Derechos de las personas con discapacidad. Inclusión social.

José María Olayo olayo.blogspot.com
Derechos de las
Personas con
Discapacidad
Inclusión social

2006-2016: 10 años de la Convención
Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Balance de su aplicación en España.

En su Introducción se explicita que la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en sede
de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmada por España el 30 de marzo
de 2007 y ratificada el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE de 21
de abril de 2008.
Entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. Además de la obligatoriedad de
su contenido, es norma vinculante e interpretativa de los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Española (art. 10.2).

Desde entonces, han pasado diez años desde su aprobación y ocho desde su entrada
en vigor, y lejos de haberse convertido en el baluarte e impulsor de la igualdad, no
discriminación y autonomía desde el modelo de derechos humanos que propugna, la
Convención es aún un texto ajeno y lejano a la mayoría de los operadores jurídicos,
tanto públicos como privados y en todos los ámbitos territoriales.
Para entender esta afirmación se invita a la lectura reflexiva de esta obra que
compendia el trabajo realizado y el aún pendiente, y que muestra no sólo la distancia
entre norma y realidad, cuándo aquella está alineada con la Convención, sino también
las carencias que aún asolan la redacción de las normas, políticas o programas, de
la impronta de igualdad, no discriminación y autonomía que exige la Convención.

La Convención: origen.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad es el marco de derechos humanos
que trata de subvertir la situación de exclusión y
discriminación de las personas con discapacidad
frente a las múltiples barreras que vulneran
sus derechos.
Es por tanto la respuesta en clave internacional y
de derechos humanos a la situación de invisibilidad
y desprotección de las personas con discapacidad.

El nacimiento y origen de la Convención puede
atribuirse a diferentes actores. Precisamente,
desde la perspectiva de derechos humanos y
discapacidad, en el ámbito de Naciones Unidas
hay tres reflexiones clave que señalaron la
necesidad de una convención específica: la de
los dos Relatores Especiales, Leandro Despouy
y Bengt Lindquvist y los resultados del informe
encargado por la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos a Quinn y Degener sobre la
efectividad de los instrumentos de Naciones
Unidas para proteger a las personas con
discapacidad.

El informe Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de
los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad elaborado por Quinn y Degener analizó, precisamente, la insuficiencia
del sistema de tratados para proteger los derechos de las personas con discapacidad,
y apuntó seis argumentos sobre los que apoyaron la necesidad de elaborar una
convención específica en materia de discapacidad, al entender que:
a) Implicaría un avance significativo en la creación de un cuerpo normativo obligatorio
clave para prevenir la discriminación.
b) Legitimaría las peticiones de prestar más atención y recursos en el sistema de
derechos humanos de la ONU, a los gobiernos y otras organizaciones.
(...)

(…)
c) Daría un contenido mayor y más específico a los derechos humanos de las personas con
discapacidad, lo que abriría ámbitos nuevos como el derecho a ser diferente, esencial
en las nuevas áreas que se están abriendo en el campo de la biomedicina y bioética.
d) Otorgaría un instrumento específico a las organizaciones de personas con discapacidad
para la promoción de sus derechos humanos.
e) Sería un catalizador del movimiento global de derechos de las personas con discapacidad.
f) Situaría la discapacidad en la agenda de Naciones Unidas.

La CDPD: Cambio de paradigma.
La Convención, al asumir y defender el modelo de derechos humanos de la
discapacidad, da un giro copernicano: se pasa de asumir como natural la exclusión
debido a la discapacidad, a comprender que ésta debe ser tenida en cuenta para
garantizar los derechos, implica por tanto re-escribir la realidad incorporando la
dimensión de la discapacidad: atendiendo a la deficiencia y eliminando la barrera.

La discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, y siguiendo la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se define como la
interacción entre deficiencia y barrera:
Definición de la Discapacidad de conformidad a la Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad
LIDÓN HERAS, Leonor (2011), La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
¿Por qué una toma de conciencia?: Una propuesta para los medios de comunicación, Ramón Areces,
Madrid, p. 29.

Definida la discapacidad como una interacción, ello significa que la «discapacidad»
no es un atributo de la persona. En ella encontramos la dimensión biológica (la
deficiencia) y la dimensión social (la barrera).
Con esta definición se sitúa y definen dos ámbitos que hasta entonces estaban
unificados en una relación causa-efecto y que justificaba la exclusión de las personas
con discapacidad en ellas y no en la sociedad, así si una persona usuaria de silla de
ruedas no podía entrar en un edificio porque éste tenía escalones, se entendía que
el problema era de la persona, que era ella, su discapacidad la que motivaba que
no pudiera acceder al edificio, y no se miraba las barreras que éste contenía.

Con la definición que da la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, se visualiza la barrera como algo externo y que no
depende ni es consecuencia de la situación de la persona con discapacidad, sino
que es una decisión social que se expresa en la forma en la que configuramos
nuestras sociedades, y que apela, directamente a la dimensión de los derechos
humanos y a los principios de la igualdad, no discriminación y autonomía.
Un autobús con escaleras de acceso es una decisión de diseño, hacerlo con escalones
de entrada implica dejar fuera a parte de la sociedad, hacerlo de piso bajo implica
incluir a todas las personas, y no sólo a las personas con discapacidad con movilidad
reducida, sino también en este mismo caso a personas mayores o bebés en carrito.

Este cambio de enfoque es revolucionario, pues identifica que en la forma en la que
construimos y diseñamos nuestras sociedades generamos inclusión o exclusión. Basta
mirar alrededor en nuestras sociedades y reflexionar sobre como las graves carencias
en accesibilidad y de diseño universal definen un modelo de convivencia que limita
y excepciona los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad.
Una rampa mal diseñada, espacios sin bucles de inducción, entornos web no accesibles,
escaleras sin contraste cromático, documentación sólo en tinta, documentación no
disponible en lectura fácil, información sólo oral, son manifestaciones de configuraciones
sociales discriminatorias por cuanto son barreras que impiden el ejercicio de derechos,
en igualdad de condiciones, a las personas con discapacidad.

Para entender esta situación debe hacerse mención a la propia evolución en la forma
de entender la discapacidad, que puede resumirse en un proceso lento e inconcluso
que está marcado por tres grandes tendencias: las personas con discapacidad que
daban fuera de la sociedad, eran expulsadas, las personas con discapacidad podían
estar en la sociedad pero ésta se diseñaba de espaldas a ellas, y por último, la
discapacidad como eje de inclusión, en la que la sociedad se define y diseña desde
la igualdad, no discriminación y autonomía, pues bien, sólo esta última perspectiva
responde a la dimensión de los derechos humanos que define la Convención.
Y es desde esta perspectiva desde donde hay que plantear el análisis de la realidad
tras diez años de Convención.

2. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA: GRANDES
MAGNITUDES E INDICADORES DE SU GRADO DE INCLUSIÓN SOCIAL.
En cuanto a los datos españoles, el número total de personas con discapacidad asciende
a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población. Las principales cifras facilitadas
por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia
de 2008 (EDAD) muestran la siguiente radiografía:
a) En uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad.
En un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona
que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20% de los hogares españoles.
En 608.000 de estos hogares la persona con discapacidad vive sola.

b) Por sexo, más de 2,30 millones son mujeres frente a 1,55 millones de hombres.
Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de los hombres
en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad inferiores a 44 años las tasas
de los varones superan a las de las mujeres.
c) En España existen 60.400 niños y niñas con limitaciones en edades comprendidas
entre 0 y 5 años, de los que 36.400 son niños y 24.000 niñas; y 78.300 niños y
niñas con algún tipo de discapacidad, entre 6 y 15 años, de los que 50.600 son
niños y 27.000 niñas.

d) Los problemas de movilidad son el primer tipo de discapacidad tanto para
mujeres como para hombres. Los principales grupos de discapacidad de las
personas de seis y más años residentes en hogares son los de movilidad (que
afecta al 6% de la población), vida doméstica (4,9%) y autocuidado (4,3%).
De hecho, más de la mitad de las personas con discapacidad tienen limitaciones
en su actividad debido a alguno de estos tres motivos.
e) Dentro del grupo de movilidad, la restricción de desplazarse fuera del hogar afecta
a dos de cada tres personas con problemas de movilidad.

f) El 74% de las personas con discapacidad afirman tener dificultades para las
actividades básicas de la vida diaria. Del total de personas de seis o más años
con discapacidad, el 74% (2,8 millones) tiene dificultades para realizar las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
La mitad de ellas no pueden realizar alguna de estas actividades si no reciben
ayudas. Por sexo, el 80,3% de las mujeres con discapacidad presentan alguna
restricción en ABVD frente al 64,6% de los hombres.
g) Las deficiencias de articulaciones y huesos causan discapacidad a 1,5 millones de
personas. Las deficiencias más frecuentes en las personas de seis y más años con
discapacidad son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del
oído (un 23,8%), las visuales (un 21,0%) y las mentales (un 19,0%).

h) En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia
es más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia.
Más de un millón de mujeres tienen una discapacidad provocada por una
deficiencia en huesos y articulaciones (el 5,0% de la población femenina).
Le siguen las del oído (2,4%), las visuales (2,3%) y las mentales (1,9%).
i) En el caso de los hombres las principales deficiencias son de huesos y articulaciones
(afectan al 2,0% de los varones), del oído (1,8%), mentales (1,5%) y visuales (1,4%).

Desde la dimensión de inclusión social, la Encuesta de Integración Social y Salud,
que es una operación estadística realizada por el INE con referencia al año 2012,
investiga la interacción entre la condición de salud y la participación social de
la población española, identificando y caracterizando de forma especial a las
personas con discapacidad, muestra que:
a) El 16,7% de la población española de 15 y más años manifiesta algún grado de
limitación en la participación social debido a su condición de salud (de conformidad
la OMS deben considerarse personas con discapacidad). En total, 6.333.670 personas,
de las cuales 3.866.888 son mujeres. En tasas porcentuales la prevalencia es de las
mujeres (20,0%) frente los hombres (13,3%) y, aunque este hecho se observa en todos
los grupos de edad, a partir de los 35 años las diferencias en la prevalencia por sexo
comienzan a ser más significativas. Esta percepción de limitaciones es casi tres veces
mayor a la de las personas sin discapacidad.

b) Las situaciones de participación social en las que más personas con discapacidad
experimentan limitaciones son; el acceso a un empleo adecuado (40,8%), la
movilidad para salir de casa (58,5%) y las actividades de ocio o culturales (69,0%).
c) En relación al empleo, son las personas con discapacidad menores de 65 años
las que manifiestan importantes restricciones para acceder a un empleo adecuado
(60,7% de este grupo de edad).
Los ámbitos con más problemas de participación entre los desempleados son el
acceso al empleo (91,9%), la participación en actividades de ocio y culturales
(82,2%) y el pago de las cosas esenciales (64,7%).
Frente a ellos, las personas empleadas señalan como ámbitos de mayor limitación
la participación en actividades de ocio y culturales (el 77,5% de las personas que
trabajan), el acceso a la formación (56,9%) y a un empleo adecuado (56,2%)

d) Las restricciones para salir de casa la manifiestan un 58,5%, y es matizable según
la edad. Así esta cifra se incrementa al 68,1% en el caso de mayores de 65 años.
Entre las diferentes razones vinculadas a la discapacidad, se cita la falta de
confianza propia o de otras personas (26,9%), la falta de transporte adecuado
(22,3%) y las condiciones del entorno de la vivienda (19,6%). También relacionado
con la discapacidad, por la vinculación entre pobreza y discapacidad, se manifiesta
que los motivos son económicos en un 25,7%.

e) Debe hacerse notar que existen importantes barreras en el uso del transporte público:
la cuarta parte de la población señala barreras para utilizar el transporte público.
Las principales razones de acceso al transporte son de tipo económicas (8,6%) y la
falta de transporte adecuado (7,9%). Los problemas aumentan para los mayores de
74 años (el 40,7% de ese señala alguna restricción) y entre las mujeres (el 46,7%
frente al 31,1% de los hombres). En este caso las principales barreras son la dificultad
para subir y bajar del transporte, los problemas de salud y las limitaciones en las
actividades básicas, y la falta de confianza propia o de otras personas.

f) La accesibilidad de los edificios afecta a una de cada tres personas con discapacidad,
bien al entrar o salir, bien para moverse por el interior, o bien por falta de confianza
propia o de otras personas. Esta proporción aumenta a casi dos de cada tres entre
los mayores de 84 años.
g) Desde una perspectiva de género, las mujeres con discapacidad experimentan en
mayor proporción que los hombres con discapacidad dificultades para salir de casa
(63,7% frente a 50,5%), para utilizar medios de transporte (36,6% frente al 29,9%),
para acceder y moverse por los edificios (36,8% frente a 31,8%) y participar en
acciones formativas (23,6% frente a 20,3%).

h) La participación en actividades de ocio también encuentra barreras y limitaciones,
las principales barreras son económicas (39,6%), la distancia (33,3%), la falta de
confianza en uno mismo o por otras personas o por no tener con quién ir (31,3%),
dificultades de movilidad o acceso a los edificios (30, 1%), falta de transporte
adecuado (25,4%) o falta de información (22, 4%).

i) Desde la dimensión de las ayudas, existe una fuerte percepción de falta de ayudas
a la participación. Para la mitad de las personas con discapacidad, la falta de ayudas
técnicas o personales es una barrera para poder participar en las actividades
cotidianas. Esta circunstancia es más habitual entre las mujeres (53,2%) que entre
los hombres (46,0%). Por grupos de edad, la ausencia de ayudas es indicada por el
41,4% de las personas de 15 a 44 años y el 59,3% de los mayores de 74 años.
Por tipo de ayuda, el 40,9% señala la falta de asistencia personal y el 39,5% de
ayudas técnicas (3 de cada 10 dicen necesitar ambos tipos de ayuda).
j) El 32% de la población con discapacidad sufre riesgo de pobreza, casi 5 puntos por
encima de la población general, además, la pobreza severa afecta a un 14,7% de
la población con discapacidad, frente a un 9,6% de la población sin discapacidad.

Dentro de esta dimensión nacional, también son una referencia obligada para
conocer la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España,
el informe anual sobre Derechos Humanos y Discapacidad15 que elabora el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Sin perjuicio de que estos informes anuales tienen un epígrafe específico en esta
publicación, es interesante resaltar que, de su lectura, se llega a la misma conclusión
que Naciones Unidas expresaba en cuanto a la vulneración de derechos de las personas
con discapacidad en el mundo, y es que, a las personas con discapacidad le son
vulnerados de forma sistemática los siguientes derechos:
a) Derecho a una educación.
b) Derecho a la libertad de movimiento.
c) Derecho a una vida independiente en comunidad.
d) Derecho a un empleo, aun cuando se tenga la debida capacitación.
e) Derecho a acceder a la información.
f) Derecho a la asistencia sanitaria.
g) Derecho al ejercicio de sus derechos políticos, como votar.
h) Derecho a tomar sus propias decisiones.

- Educación.
La ausencia en España de una educación inclusiva de calidad representa uno de
los mayores problemas para los niños y las niñas con discapacidad, así como para
sus padres y familias, hecho que además se produce con una absoluta indefensión
para el niño y la niña y para los padres que desean para ellos una educación inclusiva
de calidad, y, por otra, que tampoco se garantiza la educación inclusiva de calidad para
los niños y las niñas que se encuentran en una escuela ordinaria. Una mayor información
sobre esta realidad se contiene en el apartado relativo a educación en el capítulo IX
relativo a los retos pendientes.

- Pobreza.
Existe una relación directa en pobreza y discapacidad y de la interacción entre ambas:
a mayor pobreza mayor discapacidad y viceversa.
En cuanto a la situación de la infancia con discapacidad, existe un crecimiento de
la inequidad, en este sentido, en 2014 UNICEF destacó que las niñas y niños con
discapacidad, sufren especialmente la carencia de recursos y de oportunidades
para su desarrollo.

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2016/12/BALANCE-1O-CONVENCION.pdf

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