El Lago Neltume posee una belleza de cuento de hadas y bosque con duendes, con el imponente volcán Choshuenco a lo lejos. No extraña que turistas llegados de todo el mundo se acerquen a este lugar virgen, que transmite una tranquilidad eterna. La mayor parte de los lugareños, muchos de ellos de etnia mapuche, vive de un turismo relajado, de casas bajas y tiendas de campaña a la orilla del agua. Es el caso de Guido Melinao: él y su familia se oponen a la represa que inundaría el terreno que hoy alberga su camping, su fuente de sustento.

1. El modelo del modelo: las represas al sur de Chile. Una
hidroeléctrica contra el Lago Neltume en territorio Mapuche
31 de enero de 2014
Publicado en la Revista Internacional FRONTERAD
El Lago Neltume posee una belleza de cuento de hadas y bosque con
duendes, con el imponente volcán Choshuenco a lo lejos. No extraña
que turistas llegados de todo el mundo se acerquen a este lugar
virgen, que transmite una tranquilidad eterna. La mayor parte de los
lugareños, muchos de ellos de etnia mapuche, vive de un turismo
relajado, de casas bajas y tiendas de campaña a la orilla del agua. Es
el caso de Guido Melinao: él y su familia se oponen a la represa que
inundaría el terreno que hoy alberga su camping, su fuente de
sustento.
Imagen: Lago Neltume, lugar ceremonial Mapuche, foto el Puelche
Por Nazaret Castro FRONTERAD
Como otros miembros de la comunidad mapuche, Valeriano Cayicul,
don Guido, cree que la represa es pan para hoy y hambre para
mañana: por eso mira con recelo la compensación económica que se
le ofrece a cambio de permitir que sus tierras sean inundadas para
llenar el embalse. En juego está la construcción de una megarrepresa
de 490 megavatios de capacidad instalada, con un coste de 781
millones de dólares. El proyecto es de Endesa Chile, la filial chilena de
Enersis, que es una multinacional subsidiaria de la española Endesa.
Ésta, a su vez, está controlada desde 2009 por la italiana Enel. Una
sopa de letras.
Para muchos integrantes de las seis comunidades mapuche
afectadas, la central hidroeléctrica de Neltume es la nueva amenaza
que pende sobre Panguipulli, el municipio al que pertenece Neltume,

2. en la Región de los Ríos, unos 800 kilómetros al sur de Santiago de
Chile. La represa llega ahora que la población ha conseguido que sea
declarada reserva ecológica y preservada así del avance del eucalipto,
en una región donde las plantaciones destinadas a la industria
maderera se han convertido en un pilar de la economía y una
constante del paisaje. Además, cientos de mapuches deberán
abandonar sus territorios y ser realojados. Sufrirán además otras
consecuencias sobre sus modos de vida, comenzando por la
inundación de el Palenque, un enclave sagrado donde las
comunidades celebran ritos religiosos. Endesa propone trasladar el
Palenque a otro lugar; para el pueblo mapuche, es inconcebible: ese
territorio es ancestral.
El proyecto de Neltume ha sido aprobado ya por el Servicio de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero los movimientos
sociales y una parte de los afectados exigen un nuevo estudio. “La ley
ambiental se concibió como garantía para las empresas antes que
para la conservación del medio. Cuando una empresa presenta un
proyecto deficiente ante la SEIA, las autoridades, en lugar de evaluar
y desechar el proyecto, lo que hacen es mejorarlo, aportando
información e ideas para que la iniciativa empresarial salga adelante:
está diseñado para que los proyectos salgan”, asegura Mauricio
Durán, editor del medio alternativo Puelche Comunicaciones y asesor
de una de las comunidades afectadas por la represa. De hecho, antes
de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental , el SEIA había publicado
estudios que detallaban los efectos adversos de la represa sobre el
suelo, el agua y el aire en la zona; más tarde, el organismo dio el
visto bueno al proyecto.
Después, el organismo aprobó el proyecto, pero las obras fueron
suspendidas para iniciar el proceso de consulta, como exigía
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el acuerdo internacional más importante del que disponen las pueblos
originarios para preservar sus territorios ancestrales. Hasta 22
países, entre ellos España y la mayor parte de América Latina, han
firmado el convenio. Chile lo hizo en 2008, pero hasta ahora no lo
había puesto en práctica. Por eso pararon las obras de la represa de
Neltume: el acuerdo obliga a que las comunidades indígenas
afectadas sean consultadas sobre el proyecto. Paralelamente, se les
consultará sobre la extensa línea de alta tensión que,
previsiblemente, atravesará la región –y más de la mitad del país–
para llevar hasta la capital, Santiago, la energía que se produce en el
sur.
Un proceso de consulta para los mapuches
El 5 de octubre de 2013 asistí al primer encuentro de una serie de
reuniones preparatorias para definir cómo se realizará la primera

3. consulta indígena en Chile. El Convenio 169 establece que las
comunidades deben escoger en qué condiciones se desarrollará la
consulta, y en Chile todavía no se ha detallado ningún reglamento:
por eso lo que en estos meses suceda creará precedente en el país, y
de ahí que militantes mapuches se resistieran al inicio de estas
reuniones. Finalmente, cuatro de las seis comunidades afectadas
decidieron dar su visto bueno a la consulta, y en esta cita están
presentes representantes de esas cuatro comunidades. Está también
Rosa, que habla por la comunidad Inalafquen, que todavía no se ha
sumado a la consulta.
Las distintas comunidades arrojan visiones muy distintas: unos creen
que traerá progreso a la zona, otros temen por el futuro del turismo y
algunos pretenden ser incluidos en una lista de afectados que los dejó
fuera. Las disensiones ya han tenido consecuencias profundas: las
treinta familias que componen Inalafquen, sin ir más lejos, son una
escisión de la comunidad Juan Quintulam que se debió a la
divergencia de opiniones sobre la central.
“Nos van a robar nuestra tranquilidad. El lago es nuestra fuente de
ingresos, es también el lugar donde nuestros niños se bañan. Muchas
cosas van a cambiar. La empresa ha venido con mentiras. Nos dicen
que no nos va a afectar, pero no nos detallan hasta qué nivel se va a
inundar”, me cuenta Rosa antes del encuentro. Ella cree que la
empresa, con la ayuda de las autoridades estatales, ha contribuido a
esa división. Si es así, parece que lo han conseguido: de las cinco
comunidades presentes, cada una defiende planteamientos muy
diferentes. Unos pretenden conseguir mejores compensaciones; otros
se oponen tajantemente al proyecto; unos pocos pretenden sumarse
a la lista de afectados que les ha dejado fuera.
La tensión puede cortarse con un cuchillo, tanto que aún me pregunto
cómo me dejaron pasar. Intento pasar inadvertida y afinar el oído:
—La empresa da diferentes versiones del proyecto en cada
comunidad para provocar divisiones. Por eso creemos que es mejor
que la consulta sea colectiva –dice la representante de una de las
comunidades.
—Hasta ahora, la empresa no ha querido conversar con nosotros –
apunta otro.
—Esta situación se debe a un error del Estado: llegó después que la
empresa, cuando Endesa ya había comprado voluntades entre las
comunidades, y ahora vienen a consultarnos –añade una de las voces
más críticas.
Edmundo Pérez Larraín, director del Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Región de Los Ríos, corta cualquier
apelación de este tipo para devolver la reunión al cauce que él
considera más oportuno: definir los detalles más puramente técnicos

4. de cómo se celebrarán estas reuniones preparatorias. Mauricio Durán,
que participa del encuentro con mucha discreción, no puede menos
que intervenir: le inquieta que el SEIA vacíe de contenido el
encuentro, que lo aleje de la discusión cualitativa, que pretenda
imponer como condición necesaria la presencia de Endesa en la
consulta. Así que toma la palabra para aclarar un par de cuestiones
clave:
—Opino que, antes de entrar en esos detalles de forma, convendría
dirimir la naturaleza de la consulta. Según el Convenio 169, si un
proyecto afecta al modo de vida de una comunidad ésta debe dar su
consentimiento, y entonces no hablamos tan sólo de establecer
compensaciones sino de la posibilidad de decir no al proyecto. Lo
comento porque de lo contrario se podría desvirtuar el espíritu del
Convenio…
El Convenio dispone que el proceso de consulta se debe aplicar de
buena fe, respetando los tiempos y las decisiones de las comunidades
indígenas, y que el Estado tiene la obligación de proporcionar a las
comunidades toda la información necesaria. Mauricio duda de la
buena fe del Estado chileno. También los militantes mapuches
del Parlamento de Koz Koz, una organización creada en 2007 en
Panguipulli, que hace hincapié en la defensa del territorio y de la
identidad cultural mapuche.
Dos días con don Humberto
Aunque la historia oficial lo dejó fuera de los libros, a ellos no se les
olvida que el pueblo mapuche conservó su autonomía durante los
siglos de la dominación española sobre las Américas. Pueblo guerrero
y orgulloso, los mapuches, a ambos lados de la cordillera andina,
consiguieron firmar varios tratados con la Corona española que
defendían la autonomía de Walmapu, la Tierra Mapuche. Fue a
mediados del siglo XIX cuando los recién constituidos estados de
Argentina y Chile emprendieron sendas campañas militares para
doblegarlos. Esta vez sí fueron derrotados y lentamente asimilados a
estados que los empujan a la adopción de la cultura huinca (blanca)
al tiempo que los marginan por su color de piel.
Los mapuche –“gente de la tierra” en su lengua, el mapudungún–
llevan grabado en la sangre el recuerdo de esa resistencia y, en los
últimos años, se palpa un deseo creciente de recuperar sus raíces
culturales, sagradas, sociales, y también políticas. A principios del
siglo XX nació en Panguipulli el Parlamento de Koz Koz con el objetivo
de recuperar la autonomía política y cultural. Un siglo después, en
2007, un grupo de personas decidió revitalizar esa iniciativa. Entre
ellos estaba Jorge Weke, y, a su regreso de un largo exilio en Bélgica,
pronto se sumó Humberto Manquel.

5. Conocí a don Humberto en la sede de este peculiar parlamento, una
típica ruca (casa) de tradición mapuche: amplia, diáfana, construida
con materiales naturales de la zona y con la única entrada orientada
al este. La ruca del Parlamento se ha convertido en punto de
encuentro, discusión de los problemas locales y aprendizaje del
mapudungún. Don Humberto me acompañará durante dos días: me
alojará en su casa, junto a los suyos, una sencilla ruca a las afueras
de Panguipulli donde reina la armonía que ha sabido construir este
hombre de ojos serenos y sabios a quien la dictadura de Pinochet
obligó a un exilio de más de 30 años. “Los líderes nacen, no se
hacen”, cree don Humberto. Esa noche, durante horas me habla de
su juventud de militancia en el Partido Socialista, de su marcha en
1976, de lo lejos que quedan aquellos años de nostalgia, de lo
prometedor que le parece hoy el movimiento estudiantil.
Al día siguiente madrugamos para recorrer la comuna de Panguipulli.
Pasamos frente a la central hidroeléctrica de San Pedro, de la
empresa chilena Colbún, controlada por los Matte, una de las familias
más poderosas de Chile. El proyecto salió adelante pese a las dudas
técnicas que provocaba por asentarse sobre una falla tectónica.
Nuestra próxima parada es la comunidad mapuche Dioniso Manquel
Chepo. Allí hablamos con don Miguel, uno de los afectados directos
por la construcción de la represa de Colbún. En su día, confió en la
empresa y apoyó el proyecto. Hoy se arrepiente: “La empresa no
cumplió sus compromisos; nos tiraron migajas, y hoy, ni luz
tenemos. Pero fue nuestra culpa por aceptar lo que venían a
imponernos; por no resistir, hemos traicionado a nuestra propia
raza”.
El último punto de nuestro periplo es la ruca de Jorge Weke, fundador
y dirigente del Parlamento de Koz Koz. Su casa, en la que vive con su
mujer y sus cuatro hijos a las afueras de Panguipulli, con unas vistas
privilegiadas del pueblo, el lago y el volcán, es cálida y sencilla. La
esposa de Weke, mientras ceba el mate, nos sirve una de las delicias
locales más apetecidas: los pequeños hongos digüeñes. Durante
horas, conversamos con Jorge Weke y don Humberto del nacimiento
del Parlamento de Koz Koz, de la bandera mapuche que simboliza
este nuevo proceso político de recuperación de la autonomía, y de por
qué las represas son hoy la gran amenaza para el pueblo mapuche,
así como ayer lo fueron las industrias forestales.
Para el Parlamento de Koz Koz, la consigna es una: la defensa del
territorio. Los nuevos proyectos encaran ahora más resistencia que la
que encontró la represa de Pangue, pero sigue siendo una lucha
tremendamente desigual: “la opulencia del invasor”, lo llama Jorge
Weke. Y alude a la “complicidad entre Gobierno y Endesa” que
termina de complicar ese desequilibrio de fuerzas. Para contrarrestar

6. tal desigualdad, Weke viajó a Italia junto al movimiento italiano Stop
Enel, que ha articulado una manera diferente de lucha social: la
compra de acciones de Enel Endesa, que otorga derecho a participar
en las juntas de accionistas. Allí coincidió con el investigador
colombiano Miller Dussán, que viajó a Italia para impedir la
construcción de la represa de El Quimbo sobre el río Magdalena, en
Colombia.
Jorge Weke asegura que su preocupación por las represas viene de
lejos, de cuando, siendo él muy joven, se comenzó a hablar de
la central hidroléctrica de Pangue en la región del Alto Bío Bío, una
región cordillerana a unos 200 kilómetros al noreste de Panguipulli.
Los temores de Jorge no fueron escuchados por buena parte de un
pueblo que hizo caso a las promesas de progreso que ofrecía el
proyecto, a cargo de la filial de Endesa. Pangue comenzó a funcionar
en 1996, y Ralco, en 2003. Ahora las cosas son distintas: el pueblo
mapuche sabe que ese progreso que traen las represas tiene una
cara muy amarga, la de los desplazamientos y los daños irreversibles
a la Naturaleza y al clima. Allí me desplazo, para ver qué ha sido del
Alto Bío Bío veinte años después.
Las represas en el Alto Bío Bío
En el Alto Bío Bío se respira montaña. El río Bío Bío fue un día la
frontera natural de laWalmapu, la tierra mapuche, cuando los
mapuches negociaron su autonomía con la Corona española. Del río
hacia el sur, era territorio mapuche, y los pehuenche –la etnia
mapuche de la región– vivían en la montaña y encontraban en el
pastoreo su principal fuente de manutención. Todo fue cambiando
muy rápido en el siglo XX, cuando las plantaciones de pino y
eucalipto comenzaron a devastar los bosques nativos en beneficio de
la floreciente industria forestal. El proceso se aceleró cuando llegaron
las represas.
En Ralco, en las aguas del embalse que durante años combatió,
encontraron el cuerpo de Nicolasa Quintremán el 26 de diciembre de
2013. Tenía 73 años y era, junto a su hermana Berta, un símbolo de
la resistencia mapuche. Su trágico final obligó a los chilenos a volver
la vista hacia la olvidada provincia del Bío Bío y recordar la pelea que
un grupo que ochoñañas (hermanas) pehuenches libraron contra la
multinacional Endesa. Ralco salió adelante pese a que tanto la
Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) como la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se opusieron inicialmente al
proyecto; de hecho, tres directores del Conadi fueron apartados del
cargo. El proyecto recibió un cerrado apoyo del Gobierno, tal vez
por la vinculación de algunos de sus miembros con las empresas
implicadas en las obras. El entonces presidente, Eduardo Frei,

7. aprovechó su último día de mandato, el 10 de marzo de 2000, para
despachar el decreto que otorgaba la construcción de la central,
aunque había recursos judiciales pendientes.
Mientras las ñañas resistían, la mayor parte de las 93 familias
afectadas fueron cediendo: setenta fueron reubicadas y aceptaron
permutar sus tierras a cambio de la promesa de progreso y empleo
que traía Endesa. Sin embargo, una vez construida la represa ningún
pehuenche trabajó en la central, y tampoco el Estado ha cumplido su
compromiso de fomentar el turismo en la región. Lo que sí ha
provocado la represa es daños ambientales y mayores dificultades
para el pastoreo, el sostén de muchos pehuenches. Otras 38 familias
fueron ubicadas en el fundo El Barco, situado en los confines de la
cordillera, en terrenos donde las heladas imposibilitan los cultivos. La
región sigue siendo, según cifras oficiales, la más pobre del país, con
cerca del 45% de su población por debajo del umbral de pobreza. Por
eso Carmelo Levi, lonko (autoridad política) de la comunidad de
Quepuca-Ralco desde hace tres décadas, se arrepiente hoy del firme
apoyo que dio a la construcción de Ralco. “Nos engañaron por no
tener educación, por la pobreza. No queremos más represas en la
zona: provocan daños ambientales y no dejan nada para la gente de
aquí”, asegura Levi. Con todo, reconoce un aspecto positivo de la
llegada de Endesa: “Trajeron caminos y desarrollo de las
comunicaciones: antes tardábamos una semana en llegar a Santa
Bárbara”. El trayecto en coche dura hoy de alrededor de una hora.
En 2003, Nicolasa y Berta terminaron negociando con la empresa y
obteniendo así mayores terrenos que el resto. Eso les valió a las
hermanas el reproche de algunos, si bien muchos otros aluden a las
fuertes presiones que recibieron de la compañía y de los sucesivos
gobiernos. Sea como fuere, gracias a su presión, el Estado chileno
suscribió un acuerdo amistoso en el que se comprometía, entre otras
cosas, a crear protocolos para evitar la instalación de nuevos
megaproyectos hidroléctricos. No ha sido así: avanza en el Alto Bio
Bío la construcción de la central Angostura, de la chilena Colbún, y
existen ya otros proyectos. Tampoco el embalse de Ralco ha
cumplido, como se prometía, su obligación de atenuar las crecidas
generadas por el río Bío Bío.
Respirando los árboles
Una de las mujeres luchó junto a las hermanas Quintremán sigue
resistiendo: la ñaña Anita, que hasta hoy vive en la humilde ruca que
comparte con su hermano Manuel. Allí me recibe y, mientras calienta
al fuego de la leña el agua para el mate, me habla de su larga guerra
contra Endesa, de la opacidad que rodeó al proyecto, de los regalos y
promesas con los que la empresa fue ganándose a la comunidad y las

8. amenazas que recibieron quienes prefirieron oponerse. A ella la
detuvieron, allanaron su casa, la acusaron de actos vandálicos. Pero
sigue obstinada en resistir, como obstinada está en vivir en una
austeridad escogida.
“Fue una lucha de mujeres: los hombres tenían más miedo”, narra la
ñaña Anita. Ya anciana, pero ágil y vivaracha, cada poro de su piel
transmite conocimiento. “Los mapuches de la cordillera respirábamos
los árboles. Teníamos poca ropa, vivíamos con poco, y sin embargo
estábamos saludables: disponíamos de la energía de los árboles y de
nuestras medicinas. Hoy, todo eso nos lo han arrebatado porque no
lo supimos defender”. Para Anita, el realojamiento de los pehuenches
en tierras dispersas contribuyó a dividir a la comunidad y perder una
identidad como pueblo que está indisolublemente unida al territorio.
Por eso juzga con dureza a Carmelo Levi y a quienes lo siguieron:
“Entregaron para siempre sus derechos a cambio de nada, o muy
poco. Muchos se arrepienten ahora. Esta tierra es mapuche y la
tenemos que recuperar”.
El propio Banco Mundial, que financió 150 de los 340 millones de
dólares que requirió el proyecto de Pangue, reconoció a comienzos de
los años 2000 el error de planeamiento que supuso la represa.
El entonces presidente del BM, James Wolfensohn, admitió que el
apoyo prestado por el Banco al proyecto fue “un error”, que hizo un
“mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental y que no
se consultó ni se tuvo en cuenta a los indígenas Pehuenche ni
tampoco el riesgo sísmico y volcánico de la región.
Para Jorge Weke, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Estado chileno y la empresa han actuado
conjuntamente para “sembrar cizaña, cooptar liderazgos y
desarticular a las comunidades”. Según Weke, la empresa lo ha
hecho a través de la Fundación Pehuén, el principal eje en la zona de
la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Endesa. La fundación
nació en 1993, con el objetivo de “mejorar la vida y las condiciones
económicas y sociales” de las familias pehuenches; para Weke, lo que
intentan es “dividir y visibilizar” los procesos de resistencia
comunitarios. Según detallaron las ñañas en una carta a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Endesa intentó otorgar
proyectos productivos a cambio del compromiso de los beneficiarios
de renunciar a cualquier otra demanda. Endesa se negó dar su
versión de los hechos para este reportaje.
La Patagonia, amenazada

9. La Patagonia chilena sigue siendo un paraíso de hielo. La región de
Aysén, al sur del sur del mundo, es la tercera reserva de agua dulce
del planeta y alberga dos parques y tres reservas naturales, en un
ecosistema muy vulnerable ante las incertidumbres del cambio
climático. No es de extrañar la alarma que provocó entonces el
proyecto de construir cinco grandes represas sobre los ríos Baker y
Pascua. Tras el proyecto, que inundaría cerca de 6.000 hectáreas,
está Hidroaysén, una coalición empresarial formada por Endesa y
Colbún.
En Aysén no viven comunidades de pueblos originarios, por lo que la
resistencia no se articula en torno a las comunidades de base, sino a
las organizaciones ecologistas –algunas de ellas extranjeras–, con el
apoyo de los empresarios del sector turístico. Hasta 68
organizaciones integran la Campaña Patagonia Sin Represas (PSR),
que ha conseguido involucrar a la sociedad chilena: en 2011, decenas
de miles de personas se manifestaron en la capital, Santiago, un
hecho inédito en un país hasta entonces poco acostumbrado a tomar
las calles. Ese mismo año, las encuestas situaban en más del 70% el
rechazo ciudadano al proyecto de Hidroaysén. Posiblemente esa es la
razón de que el presidente saliente, Sebastián Piñera, no diera el
último paso burocrático que requería el proyecto: la autorización en
el Consejo de Ministros.
La reelección de Michelle Bachelet plantea un nuevo escenario y
arroja nuevas incertidumbres. Bachelet fue categórica durante la
campaña electoral: “Hidroaysén no es viable”. Una vez electa, su
futura administración plantea la necesidad de “viabilizar” los
proyectos hidroeléctricos con mejoras técnicas que mitiguen el
impacto medioambiental. Los ecologistas desconfían: en su anterior
mandato, la presidenta chilena no frenó el proyecto.
Además, Endesa, su filial Enersis y Colbún se encuentran entre los
donantes a la campaña de Bachelet.
El largo proceso de aprobación de las represas patagónicas ha estado
plagado de irregularidades. A esa conclusión llegó, en enero de 2012,
la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados: “Todo el proceso está viciado, desde su inicio, por lo cual
nunca debió entrar siquiera en el SEIA”. El Consejo de Defensa de la
Patagonia presentó siete recursos ante las autoridades y llegó hasta
la Corte Suprema; el proyecto salió adelante, si bien algunos
magistrados, en un voto particular, estimaron que el proyecto era
ilegal.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) está también en el punto de
mira, acusada de modificar los criterios de los ingenieros
forestales en el Informe de Impacto Ambiental, que establecían la
necesidad de no inundar parques nacionales. El proyecto de

10. Hidroaysén contempla la inundación de tres áreas protegidas: el
Parque Nacional Laguna San Rafael, el Parque Nacional Bernardo
O’Higgins y la Reserva Forestal Lago Cochrane. En su página web,
Hidroaysén detalla las medidas que el proyecto incluye para mitigar el
impacto ambiental, como la reforestación de algunas zonas y la
creación de áreas de conservación. Los ecologistas desconfían, y
argumentan que, sin un estudio sólido del verdadero impacto sobre el
terreno y sin órganos fiscalizadores, las buenas intenciones de la
empresa no garantizan la solvencia del proyecto.
¿Soberanía energética?
El principal argumento de las empresas y del Estado se refiere a la
soberanía energética del país. Hidroaysén sostiene en su web que el
proyecto garantizará la “independencia energética” de Chile a través
de un “recurso limpio, renovable y chileno”, como es el agua. El
ecólogo Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas,
cuestiona ese argumento: “Las 45.000 grandes represas que existen
en el mundo fueron construidas sin considerar la errática hidrología
que está generando el cambio climático”, reflexiona. Y añade que,
como en los casos de Panguipulli y el Bío Bío, Hidroaysén no ha
considerado con rigor los riesgos sísmicos y volcánicos de la región de
Aysén.
Pero entonces, ¿cómo resolver el problema de déficit energético?
Ecologistas y organizaciones mapuches cuestionan la necesidad de
producir más energía: “La necesidad de energía barata es para la
gran minería, que ha visto bajar sus beneficios por el incremento
relativo en los costos de la energía. Las represas de Aysén son para
las minas, no para la gente”, resume Sergio Millamán, periodista de
la web de información mapucheMapuexpress. Para ello se requerirá
una gran línea de transmisión de 2.000 kilómetros que lleve la
energía desde Aysén hasta Santiago y el norte del país, donde se
encuentran las minas. De acuerdo con los planes de transmisión,
6.000 torres de alta tensión atravesarán 17 parques y reservas
naturales y 26 humedales y pasarán por 67 comunas, entre ellas
Panguipulli, donde se celebrará un proceso de consulta a las
comunidades indígenas sobre esta megaobra
El mercado del agua
El caso del agua y las represas es uno de los ejemplos más palpables
de hasta qué punto Chile es “el modelo del modelo” neoliberal, como
señala Lucio Cuenca, presidente delObservatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA). Con la asesoría del economista Milton
Friedman y sus Chicago Boys, el dictador Augusto Pinochet impuso en

11. Chile un modelo neoliberal que aseguraba mayor libertad de
movimiento a las empresas transnacionales –menos impuestos,
menos regulación– al tiempo que impulsó una legislación laboral
débil, incluyendo el aniquilamiento del movimiento sindical –hasta
hoy,el derecho a huelga es muy restrictivo en Chile–. Quedaba así
configurado, y plasmado en la propia Constitución, un marco jurídico
estable y atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED),
mientras las privatizaciones de empresas públicas ofrecían
oportunidades de negocio.
Como mínimo, las multinacionales extranjeras que operan en Chile se
han beneficiado de ese contexto. Es el caso de Telefónica, que llegó a
Chile de 1990, cuando se consolidó la privatización del sector de las
telecomunicaciones en el país. Telefónica encontró unos sindicatos
fragmentados y debilitados e impuso una mayor flexibilidad laboral.
El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschoutz (ICAL) acusó a
Telefónica Chile de violar la libertad sindical en el Tribunal
Permanente de los Pueblos celebrado en Madrid en 2010. Entre sus
argumentos, el ICAL evocó las sanciones de la Dirección del Trabajo
en 2006, 2007 y 2008 por las “prácticas de persecución sindical”
contra los trabajadores organizados que se enfrentaban a las
reestructuraciones.
La privatización de empresas estatales y bienes públicos era otro de
los pilares de la revolución neoliberal. En Chile, ni siquiera el agua se
libró: la gestión de los recursos hídricos se colocó bajo la lógica del
mercado y, para que no hubiera lugar a dudas, se plasmó en la
propia Constitución, aprobada en 1980, todavía bajo la dictadura de
Pinochet. Dice el artículo 19, apartado 24º, de la Carta Magna: “Los
derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o
constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la
propiedad sobre ellos”. Un artículo polémico para el que se han
planteado ocho propuestas de reforma en los últimos doce años.
Ninguna ha salido adelante.
El precepto constitucional se reguló a través del Código de Aguas de
1981 y motivó que, en muy pocos años, unas pocas empresas
acaparasen los derechos del agua en Chile: se estima que tres
empresas (la italo-española Enel Endesa, la chilena Colbún y la
estadounidense AES Gener) controlan el 80% de los recursos hídricos
disponibles en Chile. En cuanto a los derechos no consuntivos –una
figura legal concebida para el desarrollo de la energía hidroeléctrica–,
Enersis controla el 80%, y el 96% en la región de Aysén. Es la más
refinada expresión del modelo neoliberal: el mercado, concebido
como el asignador de recursos más eficiente, debe gestionar el agua,
mientras el Estado se aparta. Sin embargo, sin contención estatal

12. alguna, “el libre mercado no se autorregula: se autodestruye”, ironiza
Samuel Leiva, de Greenpeace.
“La opinión pública en Chile percibe que las empresas
multinacionales están aprovechándose de las legislaciones ultra
neoliberales que fueron promulgadas durante la dictadura (19731990)”, sostiene Juan Pablo Orrego. Si esto es así, el caso más claro
es el de Endesa, que ha hecho de Chile el eje de su estrategia
latinoamericana. Conviene aquí aclarar que comparten nombre
Endesa la empresa pública chilena que fue privatizada en 1997 –no
sin polémicas y escándalos, comenzando por el bajo precio de venta,
y la transnacional española que la compró, que a su vez fue el
resultado de la privatización en los años 90 de la empresa eléctrica
del Estado español. En 2009, la italiana Enel compró el 92% de las
acciones de Endesa-España; a su vez, el 31% de las acciones de Enel
son propiedad del Estado italiano.
En su web, la firma se declara “la primera multinacional eléctrica
privada de América Latina, la mayor compañía eléctrica de Chile,
Argentina, Colombia y Perú y cuenta con una sólida posición en
Brasil”. Es además “propietaria de la línea de interconexión entre
Argentina y Brasil (CIEN) y participa en el proyecto de interconexión
que unirá las redes eléctricas de seis países centroamericanos
(SIEPAC)”. Enel Endesa avanza en la región con su presencia
creciente en un entramado de filiales y accionistas. Las
subcontrataciones y las participaciones convierten los grupos
empresariales en una suerte de laberinto que dificulta seguir la pista
a las acciones de la empresa.
Pese a ello, Endesa no ha evitado convertirse en una de las
transnacionales más cuestionadas en América Latina, antes y
después de Enel. “Allá donde está Endesa, hay un problema”, afirma
el activista de Greenpeace Samuel Leiva. Además de en Aysén y el
Lago Neltume, los ojos de los movimientos sociales están puestos en
Punta Alcalde, al norte de Chile, donde la empresa prevé instalar una
central termoeléctrica. El problema es que la zona estaba ya saturada
de contaminación y había sido declarada zona de latencia, así que el
proyecto no fue autorizado; entonces, la empresa reclamó ante el
Consejo de Ministros, que les buscó una solución a la medida: otra
empresa rebajaría su nivel de emisiones contaminantes para que
Endesa pudiera operar. Tanto Greenpeace como el OLCA observan un
interés especial de las autoridades por sacar adelante el proyecto,
más aún cuando otra central termoeléctrica –el proyecto Castilla–
había sido previamente rechazada, poniendo así en riesgo el
abastecimiento energético de la industria minera en la región. Las
organizaciones vecinales optaron por la vía legal: el caso está en la
Corte Suprema.

13. Denuncias y resistencias
Más de dos décadas después del fin de la dictadura, los diferentes
gobiernos, a izquierda y derecha, evitaron acometer reformas
estructurales, comenzando por la Constitución que, pese a las
múltiples reformas propuestas, sigue incólume desde 1980. La
izquierda chilena, agrupada en la llamada Concertación, gobernó
entre 1990 y 2010, pero no alteró las bases económicas del modelo.
“La izquierda chilena fue cooptada por las multinacionales”, sentencia
Lucio Cuenca. Así, Chile ofrece, un marco legal inmejorable para el
avance de un modelo extractivista que ha cuajado en todo el
continente latinoamericano. El extractivismo se basa en la explotación
intensiva y a gran escala de recursos naturales, que casi siempre se
exportan con poco o ningún valor añadido.
“En Chile, el modelo extractivista se basa en tres pilares:
monocultivo forestal, minería y energía; en Argentina y Brasil, avanza
la soja; en Colombia, la llamada locomotora minero-energética. Es
una nueva forma de colonialismo”, concluye Cuenca. Y, si lo que
define al extractivismo es la escala, la pesca ejemplifica en Chile la
capacidad de destrucción de un mercado desregulado. La explotación
a gran escala orientada a las exportaciones había provocado, en
2010, la sobreexplotación del 67% de los caladeros chilenos, según
datos de Greenpeace. Antes de la aparición de una ley más sostenible
en 2012, las firmas transnacionales hicieron un lucrativo negocio de
actividades tan cuestionadas por los ecologistas como la cría de
salmón. Entre esas multinacionales estaba Pescanova, de la mano de
su filial chilena, Pescachile. Creada en 1983, llegó a ser la flota
pesquera más pujante del país. La empresa española presentó en
marzo de 2013 el preconcurso de acreedores y protagonizó un
sonado escándalo contable, pero en su web se jacta de seguir siendo
“uno de los diez primeros grupos de la industria pesquera mundial”,
con 85 buques factoría y 25 plantas de procesado en todo el mundo.
Durante la pujanza económica de los años 2000, la empresa provocó
“impactos sociales y ecológicos muy negativos” de los que no se hizo
responsable, según el informePescanova en Chile, del Observatorio
de la Deuda en la Globalización (ODG). Entre esos impactos están la
precarización laboral en Pescachile y los problemas ambientales
derivados
de
la
pesca
extractiva. Un
estudio
de
Greenpeace documenta además que filiales de la firma han estado
involucrados en conflictos por la gestión de residuos en la zona
austral: “En Aysén, los miles de kilos de basura que se generan son
almacenados en lugares que no reúnen condiciones y sanitarias, y
esto ha generado enfrentamientos con las comunidades y autoridades
locales”. También el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acusó
a Pescanova por la destrucción ambiental y social provocada en

14. Nicaragua. Entre las acusaciones figuran daños en los manglares,
sobreexplotación y extinción de especies, contaminación de las aguas
y explotación de sus trabajadores, con jornadas diarias de doce
horas; paralelamente, los pescadores artesanales tienen que alejarse
cada vez más de una orilla sobreexplotada.
El Observatorio de la Deuda pidió al Estado español que se
replantease el apoyo a Pescanova a través de beneficios fiscales y de
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides). El
Observatorio pone el dedo en la llaga al denunciar “las deficiencias en
los sistemas de control y de ayuda a la inversión exterior”. Si las
empresas reciben, directa o indirectamente, ayuda pública, ¿no
deberían ser fiscalizadas con más ahínco?
Esa falta de fiscalización y control a la acción de las empresas es una
de las principales denuncias de los movimientos sociales que, con
mayor o menor grado de organización, se hacen escuchar cada vez
más a lo largo y ancho de América Latina. “Las garantías a las
inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos
de la ciudadanía chilena, y especialmente de las comunidades más
vulnerables, como campesinos e indígenas”, sostiene Lucio Cuenca.
“Cada día surgen nuevos proyectos, y cada día se articulan nuevas
luchas en defensa del territorio”, afirma Lucio Cuenca. Desde su
trabajo en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
ha venido observando en los últimos años una creciente “toma de
conciencia” sobre el impacto social y ambiental de este tipo de
proyectos: sólo en Chile, el Instituto de Derechos Humanos
cartografió cerca de 100.000 conflictos ambientales en 2011-12; el
70% de ellos se debía a proyectos mineros o energéticos. Si hay un
elemento que aglutina esas luchas, señala Cuenca, es el elemento
esencial de la vida: el agua.
“La gente percibe que el modelo económico de desarrollo
compromete la vida”, concluye Lucio Cuenca. “En casos como el agua
y las semillas, entienden que se están privatizando conocimientos y
recursos que son patrimonio colectivo, o que fueron usurpados en
momentos de extrema vulnerabilidad social”, como sucedió en
tiempos de la dictadura chilena. O en los años 2000 en Colombia,
donde no hizo falta una dictadura militar para que una violencia al
servicio de las oligarquías se desplegase con brutalidad.
Nazaret Castro es periodista y vive desde hace cinco años en América
Latina. Este artículo forma parte de la investigación Cara y cruz de las
multinacionales españolas en América Latina, financiado por los
lectores de FronteraD a través de uncrodwfunding en la plataforma
Goteo. En FronteraD ha publicado reportajes como Una flor en medio

15. del asfalto, La matanza de Carandiru o La sociedad carioca, en estado
de apartheid, y mantiene el blog Entre la samba y el tango.
Cara y cruz de las multinacionales españolas en América
Latina
1. Grandeza y miserias del río Magdalena. El desembarco de las
multinacionales españolas en Colombia
2. La luz que no llega a los ‘barrios subnormales’. Unión Fenosa y
Repsol en Colombia
3. El modelo del modelo: las represas al sur de Chile. Una
hidroeléctrica sobre el Lago Neltume
En la próxima y última entrega de la serie repasará casos como las
expropiaciones en Bolivia (Sabsa, Iberdrola) y Argentina (Repsol), el
debate interno sobre el modelo extractivista en Ecuador y la polémica
entre Sacyr y el gobierno de Panamá por las obras del Canal. A modo
de broche final, intentaremos ofrecer una panorámica de la situación
en la región y recabaremos algunas opiniones de expertos.
Para más información:
Los nuevos conquistadores, Greenpeace, 2007.
Represas. La lucha contra los modernos dinosaurios. Movimiento
Mundial por los Bosques Tropicales, 2003.
Pescanova en Chile. Impactos españoles sobre el sector de la pesca
en Chile. Observatorio de la Deuda en la Globalización/ Cátedra
UNESCO de Sostenibilidad. Universitat Politècnica de Catalunya.
Noviembre de 2006.
Jorge Moraga, Aguas turbias. La central hidroeléctrica Ralco en el Alto
Bio Bio. OLCA, Santiago, 2001. Se encuentra on line.
Energía en Chile, ¿Para qué y para quién? Chile Sustentable, 2013.
Referencias web
Documental Apaga y vámonos sobre la disputa entre Endesa y
miembros de la comunidad mapuche.
Investigación parlamentaria sobre el proyecto Hidroaysén.
Mapuexpress.
Mapa de conflictos ambientales e indígenas.
El último pez: La depredación del Pacífico Sur, por Mort Rosenblum y
Mar Cabra
Cuaderno de bitácora (artículos del blog relacionados):
Con don Humberto en la Tierra del Puma.

16. Día de la Raza en versión mapuche.