Los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que están siendo acusados por el uso irregular de tarjetas de crédito están preparando su defensa legal con la ayuda de un prestigioso exmagistrado. Algunos de ellos han contratado costosos bufetes de abogados que podrían ser pagados por una póliza de seguro suscrita por los bancos. Dicha póliza cubriría los gastos legales de los más de 80 consejeros acusados de usar indebidamente las tarjetas black.

1. DEFIENDEN SU INOCENCIA
EL CONFIDENCIAL (12/10/2014)
Consejeros de Bankia atacan: defienden su inocencia con un ex superjuez del supremo
Los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que se sienten traicionados
por la nueva dirección del banco y por el ministro de Economía, Luís de Guindos, no se
van a quedar de brazos cruzados, pese a la condena social que ya han recibido por el uso
irregular de las tarjetas de crédito. Varios de los afectados han pedido un informe a un
prestigioso exmagistrado del Tribunal Supremo para preparar su defensa legal.
Según informan fuentes próximas a algunos de los consejeros de Bankia que han sido
acusados de gastar dinero de la entidad financiera para disfrute personal han pedido
asesoramiento jurídico a Enrique Bacigalupo, un ex juez de la Sala Segunda de lo
Penal del Alto Tribunal, organismo en que practicó la judicatura entre 1987 y 2011.
Enrique Bacigalupo.
Las mismas fuentes esperan que el primer documento de defensa lo tenga el
magistrado la próxima semana. Pero las primeras conclusiones señalan que en Caja
Madrid había dos tipos de tarjetas, unas calificadas como black, totalmente
fraudulentas, y otras completamente legales, aprobadas por el consejo de
administración en 1988. El informe preliminar sostiene que estas segundas, junto con
las dietas, constituían las retribuciones de los consejeros, que las podían utilizar
libremente.
“Las tarjetas de los consejeros no eran opacas ni fantasmas”, aseveran fuentes
próximas a los acusados de Bankia. Defienden que estaban “registradas y contabilizadas
en las cuentas de Gastos de órganos de gobierno” y, en consecuencia, sometidas a la
revisión de la auditoría interna, de la externa -la que hacía Deloitte- y la supervisión del
Banco de España.
Este es el motivo por el que varios consejeros y directivos no han devuelto el dinero
gastado con las tarjetas que si consideraban oficiales. Por ello, además, acusan a Caja
Madrid de no haber hecho las retenciones a cuenta del IRPF sobre la totalidad de
las retribuciones, ya que desde el punto de vista fiscal es el pagador el que debe de
comunicarlo a la Agencia Tributaria. Se trata de una retribución más como la de un
empleado cualquiera.
Más aún, exponen que los servicios técnicos de la entidad financiera entregaban a los
consejeros los certificados de ingresos y retenciones, sin especificar los conceptos, para
que ellos hicieran posteriormente sus declaraciones de Hacienda. El borrador argumenta
que los miembros del consejo de administración no elaboraban los citados certificados y
que entendían que eran acordes a la normativa fiscal, puesto que habían sido realizados
por los especialistas de Caja Madrid.

2. Los consejeros y directivos tenedores de tarjetas acusan a Caja Madrid de no haber
hecho las retenciones sobre la totalidad de las retribuciones, ya que desde el punto de
vista fiscal es el pagador el que debe comunicarlo a la Agencia Tributaria
Las mismas fuentes no han querido identificar a los consejeros que han solicitados
los servicios de Enrique Bacigalupo, un experto que llevó entre otras casos mediáticos
el de Filesa, el de la financiación ilegal del PSOE, y el de Sogecable contra el juez
Javier Gómez de Liaño. Después de dejar el Tribunal Supremo en 2011, el magistrado
se incorporó al despacho internacional DLA Piper, el mayor del mundo, y
posteriormente a Olswang yA25 Economistas y Abogados. Su hijo, Mariano
Bacigalupo, es también un reconocido jurista que trabaja en Tornos Asociados.
Aunque prefieren mantener en el anonimato a los consejeros, la argumentación se
asemeja mucho a la que Juan Iranzo, uno de los beneficiarios de las tarjetas
presuntamente oficiales, ha hecho en el consejo de Red Eléctrica para defender su
inocencia y no dimitir. José Antonio Moral Santín, el consejero que más dinero
gastó -456.522 euros- está entre los clientes de Bacigalupo, junto con Estanislao
Rodríguez Ponga.
VOZPOPULI (14/10/2014)
La e s t rat egia d e l os imput ados por l as t ar je t as : guardar s i l enc i o
ant e l as acusac i one s
Rodrigo Rato pretende responsabilizar al equipo anterior, alegando que dio
continuidad a un "estado de cosas preexistente". Desde el anterior equipo,
Sánchez-Barcoj responsabilizará a su superior, Miguel Blesa, de la concesión y
fijación de límites de crédito. Blesa guardará silencio ante las preguntas de las
acusaciones y sólo responderá al Ministerio Público.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y su número dos, el director general de
la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj, así como el ex presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, han diseñado ya su estrategia judicial de cara a la citación del juez Andreu el
próximo jueves para que expliquen el caso de las tarjetas opacas. El problema de sus
defensas es que los tres llegan a la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional,
Fernando Andreu, con tres defensas enfrentadas, según revelan fuentes de los equipos
jurídicos de la causa.
Rodrigo Rato tiene previsto responsabilizar a sus antecesores alegando
desconocimiento durante su etapa de mandato en Bankia. Para ello, sus abogados
pretenden incorporar a la causa un dictamen jurídico encargado por la propia Bankia al
bufete Herbert Smith Freehills en el que se argumenta que los 245.200 euros que se
pagaron durante la presidencia del ex ministro de Economía del PP a 20 directivos entre
enero de 2011 y mayo de 2012 no son responsabilidad de Rodrigo Rato y su equipo sino
de “un estado de cosas preexistente”.

3. “Es t a mo s a nt e una c o nd uc t a e n a p a r ie nc ia d e na t ur a le za
fundamenta lmente omis iva ", a legan los abogados de Bankia sobre
Ra to
La defensa de Rato asume algunos de los postulados de ese informe de 7 páginas
fechado el pasado 16 de junio que asegura que “estamos ante una conducta en
apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la
continuación de un estado de cosas”, es decir, que carece de una responsabilidad que
debe atribuirse al equipo anterior por cuanto "el designio o génesis, en el sectivo activo
o positivo que exige la norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber
tomado la decisión en el seno de Caja Madrid”. En la práctica, eso significaría
responsabilizar a quien fue presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y a quien fue
director general de la entidad, Ildefonso Sánchez-Barcoj.
La defensa de Sánchez-Barcoj también pasa por apartarse de la toma de
decisiones. Para ello, el ex número dos de Caja Madrid pretende sostener que la
concesión de tarjetas y la fijación de límites de crédito correspondía al máximo
responsable de la entidad, es decir, Blesa.
Sin embargo, su línea de defensa choca con los documentos remitidos por Bankia al
FROB(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que revelan que él fue quien
diseñó el esquema y llevó la contabilidad paralela que permitió que el sistema siguiera
en vigor. Según esa documentación, la "gestión de tarjetas" era realizada "por don
Ildefonso Sánchez-Barcoj, miembro del Comité de Dirección de Caja Madrid". "Según
se ha verificado -añade ese escrito- la gestión de estas tarjetas se realizaba y gestionaba
de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad" y que ello se hacía,
precisamente, a través del equipo de personas más cercano a Sánchez-Barcoj. En este
sentido, el informe recalca que "las comunicaciones sobre la concesión de nuevas
tarjetas o modificaciones de límite asociado a las mismas eran gestionadas" por el
entonces 'número 2' de Caja Madrid "a través" de sus "secretarias", que eran finalmente
las que se encargaban de dirigir "estas peticiones al Departamento de Tarjetas". Esas
acciones pueden, por tanto, comprometer su línea de defensa.
Miguel Blesa queda, así, como el eslabón más débil en su defensa. Por ese
motivo, los abogados del ex presidente de Caja Madrid, según fuentes de su entorno,
pretenden alegar falta de dolo e incluso desconocimiento de que la contabilidad y el uso
de esas tarjetas estuviera fuera del circuito oficial. Blesa sólo responderá a las preguntas
del Ministerio Público y la Abogacía del Estado pero no a las de las acusaciones
particulares entre las que figuran los usuarios de banca, ADICAE, o la formación
política UPyD.
La Fiscalía Anticorrupción había adelantado que pretendía acusarlo por delito
societario y de apropiación indebida. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado parece
haber frenado esa intención al asegurar que antes de hablar de delitos "vamos a ser
prudentes a la hora de poder establecer la calificación de los hechos". El fiscal general
del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha pedido a Anticorrupción que "reflexione sobre
cómo se han producido los elementos, llegará a una conclusión".

4. Blesa, Rato y Sánchez-Barcoj se enfrentan a una petición de penas de hasta 10 años
de cárcel e inhabilitación. Prestarán declaración pasado mañana.
VOZPOPULI (15/10/2014)
Escándalo financiero.
El últ imo gra t is tota l de l ' c lan de la s ta r je ta s bla ck' : un seguro
pagado por Bankia cubr irá su de fensa jur ídic a
Los 86 consejeros bajo sospecha por el uso de las 'visas opacas' tienen la
posibilidad de sufragar los gastos de abogado con una póliza de responsabilidad
civil suscrita por Caja Madrid y, en menor medida, por su sucesora, a las que
saquearon. Una veintena de ellos, imputados en la pieza principal del sumario, ya
han contratado prestigiosos (y caros) bufetes.
El paso por los tribunales del caso de las tarjetas opacas puede salirles muy barato
económicamente a los 86 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia acusados de haber
hecho un uso indebido de las mismas. Mientras ocupaban sus puestos, las propias
entidades financieras suscribieron una póliza de seguro de responsabilidad civil que
cubrirá buena parte de las minutas de los abogados que éstos contraten para defenderse
ante los tribunales por su gestión. De este modo, se da la paradoja de que los dos bancos
a los quesaquearon 15,5 millones de euros con sus 'visas black' han abonado el dinero
que les puede permitir sufragar el desembolso necesario para eludir cualquier
responsabilidad legal por dichos hechos. Es el último 'gratis total' del ya bautizado
como 'clan de las tarjetas black'.
El pago de la s minuta s no e s tá ya en manos de la ent idad
financ ie r a s ino de la compañía con la que firmó la póliza , Mapfre
Desde la propia entidad financiera se reconoce a Vozpópuli dicha circunstancia
aunque se limitan a señalar que este tipo de seguros es habitual en las grandes
empresas. También recalcan que el pago o no de las minutas ya no está en manos de
Bankia, que sólo abonó la de los consejeros de su etapa, sino de la compañía con la que
se firmó la póliza, en este caso Mapfre. Otras fuentes del sector consultadas coinciden
en este punto y añaden que será la aseguradora la que decida finalmente si paga o no
dichos gastos y hasta qué cantidad, a la vista de las circunstancias de cada uno. También
apuntan que de confirmarse la existencia de un delito o se pruebe la negligencia de los
directivos en el desempeño de su cargo, Mapfre puede esgrimir esta circunstancia para
no cubrir los honorarios de los letrados defensores.
No es la primera vez que se plantea que dicha póliza, pagada en su mayor parte por
la extinta Caja Madrid, tiene que hacer frente al pago de abogados de exdirectivos de la
entidad encausados. De hecho, de la treintena de exconsejeros imputados en la parte
principal del 'caso Bankia' desde hace dos años, una veintena de ellos parecen
dispuestos a acogerse a esta posibilidad. Entre ellos se encuentran, precisamente, los
tres directivos que declararán este jueves en la Audiencia Nacional ante el

5. juez Fernando Andreu por el uso de las tarjetas opacas: los expresidentes Miguel
Blesa y Rodrigo Rato, y el presunto 'cerebro' de las polémicas 'visas black', Ildefonso
Sánchez-Barcoj. Así, el primero está siendo defendido por Carlos Aguilar, del
despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo. El dirigente del PP, por su parte, ha optado
por Ignacio Ayala, del despacho Oliva-Ayala.
Exjueces y exfiscales en el 'caso Bankia'
Dos abogados de prestigio, y minutas elevadas, que no son los únicos de renombre
que ya han hecho acto de presencia en el 'caso Bankia' de la mano de imputados que
pueden acogerse al seguro de responsabilidad civil. Así, en la causa también están
personados como defensores de encausados el exmagistrado del Tribunal
Supremo Enrique Bacigalupo y el exjuez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren,
además de los exfiscales de este último órgano judicial Luis Jordana de
Pozas y Enrique Molina. También ha participado el penalista Miguel Bajo, que
llevaba la defensa de Luis Bárcenas hasta el ingreso del extesorero en prisión.
Una ve intena de dire c t ivos ya enc ausados en la pie za pr inc ipa l
de l ' c a so Bankia ' ya han cont ra tado cos tosos bufe te s pa ra su
de fensa
La existencia de este seguro de responsabilidad civil fue una de las últimas
exigencias que hicieron los exconsejeros de Bankia cuando en mayo de 2012 el nuevo
equipo directivo comandado por José Ignacio Goirigolzarri se hizo con las riendas de
la entidad. El acta número 23 del Consejo de Administración del banco celebrado el 25
de mayo de 2012 recoge cómo uno de los nueve altos directivos que en aquel momento
estaba a punto de dejar su cargo reclamó el compromiso por escrito del nuevo equipo de
suscribir una póliza "para asegurar la responsabilidad civil de consejeros y
exconsejeros".
El autor de la propuesta fue Antonio Tirado Jiménez, no afectado por el escándalo
de las tarjetas ya que se incorporó a Bankia desde otra de las entidades fusionadas,
Bancaja. No obstante, los salpicados ahora conocen perfectamente dicho compromiso.
De hecho, uno de los principales protagonistas, el miembro de IU José Manuel Moral
Santín, destacaba en una entrevista concedida hace unos días al diario El Mundo, su
existencia y calificaba el seguro de responsabilidad civil de "preceptivo". Un último
gratis total para alguien que derrochó 456.500 euros con su 'visa black'.