El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su profunda preocupación por el desplazamiento el 17 de marzo de más de 200 personas provenientes de los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Peque, Liborina, Sabanalarga y el hecho de que estas personas siguen desplazadas sin apoyo estatal. Frente a la inacción de las autoridades regionales, hacemos un llamado a que se realice una comisión de alto nivel, que cuente con funcionarios competentes del Gobierno Nacional, para

1. Comunicado Público: El MOVICE expresa preocupación por el
desplazamiento de más de 200 campesinos por el Proyecto
Hidroituango y solicita una comisión de alto gobierno
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
expresa su profunda preocupación por el desplazamiento el 17 de
marzo de más de 200 personas provenientes de los municipios de
Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Peque, Liborina,
Sabanalarga y el hecho de que estas personas siguen desplazadas sin
apoyo estatal. Frente a la inacción de las autoridades regionales,
hacemos un llamado a que se realice una comisión de alto nivel, que
cuente con funcionarios competentes del Gobierno Nacional, para
visitar a la comunidad desplazada y concretar medidas de apoyo.
Hechos:
Los campesinos debieron desplazarse debido a una serie de
hostigamientos y de actos de persecución por parte de la Fuerza
Pública, en particular de hombres del Ejército y del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, luego de haberse
decidido a protestar, desde el día 14 de marzo, en contra del
proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, antes conocido como
Hidroeléctrica Pescadero, megaproyecto impulsado por las Empresas
Públicas de Medellín (EPM), entre otras:

2. El 10 de marzo de 2013, centenares de campesinos y habitantes de la
región empezaron a congregarse en el municipio de Ituango, con el
fin de participar en una manifestación en contra de la represa
Hidroituango, a realizarse el 14 de marzo, en el marco del “Día
Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la
Vida”.
El 11 de marzo, llegaron hasta allí los hombres del Esmad, quienes
atacaron a la concentración con granadas de aturdimiento y gases
lacrimógenos.
El día 12 de marzo, debido al ataque, los manifestantes fueron
obligados a salir de Ituango hacia el Valle de Toledo, en busca de
protección.
El 13 de marzo, en el casco urbano del corregimiento del Valle de
Toledo, donde otros miembros de la comunidad se encontraban en
protesta, hubo una explosión a raíz de la cual uno de los
manifestantes salió herido.
El día 14 de marzo, los lideres de la comunidad que habían estado
participando en un debate sobre le represa Hidroituango en la
Asamblea Departamental de Antioquia, junto con diputados de la
región, se trasladaron al Valle de Toledo para encontrarse con las
comunidades en protesta. En el camino, fueron retenidos en varias
ocasiones, por periodos de aproximadamente una hora, por
miembros del Ejército.
El 16 de marzo, el Esmad llegó al Valle de Toledo, donde capturó a 80
miembros de la comunidad que fueron llevados al Comando de Policía
de Valle de Toledo. Luego, seleccionaron a 12 líderes y los llevaron en
un helicóptero de EPM hasta Santa Rosa de Osos.
El 17 de marzo, en la audiencia de legalización de captura, la juez de
control de garantías determinó que ésta era ilegal y puso en libertad
a los líderes detenidos. Sin embargo, la Fiscalía sigue imputando

3. cargos en su contra por los delitos de obstrucción de la vía publica y
retención de vehículos públicos.
Desde entonces, la Policía ha venido amenazando a la comunidad,
indicándole a los campesinos que deben salir del lugar si no quieren
correr la misma suerte de sus compañeros detenidos. Por lo tanto, el
17 de marzo, la comunidad se vio obligada a salir del territorio y a
desplazarse hasta Medellín.
Contexto:
Los campesinos de la zona y los integrantes del Movimiento Ríos
Vivos han enfrentado constantes actos de persecución por parte de la
Fuerza Pública, incluyendo acusaciones falsas, judicializaciones y
desalojos, en el marco del proyecto Hidroituango, entre los que se
destacan los siguientes:
•En 1997, siendo Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia, se
inicia el proyecto hidroeléctrico de Pescadero con la creación de la
Sociedad promotora de la Hidroeléctrica Pescadero SA, compuesta
con recursos públicos y capital privado.
•Entre 1997 y 1998, 80 campesinos fueron masacrados en la región
del noroccidente antioqueño por paramilitares, en los municipios de
Liborina, Peque, San Andrés de Cuerquia e Ituango. Estos, sumados a
otros 26 asesinatos cometidos en masacres paramilitares en 1996 en
Ituango, Valdivia y Santa Fe de Antioquia, completaron un récord de
106 asesinatos en apenas tres años en la región que será afectada
por la represa.
•La violencia paramilitar en la zona provocó, en 1998, el
desplazamiento forzado de 55 familias de Ituango.
•Entre 1998 y 2005 la acción de los bloques Central Bolívar y Minero
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disputaban el
control territorial de la región por su enorme riqueza minera y por la

4. importancia económica de la negociación de las tierras para el
proyecto de generación eléctrica, dejó a miles de personas
desplazadas.
•En 2006 se inician en la región los censos de población, los estudios
socio económicos, prediales, de factibilidad técnica, económica y
ambiental en la región, lo que trae a Ituango a los técnicos del
consorcio constructor del proyecto, a la par que se ve reforzada la
militarización de la región relacionada con la intensificación del
conflicto armado.
•El 15 de agosto de 2008, desconocidos accionaron un explosivo en la
calle La Peatonal del casco urbano de Ituango, dejando muertas a
siete personas.
•En 2009 se otorga licencia ambiental para el proyecto ahora
bautizado Hiroituango, y se inicia la compra agresiva de tierras por
parte del consorcio constructor. Aproximadamente 1.200 personas
fueron desplazadas en en la zona durante ese año, superando los
registros de todos los años anteriores.
•En 2010 el consorcio constructor de la hidroeléctrica aprueba el
"Manual de valores unitarios de los predios" con el que se imponen
los precios a pagar a los campesinos por sus tierras, y logra la adición
de nuevas zonas al proyecto. Más de 1.500 personas fueron
desplazadas, incluyendo veredas enteras, en el municipio de Ituango
durante ese año, el de mayor expulsión de personas del municipio en
su historia, al tiempo que se intensifican los asesinatos selectivos de
líderes sociales.
•En marzo 2011 fueron capturadas 9 personas reconocidas de la
comunidad, sindicadas de los delitos de "rebelión" y "financiación de
grupos ilegales". Fueron puestos en libertad tras verificar la ilegalidad
de las pruebas en su contra.

5. •En junio de 2011, el
blog http://colombialibresiempre.blogspot.com/ publicó listados con
datos personales de más de 2.000 pobladores de la región, que
fueron señalados de tener algún nexo con el grupo armado FARC-EP.
Entre estas personas se cuentan líderes y lideresas pertenecientes a
organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Ituango. En
ese blog se argüía que las fuentes de la información eran documentos
de manejo exclusivo de entes estatales.
•El 26 de diciembre de 2011, también a raíz del proyecto
Hidroituango, fueron desalojados los mineros y mineras artesanales
de las playas conocidas como Icura y El Limón, en jurisdicción del
municipio de Briceño (Antioquia), por el Esmad y con la presencia de
hombres de la empresa de seguridad privada VISE Ltda., la
inspectora de policía de Briceño, el comisario de familia de Briceño y
un funcionario de la empresa EPM.
Exigimos:
-Que se confirme la realización de una comisión de alto nivel que
cuente con funcionarios competentes del Gobierno Nacional, para
visitar a la comunidad desplazada y concretar medidas de apoyo.
-Que las organizaciones nacionales e internacionales, brindan apoyo y
acompañamiento a la comisión, para asegurar la presencia de
veeduría independiente y la resolución de esta grave situación.
Favor dirigirse a:
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26, Palacio de Nariño, Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 596 0631
E-mail: buzon1@presidencia.gov.co
Angelino Garzón
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 596 0651

6. Teléfono: +571 334 4507
E-
mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co contactovicepresidencia
@presidencia.gov.co ppdh@presidencia.gov.co
Fernando Carrillo
Ministro del Interior
Carrera 9 No. 14-10, Bogotá, D.C.
E-mail: reclamos@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.coEsta
dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita
activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: (+57 1) 242 74
Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá, D.C.
tl: 311 0300 - Anexo 1202
E-
mail: defensor@defensoria.gob.pe, defensoria@defensoria.org.co, ag
enda@agenda.gov.co
Ricardo Sabogal Urrego
Director, Unidad de Restitucion de Tierras
Cra. 10 Nº 27-27 Edificio Bachué Oficina 702
Tl: (1) 5998227 - 5661164 - 5661596 - 5996816
comunicaciones.tierras@gmail.com
Alma Viviana Pérez
Directora, programa Presidencial para la proteccion y vigilancia de los
derechos humanos y el DIH
Calle 7 No. 6 - 54. Bogota
Tl: 57 1 595 1850
ppdh@presidencia.gov.co