México inerme ante desastres y negligencias en la SFP

Año 16 • Número 564 • $30
Del 6 al 12 de noviembre de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 6 de noviembre de 2017
CONTENIDO
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
564, del 6 al 12 de noviembre de 2017– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Alda-
ma 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.
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2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título:
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folio: 00010-RHY
28
PORTADA
Nula capacidad de respuesta ante
catástrofes naturales. No se cuenta con
rescatistas especializados ni instituciones
concebidas para prevenir y reaccionar
MÉXICO, INERME ANTE
SISMOS Y DESASTRES
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL NEGLIGENCIAS EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN VULNERA
GRAVEMENTE LOS DERECHOS HUMANOS Nancy Flores
ZONA CERO ¿QUÉ “AMENAZA” A MÉXICO DESDE HACE LUSTROS,
SEGÚN EL CISEN? Zósimo Camacho
DEFENSOR DEL PERIODISTA LA REPORTERA-CORRESPONSAL
RUBICELA MORELOS Y LOS TALES: GRACO-ELENA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
CRIMINALIZACIÓN DE LA ANUEE Y LA PROTESTA SOCIAL Marisol Feria y
Carlos Ventura
CON EL TLCAN SÓLO LOS EMPRESARIOS GANAN Martín Esparza Flores
CIENCIA Y FILOSOFÍA: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA
Omar Suárez García
CUIDADO, LAS ELECCIONES NO SON LA REVOLUCIÓN Marcelo Colussi/
Prensa Latina
DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS APRUEBAN REARME ANTI-RUSO DE
ESTADOS UNIDOS Manlio Dinucci/Il Manifesto/Red Voltaire
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CONTENIDO
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4236
50 56
INVESTIGACIÓN
PORTADA México, inerme ante sismos y desastres Zósimo Camacho
SOCIEDAD Sagarpa asigna 133 millones a personas fallecidas y a funcionarios Érika Ramírez
LÍNEA GLOBAL Causas, consecuencias e impacto de una guerra económica Livia Rodríguez
Delis/Prensa Latina
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MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Lo que no sabías de la piratería Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS De la mente de Hitler a la de Trump, o la locura del poder Álvaro Cepeda Neri
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ANÁLISIS
INTERNACIONAL La guerra sin límites: cómo se desató el “imperio del caos” Alessandro
Pagani
INTERNACIONAL Trump y el secesionismo Thierry Meyssan/Red Voltaire
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OFICIO DE PAPELOPINIÓN
NEGLIGENCIAS
EN LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
MIGUEL BADILLO
E
ra el foro Mujeres vs la corrupción. La Ba-
rra Mexicana Colegio de Abogados fungía
como anfitriona y la invitada de honor Are-
ly Gómez, principal responsable en el país para
combatir la corrupción gubernamental, tenía a
su cargo el discurso principal. Todo iba bien hasta
que tres abogadas integrantes de la Barra repro-
charon a la secretaria de la Función Pública (SFP)
su pasividad ante la complicidad y encubrimiento
de actos de corrupción en contralorías internas de
diversas dependencias federales, como por ejem-
plo en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos
(Pemex).
Ante la exigencia de las litigantes se esperaba
una respuesta contundente de la funcionaria, y so-
bre todo que explicara por qué no se destituye a los
contralores internos que son negligentes y algunos
hasta cómplices en el desvío de recursos públicos.
Pero no fue así, según relatan algunas de las abo-
gadas asistentes a dicho foro realizado a mediados
de año en la Barra, Arely Gómez sólo respondió:
“Ya vamos de salida, para qué los perjudicamos”.
Por eso se entiende que hace unos días la titular
de la SFP afirmara ante la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación, de la
Cámara de Diputados, que la corrupción que hay
en el país viene de décadas atrás, pero que ahora
su percepción es más notoria por las redes socia-
les, que si bien ayudan mucho y son un detonante
importante, “también en ocasiones desvirtúan un
poco la realidad”. Por esas declaraciones la funcio-
naria recibió fuertes críticas en las mismas redes
sociales.
Pero el problema de fondo es que esta secretaria
de Estado –responsable de vigilar la actuación de
los servidores públicos y sus bienes patrimoniales,
a fin de impedir que sigan enriqueciéndose ilícita-
mente– es subalterna del presidente de la Repúbli-
ca, y es un contrasentido creer que puede actuar
con rigor e independencia para perseguir a buró-
cratas corruptos. Entonces lo que se necesitan son
órganos autónomos que realmente puedan y estén
capacitados para combatir la corrupción guberna-
mental, algo que por lo menos en este gobierno ya
no ocurrió.
De qué se queja, señor presidente
Mientras desde las altas esferas del poder po-
lítico en México se minimice la capacidad des-
tructiva de la corrupción sobre el tejido social, la
impunidad promovida desde la misma estructura
de gobierno se fortalecerá y cada día que pase di-
ficultará más su combate. Por eso resulta preocu-
pante que sea el mismo presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, quien se quejara hace algunas
semanas de que ante la evidencia de grandes casos
de corrupción gubernamental la sociedad reaccio-
ne y exija (con todo su derecho de libre expresión)
que se investiguen los actos de corrupción.
El mandatario dijo que “detrás de cada evento
quieren encontrar un responsable, un culpable. Y
siempre es la corrupción, aun cuando no necesa-
riamente tenga que ver”. Sin embargo, en su man-
dato que está por terminar, 10 exgobernadores y
un exdirector general de Pemex son acusados y
procesados penalmente por hechos de corrupción.
La reacción de la sociedad ante los innume-
rables casos de corrupción en los tres niveles de
gobierno es simplemente un reflejo de la realidad
que; por ello llama la atención que a Peña Nieto
le preocupe la reacción popular (el juicio social,
en donde se incluyen opiniones y editoriales de
los medios de comunicación), cuando su preocu-
pación debería centrarse en buscar esquemas que

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
permita acabar o reducir los elevados casos de co-
rrupción gubernamental, que sólo vacían las arcas
públicas y aumentan la pobreza nacional.
El gobierno federal debería agradecer las múl-
tiples válvulas de escape que se han creado con las
redes sociales y otros foros y que han impedido
que los sectores más radicales de la población con-
creten un estallido social. Así que los reclamos de
millones de mexicanos que exigen justicia y cero
impunidad al presidente Peña Nieto, además de
legítimos son necesarios en un país cuya población
se debate diariamente en la inseguridad, la violen-
cia, la pobreza extrema, el abuso y la impunidad.
Si el presidente se siente agobiado y bajo mu-
cha presión por las demandas de justicia, debe
empezar a dar respuestas antes de concluir su go-
bierno o de lo contrario la historia lo juzgará como
ahora lo hace la sociedad en su conjunto.
Acusar la corrupción es el derecho ciudadano
a expresar el sentir de un país que necesita mejores
gobernantes y demanda una verdadera democra-
cia. De tal manera que los reclamos presidenciales
sólo son una expresión de la incapacidad con que
se ha conducido al país.
El presidente perdió la confianza al
procurador
AlinteriordelaProcuraduríaGeneraldelaRe-
pública (PGR) todavía se habla de la renuncia de
su titular Raúl Cervantes Andrade, de quien dicen
el presidente le retiró la confianza y dejó de apoyar
su interés de llegar a la Fiscalía General. A pesar de
ello, Cervantes había considerado permanecer en
el cargo, hasta que los terremotos que cimbraron al
país dañaron los dos edificios sede de la PGR, por
lo cual el procurador solicitó una partida especial
para rentar nuevas oficinas en donde despachar,
pero para su sorpresa la Secretaría de Hacienda le
negó los recursos y fue entonces cuando el aboga-
do de la nación entendió que nada podía hacer al
frente de esa institución de procuración de justicia,
porque había caído de la gracia de Los Pinos.
Puntos suspensivos… De los cuatro edi-
ficios de la PGR que resultaron dañados por los
terremotos de septiembre, por lo menos en uno de
ellos, el de Avenida Reforma 211, un capitán del
Ejército se niega a que sus subalternos desalojen el
inmueble a pesar de tener severos daños, debido a
que se trata de los pisos 9, en donde está el área de
seguridad institucional, y 18, que alberga el área
de sistemas. El militar también les ha prohibido a
los empleados de la PGR bajo su cargo que tomen
fotografías de las cuarteaduras del edificio. Otro
edifico dañado es el de Reforma 213, en donde se
le prohibió al mismo helicóptero “Colibrí”, ads-
crito al titular de la PGR, que pudiera aterrizar
porque el riesgo de que el inmueble se derrumbe
es muy alto.
ESPECIAL

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
CORRUPCIÓNVULNERA
GRAVEMENTE LOS DERECHOS
HUMANOS*
NANCY FLORES
L
a corrupción da origen a cuatro escenarios
que violan gravemente los derechos huma-
nos en México, porque éste es uno de los
países más corruptos del mundo. Tanto, que hasta
para hacer un pequeño trámite se tiene que dar
mordida, como se le conoce popularmente al so-
borno de particulares a autoridades para que éstas
hagan o dejen de hacer su trabajo.
Por ello la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) señala que la corrupción no
sólo es mala en sí misma, sino que genera este tipo
de vulneraciones. Y resulta que la solicitud de so-
bornos como condición para acceder a los dere-
chos (por ejemplo a la justicia, salud, educación,
vivienda, etcétera) es el
principal escenario en
el que este ﬂagelo des-
emboca en esas graves
violaciones.
En su estudio Los
derechos humanos y la co-
rrupción en México, la
CNDH identifica a los sobornos para incurrir en
actos prohibidos y abiertamente violatorios de los
derechos como el segundo escenario. Por ejemplo,
indica, cuando un particular “compra” a un su-
pervisor de condiciones laborales o a un evaluador
de impacto de una obra de infraestructura.
Y aquí es inevitable recordar los edificios que
cayeron en la Ciudad de México –durante el sismo
del 19 de septiembre– por la falta de rigor en la su-
pervisión gubernamental o de plano su ausencia,
que derivó en el uso de materiales de baja calidad
o en la omisión de elementos indispensables para
soportar las estructuras; o por la expedición de au-
torizaciones irregulares para construir más pisos
de los permitidos en ciertas zonas vulnerables.
En la lista de la CNDH aparecen en tercer lu-
gar los actos de corrupción que traen como conse-
cuencia la disminución de los recursos públicos y
los bienes y, por ello, generan peores servicios que
transgreden abiertamente las obligaciones de pro-
tección, garantía y promoción de todos los dere-
chos; y de progresividad, prohibición de regresión
y máximo uso de recursos disponibles.
Esa merma en los recursos públicos se puede
dar por desvío o malversación de fondos, o por
sobornos en la adjudicación de contratos para
comprar bienes o prestar servicios públicos, refiere
el estudio. Y es que eso
último genera sobre-
precios o cargas en la
calidad de los procesos
de adquisición.
El estudio –encar-
gado por la CNDH al
Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México– observa que la cuarta relación
entre corrupción y violación a derechos humanos
sucede cuando se captura al Estado.
“Lo que sucede en estos casos es la distorsión
de los procesos de diseño de las políticas públicas
generando la privatización de lo público y, por
ende, el incumplimiento de las obligaciones a
cargo del Estado en materia de derechos huma-
nos”. Quizá éste sea el más grave de los cuatro
escenarios que derivan en violaciones de este tipo,
porque implica a las altas esferas del poder don-
de no sólo hay más recursos en juego, sino donde
La captura del Estado es el peor esce-
nario: se distorsiona el diseño de políti-
cas públicas, se privatiza lo público y se
vulneran todos los derechos humanos
La captura del Estado es el peor esce-
vulneran todos los derechos humanos

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
se toman las decisiones más importantes sobre el
rumbo del país.
Del estudio se desprende que, en estos cuatro
escenarios, el derecho a la salud es uno de los más
afectados, seguido por el derecho a la educación.
En el primer caso, por ejemplo, se vincula a la
corrupción con la esperanza de vida al nacer: “a
mayor percepción de la corrupción, más pobla-
ción sin acceso a la salud, más mortalidad infantil
y menos esperanza de vida al nacer”.
Y, sin duda, la peor corrupción es justamente
aquella que aniquila
la vida y pone en ries-
go la estabilidad del
país. Además de las
consecuencias fatales
de los sismos de sep-
tiembre pasado –en
donde ocho de cada
10 muertes por edifi-
cios colapsados fue-
ron causadas por la
corrupción– hay otros
lamentables ejemplos,
como lo sucedido con
el socavón del Paso
Exprés de Cuernava-
ca, en el que dos per-
sonas fallecieron por la
corrupción de las em-
presas constructoras y
los gobiernos federal y
de Morelos.
Transparencia In-
ternacional define a la
gran corrupción como
el abuso de poder en
las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa
de muchos y provoca perjuicios graves y genera-
lizados a las personas y la sociedad; y esa, muy a
menudo, queda impune, señala la organización.
Y lo que impera en nuestro país es precisamen-
te una crisis generalizada de violaciones a dere-
chos humanos que se complementa con un marco
estructural de corrupción e impunidad, advierte el
estudio de la CNDH. “Peor aún, el marco estruc-
tural de corrupción se realiza mediante redes de
criminalidad que funcionan cada vez con mayor
complejidad”.
Esa crisis se ha dado a partir del proceso polí-
tico integrado por el clientelismo, la negación, la
simulación, la corrupción y la impunidad, refiere.
Y estos aspectos son los que “dan cuenta no sólo
de la falta de voluntad política para combatirla,
sino de la abierta voluntad de mantenerla”
En sus conclusiones, el análisis indica que no
existe la “CORRUPCIÓN”, sino varias distintas
expresiones con parecido de familia a las cuales se
les denomina genéricamente como tal. Y que de-
bemos enfocarnos en
combatir sobre todo
aquella corrupción
que el Banco Mundial
denomina “captura es-
tatal” y a la que tam-
bién se identifica como
corrupción política.
Según la Organiza-
ción de las Naciones
Unidas, se trata de la
que cometen los altos
mandos.
El estudio observa
que ésa es la más difí-
cil de erradicar porque
“se enquista en las es-
tructuras más altas del
poder político y econó-
mico y sirve para ‘acei-
tar’ el funcionamiento
de los sistemas”.
Pero si no se com-
bate, “las pautas es-
tructurales de violacio-
nes a derechos huma-
nos provenientes de la corrupción se mantendrán
intactas”, señala el estudio, porque éstas “toman
patrones sistemáticos y estructurales”.
Sin embargo, no parece que al gobierno le in-
terese erradicarla o luchar en su contra, porque
México es un Estado capturado. Por ello, el sis-
tema anticorrupción que se impulsa desde esas
estructuras corruptas no servirá de nada, pero de
ello escribiré en la próxima entrega.
*Primera de dos partes
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
C
inco temas quitan el sueño a los agentes de se-
guridad nacional. Se trata de los “riesgos”
que, según ellos, de manera permanente
corre el Estado mexicano desde hace varios lus-
tros: los grupos armados, las fronteras y migración,
el crimen organizado, el terrorismo y la dinámica
geográfica. Cada año están presentes en la Agenda
Nacional de Riesgos. Nunca pueden faltar aunque
ocupen distintos lugares en la jerarquización del
nivel de urgencia. Un documento metodológico da
cuenta ellos y justifica el por qué los organismos de
seguridad nacional “tutelan” la “facilitación” de las
reformas estructurales.
La Agenda es uno de los documentos confiden-
ciales más celosamente guardados por el Centro de
Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen).
Se supone, es el produc-
to de inteligencia más
completo que elabora
ese organismo descon-
centrado de la Secreta-
ría de Gobernación, a
la sazón, la agencia de inteligencia civil del Estado
mexicano.
Contralínea dio a conocer dos de sus versiones
más recientes. En un reportaje seriado de 12 entre-
gas el equipo de reporteros reprodujo los documen-
tos e investigó entorno a ellos: entrevistó a varios de
los actores que ahí se mencionan y a especialistas;
y obtuvo más información de la contenida en los
legajos. Desde esta liga [http://www.contralinea.com.
mx/archivo-revista/2016/10/31/listado-de-13-reporta-
jes-que-conforman-la-serie-agenda-nacional-de-riesgos/] se
puede acceder a todo el reportaje.
El Cisen define a la Agenda como “un instrumen-
to prospectivo que identifica riesgos y amenazas a
la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocu-
rrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fe-
nómenos diversos y las posibles manifestaciones de
los mismos”. Explica que dicho documento define
las labores de inteligencia del organismo, “así como
las acciones, los mecanismos de coordinación y las
políticas en materia de Seguridad Nacional enca-
minadas a dar continuidad al proyecto de nación
en el corto, mediano y largo plazo”.
¿Pero cómo se integra la Agenda? ¿Cómo de-
tectan los brujos del Cisen que tal o cual situación es
un “riesgo” y cuál otra una “amenaza” a la seguri-
dad de la nación? ¿Y cómo jerarquizan tales ries-
gos para hacer una lista de las 10 situaciones más
urgentes?
Hace varios años (a
principios del sexenio
de Felipe Calderón) pu-
blicamos el documento
metodológico que si-
guen los analistas para
elaborar la Agenda.
Hoy, que tenemos acceso al vigente, prácticamen-
te no ha tenido cambios. Es el mismo, salvo por el
intercambio de algunas palabras. Se titula Nota me-
todológica para construir agendas de riesgo.
En el texto se asienta que la Agenda “es la he-
rramienta básica para la planeación estratégica, ya
que organiza y delimita el universo de trabajo de las
áreas que conforman al Cisen con la finalidad de
proponer escenarios estratégicos y políticas públicas
a los miembros del Consejo de Seguridad Nacio-
nal”. Además, permite identificar prioridades, se-
gún el nivel de riesgo, de todos y cada uno de los
temas de atención.
ZÓSIMO CAMACHO
¿QUÉ “AMENAZA” A MÉXICO
DESDE HACE LUSTROS
SEGÚN EL CISEN?
Grupos armados, fronteras y migra-
ción, crimen organizado, terrorismo y la
dinámica geográﬁca son los cinco te-
mas que más preocupan al Cisen
Grupos armados, fronteras y migra-
mas que más preocupan al Cisen

ZONA CERO OPINIÓN
“La ANR [Agenda Nacional de Riesgos] forma par-
te integral de la misión del Cisen que tiene la res-
ponsabilidad de establecer y operar un sistema de
investigación e información que contribuya a pre-
servar la integridad del estado mexicano.”
Así –según la Nota metodológica– el Cisen tiene
como misión desarrollar y operar un sistema de
investigación y análisis de inteligencia estratégica,
táctica y operativa que genere información para la
toma de decisiones. Lo anterior con los objetivos
formales de: 1) alertar de las amenazas y riesgos in-
ternos y externos a la seguridad nacional, y 2) pre-
servar la integridad, estabilidad y permanencia del
Estado en el marco de un gobierno democrático y
de respeto al estadio de derecho.
De acuerdo con el documento, el Cisen mantie-
ne permanente y especial
vigilancia en cinco temas.
Enprimerísimolugarestán
los grupos armados, defini-
dos como “grupos u orga-
nizaciones que propagan
cambios políticos o sociales
por medio de la violencia
y la ruptura del Estado de
derecho”. Como podemos
ver, este apartado está de-
dicado a las guerrillas y al
anarquismo insurrecciona-
lista.
El segundo tema per-
manente es el de fronteras
y migración: “La seguridad de las relaciones fron-
terizas y de los migrantes son complementarias;
preservando las primeras se contribuye a evitar el
tráfico ilegal de personas, ilícito que afecta no sólo
a mexicanos sino a seres humanos de numerosas
nacionalidades”. Se trata del control de migran-
tes –mexicanos o no– que va con rumbo a Estados
Unidos.
Enseguida se encuentra el crimen organizado:
“La porosidad de las fronteras propicia el tráfico ile-
gal de drogas, armas personas y bienes (contraban-
do), el deterioro de la salud pública, la corrupción
de las instituciones, la distorsión en la economía da-
ñando el tejido social de la nación”. Se refiere a las
mafias (no sólo las del narcotráfico).
Un cuarto tema de observación permanente
es el terrorismo. “Las actividades en México de
grupos o de organizaciones extranjeras orientadas
a forzar cambios en la sociedad y en la política de
sus países o de terceras naciones por medio de la
violencia para infundir temor entre la población y
crear un ambiente de incertidumbre ciudadana”.
Finalmente, la dinámica demográfica. “La mi-
gración campo-ciudad, la emigración hacia el ex-
tranjero y el cambio en la estructura poblacional,
constituyen y oportunidades estratégicas en el corto
y mediano plazos para nuestro país”.
El documento señala que la evaluación de cada
tema se realiza mediante “reuniones que adoptan
el formato de mesas redondas donde se debaten
temas específicos. Su objetivo es determinar esce-
narios plausibles y, a partir de ellos, sugerir políticas
públicas que se materiali-
zan en acciones destinadas
a mantener la integridad,
la estabilidad y permanen-
cia del Estado mexicano”.
La Agenda, así, es el ins-
trumento que determina
cuáles son los cuatro “va-
lores tutelados” del Estado:
la seguridad nacional (que
se busca preservar); la go-
bernabilidad democrática
(que se busca asegurar),
el estado de derecho (que
se pretende proteger) y, ni
más ni menos que, las re-
formas estructurales (que se busca “facilitar”).
La gobernabilidad democrática es considerada
en el documento como los acuerdos y consensos
que fortalezcan la legalidad y la legitimidad de las
instituciones. Especial atención merece la relación
entre la Federación, los estados y los municipios; y
los procesos electorales. Con respecto de este punto,
señala: “debe acotarse en riesgo que conlleva para
el juego democrático la eventual penetración del
crimen organizado”.
Sobre su participación como “facilitador” de
las reformas estructurales es justificada por el Cisen
bajo el argumento de que “la convergencia entre
intereses particulares legítimos y e interés nacional
es la clave del éxito de las políticas de Estado inclu-
yentes y de largo plazo”.
PEDROVALTIERRA/CUARTOSCURO

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
N
o hay desgobernador, de los 32 que ya son,
que además de abusar del poder para re-
primir, no sea un ratero. Y quienes, ade-
más suelen tener defensores, como fue el caso del
hasta “periodista” Octavio Rodríguez Araujo,
capaz de atreverse a querer desmentir los hechos
que la reportera-corresponsal Rubicela Morelos
Cruz (La Jornada, 29 de septiembre de 2017) ha
estado informando sobre la corrupción del pe-
rredista Graco Ramírez en complicidad con su
esposa Elena Cepeda; un matrimonio que, des-
de su mal gobierno (pues los dos se han erigido
en dueños del poder
Ejecutivo del estado
de Morelos), impu-
nemente siguen com-
partiendo la rebatiña
y siguen la regla de la
corrupción sobre que:
“los que reparten se
quedan con la mayor parte”. O como en el caso
que nos ocupa, se quedan con todo.
Morelos y los morelenses han estado siendo
saqueados por ese par que ha pisoteado todos los
derechos de esos mexicanos, sin que hasta la fe-
cha –al menos– hayan destituido a Graco, y mu-
cho menos lo hayan encauzado a juicio político.
Y a juicio penal junto con su esposa. Todo por-
que ambos se han dedicado a compartir el poder
con sus hijos y al amparo del PRD de Los Chu-
chos y en amiguismo con Mancera, imponiendo
en ese estado un sistema despótico y nepotista.
Llegando a confiscar la ayuda, sobre todo de las
despensas enviadas para los damnificados por el
terremoto, y reetiquetarlas con propaganda del
gracoelenismo.
Graco fue pillado y exhibido como un ladrón
sin antifaz e identificado por los medios infor-
mativos y en las redes. La reportera Rubicela
Morelos envió para su publicación, con hechos,
información sobre esa ratería. No faltando los
“abogados” del graquismo que se atrevieron a
tratar de desmentirla. Pero la reportera cuestionó
a uno de ellos, confirmando que en el DIF que
mangonea la esposa de Graco –que no honra
el nombre que lleva–
ocultaba esas ayudas
para etiquetarlas con
el nombre de su espo-
so, y de esta manera
hacer “caravana con
sombrero ajeno”.
Es así que en una
carta enviada a La Jornada –de la que es corres-
ponsal– la periodista afirmó que la información
que publicó se sustentó en lo que ella misma,
como reportera supo con veracidad y constató.
Llegó a tal grado la desfachatez de Elena y Gra-
co que hasta los víveres que varias diócesis en-
viaron al obispo de Cuernavaca, se las robaron
los dos gobernantes. Así que la trabajadora de
la prensa le puso los hechos al “defensor” como
prueba de que “mi trabajo es recabar informa-
ción de hechos y versiones” y, entrevistando a
quienes denunciaron la maliciosa conducta del
par de ladrones, fue que elaboró sus notas.
LAREPORTERA-CORRESPONSAL
RUBICELA MORELOS Y LOS
TALES GRACO-ELENA
ÁLVARO CEPEDA NERI
La reportera Rubicela Morelos confir-
mó que el gobierno de Graco ocultaba
ayuda para víctimas del sismo en insta-
laciones del DIF, que preside su esposa
La reportera Rubicela Morelos confir-
laciones del DIF, que preside su esposa

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Graco y Elena han sido ya binomio devas-
tador en la entidad, por sus abusos y antide-
mocrático uso de la administración estatal para
fomentar la corrupción política, económica y
social. Si los desgobernadores del PRI y del PAN
son unos canallas, los del PRD “no cantan mal
las rancheras”. Y la pareja Elena-Graco ha de-
mostrado que el perredismo es más y peor de
lo mismo, siendo la información reporteada por
Rubicela Morelos Cruz una muestra del profe-
sionalismo periodístico para tener al tanto a la
opinión pública de los hechos y actos de los fun-
cionarios y todos aquellos integrantes del poder
público.
Lo que pasa es que cuando esos tipos son ex-
hibidos rasgándose las vestiduras, el trabajo de
los reporteros los exhiben en su desnudez, y la
información los pone ante los ojos de los ciuda-
danos tal como son: delincuentes de cuello blan-
co. Y por enésima vez, la prensa escrita cumple
con su obligación –sustentada en las libertades
de informar y opinar–, demostrar con hechos los
abusos del poder. La pareja que desgobierna Mo-
relos ha estado cometiendo abusos que a Graco
lo hacen candidato a juicio político, por estar
constantemente violando los derechos huma-
nos de los morelenses; al grado de haber llegado
a reetiquetar la ayuda que muchos mexicanos
enviaron para paliar algo del sufrimiento de las
víctimas del terremoto, tal y como la reportera
Rubicela Morelos Cruz, ha estado consignando
en su veraz información.
MARGARITOPÉREZ/CUARTOSCURO
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a limitación de protestas sociales, acom-
pañadas de detenciones arbitrarias, se
han convertido en uno de los métodos de
disciplina y control social más usados por auto-
ridades mexicanas en la administración de Enri-
que Peña Nieto. Éstas son cometidas contra or-
ganizaciones sociales y personas de presencia y
liderazgo importante entre procesos de resisten-
cia que se oponen a megaproyectos, que se or-
ganizan para defender sus territorios y especial-
mente sus derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales (DESCA), por mencionar
algunos. En la última década, se ha consolidado
un régimen de despo-
jo que se ha gestado
desde hace ya varios
lustros con la imposi-
ción de políticas neo-
liberales, que protegen
intereses económicos
de las transnacionales
e incentivan la mercantilización de bienes co-
munes naturales y de derechos, que son vistos
como bienes de capital.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan
más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va
del presente año agresiones y detenciones ar-
bitrarias en contra de sus integrantes, que han
mantenido una larga lucha con carácter social
en contra del desmantelamiento del sector ener-
gético y las diversas problemáticas que entraña
éste en distintos ámbitos y dimensiones de la
vida individual y colectiva. El Centro de Dere-
chos Humanos Fray Francisco de Vitoria acom-
paña este movimiento en la documentación de
hechos violentos relacionados con la defensa del
derecho humano a la energía eléctrica, acom-
paña movilizaciones, e insiste ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre la importancia de reconocer y proteger
este derecho, también se ocupa de la defensa
integral de las personas que han sido detenidas.
Apenas el pasado 19 de agosto fueron deteni-
das de forma arbitraria dos personas en Naucal-
pan, Estado de México. Se habían comenzado
trabajos de “moderni-
zación” en infraestruc-
turas eléctricas, razón
por la cual vecinos
salieron de sus casas
a solicitarle a trabaja-
dores y contratistas de
la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) información sobre esas
obras, en ejercicio del derecho de petición e in-
formación, sin embargo de forma intencionada
se les negó, llamándolos “indios cerrados”.
Posteriormente, el día 14 de octubre de 2017
en ese mismo municipio, policías municipales
realizaron violentos actos de represión y detu-
vieron a otras dos personas. Incluso, sobre estos
hechos, se denunció tortura sexual en uno de los
casos: quien policías sacaron de su automóvil y
arrastraron por el pavimento a una de esas per-
sonas, para luego ser inmovilizada contra el sue-
MARISOL FERIA Y CARLOS VENTURA, INTEGRANTES DEL CENTRO DE DERECHOS HU-
MANOS FRAY FRANCISCO DEVITORIA, OP,AC
CRIMINALIZACIÓN DE LA ANUEE
Y LA PROTESTA SOCIAL
Por oponerse al desmantelamiento del
sectorenergético,laAsambleaNacionalde
Usuarios de la Energía Eléctrica ha sufrido
agresiones y detenciones arbitrarias
Por oponerse al desmantelamiento del
agresiones y detenciones arbitrarias

ARTÍCULO OPINIÓN
lo por dos policías de sexo femenino, sentándose
en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor
se encontraban otros agentes del sexo masculi-
no indicándoles a aquéllas donde golpear para
someter a la víctima, mofándose y vociferando
insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por
revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición
y posterior traslado al seguro social, porque no
había un médico legista. Todo con una violencia
brutal y un trato degradante.
La mayoría de los casos de detenciones y
criminalización de integrantes de la ANUEE se
realizó bajo la denuncia y puesta a disposición
en la Procuraduría General de la República
(PGR), y la subsecuente imputación del delito
de oposición a obra o servicio público, el cual
se encuentra en el artículo 185 del Código Pe-
nal Federal. Delito que debiera ser considerado
inconstitucional, toda vez que ahora se usa dis-
crecionalmente cada vez más contra quienes se
“oponen” a obras públicas.
En medio de este conflicto, el pasado 16 de
octubre, en el penal de máxima seguridad nú-
mero 1 del Altiplano, Estado de México, se rea-
lizó la audiencia de formulación de imputación
y solicitud de vinculación a proceso por los he-
chos del 19 de agosto; se generó un precedente
importante en la lucha contra la criminalización
de la protesta. En ese proceso personas asesoras
jurídicas del Centro Vitoria, que acompañan
a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del
exceso que significa judicializar una problemá-
tica social, cuando se pretende aplicar todo el
“rigor de la ley” y lanzar una agresiva maqui-
naria penal contra quienes ejercen el derecho a
la protesta social, el derecho a disentir y resistir.
Lograron la no vinculación al delito y llamó la
atención la argumentación del juez, que prote-
gió a estas personas señalando sus derechos a la
libertad de expresión, manifestación y protesta
social. Un paso contundente que de forma in-
mediata las autoridades federales buscan anu-
lar, ya que la PGR continúa en su pretensión
de criminalizar este movimiento. Sin embargo,
obvia reconocer que con ello incurre en graves
violaciones a derechos humanos y actúa como
defensora no del pueblo, sino de empresas e in-
tereses particulares.
SELENEPACHECO/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
S
in salidas de emergencia para evadir el tema
del capítulo laboral que exigen poner sobre
la mesa de renegociación los socios comer-
ciales del TLCAN, la comisión de nuestro país
sigue negando lo rotundamente cierto: en Méxi-
co los trabajadores devengan uno de los peores
salarios del mundo, motivo por el cual millones
de mexicanos vieron pulverizarse, desde hace tres
décadas, su poder adquisitivo, cayendo al rango
de la marginación, muy alejados de los estánda-
res de vida de obreros y agricultores de Canadá y
Estados Unidos.
En uno de los escenarios más aberrantes e
inauditos, funcionarios, dirigentes empresariales
y líderes del decadente corporativismo, evaden
abordar un asunto que no puede ser ocultado
bajo la alfombra, pues a la vista del mundo ente-
ro se asoma el innegable fracaso del modelo eco-
nómico neoliberal que ha conducido a nuestro
país a la categoría de un “paraíso laboral” o un
“dumping humano”.
A 23 años de la entrada en vigor del acuerdo
comercial, la tecnocracia se empecina en no es-
cuchar las voces de quienes por generaciones han
visto cancelados su futuro y proyecto de vida; 5
millones de trabajadores del campo fueron expul-
sados a Estados Unidos por la quiebra del agro
y millones más han heredado a sus hijos y nietos
una vida de carencias y miserias por la tesis de la
contención salarial empleada desde el sexenio de
Miguel de la Madrid para pretextar el combate a
la inflación.
Todo este capital humano echado al vacío no
cuenta para los negociadores que están dispuestos
a entregar el futuro de las generaciones venideras
a cambio de que el gobierno norteamericano de
Trump les otorgue su aval para ganar en las elec-
ciones del próximo año y continuar en el poder
con su modelo de desmantelamiento nacional, a
través de las reformas estructurales.
Organizaciones sociales y campesinas, cate-
dráticos y sindicatos independientes han exigido
al gobierno escuchar sus puntos de vista para rec-
tificar los fracasos, pero como en el pasado ha sido
un diálogo de sordos que ahora se ha hecho exten-
sivo a los representantes comerciales de los países
socios, lo que ha motivado diplomáticas y firmes
reconvenciones, colocando en penosas e incómo-
das evidencias a funcionarios del más alto nivel
que se han salido por la tangente ante la imposibi-
lidad de explicar cómo es que México siendo un
país de aparente desarrollo económico tiene una
posición interna contraria al desarrollo social.
No solo Donald Trump y el primer ministro
canadiense Justin Trudeau han resaltado el tema
de los bajos sueldos en México; líderes como Jerry
Dias, representante de la organización gremial
más importante de Canadá, han cuestionado sin
ambages a los gobiernos mexicanos por la con-
tención de los aumentos salariales, asunto toral en
las negociaciones.
Las palabras del dirigente seguramente causa-
ron escozor en la clase política mexicana cuando
señaló al diario El País sobre la posición guber-
namental en materia de salarios: “De alguna ma-
nera tiene que mantener a sus ciudadanos en la
pobreza para generar empleos. Es un sinsentido y
es indignante. No entiendo el argumento de que
CON EL TLCAN
SÓLO LOS EMPRESARIOS
GANAN
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
tenga que oprimir a sus ciudadanos para estar
mejor”.
Permanecer en el TLCAN le ha generado a
México una clase trabajadora empobrecida que
ha beneficiado únicamente a empresarios extran-
jeros y nacionales por la vía de los ahorros obteni-
dos en el pago de exiguos salarios.
Ante la falta de argumentos para defender un
acuerdo que en nada ha beneficiado a las mayo-
rías, los negociadores mexicanos no tienen otra
opción que tratar de ignorar el problema. En to-
dos estos años nuestro país no ha logrado consoli-
dar una economía realmente competitiva con sus
socios comerciales, conformándose con migajas y
hasta la cesión de su soberanía alimentaria.
De nada ha valido a los negociadores adoptar
una posición de franca docilidad ante el gobierno
de Trump; la comisión norteamericana ha termi-
nado por aprovechar tal situación para imponer
sus propias condiciones con la idea de una re-
negociación periódica
cada cuatro años y la
obligación de nuestro
país a aumentar sus im-
portaciones de bienes y
servicios con Estados
Unidos y la elimina-
ción del capítulo 19
para violar el acuerdo de manera unilateral cuan-
do así convenga a los intereses del país vecino.
Bajo cualquier ángulo, México lleva todas las
de perder con la aparente “modernización” del
tratado. Preocupante además que en el Congreso
la partidocracia esté más preocupada por defen-
der los recursos para sus campañas electorales del
próximo año que en exigir a las autoridades una
posición más firmes en la defensa de los intere-
ses nacionales en la mesa de las negociaciones del
TLCAN.
Los diversos sectores de la economía, afecta-
dos por los saldos negativos del tratado, deben
unirse con los trabajadores y los campesinos para
emplazar a las autoridades a que el acuerdo co-
mercial no se firme sino hasta después de las elec-
ciones del próximo año.
No puede cancelarse en definitiva la posibili-
dad de acceder a un nuevo modelo de desarrollo
económico que incluya el fortalecimiento de los
sectores agropecuario e industrial para crear con-
diciones que mejoren los salarios y fortalezcan el
mercado interno como una vía para resolver la
pobreza y la desigualdad que se han arraigado por
más de tres décadas en México.
Los mexicanos deben preguntar a nuestros go-
bernantes: ¿De qué nos sirve un acuerdo que sólo
ha generado pobreza y estancamiento económico?
Los beneficios directos y tangibles se reflejan en el
interés, por ejemplo, de las armadoras estadou-
nidenses para que todo siga igual; es decir, que el
“paraíso laboral” de México se mantenga con sala-
rios miserables para obtener ahorros en sus costos
de producción por miles de millones de dólares. Y
de paso, zanjar el camino a un empresariado na-
cional empecinado, al igual que los tecnócratas, en
mantener la cultura de los magros salarios que ni
siquiera son de rango mínimo, sino ínfimo, compa-
rados con los de nuestros socios comerciales.
La dirigencia del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) alar-
dea con plantear a
las autoridades, vía la
inservible Comisión
Nacional de Salarios
Mínimos, un aumento
a los salarios de 15.20
pesos diarios, para que
el mínimo pase de 80.04 a 95.24, como si con
ello se resarciera el poder adquisitivo menguado
en décadas. De acuerdo con la benevolencia em-
presarial y en el marco de la negociación del TL-
CAN, tal mini incremento permitirá a México ya
no tener los peores estipendios entre los miembros
de la OCDE. Esto, por supuesto, suena a una bro-
ma de muy mal gusto.
En tal sentido, no debe perderse de vista en el
cercano contexto político, el papel que muchos de
los aspirantes y partidos han jugado en el proce-
so de la desventajosa renegociación, para que a
la hora de lanzarse, como ya es costumbre, a la
búsqueda del voto con su demagogia a cuestas, no
le salgan a los agraviados electores con sus reci-
clados y huecos discursos nacionalistas, porque lo
que menos les ha importado en estos años ha sido
la defensa de los intereses de la nación y de las ma-
yorías. Deberán aceptar el costo de su irresponsa-
bilidad en las urnas.
Permanecer en el TLCAN le ha gene-
rado a México una clase trabajadora em-
pobrecida que ha beneﬁciado únicamente
a empresarios extranjeros y nacionales
Permanecer en el TLCAN le ha gene-
a empresarios extranjeros y nacionales

ARTÍCULOOPINIÓN
C
uando alguien que no es científico pien-
sa en ciencia, se imagina algo así como
un terreno sagrado y complejo al que
sólo unos cuantos superdotados pueden acceder.
Si bien se necesita instrucción formal y algo de
experiencia para hacer ciencia (es decir, para ge-
nerar conocimientos nuevos mediante métodos
estandarizados y sin hacer alusión a entidades
sobrenaturales), en ningún caso es un lugar de
unos cuantos privilegiados. Todo lo contrario:
en su sentido más amplio, la ciencia es una ac-
tividad abierta en donde la participación de la
mayor cantidad de
personas (científicos o
no) es necesaria.
Aunque a través
de la historia los cien-
tíficos (o los grandes
sabios y naturalistas de
antaño) han sido vistos
con un aura de veneración y respeto (tal vez por
ser raros, demasiado abstraídos o incluso muy
influyentes), la idea de una ciencia exclusiva, eli-
tista e incluso discriminatoria es reciente. Es im-
posible separar esta forma de ver la ciencia de la
ideología neoliberal, la cual, desde un enfoque
utilitarista, la considera como una actividad más
que debe ser redituable y que puede mejorar (es
decir, aumentar su productividad económica) en
la medida en que, como en otras áreas, se fomen-
te la competitividad en su seno, principalmente
en el campo de la “ciencia aplicada”. Esta idea
de la ciencia en el contexto ideológico hegemó-
nico es especialmente grave cuando se reconoce
que la misma debe ser un pilar fundamental en
el progreso de la humanidad.
La ciencia es una actividad que va más allá de
la producción de bienes tangibles para la socie-
dad. Su alcance traspasa las universidades, ins-
tituciones y centros de investigación y empresas
privadas en donde se produce la mayor parte del
conocimiento especializado actual. La ciencia
tiene que ver con la consecución de libertades
individuales y colectivas; es importante porque
genera cambios en la
percepción del mundo
exterior mediante pre-
guntas, razonamientos
e ideas que paulati-
namente derivan en
pensamiento crítico,
capacidad de análisis
y en última instancia iniciativas que pueden me-
jorar el entorno. Es decir, la ciencia es un cami-
no para acceder a una verdadera sociedad del
conocimiento.
Aunque su influjo es grande, la ciencia sólo
representa una pieza del engranaje generador
de cambio social. Otra parte importantísima es
la filosofía. La palabra es griega y quiere decir
amor por la sabiduría. En un principio, ciencia
y filosofía tenían la misma finalidad: explicar al
mundo real. En la actualidad, la filosofía im-
plica reflexiones constantes sobre las causas y
OMAR SUÁREZ GARCÍA, BIÓLOGO; DOCTORANTE EN EL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL (UNIDAD OAXACA) DEL INSTI-
TUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CIENCIA Y FILOSOFÍA
HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDADANÍA
Aunque su influjo es grande, la ciencia
sólo representa una pieza del engrana-
je generador de cambio social. Otra parte
importantísima es la filosofía
Aunque su influjo es grande, la ciencia
importantísima es la filosofía

ARTÍCULO OPINIÓN
efectos que las acciones humanas pueden tener
sobre sus semejantes y, en última instancia (o
tal vez en primera), sobre otros seres vivos y su
ambiente (ámbitos de los que también se ocupa
la ecología, aunque desde un enfoque distinto).
Específicamente, la relación entre la ciencia y
la filosofía es de dos tipos: 1) sobre la manera
de llegar al conocimiento (epistemología de la
ciencia) y; 2) sobre los fines de hacer ciencia (éti-
ca).
Lamentablemente, en la actualidad muy po-
cos científicos (y aún menos la gente) incorporan
consideraciones filosóficas en su quehacer profe-
sional, y esto probablemente tiene que ver con
la tendencia actual del científico hacia la tec-
nificación y la especialización, que lo convierte
en una especie de maquilador intelectual. Esto
reduce su impacto real en la sociedad y pone al
conocimiento en manos de una élite económica
o erudita, lo que en última instancia crea una
sociedad de la ignorancia, prejuiciada, intole-
rante e inconsciente que en los casos más graves
se convierten en tomadores de decisiones (como
un par de ejemplos tenemos a los presidentes de
México y de Estados Unidos).
La ciencia y la filosofía son ejes del desarro-
llo humano. Desde mi punto de vista, el circui-
to completo por medio del cual la ciencia sería
generador de cambio social es el que va desde
la generación de conocimiento nuevo (la ciencia
dura), con reflexiones filosóficas (tanto del mé-
todo como de los objetivos de la ciencia), hasta
la divulgación de dicho conocimiento al público
general, para la formación de ciudadanos críti-
cos, analíticos y proactivos, que paulatinamente
incorporen a la ciencia (con sus leyes, principios
y teorías) y a la filosofía (con sus reflexiones) en
su cotidianeidad. Es decir, la ciencia y la filoso-
fía deben ser las bases para educar ciudadanos y
empoderarlos.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n Argentina, en las recientes elecciones
parlamentarias, la derecha gana dando
una paliza. La opción electoral por posicio-
nes de derecha se sucede por doquier; en Estados
Unidos la población vota por el representante más
troglodita; en Europa avanzan las propuestas con
sabor xenofóbico y conservador. En general, se ve
que los electorados optan por partidos que no son
de izquierda precisamente. ¿Por qué la derecha
triunfa en las elecciones?
Así formulada, la pregunta daría a entender
una honda preocupación, pues supone que es
algo así como un error
inesperado, una abe-
rración. ¡La derecha
no debería ganar! Aho-
ra bien, si se profundiza
un poco, lo que revela,
más que nada, es in-
genuidad. ¿Quién dijo
que los votantes irían a votar por la izquierda?
¿Acaso la izquierda tenía garantizado el triunfo en
algún lugar?
Todo ello induce a ahondar en lo que ha ve-
nido sucediendo en estas tres o cuatro últimas dé-
cadas en el mundo, en el plano político-ideológi-
co. El avance de distintos movimientos populares
contestatarios de las décadas de 1960 y 1970 (gue-
rrillas de izquierda, avance sindical, movimien-
tos campesinos, procesos de liberación nacional,
teología de la liberación, movimientos antiguerra
y anticonsumismo, poderosos movimientos estu-
diantiles inconformes, revolución sexual, reivindi-
caciones de las mujeres, etcétera) trajo como res-
puesta del sistema un golpe tremendo.
En Latinoamérica, las montañas de cadáveres
y los ríos de sangre –enmarcados en la Doctrina
de Seguridad Nacional y el combate al comunis-
mo internacional– signaron la época. El miedo y
el silencio se adueñaron de las sociedades. Protes-
tar (por cualquier tema, no importa cuál) pasó a
convertirse en una mala palabra, algo peligroso, a
desechar. De esa forma pudo declararse con am-
pulosidad que “la historia había terminado”, lo
que marcaba el “fin de
las ideologías”.
Habría que acla-
rar, rápidamente: de la
ideología de izquierda
(al menos esa era la pre-
tensión del sistema, ob-
viamente de derecha).
Lo que se acalló –sangrientamente– fue cualquier
intento de modificación, de protesta con sabor a
cambio. Las sociedades, no sólo las latinoameri-
canas –el fenómeno es mundial–, entraron en un
letargo: levantar la voz salió de la agenda y, aún
más, ciertos términos como socialismo, lucha de
clases, revolución, explotación. “No meterse en
nada y cuidar el sacrosanto puesto de trabajo” se
impuso como la consigna básica, a seguir con res-
peto (y temor) reverencial.
En ese contexto, acallándose las luchas –con
el agravante de la caída de experiencias socialistas
MARCELO COLUSSI, CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO, POLITÓLOGO Y ARTICULISTA ARGEN-
TINO/PRENSA LATINA
CUIDADO
LAS ELECCIONES NO SON
LA REVOLUCIÓN
El avance de distintos movimientos
populares contestatarios de las décadas
de 1960 y 1970 trajo como respuesta del
sistema un golpe represivo tremendo
El avance de distintos movimientos
sistema un golpe represivo tremendo

ARTÍCULO OPINIÓN
(Unión Soviética)–, el campo popular en su con-
junto sufrió un severo retroceso. ¿Quién trabaja
hoy sólo 8 horas diarias? ¿Cuánta gente trabaja
con todas las prestaciones laborales de antaño?
¿Qué trabajador está sindicalizado? ¿A quién de-
fiende hoy un sindicato?
Los avances conquistados históricamente en
años de lucha se fueron perdiendo. Así las cosas,
las elecciones burguesas, que en décadas atrás,
eran vistas por las izquierdas como algo despre-
ciable, pasaron a ser un nuevo campo de acción
política. Las izquierdas (golpeadas, diezmadas,
casi en shock), pasaron a la arena de
la hasta entonces desprestigiada po-
lítica parlamentaria.
Ello lleva a preguntarnos si efec-
tivamente ese marco de ejercicio
político –siempre en el ámbito del
capitalismo, más feroz incluso que
antaño, con las nuevas estrategias
neoliberales, planes de ajuste estruc-
tural y precarización constante de
las condiciones de vida de las gran-
des mayorías– puede permitir efec-
tivamente una transformación real
para las mayorías populares. ¿Son
las elecciones un campo de cambio
profundo?
La experiencia demuestra feha-
cientemente que no. El camino de
la democracia (burguesa) al socialis-
mo (el caso de Chile con Salvador
Allende es el más emblemático)
muestra los límites. Los cambios
revolucionarios no van de la mano
de las elecciones llamadas democráticas. El poder
(la clase dominante) se resiste a cambiar pacífica-
mente.
Nunca en la historia un cambio económico-po-
lítico-social efectivo pudo hacerse sin violencia.
“La violencia es la partera de la historia”, ense-
ñaba Marx con un hálito hegeliano, y sin duda no
se equivocaba. La actual clase dirigente, los capi-
talistas, se hacen del poder cortándoles sangrien-
tamente la cabeza a los reyes. La democracia que
se desprende de ese hecho inaugural del mundo
moderno no es más que “una ficción estadística”,
como dijera Jorge Luis Borges. Sigue mandando
el poder económico, sostenido (sangrientamente
cuando es necesario) por las bayonetas.
¿Por qué reivindicar hoy ese tipo de elecciones
desde la izquierda? Porque el campo de acción
se ha reducido tanto que es lo poco en lo que se
puede mover. O, al menos, golpeada y restringi-
da como ha estado estos años, es el único espacio
que le ha ido quedando dentro de los límites que
le impone el sistema. Y, ante tanta desesperanza,
el hecho de llegar a la casa de gobierno se puede
sentir ya como un triunfo (aclarando rápida y en-
fáticamente que la silla presidencial es apenas un
pequeño, muy pequeño eslabón en la real cadena
de mando del sistema).
Pero ¡cuidado, las elecciones están muy lejos de
ser una revolución! Si podemos contentarnos con
el triunfo en las urnas de una propuesta progresista
(lo que ha estado sucediendo estos últimos años en
Latinoamérica, propuesta que sin dudas debemos
apoyar con toda la fuerza, porque al menos son
una espina para el sistema –Chávez en Venezuela,
Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Bachelet
en Chile, los Kirchner en Argentina, el Partido de
los Trabajadores en Brasil, Mujica en Uruguay,
Ortega en Nicaragua) ello muestra, ante todo, la
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
debacle real de una propuesta de cambio radical.
“No se trata de reformar la propiedad privada,
sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonis-
mos de clase, sino de abolir las clases; no se trata
de mejorar la sociedad existente, sino de estable-
cer una nueva”, sostenía Marx en su programa
político. Reformar el capitalismo, darle un rostro
humano, redistribuir un poco más equitativamen-
te la riqueza sin tocar los resortes de fondo, es lo
que ha venido pasando con los proyectos políticos
populares en estos años.
Es “políticamente correcto” apoyarlos; una
obligación ética auparlos para quienes siguen pen-
sando en otro mundo más justo, más equitativo.
Pero no hay que olvidar que no son proyectos que
cuestionen el sistema capitalista en su raíz: “capita-
lismo serio”, por ejemplo, dijo la ex presidenta ar-
gentina; economía mixta, capitalismo nacional…
En otros términos: una izquierda “domesticada”,
acorde con los tiempos que corren, con saco y
corbata (versión mas-
culina) o tacones y bien
maquillada (versión fe-
menina). ¿El poder po-
pular es ir a elecciones?
¿Así se puede construye
un auténtico cambio
revolucionario?
Sin lugar a duda, se trata de proyectos impor-
tantes, avances en relación con las peores y más
anti-populares recetas neoliberales impuestas años
atrás. Por eso las poblaciones los eligen en eleccio-
nes libres cuando se va a procesos electorales, pero
son procesos que, en realidad, no transforman
nada sustancialmente. Y, por eso mismo, pueden
sucumbir.
Los proyectos de capitalismo nacional y an-
tiimperialista con talante popular que marcaron
varias experiencias latinoamericanas en el siglo
XX (el peronismo en Argentina, Vargas en Brasil,
Torrijos en Panamá, Velazco Alvarado en Perú,
la Primavera Democrática en Guatemala) dejaron
algunas marcas y buenos recuerdos, pero no lo-
graron transformaciones de raíz en sus sociedades.
La población vota siguiendo cada vez más las
técnicas de mercadeo que les imponen los partidos
políticos (siempre de derecha). Esos partidos son
los gestores del sistema, sus buenos administrado-
res bien presentados, y nada más, ¡absolutamente
nada más! Con buenas campañas de marketing im-
ponen candidatos, más como actores de película
que como estadistas.
En tanto, la izquierda, con propuestas que no
pueden rebasar los límites del sistema capitalista
(véase el caso de la guerrilla salvadoreña conver-
tida en partido político formal, o lo que les espera
a las fuerzas guerrilleras en Colombia, o lo que le
sucede hoy al Frente Sandinista en Nicaragua, o
la misma Revolución Bolivariana, más allá de las
pasiones que puedan despertar como fuente de es-
peranza –con un camino al socialismo que nunca
se termina de recorrer– poco o nada puede hacer
en esta competencia con la derecha.
Aun cuando gane las elecciones porque, repi-
támoslo: la revolución es más que ocupar la casa
de gobierno, es el genuino poder popular, la de-
mocracia de base.
Las poblaciones están monumentalmente
manipuladas para des-
interesarse de lo políti-
co. “La democracia es
un sistema donde se le
hace creer a la gente
que decide algo en los
asuntos de su incum-
bencia sin que, en rea-
lidad, decida nada”, dijo Paul Valéry. La demo-
cracia formal y su parafernalia electoral no pasa
de ser un espectáculo mediático cada vez mejor
montado, pero no más que eso. De ahí al auténti-
co poder popular, dista bastante.
Las elecciones no tienen nada que ver con la
transformación real de una sociedad, aunque hoy
día la prédica del sistema nos haya casi obligado a
“disciplinarnos” y entrar en ese juego de los taco-
nes y el maquillaje o el saco y la corbata.
Ahora bien: el triunfo de una propuesta cla-
ramente de derecha, neoliberal a ultranza como
la reciente de Mauricio Macri, puede hacer pen-
sar que el electorado involuciona. Pero, ¿acaso se
puede esperar algo realmente distinto de este sis-
tema electoral? ¿Puede haber cambios profundos
y sostenibles, verídicos, en medio de este marco
“democrático”? ¿O habrá que pensar en demo-
cracias directas, de base, populares, sin represen-
tantes bien vestidos y con guardaespaldas?
Las elecciones no son la revolución.
La revolución es más que ocupar la
casa de gobierno: es el genuino poder
popular, la democracia de base
Las elecciones no son la revolución.
popular, la democracia de base

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. Los demócratas, que diaria-
mente atacan al presidente republicano
Donald Trump por sus declaraciones
belicosas, votaron en el Senado junto a los repu-
blicanos por elevar el presupuesto del Pentágono
para 2018 a 700 mil millones de dólares, es de-
cir 60 mil millones más de lo que había solicita-
do Trump. Si agregamos a esa suma los 186 mil
millones anuales que se destinan a los militares
retirados, entre otras cosas, el gasto militar total
de Estados Unidos se eleva a unos 1 mil millardos
[1], lo cual representa
una cuarta parte del
presupuesto federal.
El voto unánime del
comité senatorial para
los Servicios Armados,
que se compone de 14
senadores republica-
nos y 13 demócratas, fue decisivo.
Ese comité subraya que “Estados Unidos debe
fortalecer la disuasión ante la agresión: Rusia si-
gue ocupando Crimea, desestabilizando Ucra-
nia, amenazando a nuestros aliados de la OTAN
[Organización del Tratado del Atlántico Norte],
violando el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares
de Alcance Medio (INF) de 1987 y apoyando el
régimen de Assad en Siria”. Además, acusa a Ru-
sia de estar realizando “un ataque sin precedente
contra nuestros intereses y valores fundamenta-
les”, sobre todo a través de “una campaña ten-
diente a socavar la democracia estadunidense”.
Se trata de una verdadera declaración de guerra
con la cual la coalición bipartidista justiﬁca el re-
fuerzo de toda la maquinaria de guerra estadu-
nidense.
Veamos algunos de los gastos previstos para
el año ﬁscal 2018, que comenzó el 1 de octubre
de 2017:
-10 mil 600 millones de dólares asignados a
la compra de 94 cazas F-35, 24 más de los que
había solicitado la administración de Trump;
- 17 mil millones asignados al “escudo anti-
misiles” y la actividad
militar espacial, 1 mil
500 millones más de lo
que había solicitado la
administración;
- 25 mil millones
asignados a la cons-
trucción de 13 navíos
de guerra, cinco más de lo que solicitaba la ad-
ministración.
De los 700 mil millones del presupuesto de
2018, 640 van principalmente a la compra de
nuevo armamento y al personal militar, cuyos
sueldos aumentan, llevando así el costo anual a
141 mil millones, y 60 mil millones van a las ope-
raciones en Siria, Irak, Afganistán y otros países.
Además, 1 mil 800 millones se destinan al entre-
namiento y equipamiento de formaciones arma-
das que reciben órdenes de Estados Unidos en
Siria e Irak; y 4 mil 900 millones van al fondo
destinado a las fuerzas de seguridad afganas.
MANLIO DINUCCI/IL MANIFESTO-REDVOLTAIRE
DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS
APRUEBAN REARME ANTI-RUSO
DE ESTADOS UNIDOS
Para demócratas y republicanos, Es-
tados Unidos debe fortalecer la disua-
sión ante la agresión de Rusia, por su
presencia en Crimea, Ucrania y Siria
Para demócratas y republicanos, Es-
presencia en Crimea, Ucrania y Siria

ARTÍCULO OPINIÓN
A la Iniciativa de Reaseguramiento Europeo,
iniciada por la administración de Barack Oba-
ma en 2014, después de la “agresión revanchista
rusa contra Ucrania”, están destinados, en 2018,
4 mil 600 millones de dólares, que servirán para
aumentar la presencia de fuerzas blindadas es-
tadunidenses y el “preposicionamiento estraté-
gico” de armamento estadunidense en Europa.
Para garantizar a Ucrania una “asistencia letal”
(o sea, armamento) se asignan 500 millones de
dólares.
El aumento del presupuesto del Pentágono
arrastra consigo los presupuestos militares de los
demás miembros de la OTAN –bajo las órdenes
de Estados Unidos–, como Italia, que actual-
mente gasta en el sector militar 70 millones de
euros al día y tendrá que pasar a un centenar de
millones.
Es decir que el presupuesto del Pentágono
nos da una idea de lo que se prepara en Italia.
Entre los gastos “menores”, aunque no por
ello menos importantes, se cuentan 27 millones
de dólares asignados a la base aérea de Avia-
no, prueba de que sigue reforzándose esa base
con vista al despliegue [en Italia] de las nuevas
bombas nucleares [estadounidenses] B61-12, y
65 millones para el programa de investigación y
desarrollo de “un nuevo misil con base terrestre
y de alcance intermedio para comenzar a redu-
cir la diferencia de capacidad provocada por la
violación rusa del Tratado sobre las Fuerzas Nu-
cleares de Alcance Intermedio”.
En otras palabras, Estados Unidos tiene un
programa de despliegue en Europa de misiles
nucleares análogos a los Pershing 2 y los Cruise
de la década de 1980, que en aquella época se
instalaron en la región italiana de Comiso. Eso es
lo que nos anuncia, desde el Senado de Estados
Unidos, el Comité sobre los Servicios Armados
con su voto bipartidista unánime.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n Occidente, la prensa optó por ignorar-
la. Pero la cumbre de los países del grupo
BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sud-
áfrica], realizada en la ciudad china de Xianmen,
abre una nueva etapa en el desarrollo de esa institu-
ción internacional.
Luego de varios meses de conflicto, China y la
India acabaron resolviendo pacíficamente su diferen-
do sobre la frontera de Doklam. Ambos países son
miembros fundadores del grupo BRICS y esperan
mantener su unidad con las otras economías emer-
gentes. Como dijo el presidente Xi Jingping [en la
imagen]: “La cooperación del BRICS es una inno-
vaciónquetrasciendeelviejoesquemadelasalianzas
políticas y militares y prefiere las asociaciones antes
que las alianzas.”
Además, los países
del BRICS tratan to-
dos de dejar atrás sus
diferencias ideológicas
y las divergencias entre
sus sistemas políticos
respectivos para buscar
puntos de entendimiento en los que todos salgan
ganando en vez de oponerse entre sí.
La primera reunión de los ministros de Exterio-
res del BRICS se convocó en septiembre de 2006 y
marcó la fundación del mecanismo de los BRICS.
Diez años después, el grupo BRICS se ha converti-
do en un importante bloque económico internacio-
nal que representa a varios de los más importantes
paísesenvíasdedesarrolloyeconomíasemergentes.
Desde entonces, los Estados miembros del
BRICS han incrementado su peso en la economía
del mundo, pasando de un 12 a un 23 por ciento;
su comercio aumentó de un 11 a un 16 por ciento
y en el sector de la inversión pasaron de un 7 a un
12 por ciento. Más importante aún es el hecho que
la contribución de las economías de los países del
BRICS al crecimiento de la economía mundial ha
sobrepasado el 50 por ciento.
Ante la política de Donald Trump de “America
First”, la economía mundial corre el peligro de que
pierda terreno el multilateralismo. Si los países de-
sarrollados y las naciones emergentes siguen reple-
gándose hacia sí mismos y retrocediendo en materia
de cooperación en cuanto a las políticas macroeco-
nómicas, la vacilante llama del saneamiento de la
economía mundial podría llegar a apagarse.
Durante los últimos meses, varios economistas,
como la directora del
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Christi-
ne Lagarde, han decla-
rado que la economía
mundial muestra al fin
síntomas de una nueva
vitalidad, 10 años des-
pués de la crisis financiera. Estados Unidos, Euro-
pa y Japón han registrado un crecimiento constan-
te mientras que Rusia, Brasil y Sudáfrica también
muestran cifras en alza. China y la India, por su
parte, han mantenido su crecimiento a niveles que
van de medios a elevados.
La cumbre de los BRICS realizada en Xiamen
pretende hacer entrar ese grupo en su segunda dé-
cada dorada.
En primer lugar, los países del BRICS se esfor-
zaron por instaurar nuevas medidas de estímulo de
los intercambios en materia de servicios, inversiones
ZHAO MINGHAO/GLOBALTIMES (CHINA)/REDVOLTAIRE
AMPLIAR EL HORIZONTE
OBJETIVO FUNDAMENTAL DE
LA SEGUNDA DÉCADA DEL BRICS
LacooperacióndelBRICSesunainno-
vación que trasciende el viejo esquema
de alianzas políticas y militares y preﬁere
las asociaciones antes que las alianzas
LacooperacióndelBRICSesunainno-
las asociaciones antes que las alianzas

ARTÍCULO OPINIÓN
y comercio electrónico. En 2015, las exportaciones
de los miembros del BRICS en el campo de los ser-
vicios se elevaron a 540 mil millones de dólares, o
sea sólo 11.3 por ciento del total mundial. Con la ex-
pansión de la clase media en los países del BRICS,
las oportunidades de cooperación florecen por to-
das partes, en la salud, el turismo y la educación, así
como en otros sectores.
Los países del BRICS han trabajado además en
la implantación de esquemas que faciliten la inver-
sión, incluyendo medidas para mejorar la eficacia
de la aprobación administrativa y la apertura de las
diferentesindustrias.Elgrupodetrabajosobreelco-
mercio electrónico del BRICS se creó en agosto [de
2017] para ayudar al desarrollo de pequeñas y me-
dianas empresas de comercio electrónico y conver-
tirlas en una fuerza dinámi-
ca capaz de respaldar, en el
futuro, la cooperación y el
intercambio en el grupo.
En segundo lugar, los
países del BRICS tratan
de promover activamente
el perfeccionamiento de la
gobernanza global. Apar-
te de todas las reformas
ya previstas que emanan
de instituciones interna-
cionales, como el Consejo
de Seguridad de la ONU
y el FMI, los países del
BRICS ya han establecido
mecanismos de cooperación en sectores como la
lucha contra el terrorismo, la actividad espacial, la
ciberseguridad y la seguridad energética. Al hallar-
se entre los mayores consumidores y exportadores
de energía del mundo, los países del BRICS van a
establecer mecanismos de cooperación tendientes
a elevar las reservas estratégicas de energía, a desa-
rrollar las energías renovables y mejorar la eficacia
energética.
En tercer lugar, los miembros del BRICS bus-
can mejorar la cooperación sobre las cuestiones de
seguridad nacional y regional vinculadas a ciertos
puntos estratégicos. Durante el séptimo encuentro
de altos representantes sobre los temas de seguridad,
realizado en julio, se decidió que una colaboración
más profunda, tanto en el plano político como en
temas de seguridad, es fundamental para el fortale-
cimiento del mecanismo del BRICS. La situación
política en el Medio Oriente y el norte de África fue
el centro de atención y la Declaración Conjunta [1]
aborda en varias ocasiones cuestiones vinculadas a
la situación en Afganistán.
Más importante aún es el hecho que la cumbre
de Xiamen expresó la intención de llevar adelante el
concepto de “BRICS Plus”. Este último estimula a
los miembros del BRICS a profundizar las relacio-
nes con los demás países en vías de desarrollo para
apoyar y garantizar sus intereses, teniendo como
objetivo final el de extender su influencia interna-
cional. Durante la cumbre del BRICS realizada en
Durban, Sudáfrica, en 2013, se pactaron negocia-
ciones entre el BRICS y los dirigentes de los Estados
africanos mientras que la
India invitaba a los dirigen-
tes de los países del Golfo
de Bengala a la Cumbre
realizada el año pasado en
Goa. Este año, los dirigen-
tes de países como México,
Egipto y Tayikistán parti-
ciparon en la cumbre de
Xiamen, por iniciativa del
BRICS Plus.
Es indudable que la
cooperación en el seno del
BRICS enfrenta numero-
sos retos. Los dirigentes de
China, Rusia y la India de-
ben manejar mejor los efectos negativos de las rela-
ciones geopolíticas entre sus países y contribuir a la
construcción de una identidad colectiva más fuerte
para el bloque. El BRICS debe trabajar también
para convertir los documentos que prometen coo-
peración en acciones concretas en vez de empanta-
narse en discusiones inútiles.
Se estima que en 2021, el Nuevo Banco de De-
sarrollo del BRICS habrá prestado un total de 32
mil millones de dólares. La oficina africana de ese
banco acaba además de iniciar, en agosto 2017, sus
operaciones en Sudáfrica.
Es evidente que esos mecanismos internaciona-
les, bajo la bandera de los BRICS, deben desem-
peñar en la gobernanza mundial un papel mucho
mayor del que hoy tienen.
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN PORTADA
MÉXICO
INERME
ANTE SISMOS
Y DESASTRES

INVESTIGACIÓNPORTADA
México no cuenta con
rescatistas especializados ni
instituciones concebidas para
prevenir y reaccionar ante
catástrofes naturales. Las
autoridades civiles
–rebasadas e incapaces–
delegan a las militares las
labores, a pesar de que
violenten derechos humanos
L
a vulnerabilidad del país frente a sismos como
losdelpasadoseptiembreescasitotal.Lacon-
tención de la catástrofe responde más al azar
y a la participación ciudadana espontánea que a la
acción gubernamental. No hay cuerpos de rescate
especializados, la intervención del gobierno no res-
peta los derechos humanos y los militares imponen
la razón de Estado sobre la protección a la sociedad.
Y en cada desastre ocurre lo mismo.No hay siquiera
la capacidad de comenzar a corregir.
Un diagnóstico de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH),concluido
a principios de marzo de este año,da cuenta de la in-
capacidad del Estado mexicano para reaccionar ante
desastres naturales y antropogénicos.
Medio año antes de los sismos que causaron es-
tragos en nueve entidades de la República,el Proyecto
sobre protección civil y derechos humanos ya había ad-
vertido que la“orientación militar”que se había dado
a toda la política de protección civil era insuficiente
para enfrentar las catástrofes.Incluso,era contrapro-
ZÓSIMO CAMACHO
DIEGOSIMÓN/CUARTOSCURO

ducente,pues no garantizaba la protección de los de-
rechos humanos de la población.
El estudio anticipó paso a paso lo que ocurriría
a partir de septiembre pasado, cuando los sismos de
los días 7 y 19 causaron estragos en,principalmente,
nueve estados: la Ciudad de México, el Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla,Tlaxcala y Veracruz.
El documento se refirió
a las vulnerabilidades en
que se encontraba la pobla-
ción ante el adelgazamiento
del Estado, la ausencia de
cuerpos especializados de
rescate, la militarización, el
desdén hacia los derechos
humanos, la imposibilidad
gubernamental de dialogar
con la sociedad y propiciar
la participación de la po-
blación y la caracterización
de“damnificados”a quienes en realidad son víctimas.
Y es que con cada desastre, México empieza de
nuevo. A pesar de ser un país que descansa sobre
cinco placas tectónicas de alta actividad sísmica,con
terremotos recurrentes; de padecer cada año huraca-
nes que llegan por los océanos Pacífico y Atlántico y
el Golfo de México, y de contar con zonas elevadas
susceptibles de padecer heladas cada invierno, por
ejemplo,no ha construido las instituciones necesarias
ni ha desarrollado la cultura para enfrentar las catás-
trofes.Por el contrario,la capacidad de respuesta del
Estado mexicano es cada vez menor.
Si los derechos humanos no están garantizados
en tiempos de “normalidad”, menos aún en estado
de emergencia. La primera baja que sufre la pobla-
ción es la de los derechos humanos. Peor situación
viven los que pertenecen a los estratos socioeconó-
micos más bajos de la sociedad. Los pobres pierden
por partida doble.
“Al estar inscrita la protección civil en el marco
de seguridad nacional con orientación militar,la dig-
nidad no es atendida con la responsabilidad que el
enfoque de derechos humanos plantea frente a si-
tuaciones de crisis y emergencia, como es el caso de
los desastres”, se asienta en el estudio, a cargo de la
Coordinación de Humanidades y el Programa Uni-
versitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM.
ElProyectosobreProtecciónCivilyDerechosHuma-
nos, un documento de 200 páginas que no es públi-
co aún y del cual sólo circula una “síntesis ejecutiva”,
diagnostica la actual política para enfrentar desastres.
Las “pérdidas y daños relativos a la vida y derechos
humanos básicos no forman parte de las prioridades
institucionales; en el caso del principal instrumento
de política posdesastre, el Fondo Nacional de De-
sastres Naturales (Fonden),
tenemos que hay carencia
de un enfoque de derechos
humanos al privilegiar so-
luciones parciales orienta-
das a la reconstrucción físi-
ca de infraestructura.”
El documento es claro:
la protección de la sociedad
no es lo prioritario, sino la
razón de Estado.Es el cos-
to del enfoque de seguri-
dad nacional de la respuesta
ante una catástrofe.
Ineptitud, negligencia e
insuﬁciente marco legal
El doctor en ciencias sociales Daniel Rodríguez
Velázquez es el responsable de la investigación.Con
una sólida trayectoria en los estudios sobre las po-
líticas públicas para la prevención de desastres, el
investigador y catedrático de la Escuela Nacional
de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM encuentra
ineptitud, falta de voluntad y lagunas legales al en-
frentar situaciones como la de los sismos de septiem-
bre pasado.
En entrevista con Contralínea, el galardonado
con la medalla al mérito universitario lamenta que,
salvo algunas instituciones,el gobierno en su conjun-
to quedó pasmado luego del sismo del 19,el cual fue
de magnitud de 7.1 y de una intensidad con acele-
ración máxima de 58.83 centímetros sobre segundo
al cuadrado (casi el doble de intensidad con respecto
de 1985).
“De1985paraacáhayunainvolucióndelasinsti-
tuciones en México”,señala,sin ambages,Rodríguez
Velázquez.Explica que tan sólo por el adelgazamien-
to del Estado mexicano se tiene que recurrir más a las
Fuerzas Armadas.No es que lo cuerpos militares no
Pese a su vulnerabilidad,
con cada desastre México
empieza de nuevo: carece
de instituciones y también
de cultura para enfrentar
las catástrofeslas catástrofes

deban participar,aclara.Pero sólo con ellas no se va al
problema de fondo.
“Las aptitudes del Estado se han reducido por-
que el corpus institucional mexicano se ha ido po-
niendo al servicio de intereses privados; y, por otro
lado,hayunamilitarizacióndelasfuncionespúblicas.
Entonceselquehacerinstitucionalensentidoamplio
se ve trastocado.”
A un Estado débil, reducido e incapaz estructu-
ralmente, se suma la ineptitud de funcionarios. “No
hay servicio civil de carrera efectivo.Sigue predomi-
nando el cuatismo,el compadrazgo,para que lleguen
a puestos públicos quienes no saben pero van a don-
de hay dinero”.
Y la voluntad política del gobierno para actuar
sólo se logra cuando hay presión social. “Y esto es
muy lamentable porque la Constitución señala que
se trata de servidores públicos.Se les paga para servir
a la sociedad.Se crean instituciones porque la socie-
dad de alguna manera construye parte de su diná-
mica para que haya instituciones que sirvan para los
fines sociales y públicos. Lo que ocurre es que hay
un patrimonialismo, una especie de apropiación de
grupos,de personajes”.
El investigador ejemplifica con los exgoberna-
dores hoy investigados por corrupción. Ellos se han
robado“más dinero de lo que va costar la reconstruc-
ción”.
En cuanto al marco legal vigente, el principal
problema que observa Rodríguez Velázquez es que
no considera a la prevención como el eje fundamen-
tal de la política para enfrentar desastres. En la Ley
General de Protección Civil se hace mención de la
gestión integral, pero la participación social se sigue
viendo como la de grupos voluntarios especializados
en rescate, que son agrupaciones ya profesionales o
bien el apoyo a “damnificados”.
El especialista detalla que no hay mecanismos
Si los derechos humanos no están garantizados en tiempos de “normalidad”, menos aún en estado de emergencia
ISABELMATEOS/CUARTOSCURO

sidad de Colorado), Mario Garza Salinas (Univer-
sidad Iberoamericana) y Araceli Mejía Balderrama
(ENTS, UNAM)– señala que la política de protec-
ción civil mexicana es tan anacrónica que nunca ha
estado presente el enfoque de derechos humanos.
“Desde la creación del Sistema Nacional de Pro-
tecciónCivil(Sinaproc)en1986,haestadoausenteel
enfoque de derechos humanos como principio rector
de la política institucional en materia de desastres.”
El diagnóstico señala que los derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales –ya incor-
porados en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos,Sociales y Culturales– “deben ser refe-
rente para replantear la protección civil en el marco
de los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad que sustentan los de-
rechos humanos.”
Por este enfoque inadecuado,a las víctimas se les
para respetar la participación de la sociedad.México
cuenta con“una vocación solidaria muy importante”,
pero esta ventaja no se recoge en el marco jurídico.
No se contempla en la Ley General de Protección
Civil ni en el reglamento de la Ley ni en el Programa
Nacional de Protección Civil. Tampoco, en las Re-
glas y Lineamiento de Operación del Fondo Nacio-
nal de Desastres Naturales.
“No se aprovecha el potencial colectivo de las co-
munidades que,por ejemplo en Chiapas y Oaxaca,es
fundamental”. Por el contrario, la política de Estado
frente al desastre busca fragmentar esa organización:
que cada persona reciba su “monedero electrónico”y
vaya a comprar lo que pueda y se quede conforme.
Derechos humanos, fuera
Por su parte, el documento –en el cual colabo-
raron también Fernando Briones Gamboa (Univer-
Tras la emergencia,“no se aprovecha el potencial colectivo de las comunidades que, por ejemplo en Chiapas y Oaxaca, es fundamental”. En la imagen, cortejo de víctimas del sismo
HILDARÍOS/CUARTOSCURO

“La población afectada en situaciones de desastre no es concebida como víctima sino como damnificada, que remite a la persona que padece carencias y afectaciones diversas”
ADOLFOVLADIMIR/CUARTOSCURO
considera sólo “damnificadas”. La utilización de un
término u otro no es anecdótica.Por el contrario,de
él depende la respuesta que obtendrán del Estado
mexicano.
“La población afectada en situaciones de desastre
no es concebida como víctima en el sentido del mar-
co referencia de los derechos humanos –señala el do-
cumento–. En cambio, prevalece la noción de dam-
nificadoqueremitealapersonaquepadececarencias
y afectaciones diversas,sobre todo en el derecho a la
viviendaporefectosasociadosalosfenómenosexter-
nos a la sociedad.”
En efecto, el Artículo 2, fracción XIV, de la Ley
General de Protección Civil define al “damnificado”
como: “Persona afectada por un agente perturbador,
ya sea que haya sufrido daños en su integridad física
o un perjuicio en sus bienes de tal manera que re-
quiere asistencia externa para su subsistencia; consi-
derándose en esa condición en tanto no se concluya
la emergencia o se restablezca la situación de norma-
lidad previa al desastre”.
En esta disposición legal, según el diagnóstico,
queda clara la falta de atención integral para las víc-
timas. “Desde este marco jurídico, se enfatiza sobre
un enfoque asistencialista de carácter coyuntural para
atender necesidades inmediatas y en los procedi-
mientos de actuación institucional ante la situación
de los damnificados.Esto significa que las necesida-
des se definen en función de criterios gubernamen-
tales de carácter coyuntural y reglas de operación
diseñadas al margen de los derechos humanos y de
las necesidades de la ‘población afectada’.Desde este
contexto, el diálogo no es un elemento sustantivo
en el diseño, ejecución y evaluación de políticas de
protección civil porque la población no es víctima de
procesos vinculados con la dinámica social, sino de
las incontrolables fuerzas de la naturaleza”.
Por ello, además, los esfuerzos se concentran en

las grandes ciudades. Lo anterior, no obstante que
precisamente en los estados y regiones más depau-
perizados y excluidos del país se concentran los da-
ños y pérdidas humanas y materiales.
El documento señala que es indispensable re-
plantear y transformar las políticas de protección
civil. Y no sólo para responder adecuadamente a
un nuevo terremoto, sino a los desastres de origen
natural y antropogénico que, en pleno cambio cli-
mático,sucederán probablemente.
Tal replanteamiento de las políticas de pro-
tección civil debe pensarse “desde la gobernanza
democrática, que trasciende el enfoque prevale-
ciente de gobernabilidad ligado al control social,
la intervención de las Fuerzas Armadas y la débil
evaluación institucionalizada de las causas de los
desastres”.
De acuerdo con el estudio,el enfoque que debe
regir cualquier planeación de protección civil y pre-
vención y respuesta a una catástrofe es el de “res-
petar,proteger y garantizar los derechos humanos.
Por ello,entre las recomendaciones con las que
concluye el informe se encuentran que “las actua-
ciones institucionales se rijan desde la prioridad
de la integridad de la vida; se procuren sinergias
institucionales y de participación social; se incor-
poren la resiliencia social como concepto trans-
versal de las políticas de protección civil, adapta-
ción a cambio climático, ambiental y de ordena-
miento territorial; se promueva la participación
de la sociedad en el proceso o ciclo del desastre
(valoración de riesgos y vulnerabilidades, identi-
ficación de riesgos, prevención, preparación, mi-
tigación, auxilio y recuperación), vinculando esta
participación con el enfoque de derechos huma-
nos en cada etapa; y se busquen mecanismos para
una adecuada aplicación de políticas inspiradas en
la gobernanza democrática.”
“Desde el marco jurídico se enfatiza un enfoque asistencialista de carácter coyuntural para atender necesidades inmediatas”

Derecho a la información,
previene catástrofes
En el texto se señala que los costos de prevención
sonmenorescomparadosconloscostosdereconstruc-
ciónyauxilio.Porellosedebeponermásénfasiseneste
aspecto.
La recomendación final del estudio auspiciado por
la UNAM y la CNDH es
diametralmente opuesta
a lo que hoy está aplican-
do el gobierno federal y los
gobierno de los estados.“Se
plantea el empoderamiento
popular, comunitario y ciu-
dadano,así como la equidad
enelaccesoalainformación
y el respeto a las discrepan-
ciasparaconstruirconsensos
sólidos, en la perspectiva ya
reiterada de gobernanza de-
mocrática.”
Y en materia de planeación real de seguridad,no
ha prácticamente nada. Rodríguez Velázquez señala
que “no basta decir ‘no corro, no grito, no empujo’.
Sino en qué condiciones están los edificios en los que
trabajamosovivimos.Dóndeestánlosplanosestruc-
turales. ¿Está correcta la cimentación? ¿Responde al
tipo de subsuelo? ¿A una hipótesis sísmica de tal o
cual graduación? En fin.Esto se oculta.Es otro vacío
importante”.
―¿En concreto,qué omisiones tiene el gobierno
federal en materia de prevención? –se le pregunta a
Daniel Rodríguez.
―En principio necesitamos cambiar el enfoque
y elaborar documentos que no sean de alta especia-
lización sino de divulgación básica; por ejemplo, de
cómo tener la seguridad de que en la vivienda no va
a haber fuga de gas.Se debe contar con toda la infor-
mación y con planos,sin tanta complicación técnica,
dónde puede haber procesos de licuefacción del te-
rreno.
La licuefacción es lo que ocurre cuando, con el
movimiento sísmico, la consistencia del suelo se re-
blandece y genera ondas sísmicas amplificadas.
El investigador no oculta su sorpresa de que en
México,conunahistoriadesísmicaclara,lapoblación
no tenga acceso siquiera a ese tipo de información.
Una de las causas de las pérdidas humanas y ma-
teriales es precisamente el ocultamiento de la infor-
mación.“De qué sirve que existan los atlas de riesgos
sinohayaccesopertinenteyoportunoalapoblación.
Aquí el problema que tenemos es que tiene que ha-
ber cultura de prevención, planes de respuesta para
actuar, información confiable de la zona en que se
vive,del edificio en el que se está”.
Rodríguez Velázquez
señala que todas las perso-
nas deben tener acceso a
los planos de los lugares en
los que trabaja y vive, para
obligar a que se cuente con
las medidas de seguridad
adecuadas y con planes de
respuesta.Se trata del cum-
plimiento cabal de uno de
los derechos más publicita-
dos en los últimos años: el
derecho a la información.
“Un componente básico para la cultura de pre-
vención y los protocolos de actuación es que no se
oculte información, que se tenga conocimiento. Si
no hay transparencia en esto,sobre todo en ciudades
como la nuestra,será muy difícil enfrentar un nuevo
sismo.”
El doctor en ciencias sociales, maestro en urba-
nismoylicenciadoentrabajosocialexplicaqueelde-
recho a la información pasa porque la población sepa
que ´procedimientos seguir para evitar que ocurra un
derrumbe por sismo.La persona debe saber si el edi-
ficio en el que vive o trabaja “requiere cierta revisión
de su cimentación, de su pilotaje, en fin, según los
sistemas constructivos”.
Y esos peritajes deben realizarse de manera per-
manente. No sólo cuando acabada de ocurrir un te-
rremoto.
“La actuación implica que haya un empodera-
miento de las comunidades,de las personas.No sólo
esperar a que la autoridad diga.Ya se comprobó nue-
vamente: los primeros respondientes son las perso-
nas, las comunidades; no son ningún tipo de rescate
por más eficiente que sea: el Ejército Mexicano, los
bomberos, la Cruz Roja o los extranjeros. Los que
responden en segundos son los que ahí viven, tra-
bajan, los que comparten la vida cotidiana”, finaliza
Daniel Rodríguez Velázquez.
La información es un
componente básico para
la cultura de prevención. Si
no hay transparencia será
muy difícil enfrentar un
nuevo sismonuevo sismo

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
A PERSONAS
FALLECIDAS Y
A FUNCIONARIOS
SAGARPA ASIGNA 133 MILLONES

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
A más de 133 millones de
pesos podría ascender el daño
al erario de la Secretaría de
Agricultura, por la presunta
“entrega” irregular de recursos
a difuntos, servidores públicos
de la misma dependencia y
agricultores que no acreditaron
merecer dicho apoyo
L
as irregularidades con que opera la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a
cargo de José Eduardo Calzada Rovirosa, volvi-
eron a ser evidenciadas. Más de 133 millones de
pesos fueron “entregados” en 2016 a difuntos,
servidores públicos de la misma dependencia y
productores que no sembraron sus tierras ni com-
probaron que merecían los apoyos.
Así lo revelan las cifras de la auditoría financi-
era y cumplimiento 16-0-08100-02-0288, aplica-
da al programa Componente Proagro Productivo,
supuestamente diseñado para atender al sector
primario más vulnerable del país, dónde viven en
la pobreza más de 26 millones de personas.
En el campo mexicano la subsistencia de una
“unidad productiva” se pasa con 17 mil pesos an-
uales, según cálculos oficiales. No obstante, los
encargados de generar políticas públicas para su
atención y distribuir los recursos etiquetados an-
ualmente no dispersaron adecuadamente la to-
talidad del presupuesto, evidencia la Auditoría
ÉRIKA RAMÍREZ

Superior de la Federación (ASF). El máximo ór-
gano de fiscalización del país calcula el monto del
posible daño en 133 millones 153 mil 985 pesos,
equiparable a lo que 7 mil 832 unidades producti-
vas podrían obtener en un año.
El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuar-
io, Pesquero y Alimentario 20132018 reconoce que
la población del campo es particularmente vulner-
able,ya que “presenta ingresos bajos y estacionales,
ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud,
rezago educativo, envejecimiento y exposición a
riesgos naturales”.
Los hogares rurales tienen un promedio de in-
tegrantes mayor a la media del país y sus “formas
de subsistencia son siempre precarias, ligadas a la
producción de maíz o de otros productos básicos
en zonas de temporal o al trabajo por jornal”, dice
el documento elaborado por la Financiera Na-
cional de Desarrollo Agropecuario,Rural,Forestal
y Pesquero.
“Ser campesino es ser el olvidado de este país,
porque el gobierno no nos toma en cuenta.Tene-
mos una situación muy difícil que enfrentar para
sacar el agua del pozo, necesito energía eléctrica
y no tengo subsidio. Si en algún momento no se
me otorga, tendré que dejar el campo”, dice Ángel
Ruiz, originario de Santiago Apóstol, Oaxaca.
De los apoyos entregados por Sagarpa, Ángel
tampoco es beneficiario porque,cometa el hombre
de 46 años, no cubre los requisitos necesarios para
entrar en el padrón con el que opera la dependen-
cia, a pesar de que desde los ocho años de edad ha
participado en las labores agrícolas.
La familia de este campesino vive precaria-
mente de la siembra y comercialización de rábano,
cebolla, lechuga, perejil, flores y maíz. Todo lo ha
hecho en la medida de sus posibilidades, sin nin-
guno de los beneficios de la Sagarpa, que escucha
por la radio, se otorgan.
“La Sagarpa pide un montón de requisitos y, a
veces, el campesino no los tiene; realmente es una
violación a nuestros derechos. Como campesinos
tenemos que luchar para sobrevivir”, comenta.
Santiago Apóstol se encuentra en los Valles
Centrales de este estado.Región importante por la
agricultura, desde donde se dispersan varios de los
productos a la capital oaxaqueña. El Consejo Na-
cional de Evaluación indica que en este municipio
viven 4 mil 220 personas, de las cuales el 90.4 por
ciento (3 mil 236) viven en situación de pobreza.
Desglose de daños
El Informe Individual del Resultado de la Fiscal-
ización Superior de la Cuenta Pública 2016,elabora-
do por la ASF, enlista uno a uno los ocho posibles
daños a la hacienda pública que ocasionaron un
desfalco al erario mayor a los 133 millones de pe-
sos.
La cifra más significativa corresponde a la en-
trega de 79 millones 498 mil 100 pesos asignados
a 25 mil 64 beneficiarios que no acreditaron la vin-
culación del incentivo; es decir, no comprobaron
merecer el apoyo de Sagarpa.
Le siguen los 47 millones 424 mil pesos que
fueron entregados en “demasía”en dos movimien-
tos de transferencia. El primero corresponde al
otorgamiento de apoyos a 84 productores e im-
plicaron 5 millones 608 mil 722 pesos; el segundo,
a 41 millones 815 mil 294 pesos por 42 mil 253
La Sagarpa entregó 79
millones de pesos a 25 mil
64 beneﬁciarios que no
comprobaron merecer
los apoyos, documentó la
Auditoría SuperiorAuditoría Superior
BERNANDINOHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
casos a los que se les otorgó “un monto superior al
que les correspondía en los estratos de autoconsu-
mo, transición y comercial”, indica la ASF.
Del posible daño total, 4 millones 637 mil 300
pesos se entregaron a personas que ya habían fall-
ecido antes del momento de la autorización y pago
de dichos apoyos.Esta anomalía se descubrió de la
relación que hicieron los funcionarios de la Audi-
toría entre el padrón del programa y los registros
que lleva la Dirección General del Registro Na-
cional de Población e Identificación Personal de la
Secretaría de Gobernación.
La fiscalización del programa arroja que 174
delegados de la Sagarpa, impedidos por ley para
obtener recursos (de acuerdo con la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos),
obtuvieron 1 millón 408 mil 185 pesos.
Esta no es la primera vez que la Secretaría ben-
eficia a sus propios colaboradores.El sexenio pasa-
do Contralínea documentó que el propio secretario
de Agricultura,Francisco Mayorga Castañeda,era
parte del padrón de la entidad. La dependencia
que administraba el colaborador del presidente
Felipe Calderón, tenía enlistados a su hermana
Luz Teresa y su padre Salvador Arturo Mayorga
Cameros; los tres habrían recibido 14 millones de
pesos (Edición 155).
El Capítulo I de la Ley Federal de Responsa-
bilidades Administrativas de los Servidores Públi-
cos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo
funcionario debe “excusarse de intervenir,por mo-
tivo de su encargo, en cualquier forma en la at-
ención, tramitación o resolución de asuntos en los
que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar al-
gún beneficio para él, su cónyuge o parientes con-
sanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o
parientes civiles, o para terceros con los que tenga
Los campesinos más necesitados, fuera de los programas sociales
BERNANDINOHERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o
para socios o sociedades de las que el servidor pú-
blico o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte”.
Los gastos del Programa
Además de las inconsistencias reveladas, la fis-
calización de los recursos evidencia los costos que
generó en 2016 operar este programa, el cual as-
cendió a 24 millones 581 mil pesos.
Entre los gastos más fuertes se encuentra el del
pago a las instituciones bancarias por 9 millones
675 mil pesos del erario,por concepto de “Servici-
os bancarios y financieros”.Le sigue el de “Servici-
os de desarrollo de aplicaciones informáticas”,que
generó costos por 6 millones 460 mil pesos.
El Informe Individual del Resultado de la Fiscal-
ización Superior de la Cuenta Pública 2016 muestra
que por el concepto de “Patentes, derechos de au-
tor,regalías y otros”,la Sagarpa pagó 3 millones 78
mil 900 pesos.
El Proagro tiene como antecedente al Procam-
po, surgido en 1993 como apoyo compensatorio
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), “el cual trajo desventajas com-
petitivas para productores nacionales por los sub-
sidios otorgados a sus contrapartes en los países
socios”, expone la ASF.
Las principales necesidades en las que se de-
berían invertir los apoyos,dependiendo del estrato
en el que se encuentre el agricultor, son: compra
de fertilizantes y semillas mejoradas, productos de
control fitosanitario, mano de obra (pago de jor-
nales); yunta, maquinaria, equipo e implementos
agrícolas; garantías para el acceso al crédito; pago
de servicios y adquisición de combustibles.
Saúl Cárdenas Herrera, campesino en San
Luis Potosí e integrante de la Unión Nacion-
al de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dice que
el campo está destrozado: sin apoyos y con una
tremenda importación de productos agropecuar-
ios provenientes de Estados Unidos.
“Nosotros hemos batallando mucho con la in-
troducción de plantas transgénicas. El campo po-
tosino está en el total abandono,la gente sobrevive
trabajando, esa es la misión y visión que tenemos
nosotros: solamente trabajando podemos sacar
adelante al país”, comenta en entrevista.
Cárdenas Herrera expone que los integrantes
de UNTA en aquel estado están produciendo
soya y siembran casi 100 mil hectáreas, con lo que
abastecen el mercado local. Son el segundo pro-
ductor de elote a nivel nacional y surten a todo
el país, pero “cómo lo hacen nuestros compañeros,
sacando créditos en la Financiera Rural, porque
el gobierno federal entrega los apoyos después de
la cosecha. Estamos haciendo lo que no hacen los
gobiernos ni federal ni estatal ni municipal: tra-
bajando para que el pueblo de México tenga ali-
mentos”.
El secretario de Agricultura, José Eduardo Calzada
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN LÍNEA GLOBAL
CAUSAS,
CONSECUENCIAS
E IMPACTO
DE UNA GUERRA ECONÓMICA

INVESTIGACIÓNLÍNEA GLOBAL
A pesar de la riqueza
petrolera y mineral que
posee, Venezuela vive una
profunda crisis económica.
El motivo no es su
modelo económico, sino
la manipulación externa
de los mercados de bienes
esenciales, los ataques a
su moneda y un embargo
comercial encubierto,
advierte experta
C
aracas, Venezuela. Este país es víctima
de una guerra económica a pesar de su
diversidad envidiable de recursos na-
turales y minerales, un alto potencial agrícola,
una riqueza industrial, una gran experiencia en
el comercio privado y a su imponente industria
petrolífera.
Posee variedad de yacimientos como alumi-
nio (Bauxita), cobre, níquel, hierro, oro, plata,
plomo, zinc, mercurio, calcio, magnesio, man-
ganeso, diamante, caolín, fosfato, sal, yeso, torio,
coltan y talco, entre otros.
Según la página oficial de la estadunidense
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su
sigla en inglés), en 2015 el país suramericano
contaba con la mayor cantidad de reservas de
petróleo comprobadas en el mundo y ocupaba el
octavo lugar en existencias de gas natural.
De la acumulación gasífera, las probadas a
principios de 2016 eran de 5 mil 617 trillones
de metros cúbicos y su producción era de 21 mil
88 billones de metros cúbicos, por lo cual ocu-
LIVIA RODRÍGUEZ DELIS/PRENSA LATINA
DAVIDMANRIQUE

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