Inclusión social en Navarra.

José María Olayo olayo.blogspot.com
Plan Estratégico de
Inclusión Social
de Navarra
2018-2021
Evaluación
intermedia

La Evaluación Intermedia del Plan Estratégico de
Inclusión Social de Navarra 2018-2021 (PEIS), es
un informe que sintetiza el resultado del proceso
de evaluación intermedia del Plan llevado a cabo
por la Dirección General de Observatorio de la
Realidad Social, de Planificación y de Evaluación
de las Políticas Sociales del Gobierno de Navarra,
en colaboración con la Fundación Eguía-Careaga.
Un proceso de evaluación que persigue alcanzar
cuatro objetivos: ofrecer una aproximación al grado
de cumplimiento de las medias contempladas en el
Plan durante este primer periodo de vigencia del
mismo, conocer la opinión de los diversos agentes
en relación al desarrollo del Plan, actualizar la
información estadística disponible en relación
con la exclusión social y, por último, generar
una serie de recomendaciones que permitan
orientar las prioridades de actuación.

El Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra 2018-2021 (PEIS) responde al
compromiso político adquirido por el Gobierno de Navarra de garantizar el derecho
de las personas en situación o riesgo de exclusión, a ser apoyadas en sus procesos
de inclusión social. Más allá de la cobertura económica de las necesidades básicas
que se obtiene a través de la Renta Garantizada, el Plan se enfoca al derecho de las
personas a disfrutar de oportunidades, recursos, programas y apoyos profesionales
que mejoren sus condiciones de vida.
El Plan constituye, por tanto, la herramienta estratégica que contempla las acciones
y medidas para la inclusión social, reflejando un compromiso firme basado en un
enfoque de derechos de la ciudadanía navarra que se encuentre en situación o
riesgo de exclusión social. Para la consecución de dicho fin, el Plan Estratégico
de Inclusión Social se articula en función de siete líneas estratégicas, 31 objetivos
generales y cerca de 164 actuaciones específicas.

OBJETO Y ALCANCE.
La evaluación de las políticas públicas ha ido avanzando de manera notoria en los
últimos años. La creciente necesidad de optimizar el gasto público ha conllevado la
exigencia de verificar la consecución de los objetivos previstos. Como consecuencia,
se han puesto en marcha numerosos procesos de evaluación con carácter sistemático,
continuo e integral.
Las ventajas de evaluar el diseño, sistema de gestión y el impacto que producen
las diferentes políticas son evidentes: el conocimiento de los resultados resulta
imprescindible, no solo para tomar decisiones más adecuadas, sino también para
rendir cuentas ante la ciudadanía. La extensión de una cultura de la evaluación
posibilita, tanto la mejora de las políticas públicas, como el fortalecimiento
de su legitimidad.

La Comunidad Foral Navarra ha realizado una firme apuesta por la evaluación de
las políticas públicas. De hecho, ha sido la primera Comunidad Autónoma a nivel
estatal que cuenta con un marco regulador específico en materia de evaluación:
la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas
y de la calidad de los servicios públicos.
Para ello cuenta, entre otros recursos, con el Observatorio de la Realidad Social,
creado al amparo del Decreto Foral 268/2019, que tiene por objetivo la investigación
aplicada, la planificación y la evaluación de las políticas públicas en materia de empleo
y políticas sociales, así como el análisis de los procesos de transformación social.
En el caso concreto del Plan Estratégico de Inclusión Social (PEIS) se establece que,
a los dos años de vigencia, se llevará a cabo un proceso de valoración de las medidas
desarrolladas durante los ejercicios 2018-2019. Este proceso de seguimiento y
evaluación intermedia del Plan se ha llevado a cabo por parte del Observatorio de
la Realidad Social, con la colaboración de la Fundación Eguía-Careaga, durante los
meses de febrero a junio de 2020.

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y UTILIDAD.
El presente documento analiza y resume la información recopilada durante el
proceso de evaluación de las medidas desarrolladas durante los ejercicios
2018-2019 en el marco del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021.
Este informe intermedio de seguimiento y evaluación del Plan cuenta con
cuatro objetivos:
a) valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y medidas contempladas
en el Plan, mediante los indicadores de seguimiento establecidos,
b) actualizar la información estadística disponible en relación a los factores relacionados
con la integración y la exclusión social al objeto de ofrecer una aproximación al
impacto de las actuaciones del Plan,
c) conocer la opinión de los diversos agentes en relación al desarrollo del Plan y a
sus resultados.
d) generar una serie de conclusiones y recomendaciones que permitan orientar
las prioridades del Plan de cara a la segunda fase de aplicación del mismo
-ejercicios 2020 y 2021-.

Por último, cabe destacar la naturaleza intermedia, y por tanto parcial, del
presente informe, en la medida en que se define más como un informe de
seguimiento que de evaluación.
En consecuencia, tanto la recogida de datos sobre el grado de cumplimiento de
las acciones como su posterior interpretación, carecen del carácter definitivo
que será de esperar en el informe de evaluación final que se llevará a cabo,
previsiblemente, para 2022.

ESTRUCTURA DEL INFORME.
El informe comienza con un resumen ejecutivo en el que se sintetizan los aspectos
más destacables derivados del proceso de evaluación.
Tras esta parte introductoria, el documento ofrece una descripción del proceso y la
metodología de evaluación, antes de dar paso al apartado más extenso de informe,
el capítulo tercero, en el que se analizan e interpretan los resultados por cada una de
las áreas del PEIS. Este capítulo sigue la misma estructura que las líneas estratégicas
del Plan y se divide por tanto en siete áreas temáticas: Necesidades básicas y
garantía de rentas; Empleo; Incorporación Social; Vivienda; Salud; Educación
y Corresponsabilidad social.
Para cada una de las áreas se ofrece una introducción al ámbito estratégico, un
análisis de la ejecución desarrollada durante los dos primeros años de implementación,
y una parte final de consideraciones cualitativas relativas a aspectos tan diversos como
la adecuación de las medidas, el impacto de la crisis de COVID-19 o las prioridades que
se deberían impulsar en la segunda fase de implementación del Plan.

A continuación, el capítulo cuarto resume aquellas consideraciones de tipo
cualitativo, referidas al Plan en su conjunto, recopiladas en la fase de
participación del proceso de evaluación, entre los distintos actores de
la red pública y de iniciativa social implicados en el Plan.
La sección quinta sintetiza las principales conclusiones derivadas del proceso de
evaluación, mientras que en el capítulo sexto se establecen las recomendaciones
y propuestas de actuación de cara a la segunda fase de implementación del Plan.
Por último, los anexos ofrecen información complementaria de interés que incluye
los cuestionarios empleados para la recogida de información de carácter cualitativo,
las tablas de ejecución de las actuaciones, así como una última sección de
agradecimientos a las personas informantes.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.
2.1. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN.
Tal y como se ha indicado previamente, el presente informe de evaluación intermedia
del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021, pretende valorar el grado de
cumplimiento de los objetivos y medidas contempladas en el Plan, actualizar la
información estadística disponible en relación a la exclusión social, conocer la opinión
de los diversos agentes en relación al desarrollo del Plan y generar una serie de
recomendaciones de cara a los ejercicios 2020 y 2021. Para dar respuesta a estos
objetivos, el proceso de seguimiento llevado a cabo ha combinado técnicas de
investigación cuantitativa y cualitativa, basadas fundamentalmente en una matriz
de recogida de indicadores y en cuestionarios cualitativos, lo que ha permitido una
buena triangulación de la información recopilada.
Con relación al cumplimiento de los objetivos y medidas contempladas en el Plan, cabe
advertir que el presente informe de seguimiento da cuenta únicamente de aquellas
actuaciones sobre las que las entidades responsables han hecho llegar la información.
Es decir, no se recoge información relativa a aquellas actuaciones que, aun pudiendo
haberse puesto en marcha durante los ejercicios 2018 o 2019, no han sido objeto de
reporte por parte de los organismos participantes en el proceso de evaluación.

A pesar de que la adopción de este enfoque para la evaluación conlleva ciertas
limitaciones a la hora de valorar el cumplimiento efectivo del Plan -en cuanto que
no toma en consideración aquellas actuaciones que no han sido reportadas-, se ha
optado por respetar esta perspectiva, ya que puede considerarse un termómetro
sobre la validez o las carencias del propio sistema de información. En este sentido,
el presente documento constituye al mismo tiempo un informe de seguimiento sobre
la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan y un análisis sobre la validez del
sistema de información sobre dichas actuaciones.
En consecuencia, y a la hora de valorar los resultados de la evaluación, resulta
de vital importancia tener en cuenta que se ha optado por reflejar únicamente la
ejecución reportada. En este sentido, el grado de cumplimiento de las actuaciones
detectado en las respectivas líneas estratégicas no implica necesariamente un
determinado nivel de ejecución, sino que puede evidenciar falta de sistematización
en la recogida y reporte de datos.

Cabe destacar asimismo la naturaleza intermedia, y por tanto parcial, del presente
informe, en la medida en que se define más como un informe de seguimiento que
de evaluación. En consecuencia, tanto la recogida de datos sobre el grado de
cumplimiento de las acciones como su posterior interpretación, carecen del
carácter definitivo que será de esperar en el informe de evaluación final que
se llevará a cabo, previsiblemente, para 2022.
Por último, es importante destacar que el trabajo de evaluación y seguimiento del
PEIS se ha llevado a cabo de forma coordinada con los procesos de evaluación de
otros planes y estrategias impulsados por el Departamento de Derechos Sociales
y, más concretamente:
- Estrategia para el Desarrollo de la Población Gitana en Navarra (2019-2022),
- Plan de Discapacidad (2019-2022),
- II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia (2017-2023).

2.2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN.
Durante el proceso de seguimiento y evaluación intermedia del Plan se han combinado
técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, a través de tres ejes de trabajo,
que han contado con la participación de distintos agentes en cada uno de ellos:
2.2.1 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN.
Un primer nivel de recogida de información ha consistido en la recopilación de datos
sobre la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan durante los años 2018 y
2019, en función de cuatro factores: grado de cumplimiento, ejecución presupuestaria,
descripción de avances realizados e indicadores de resultados. En cuanto a los
indicadores de resultados, cabe mencionar que se ha solicitado información sobre el
año 2017 – previo a la implementación del Plan- y sobre el año 2019 – obviando 2018-,
con el objetivo de valorar la evolución de los datos tras dos años de ejecución.

.
2.2.2. SISTEMA DE CONOCIMIENTO PERIÓDICO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN NAVARRA.
Un segundo eje de trabajo se ha orientado a la recogida sistemática de indicadores
que permitan un conocimiento periódico de la exclusión social en Navarra. Para su
consecución, además de los indicadores de seguimiento contemplados en cada ámbito
de actuación, el Plan propone una batería de indicadores que permitan una medición
del impacto de las medidas contempladas en el Plan Estratégico de inclusión.
Partiendo de los indicadores planteados en el Plan se ha realizado una selección de
aquellos más pertinentes y se ha enriquecido con la incorporación de otros nuevos
considerados determinantes a la hora de analizar la evolución de determinados aspectos
vinculados a la inclusión en la Comunidad Foral. Dichos indicadores se han recopilado
para los años 2019, 2018 y 2017 -año previo a la implantación del Plan- y, en la medida
de lo posible, se han desagregado por sexo, nacionalidad, edad y lugar de residencia.

2.2.3. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE.
Un tercer eje de recogida de información para la evaluación ha pivotado sobre la
participación de profesionales de la red pública y de iniciativa social.
El PEIS propuso dar continuidad a las vías de participación impulsadas en su diseño,
de tal modo que los distintos actores implicados pudieran, a su vez, ser evaluadores
de su cumplimiento y promotores de una línea de revisión continua de la acción
pública en materia de inclusión. Sin embargo, los diversos órganos de participación
previstos en el Plan no se han activado en estos dos primeros años y, en consecuencia,
el proceso de seguimiento del PEIS carece de estas aportaciones que resultan
fundamentales a la hora de revisar las actuaciones desarrolladas en materia de inclusión.

Con el fin de paliar esta carencia, se planteó una recogida de aportaciones
de tipo más cualitativo, en base a tres herramientas principales:
a) Cuestionario dirigido a las Direcciones Generales del Gobierno de Navarra con el fin
de recabar sus opiniones sobre el cumplimiento del Plan, los avances o dificultades
registrados, las medidas a priorizar en los próximos dos años y sobre el posible
impacto de la crisis de COVID 19.
b) Cuestionario destinado a profesionales de atención primaria, solicitando su valoración
en torno a diversos aspectos del Plan y su papel en el mismo, así como su percepción
sobre la situación actual tras la crisis sanitaria.
c) Cuestionario dirigido a otros agentes, fundamentalmente del tercer sector, que
han estado implicados en el diseño y ejecución del Plan, con preguntas relativas a su
percepción y valoración del mismo. Más concretamente, la solicitud de información se ha
hecho llegar a la Red Navarra de lucha contra la pobreza, a CERMIN, a Caritas Diocesana
Pamplona-Tudela y a Cruz Roja Navarra. Se ha recibido respuesta de las dos primeras.
La fase de reporte de tipo más cualitativo se extendió desde el 4 de mayo al 5 de
junio de 2020.

COMISIONES DE SEGUIMIENTO.
El PEIS propuso dar continuidad a los ejes de participación impulsados en su creación
de modo que los distintos actores implicados pudieran, a su vez, ser evaluadores
de su cumplimiento y promotores de una línea de revisión continua de la acción
pública en materia de inclusión. A tal efecto, preveía dar periodicidad anual a
las siguientes comisiones y grupos de trabajo:
- Comisión Interadministrativa, liderada por el Departamento de Derechos Sociales,
conformada por representantes de diferentes Departamentos de Gobierno de
Navarra, un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos
y dos representantes de los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela como localidades
con un mayor número de habitantes.
- Sesiones de trabajo interdepartamentales, lideradas desde el Departamento de
Derechos Sociales y mantenidas con responsables del Servicio Navarro de Empleo y
los Departamentos de Economía y Hacienda, Vivienda, Educación, Salud y Relaciones
Ciudadanas y Unidades de Igualdad de género Departamentales de Gobierno de Navarra.
(…)

(...)
- Grupos focales sobre inclusión social con las Entidades sociales vinculadas a
la Inclusión: Red de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social, Cáritas,
Cruz Roja y CERMIN.
- Grupo de trabajo de Servicios Sociales de Base, formado por un representante técnico
de cada área de Servicios Sociales.
- Sesiones de trabajo sectoriales (Vivienda, Empleo, Salud, Educación, Servicios Sociales),
Administración Pública (Gobierno de Navarra y Entidades locales)/ Tercer sector.
- Personas usuarias Servicios Sociales. Grupos de participación de las personas usuarias
de los recursos de inclusión, con atención a una participación igualitaria entre
hombres y mujeres.
Sin embargo, dichos órganos de participación no se han activado en estos dos
primeros años y, en consecuencia, el proceso de seguimiento del PEIS carece de
estas aportaciones que resultan fundamentales a la hora de revisar las actuaciones
desarrolladas en materia de inclusión. La falta de existencia de estos canales para
la participación y seguimiento del Plan constituye una reclamación recurrente entre
las personas informantes consultadas.

IMPACTO DE LA CRISIS POR COVID-19.
A la hora de valorar los condicionantes evaluativos del proceso llevado a cabo,
debemos sin duda destacar un factor externo, que no estaba previsto en el
planteamiento metodológico inicial, pero que ha condicionado en gran medida
su desarrollo: la crisis sanitaria por COVID-19. El impacto del estado de alarma
ha afectado considerablemente tanto al proceso de evaluación en sí como a
los plazos inicialmente previstos, fundamentalmente debido a:
- las dificultades asociadas al teletrabajo, en general, y las dificultades para
acceder en remoto a los datos sobre la ejecución de las medidas, en particular,
- la imposibilidad de realizar reuniones presenciales y/o entrevistas de grupo con
las personas informantes y otros agentes clave,
(...)

(...)
- la sobrecarga de trabajo a consecuencia de un aumento de la demanda en
los servicios de atención primaria,
- la necesidad de priorizar la activación de medidas de urgencia, en el caso de las
personas informantes de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra.
En este sentido, resulta necesario contextualizar las dificultades para la recogida de
información. La solicitud de información requerida para el seguimiento del PEIS ha
coincidido en el tiempo con el periodo de alarma sanitaria, de modo que ha afectado
especialmente a la capacidad de varias de las unidades encargadas del reporte de
información, como por ejemplo, Salud, que se hallaban inmersas en un proceso
de respuesta de emergencia a la situación de crisis.

CONCLUSIONES.
1. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN.
A la hora de valorar los resultados recopilados en torno a la ejecución del Plan, hay
que tener en cuenta que el informe únicamente recoge aquellas actuaciones sobre las
que las entidades responsables han informado, sin reflejar aquellas sobre las que no se
ha recibido información. Con ello se ha pretendido además de efectuar un seguimiento
sobre la ejecución de las actuaciones, testar la validez del sistema de información.
Los resultados del seguimiento han permitido constatar varias limitaciones evaluativas:
- La principal carencia hace referencia a la ausencia de un sistema de información
estructurado que garantice un seguimiento sistemático e integral de las actuaciones
previstas en el Plan. De esta carencia deriva una de las principales conclusiones del
presente informe: la necesidad de introducir de cara a la evaluación final, en la
dinámica operativa de los agentes implicados en su implementación, un sistema
de recogida de información relativa a los indicadores previsto en el Plan.
(...)

(...)
- Cabe destacar asimismo los problemas derivados de la falta de coordinación
interdepartamental e interinstitucional, cuestión que repercute no solo en
el seguimiento, sino en el propio despliegue del Plan.
- En este sentido, otra de las limitaciones se deriva del escaso conocimiento de las
actuaciones del Plan por parte de determinados agentes sobre los que debieran
recaer su despliegue y seguimiento.
- Por último, hay que citar el impacto de un factor externo, no previsto en el
planteamiento metodológico inicial, la crisis sanitaria por COVID-19, que ha
condicionado tanto el proceso de evaluación en sí como los plazos inicialmente
previstos, especialmente en ámbitos como la Salud.

2. EJECUCIÓN DEL PLAN.
El Plan se articula en función de siete líneas estratégicas, 31 objetivos generales
y 164 actuaciones específicas. La información recopilada sobre la ejecución
de las actuaciones muestra que, durante 2018 y 2019, primeros dos años de
vigencia del Plan:
- El grado de cumplimiento es elevado: se han puesto en marcha 145
de las 164 actuaciones previstas, es decir el 88,4%, por el contrario,
19 actuaciones no se han iniciado – 11%- o no se ha recibido
información ninguna al respecto -0,6%-.

 Cabe destacar que, en seis de las siete líneas estratégicas del Plan, el porcentaje
de actuaciones puestas en marcha y/o finalizadas es superior al 75%.
Más concretamente:
- 100% en los ámbitos de Necesidades básicas e Incorporación Social,
- 96,8% en Empleo,
- 90% en Corresponsabilidad social,
- 87% en Educación
- 76,7% en Vivienda
En el área de Salud, el porcentaje de actuaciones en marcha alcanza el 68,4%.
 Entre las medidas iniciadas, el porcentaje de acciones que se dan por concluidas
(24,4%) es considerablemente menor que las de aquellas que todavía están en
marcha (59,8%), lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que el Plan se
encuentra en el ecuador de su vigencia.

3 VALORACIÓN DEL PLAN.
Tal y como se ha detallado en la parte metodológica, frente a la falta de actividad de las
comisiones y grupos de trabajo previstos en el PEIS, se ha llevado a cabo un proceso de
recogida de valoraciones de tipo más cualitativo entre profesionales del Gobierno de
Navarra, de servicios sociales de Atención Primaria y del Tercer Sector:
- La adecuación de las medidas del Plan con relación a los objetivos y necesidades
detectadas se considera alta - 3,75 sobre 5-, aunque se sugiere que algunas medidas
no han tenido un desarrollo suficiente y que otras probablemente se deberían
reformular para adaptarse a los cambios de escenario post-COVID-19.
- La satisfacción de las personas consultadas sobre su participación en el desarrollo del
Plan también es alta, con un 3,25 sobre 5, aunque se apunta hacia la necesidad de
promover esta implicación más allá de la fase inicial de planificación. En general,
la valoración sobre el Plan es más baja entre las entidades del tercer sector.

- A la hora de señalar las Fortalezas, se han destacado el proceso de diagnóstico y
participación durante el diseño del Plan, el papel impulsor del Departamento de
Derechos Sociales, la implicación interinstitucional, el enfoque transversal de
las medidas, así como su apuesta por el trabajo en red.
 Las limitaciones se concretan en las carencias en la coordinación interdepartamental,
el desconocimiento detallado del Plan entre el personal encargado de su despliegue,
la falta de profesionales de referencia para el Plan, la escasez de nuevos programas,
el peso excesivo de la inserción laboral, las lagunas en la intervención social, las
carencias del sistema de indicadores de seguimiento, la sobrecarga de trabajo
burocrático en atención primaria, la necesidad de dotar de mayores recursos al
ámbito rural o la necesidad de un replanteamiento de las actuaciones para hacer
frente a las consecuencia de la crisis del COVID-19.
(...)

(...)
 Con relación a la perspectiva de género, las entidades informantes consideran
que, en general, tanto en la planificación como en el desarrollo de las medidas
del Plan se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y se han diseñado
medidas concretas de acción positiva.
En el caso de los y las profesionales del Gobierno de Navarra se valora muy
positivamente el proceso de seguimiento y evaluación del Plan, que se percibe
tanto como un instrumento de vigilancia sobre la ejecución de las acciones, como
una herramienta para extraer conclusiones que sirvan para reorientar la estrategia
de inclusión, lo cual resulta especialmente necesario debido a la crisis de COVID-19.

4. RECOMENDACIONES.
Tanto el análisis de los datos cuantitativos de ejecución como las aportaciones de tipo
cualitativo, han permito establecer una serie de recomendaciones en torno a tres
aspectos concretos:
- Recomendaciones relativas a la gestión y evaluación del Plan.
- Recomendaciones frente a la crisis del COVID-19
- Recomendaciones sobre las actuaciones a priorizar durante 2020-2021.
Las propuestas se pueden consultar con más detalle en el capítulo 6 de recomendaciones.

1. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
1.1. CONSOLIDAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN.
1.2. MEJORAR EL CONOCIMIENTO E IMPLICACIÓN EN EL PLAN.
1.3. MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.
1.4. ACTIVAR LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO PREVISTOS EN EL PLAN.
1.5. DESIGNAR PROFESIONALES DE REFERENCIA PARA EL PLAN.
1.6. ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO BUROCRÁTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
1.7. MEJORA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL MEDIO RURAL.

2. RECOMENDACIONES FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE COVID-19.
Tal y como se ha indicado previamente, existe un consenso generalizado sobre el
enorme impacto que las consecuencias de la crisis y sobre el hecho de que éstas
serán especialmente evidentes entre los sectores de población más vulnerables.
Frente a este nuevo escenario posterior a la crisis sanitaria por el COVID-19, y a
lo largo del proceso de evaluación, se han recopilado las siguientes propuestas:
 Reforzar el Plan Estratégico de Inclusión en su conjunto. Una de las principales
preocupaciones de los y las profesionales vinculados al ámbito de la inclusión lo
constituye, actualmente, el enorme impacto que la crisis del COVID-19 tendrá, a medio
y largo plazo, sobre las personas más vulnerables. Además del aumento de la demanda
por parte de las personas usuarias, existe un cierto temor a que el desarrollo del plan
se ralentice por cuestiones de prioridad presupuestaria. Ante este escenario, se
apunta, como recomendación general, la necesidad de reforzar el Plan Estratégico de
Inclusión en su conjunto, tanto en términos presupuestarios como de personal adscrito.

 Normalizar el uso de los servicios sociales. Históricamente, los servicios sociales
han atendido a identificarse con un sector de la población especialmente excluido,
dejando fuera a la población más “normalizada”. A raíz de la crisis, se prevé un
aumento de la demanda de prestaciones por parte de una gran parte de la población
que no era beneficiaria de ayudas económicas. En este sentido, se apunta hacia la
necesidad y la oportunidad de abrir los servicios sociales a la población en general,
normalizando su uso.
 Reforzar los servicios sociales de base, frente a la percepción casi unánime de
que se producirá un aumento muy significativo de personas solicitantes que recurrirán
a los servicios sociales de base. En este sentido, se apunta hacia la necesidad de
aumentar la financiación para contratar más personal en los 4 programas de
Atención Primaria y en los servicios especializados.
 Refuerzo de capacidades técnicas de los equipos profesionales. Se recomienda
llevar a cabo acciones de formación específica para profesionales frente al nuevo
escenario post-COVID: competencias para el teletrabajo, adaptación de materiales,
formación sobre nuevas de necesidades sociolaborales, cambios normativos y nuevas
prestaciones, replanteamiento de las intervenciones a distancia, generalización del
teletrabajo, etc.

 Prevención frente a la brecha digital. La crisis ha dejado al descubierto
la brecha digital a la hora de acceder a la información y a la tramitación de
prestaciones y servicios. Se ha evidenciado que gran parte de la población
presenta fuertes dificultades técnicas, bien por falta de formación, bien
por falta de medios tecnológicos. Se hace evidente la necesidad de facilitar
recursos y reforzar la formación a nivel tecnológico de las personas usuarias.
 Propuestas del Tercer Sector. Por último, la Red Navarra de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social considera necesaria la implementación de un Plan
de choque, cuyas propuestas específicas se pueden consultar en línea. CERMIN
por su parte, apuesta por desarrollar líneas de acción específicas para el
colectivo de la discapacidad en el marco del Plan de inclusión.

3. REORIENTACIÓN E IMPULSO DE ACCIONES PARA 2020-2021.
El proceso de evaluación ha servido como herramienta para extraer conclusiones que
sirvan para reorientar la estrategia de inclusión, bien detectando nuevas necesidades,
bien poniendo el foco en aquellas que requieren un impulso específico durante la
segunda fase de implementación del Plan, es decir, los años 2020 y 2021.
1. IMPULSO DE MEDIDAS NO INICIADAS Y REFUERZO DE LAS MEDIDAS EN EJECUCIÓN.
En general, las personas informantes consideran que los objetivos y medidas del Plan
dan una respuesta adecuada a las necesidades detectadas y constituyen, por tanto, una
hoja de ruta válida. Sin embargo, existe la percepción de que muchas acciones no se
han desarrollado. En este sentido, los datos recogidos durante el proceso de evaluación
muestran que, de entre las 164 actuaciones previstas en el Plan, un total de 19 no se
han puesto en marcha – o no se ha recibido información- durante los años 2018 y 2019:
- 1 del área de Empleo.
- 7 de Vivienda.
- 6 actuaciones de Salud.
- 3 en Educación.
- 2 en el área de Corresponsabilidad Social.

Por tanto, en primer lugar, se recomienda poner el foco en aquellas medidas
sobre las que no consta que se haya llevado ninguna actuación. Habría que
activar dichas medidas o, en todo caso, analizar su pertinencia y, si fuera
necesario, proceder a su descarte y eliminación de entre las medidas
pendientes de ejecución.
Igualmente, se recomienda sostener y reforzar aquellas actuaciones que se
encuentran en fase de ejecución y, por tanto, precisan de un esfuerzo continuado
por parte de las entidades responsables con el fin de alcanzar la evolución deseada
hasta la consecución de los objetivos previstos antes de la finalización de su periodo
de vigencia.

2. ACTUACIONES PRIORITARIAS SEGÚN PERSONAS INFORMANTES.
Durante la fase de reporte cualitativo, las personas informantes han señalado aquellas
actuaciones que, a su entender, deberían ser prioritarias durante los dos últimos años
de vigencia del mismo. Algunas de estas recomendaciones hacen referencia a medidas
que estaban originalmente previstas en el Plan Estratégico de Inclusión Social, mientras
que otras responden a necesidades detectadas durante los primeros dos años de
implementación del Plan.
2.1. NECESIDADES BÁSICAS Y GARANTÍA DE RENTAS.
 Reorientar el sistema de garantía de ingresos.
 Dotar de coherencia al sistema de ayudas.
 Protocolos de derivación.
 Por último, entre las áreas a impulsar durante 2020 y 2021 en el ámbito de las
Necesidades Básicas se apunta hacia la necesidad de trabajar otros aspectos como
son la mejora de la difusión y el encaje de los estímulos de empleo o la agilización
de los procedimientos para la tramitación de incidencias. Por otro lado, es probable
que medidas que inicialmente estaban propuestas en el Plan y que tenían sentido,
como la reorientación de los comedores sociales en centros de día, se deban
replantear y volver a estudiar su idoneidad

2.2. EMPLEO.
 Impulsar un modelo integrado de gestión de las políticas de activación.
 Redefinición de las medidas de formación para el empleo.
 Impulso de las empresas de inserción y de cláusulas sociales.
 Contratación de personas perceptoras de la RG.
 Reducir la brecha digital.
2.3. INCORPORACIÓN SOCIAL.
 Reforzar el área de Incorporación social.
 Implementación efectiva de la Estrategia Gitana

2.4. VIVIENDA.
 Blindar presupuestariamente los programas de vivienda diseñados para colectivos
vulnerables, especialmente hogares unipersonales, que van a sufrir un incremento
significativo en la demanda.
 Impulsar el parque de vivienda asequible por las siguientes vías: promoción pública
en alquiler, incremento de la bolsa de alquiler de Nasuvinsa, movilización de vivienda
a través del censo de vivienda vacía y construcción paulatina de más vivienda pública,
siguiendo con lo establecido en el Plan de Vivienda.
 Fomentar las medidas experimentales para grupos de población en alta exclusión.
 Intervención socioresidencial y acompañamiento.

2.5. SALUD.
 Construcción y extensión de la historia social y la historia socio-sanitaria.
 Mejorar las competencias sociales del personal sanitario.
 Extender las campañas informativas y de prevención de la salud en clave intercultural y
adaptadas a la población más vulnerable.
 Identificación de perfiles en riesgo de exclusión socio-sanitaria.
 Impulso de prestaciones complementarias para facilitar el acceso a tratamientos.
Se recomienda impulsar prestaciones complementarias y estudiar medidas de apoyo a
la movilidad que garanticen el acceso a los tratamientos clínicos de las personas que
por distancia territorial y dificultades económicas no pueden acceder a los mismos.

2.6. EDUCACIÓN.
 Extensión de profesionales con perfil social en el medio educativo.
 Paliar la brecha digital.
 Difusión de buenas prácticas en inclusión educativa.
 Evaluar el baremo de acceso a las escuelas infantiles.
 Formación y capacitación del profesorado.
 Fortalecimiento de la parentalidad positiva.

2.7. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.
 Elaboración de Informes y Encuestas. Se recomienda que se elabore, con una
periodicidad anual, el Informe sobre Pobreza y Desigualdad. Igualmente, se
aconseja actualizar la Encuesta de Necesidades e Inclusión Social del año 2016,
para poder observar comparativamente cómo se desarrolla el fenómeno de la
exclusión en la Comunidad Foral.
 Refuerzo del trabajo comunitario para fortalecer las conexiones entre la población
con o en riesgo de exclusión social y la población en general, con el objetivo de
aumentar la comprensión en torno a los puntos de unión, y profundizar estos
nexos frente a las diferencias.
 Fomento de la implicación de los agentes económicos y sociales. Se recomiendan
actuaciones orientadas a aumentar la implicación de los agentes económicos;
las empresas y los sindicatos, así como de las entidades del tercer sector en
la consecución de mayores niveles de cohesión social.

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Inclusión social en Navarra.

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