93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina se dirigen a los Gobiernos de España y Guatemala para exigir que los derechos territoriales del pueblo maya sean respetados • La empresa gallega Hidralia Energía es la responsable de la construcción del proyecto Cambalam, que no cuenta con el consentimiento de las comunidades en cuyos territorios se pretende levantar una hidroeléctrica. • El conflicto, que ya en 2012 desembocó en una declaratoria de estado de sitio, se ha cobrado dos muertes (un comunero y un policía), varias personas heridas y el encarcelamiento de varios dirigentes comunitarios

1. La carta enviada a autoridades y empresa implicada, exige el fin de la
violencia que sufren las comunidades indígenas de Barillas desde el
comienzo de la construcción de una hidroeléctrica en sus territorios
93 entidades sociales y políticas de Europa y América Latina se
dirigen a los Gobiernos de España y Guatemala para exigir que los
derechos territoriales del pueblo maya sean respetados
 La
empresa gallega Hidralia Energía es la responsable de la
construcción del proyecto Cambalam, que no cuenta con el
consentimiento de las comunidades en cuyos territorios se
pretende levantar una hidroeléctrica.
 El conflicto, que ya en 2012 desembocó en una declaratoria de
estado de sitio, se ha cobrado dos muertes (un comunero y
un policía), varias personas heridas y el encarcelamiento de
varios dirigentes comunitarios.
18 de octubre de 2013. La Carta que se ha enviado a los Gobiernos
de España y Guatemala, así como a la Xunta de Galicia y a la
empresa implicada, alerta de la compleja situación de conflictividad
que se vive en el municipio desde que se puso en marcha el proyecto
Cambalam. Este proyecto de producción de energía hidroeléctrica es
operado por la empresa Hidro Santa Cruz -subsidiaria en el país de la
gallega Hidralia Energía- y ha dado lugar durante las últimas semanas
a nuevos enfrentamientos entre las comunidades y las fuerzas del
orden público.
Las 93 entidades sociales y políticas de Europa y América
Latina firmantes denuncian el que consideran un “nuevo episodio de
criminalización y represión”, en el marco del cual se produjo, el

2. pasado 28 de septiembre, la detención del dirigente comunitario
Maynor López, procediéndose a la militarización del territorio y a la
emisión de órdenes de captura contra varios activistas locales. “El
Ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, llegó
al extremo de acusar de terrorismo a la población opuesta al proyecto
y de amenazar con la expulsión de las personas extranjeras que
participen en protestas sociales”.
Es importante señalar -continúa la misiva- que el proyecto de Hidralia
Energía “no sólo no cuenta con el consentimiento de la población,
sino que ha sido explícitamente rechazado por los y las pobladoras
del municipio”, en consulta realizada el 23 de junio de 2007. A pesar
de ello, la insistencia por llevarlo a cabo ha dado lugar a un
preocupante aumento de la conflictividad en la región, que “vivió sus
peores momentos cuando, tras el asesinato del comunero Andrés
Pedro Miguel, opuesto al proyecto (1 de mayo de 2012), fue
declarado un estado de sitio por parte del Gobierno de Otto Pérez
Molina, de 18 días de duración, en el marco del cual se denunciaron
graves violaciones de los derechos humanos”.
También recuerdan que el municipio de Barillas, así como el resto de
municipios vecinos afectados por la violencia, “forma parte del
territorio del pueblo maya q'anjobal, cuyos derechos humanos
quedan recogidos en el Convenio 169 de la OIT”, un Tratado
Internacional ratificado por los Estados español y
guatemalteco yque, por tanto, forma parte de su ordenamiento
jurídico. Entre estos derechos, destaca especialmente el de participar
en la gestión y conservación de los recursos naturales, así como el de
ser consultados acerca de los proyectos que se ejecuten en sus
territorios.
Demandas recogidas en la Carta
A
las autoridades de Guatemala y del Estado español, tanto
centrales como autonómicas, que cumplan y hagan cumplir a
la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en
Guatemala, Hidro Santa Cruz, los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico guatemalteco y español, especialmente
los recogidos en el Convenio 169 de la OIT, en cuanto el
desempeño de estas empresas se da en un territorio habitado
por pueblos indígenas.
A
las autoridades de Guatemala, especialmente al Ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, que cesen en la
represión y la criminalización de las comunidades -así como
de las organizaciones que les acompañan- movilizadas
legítimamente en defensa de sus derechos colectivos,

3. reconocidos tanto en las leyes guatemaltecas, como en el
Convenio 169 de la OIT.
A
la empresa Hidralia Energía, así como a su subsidiaria en
Guatemala, Hidro Santa Cruz, que desistan de la construcción
del proyecto hidroeléctrico Cambalam, el cual no cuenta con
el consentimiento del pueblo maya q'anjobal de Barillas, en
cuyo territorio se pretende instalar, y que cesen en el
señalamiento de activistas y dirigentes comunitarios.
A
las organizaciones sociales de Guatemala, del Estado español
y a la comunidad internacional, que mantengan su atención
sobre el municipio de Barillas y todo el norte de
Huehuetenango, denuncien las violaciones de derechos que
se están produciendo y se sumen a la presente carta.
Organizaciones y personas firmantes
Entre las organizaciones que se han adherido a la Carta Abierta,
están:
 Redes
y organizaciones europeas y latinoamericanas de defensa
de los derechos humanos, como la Coordinación por los
Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI, del Estado
español), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA, de Dinamarca), el Centre Intercontinental
(CETRI, de Bélgica), Servicios en Comunicación Intercultural
(Servindi, de Perú), o el Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST, de Brasil).
 Organizaciones
no gubernamentales de todo el Estado español,
como Mugarik Gabe, Ecologistas en Acción, Almáciga, Amigos
de la Tierra, alterNativa, Pachakuti, Perifèries, EntreAmigos o
Acción Solidaria Aragonesa.
 Organizaciones
sociales guatemaltecas, como la Fundación
Rigoberta Menchú Tum, el Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Guillermo Torriello
(FGT) o la Alianza Política Sector de Mujeres.
 Entidades
políticas y sindicales, como el Grupo Parlamentario
de la Izquierda Plural (España), el partido Anova-Irmandade
Nacionalista (Galicia), la Confederación Central General de
Trabajadores (CGTG, de Guatemala), la Unión Sindical de
Trabajadores de Guatemala, o la Federación de Trabajadores
Campesinos y Urbanos (FETRACUR, de Guatemala).

4.  Organizaciones,
autoridades, colectivos y centros de estudios
indígenas de todo el continente latinoamericano, como
Oxlajuj Ajpop (Guatemala), el Colectivo de Comunicación
Mapuche Mapuexpress (Chile), o la Organización Indígena de
Antioquia (OIA, de Colombia).
 Otras
entidades sociales y sindicales.
Además de estas entidades, se han recogido 480 firmas individuales.
Se anexa la carta enviada, que contiene también el listado completo
de las adhesiones recibidas.
Se ruega difusión
Más información:
Diego Jiménez Mirayo
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