El uso persistente del paradigma médico-rehabilitador y asistencialista impide reconocer a las personas con discapacidad como plenos sujetos titulares de derechos, como cualquier otro ciudadano.
Igualdad de trato y no discriminación. Diversidad funcional.
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Derecho a la
igualdad y no
discriminación
Vida
independiente
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Todavía hoy, aunque en menor medida, las políticas y planes
sobre discapacidad la siguen considerando desde la perspectiva
del modelo médico o de beneficencia, a pesar de que son
completamente incompatibles con la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad ...
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... el uso persistente de esos paradigmas impide reconocer
a las personas con discapacidad como plenos sujetos
titulares de derechos, como cualquier otro ciudadano.
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Los esfuerzos realizados hasta la fecha para dejar atrás las
barreras actitudinales con respecto a la discapacidad
son, a todas luces, insuficientes y muy débiles ...
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… estereotipos humillantes y persistentes en el tiempo, el estigma
y los prejuicios contra las personas con discapacidad, que
son percibidas como un lastre para la sociedad ...
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… una realidad decepcionante a la que se siguen enfrentando
con determinación las personas con discapacidad a través
de las organizaciones que las representan, luchando por
sus derechos y desempeñando una función central
en la formulación de las leyes y las políticas.
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En los últimos años, la promulgación de leyes contra la discriminación
en el marco de los derechos humanos ha permitido mejorar
la protección de los derechos de las personas con discapacidad ...
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... aunque queda mucho camino por recorrer para que la normativa
y los marcos regulatorios dejen de ser a menudo incompletos
e ineficaces, porque muestran un evidente desconocimiento
del modelo de discapacidad basado en los derechos humanos.
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Todavía hoy, algunas leyes y políticas perpetúan la exclusión y
el aislamiento de las personas con discapacidad, así como
la discriminación y la violencia ejercida contra ellas ...
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… siguen sin reconocer en muchos casos la discriminación múltiple
e interseccional, la discriminación por asociación, la denegación
de ajustes razonables y, además, carecen de mecanismos
eficaces de reparación jurídica y resarcimiento.
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Es preciso y urgente que no se promulguen leyes y normativas
que sigan perpetuando de una manera más o menos indirecta,
la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad,
así como la discriminación y la violencia contra ellas.
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El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad debe cumplirse en todo momento
y para todas las personas con discapacidad de manera que
se garantice el disfrute del derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluidas en la comunidad ...
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… una necesidad vital que solo puede lograrse si se hacen
efectivos todos los derechos económicos, civiles,
sociales y culturales establecidos en la Convención.
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Si hay personas que con mayor frecuencia experimentan
discriminación múltiple e interseccional, esas son
las mujeres y las niñas con discapacidad ...
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… el artículo 6 de la Convención sobre la igualdad y la
no discriminación, pohíbe la discriminación contra estas
personas y obliga a promulgar políticas que promuevan la
igualdad tanto de oportunidades como de resultados.
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Deben erradicarse todas las formas de discriminación por motivos de
discapacidad dirigidas específicamente contra los niños y las niñas,
proporcionando recursos eficaces y accesibles, y concienciando
a la sociedad para prevenir y eliminar toda discriminación ...
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… normas y estrategias que prohíban todas las formas de castigo
corporal, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los
niños y las niñas en todos los ámbitos de actuación.
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El concepto de “interés superior del niño” que figura en el
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño
debe aplicarse a los niños y las niñas con discapacidad
atendiendo de forma meticulosa a sus circunstancias ...
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… un concepto que no debe utilizarse para impedir que los niños,
especialmente las niñas con discapacidad, ejerzan su derecho
a la integridad física, sino para asegurar que sean informados,
consultados y escuchados en todos los procesos de adopción
de decisiones relacionadas con su situación.
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La sociedad del siglo XXI debería aspirar a erradicar los actos
de violencia y las medidas de institucionalización contra los niños
y las niñas con discapacidad a los que se niega el derecho a
crecer en el seno de su familia, proponiendo estrategias de
desinstitucionalización que ayuden a los niños a vivir con sus familias
o en formas alternativas de acogimiento familiar en la comunidad.
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Las estrategias en favor de la no discriminación y la igualdad
deben ir dirigidas a la creación de conciencia social para
abolir los estereotipos peyorativos agravados, los prejuicios
y las actitudes negativas en relación con la discapacidad ...
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… y fomentar que los medios de comunicación contribuyan a
proyectar una imagen de las personas con discapacidad compatible
con el propósito de la Convención para modificar las visión
estereotipada existente sobre las personas con discapacidad.
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Para lograr que las personas con discapacidad puedan participar
de forma plena y en igualdad de condiciones con las demás en
la comunidad, las Administraciones públicas deben abordar
la accesibilidad del entorno construido, el transporte
público y los servicios de información y comunicación.
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La accesibilidad y los ajustes razonables son dos conceptos
distintos en las leyes y políticas de igualdad: las obligaciones
relacionadas con la accesibilidad se refieren a los grupos y
deben aplicarse de forma gradual, pero sin condiciones …
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… las obligaciones relacionadas con los ajustes razonables,
por el contrario, son individualizadas, se aplican de
forma inmediata a todos los derechos, y pueden
verse limitadas por la desproporcionalidad.
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El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad reconoce el derecho a no
verse obligado a vivir con arreglo a un sistema de
vida específico en razón de la discapacidad ...
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… porque la institucionalización es discriminatoria, toda vez que
se asienta en una evidente incapacidad para crear los apoyos y
servicios en la comunidad para las personas con discapacidad,
viéndose obligadas a renunciar a su participación en la
vida comunitaria para poder recibir tratamiento.
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La institucionalización de personas con discapacidad como
condición para recibir servicios de salud mental del sector
público constituye un trato diferenciado por motivos
de discapacidad y, por lo tanto, es discriminatorio.
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Los criterios y procedimientos de admisibilidad para recibir servicios
de apoyo deben establecerse de forma objetiva y no discriminatoria,
centrarse en los requerimientos de la persona, en lugar de en la
deficiencia y seguir un enfoque basado en los derechos humanos ...
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… la persona como eje de la toma de decisiones para el
establecimiento de servicios y apoyos apropiados que tengan
en cuenta sus características, necesidades e inquietudes ...
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… adoptando las medidas oportunas para impedir que terceras personas
puedan crear barreras prácticas o de procedimiento que impidan
vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.