Contralínea 537

Año 16 • Número 537 • $30
Del 1 al 7 de mayo de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 17 de abril de 2017
DIRECTOR Miguel Badillo
oﬁciodepapel@yahoo.com.mx
COORDINADORES
INFORMACIÓN Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx
EDICIÓN Nancy Flores
nancy@contralinea.com.mx
CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
esoemi@contralinea.com.mx
WEB Gonzalo Monterrosa
info@contralinea.com.mx
DISEÑO Miguel Minero
mimiga@contralinea.com.mx
PUBLICIDAD Martha Moreno
mmoreno@contralinea.com.mx
DEFENSOR DEL PERIODISTA
Álvaro Cepeda Neri
cepedaneri@prodigy.net.mx
DEFENSOR DEL LECTOR
Jorge Melendez Preciado
jamelendez@prodigy.net.mx
EDITORIALISTAS
Fabio Barbosa
fabiobarbosacano@gmail.com
Miguel Concha Malo
educacion@derechoshumanos.org.mx
Martín Esparza
garrasleo6@yahoo.com.mx
Roberto Galindo
galeondelsur@hotmail.com
Samuel Lara Villa
samuellaravilla@gmail.com
ASISTENTE WEB
Armando Covarrubias
ILUSTRADOR
David Manrique
manrique@contralinea.com.mx
REDACCIÓN 5554-9194
PUBLICIDAD 5554-9191
SUSCRIPCIONES
Y VENTA DE LIBROS 5554-9191
Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
Como Campaña Nacional
contra la Desaparición For-
zada en México, en lo gene-
ral, no avalamos el Dictamen
de Ley General contra la
Desaparición Forzada y
Desaparición Cometida por
Particulares que se está discu-
tiendo en el Senado porque
es insuficiente, se queda
corto ante la gravedad de las
desapariciones e incumple,
de manera general, con los
estándares internaciones en
materia de derechos huma-
nos y con las exigencias de
las organizaciones de vícti-
mas, de derechos humanos
y populares agrupadas en
la Campaña y de miles de
familiares de víctimas.
Como Campaña, reco-
nocemos pequeños avances
producto de la constante
lucha de diversas organi-
zaciones de víctimas y no
de la voluntad política del
gobierno, quien nos obliga
a denunciar que el espíritu
general de la Ley no corres-
ponde con las exigencias y
expectativas de las víctimas.
Durante casi 2 años
hemos sido testigos de la
simulación de diálogo por
parte del gobierno federal y,
durante décadas, de la falta
de voluntad política para
erradicar las desapariciones
forzadas en el país. Ejemplo
de ello es que mientras el
gobierno federal simula el
diálogo con diversas orga-
nizaciones de víctimas y de
derechos humanos, las cifras
de desapariciones forzadas se
incrementan año con año.
La estrategia del go-
bierno federal, desde un
inicio, fue desgastar, tratar
de dividir y engañar con
falsas promesas a las familias
y organizaciones que han
venido exigiendo la Ley
General. Ante ello, en todos
los espacios en los que como
Campaña logramos estar
presentes, conjuntamente
con diversas organizaciones
de víctimas y de derechos
humanos, dimos la lucha
para llevar ante el gobierno
federal las exigencias de
miles de víctimas que desde
la década de 1960 han man-
tenido la demanda de justicia
y verdad, intentar menos que
eso sería como arrancarle el
corazón a quienes han deja-
do todo por encontrar a sus
hijos, a sus familiares.
El dictamen de Ley Ge-
neral que está siendo discu-
tido en Comisiones significa
un grave retroceso respecto
a la propuesta de Ley que
elaboramos las organizacio-
nes agrupadas en la Campa-
ña, entregada al Senado de
la República en septiembre
de 2015 y a la Cámara de
Diputados en septiembre de
2016, y también significa un
grave retroceso respecto a
los mínimos propuestos por
el Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México.
El Estado mexicano tuvo
la oportunidad histórica de
dotar al país de un marco
jurídico acorde con los es-
tándares internacionales en
materia de derechos huma-
nos y, con ello, dar los pri-
meros pasos para garantizar
verdad, justicia, memoria,
reparación integral del daño
y medidas de no repetición.
No obstante, lo que se pre-
senta en el dictamen de Ley
es una caricatura de lo que
realmente necesita hacer
el Estado mexicano para
erradicar las desapariciones
forzadas. Ejemplo de ello es
la creación de una Comisión
Nacional de Búsqueda que
en realidad ni es nacional ni
tiene las capacidades para
buscar.
El Estado mexicano
incorporó a su dictamen
aquellas exigencias de las víc-
timas que no tocan el centro
de su propuesta y muchas de
las exigencias las modificó y
redujo para que no lo obliga-
ran a prevenir y erradicar las
desapariciones forzadas, las
cuales se presentan en el país
de manera generalizada y
sistemática.
La lucha por contar
con un marco jurídico que
prevenga y erradique las
desapariciones forzadas no
se agota con la promulgación
de una Ley General que no
cumple de manera general
con los estándares interna-
cionales ni con las exigencias
de las víctimas. Tomaremos
y haremos valer lo poco
ganado en el marco jurídico
nacional y seguiremos lu-
chando por presentación con
vida de todas la víctimas de
desaparición forzada, por el
juicio y castigo a los respon-
sables materiales e intelec-
tuales y para que un día el
pueblo mexicano logre tener
un gobierno que no tenga
como política de Estado el
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS NO
AVALAN LEY CONTRA LA DESAPARICIÓN
4 1 de mayo de 2017

www.contralinea.com.mx 5
NUESTROS LECTORES OPINIÓN
desaparecer a su propia gente.
Como Campaña, de mane-
ra general, no avalamos el dic-
tamen de Ley General contra la
Desaparición Forzada y Desapa-
rición Cometida por Particulares
por lo siguiente:
1. Bajo el pretexto de que
para activar la búsqueda in-
mediata y no caer en actos de
incongruencia legal, el Estado
mexicano deja en el Dictamen el
término Persona No Localizada.
Este término se utiliza también
para nombrar el “nuevo regis-
tro” de Personas Desaparecidas,
el cual llevará el nombre de
Registro Nacional de Persona
Desaparecidas y No Localizadas.
Con lo cual se demuestra que el
Estado mexicano, bajo el argu-
mento de “buscar” a todas las
personas desaparecidas, oculta
intencionalmente la práctica de
la desaparición forzada que de
manera sistemática y generaliza-
da realizan sus propios funciona-
rios. Además no crea un registro
que responda a la naturaleza y
especificidad de la desaparición
forzada.
2. Para poder garantizar
impunidad a los responsables
intelectuales de cometer desa-
pariciones forzadas, el Estado
mexicano se negó a establecer la
responsabilidad de los superiores
jerárquicos como lo mandata
la Convención Internacional
contra la Desaparición Forzada
en su Artículo 6; aun a sabiendas
de que esto le traerá como con-
secuencia graves llamamientos y
recomendaciones de las instan-
cias internacionales.
3. Respecto a la creación
de instancias eficaces para la
búsqueda, se eliminó la instancia
encargada de realizar la bús-
queda inmediata y permanente
de las víctimas de desaparición
forzada. Eliminaron también
establecer, dentro de los mínimos
aceptables, el acceso a todos los
lugares de probable detención
de las víctimas incluidos campos
militares y lugares clandestinos.
En su lugar se crea una Comi-
sión Nacional, que no es nacio-
nal y que no posee atribuciones
ni herramientas necesarias para
hacer la búsqueda adecuada en
campo.
4. A pesar de que en varias
partes de la Ley se reconoce
la necesidad de contar con un
órgano que realmente sirva
para la investigación forense,
bajo el alegato de no contar con
recursos suficientes, el Estado
mexicano se niega a crear un
Instituto Autónomo de Ciencias
Forenses, y sólo crea una figura
llamada Banco Nacional de
Datos Forenses, que solamente
agrupará Bases de Datos, que
serán alimentadas por los mis-
mos peritos dependientes de las
procuradurías, de esas mismas
procuradurías que no investigan
y que hacen lo imposible para
que los familiares de las víctimas
no denuncien.
5. El Estado mexicano re-
conoce que las desapariciones
forzadas en México de la época
de la Guerra Sucia deben ser
investigadas, pero no crea una
instancia de búsqueda inmedia-
ta, es decir, la Ley General no
contempla encontrar a las víc-
timas de desaparición forzada,
pese a que la desaparición forza-
da es un delito continuo.
6. Como ha sido una cons-
tante durante más de 50 años,
y más aún durante este sexenio,
el Estado mexicano se negó a
integrar cualquier artículo donde
se hiciera alusión a la responsa-
bilidad de las Fuerzas Armadas,
lo que garantiza la imposibilidad
de que éstas sean juzgadas bajo
su propia jurisdicción.
7. La Ley General no con-
templa la reclasificación de los
delitos, lo cual seguirá dejando
a todos los casos que no son
investigados como desaparicio-
nes forzadas o desapariciones
cometidas por particulares sin
la posibilidad de exigir que se
clasifiquen adecuadamente al
momento de entrada en vigor
de la Ley.
8. Como se ha visto hasta
ahora, la Ley General de Víc-
timas ha sido un mecanismo
eficaz para desmovilizar a los
familiares de las víctimas, y la
Ley General contra la desapa-
rición forzada y desaparición
cometida por particulares hace
referencia en todo momento a
la Ley General de Víctimas para
cualquier petición de búsqueda
e identificación de peritos inde-
pendientes que puedan llegar a
solicitar los familiares.
Por todo lo anterior, como
Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada en Méxi-
co, en general, no avalamos la
Ley General contra la Desapa-
rición Forzada y Desaparición
Cometida por Particulares que
está por ser aprobada en Comi-
siones. De ser aprobada esta Ley
General, se seguirá perpetuando
la impunidad y el Estado mexi-
cano continuará sin garantizar
a las víctimas, familiares y socie-
dad en su conjunto los derechos
de memoria, verdad, justicia,
reparación integral del daño y
garantías de no repetición.
Como lo hemos hecho desde
hace ya casi 7 años, continuare-
mos con la exigencia y la lucha
por la presentación con vida
de cada una de las víctimas de
desaparición forzada en Méxi-
co. Seguiremos buscando que
se castigue a cada uno de los
responsables materiales e intelec-
tuales sin importar su jerarquía
en la estructura del Estado
mexicano.
Por último, hacemos un
llamado a las víctimas de desa-
parición forzada a pronunciarse
en contra de una Ley General
que generará más impunidad,
respetamos el esfuerzo de las
organizaciones de la sociedad
civil que están avalando la Ley
General, pero recordemos que
una Ley General sin corazón,
sin búsqueda, sin justicia y sin
verdad, reduce las exigencias
históricas de las víctimas de la
desaparición forzada y sus fami-
liares a un autoengaño.
Presentación con vida de los
luchadores sociales Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto
Cruz Sánchez, las indígenas
triquis Daniela y Virginia Ortiz
Ramírez, el defensor de dere-
chos humanos Francisco Paredes
Ruiz, el indígena chatino Lauro
Juárez, el profesor Carlos Rene
Román Salazar, los activistas
Teódulfo Torres Soriano, Ga-
briel Gómez Caña, Fidencio
Gómez Sántiz, los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa y las más de
30 mil víctimas de desaparición
forzada en México.
Atentamente,
Campaña Nacional contra
la Desaparición Forzada en Mé-
xico:Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos Hasta
Encontrarlos;Comité Cerezo
México;Comité de Solidaridad y
Derechos Humanos Monseñor
Romero;Red Nacional en De-
fensa de los Derechos Humanos;
Acción Urgente para Defen-
sores de Derechos Humanos;
Comité de Derechos Humanos
de la Huasteca y Sierra Orien-
tal;Comité Independiente de
Derechos Humanos de Puebla;
Comité de Familiares y Amigos
de Secuestrados,Desaparecidos
y Asesinados en Guerrero;Taller
de Desarrollo Comunitario;
Frente Nacional de Lucha por
el Socialismo;Movimiento de
Unificación y LuchaTriqui;Brigada
Multidisciplinaria;Ajusco Radio,y
la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos

6 1 de mayo de 2017
CONTENIDO
30
PORTADA
Decenas de conflictos estallan y se recrudecen en
el país: Gobernación reconoce 60, pero podrían
ser más de 400
ESTALLAN CONFLICTOS
SOCIALES, ENTRE LA
INJUSTICIA Y LA REPRESIÓN
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL CINISMO E IMPUNIDAD PRESIDENCIAL Miguel Badillo
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PANDILLAS, EL BRAZO OPERATIVO
DEL NARCO EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS Nancy Flores
ZONA CERO FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, INTEGRADAS AL
COMANDO NORTE DE EU Zósimo Camacho
DEFENSOR DEL PERIODISTA EN EL PAÍS DE LA IMPUNIDAD, EL
ENÉSIMO HOMICIDIO DE UN PERIODISTA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
BAJA CALIFORNIA SUR: VIOLENCIA CRIMINAL CONTRA LA SOCIEDAD
CIVIL Roberto E Galindo Domínguez
PLANTÓN DE USUARIOS ANTE LOS MILES DE ABUSOS DE CFE Martín
Esparza Flores
EL FIN DE LA CONCORDIA ENTRE ISRAEL Y ALEMANIA Axel Plasa
UN ESTADO GENERAL DE CORRUPCIÓN Xavier Caño Tamayo/CCS
QUO VADIS, TURQUÍA Adrián Mac Liman/CCS
PRIMEROS 100 DÍAS DE TRUMP GENERAN MUCHA PREOCUPACIÓN
Martin Khor/IPS
4
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 16, número
537, del 1 al 7 de mayo de 2017– es una publicación semanal edi-
tada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama
74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Mé-
xico, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Mi-
guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Taba-
calera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se ter-
minó de imprimir el 28 de abril de 2017. Distribuida por la Unión de
Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Maris-
cal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91.
CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-
ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad
de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa-
riamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda to-
talmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos
o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Li-
bertad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC,
folio: 00010-RHY
3
5

INVESTIGACIÓN
PORTADA Estallan conflictos sociales, entre la injusticia y la represión Nancy Flores
SOCIEDAD México, sin control de sus fronteras José Réyez
LÍNEA GLOBAL Informalidad laboral, otro muro para migrantes en América Latina Fabiana
Frayssinet/Inter Press Service
LÍNEA GLOBAL Energías renovables más baratas, el nuevo récord mundial María Julia
Mayoral/Prensa Latina
30
38
46
52
MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA Google, tu confidente, sabe todo de ti Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Réquiem a la memoria del politólogo de la democracia, Giovanni Sartori
Álvaro Cepeda Neri
64
66
Imagen de portada: 123RF
4638
52 58
CONTENIDO
ANÁLISIS
JURÍDICO Violencia de género en México: también en los círculos universitarios
Ivonne Carolina Flores Alcántara
58

8 1 de mayo de 2017
OFICIO DE PAPELOPINIÓN
CINISMO E IMPUNIDAD
PRESIDENCIAL
MIGUEL BADILLO
E
n los últimos días hemos atestiguado el
descaro y el cinismo de los políticos por ro-
barse el dinero público y enfrentarlo como
si estuvieran preparados para ello. Las imágenes
del momento de la captura del veracruzano Javier
Duarte no tienen desperdicio en ese sentido. Uno
y otro gobernador, sin distinción de partidos, sólo
son atrapados cuando sus predecesores deciden
investigarlos por delitos como enriquecimiento ilí-
cito, lavado de dinero, protección al crimen organiza-
do, abuso de poder o tráfico de inﬂuencias.
En los últimos años, estos arrestos y persecuciones
de gobernadores corruptos han aumentado gracias
alaalternanciaenelpo-
der, pues en la mayoría
deloscasoscuandollega
al cargo un mandatario
de un partido distinto al
de su predecesor es casi
seguro que encontrará
elementos de la enorme
corrupción cometida en el gobierno.
Sin embargo, para desgracia de la justicia, eso
no sucede cuando se trata de los expresidentes,
pues ni aún la alternancia (Partido Revoluciona-
rio Institucional-Partido Acción Nacional-PRI) ha
permitido que algún exmandatario vaya a prisión
por corrupción, a pesar de que todos han abusado
del enorme poder que otorga la omnipotente Pre-
sidencia de la República.
Ejemplos hay muchos, pero baste mencionar
a tres de los más cínicos expresidentes: Carlos Sa-
linas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón,
uno priísta y dos panistas, a quienes la prensa les
documentó cualquier cantidad de corruptelas y
nada ocurrió. Un manto de impunidad protege a
los exmandatarios como si se tratara de un pacto
tácito entre quienes ocupan la silla presidencial,
para que el mandatario entrante perdone todas
las fechorías y abusos del presidente saliente.
Pero esa impunidad podría terminar pronto
y los próximos mandatarios que cometan abusos
podrían ir a prisión ante la presión social, pues los
mexicanos están hasta la madre de tanta corrupción
gubernamental y que cada sexenio aparezcan de-
cenas de funcionarios coludidos con empresarios
en posesión de inmen-
sas fortunas obtenidas
de dinero público y una
acumulación de bienes
en México y el extran-
jero.
Ésa es la preocu-
pación de muchos
políticos y de algunos exmandatarios porque en
2018 pueda llegar a la Presidencia de la Repúbli-
ca quien ahora encabeza las encuestas, Andrés
Manuel López Obrador, y de imponerse en las
elecciones someta a proceso penal a quienes han
abusado de sus cargos y se han robado el dinero
público, ante lo cual muy pocos se salvarían.
Algunos expresidentes, obedientes a las correc-
tas formas políticas, una vez terminado su manda-
to se han retirado, sea por voluntad propia o por
la presión presidencial, pero otros, como Carlos
Salinas y Felipe Calderón, insisten en regresar a la
El cínico de Salinas cree que los mexi-
canos ya olvidamos el mal uso que hizo
de la llamada “Partida secreta”, que pagó
sus caprichos con dinero público
El cínico de Salinas cree que los mexi-
sus caprichos con dinero público

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
política para seguir robándose los fondos públicos.
Uno priísta y el otro panista, ambos desean
continuar interviniendo en las decisiones guber-
namentales, ya sea para obtener contratos públi-
cos o poder designar funcionarios en los cargos
más altos del gabinete. Calderón pretende que su
esposa asuma la candidatura del PAN en busca de
la Presidencia y desde su posición de consorte vol-
ver a gobernar el país, ante una sumisa Margarita.
Este cinismo del calderonista es igual o más per-
verso que el del corrupto Javier Duarte.
El otro es Salinas, el villano favorito, quien en
los últimos días volvió a la escena política y pre-
tende interceder en el PRI por sus recomendados
para que ocupen cargos públicos. Participó como
orador principal del foro de la Conferencia Lati-
noamericana de Estudiantes de la Harvard Ken-
nedy School en Massachussetts, en donde declaró
que el país padece inseguridad, injusticia e insufi-
ciente crecimiento.
El cínico exmandatario cree que los mexica-
nos ya olvidamos el mal uso que hizo de la llama-
da “Partida secreta”, la cuenta bancaria número
6300-0005 en Banco Mexicano Somex, a nombre
de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Ala-
nís, ambos funcionarios de Los Pinos, que mane-
jaban miles de millones de pesos del erario para
servir los caprichos de Carlos Salinas cuando ocu-
pó la silla presidencial.
Políticos como el expresidente Miguel de la
Madrid y el exsecretario Luis Téllez acusaron
de corrupción a Carlos Salinas, pero no paso
nada. También lo hizo su propio hermano Raúl
en aquella conversación telefónica que sostuvo
con Adriana Salinas y que fue filtrada a Tele-
visa.
Entre 1994 y 1997, Luis Téllez se desempeñó
como jefe de la Oficina de la Presidencia de la
República cuando ésta era ocupada por Ernesto
Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo inició
lo que podría considerarse la única investigación
seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abu-
so presidencial para usar a su antojo los recursos
públicos que guardaba
la denominada “Parti-
da secreta”.
En el gobierno
de Ernesto Zedillo se
abrieron expedientes
en contra de Salinas
en la Procuraduría Ge-
neral de la República
(PGR) y en la Unidad
de Lavado de Dinero
de la Procuraduría Fis-
cal de la Federación.
Esas investigaciones
estuvieron a cargo de
la exsubprocuradora
María de la Luz Lima
Malvido y de quien
fuera responsable de
investigar el lavado de dinero en México, María de
la Luz Núñez Camacho. Ambas tuvieron eviden-
cias de cómo el expresidente Salinas de Gortari
no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno
de componendas con poderes políticos y fácticos,
sino que incurrió en el delito de peculado. De
aquellas indagatorias acaso podría decirse que la
nación obtuvo un beneficio: la desaparición como
tal de aquella “Partida secreta” que no estaba su-
jeta a la obligación de rendir cuentas y mucho me-
nos a la supervisión de los órganos superiores de
fiscalización.
Por eso ya es momento de que los presidentes
también vayan a prisión cuando cometen actos de
corrupción.
GALOCAÑAS/CUARTOSCURO

10 1 de mayo de 2017
AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
PANDILLAS, EL BRAZO
OPERATIVO DEL NARCO
EN MÉXICO Y ESTADOS
UNIDOS
NANCY FLORES
T
al como ocurrió con el Plan Colombia, la
intromisión de Estados Unidos en México,
a través de la Iniciativa Mérida, ha resul-
tado en una de las peores crisis humanitarias en la
historia de nuestro país, cuya peor expresión es la
de los miles de civiles muertos y desaparecidos.
Y así como la “guerra” contra las drogas sólo
causó desgracias a la sociedad colombiana mien-
tras los cárteles de Medellín, de Cali y del Norte
del Valle dominaban el narcotráfico internacional,
ahora el crimen organizado mexicano es líder en
el mundo.
No hay que olvidar
que la injerencia esta-
dunidense, disfrazada
de “ayuda”, fue soli-
citada por el panista
Felipe Calderón, en su
calidad de presidente
de la República, para
“legitimar” la militarización de México en el ám-
bito internacional.
Por lo tanto, Calderón sigue siendo uno de los
principales responsables –junto con el presidente
Enrique Peña– de la inseguridad, la violencia y la
impunidad que padecemos todos los días.
Los otros responsables están en Estados Unidos.
El gobierno de ese país sabe exactamente lo que
sucede en México: en su informe 2016 National drug
threat assessment summary, el Departamento de Justicia
admite que los cárteles colombianos fueron despla-
zados por los mexicanos.
Lamentablemente, el narcotráfico no es lo úni-
co que estos grupos criminales controlan. A los nue-
ve grandes cárteles y a sus células y pandillas se les
atribuyen otras actividades delictivas que laceran a
la sociedad, como las ejecuciones, los desplazamientos
forzosos, los secuestros, las desapariciones, el lavado
de dinero, el contrabando (de personas, órganos, es-
pecies, armas, maderas, metales), las extorsiones y
la piratería.
Todo ello en total impunidad, porque las fi-
nanzas de los criminales y de quienes les facilitan
el blanqueo de capitales –bancos y empresas– no han
sido golpeados en nin-
gún sentido, y el derro-
camiento de líderes –
como Joaquín Guzmán
Loera– es realmente in-
suficiente para frenar un
negocio al que si le cortan
una cabeza le salen 10.
De la mayor fragmentación de las organizacio-
nes criminales también es consciente el gobierno
del país vecino: un reporte de la unidad de investi-
gación del Congreso de Estados Unidos alerta que
podría haber hasta 200 grupos criminales que ope-
ran en ciertas zonas de México.
Según el informe US-mexican security cooperation:
the Mérida Initiative and beyond, esta atomización de la
criminalidad conlleva niveles de violencia extremos.
Pero aquí, la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) apenas da cuenta de 45 organizaciones
criminales.EneloficioPGR/UTAG/00799/2017,
Unreportedelaunidaddeinvestigación
delCongresodeEstadosUnidosalertaque
podría haber hasta 200 grupos criminales
que operan en ciertas zonas de México
Unreportedelaunidaddeinvestigación
que operan en ciertas zonas de México

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
refiere que se trata de nueve grandes (Pacífico, Are-
llano Félix, Familia Michoacana, Carrillo Fuentes,
Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Ca-
balleros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración), de las que se deprenden otras 36 células
y pandillas.
Al Cártel del Pacífico se le liga a 10 células:
Gente Nueva (en Chihuahua y Sinaloa), Los Ca-
brera (Durango y Chihuahua), Cártel del Poniente
y/o de La Laguna y/o Los Bardales (Durango y
Coahuila); en Baja California, El Aquiles, El Tigre
yDel28;enChihuahua,LosArtistasAsesinosyLos
Mexicles; y en Sonora, Los Salazar y Los Memos.
Al Cártel del Golfo se le liga, en Quintana Roo,
alosTalibanesyLosPe-
lones; en Tamaulipas, a
Los Fresitas, Ciclones,
Metros, Rojos y Gru-
po Dragones. En ese
mismo estado Los Ze-
tas controlan el Grupo
Operativo Los Zetas, el
Grupo Operativo Zetas
y las Fuerzas Especiales
Zetas.
El Cártel de los Bel-
trán Leyva tiene a su
favor a Los Mazatlecos
(en Sinaloa y Baja Ca-
lifornia Sur), El 2 Mil
(Sonora); en Guerre-
ro, Los Granados, Los
Rojos, Los Ardillos y el
Cártel Independiente
de Acapulco; y en Aguascalientes y Baja California
Sur, La Oficina.
Según la PGR, en Michoacán Los Caballeros
Templarios son aliados de Los Tena y la célula que
encabeza Homero González Rodríguez y/o Gon-
zalo González, alias el Gatillo.
A La Familia Michoacana, la PGR le atribuye
alianza con La Empresa, que opera en el Estado de
México y Morelos. Mientras que Guerreros Uni-
dos y o La Nueva Empresa se identifica como gru-
po desertor de la misma, sin que hasta ahora se le
determine alianza con otro cártel.
Los Arellano Félix están vinculados con El
Chan, El Jorquera y El Kieto (Baja California). El
Cártel de Juárez (Carrillo Fuentes), con La Línea y
Los Aztecas (Chihuahua). Mientras que el Cártel
Jalisco Nueva Generación no controlaría células o
pandillas (aunque sus zonas de influencia, según la
PGR, son Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajua-
to, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz).
Esaspandillassonlasqueaterrorizandirectamen-
tealospueblosycoloniaspopulares.Tambiénsonlas
encargadasdemoverladrogaentrelosniños,jóvenes
y demás adictos: de generar mercados locales.
Pero no son las únicas: los cárteles mexicanos
también manejarían pandillas en Estados Unidos.
El 2016 National drug threat assessment summary refie-
re que las pandillas estadunidenses se relacionan
con las organizaciones
criminales mexicanas
como sus fuentes de su-
ministro de drogas.
En Texas, por ejem-
plo, identifica siete pan-
dillas directamente co-
nectadas con los cárte-
les mexicanos: la Aryan
Brotherhood Texas,
ligada a los cárteles del
Golfo, Juárez y La Fa-
milia Michoacana; el
Barrio Azteca, al Cártel
de Juárez y a Los Zetas;
los Latin Kings, a Los
Zetas; la MS-13, a los
cárteles del Golfo, Los
Zetas y Sinaloa; Tango
Blast and Tango Cli-
ques, al Golfo, La Línea, Los Caballeros Templa-
rios, Los Zetas y Sinaloa; la Texas Mexican Mafia,
a los cárteles del Golfo, Juárez, Los Zetas y Sinaloa;
y el Texas Syndicate, al cártel del Golfo, La Familia
Michoacana, Los Zetas y Sinaloa.
El análisis del Departamento de Justicia indica
que “la relación entre las pandillas y las organiza-
ciones criminales trasnacionales mexicanas repre-
senta una seria amenaza para la seguridad pública
en Texas. Asesinatos, secuestros y allanamientos de
morada son algunos de los crímenes que cometen
las pandillas”. Agrega que esa relación aumenta los
recursos y la rentabilidad de cada uno de ellos, ade-
más de contribuir a un mayor nivel de violencia.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
L
a integración de las Fuerzas Armadas Mexi-
canas al Comando Norte de Estados Unidos
avanza tersamente y casi de manera silen-
ciosa. Nuestros militares acuden por miles a “capa-
citarse” y a realizar “ejercicios conjuntos” con los
efectivos castrenses de ese país.
En 3 años (2012, 2013 y 2014), 6 mil 653 ele-
mentos de instituciones mexicanas de defensa y
seguridad acudieron a Estados Unidos a recibir ca-
pacitación a través de 524 programas de entrena-
miento. Se trata de efectivos de las tres Fuerzas Ar-
madas Permanentes y del Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen, el organismo de in-
teligencia civil del Estado mexicano), la Secretaría
de Gobernación, la Se-
cretaría de Relaciones
Exteriores, la Secretaría
de Seguridad Pública,
la Policía Federal y la
Procuraduría General
de la República.
En efecto, una revi-
sión más detallada de los datos contenidos en el Atlas
de la seguridad y la defensa de México 2016, elaborado por
el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Demo-
cracia (Casede) y el Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República, nos muestra que los ci-
viles y los policías suman apenas unas cuantas cente-
nas en ese universo de mexicanos enviados a Estados
Unidos. La gran mayoría son militares que acuden
a campamentos e instalaciones del Comando Norte
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
De manera oficial, el Comando Norte (United
States Northern Command, USNORTHCOM) es
un comando unificado de las Fuerzas de tierra, aire
y mar, dependiente del Departamento de Defen-
sa de Estados Unidos. Busca proteger el territorio
nacional de ese país así como imponer los intereses
de su gobierno. Actualmente está comandado por
la general Lori J Robinson, quien también es co-
mandante del Comando de Defensa Aeroespacial
de Estados Unidos.
El área de “responsabilidad” del USNORTH-
COM incluye los espacios aéreo, terrestre y marí-
timo del propio Estados Unidos pero también, y
sin rubor alguno, de Canadá, México y el Golfo
de México. El cuartel general del Comando Norte
se encuentra en Peterson Air Force Base, Colorado
Springs, precisamente
en el estado de Colora-
do.
En la misión del
USNORTHCOM de
controlar “su” área,
muy buenos servicios le
prestan los ejércitos de
los otros países involucrados: Canadá y México.
El trabajo más rudo podría ser el que se hace
en territorio mexicano, pues el nuestro es un país
con decenas de millones de personas en la miseria,
generador y paso de migrantes, lugar de trasiego
de drogas y también hogar de comunidades rejegas
que no aceptan la tutela de los gringos y se organi-
zan para no entregar sus recursos a las mineras que,
¡oh, casualidad!, son de capitales estadunidenses y
canadienses.
El amplio trabajo del Casede y del Instituto
Belisario Domínguez es de consulta obligada. Se
ZÓSIMO CAMACHO
FUERZASARMADASMEXICANAS
INTEGRADAS AL COMANDO
NORTE DE EU
En 3 años, 6 mil 653 elementos de
instituciones mexicanas de defensa y
seguridad acudieron a Estados Unidos a
recibir capacitación y entrenamiento
En 3 años, 6 mil 653 elementos de
recibir capacitación y entrenamiento

ZONA CERO OPINIÓN
trata realmente de un Atlas que ofrece un panora-
ma completo de la seguridad (nacional, interior y
pública) de México. En esta ocasión sólo nos refe-
rimos a los efectivos mexicanos que son enviados
a Estados Unidos a “capacitarse”.
De los 6 mil 653 remitidos, alrededor de 6 mil
300 son elementos militares, es decir, integrantes
del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexi-
cana, la Armada de México y el Estado Mayor
Presidencial. La mayoría de los 524 programas de
entrenamiento a los que han acudido los mexica-
nos tienen que ver con contrainsurgencia, seguri-
dad nacional, seguridad hemis-
férica, operaciones especiales,
inteligencia, contrainteligencia,
antiterrorismo, combate al cri-
men organizado, estrategia y
mecánica.
Cuando vemos en qué luga-
res se han efectuado los cursos,
observamos que, en todos los
casos, se trata de instalaciones
del Comando Norte. Entre las
instituciones que más militares
mexicanos han recibido para
“capacitarlos” se encuentran
la US Marine Forces Northern
Command (Fuerzas Marítimas
del Comando Norte); el US
Army North (Ejército Norte de
Estados Unidos); la Air National
Guard (Guardia Nacional del
Aire); el US Special Operations
Command North (Operaciones
Especiales del Comando Norte);
el Center for Homeland Defen-
se and Security (Centro de Defensa y Seguridad
Interior); el Theater Sustainment Command-Bri-
gade Combat Team (Comando de Apoyo en el
Teatro de Operaciones-Brigada de Combate), y
las Air Forces Northern (Fuerzas Aéreas del Co-
mando Norte).
El Comando Norte de Estados Unidos fue lan-
zado el 1 de octubre de 2002, por parte del enton-
ces jefe del Departamento de Estado de ese país,
Donald Rumsfeld. Luego del revuelo que causara
en esas fechas conocer que las Fuerzas Armadas
gringas habían incorporado a México dentro de su
área de operaciones, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) mexicana se vio obligada a fijar
una postura.
Mediante un boletín, la Sedena negó cualquier
participación en operaciones del Comando Norte
y rechazó que México vaya a ser parte de fuerzas
combinadas. “En particular, la creación del Co-
mando Norte no modifica la relación actual que se
mantiene con ese país”, dijo, y rechazó que mexi-
canos en algún futuro se involucrarían en otros paí-
ses… Cómo cambian los tiempos.
El escudo del Comando Norte es curioso.
También lo son los particulares de cada arma del
Comando Norte. Todos muestran “su” territorio:
los espacios aéreo, marítimo y terrestre en el que
operan. Por supuesto, en todos aparece México in-
tegrado a “su zona”. Son “curiosos” estos escudos,
decíamos, porque en ninguno aparece un muro en-
tre México y Estados Unidos. Dejan en claro los
militares estadunidenses que para ellos no hay fron-
teras. Las vallas son sólo para los civiles: los migran-
tes, los trabajadores, los pobres. Como puede verse,
México es “su” territorio. El único problema es que
está lleno de mexicanos.
123RF

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
N
o son sólo los periodistas las únicas vícti-
mas de la sangrienta criminalidad de las
delincuencias que matan soldados, ma-
rinos, policías, presidentes municipales, mujeres,
hombres, niños. Es una matanza generalizada por
las fallas de la creciente inseguridad, contra la que
no se dan abasto las medidas militares ni de las po-
licías federal y de las entidades, que a su vez come-
ten abusos, porque el presidencialismo a la Peña y
sus desgobernadores, incluyendo a jueces y ministerios
públicos, por miedo o complicidad con los narco-
traficantes no cumplen para implantar el estado de
derecho. Y es que, ade-
más, aumenta la impu-
nidad corrupción y falta
de transparencia, pues
todo termina siendo
información reservada
para que los mexicanos
no podamos enterarnos
de los manejos ocultos
en las administraciones públicas. Es así que, con el
peñismo, ya suman más de 1 millón de muertes a
partir de los crímenes desde el salinato. Y diaria-
mente se descubren fosas clandestinas con miles de
cadáveres, cuerpos mutilados, cráneos, etcétera.
En el Veracruz de las raterías de Javier Duarte
de Ochoa y su cártel de saqueadores, matones y de-
lincuencia organizada, ha tenido lugar otro homi-
cidio, entre los cientos de miles cuyos cuerpos están
sepultados en fosas clandestinas, y otra vez es de un
periodista que se suma a esos que han encontrado
las madres del Colectivo Solecito, y que sucedieron
al amparo de ese Duarte y su familia, sus funcio-
narios cómplices e, indudablemente, la protección
del peñismo en cuyas narices no se fugó sino que lo
dejaron escapar y esconderse, de tal manera que la
PGR lo buscaba donde sabían que no estaba.
Ahora se trata de Ricardo Monlui Cabrera, de-
dicado al periodismo como reportero, columnista,
dirigente de la Asociación de Periodistas y Repor-
teros Gráficos de Córdoba y la Región. Editor del
diario impreso: El Político, Colaborador de El Sol de
Córdoba y del Diario de Xalapa. La información al res-
pecto nos la dieron: Edgar Ávila, Eirenet Gómez
(El Universal, La Jornada y el staﬀ de Reforma, 20 de
marzo de 2017), para
ser un capítulo más de
ese drama sangriento y
privación de las vidas de
más veracruzanos que
siguen sobreviviendo en
la terroríficas ingober-
nabilidad e inseguridad.
Ha sido un homicidio
con todas las agravantes.
Y ya son más de 16 periodistas eliminados,
donde funcionarios y delincuentes tienen mucho
que ver porque unos y otros, separadamente o en
complicidad, realizan esos actos de barbarie por
venganza y para que los medios de comunicación
entiendan que sus reporteros, analistas y críticos,
deben dejar de ocuparse de los hechos criminales
de quienes abusan del poder público, ejercen toda
clase de violencia contra los ciudadanos y han he-
cho de Veracruz la entidad de mayor salvajismo de
los cárteles gubernamentales y del narcotráfico.
En el contexto del sistema jurídico vigente del
EN EL PAÍS DE LA IMPUNIDAD
EL ENÉSIMO HOMICIDIO DE
UN PERIODISTA
ÁLVARO CEPEDA NERI
Monlui Cabrera era reportero, co-
lumnista, dirigente de la Asociación de
Periodistas y Reporteros Gráﬁcos de
Córdoba y la Región y editor
Monlui Cabrera era reportero, co-
Córdoba y la Región y editor

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Estado federal y los estados de la Federación, los
mexicanos no sabemos cómo obligar a los gobier-
nos para que detengan esa bestialidad, ya que priva
en Veracruz una ferocidad que supera toda cruel-
dad. Secuestran para matar. Desaparecen mujeres
y niñas para utilizarlas como esclavas sexuales y en-
cargarse de la cocina. Y a jóvenes para obligarlos a
ser sicarios. Convencen con dinero a policías y mili-
tares para que, como en Ayotzinapa, les entreguen
a quienes detienen. Y todo eso en la mayor impuni-
dad; por lo que nuestro país es propiedad absoluta
de las delincuencias que han implantado el terroris-
mo a sabiendas de que la impunidad y complicidad
los protege. Y hasta pueden escapar de las cárceles.
Así es que otro periodista fue asesinado, como parte
de la estela de la corrupción sangrienta de Javier
Duarte y sus cómplices.
Al momento de redactar esta nota, el reportaje
de Jacobo García y Pablo Ferri (El País, 4 de abril
de 2017), nos ayuda con la información de lo que
titularon: Periodistas silenciados a balazos para sintetizar
que: “Cecilio Pineda, Miroslava Breach y Ricardo
Monlui, son los tres últimos reporteros asesinados
en México, que se suman al centenar de víctimas
registradas desde 2000”. Y
es que, de entre el millón de
homicidios ordenados o eje-
cutados por delincuentes y
funcionarios, los reporteros
–que son los ojos y oídos del
periodismo en cualquiera de
sus modalidades (la radio, te-
levisión y medios escritos)–,
están en la mira de los ma-
tones, para tratar (y hasta lo-
grar) silenciar la búsqueda de
la información para ser dada
a conocer al público. Siendo
así que, cumpliendo con su
deber profesional, los traba-
jos de Miroslava, Cecilio y
Ricardo pusieron a la luz del
día los hechos que exhibían a
sus actores.
Ciento tres periodistas
han sido privados de sus vi-
das, al menos desde el sexenio
presidencial del frustrado pro-
ceso de alternancia foxista, calderonista y el regreso
tramposo del peñismo; es decir, de Acción Nacio-
nal (PAN) al Revolucionario Institucional (PRI). Y
la publicación más reciente sobre la criminalidad
contra los periodistas es la investigación del perio-
dista Carlos Moncada Ochoa, en su libro Oficio de
muerte: periodistas asesinados en el país de la impunidad, que
alcanzó a prologar Miguel Ángel Granados Chapa
(editorial Grijalbo), donde nos da cuenta y razón de
cuántos y porqué han sido privados de la vida perio-
distas como ahora Ricardo Monlui Cabrera.
Oficio de muerte es la historia de hechos penales
casi siempre sin sanción, desde el porfiriato hasta el
calderonismo (1860-2012). Pero parece que el pe-
riodista sonorense ha de ocuparse en otro texto de
lo sucedido desde 2012 a este 2017, en lo que pare-
ce ser una historia sin final. Y es que no paran toda
clase de homicidios que nos han convertido en una
nación diariamente ensangrentada, por asesinatos
a lo largo y ancho del país. Y con esos reporteros,
miles de mujeres, niños y hombres son asesinados,
secuestrados y desaparecidos; haciéndonos sobrevi-
vir en un México sitiado por los delincuentes que
matan con toda impunidad.
ILSEHUESCA/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a ejecución del periodista Maximino Ro-
dríguez en uno de los principales centros
comerciales del puerto de La Paz en pleno
día y justo el pasado viernes 14 de abril (Vier-
nes Santo) durante el periodo vacacional es, sin
duda, la ratificación de la violencia criminal que
afecta al estado desde hace casi 3 años y es, tam-
bién, la confirmación de la ineficacia de las auto-
ridades para proteger a la población y garantizar
el primario derecho a la vida de los ciudadanos.
La muerte dolosa de Rodríguez no es la primera,
hasta la fecha y desde que la violencia nacional
se instaló en Sudca-
lifornia: se cuentan
centenares de homici-
dios; pero su lamenta-
ble deceso representa
un punto de quiebre
en la “interacción”
de las autoridades, los
criminales y la sociedad, pues él, Maximino, era
periodista y cubría la nota policiaca, que en úl-
timas fechas en la entidad no versa sobre otra
cosa que ejecuciones entre bandas criminales y
enfrentamientos entre éstas y diversas corpora-
ciones policiaco-militares. Su muerte es y deberá
ser considerada una disyuntiva en el proceso de
deterioro social que la violencia ha impuesto en
Baja California Sur, ya que hasta ahora los ata-
ques del crimen organizado habían sido contra
criminales antagonistas o miembros de corpora-
ciones policíacas, y el atentado contra Rodríguez
es el segundo directo contra la población civil
–en marzo de este año el reportero Julio Omar
Gómez fue atacado en Los Cabos y durante los
hechos falleció un escolta que le había asignado
la Secretaría de Gobernación, pues él era asedia-
do por criminales desde finales de 2016–. Lo an-
terior lo digo sin desestimar las muertes de otros
civiles y los heridos que ya han resultado en al-
gunos de los enfrentamientos y ejecuciones, esas
que el gobierno considera daños “colaterales”.
Hasta julio de 2014 Baja California Sur po-
día ser considerado uno de los mejores estados
del país para vivir, en
relación con los niveles
de crimen y violencia
en todos los aspec-
tos, pues la entidad
se mantuvo hasta ese
tiempo en los últimos
lugares de incidencia
delictiva a nivel nacional, por supuesto inclui-
dos los homicidios. En ese tiempo Sudcalifornia
compartía con Yucatán el primer lugar nacional
con menos homicidios, con la cifra de 23 durante
el primer semestre de ese año. Pero si considera-
mos que para 2015 en la entidad había 712 mil
90 sudcalifornianos y Yucatán tenía 2 millones
97 mil 175 habitantes (http://cuentame.inegi.org.
mx/monograﬁas/default.aspx?tema=me), indiscuti-
blemente la media península sudcaliforniana era
el último paraíso mexicano para vivir tranquila-
mente. Pero esa situación comenzó a desapare-
ROBERTO E GALINDO DOMÍNGUEZ, MAESTRO EN CIENCIAS EN EXPLORACIÓNY GEOFÍSI-
CA MARINA, LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALIZADO EN CONTEXTOS SUMERGI-
DOSY BUZO PROFESIONAL; LICENCIADO EN LETRAS HISPÁNICAS
BAJA CALIFORNIA SUR
VIOLENCIA CRIMINAL
CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL
El asesinato del periodista Maximi-
no Rodríguez representa un punto de
quiebre en la interacción de las auto-
ridades, los criminales y la sociedad
El asesinato del periodista Maximi-
ridades, los criminales y la sociedad

ARTÍCULO OPINIÓN
cer pues la ola criminal que ha violentado a la
población comenzó a mediados de 2014, justo en
la parte final de la administración estatal panista
de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
La violencia y la barbarie nacional empezó a
incrementarse durante la presidencia del panista
Felipe Calderón con su infructuosa “guerra con-
tra el narcotráfico”, cuya tendencia a no arrojar
resultados favorables se ha mantenido durante
la administración priísta de Enrique Peña Nie-
to. La diferencia es que durante la dirección de
Calderón la violencia criminal se expandió por
regiones, en unas se incrementaba, mientras en
otras no había, y
en algunas aparen-
temente disminuía;
aunque como he-
mos podido ser tes-
tigos, en la mayoría
de los casos lo que
sucedió es que la
población se ha-
bituó a sobrevivir
en medio de la cri-
minalidad y nues-
tros gobernantes
y muchos medios
de comunicación
se afanaron en
disfrazar y ocultar
las realidades de
varios estados del
país. En cambio,
bajo el mandato de
Peña Nieto esa ola
de violencia se ha expandido a todo el territorio
nacional. Ya no queda una entidad sin sufrir los
estragos de la batalla entre corporaciones poli-
cíaco-militares y las bandas de criminales o entre
éstas.
Para darnos una idea de la caída de la segu-
ridad en Baja California Sur tomemos en cuenta
los 132 homicidios dolosos cometidos en la enti-
dad de julio de 2011 a junio de 2014 (http://onc.
org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/baja-califor-
nia-sur-2/), durante los 3 años previos al inicio de
la espiral de violencia y consideremos las más de
500 ejecuciones relacionadas al crimen organiza-
do que se estiman en algunos medios de comuni-
cación han sido cometidas de julio de 2014 y has-
ta la fecha –esta cifra no incluye los homicidios
culposos ni los dolosos no relacionados al crimen
organizado–, lapso en el que la entidad ha con-
quistado varios de los primeros lugares a nivel
nacional relacionados con la violencia, como el
record histórico de homicidios en 20 años, la ma-
yor tasa de los mismos por mes en repetidas oca-
siones o el mayor número de ejecutados en 24
o 48 horas. Lamentablemente el tipo de noticias
que ahora enmarcan a la entidad.
Con el asesinato de Maximino Rodríguez, el
primer reportero
que es ejecutado
en Baja Califor-
nia Sur desde que
en 2014 se desató
la violencia, que
cada vez lesiona
más a la sociedad
sudcaliforniana,
se da paso a una
etapa en la que se
deberán replan-
tear las acciones
de gobierno a ni-
vel federal, estatal
y municipal, pues
lo realizado hasta
ahora, incluyendo
el enorme y apara-
toso despliegue de
fuerzas castrenses
en la entidad, no
ha amedrentado a los criminales, al contrario,
cada vez toman mayor ventaja de un Estado
que en materia de seguridad debe ser conside-
rado como fallido. A este respecto el gobernador
panista Carlos Mendoza Davis acumula ya una
gran deuda con los sudcalifornianos, pues aun-
que el deterioro de la seguridad en el estado no
inició en su administración, hasta ahora no ha
resuelto el problema como prometió haría du-
rante su campaña electoral para la gubernatura;
además de que en su administración la violencia
criminal es ya cometida directamente contra la
sociedad civil.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
C
omo prueba de uno más de los hartazgos
sociales que brotan por todos los rinco-
nes del país, miles de ciudadanos expre-
saron el pasado 17 de abril su apoyo al plantón
indefinido que montó a las afueras de la CFE, en
la esquina de Insurgentes y Reforma, la Asam-
blea Nacional de Usuarios de la Energía Eléc-
trica (ANUEE), en demanda a la aplicación del
programa “borrón y cuenta nueva”, que ponga
fin al arbitrario pillaje en contra de los consu-
midores y frene la judicialización de los juicios
entablados en su contra por la entidad pública;
de igual forma, otro de los planteamientos tora-
les es el establecimiento de una tarifa social en
favor de las clases más desprotegidas.
La acumulada lista de agravios y atropellos
justifica ampliamente el enojo de los antes clien-
tes de Luz y Fuerza con la Comisión Federal,
ahora denominada “Empresa Productiva del
Estado”. Tan sólo en la Ciudad de México las
quejas por altos cobros reflejados en los llama-
dos “recibos locos”, ascienden a más de 300
mil y la cifra se eleva a mayores proporciones
en todo el país. Es de resaltarse que la ANUEE
ha trascendido su campo de acción del Valle de
México a estados como Oaxaca, Guerrero y So-
nora, donde los consumidores enfrentan proble-
mas y agravios similares a los usuarios del centro
del país.
El problema social se ha agudizado porque
instancias como la Procuraduría Federal del
Consumidor han terminado por colocarse al
lado de la CFE, negándole sus derechos a los mi-
les de usuarios cuyas demandas no avanzan. La
conciliación, la suspensión de los altos cobros,
así como una revisión a fondo de los casos les
han sido negados en todos estos años por esta
dependencia.
La gente se quedó esperando que se cum-
plieran las promesas del expresidente Felipe
Calderón, que tras extinguir a Luz y Fuerza
del Centro y despedir de manera autoritaria a
44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de
Electricistas, prometió que bajarían las tarifas,
se mejoraría el servicio y habría un considerable
ahorro a las finanzas públicas.
Apenas la CFE entró a operar el sistema
eléctrico, aparecieron los “recibos locos” que en
todos estos años han quebrantado la economía
familiar de miles de hogares humildes. Ha que-
dado demostrado que Calderón no sólo pisoteó
los derechos de los agremiados al SME; además,
hizo lo mismo con los usuarios de la energía eléc-
trica a los que jamás les informó que de la noche
a la mañana pasarían a ser atendidos por una
empresa con la que nunca firmaron contrato y,
por ende, no tendría una responsabilidad tácita
y menos legal con ellos. Como hasta la fecha ha
sucedido, generando una de las más aberrantes
ilegalidades comerciales.
Pero no sólo eso, los consumidores han teni-
do que soportar un servicio de pésima calidad
con incontables y recurrentes fallas, debido en
buena parte al desmantelamiento de la red de
cobre por una de aluminio y la imposición, tam-
bién sin consulta alguna de por medio, de los
medidores de prepago.
A la fecha no hay un solo usuario que ava-
PLANTÓN DE USUARIOS
ANTE LOS MILES DE ABUSOS
DE CFE
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
le o diga que tras el cierre de Luz y Fuerza y
el arranque de la Reforma Energética, se han
disminuido los costos de la electricidad. Desde
aquel aciago 11 de octubre del 2009 en que a
punta de metralleta fueron sacados de sus cen-
tros de trabajo los electricistas del SME, los pre-
cios de la electricidad se han incrementado en
un 200 por ciento. Razón por la cual muchos
productos han impactado sus costos y precios fi-
nales al consumidor. Y el asunto es una historia
sin fin, porque cual si fueran los gasolinazos, los
precios de la luz aumentan cada mes.
Llama la atención que desde el Congreso los
diputados y senadores de los partidos que vota-
ron a favor de la Reforma Energética ahora se
encuentren muy callados y nada digan al respec-
to, cuando hace unos años en que se rasgaron las
vestiduras para sacarla adelante, no se cansaron
de propalar a los cuatro vientos los mil y un be-
neficios que traería al país su aprobación.
Las familias mexicanas, las empresas y co-
mercios, contarían con importantes reduccio-
nes en sus recibos, dijeron entonces. Demago-
gia pura que ahora brilla por su ausencia en los
discursos parlamentarios. Y hay que recordarles
que en su momento, organizaciones sociales y
sindicatos independientes como el SME, advir-
tieron a los legisladores de lo contraproducente
que resultaría para la economía nacional quitar
del marco constitucional la facultad exclusiva
del Estado para generar y comercializar la elec-
tricidad.
Como parte del desmantelamiento del sec-
tor energético del país para abrir las puertas al
capital nacional y extranjero, no bastó con des-
aparecer a Luz y Fuerza del Centro; de paso se
eliminó la figura de Pemex y CFE como orga-
nismos públicos descentralizados para transfor-
marlos en “Empresas Productivas del Estado”,
atomizándolas en varias filiales para hacer ne-
gocios con los recursos naturales del país y con
la propia infraestructura del Estado.
Desde el Congreso hay un explicable mutis
de los legisladores ante el fracaso evidente de la
Reforma Energética y la oferta de beneficios a
la sociedad que se ve cada vez
más inalcanzable conforme
transcurre el tiempo.
Al lado de la ANUEE se
han sumado el SME, la OPT
y la Nueva Central de Traba-
jadores (NCT), organizacio-
nes que han estado bregando
al lado del pueblo de México
para que los congresistas vol-
teen a mirar a una sociedad
agraviada con el asunto de las
tarifas eléctricas y los abusos de
la CFE.
En abril del pasado año
presentamos una iniciativa que
plantea reformas al artículo
cuarto constitucional para re-
conocer el derecho a la electricidad como un de-
recho humano para todos los mexicanos, donde
la electricidad no sea vista como una mercancía
sujeta a los precios del libre mercado, sino como
un medio de desarrollo integral de nuestra eco-
nomía y de la sociedad en su conjunto. La pro-
puesta fue acompañada de 427 mil firmas.
El plantón indefinido que se ha apostado a las
puertas de la CFE debe servir para refrescarles
la memoria a los congresistas y recordarles que
tienen una cuenta pendiente con la ciudadanía.
Es momento de resarcir algo de los muchos des-
trozos ocasionado tras el cierre de Luz y Fuerza,
ahora que nuevamente están pidiendo el voto a
aquellos a quienes tanto han defraudado.
ARTEMIOGUERRABAZ/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
B
erlín, Alemania. Las relaciones diplomáti-
cas entre Tel Aviv y Berlín sufrieron en días
pasados un importante revés en el marco
de la visita oficial del ministro de relaciones ex-
teriores alemán, Sigmar Gabriel, al Estado de
Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu
decidió cancelar su encuentro con el represen-
tante de la diplomacia alemana unilateralmente,
tras conocerse que el último se reunió el 25 de
marzo con las organizaciones civiles Rompien-
do el silencio y B’tselem, críticos con el gobierno
hebreo y su política para con los territorios ocu-
pados. Finalmente el diplomático alemán, quien
no había reaccionado ante el “ultimátum” del
jefe de gobierno de
cancelar su agenda
o ver su encuentro
con él en riesgo,
optó por proseguir
y asumir una pos-
tura inflexible con
los resultados pre-
sentes. Con la decisión pragmática de cancelar
el encuentro, se repite el escenario que vivió el
primer ministro belga Charles Michel semanas
antes. La histórica alianza germano-israelí está a
niveles mínimos, siendo que Alemania es uno de
los más importantes socios de Israel en Europa.
La “osadía” de Gabriel, desde la perspectiva
de Bibi, fue ni más ni menos que reunirse con los
grupos de la sociedad civil. Sobre todo, el vali-
dar la perspectiva de los ocupados, que llevan las
organizaciones Rompiendo el silencio y B’tselem.
Con testimonios de soldados retirados y testigos
oculares reconstruyen violaciones de derechos
humanos en los territorios ocupados de Cisjor-
dania. No obstante que tengan un alto grado de
aceptación y de imparcialidad en la sociedad, su
postura es tomada desde el poder en Israel como
antiisraelita y traidora al Estado. Que Sigmar Ga-
briel les dedicara tiempo de su visita oficial, lejos
de crear unanimidad, fue tomado como una pro-
vocación y una acción hostil al gobierno hebreo.
“La política del primer ministro Netanyahu
es no reunirse con visitantes extranjeros que en
viajes diplomáticos se reúnan con grupos que di-
faman a los soldados israelíes como criminales de
guerra”, según informó a
la prensa la oficina del
primer ministro. Si bien
el exsecretario General
de la SPD, hoy ministro
de asuntos exteriores, sí
se encontró con el presi-
dente Reuven Rivlin, la
parte sustanciosa de su visita en el plano político
fue abortada con la negativa de Bibi. En vez de
una conferencia de prensa de Netanyahu y Ga-
briel, el último se tuvo que conformar con una en
solitario en el recinto del hotel donde se hospe-
dó. No obstante, el diplomático afirmó que este
malentendido “no cambiará de ningún modo
mi relación con Israel y la relación de Alemania
con Israel”. Lo cierto es que la política de asenta-
mientos ilegales en territorios ocupados por par-
te del Estado de Israel, en el marco de la actual
AXEL PLASA
La histórica alianza germano-israelí
está a niveles mínimos, a pesar de que
Alemania es uno de los más importan-
tes socios de Israel en Europa
La histórica alianza germano-israelí
tes socios de Israel en Europa
EL FIN DE LA CONCORDIA
ENTRE ISRAEL Y ALEMANIA

ARTÍCULO OPINIÓN
coalición de gobierno le ha dado más peso que
nunca, y ha puesto en entredicho la solución de
dos Estados, que es cuasi unánime dentro de la
comunidad internacional.
El gobierno alemán es probablemente el que
menos cartas tiene para criticar al moderno es-
tado hebreo, por su pasado y su responsabilidad
para con el pueblo judío en la etapa del Nacio-
nalsocialismo de Adolfo Hitler del Siglo XX. Por
lo tanto siempre se ha considerado que las rela-
ciones diplomáticas fueran a prueba de fuego, y
en los hechos Angela Merkel, así como sus ante-
cesores en el cargo, han sabido pesar su relación
“especial” y eso incluye el
no criticar por nada su po-
lítica actual.
Hoy mismo parece ser
que pese a todo lo anterior-
mente dicho, Berlín se per-
mite cuestionar la política
de ocupación al reunirse con
representantes de organiza-
ciones no gubernamentales
críticas. Si su alto represen-
tante diplomático no puede
reunirse con voces críticas al
gobierno, es probable que
estemos en un impasse nunca
antes visto. Sigmar Gabriel
no piensa aceptar los térmi-
nos del gobierno israelita y
rompe así con las reglas no
escritas anteriormente.
El nuevo aislacionismo
de Israel en la comunidad internacional no es
una novedad. Aunque Benjamín Netanyahu,
quien asumió en 1996 por primera vez el pues-
to de primer ministro, ha aplicado este rasero
previamente, hoy parece ser una apuesta muy
peligrosa el poner en duda tanto la relación con
Bélgica desde la última visita de Charles Michel,
y ahora con Alemania. Si prosigue con su plan,
es posible que sus aliados naturales se reduzcan
a un mínimo histórico nunca antes visto. Alema-
nia es un aportador de fondos económicos im-
portantes, de los que sacan provecho sustancioso.
Si éste fuera a cesar, un acto de gran repercusión
política, estaríamos ante una vuelta de hoja en
las relaciones de Israel y la vieja Europa. El pre-
sidente Reuvin ya lo dijo en esta ocasión que las
relaciones germano-israelíes nunca fueron fáci-
les. Pero tampoco se han visto tan perjudicadas
desde la misma creación ad hoc del Estado de Is-
rael en los años 1947-1948.
Si a Bibi no le gusta escuchar más halagos y
cumplidos, sería hora que reconsiderase sus alia-
dos dentro la coalición gobernante. No se puede
contentar a los colonos de los asentamientos, y
al mismo tiempo abogar por un proyecto de dos
naciones. No es posible hacerse amigos entre los
ultraortodoxos judíos y mantener buenas relacio-
nes diplomáticas con Occidente al mismo tiem-
po, incluso cuando se trata de Alemania.
El alza en las tensiones entre Israel y Alema-
nia es un peligroso precedente hacia una poten-
cial ruptura de un statu quo de más de 40 años.
Hasta ahora las alianzas con Occidente le han
servido a Israel de garantía a su existencia y se-
guridad por encima de toda crítica interna o ex-
terna. Rodeado de países hostiles a su causa, a
excepción de Egipto y Jordania, su margen de
maniobra depende de la salud de esas mismas.
Habrá que ver cómo el reciente deterioro de sus
relaciones con Europa occidental afecta al país
hebreo a la brevedad.
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
E
n el Reino de España no pasa mucho tiem-
po sin noticias de corrupción. Hace unos
días, la Guardia Civil detuvo a Ignacio
González, expresidente del gobierno autónomo
de la región de Madrid, por presuntos delitos de
corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace
poco más, la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil informó al juez que instruye
causa contra el exministro de Economía Rodrigo
Rato de presuntos delitos de blanqueo de capitales,
fraude fiscal y corrupción.
Según ese informe, Rato habría blanqueado 31
millones de euros y la UCO asegura que la empre-
sa Cor Comunicación,
que él mismo fundó,
fue “pensada y creada”
para blanquear millones
de euros. También el
Ministerio de Hacien-
da considera que Cor
Comunicación se cons-
tituyó para actividades opacas deliberadas. Según
un informe de la Oficina Antifraude de Hacienda,
casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunica-
ción procedía del pago de facturas de esa empresa
de Rato a empresas privatizadas (en cuya privati-
zación habría intervenido como ministro de Eco-
nomía), como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA,
Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y
Azucarera.
Las historias judiciales de Rodrigo Rato escla-
recen de modo diáfano la actitud y actuación de
las llamadas “élites” que saquean a la ciudadanía
sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha
establecido un estado general de corrupción en
este país en los últimos años. Que esa corrupción
es un grave problema generalizado lo demuestra
que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en Es-
paña 1 mil 378 personas acusadas de delitos de
corrupción, más del 70 por ciento de causas juz-
gadas acabaron con condenas y han sido conde-
nadas 399 personas, según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial.
Las grandes corrupciones, conocidas y airea-
das por la prensa, señalan la gravedad de ese tu-
mor que deviene plaga. Como muestra, la Opera-
ción Púnica con la que
políticos y empresarios
organizaron una red
para adjudicar servi-
cios públicos y contra-
tos a empresas privadas
por jugosas comisiones
ilegales. Esa red mane-
jó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una
historia corrupta en la que hay presuntamente
implicados dirigentes y cargos públicos del gober-
nante Partido Popular (PP), pero no sólo del Par-
tido Popular.
El caso de los Papeles de Bárcenas, llamados
así por el extesorero del PP, es un sumario por
apropiación indebida, en el que habría también
implicados altos cargos del partido del gobierno.
Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una
red de corrupción política, presuntamente vincu-
lada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son
XAVIER CAÑO TAMAYO, CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
UN ESTADO GENERAL
DE CORRUPCIÓN
Alarma que, a pesar de los escándalos
y delitos, el Partido Popular –con más
imputados por corrupción– haya retro-
cedido poco electoralmente
Alarma que, a pesar de los escándalos
cedido poco electoralmente

ARTÍCULO OPINIÓN
políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de ca-
pitales y tráfico de influencias…
En verdad, un panorama vomitivo.
Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a
pesar de escándalos y delitos ampliamente difun-
didos por los medios, el Partido Popular, con más
afectados e imputados que ninguna otra forma-
ción política, haya retrocedido poco electoralmen-
te. Debería haber caído en picada, pero el último
sondeo aún le adjudica 33 por ciento de intención
de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es
la exigencia ética en España? Porque lo peor es
que, por activa o pasiva, directa o indirectamente,
quien finalmente paga el pato de tanta corrupción
es la gente de a pie, la gente común, el pueblo
trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP.
Lo paga la gente con recortes de sus derechos so-
ciales. Y con insuficiencia de fondos públicos para
que el país avance, haya empleos y suficientes y
salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal,
ha de ser para todos, no sólo para la minoría de
siempre a costa de los demás.
¿En qué se equivocan grupos, movimientos,
organizaciones sociales y políticas que quieren
cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?
Una respuesta posible se remonta a la “modé-
lica” transición de la dictadura a la democracia.
Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica
en absoluto porque la pilotó buena parte de le gen-
te que fue sostén de la dictadura franquista duran-
te años. Dictadura de la que representante alguno
nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crí-
menes perpetrados. Como no lo hacen tampoco
sus herederos y sucesores, muchos cómodamente
instalados en el PP que sostiene al gobierno.
Este cronista está convencido de que hasta que
no se entierre muy hondo la más leve traza de
franquismo, en tanto no nos desprendamos total-
mente de toda sombra de la dictadura y sus prota-
gonistas y cómplices principales no sean juzgados,
rindan cuentas y se reparen daños, este país no
avanzará nunca.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
D
iciembre de 1978. Salimos de Teherán
rumbo al Mar Caspio. Mi acompañante,
el “señor diputado”, sabía sortear el toque
de queda impuesto por el gobierno del Sah. La in-
munidad parlamentaria que le garantizaba libre
acceso a la red vial estrechamente controlada por el
ejército. “Quiero que visite mi pueblo”, me dijo an-
tes de emprender el viaje. “Que conozca una aldea
de pescadores modélica, un lugar tranquilo. Nada
que ver con la tensión que reina en la capital”. Pero
al llegar a su aldea, se sorprendió al comprobar que
las jóvenes campesinas llevaban en el pelo lacitos
de color negro, símbolo de sumisión al ayatolá Jo-
meyni.
“¿Qué es esto?”, le
preguntó a la sonriente
muchacha que se acer-
có a saludarnos. “Nadie
en su sano juicio llevaría
esto, sobrina. ¿Qué os
pasa? ¿Os habéis vuelto
locas? Con todo lo que
hizo su Majestad Imperial por vosotras, por todos
nosotros…”. El señor diputado no lograba conte-
ner su rabia.
“Tiene usted razón, tío. A su Majestad Impe-
rial le debemos mucho. La electricidad, el colegio,
la beca en la Universidad… Mas este hombre, dijo
al sujetar los lacitos de color negro, este hombre es
un Santo”. El señor diputado me miró sorprendi-
do, apenado, preocupado. “¿Sabe usted qué pasará
aquí?”, preguntó en voz baja. “Me imagino”, res-
pondí. Seis semanas más tarde, Jomeini regresaba
a Irán. Fue el comienzo de la revolución islámica,
primer terremoto que sacudió los cimientos del ale-
targado mundo islámico, del soñoliento Occidente.
A la revuelta de los chiítas le siguió la contrarrevo-
lución de los wahabitas. Arabia Saudita movió a
su vez ficha. El adalid de su combate se llamaba…
Osama Bin Laden.
Septiembre de 1991. Durante un paseo por el
centro de Estambul, encontramos parejas de jóve-
nes elegantemente vestidos. Curiosamente, las mu-
jeres llevan el pañuelo islámico. Algo sorprendente
en un país laico, que se había desembarazado, des-
de 1923, de las costumbres religiosas. Al apercibir
nuestro desconcierto, el guía nos explica: “Son las
familias subvencionadas. Gente necesitada, que re-
cibe ayuda de los partidos religiosos…” “¿Y la con-
trapartida?” pregunté.
“No hay contrapartida;
es mera caridad”, res-
pondió el guía.
“¿Sabes qué pasará
aquí?”, pregunté a la
joven abogada española
que me acompañaba.
“Me imagino”, contestó. Cuatro años más tarde, el
Partido del Bienestar (Refah), agrupación de corte
islamista liderada por Nicmettin Erbakan, se alza-
ba con la victoria en las elecciones generales turcas.
El Gobierno de Erbakan trató de abrir la vía hacia
la modificación paulatina de las estructuras del Es-
tado laico fundado por Mustafá Kemál Atatürk. El
experimento duró apenas 2 años; en 1997, el Refah
fue disuelto e ilegalizado por los “poderes fácticos”
que regían los destinos del país.
En aquella época, un joven militante islámi-
co, Taiyep Recep Erdogan, ostentaba el cargo de
alcalde de Estambul. En 1998, la Justicia del país
QUOVADIS
TURQUÍA
ADRIÁNMACLIMAN, ANALISTAPOLÍTICOINTERNACIONAL/CENTRODECOLABORACIONES
SOLIDARIAS
La arrogancia y el autoritarismo de Er-
dogan no molesta en absoluto a sus nue-
vos amigos y aliados moscovitas. Como
tampoco les molesta la represión
La arrogancia y el autoritarismo de Er-
tampoco les molesta la represión

ARTÍCULO OPINIÓN
DAVIDMANRIQUE
otomano le inhabilitó de por vida por haber recita-
do públicamente los versos del poeta nacional Ziya
Gökalp: “Las mezquitas son nuestros cuarteles,
las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras
bayonetas y los creyentes nuestros soldados. Alá es
grande, Alá es grande”. Aparentemente, el juez
instructor encargado del “caso Erdogan”, Vural
Savas, había encontrado indicios de delito contra
la esencia del Estado turco. Cuatro años más tar-
de, en 2002, cuando el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (APK), fundado y liderado por el propio
Erdogan, obtuvo una aplastante victoria en las elec-
ciones, su líder no fue autorizado a asumir el cargo
de Primer Ministro. Hubo que esperar unos meses
para lograr la suspen-
sión de la condena “fir-
me” impuesta por los
tribunales.
Desde su llegada
al poder, Erdogan no
regateó esfuerzos a
la hora de aplicar el
programa político de
su partido, resumido
durante la campaña
electoral en pocas pala-
bras: remusulmanizar
Turquía; e islamizar la
diáspora.
El APK se lan-
zó a la conquista de
tres ministerios cla-
ve: Interior, Justicia y
Educación. La ofensi-
va ideológica contaba con el apoyo del clérigo
Fetullah Gülen, líder del movimiento Cemaat,
autoexiliado en Estados Unidos. Pronto empezó
a hablarse de un nuevo concepto sociopolítico:
el neootomanismo. ¿La vuelta a los valores islá-
micos? ¿El final del kemalismo? Las respuestas
son/han sido muy opacas.
Erdogan intentó en varias ocasiones (2011,
2015) recurrir al Parlamento para modificar la
Constitución. Su objetivo: abandonar el sistema
parlamentario introducido hace 95 años por Ata-
türk para convertir el país en una República presi-
dencialista. No sería un experimento novedoso: lo
encontramos también en Francia, Estados Unidos
y México. Su eficacia depende, claro está, de los
mecanismos de control existentes.
Las 18 enmiendas aprobadas este fin de semana
por los electores turcos implican: la desaparición del
cargo de Primer Ministro; la sustitución de éste por
varios vicepresidentes nombrados por la Presiden-
cia (léase, Erdogan). Los parlamentarios no podrán
supervisar la labor de los Ministerios; desaparece-
rán las mociones de censura (voto de no confianza);
el Presidente podrá militar en un partido político;
la legislación actual no lo permite. El número de
diputados pasará de 550 a 600. Los parlamenta-
rios podrán cesar al Presidente. Desaparecerán los
tribunales militares, acusados por Erdogan de con-
nivencia con oficiales
golpistas. El Presidente
nombrará a cuatro de
los 13 jueces del Tribu-
nal Supremo.
Por último, aunque
no menos importante:
Erdogan podría obte-
ner otros dos mandatos
presidenciales, lo que
le permitiría gobernar
hasta 2029.
Las relaciones con
la Unión Europea, que
han registrado un inne-
gable deterioro en los
últimos meses y, con-
cretamente, después
del intento de (auto)
golpe de Estado de ju-
lio del 2016, podrían quedar reducidas en su más
mínima expresión. El neootomanismo dirige sus
miradas hacia otras latitudes. ¿Asia? ¿Rusia?
La arrogancia y el autoritarismo de Erdogan no
molesta en absoluto a sus nuevos amigos y aliados
moscovitas. Como tampoco les molesta la represión
desatada contra los supuestos seguidores del ahora
“traidor” Fetullah Gülen: militares, policías, jueces,
catedráticos, periodistas. La lista de los represalia-
dos es muy larga; demasiado larga…
En resumidas cuentas, Erdogan tendrá a partir
de ahora plenos poderes. Quo vadis, Turquía?; Quo
vadis, fiel aliada de la OTAN, paciente candidata al ingreso
en la ya debilitada Unión Europea?

ARTÍCULOOPINIÓN
P
enang. Al cumplirse los primeros 100 días de
gobierno de Donald Trump como presiden-
te de Estados Unidos, es hora de evaluar el
impacto que ha tenido en el mundo y en especial
en los países en desarrollo.
Es demasiado pronto para sacar grandes con-
clusiones, pero lo que se ha visto desde que asumió
el 20 de enero hasta ahora es preocupante.
Trump dijo que Estados Unidos no debía verse
arrastrado a guerras de otros, pero el 6 de este mes
atacó a Siria, a pesar de que no había pruebas con-
tundentes que demostraran la responsabilidad del
presidente sirio Bashar al Assad en el uso de armas
químicas.
Luego, lanzó sobre
un distrito muy poblado
de Afganistán lo que se
ha calificado como la
bomba no nuclear más
grande.
Algunos observado-
res opinaron que el fin de ese ataque fue mandar un
mensaje interno, pues nada aumenta tanto la po-
pularidad del presidente o prueba su fuerza como
hacerle frente a un enemigo.
Quizá sus acciones también estaban dirigidas al
líder de Corea del Norte, quién a su vez amenazó
conresponderconbombasconvencionalesonuclea-
resencasodeunataqueestadounidense,yprobable-
mente lo dijo en serio. Y el propio Trump amenazó
con bombardear sus instalaciones nucleares.
Con dos presidentes tan impredecibles, podría-
mos estar increíblemente al borde de una guerra
nuclear.
“Hay miembros del círculo más cercano al
presidente que creen que el gobierno de Trump
contempla seriamente dar el ‘primer golpe’ contra
CoreadelNorte.Perosi(elmandatarionorcoreano)
Kim Jong Un llegó a la misma conclusión, podría
disparar primero”, comentó Gideon Rachman, del
Financial Times.
Además, observó que quizá el presidente esta-
dounidense haya llegado a la conclusión de que la
alternativa militar es la forma de lograr “ganar” la
imagen que prometió a los votantes.
El columnista de The New York Times, Nicholas
Kristof, dijo que la peor pesadilla es que Trump se
embarque en una nueva
guerra coreana. Puede
llegar a ocurrir si destru-
ye un ensayo de misiles
que Corea del Norte
esté por lanzar, pues ese
país podría responder
lanzando su artillería
contra Seúl, donde viven 25 millones de personas.
El general Gary Luck, excomandante de las
fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, estimó
que una nueva guerra coreana podría dejar un mi-
llón de víctimas y un billón (millón de millones) en
daños, mencionó Kristof.
Lejos de las expectativas de dejar de ser el poli-
cía del mundo para poner a “Estados Unidos pri-
mero”, el nuevo presidente podría pensar que las
guerras, o por lo menos el lanzamiento de misiles y
bombas en otros países, es “hacer que Estados Uni-
dos vuelva a ser grande”.
Eso puede ser más fácil que ganar batallas in-
MARTIN KHOR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO SUR, ORGANIZACIÓN NO GUBERNA-
MENTAL DE PAÍSES EN DESARROLLO CON SEDE EN GINEBRA/INTER PRESS SERVICE
PRIMEROS 100 DÍAS DE TRUMP
GENERAN MUCHA
PREOCUPACIÓN
Trump podría pensar que las guerras,
o el lanzamiento de misiles y bombas
contra otros países es hacer que Esta-
dos Unidos vuelva a ser grande
Trump podría pensar que las guerras,
dos Unidos vuelva a ser grande

ARTÍCULO OPINIÓN
ternas como reemplazar la política de salud del ex-
presidente Barack Obama o prohibir el ingreso de
ciudadanos y refugiados de siete países musulma-
nes, iniciativas ya bloqueadas por la justicia.
El mensaje de que hay grupos de personas o de
países que no son bienvenidos en Estados Unidos
podría estar teniendo consecuencias. Los últimos
informes muestran un declive en el turismo y una
disminución de solicitudes de estudiantes extranje-
ros para ingresar en una universidad de ese país.
Otro revés lo protagonizó la Organización
del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), a la que
Trump condenó por obsoleta, pero luego la aplau-
dió por “ya no ser obsoleta”, para gran alivio de sus
aliados occidentales.
Otro cambio de rumbo, aunque bien-
venido, fue cuando Trump reconoció
que China al final no manipula
su divisa, a pesar de que en la
campaña prometió que lo pri-
mero que haría al llegar a la
Presidencia sería registrar-
la como manipuladora, lo
que implicaría elevar los
impuestos al ingreso de pro-
ductos chinos.
Trump sigue
obsesionado con
el déficit comer-
cial de Estados
Unidos y, se-
gún él, China
es el principal culpable, con 347 mil millones de
dólares de superávit comercial.
En una cumbre bilateral realizada en Florida el
7 y 8 de abril, los dos países se pusieron de acuerdo
sobre una propuesta del presidente chino Xi Jin-
ping de tener un plan de 100 días para aumentar
las exportaciones estadounidenses a China y así re-
ducir el déficit comercial.
En materia comercial, Trump también le pidió
asusecretario(ministro)deComercio,WilburRoss,
un informe para dentro de 90 días sobre los déficits
comerciales bilaterales para conocer sus causas, ya
sea por dumping (venta a pérdida), engaños, sub-
sidios, acuerdos de libre comercio, desajuste de la
moneda o hasta normas injustas de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).
Entonces, el presidente estadounidense podrá
tomar medidas para corregir los desequilibrios, in-
dicó Ross.
En los 100 primeros días de gobierno, Trump
no cumplió con su amenaza de imponer graváme-
nes adicionales a México y China. Pero sí la de re-
tirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPPA), y está por verse si decía en
serio lo de reformar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
La amenaza al sistema comercial puede venir de
una reforma fiscal preparada por líderes del gober-
nante Partido Republicano en el Congreso legisla-
tivo. El documento original contiene un sistema de
“ajuste comercial” con el fin de imponer un grava-
men de 20 por ciento a las impor-
taciones a Estados Unidos,
a la vez que se exonera de
las tasas corporativas a
las exportaciones.
De aprobarse una
ley de ese tipo, llove-
rán críticas del resto
del mundo, en muchos
casos contra Estados
Unidos en la OMC,
así como es de esperar
que varios países adopten
medidas de represa-
lias. Es posible que
por la oposición
interna, ese as-
pecto del ajuste
comercial quede de lado o, por lo menos, que se
modifique considerablemente.
Mientras la nueva política comercial de Esta-
dos Unidos toma forma, en sus primeros 100 días
como presidente Trump propagó un viento de pro-
teccionismo.
Otro de los asuntos delicados ha sido el impulso
de Trump contra la política de cambio climático
de Obama. Propuso reducir el presupuesto de la
Agencia de Protección Ambiental en 31 por ciento
y eliminar los programas de investigación y preven-
ción sobre este fenómeno en todas las dependen-
cias del gobierno federal.
La Agencia de Protección Ambiental, ahora en-
cabezada por un escéptico en materia de cambio
123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
climático, ordenó revisar los estándares respecto de
la contaminación de caños de escape de vehículos y
revisar el Plan de Energía Limpia, que fue el centro
de la política de Obama para reducir las emisiones
de dióxido de carbono.
El plan hubiera llevado al cierre de cientos de
plantas a carbón, frenado la construcción de nue-
vas centrales y reemplazado las existentes por gran-
jas eólicas y solares.
“La revocación de la política también señala
que Trump no tiene intenciones de cumplir los
compromisos formales de Obama en el marco del
Acuerdo de París”, observó Coral Davenport en
The New Times.
En el marco del acuerdo climático, Estados
Unidos se comprometió a reducir los gases de efec-
to invernadero en 26 por ciento para 2025, respec-
to de los volúmenes de 2005.
De hecho, al parecer hay un debate interno en
Estados Unidos sobre retirarse o no del Acuerdo
de París. Pero aun si se
queda, la nueva delega-
ción podría desalentar o
impedir que otros países
avancen hacia la adop-
ción de nuevas medidas
y acciones.
Hay una gran preo-
cupaciónporlaintencióndeTrumpdedejardecon-
tribuir con 3 mil millones de dólares el Fondo Verde
para el Clima, que asiste a los países en desarrollo en
la realización de proyectos de cambio climático.
Obama transfirió los primeros 1 mil millones de
dólares, pero el gobierno de Trump no hará más
pagos, a menos que el Congreso revoque la deci-
sión del presidente, lo que es muy poco probable.
Otro aspecto negativo de los primeros 100 días
de gobierno, en especial para los países en desarro-
llo, es la intención de Trump de restar importancia
a la cooperación internacional y para el desarrollo.
En marzo, Washington comunicó su propues-
ta de presupuesto con un gran recorte de 28 por
ciento o 10 mil 900 millones de dólares para la
ONU y otras organizaciones internacionales, el
Departamento de Estado (cancillería) y la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(Usaid), mientras que aumentó el presupuesto mili-
tar en 54 mil millones de dólares.
Eso coincidió con el llamado del coordinador
de asuntos humanitarios de la ONU, Stephen
O’Brien, de inyectar de forma urgente los fondos
para hacer frente a la peor crisis humanitaria desde
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y a una
grave sequía que afecta a 38 millones de personas
en 17 países africanos.
Trump también propuso recortar el aporte de
Estados Unidos al presupuesto general de la ONU
por un monto no especificado y pagar como mu-
cho 25 por ciento del costo de las misiones de paz.
Hasta ahora, ese se hacía cargo de 22 por ciento del
presupuesto de la ONU, de 5 mil 400 millones de
dólares, y de 28.5 por ciento de los recursos de las
misiones de paz, de 7 mil 900 millones de dólares.
Además, Washington recortará 650 millones de
dólares en tres años al Banco Mundial y a otras or-
ganizaciones multilaterales de crédito.
La comunidad que trabaja en cuestiones de re-
laciones exteriores en Estados Unidos está impac-
tada con la miopía de
Trump, y 121 generales
y almirantes retirados
urgieron al Congreso a
seguir destinando fon-
dos a la diplomacia y la
asistencia exterior como
hasta ahora, porque lo
consideraron fundamental como forma de preve-
nir conﬂictos.
La idea de Trump probablemente vaya a discu-
tirse en el Congreso, porque hay muchas personas
que abogan por la diplomacia, con preocupaciones
de índole humanitaria, pero habrá que esperar.
Por último, el problema con la reducción de
fondos, es que el enfoque de Trump en materia de
política exterior diluye el espíritu y el sentido de la
cooperación internacional.
Si uno de los mayores emisores de gases conta-
minantes a la atmósfera descree y cuestiona que el
recalentamiento planetario sea el resultado de la ac-
tividad humana y que podría devastar a la Tierra, y
deja de comprometerse a tomar medidas locales y a
ayudar al resto, otros países podrían verse tentados
o impulsados a hacer lo mismo.
El mundo podría verse privado de la coopera-
ción que tanto le urge para salvarse del catastrófico
recalentamiento.
Preocupa la intención de Trump de
dejar de contribuir con 3 mil millones
de dólares al Fondo Verde para el Clima,
que lucha contra el cambio climático
Preocupa la intención de Trump de
que lucha contra el cambio climático

INVESTIGACIÓN PORTADA
ESTALLAN CONFLICTOS SOCIALES
ENTRE
LA INJUSTICIA
Y LA REPRESIÓN

INVESTIGACIÓNPORTADA
Estallan decenas de
conflictos: Gobernación
reconoce 60, pero
podrían ser más de 400.
Entre las causas destacan
megaproyectos, saqueo y
privatización de recursos
naturales, disputas
territoriales y violencia
B
landen la hoja de metal y luego rozan su filo
en el asfalto. Machete en mano, ejidatarios
de San Salvador Atenco,Estado de México,
recuerdan con arengas a Emiliano Zapata, quien
fue asesinado un 10 de abril pero de 1919, tras al-
zarse en armas durante la Revolución por injusticias
similares a las que ahora padecen decenas de pue-
blos y comunidades en el país.
El conflicto vinculado a la imposición del pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México –que además de Atenco involu-
cra a otros cuatro municipios mexiquenses– es uno
de los nueve más tensos identificados por la Cam-
paña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el
Territorio.
Este esfuerzo –en el que participan organiza-
ciones defensoras de los derechos humanos,actores,
actrices y músicos– aglutina 97 movimientos de re-
sistencia civil y pacífica contra proyectos “de despo-
jo y depredación contra la tierra y el territorio”.
Pero el número de conflictos sociales es incier-
to: tan sólo de carácter medioambiental serían 420,
NANCY FLORES/PRIMERA DE CUATRO PARTES
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

estima el investigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Víctor Toledo (Angélica
Enciso,La Jornada,10 de febrero de 2016).
La Secretaría de Gobernación, por su parte, re-
fiere la existencia de 60 conflictos sociales detona-
dos entre 2009 y 2016. Pero su lista la integran sólo
aquellos de carácter territorial: disputas intercomu-
nitarias por posesión de la tierra, revelan los oficios
UAOS/212/1047/2016 y UAOS/212/906/2016,ge-
nerados con base en la Ley General deTransparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Pero incluso éstos serían mucho más: la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
asegura que tan sólo en 2016 resolvió 190 conflic-
tos agrarios, “regularizando la superficie de 95 mil
hectáreas en beneficio de más de 46 mil familias
campesinas” a través del Programa de Atención a
Conflictos Sociales en el Medio Rural.
A la lista se deben sumar,además,los conflictos
derivados de la violencia y la impunidad, entre los
que destaca el movimiento de padres, familiares y
compañeros de los 43 normalistas rurales de Ayot-
zinapa,Guerrero,desaparecidos desde el 26 de sep-
tiembre de 2014.
Se atiza el conflicto
por el Nuevo Aeropuerto
Campesinos igual que Zapata, los atenquenses
continúan su lucha por la defensa del territorio y sus
recursosantelainminenteamenazadelaconstrucción
del Nuevo Aeropuerto. Este conflicto les ha tomado
más de 3 lustros, recuerda en entrevista América del
Valle,integrante de la resistencia e hija de Ignacio del
Valle,uno de los líderes visibles del movimiento.
“Tenemos una situación muy compleja en Aten-
co, dado que hay un megaproyecto invadiendo ya
nuestro territorio y una lucha que hemos dado desde
El conflicto vinculado a la imposición del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los nueve más tensos
SAÚLLÓPEZ/CUARTOSCURO

hace 16 años; porque el conflicto no empieza hoy,ni
el día que Enrique Peña Nieto, el 2 de septiembre
de 2014, anuncia y revive el proyecto aeroportuario.
El problema lo venimos padeciendo desde 2001,
cuando el gobierno panista de Vicente Fox se atreve
a ordenar la expropiación de nuestros ejidos, tierras
comunales e incluso una parte de tierra habitada”,
dice a Contralínea la joven de 34 años de edad.
De acuerdo con la información oficial,el Nuevo
Aeropuerto abarcará 5 mil hectáreas de superficie
en la Zona Federal del ex Vaso de Texcoco.El me-
gaproyecto, a cargo del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, SA de CV, implica una inver-
sión pública de 186 mil 92 millones de pesos.
“Estamos hablando de territorio federal, pero
también de tierras ejidales que pertenecen a las dis-
tintas comunidades, pueblos y municipios que co-
lindan con esta megaobra,con lo que era el Lago de
Texcoco: Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec, Acol-
man”,explica Del Valle.
El título de concesión para la obra fue expedido
el 26 de enero de 2015 a favor de la empresa de par-
ticipación estatal mayoritaria, en la que participan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el or-
ganismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares.
“Nos imponen un megadespojo para la cons-
trucción de este aeropuerto, que han venido justi-
ficando desde entonces como de utilidad pública:
un proyecto que va a responder a las necesidades
del pueblo mexicano, cuando sabemos que el aero-
puerto es un fraude: es una obra ilegal que se está
construyendo sobre un suelo que ha sido despoja-
do”,señala América del Valle.
De acuerdo con información recabada por la
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra
y el Territorio,el conflicto en San Salvador Atenco,
vinculado al proyecto del Nuevo Aeropuerto, se ha
intensificado por la construcción de la carretera Pi-
rámides-Texcoco,en Tocuila.
“El espejismo que han fincado los medios de
comunicación y el gobierno es que las tierras de no-
sotros no las están tocando; entonces, ¿qué carajo
hace una autopista en nuestro territorio que les va
a servir para su aeropuerto? ¿Qué carajos desgajan
y destruyen los cerros de las comunidades vecinas
para llevarse el material al aeropuerto? ¿Eso no es
estar destruyendo nuestro territorio para su aero-
puerto? ¿Acaso no?”,pregunta América del Valle.
Y aclara: “No necesitamos tener el avión enci-
ma: es toda la infraestructura de este megaproyecto.
Esta megaobra, que es una bestia tremenda, es la
construcción de una enorme plancha de asfalto que
asesina [la biodiversidad] sobre una tierra que tiene
por vocación el agua: era un lago.Ahí todavía,hace
algunas décadas, nuestra gente podía cazar patos y
recolectar ajolotes y charales. Mis padres todavía
vieron ese lago y lo que pretenden es que nuestros
hijos y nietos no vean ni siquiera los árboles”.
Día a día la tensión aumenta.Como aquel 3 y 4
de mayo de 2006,cuando vivió la peor represión en

su historia,el pueblo de San Salvador Atenco vio,el
pasado 2 de abril,desfilar por sus calles a decenas de
policías y granaderos.
“En Atenco se han ensañado contra la pobla-
ción. Los gobiernos municipal, estatal y federal, las
trasnacionales y toda esta mafia que esta interesada
en el despojo para el aeropuerto ha corrompido a
nuestro pueblo.El domingo 2 de abril tuvimos una
asamblea ejidal.Y es la primera vez,en décadas,que
vemos la excesiva intromisión de la Procuraduría
Agraria, llevando a sus propios agentes a organizar
a los ejidatarios para que se formen en [la fila de] su
letra [del apellido paterno] y firmen para que pue-
dan entrar al recinto; pero no sólo eso: es la primera
vez que en una asamblea ejidal, afuera de donde se
va a llevar a cabo hay vallas metálicas y presencia
de la policía estatal al interior de nuestros pueblos”.
Ese día “vivimos una situación muy tensa, muy
difícil y muy triste: de más de 1 mil ejidatarios,600
se presentaron a votar [para elegir a los nuevos re-
presentantes];y de éstos,399 votaron a favor de una
planilla que a los ojos de todo el pueblo es abier-
tamente priísta, y está corrompida. Esa planilla ha
dicho que [su propuesta] es para negociar la tierra,
para conseguir un mejor precio.Nosotros no somos
ingenuos,entendemos por qué [se dio] la presencia
excesiva de la Procuraduría Agraria,de la policía es-
tatal,de granaderos afuera de nuestro pueblo,cuan-
do [elegir autoridades] es una decisión que sólo le
compete al pueblo, y es éste el único guardián y
vigilante del proceso. Esta intromisión no es una
casualidad,no es una cuestión aislada,tiene que ver
con cómo se sigue operando el despojo en nuestras
tierras, en un punto clave como es nuestro munici-
pio de Atenco”,narra América del Valle.
Decenas de conflictos
La imposición de proyectos y megaproyectos
públicos y privados, que derivan en despojos ma-
sivos de tierra y recursos naturales –como el del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México–, constituye una de las principales causas
de conflictividad en el país.
Desarrollos mineros, energéticos (gasoductos,
campos de explotación de petróleo y gas, así como
el llamado fracking), de infraestructura (carreteras,
autopistas y aeropuertos),turísticos y agroindustria-
les (siembra de organismos genéticamente modifi-
cados) se cuentan en ese rubro.
Aellosesumanlaprivatizaciónyelsaqueodelos
recursosnaturales(comolatalaclandestina,laexplo-
tación irracional de acuíferos y la privatización local
de los sistemas de distribución de agua potable),los
conflictos por posesión territorial y los movimientos
sociales generados por los saldos de la violencia y la
inseguridad (desaparecidos,feminicidios).

casos, la mano dura del gobierno. De la represión,
los comuneros de Atenco tienen una de las peores
experiencias.
“A nuestro pueblo lo han agraviado una y otra
vez desde 2001,cuando nos imponen el aeropuerto
con ese decreto expropiatorio que echamos abajo.
Luego con la represión y la impunidad,que persiste.
La represión durísima del 3 y 4 de mayo de 2006”:
los asesinatos, las golpizas, las violaciones sexuales,
la tortura sexual,el allanamiento,el encarcelamien-
to, la persecución, el miedo que, a la fecha, no en-
cuentran justicia,señala América.
Recuerda el difícil momento que pasaron con
“el encarcelamiento de más de 4 años a hombres
y mujeres que resistieron y a quienes, por castigo,
se les dieron condenas de 112 años de prisión. Y
volvemos a nuestro pueblo, logramos la libertad, se
logra superar esa batalla tan difícil y, sin embargo,
volvemos para enfrentar el mismo despojo”.
En los últimos años, estos factores han desen-
cadenado nuevos conflictos y recrudecido decenas
que ya se padecían con anterioridad. De acuerdo
con datos de la Campaña Nacional en Defensa de
la Madre Tierra y el Territorio, de los 97 conflictos
sociales que aglutina,el 34 por ciento corresponde a
proyectos de generación de energía; el 32 por cien-
to, a minas y mineras; el 15 por ciento, a privatiza-
ción del agua; el 12 por ciento, a infraestructura de
transporte; el 11, a proyectos de urbanización; el 7,
a extracción de agua; otro 7 por ciento,a desarrollos
turísticos; 6,a contaminación ambiental; 4,a explo-
tación forestal; 4,a no regularización de tierras; otro
4 por ciento, a gestión del agua; y el 1 por ciento
restante,a la siembra de transgénicos.
Según la experiencia de los pueblos, quienes
deciden defender sus tierras y recursos ambientales
se enfrentan a años de injusticia: procesos judiciales
dilatorios, resoluciones injustas y, en el peor de los
La imposición de megaproyectos que derivan en despojos –como el del Nuevo Aeropuerto, en la imagen– constituye una de las principales causas de conflictividad en el país
CUARTOSCURO

América explica que las afectaciones no son sólo
para Atenco.“Todos los pueblos de esta región del
Oriente nos hemos visto afectados.Atenco no es el
único: ahí nació una lucha importante que hoy se-
guimos manteniendo pese a la embestida represiva
que venimos sufriendo a la fecha; pero la afectación
es a toda una región,incluida la Ciudad de México”.
“¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata vive, la lucha sigue!”, arengan los ejidata-
rios de Atenco. Al conmemorar la muerte del líder
revolucionario el pasado 10 de abril frente a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación,los atenquen-
ses se solidarizan con sus hermanos, los comuneros
indígenas de Arantepacua, Michoacán. Ignacio del
Valle les extiende su mano que empuña el machete:
“¡No están solos!”
El de Arantepacua también forma parte de los
conflictos sociales vigentes en México. Se trata de
una discordia por 520 hectáreas entre esa comunidad
y Capacuaro.Un conflicto“inducido”,señalan los in-
dígenas de Aratepacua. Mismo que el pasado 4 de
abril obtuvo como respuesta del gobierno la repre-
sión.El saldo: tres civiles y un policía muertos,dece-
nas de heridos y 38 comuneros fueron encarcelados.
Arantepacua y Atenco resisten el despojo de
tierras y recursos. Pero no son sólo el Estado de
México y Michoacán los que arden por la conflicti-
vidad social: en todas las entidades federativas,pue-
blos y comunidades enfrentan despojos avalados o
promovidos por la autoridad,que se acompañan de
represiones para desmovilizar a los alzados.
—¿Derrotar a este pueblo de Atenco sería, de
alguna manera, una lección para el resto de resis-
tencias?
—Claro.Eso es lo que siempre han pretendido:
generar un castigo ejemplar con un pueblo que se
ha rebelado y generarle un castigo ejemplar a éste
frente a los demás, para que entonces se introyecte
el miedo y la derrota –señala en entrevista América
del Valle. La joven, tez morena, no se vence. Pro-
mete continuar, junto con su pueblo, la defensa del
territorio comunal.
“A nuestro pueblo lo han agraviado una y otra vez desde 2001, cuando nos imponen el aeropuerto con un decreto expropiatorio”. En la imagen, el presidente Peña durante la
presentación del proyecto del Nuevo Aeropuerto
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
SIN CONTROL DE
SUS FRONTERAS
MÉXICO

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Política migratoria
estadunidense atenta contra la
seguridad nacional de México.
El cierre de la frontera Sur
de Estados Unidos ordenado
por Obama y agudizado por
Trump obliga a nuestro país
a convertirse en receptor de
migrantes. Casi medio
millón ingresan cada año
por Guatemala
D
e emisor de emigrantes hacia los Esta-
dos Unidos y receptor de flujos migrato-
rios del Triángulo del Norte de Centro-
américa –Guatemala, El Salvador y Honduras–,
México se coinvierte en receptor incontrolable
de migrantes que podrían desestabilizar al país.
El fenómeno representa un riesgo a la seguri-
dad nacional, alerta María Luisa Pastor Gómez,
consejera técnica del Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos (IEEE).
“En la Frontera Sur de México, el tránsito
de migrantes irregulares de Centroamérica para
introducirse de manera ilegal a Estados Unidos
representa un enorme desafío para el gobierno
mexicano, por la política antimigratoria de Do-
nald Trump, que está generando un problema de
seguridad nacional”, subraya.
Destaca que México colinda con el Sur con
la región más violenta del mundo que no está en
guerra y donde se registra el mayor número de
cruces ilegales, tráfico de drogas, contrabando y
armas del mundo.El escenario constituye una es-
JOSÉ RÉYEZ
123RF

Contralínea 537

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Contralínea 537

Similar to Contralínea 537 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Contralínea 537