes a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos sus derechos humanos y libertades
fundamentales, sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. Habrán de garantizarles,
además, protección legal igual y efectiva contra
la discriminación por cualquier motivo. Asimismo,
según prevé su artículo 5.º, los Estados Partes,
con el fin de promover la igualdad y eliminar
la discriminación, adoptarán todas las medidas
pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
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De conformidad con la Ley 26/2011, de 1 de agosto,
de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad y
el Real Decreto 1266/2011, de 16 de septiembre que la
desarrolla, se entenderá por igualdad de oportunidades
la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por motivo de o sobre la base de discapacidad, incluida
cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad
de condiciones por las personas con discapacidad,
de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo.
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Asimismo, se entiende por igualdad de
oportunidades la adopción de medidas de
acción positiva orientadas a evitar o compensar
las desventajas de una persona con discapacidad
para participar plenamente en la vida política,
económica, cultural y social.
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Con el fin de garantizar este derecho, se obliga a
los poderes públicos a establecer medidas contra
la discriminación, definidas como aquellas que
tengan como finalidad prevenir o corregir que una
persona con discapacidad sea tratada de una manera
directa o indirecta menos favorablemente que otra
que no lo sea, en una situación análoga o comparable
y medidas de acción positiva, entendidas como aquellos
apoyos de carácter específico destinados a prevenir o
compensar las desventajas o especiales dificultades
que tienen las personas con discapacidad en la
incorporación y participación plena en los ámbitos
de la vida política, económica, cultural y social.
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El nuevo paradigma de la discapacidad hunde
sus raíces en la Clasificación Internacional
del Funcionamiento de la Discapacidad y
de la Salud (CIF 2001 de la OMS), y el modelo
social y de la diversidad que, superando el
modelo rehabilitador y asistencialista, recoge
la Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
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En coherencia con este marco conceptual, las nuevas teorías y paradigmas
de intervención para la adecuada atención de las personas con discapacidad,
basadas en el sistema de apoyos para su calidad de vida, se orientan a que
dispongan de los medios y condiciones necesarias que posibiliten su pleno
desarrollo en todos los ámbitos de la vida, para lograr su máxima autonomía
personal en la comunidad, posibilitar el ejercicio de su poder de decisión
sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de su comunidad,
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que se traduce
en el principio de vida independiente.
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De la La CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES depende
el ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para
las personas con discapacidad 2016/2020, que cuenta con 17 principios
rectores que abarcan temas de tanta trascendencia, entre otros, como:
• El respeto a la dignidad de la persona y a su autonomía personal.
• La igualdad de oportunidades y la no discriminación.
• La normalización.
• La igualdad de género.
• El diálogo civil, especialmente a través del movimiento asociativo.
• La continuidad de cuidados.
• La accesibilidad universal.
• La concienciación de la ciudadanía.
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En este Plan se explicita que merece especial atención la situación de mujeres
con discapacidad que sean víctimas de violencia de género, lo que supone una
doble discriminación. En este sentido, la Ley 13/2010, de 9 de diciembre,
contra la Violencia de Género en Castilla y León, dedica un capítulo a las mujeres
especialmente vulnerables, incluyendo a las mujeres con discapacidad, para
quienes esta circunstancia se considerará como cualificada en el acceso a la Red
de Atención a mujeres víctimas de violencia de género y, por tanto, a todas las
prestaciones y actuaciones contempladas en el modelo de atención integral a las
víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia Cero», aprobado mediante
Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León.
Con relación a la violencia de género y la discapacidad, hay que destacar que
todavía hay que avanzar en el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia
de género entre las mujeres y niñas con discapacidad en nuestra sociedad.
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Según el Informe sobre Violencia en Mujeres y Niñas con Discapacidad de
Naciones Unidas, el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de
violencia y su riesgo de sufrir abusos sexuales es cuatro veces mayor que
el de la población en general. Existe un gran desconocimiento y falta de
concienciación social en relación a esta cuestión, por lo que es necesario
que las Administraciones recojan en sus planes y programas la realidad
de este fenómeno, proponiendo medidas de carácter integral.
La violencia que sufren las mujeres con discapacidad no es diferente a la
que padecen el resto de las mujeres, pero sí presenta ciertas características
propias, debido a la doble discriminación de la que son víctimas, que es
necesario conocer previo al diseño de propuestas específicas.
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Patrocinado y financiado por el CERMICYL,
desde el Instituto Universitario de Integración
en la Comunidad de la Universidad de Salamanca
(INICO) se está llevando a cabo un estudio para
conocer la situación de la mujer con discapacidad
en Castilla y León desde su propia percepción, con
el fin de proponer acciones que mejoren su situación.
https://inico.usal.es/
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El artículo 49 de la Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. En Castilla y León, el Plan Estratégico (BOCYL /13-02-2017)
parte del diagnóstico de la discapacidad e incide en los siguientes aspectos:
la prevalencia de la discapacidad sobre el total de su población de Castilla
y León es del 6,86%; el 48,2 % son mujeres y la mitad de las personas con
discapacidad en Castilla y León tienen 65 años o más; el 57,2 % de las
personas con discapacidad presentan una discapacidad física, el 15,9 %
una discapacidad por enfermedad mental, el 11,5 % son personas con
discapacidad intelectual, el 8,3 % con discapacidad visual y el 7,2 %
con discapacidad auditiva; el 44,4 %, viven en entornos rurales.
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La presencia de la violencia de género en nuestra sociedad y su relevancia
es un problema social de primer orden, y sigue siendo uno de los problemas
pendientes en las sociedades que pretenden avanzar hacia la igualdad
de los sexos.
Las inversiones en recursos sociales dirigidas a erradicar este problema no
producen los efectos deseados y las cifras sobre violencia de género siguen
siendo dramáticas en Europa. Este problema se agrava si las mujeres
poseen algún tipo de discapacidad.
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, se considera de especial necesidad
conocer la situación real de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural,
al objeto de sensibilizar a la población y tener como base los resultados para
emprender futuras acciones y acercarse a la situación de las mujeres con
discapacidad que sufren violencia de género. Por ello, se diseña el estudio
“Mujer y discapacidad en Castilla y León”, con el objetivo general de
elaborar el perfil de la mujer con discapacidad en Castilla y León.
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Además, se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Conocer las circunstancias con las que viven las mujeres con discapacidad
en Castilla y León.
• Promover una reflexión sobre la situación de las mujeres con discapacidad.
• Conocer la percepción de la mujer con discapacidad teniendo en cuenta
aquellos aspectos que contribuyen a su desarrollo integral e inclusivo.
• Averiguar si hay diferencias significativas en la situación de la mujer con
discapacidad en el medio rural o urbano en la Comunidad de Castilla y León.
(...)
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(...)
• Determinar si hay diferencias significativas en el conocimiento y uso
de la figura de asistencia personal
• Conocer si hay diferencias significativas en la visibilidad y empoderamiento
en función de la asistencia personal que recibe la mujer con discapacidad
en Castilla y León.
• Describir las razones por las que utilizan o no la asistencia personal.
• Analizar el uso del sistema de dependencia y sus consecuencias en
la mujer con discapacidad
• Conocer las demandas de las mujeres con discapacidad y posibles
sugerencias de mejora del sistema de dependencia.
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Para conseguir estos objetivos, se elaboró una encuesta que debía ser
cumplimentada por la propia mujer con discapacidad intelectual, siempre
y cuando tenga las habilidades de comprensión adecuadas para ello, o por
otra persona que le conozca muy bien, ya sea un familiar o un profesional.
Se ha buscado una muestra representativa de la población de Castilla y León,
es decir, mujeres con discapacidad mayores de 18 años, destacando que se
han recibido más de 500 encuestas.
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Estudio sobre la situación de las mujeres con discapacidad en Castilla y León.
Existen algunos prejuicios y estereotipos respecto a determinados colectivos
como son las mujeres o las personas con discapacidad, y cuando confluyen
ambas variables, la situación se agrava y se vuelve más injusta, dando lugar
a situaciones de doble discriminación y a situaciones de desventaja para ellas
a todos los niveles: educativo, laboral, social, jurídico e incluso económico.
Teniendo esto en cuenta, se considera necesario conocer la situación real de
las mujeres con discapacidad en el ámbito rural al objeto de sensibilizar a
la población, así como emprender futuras acciones y acercarse a la situación
de estas mujeres.
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Desde el INICO, y patrocinado y financiado por el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León
(CER- MICYL), se ha llevado a cabo un estudio con el que se pretende
recoger información sobre la situación de las mujeres con discapacidad
en Castilla y León, para elaborar el perfil de estas mujeres desde su propia
percepción, conocer su situación real en el ámbito rural de esta comunidad
y proponer acciones de mejora. Para ello, se diseñó una encuesta a la que
respondieron 526 mujeres, la mayoría con discapacidad intelectual (un 77,7%),
destacando la mayor participación de las mujeres de Valladolid y de Salamanca
(un 24,3% y un 17,3%, respectivamente).
En cuanto al análisis de datos, se hizo a través del programa SPSS versión 25.0,
se depuraron los datos cuantitativos y se realizó un análisis semántico y de
contenido de las preguntas abiertas respecto a las variables sociodemográficas
y las dimensiones de calidad de vida.
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La mayoría de las mujeres que respondieron a la encuesta, tienen edades
comprendidas entre los 35 y 64 años (un 26,58% tienen entre 45-54 años,
un 22,83% entre 35-44 años, y un 21,67% entre 54-64 años); son solteras
(63,2%) y con residencia habitual en entornos urbanos (57,3%); y el 66%
viven en el hogar familiar.
En general, cuentan con menos de 11.500 euros al año (74,1%), y sus
ingresos proceden de la pensión que reciben (53,4%).
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La mayoría de estas mujeres tienen discapacidad intelectual o
multidiscapacidad; el 73,5% tienen concedida la valoración de
dependencia y el 42,4% presentan un grado de dependencia moderada.
En general, concretamente un 67,2%, manifiestan que no necesitan ayuda
de otras personas, y un 59,4% conocen la figura del asistente personal.
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Teniendo en cuenta las dimensiones de calidad de vida, en general las
mujeres, sobre todo las mujeres con discapacidades múltiples y con
discapacidad intelectual, muestran más necesidades en las dimensiones
autodeterminación e inclusión, y menos en relaciones interpersonales
y bienestar físico.
Respecto al bienestar emocional, las mujeres menores de 18 años sienten
baja autoestima, acoso o inseguridad hasta los 24 años, y a partir de los 25,
incluso antes, algunas presentan depresión.
De las respuestas y comentarios dados por las mujeres encuestadas, se deriva
la importancia que dan a los apoyos considerando que son imprescindibles en
muchos ámbitos de sus vidas, así como la necesidad de llevar a cabo una serie
de actuaciones que permitan mejorar su situación, principalmente en las
dimensiones de autodeterminación, relaciones sociales y bienestar emocional.
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Por otra parte, es importante sensibilizar a la comunidad, especialmente a
los profesionales del sector empresarial y de los organismos públicos; prestar
atención a las barreras arquitectónicas y cognitivas, haciendo que las ciudades
sean más accesibles; y garantizar los derechos básicos de las mujeres con
discapacidad, formando no solo a las mismas sino, fundamentalmente, a
sus tutores o cuidadores quienes deben ser los primeros en respetar sus
derechos y en apoyarles en la consecución de estos.
Finalmente, es necesario proporcionarles las oportunidades y programas de
apoyo emocional donde estas mujeres con discapacidad puedan recibir
formación para mejorar su autopercepción.
Manuela Crespo Cuadrado
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