Procesos Constitucionales Perú

Integrantes:
• AGUIRRE LUPUCHE, JAVIER ALFREDO
• CASTILLO CORZO MARIA DE LOS ANGELES
• HUIMAN ROJAS, LUIS JOSSUE SOCRATES
• JARAMILLO ORTIZ MARY ELENA
• PRADO GARCÍA, JHONATAN DUBERLY
• REYES SAAVEDRA, WALTER AMERICO
CURSO:
DERECHOS PROCESAL CONSTITUCIONAL
DOCENTE:
MGTR. FRANK NUÑEZ MORILLAS
SECCIÓN:
E
DISPOSICIONES GENERALES DE
LOS PROCESOS DE HÁBEAS
CORPUS, AMPARO, HABEAS
DATA Y CUMPLIMIENTO.

DISPOSICIONES GENERALES
DE LOS PROCESOS DE HÁBEAS
CORPUS, AMPARO, HABEAS
DATA Y CUMPLIMIENTO.
Art.01 FINALIDAD
DE LOS PROCESOS
Art.02 PROCEDENCIA
Art.04 PROCEDENCIA RESPECTO DE
RESOLUCIONES JUDICIALES
Art.06 CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA
Art.03 PROCEDENCIA FRENTE A
ACTOS BASADOS EN NORMAS
CONTENIDO

DE LOS PROCESOS DE
HÁBEAS CORPUS
El primer proceso constitucional introducido en el
Perú fue el hábeas corpus (1897). En este período, el
hábeas corpus se circunscribió a ser un mecanismo
de defensa de la libertad personal (leyes de octubre
de 1897 y de septiembre de 1916, Constitución de
1920 y Código de Procedimientos en materia
Criminal del mismo año).
Con la Constitución de 1933, el hábeas
corpus amplió su ámbito de protección a
todos los derechos individuales y sociales.
Este proceso fue regulado por el Código
de Procedimientos Penales de 1940 y por
el Decreto Ley 17083 de octubre de 1968.
De esta manera, se establecieron dos vías
distintas para su tramitación: (i) la penal,
para la defensa de la libertad personal, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de
tránsito; y, (ii) la civil, para los demás
derechos fundamentales.

DE LOS PROCESOS DE
AMPARO
En el Perú, es el proceso constitucional más
utilizado y de los más importantes. Este adquiere
rango constitucional en la Constitución de 1979,
vigente en 1980, y se mantiene en la Carta de 1993.
Con el ingreso del régimen democrático, en julio de
1980, luego de doce años de gobierno militar, se
apreció la falta de una adecuada regulación que
garantice una tutela judicial efectiva de los derechos
fundamentales.
En esos momentos se aplicaba el procedimiento
establecido para el denominado “hábeas corpus
civil”. Frente a esta situación, la Ley 23506, Ley
de Hábeas Corpus y Amparo (7 de diciembre de
1982) estableció un camino procesal
teóricamente ágil y expeditivo, cuyo desarrollo
en la vida cotidiana presentó serias limitaciones.
Dicha ley permaneció en vigencia hasta el 30 de
noviembre de 2004, pues desde diciembre de ese
año empezó a regir el nuevo Código Procesal
Constitucional, aprobado por la Ley 28237,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el
31 de mayo de 2004.

DE LOS PROCESOS DE
HÁBEAS DATA
En algunos países se reconoce al habeas data como
un derecho. Verbigracia Colombia: “habeas data se
traduce en la facultad que tienen las personas para
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas” (C-877-
2005)
En otros como un derecho o un remedio.
Ejemplo. Brasil (doctrina y jurisprudencia)
En otros, se conocía como un recurso.
Ejemplo, Bolivia, artículo 23 de la Const.
de 1995.
En otros, como una acción. Ejemplo,
Argentina, artículo 43 de la Constitución
de 1994. Bolivia, artículo 202, numeral 6,
de la Constitución de 2009 (acción de
protección de privacidad).

Artículo 200, inciso 3, de la Constitución de
1993: Son garantías constitucionales: “La
Acción de Hábeas Data, que procede contra
el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera
o amenaza los derechos a que se refiere el
artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.”
En Perú inicialmente como una
garantía constitucional y como
acción; y, actualmente, como un
proceso constitucional.

Artículo 2 de la Constitución Política del Perú:
Toda persona tiene derecho:
Inciso 5°: A solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que
suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
que afectan la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de
seguridad nacional.
Inciso 6°: A que los servicios informáticos,
computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad
personal y familiar.

DE LOS PROCESOS DE
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
La doctrina, por su parte, resalta que no se trata de
un auténtico “proceso constitucional”, e incluso
preferiría que no hubiera sido incorporado en el
Código Procesal Constitucional. Finalmente, no ha
convocado del Tribunal Constitucional la misma
atención y dedicación que sí han merecido otros
procesos constitucionales.
Debido a que el proceso de cumplimiento
fue reconocido en la Constitución como
una “garantía constitucional”, al igual que
los procesos constitucionales de hábeas
corpus, amparo, hábeas data,
inconstitucionalidad y de competencia –
todos ellos destinados a cautelar bienes de
naturaleza constitucional– podría
entenderse que el de cumplimiento es
igualmente un “proceso constitucional”,
entendido como uno que resuelve
“controversias constitucionales”.

Artículo 1.- Finalidad de los Procesos (CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL LEY Nº 28237)
Los procesos a los que se refiere
el presente título tienen por
finalidad proteger los derechos
constitucionales, reponiendo las
cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación
de un derecho constitucional, o
disponiendo el cumplimiento de
un mandato legal o de un acto
administrativo.
FINALIDAD DE LOS PROCESOS
Si luego de presentada la demanda cesa la
agresión o amenaza por decisión voluntaria
del agresor, o si ella deviene en irreparable, el
Juez, atendiendo al agravio producido,
declarará fundada la demanda precisando los
alcances de su decisión, disponiendo que el
emplazado no vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que motivaron la
interposición de la demanda, y que si
procediere de modo contrario se le aplicarán
las medidas coercitivas previstas en el
artículo 22 del presente Código, sin perjuicio
de la responsabilidad penal que corresponda.

DOCTRINA
Este Título I se refiere a las disposiciones que son
igualmente predicables del amparo, del hábeas
corpus, del hábeas data y de la acción de
cumplimiento. Como ya se dijo anteriormente, no
todas las garantías constitucionales recogidas en el
artículo 200 CP se definen por su directa protección
a los derechos constitucionales. Las que sí lo hacen
son: el amparo, el hábeas corpus y el hábeas data.
La acción de inconstitucionalidad y la acción
popular (a las que no se referirán las normas de
este artículo 1 CPConst.), en todo caso, sólo
indirectamente podrán favorecer la protección de
un derecho constitucional. La acción de
cumplimiento, como ya se adelantó, en ningún
caso tiene por virtualidad la defensa de un
contenido estrictamente constitucional.

Sin embargo, el Código Procesal
Constitucional atribuye tanto a las
garantías de amparo, hábeas
corpus, hábeas data y de
cumplimiento, una misma
finalidad: la protección de
derechos constitucionales
(artículo 1 CPConst.). Atribución
que, en buena cuenta, viene a ser
la especificación de la finalidad
que de manera general se recoge
en el artículo II del Título
Preliminar del Código procesal
Constitucional.
Para las tres primeras
mencionadas garantías
constitucionales, la protección
se logrará reponiendo las cosas
al estado anterior a la violación
o amenaza de violación de un
derecho constitucional. Para la
acción de cumplimiento, la
defensa se llevará a cabo
disponiendo el cumplimiento
del mandato legal o del acto
administrativo incumplido.

El segundo elemento que conforma la finalidad de los procesos
constitucionales de amparo, hábeas corpus y hábeas data según
el artículo 1 Código Procesal Constitucional, es el referido a la
naturaleza restitutoria del fin que persigue los referidos procesos
constitucionales. La finalidad de los procesos constitucionales
que ahora se comentan es preservar la integridad del derecho
constitucional y, consecuentemente, hacer cesar de modo rápido
toda situación de restricción, sacrificio o violación que pudieran
sufrir en su contenido jurídico los derechos con rango
constitucional.
Esta finalidad restitutoria predicada del hábeas data necesita de
una pequeña precisión. La finalidad de reposición de las cosas al
estado anterior es admisible siempre y cuando se interprete como
que el objeto de este proceso constitucional es el cese de la
amenaza o de la violación efectiva de los derechos que garantiza
este proceso constitucional.

La empresa Corporación Nano S.A. solicita a la
Municipalidad Distrital de la Victoria se le
informe si se le ha requerido por vía
administrativa o coactiva el pago de tributos
municipales dejados de pagar. El municipio
demandado aduce haber dado respuesta a la
solicitud de información. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional, al constatar que dicha respuesta
se dirigió a una dirección distinta a la señalada
por el solicitante, declara fundada la demanda en
aplicación del artículo 1° del Código Procesal
Constitucional; condenando además a la entidad
demandada al pago de costos procesales.
(03103-2013-PHD/TC)
Con respecto al presente caso, las vulneraciones del
derecho al acceso a la información pública pueden
clasificarse en dos tipos: por omisión, cuando la solicitud
no es contestada; y por acción, cuando se niega arbitraria
y expresamente la información solicitada o se condiciona
la entrega de la información a un pago desproporcionado.
La recurrente aduce que mediante carta notarial remitida
a la demandada el 30 de diciembre de 2009, le solicitó
que le informara por los siguientes puntos: si respecto a
los arbitrios municipales correspondientes al año 2005, le
requirió su pago en vía administrativa o coactiva; si
respecto a los intereses moratorios generados a partir del
día 06 de febrero de 2004 debido a la mora en el pago de
tributos municipales, le requirió su pago en la vía
administrativa o coactiva. Por lo que esta afirma que no
recibió respuesta alguna a su pedido.
COMENTARIO

El demandante solicita a la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)
copia digital a través de CD del Expediente N.º
26545-2007, invocando la violación de su
derecho de acceso a la información pública. En
primera instancia se declara fundada la
demanda, pero en segunda instancia es revocada
y declarada improcedente al considerar que ha
operado la sustracción de la materia. El Tribunal
Constitucional, aclarando que el derecho
vulnerado es el de autodeterminación
informativa, declara fundada la demanda
aplicando el artículo 1° del Código Procesal
Constitucional pues, si bien el demandado
entregó la información solicitada, la entrega fue
extemporánea y posterior a la interposición de la
demanda.
(01551-2014-PHD/TC)
Se aprecia del Oficio N.º 020-2013-0MR/SUNASS-
TRUJILLO (Cfr. fojas 19) que la emplazada atendió el
pedido de la actora con fecha 11 de abril de 2013, esto es,
de forma notoriamente extemporánea (dado que el
requerimiento de información fue realizado el 18 de
diciembre de 2012), reconociendo entonces que sí
contaba con la información requerida, hecho por el cual
se evidencia que la respuesta que otorgó al demandante
a través del Oficio N.º 043-2012-0MR/SUNASS-
TRUJILLO lesionó su derecho a la autodeterminación
informativa. Por lo tanto y pese a que, luego de
presentada la demanda, el acto lesivo ha cesado por
decisión de la propia emplazada, ello no enerva la
conculcación del derecho fundamental a la
autodeterminación informativa del recurrente, en virtud
de lo cual resulta aplicable el segundo párrafo del
artículo 1º del Código Procesal Constitucional.
COMENTARIO

Artículo 1.- Finalidad de los procesos (NUEVO CÓDIGO
Los procesos a los que se refiere
el presente título tienen por
constitucionales, reponiendo las
cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación
de un derecho constitucional, o
disponiendo el cumplimiento de
un mandato legal o de un acto
administrativo.
FINALIDAD DE LOS PROCESOS
Si luego de presentada la demanda, cesa la
agresión o amenaza por decisión voluntaria
del agresor, o si ella deviene en irreparable, el
juez, atendiendo al agravio producido,
declarará fundada la demanda precisando los
alcances de su decisión, disponiendo que el
emplazado no vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que motivaron la
interposición de la demanda, y que si
procediere de modo contrario se le aplicarán
las medidas coercitivas previstas en el
artículo 27 del presente código, sin perjuicio
de las responsabilidades que correspondan.

DOCTRINA
● El artículo 1° del Nuevo Código Procesal
Constitucional Ley Nº 31307 precisa que
los procesos constitucionales tienen como
constitucionales individuales o colectivos.
● Sin embargo, omite regular el amparo
colectivo y no hace referencia a los
derechos difusos.
● Además, elimina la precisión de
"responsabilidad penal", modificándolo al
término general de "responsabilidades que
correspondan".

Artículo 2.- Procedencia (CÓDIGO PROCESAL
CONSTITUCIONAL LEY Nº 28237)
PROCEDENCIA
Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y
hábeas data proceden cuando se amenace o viole los
derechos constitucionales por acción u omisión de actos de
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de
violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización. El
proceso de cumplimiento procede para que se acate una
norma legal o se ejecute un acto administrativo.

DOCTRINA
Los procesos constitucionales proceden por
agresión a los derechos constitucionales; y estas
agresiones pueden tomar la forma de violación
efectiva o amenaza cierta e inminente. Uno u otro
tipo de agresión puede ser producida por acción u
omisión de actos de cumplimiento obligatorio.
Estas agresiones, debe tenerse siempre presente,
pueden ser cometidas tanto por el poder político
como por los particulares.
Esto es predicable únicamente de los procesos
constitucionales que tienen por finalidad directa la
protección de derechos constitucionales. Como ya
se dijo, el proceso de cumplimiento no encaja bien
dentro de la lógica que anima al amparo, al hábeas
corpus y al hábeas data.

Esto viene plenamente
confirmado ahora, cuando en la
última parte del artículo 2
CPConst. se dispone que la
procedencia de este proceso
constitucional se configura al
margen de cualquier derecho
constitucional. Para que proceda
la acción de cumplimiento se
necesita simplemente la renuencia
del funcionario o autoridad
pública para cumplir con una
norma o con un acto
administrativo.
La virtualidad de la garantía ante
estas situaciones es no sólo evitar que
la situación de amenaza llegue a
convertirse en una violación efectiva,
sino en hacer desaparecer la amenaza
misma por constituir ésta, en cuanto
tal, un impedimento al pleno ejercicio
de los derechos constitucionales
amenazados. Por eso acierta el
Tribunal Constitucional cuando
manifiesta que en los casos de
amenaza de un derecho constitucional
“la finalidad de los procesos
constitucionales es evitar que la
situación de amenaza llegue a
convertirse en una violación efectiva,
y, además, hacerla desaparecer.”

El Tribunal Constitucional ha tenido
oportunidad de pronunciarse en varios casos
sobre la situación de amenaza de derechos
constitucionales pasible de ser atendida por
la vía de los procesos constitucionales, ya sea
para declarar fundada la acción por
verdadera configuración de amenaza de un
derecho constitucional, como para declarar la
no configuración de la misma.
JURISPRUDENCIA En lo referido al primer grupo de casos, se ha de
mencionar la acción de amparo incoada por Víctor
Falen Peña contra la Municipalidad provincial de
Chiclayo con la finalidad de que se deje sin efecto la
Resolución de ejecución coactiva que la demandada
había emitido contra el demandante por concepto de
impuesto predial y de arbitrios por limpieza pública, y
se declare inaplicable el pago de la correspondiente
deuda tributaria. En este caso el Tribunal
Constitucional declaró fundada la demanda, entre otras
razones, porque la prosecución de la cobranza coactiva
constituye una evidente amenaza al derecho de
propiedad del recurrente. (EXP. N.º 1264–2002–AA/TC,
de 6 de diciembre de 2002, f. j. 5.)

El caso de la demanda de amparo presentada
por Marcial Huiman Aguilar contra el Rector
de la Universidad nacional de Trujillo
buscando la inaplicación de una Resolución
rectoral del 19 de junio del 2001 por la que se
pretendía cesarlo por edad (cumplía años el
24 del mismo mes), cese supeditado a la
culminación de labores en el semestre
académico (lo que ocurriría en la primera
semana de agosto del 2001).
JURISPRUDENCIA El pretendido cese por edad no podía proceder por
así disponerlo el artículo 52.g de la Ley
universitaria, por lo cual el Tribunal
Constitucional manifestó que “queda claro que al
no haberse dejado sin efecto la cuestionada
Resolución Rectoral Nº 1293–2001/UNT, se
encuentra latente un estado de amenaza que no
sólo es cierta, por provenir de una resolución
administrativa vigente, sino de inminente
realización, por existir peligro de ejecutarse en
cualquier momento.” (EXP. N.º 0560–2002–
AA/TC, de 5 de diciembre de 2002, f. j. 2.)

El Tribunal Constitucional declaró que «en
cuanto a las llamadas telefónicas a través de las
cuales se amenazaría con detener a los
recurrentes, según afirman, este Tribunal
considera que no se han dado los supuestos para
que se configure una situación que constituya
amenaza a la libertad personal que haga
procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir,
tal y como lo consagra el artículo 4º de la Ley Nº
25398 se necesita que ésta sea cierta y de
inminente realización; se requiere que la
amenaza sea conocida como verdadera, segura e
indubitable, que se manifieste con actos o
palabras que no dejen duda alguna de su
ejecución y propósito de inminente y posible,
esto es, que no deje duda sobre su ejecución en
un plazo inmediato y previsible» (EXP. N.º 0399–
1996–HC/TC, de 4 de noviembre de 1996, f. j. 4.)
(03103-2013-PHD/TC)
Otros supuestos de invocación de amenaza de
derechos constitucionales no aceptados por el
Tribunal Constitucional, fueron la demanda de
amparo interpuesta por Héctor Jerónimo Falcón
contra el Rector de la Universidad nacional
Federico Villarreal, en el que el demandante
invoca que existía el peligro de no llegar a
obtener su título profesional por una serie de
represalias tomadas contra él por haber
denunciado a uno de los profesores por
abandono de cátedra. (EXP. N.º 0765–2000–
AA/TC, de 22 de diciembre de 2002, f. j. 2.)

Artículo 3.- Procedencia frente a
actos basados en normas (CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL
LEY Nº 28237)
Cuando se invoque la amenaza o
violación de actos que tienen como
sustento la aplicación de una norma
autoaplicativa incompatible con la
Constitución, la sentencia que
declare fundada la demanda
dispondrá, además, la
inaplicabilidad de la citada norma.
Son normas autoaplicativas, aquellas
cuya aplicabilidad, una vez que han
entrado en vigencia, resulta
inmediata e incondicionada.
PROCEDENCIA FRENTE AACTOS BASADOS EN NORMAS
Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en
aplicación del control difuso de la constitucionalidad de
las normas, serán elevadas en consulta a la Sala
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de
la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente
las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que
se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas
no proceda medio impugnatorio alguno.
En todos estos casos, los Jueces se limitan a declarar la
inaplicación de la norma por incompatibilidad
inconstitucional, para el caso concreto, sin afectar su
vigencia, realizando interpretación constitucional,
conforme a la forma y modo que la Constitución
establece.
Cuando se trata de normas de menor jerarquía, rige el
mismo principio, no requiriéndose la elevación en
consulta, sin perjuicio del proceso de acción popular. La
consulta a que hace alusión el presente artículo se hace en
interés de la ley."

DOCTRINA
En la Constitución Política están recogidos los dos
más importantes sistemas de control de la
constitucionalidad de las leyes, el control
concentrado y el control difuso. El denominado
control difuso consiste en darles a todos los jueces
del aparato judicial, no sólo la facultad, sino
también la obligación de que, en los casos que
resuelvan, den preferencia a la norma
constitucional antes que a la norma legal. Así, si
consideran que es inconstitucional la norma con
base en la cual tendrán que resolver un concreto
litigio, deberán inaplicarla; aun cuando ninguna de
las partes hubiese alegado la inconstitucionalidad
en el proceso mismo.

El Tribunal Constitucional ha
tenido oportunidad de manifestarse
acerca de este tipo de control de la
constitucionalidad, y ha dicho que
“El control difuso de la
constitucionalidad de las normas
constituye un poder–deber del Juez
al que el artículo 138º de la
Constitución habilita en cuanto
mecanismo para preservar el
principio de supremacía
constitucional y, en general, el
principio de jerarquía de las normas
enunciado en el artículo 51º de
nuestra norma fundamental.
El control difuso es un acto
complejo en la medida en
que significa preterir la
aplicación de una norma
cuya validez, en principio,
resulta beneficiada de la
presunción de legitimidad
de las normas del Estado.”
(EXP. N.º 1383–2001–
AA/TC, citado, f. j. 16.)

Se solicita a Megatrack S.A.C. se abstenga de
suministrar a favor del Ministerio de la
Producción los datos, reportes e información
provenientes del Sistema de Seguimiento
Satelital; así como de declarar inaplicables el
numeral 115.2 del artículo 115º y el segundo
párrafo del artículo 116º del Reglamento de la
Ley General de Pesca.
Invoca la vulneración de sus derechos
constitucionales al secreto de las
comunicaciones, a la intimidad personal, entre
otros. En primera instancia se declara
improcedente la demanda, por considerar que la
demandante, al ser una persona jurídica, no
puede verse afectada su intimidad personal o
familiar.
(04739-2007-PHD/TC)
De acuerdo con el artículo 3 del Código Procesal
Constitucional, se consideran normas autoaplicativas
aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado
en vigencia, resulta inmediata e incondicionada; es
decir, tienen eficacia inmediata ya que no se
encuentran sujetas a la realización de actos
posteriores de aplicación o a una eventual
reglamentación legislativa, sino que la adquieren al
mismo momento de entrar en vigencia.
En ese sentido, procede la inaplicabilidad de una
norma autoaplicativa en un caso concreto cuando la
misma invoque la afectación directa de derechos
subjetivos constitucionales, es decir, una norma cuya
aplicación al caso concreto resulta incompatible con
la Constitución.
COMENTARIO

Se solicita al Ministerio de la Producción se
abstenga de suministrar a asociaciones, gremios
pesqueros y/o cualquier tercero, sin previo
permiso o autorización expresa, los datos,
reportes e información proveniente del Sistema
de Seguimiento Satelital relativos a sus
embarcaciones pesqueras; así como declarar
inaplicables el numeral 115.2 del artículo 115º, y
el segundo párrafo del artículo 116º del
Reglamento de la Ley General de Pesca.
En primera y segunda instancia se declara
infundada la demanda. El Tribunal declara
infundada la demanda considera que no se está
violentando el derecho constitucional a la
autodeterminación informativa de la recurrente,
por cuanto los datos objeto de difusión por parte
del Ministerio de la Producción no tienen el
carácter de sensible ni privado.
(04670-2007-PHD/TC)
Con fecha 26 de junio del 2006 la recurrente
debidamente representada por doña Laila Fátima
Gaber Boschiazzo, interpone demanda de hábeas
data contra el Ministerio de la Producción, a fin de
que se abstenga de suministrar a asociaciones,
gremios pesqueros y/o cualquier tercero, sin su
permiso o autorización expresa, los datos, reportes e
información individualizada proveniente del Sistema
de Seguimiento Satelital (SISESAT).
En ese sentido, procede la inaplicabilidad de una
norma autoaplicativa en un caso concreto cuando la
misma suponga la afectación directa de derechos
subjetivos constitucionales, es decir, una norma cuya
aplicación al caso concreto resulta incompatible con
la Constitución.
COMENTARIO

Artículo 8. Procedencia frente a actos lesivos basados en normas
(NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL LEY Nº 31307)
Cuando se invoque la amenaza o
violación de actos que tienen
como sustento la aplicación de
una norma incompatible con la
Constitución, la sentencia que
declare fundada la demanda
dispondrá, además, la
inaplicabilidad de la citada
norma
PROCEDENCIA FRENTE AACTOS BASADOS EN NORMAS
COMENTARIO:
El artículo 8 realiza una importante
modificación respecto a la procedencia de
los procesos constitucionales frente a actos
lesivos basados en normas al eliminar el
requisito de que las normas tengan
carácter autoaplicativo para el
cuestionamiento de dichos actos.

Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales (CÓDIGO
El amparo procede respecto de
resoluciones judiciales firmes dictadas
con manifiesto agravio a la tutela
procesal efectiva, que comprende el
acceso a la justicia y el debido
proceso. Es improcedente cuando el
agraviado dejó consentir la resolución
que dice afectarlo.
El habeas corpus procede cuando una
resolución judicial firme vulnera en
forma manifiesta la libertad individual
y la tutela procesal efectiva.
PROCEDENCIA RESPECTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella
situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de
libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de
defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en
el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada ni sometido a procedimientos
distintos de los previstos por la ley, a la obtención
de una resolución fundada en derecho, a acceder
a los medios impugnatorios regulados, a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de
las resoluciones judiciales y a la observancia del
principio de legalidad procesal penal.

DOCTRINA
En el artículo 4, se ha empleado la expresión
“tutela procesal efectiva” para hacer referencia
a la exigencia de justicia antes referida y
justificada. De modo general, es posible
sostener que es una expresión desafortunada
porque pareciera hacer alusión solamente a la
dimensión procesal del debido proceso,
olvidando su dimensión sustantiva, la cual es
reconocida –como luego se justificará- en el
tercer párrafo del mencionado art. 9 del Nuevo
Código Procesal Constitucional.

En dicho artículo se ha hecho
mención expresa solamente al
amparo y al hábeas corpus como
procesos constitucionales en defensa
de la exigencia de justicia o derecho
fundamental al debido proceso. La
vulneración de este derecho
fundamental normalmente acarrea la
vulneración de otros derechos
fundamentales. Cuando solo se
vulnera el debido proceso la defensa
correrá por cuenta del amparo
constitucional; cuando se vulnera
otros derechos fundamentales, la
regla general es que la defensa
constitucional dependerá del
adicional derecho fundamental
agredido.
En el tercer párrafo del artículo 4
CPConst., se ha recogido una lista
enunciativa de las garantías que
se han de cumplir para reconocer
a un proceso como debido, es
decir, como justo. Todos estamos
de acuerdo en que tal listado es
enunciativo y que recoge las
garantías o aseguramientos de
naturaleza procesal o formal del
debido proceso. Pero no todos
reconocen, por lo menos el
Tribunal Constitucional no, que
también están recogidas las
garantías sustantivas o materiales.
Conviene preguntarse si es
posible sostener que la dimensión
material del debido proceso
también se ha recogido en esta
disposición legal.

Se solicita al alcalde de la Municipalidad
Provincial de Nasca copias de documentos
(contratos, órdenes de pago, informes de
servicios y recibos por honorarios) suscritos en el
ejercicio de sus funciones. En primera instancia
se declara fundada la demanda. En segunda
instancia se revoca esta decisión declarándola
improcedente, por estimarse que no se ha
cumplido con agotar la via previa al no reclamar
nuevamente ante la falta de respuesta.
(00554-2010-PHD/TC) Con fecha 21 de julio de 2009, don Julio Óscar
Elías Lucana interpone demanda de hábeas data
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Nasca, don Daniel Osvaldo Mantilla Bendezú, con
la finalidad de que se ordene la entrega de
fotocopias autenticadas de los siguientes
documentos correspondientes al mes de mayo de
2009, suscritos por el demandado en ejercicio de
su cargo. Aduce que se ha vulnerado su derecho
constitucional de acceso a la información pública,
toda vez que el emplazado no ha dado respuesta a
su pedido dentro del plazo de diez días hábiles
establecido en el artículo 62º del Código Procesal
Constitucional.
COMENTARIO

Artículo 5.- Causales de improcedencia (CÓDIGO PROCESAL
No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;
2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección
del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de
hábeas corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela
respecto de su derecho constitucional;
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en
el proceso de hábeas corpus;
5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho
constitucional o se ha convertido en irreparable;
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o
haya litispendencia;
7. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la
Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales,
siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa
audiencia al interesado;
8. (*) Numeral declarado inconstitucional por el Resolutivo 1 del Pleno
Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Expediente Nº 00007-2007-PI-TC,
publicado el 22 junio 2007.
9. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los
conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades sean poderes del
Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y
regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes;
10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso
de hábeas corpus.

Artículo 7. Causales de improcedencia (NUEVO CÓDIGO PROCESAL
No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando
se trate del proceso de habeas corpus.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir
tutela respecto de su derecho constitucional.
4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este
código y en el proceso de habeas corpus.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

5. Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso
constitucional.
6. Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del
Estado o de entidades de la administración pública entre sí. Tampoco procede
entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por un gobierno
local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la controversia se
tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia,
según corresponda.
7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso
de habeas corpus.

DOCTRINA
La nueva ley elimina el numeral 5 "a la
presentación de la demanda ha cesado la
amenaza o violación de un derecho
constitucional o se ha convertido en
irreparable" y el numeral 7 "se cuestionen las
resoluciones definitivas del Consejo Nacional
de la Magistratura en materia de destitución y
ratificación de jueces y fiscales, siempre que
dichas resoluciones hayan sido motivadas y
dictadas con previa audiencia al interesado"
del artículo 5° del Código Procesal
Constitucional.; y modifica la redacción del
numeral 9 de dicha norma.

Código Procesal Constitucional
Ley Nº 28237
Nuevo Código Procesal Constitucional Ley Nº 31307
9. Se trate de conflictos entre entidades de
derecho público interno. Los conflictos
constitucionales surgidos entre dichas entidades,
sean poderes del Estado, órganos de nivel o
relevancia constitucional, gobiernos locales y
regionales, serán resueltos por las vías
procedimentales correspondientes.
6. Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los
poderes del Estado o de entidades de la administración
pública entre sí. Tampoco procede entre los gobiernos
regionales, locales, o de ellos entre sí ni contra el Poder
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial
interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública
alguna. En estos casos, la controversia se tramita por la vía
de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia,
según corresponda.

La Asociación de Vivienda Pachacutec solicita a la
Empresa Eléctrica Hidrandina S.A. la lista de
personas que han solicitado la instalación de
medidores eléctricos en los terrenos de
titularidad de los posesionarios pertenecientes a
la asociación. El Tribunal Constitucional, al igual
que las instancias anteriores, rechaza la demanda
al considerar que las personas jurídicas privadas
que brinden servicios públicos solamente están
obligadas a suministrar información sobre a)
características de los servicios públicos que
prestan; b) sus tarifas; y, c) funciones
administrativas que ejercen.
(03029-2012-PHD/TC)
En el presente caso, pese a que la emplazada
brinda el servicio público de electricidad y que
por lo tanto se encuentra obligada a dar
información relacionada con los supuestos
mencionados anteriormente, el pedido de
información requerido por la Asociación
demandante no cae en ninguno de ellos, pues
tanto el listado de personas que habrían
presentado su constancia de posesión a la
emplazada como el listado de personas que
habrían solicitado la instalación de cajas y
medidores de luz eléctrica no se relacionan con
la prestación del referido servicio público.
COMENTARIO

CONCLUSIONES
Las reformas legales introducidas por el Código Procesal
Constitucional nos parecen importantes, más no suficientes. Se
requiere de un sistema de justicia especializado, autónomo y
creativo que garantice la tutela efectiva de los derechos humanos.
Para ello, la reforma del Poder Judicial resulta un elemento
crucial, que hasta ahora sigue siendo un tema pendiente.
El proceso de cumplimiento no ha tenido la suerte de otros
procesos constitucionales. En efecto, fue incorporado en la
Constitución casi de casualidad y sin mayor debate. Asimismo, no
obstante ser un “proceso constitucional”, en su seno se discuten
asuntos carentes de relevancia constitucional. Su objeto protegido
es compartido con un proceso tan importante y prestigioso como
el contencioso-administrativo.

CONCLUSIONES
Cuando se trata de un proceso constitucional contra resolución
judicial, está presente un elemento singular: la demanda
constitucional es dirigida contra una resolución que, como regla
general, no se ejecuta a la espera de lo que resulte precisamente
en el proceso constitucional que se inicia. Y más, aún, habrá que
esperar a que lo resuelto en ese proceso constitucional no sea
objeto a su vez de otro proceso constitucional.
El proceso de amparo procederá contra una sentencia expedida por la
jurisdicción ordinaria (Poder Judicial) siempre que se invoque la
violación de la tutela procesal efectiva, el derecho de acceso a la justicia
o el debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional,
estableció que el amparo contra resoluciones judiciales también
procede cuando se viole cualquier otro derecho constitucional, además
de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso.

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