Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo y en carros de tracción animal, volvieron a marchar hoy por sexto año consecutivo por el centro de Montevideo contra el proyecto minero de capital indio Aratirí y en defensa del medio ambiente.

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Montevideo, 9 may (EFE)
Miles de personas, varias decenas de ellas a caballo y en carros de
tracción animal, volvieron a marchar hoy por sexto año consecutivo
por el centro de Montevideo contra el proyecto minero de capital indio
Aratirí y en defensa del medio ambiente.
Esta marcha fue convocada por varias organizaciones ambientalistas
agrupadas en la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la
Tierra, plataforma que lucha desde hace años contra la instalación de
Aratirí, una gigantesca mina de mineral de hierro a cielo abierto que
se ubicará en el corazón del país, así como contra el desarrollo de
proyectos complementarios como un puerto de aguas profundas y
una planta regasificadora.
Los manifestantes, de toda edad y condición, corearon gritos contra
el proyecto, contra el Gobierno del presidente José Mujica que
defiende la iniciativa, y contra la “recolonización” que a su juicio

2. implica la misma.
“Marchamos para evitar que se dé un saqueo de nuestro país. Una
multinacional planea penetrar y quedarse con el hierro, depredar el
medio ambiente y no dejar ninguna riqueza en el país”, explicó a Efe
Rafael Fernández, uno de los manifestantes y candidato presidencial
del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre próximo.
Fernández indicó que el proyecto Aratirí “no va a desarrollar ni
industrializar, sino colonizar” Uruguay y que además “dinamitará una
parte grande del territorio, dejará agujeros enormes por ochenta
años y contaminará las aguas”.
El proyecto, en manos de la multinacional Zamin Ferrous, pretende
invertir más de 1.000 millones de dólares en un complejo de 6.210
hectáreas, además de la construcción de un mineroducto de 212
kilómetros y una terminal portuaria en el océano Atlántico para
exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
En un primer momento, el acuerdo se iba a cerrar en 2011, pero
presiones ambientalistas y políticas obligaron al Gobierno a modificar
las leyes mineras para acomodarlas a un proyecto de una
envergadura sin precedentes en el país.
La nueva norma, aprobada el año pasado, establece nuevas normas
de gestión ambiental y social y el aprovechamiento fiscal de las
rentas obtenidas por la venta del mineral.
Según el Gobierno y la empresa, el proyecto generará grandes
beneficios económicos y empleo de calidad en la zona, hoy dedicada
a la ganadería, y podría derivar en un incremento de la industria en el
país.
Sin embargo, para los ambientalistas el proyecto, unido al puerto en
el Atlántico y a la planta regasificadora que se construye en
Montevideo “para abastecer de energía a Aratirí”, forma parte de un
ataque a la ciudadanía que no votó desarrollar esas iniciativas y que
le saldrán “muy caras al país”.
Precisamente, varias organizaciones que se plegaron a la marcha
exigieron un plebiscito para dictaminar si la iniciativa se puede hacer
y que ésta no dependa de la decisión del Ejecutivo.
Tras la reforma de la ley de minería, Uruguay y Zamin Ferrous
anunciaron que firmarían un contrato a principios de este año para
comenzar con la explotación. Sin embargo, dicho contrato aún no se
ha ratificado, sin que oficialmente se haya anunciado el motivo.
(EFE Verde)

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