Documento de apoyo del partido Primero Justicia, Anzoátegui, al Colegio Nacional de Periodistas. El vocero de Primero Justicia explicó que la ley legaliza la censura y promueve la autocensura porque en los artículos 15, 16, 17 y 18 hay posiciones sobre las limitaciones que tienen los periodistas para ejercer la profesión.

1. Primero Justicia en solidaridad con el CNP
El Movimiento Primero Justicia expresa hoy su solidaridad con el Colegio Nacional
de Periodistas y eleva su enérgica protesta ante la pretensión oficialista de
imponer una Ley que suplante a la que actualmente rige el Ejercicio del
Periodismo. En la práctica, esta desquiciada iniciativa legislativa conduce a la
desaparición de esa importante institución gremial que es el CNP, pero además
legaliza la censura, promueve la autocensura, criminaliza la libre opinión y lesiona
gravemente el ejercicio democrático en Venezuela.
El adefesio jurídico que se intenta imponer es mas que la simple opinión de un
editor lisonjero y servil, quien a fin de cuentas es solo un instrumento. Lo que
debe alertar a las fuerzas democráticas es que esa bufonesca propuesta haya
sido aprobada con inusitada celeridad por la Comisión de Medios de la Asamblea
Nacional para su remisión a la Cámara, con lo cual se inicia formalmente el
proceso legislativo formal. Es decir, no es la simple opinión de un payaso, sino
una decisión preliminar de los diputados oficialistas que forman parte de esa
comisión parlamentaria, lo cual refleja la voluntad del régimen para extender el
cerco rojo, avanzar en su plan hegemónico comunicacional y restringir mas aun
las libertades públicas en una Nación sumida en una profunda crisis política, social
y económica. Precisamente, el objetivo final del gobierno es silenciar a la
sociedad venezolana en esta hora aciaga de la República.
El principal argumento para motivar esta Ley es que la colegiación actual es
restrictiva, excluyente y viola la libertad de expresión, cualidades que
precisamente el país le asigna a este gobierno que impúdicamente exhibe sus
rasgos autoritarios, propios del militarismo y el fascismo. Tal argumento es un
falso supuesto que solo es útil para desprofesionalizar el ejercicio del periodismo.
Esa propuesta oficialista no solo descalifica a 25 escuelas de Comunicación
Social, insulta a miles de profesionales y desmoraliza a más de 40.000
estudiantes, sino que degrada la calidad del periodismo venezolano en detrimento
del Derecho a la Información que asiste a la ciudadanía.
Al contrario, nosotros pensamos que hoy nos corresponde revalorizar la profesión
del periodismo, considerando las serias restricciones a la libertad de expresión
impuestas en Venezuela y el rol fundamental que los profesionales de la
Comunicación Social han jugado y siempre jugarán en cualquier democracia y por
ende, en la lucha contra toda forma de autoritarismo. De manera que la

2. formación profesional del comunicador social es esencial, vista su condición de
servidor público y su responsabilidad con la sociedad.
Como mucha gente ha advertido, hoy son los periodistas y mañana podemos ser
los Médicos, los abogados, los Ingenieros, los Arquitectos o cualquier otro
profesional. Pero la amenaza va mas allá, pues los trabajadores venezolanos ya
han sido víctimas de estos perversos mecanismos –inspirados en el paralelismo-para
demoler toda forma de organización social que no esté sometida a los
intereses facciosos del gobierno, bien sea organizaciones gremiales, sindicales,
empresariales o comunitarias.
Hemos advertido que este proyecto de Ley tiene como objetivo fundamental
ampliar la hegemonía comunicacional del Estado mediante la legalización de la
censura, la instauración de medidas que propicien la autocensura y la
criminalización de la opinión libre mediante la imposición de sanciones. En efecto,
el Artículo 17 considera faltas inexcusables publicar o difundir noticias e
informaciones que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave
irreparable a personas que desconozcan lo que va a publicar el comunicador
social, lo que constituye en la práctica una censura previa y autocensura.
Ya es inaceptable que se busque limitar el derecho a la libre expresión de la
ciudadanía pero lo novedoso de este esperpento autoritario es que pretende
sentar las bases para sancionar a los profesionales de la Comunicación Social
cuando –a juicio del Estado o mas bien, del gobierno- la noticia publicada pueda
provocar un supuesto daño, se exponga al desprecio público o exista instigación a
delinquir. En un país donde hay presos políticos y se califica a la disidencia como
“traidores a la Patria”, esta propuesta de Ley adquiere visos represivos.
En vez ofrecer garantías a la sociedad y brindar protección al agremiado como
toda Ley de ejercicio profesional, esta tropelía jurídica coloca en situación de
vulnerabilidad a los periodistas y prácticamente en estado de indefensión, vista la
vocación como violadores de Derechos Humanos que han demostrado quienes
ejercen el poder en Venezuela. En fin, el gobierno -lejos de proteger al periodista-pretende
doblegarlo, intimidarlo y coaccionarlo a actuar en función de sus
intereses.
Finalmente, resultan absurdos los argumentos del único Diputado oficialista electo
accidentalmente por nuestro Estado Anzoátegui, quien afirmó –entre otros
disparates- que ese proyecto de Ley “toma en cuenta a otros comunicadores que
no son periodistas y que no están amparados por el CNP”. Francamente es
penosa la posición de ese periodista con ínfulas de intelectual que hoy le da la
espalda a sus colegas y a la democracia venezolana. Seguro estamos que el país
sabrá defender sus derechos y en UNIDAD superaremos esta mala hora.
PRIMERO JUSTICIA ANZOATEGUI
Barcelona, 4 de Septiembre de 2014.