El documento propone medidas de presión que consisten principalmente en cumplir estrictamente la regulación y leyes relacionadas con la ordenación de servicios policiales, tratamiento de detenidos y puesta a disposición judicial. Señala que las medidas no afectarán a servicios relacionados con delitos que afecten a la seguridad del estado, servicios urgentes o de carácter humanitario, a excepción de casos de urgente necesidad o primeras gestiones de delitos graves contra personas.