Contralínea 504

Año 15 • Número 504 • $30
Del 5 al 11 de septiembre de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

EDITORIAL
4 8 de agosto de 2016
OPINIÓN
Lector: “No pago para que me peguen” fue la
conclusión del entonces presidente de la Repú-
blica José López Portillo ante la publicación, en
elsemanarioProceso,dehechosdecorrupciónde
su gobierno. Era abril de 1982 cuando el jefe de
Estado y de gobierno mexicanos ordenó a todas
las dependencias públicas retirar a la revista de
Julio Scherer García de toda campaña publici-
taria. El objetivo, extinguirla por medio del uso
faccioso de la publicidad.
No fue el primer gobernante que utilizara
discrecionalmente recursos públicos para casti-
gar o premiar a medios de comunicación. Por
supuesto, tampoco el último. A lo largo de todo
el siglo XX se construyó, y se mantiene hasta
hoy en día, una estructura que fomenta la com-
plicidad entre el “periodismo” y el poder.
Salvo muy escasas y honrosas excepciones,
los medios de comunicación no investigan a los
poderosos ni cuestionan sus decisiones. Por el
contrario, una pléyade de medios y de “periodis-
tas” compiten por ver quién justifica mejor tal
o cual decisión gubernamental, quién destaca
con letras más grandes o gritos más fuertes la
declaración del poderoso, quién lo apuntala
para gratificantes cargos públicos futuros. Tam-
bién compiten por ver quién oculta mejor la
corrupción, quién censura primero a los que
luchan por mejores condiciones de vida o quién
desprestigia más contundentemente a quienes
se oponen a las disposiciones de los poderosos.
Esta estructura de medios de comunicación
vigente hoy en día ha llevado a los grandes con-
sorcios mediáticos a fundirse con el poder y acu-
mular riquezas… y a perder toda credibilidad
ante la sociedad.
El año pasado, el gobierno federal destinó
más de 6 mil 367 millones de pesos en propa-
ganda, comerciales e “información” difundida
a través de los medios. Entregó al duopolio
televisivo más de 2 mil 226 millones de pesos.
Otros grandes beneficiados con recursos públi-
cos fueron la cadena Radio Fórmula y diarios
como El Universal, Excélsior, Milenio y La Razón.
Paracorroborarlavigenciadeaquellasentencia
lopezportillista, sólo hace falta ver qué posición
tienen estos medios premiados ante el gobierno
y los poderosos.
Por el contrario, quienes han buscado man-
tener una política editorial crítica siguen siendo
castigados publicitariamente.
Desde su primer número, Contralínea buscó
colocarse como un medio con agenda propia y
apostó por el periodismo de investigación para
cuestionar al poder, pedirle cuentas y denunciar
públicamente hechos de corrupción y viola-
ción a los derechos humanos. Se asumió como
vigilante ante todo actor en posición de poder
formal y de facto: servidores públicos, jueces,
ministros, clérigos, legisladores, empresarios,
banqueros, líderes sindicales charros…
La respuesta de los poderosos han sido las
amenazas, los allanamientos, las persecuciones,
las demandas y los ataques directos. También,
el castigo publicitario: que el grupo periodístico
que hace Contralínea se diluya por falta de recur-
sos.
La decisión que este equipo de trabajo ha
tomado es no ceder ante las amenazas, las li-
sonjas y la asfixia presupuestal. La decisión es
romper la lógica de financiamiento de los me-
dios de comunicación, donde la publicidad gu-
bernamental es la única o más importante vía
de ingreso de recursos.
Es claro que la independencia total de este
medio de comunicación sólo se alcanzará con la
participación de los lectores. Aspiramos a ser un
medio sostenido por quienes se informan a tra-
vés de sus versiones impresa y web. Apostamos a
que los lectores hagan suyo este medio y sólo a
ellos rinda cuentas.
En ese sentido, damos inicio a una campa-
ña de suscripciones. Por sólo 1 mil pesos cada
suscriptor recibirá en su domicilio 51 números
delarevistaimpresaypodráaccederdemanera
ilimitada a todos los contenidos web (informa-
ción diaria, investigaciones y archivo histórico).
Quienes sólo deseen acceder a las contenidos
web podrán hacerlo por 500 pesos al año (los
estudiantes sólo pagarán 250 pesos). El precio
de la revista en kioskos y locales cerrados se
mantendrá en 30 pesos.
Esta revista es tuya. Renovamos el compro-
miso de investigar aquello que te afecte: malver-
sación de fondos, nepotismo, desvío de recursos
y todo tipo de corrupción que se comete con
recursos públicos; violación de derechos huma-
nos, y documentación de las luchas de eman-
cipación de los pueblos. Estamos seguros que
caminamos en la dirección correcta: fuera del
sistema de complicidad, premios y castigos del
actual periodismo mexicano.
NUEVA ETAPA
MÁS INDEPENDENCIA
DIRECTOR Miguel Badillo
oficiodepapel@yahoo.com.mx
COORDINADORES
INFORMACIÓN Zósimo Camacho
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EDICIÓN Nancy Flores
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4 5 de septiembre de 2016
EDITORIALOPINIÓN

www.contralinea.com.mx 5
Tlapa de Comonfort, Guerre-
ro, a 1 de septiembre de 2016.
En el marco de la temporada
alta de migración (septiembre
2016-enero 2017), el Consejo
de Jornaleros y Jornaleras
Agrícolas de la Montaña hizo
pública su denuncia ante el
grupo de trabajo sobre empre-
sas y derechos humanos de la
Organización de las Naciones
Unidas, respecto del trato dis-
criminatorio y la explotación
laboral que padecen por parte
de las empresas agrícolas del
Norte del país. Expresaron que
en México no existe un marco
legal apropiado que proteja sus
derechos, ni políticas públicas
que reviertan las condiciones
deshumanizantes en que viven.
En las instalaciones de la
Unidad de Servicios Integrales
(USI), miembros del Consejo
de Jornaleros y Jornaleras
Agrícolas de la Montaña cons-
tataron la desatención y la pre-
cariedad en que se encuentra
el espacio donde regularmente
llegan las familias indígenas
a descansar y a preparar sus
alimentos. Desde finales del
mes de agosto, regularmente
migran a 18 estados del país,
principalmente a Sinaloa,
Sonora y Guanajuato, con
la ilusión de obtener algún
ingreso económico trabajando
largas jornadas en los surcos
de las empresas extranjeras.
Durante la temporada
pasada, el Consejo de Jorna-
leros y Jornaleras Agrícolas
de la Montaña registró 6 mil
752 personas que salieron a
los estados del Norte desde el
mes de agosto de 2015 hasta
enero de 2016. Con el apoyo
de algunos jornaleros que
realizan trabajo voluntario,
hicieron un registro de las fa-
milias jornaleras que salieron
del mes de febrero al mes de
mayo, que ascendió a 495
personas de los municipios de
Tlapa, Cochoapa el Grande,
Xalpatláhuac, Coapanatoyac
y Atlamajalcingo del Monte.
Desde hace 11 años, el
Consejo ha establecido un
acuerdo con las autoridades
de Guerrero para dotar de
insumos básicos para el funcio-
namiento del comedor comu-
nitario. Lamentablemente este
apoyo tiene que ser arrancado
cada año a base de denuncias
públicas y protestas, por la
negligencia y desatención de la
Secretaría de Asuntos Indíge-
nas y la Secretaría del Migran-
te. En la actual administración
ambas instituciones se han des-
entendido de la población más
vulnerable del estado y han
evadido su responsabilidad de
atender sus demandas.
En la administración pa-
sada se logró conformar una
comisión intersecretarial de
atención y apoyo de los jor-
naleros y jornaleras agrícolas
migrantes. El objetivo fue
crear una plataforma guber-
namental que atendiera de
manera prioritaria e integral la
problemática que enfrenta la
población indígena, que para
sobrevivir en su estado tiene
que salir a trabajar en condi-
ciones sumamente adversas.
Actualmente tanto el
gobierno federal, con la
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y la Secretaría de
Desarrollo Social, así como el
gobierno del estado con dos
de sus secretarías han relegado
e invisibilizado de manera
deliberada a la población jor-
nalera, al grado que no existen
programas específicos que se
avoquen a brindar atención
pero, sobre todo, a proteger
sus derechos como población
sumamente vulnerable. El
gobierno estatal, por la vía
de los hechos, ha desechado
la comisión intersecretarial y
ha dejado a su suerte a miles
de familias pobres que deam-
bulan en el país en busca de
trabajo.
Contrario al desinterés y
desprecio de las autoridades de
Guerrero, el grupo de trabajo
sobre empresas y derechos
humanos de la ONU, expresó
el pasado 30 de agosto en la
Ciudad de México su interés
en esta problemática y asumió
el compromiso de que toma-
rá en cuenta los testimonios
rendidos por las familias jorna-
leras, relacionados con las vio-
laciones a sus derechos como
trabajadores ante las empresas
extranjeras.
EN EL DESAMPARO
JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES
Además, documentó el
caso de la empresa agrícola
Buen Año, de origen Chino,
ubicada en el municipio de
Costa Rica, Sinaloa, donde
el mismo empresario chino
los amenazó por atreverse a
bloquear la entrada al campo
y por parar labores durante
2 días. La protesta de más 5
mil trabajadores de diferentes
estados se debió a que el em-
presario, de manera arbitraria,
aumentó de 10 a 15 el número
de cajas de vegetales chinos
pagándoles el mismo sueldo
de 65 pesos por tarea. Con
amenazas y falsas promesas,
los obligaron a regresar a los
campos, sin que el empresario
atendiera su justa demanda.
Ninguna autoridad se interesó
en intervenir y salir en defensa
de los jornaleros migrantes.
Ante tantas tropelías y
abusos de los empresarios, el
Consejo de Jornaleros y Jorna-
leras Agrícolas de la Montaña
emplazan al gobernador del
estado, en este inicio de la tem-
porada alta, para establecer un
encuentro donde se retomen
sus principales demandas y se
genere una interlocución apro-
piada que brinde protección a
sus derechos como jornaleros
migrantes.
Atentamente,
Consejo de Jornaleros y
JornalerasAgrícolas de la
Montaña
Centro de Derechos Humanos
de la Montaña,Tlachinollan
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
26
PORTADA
México es escenario de un posible
“atentado terrorista”, o de preparación de
alguno con armas de destrucción masiva,
señala la Agenda Nacional de Riesgos
“TERRORISTAS”, LOS
ENEMIGOS DE ESTADOS
UNIDOS EN MÉXICO
OPINIÓN
EDITORIAL
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL OFICIOSO, INAI DEFIENDE EL “DERECHO AL
OLVIDO” Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA OTRO PERIODISTA ASESINADO Y
OTRA REPORTERA AGREDIDA Álvaro Cepeda Neri
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EL ENCONO DEL GOBIERNO HACIA
LA PRENSA Nancy Flores
ZONA CERO SON 11 LAS “OFICINAS” DEL CISEN EN EL EXTRANJERO
Zósimo Camacho
IQ FINANCIERO EL NEGOCIO DEL “DERECHO AL OLVIDO” Claudia Villegas
ARTÍCULOS
UNA TRAS OTRA Óscar Enrique Díaz Santos
BIENVENIDA LA CRÍTICA Jorge Meléndez Preciado
LOSPELIGROSQUECORRENLOSPERIODISTASAUTÓNOMOSValentinaIeri/IPS
TPP, ¿PODER POLÍTICO O ECONÓMICO? Cira Rodríguez César/PL
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
504, del 5 al 11 de septiembre de 2016– es una publicación sema-
nal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Avenida
Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP
04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.con-
tralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agus-
tín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de
autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de lici-
tud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impre-
sa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colo-
nia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número
se terminó de imprimir el 2 de septiembre de 2016. Distribuida por
la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán,
Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfo-
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tad y Expresión, SA de CV.
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Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

ANÁLISIS
INTERNACIONAL Migrantes centroamericanos: excluidos entre los marginados Guillermo
Castillo Ramírez
INTERNACIONAL La hora de los pueblos indígenas en América Ollantay Itzamná/PL
54
58
INVESTIGACIÓN
PORTADA “Terroristas”, los enemigos de Estados Unidos en México Mauricio Romero
SOCIEDAD Acusan en tribunales a minera canadiense Excellon Érika Ramírez
SOCIEDAD Favorece gobierno de BCS a empresa china José Réyez
LÍNEA GLOBAL Conflictos y desastres naturales: África se lleva la peor parte Baher Kamal/IPS
LÍNEA GLOBAL Potencias, acusadas de tomarse a la ligera la venta de armas Thalif Deen/IPS
26
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50
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Corazón, diario de un niño, el periodista Edmundo de Amicis: 1846-1908
Álvaro Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Facebook y WhatsApp: te quedan 30 días de privacidad Gonzalo
Monterrosa
PASO A DESNIVEL La misma moneda Miguel Galindo
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5436
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46
58
Ilustracióndeportada:CeciliaMartínezy123RF

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
E
l Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (Inai) va en contra de su
origen y ahora busca un amparo en contra de
la decisión del Séptimo Tribunal Colegiado de
Circuito, mismo que rechazó la defensa de ese
“órgano de transparencia” en favor del tergiver-
sado “derecho al olvido”, mediante el cual se
pretende obligar a medios de comunicación que
retiren información de sus portales en internet a
petición de particulares, bajo el argumento de la
protección de datos personales.
Para ello, el Inai promueve la aplicación de
ese mecanismo de censura mal llamado “dere-
cho al olvido”, que atenta en contra de los pre-
ceptos constitucionales de libertad de expresión y
derecho a la información. El “derecho al olvido”
es un término jurídico que se aplica en algunos
países europeos pero con salvaguardas, mientras
que en México el Inai se atribuye esa facultad
–sin haberse legislado al respecto– y pretende or-
denar el retiro de información que es incómoda
para políticos, empresarios y delincuentes.
Hace unos días, el Séptimo Tribunal Colegia-
do de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera
Región concedió el amparo solicitado por la re-
vista Fortuna, negocios y finanzas, representada le-
galmente por el equipo de jóvenes abogados que
conforman la Red en Defensa de los Derechos
Digitales (R3D), en contra del Inai. Con esta de-
cisión se anula la orden que giró ese Instituto a
Google México para remover un enlace a una
nota periodística que aborda actos de corrup-
ción.
Todo empezó hace unos 2 años, cuando en una
sesión a puerta cerrada (en lo oscurito), el pleno del
entonces llamado Instituto Federal de Acceso a la
Información (ahora Inai) resolvió por unanimidad
una controversia presentada por el empresario
Carlos Sánchez de la Peña, accionista del grupo
Estrella Blanca y contratista del gobierno federal,
en contra de Google México para que eliminara
de su buscador información periodística retomada
de la revista Fortuna, negocios y finanzas.
El argumento que utilizó R3D para que le
concedieran el amparo fue que se había violado
el derecho de audiencia de la revista y que la reso-
lución constituía un caso de censura. El Tribunal
concedió el amparo y la resolución del Inai quedó
sin efecto; sin embargo, los abogados de ese Ins-
tituto promovieron un nuevo recurso la semana
pasada y será un tribunal federal el que resolverá
en definitiva la controversia.
El delicado caso podría llegar hasta la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, pues con la
defensa de los consejeros del Inai sobre el tergi-
versado “derecho al olvido” se vulneran los Artí-
culos 6 y 7 constitucionales, al pretender censurar
el archivo histórico que representa la información
de la prensa que circula con libertad por internet
y que cualquier ciudadano puede consultar en el
momento que lo decida.
Cuando alguien considere que lo publicado en
algún medio de información afecta su derecho a la
privacidad o violenta su imagen, tiene el derecho
de réplica o acudir a tribunales para resolver el di-
ferendo, pero lo que no puede ni debe el Inai es
pretender censurar la información que está en los
portales de internet, porque ésta se ha convertido
en un archivo histórico y pertenece a la sociedad.
Una alternativa para aquellos particulares que
se quejan de que alguna información que circula
OFICIOSO, EL INAI DEFIENDE
EL “DERECHO AL OLVIDO”
MIGUEL BADILLO

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
en redes sociales no corresponde a la verdad, es
solicitar a los periodistas o al medio de comunica-
ción una rectificación que esté sustentada en prue-
bas, porque en algunos casos los datos publicados
corresponden sólo a un determinado momento
del proceso y la conclusión puede modificar el
resultado y éste es un deber publicarlo cuando se
busca la verdad, pero no es mediante la censura y
amenaza como el Inai y algunos privados resolve-
rán esta controversia legal.
El 28 de enero de 2015, el Inai informó que ha-
bía iniciado un proceso sancionatorio contra Goo-
gle México porque un ciudadano no había podido
“ejercer su derecho constitucional de cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos persona-
les.” El caso fue promovido por el empresario
Carlos Sánchez de la Peña, quien había solicitado
a Google México que se retiraran diversos resul-
tados de búsqueda relacionados con su nombre.
Uno de los enlaces que Sánchez de la Peña
buscaba eliminar correspondía a una nota perio-
dística de la revista Fortuna, titulada “Fraude en Es-
trella Blanca alcanza a Vamos México”. En dicha
nota el empresario es mencionado como uno de
los implicados en presuntos actos de corrupción
entre la empresa de transporte Estrella Blanca y la
Fundación Vamos México, presidida por la enton-
ces primera dama Marta Sahagún.
Ante la negativa de Google México de retirar
los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedi-
miento de protección de derechos ante el Inai y
éste resolvió ordenar a Google que removiera los
enlaces bajo el concepto “derecho al olvido”. Éste
no es un “derecho” sino un mecanismo de censura
que ha demostrado ser sumamente peligroso para
la libre expresión en línea y para el derecho a la
verdad, además de ser explotado comercialmente
para retirar contenido “incómodo” para empre-
sarios, políticos y funcionarios públicos, en detri-
mento del interés público.
Esto hace que esta práctica sea incompatible
con el derecho constitucional mexicano y con la
aspiración de una sociedad y un internet libres y
democráticos.
INAI

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
L
uis Vdegaray y su gabinete, que incluye a
Enrique Peña Nieto, que tienen de parape-
to a Miguel Ángel Osorio Chong para no
resolver la sangrienta inseguridad que siembra de
cadáveres todo el territorio (sin querer arrasar con
el narcotráfico que impera en Guerrero-Michoacán,
como los centros de gravedad de los cárteles: Sina-
loa, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Morelos
y la Ciudad de México), no quieren parar la matriz
geopolítica de la criminalidad que genera recursos
que mueven en los bancos y con la compra-venta
de inmuebles, por lo cual la nación se hunde, cada
vez más, en una multiplicación de las delincuencias
que secuestran para tener mano de obra, servicios
sexuales y cometer toda clase de delitos que tienen
a la población atrapada en homicidios y agresiones
que generan terror.
En ese contexto se siguen dando las embestidas
que llegan a la privación de la vida de los periodistas
que informan sobre esos hechos perpetrados por la
delincuencia y los narcotraficantes. Ya en Veracruz
van 19 reporteros asesinados, porque en esa entidad
la corrupción administrativa de Javier Duarte y las
complacencias de que ha gozado durante sus ya casi
6 años en la total ingobernabilidad y el saqueo del
arario, pusieron las condiciones de máxima posibili-
dad para semejantes hechos criminales.
Desde Coahuila, el exdesgobernador Humberto
Moreira,paraquenoinvestigueunamasacredemás
de 300 mexicanos, ha demandado a Sergio Aguayo,
nada más porque éste escribió lo que la mayoría de
losmexicanossabe:queeltipoese“despideuntufillo
a corrupción”. Con esa demanda quiere que el pe-
riodista le pague una suma millonaria porque, según
el personaje de marras, ofendió su nombre. Un Mo-
reira que todos los días está en la información de la
nota roja y la corrupción, como caracteriza a todos
los peñistas, que con la embestida a Carmen Ariste-
gui y su noticiario por exhibir los sobornos reflejados
en la “casa blanca”, han coronado de excremento su paso
por el poder gubernamental.
Pues bien, en ese caldo de cultivo del peñismo es
que la inseguridad en general ha prosperado; en par-
ticular, los asesinatos y las agresiones contra periodis-
tas, para tratar de amedrentar a quienes ejercen las li-
bertadesdeexpresiónenlapluralidaddelosderechos
humanos que fundamentan las libertades de prensa.
Al estar cubriendo los conflictos de los maestros, en
Chiapas (donde el desgobernador Manuel Velasco per-
mite la acción de paramilitares), la reportera de El
Universal Dolores Rodríguez fue amenazada, pistola
en mano, y despojada de sus materiales de trabajo
por un funcionario municipal, militante del partido
Verde Ecologista, de San Juan Chamula.
Y en Tierra Blanca, Veracruz, donde el gru-
po-cártel de Duarte hace y deshace a su antojo, fue
asesinado el periodista Pedro Tamayo Rosas “horas
después de que Roberto Campa Cifrián (el subsecre-
tario de Derechos Humanos de Gobernación), en-
cabezó una reunión para dar seguimiento a la Alerta
del Mecanismo de Protección a Periodistas”, infor-
mó Eirinet Gómez (La Jornada, 22 de julio de 2016).
Y es que el desgobernador Duarte ya sólo está ocupado
en preparar su huida, al amparo de la impunidad, y
ya dejó que en Veracruz imperen las delincuencias.
Por ello diario hay homicidios y delitos al por mayor.
También en Chiapas existe algo semejante.
La brutal agresión a la reportera Dolores Rodrí-
guezyelasesinatodelperiodistaTamayosondoshe-
chos de la escandalosa impunidad y el desgobierno
que impera en esas entidades, así como en todo el
país. Y es que para administrar la ingobernabilidad,
los desgobernadores han entregado a Veracruz y Chia-
pas a funcionarios y delincuentes que matan y agre-
den por igual, a quienes sólo cumplen con su trabajo
de mantener informada a la opinión pública.
OTRO PERIODISTA ASESINADO
Y OTRA REPORTERA AGREDIDA
ÁLVARO CEPEDA NERI

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
EL ENCONO DEL GOBIERNO
HACIA LA PRENSA
NANCY FLORES
D
os hechos ocurridos en días recientes
evidencian el grave encono del poder
político hacia la prensa. Se trata de la
campaña mediática a propósito del Cuarto informe
de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de
la desafortunada, pero reveladora, declaración
de la secretaria de Estado Rosario Robles.
En el primer caso, el propio mandatario mexi-
cano es quien expresa –en cada uno de los 30 spots
que hacen referencia a su informe, y que se trans-
miten por radio, televisión e internet–: “las cosas
buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”.
La alusión al trabajo periodístico que no hace
eco de la versión y la visión de la administración
que encabeza resulta obvia. También lo es el hecho
de que en el gobierno federal se extiende la idea de
que la prensa y los pe-
riodistas debemos res-
ponder a los intereses
del poder político, algo
que resulta totalmente
contrario al deber ser
de esta profesión.
En el segundo caso,
el pasado 25 de agosto Robles declaró que los pe-
riódicos sólo sirven para matar moscas y limpiar
vidrios, justo cuando se reunía con el gobernador
de Chihuahua, César Duarte, investigado por el
propio gobierno federal por denuncias que lo im-
plicarían en actos de corrupción. Aunque más tar-
de la secretaria ofreció disculpas, quedó clara su
postura respecto del periodismo crítico.
El problema con estas frases –que parecen ais-
ladas pero no lo son, pues forman parte del pen-
samiento de la clase política mexicana– es que
reﬂejan algo más que la animadversión personal
que ambos, el presidente de la República y la se-
cretaria de Estado, puedan tener o tienen hacia la
prensa.
Dichas frases son muestra de la irritación que
se acrecienta en el ámbito político hacia la labor
periodística que, lejos de reportar la versión que
ese sector quiere, retrata la cruda y terrible rea-
lidad de nuestro país. Una realidad que incluye
miles de ejecutados y desaparecidos vinculados a la
violencia del propio gobierno y del crimen orga-
nizado; crisis económica; pobreza generalizada, e
incremento en la conﬂictividad social por los miles
de despojos –de todo tipo– que acontecen en total
impunidad a lo largo del país.
Ese resentimiento hacia los periodistas que se
extiende entre quienes nos gobiernan –en los tres
niveles y, para desgracia, en los tres Poderes de la
Unión– trae como con-
secuencia que México
se ubique entre los paí-
ses más peligrosos para
ejercer el periodismo.
También está rela-
cionada con la impu-
nidad en torno a las
agresiones contra quienes ejercemos esta profe-
sión. Por ello, los asesinatos de periodistas no se
resuelven ni se castigan, como tampoco sucede
con el resto de los ataques que padece el gremio
a diario.
Entre las consecuencias igualmente terribles se
encuentra el hecho de que sean los propios servi-
dores públicos quienes agredan en forma directa
a los comunicadores y trabajadores de los medios,
tal como lo ha denunciado el capítulo México de
la organización Artículo 19.
Además, que se desprecie, se ningunee y se
impida el ejercicio del periodismo libre e inde-
El resentimiento de los políticos hacia
los periodistas trae como consecuencia
queMéxicoseubiqueentrelospaísesmás
peligrosos para ejercer la profesión
El resentimiento de los políticos hacia
peligrosos para ejercer la profesión

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
pendiente. Es por ello que aún prevalece la idea
gubernamental del “no pago para que me pe-
gues”; es decir, el castigo a los medios críticos por
la vía de la publicidad oficial.
Ejemplo de ello es el gasto ejercido por el go-
bierno federal en este rubro, que en 2015 ascen-
dió a 6 mil 367 millones 917 mil 243 pesos. Los
beneficiados de estos recursos públicos fueron el
duopolio televisivo –que se agenció 34.9 por cien-
to de esa bolsa: 2 mil 226 millones 581 mil 641
pesos–, las cadenas radiofónicas –especialmente a
Radio Fórmula– y algunos diarios, como El Uni-
versal, Excélsior, Milenio y La Razón.
En lo individual, el emporio mediático que
más ganó fue Televisa, ligado al propio presidente
Enrique Peña. De acuerdo con dos reportes ela-
borados por la Secretaría de la Función Pública
(SFP), este grupo obtuvo 21.49 por ciento de los
6.3 mil millones de pesos, pues facturó 1 mil 368
millones 775 mil 607 pesos en total, por difundir
las “cosas buenas” del gobierno (Unión de periodis-
tas, número 2, julio de 2015).
Ocultar
la información,
objetivo
gubernamental
Quizá el origen del odio que
tienen algunos políticos y repre-
sentantes del gobierno hacia los
periodistas tienen su origen en
falsos conceptos respecto del
ejercicio del poder, de la demo-
cracia misma y del propio papel
que ejerce la prensa.
En primer lugar, olvidan que
estar en una posición de poder
no es para su beneficio personal,
sino para beneficio del pueblo
de México; en ese sentido, es
su obligación presentar resulta-
dos favorables, de tal suerte que
“las cosas buenas que casi no se
cuentan” deberían ser la norma
para los gobernantes, y no la ex-
cepción.
En segundo lugar, parece que desconocen que
en un régimen democrático la fiscalización del
pueblo es fundamental, y parte de ésta se realiza
en la prensa. En último lugar, ignoran que la fun-
ción del buen periodismo es revelar aquellas in-
formaciones que son de interés para la sociedad y
que actores en posición de poder pretenden man-
tener ocultas, por así convenirle a sus intereses.
Por ello, es urgente que nuestros gobernantes
entiendan que los periodistas no somos y nunca
seremos sus voceros. Esa función la cubren los ser-
vidores públicos adscritos a las áreas de comunica-
ción social y relaciones públicas, así como aquellos
corruptos del gremio que se venden al mejor pos-
tor; pero no el resto de la prensa.
También resulta fundamental que entiendan
que el país sólo podrá estar mejor cuando lejos
de manipular la realidad, ésta cambie para bien
de las mayorías. Y que es obligación de la prensa
revelar aquello que está mal para que se corrija.
No se trata de algo personal, sino de algo profe-
sional.
DAVIDMANRIQUE

ZONA CEROOPINIÓN
L
os mexicanos hemos gastado en los últimos
5 años alrededor de 34 millones y medio
de pesos en las andanzas de nuestros mu-
chachos del servicio de inteligencia civil que nos
protegen desde 11 lugares del mundo fuera del
territorio nacional.
A la cifra habría que agregar lo que los mexi-
canos también pagamos por el arrendamiento
de las casas de seguridad que nuestros arrojados
agentes ocupan en varios países y que asciende
a más de 32 millones de pesos, como lo informa-
mos ya en una entrega anterior (Contralínea 483,
vínculo electrónico: http://www.contralinea.com.
mx/archivo-revista/index.php/2016/04/10/la-cia-
a-la-mexicana-el-cisen-en-misiones-en-el-extranjero/).
Por supuesto, faltaría
considerar, además, los
sueldos que devengan
estos servidores públi-
cos.
Gracias al docu-
mento que el órgano
de inteligencia civil del
Estado mexicano me entregó la semana pasada,
hoy sabemos que, entre 2011 y 2015, las “repre-
sentaciones” en el extranjero del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen) –órgano
desconcentrado de la Secretaría de Goberna-
ción– erogaron un total de 34 millones 473 mil
534 pesos con 62 centavos “para cumplir con sus
funciones”.
¿Cuáles son estas funciones? “Producir inteli-
gencia estratégica para la toma de decisiones, a fin
de preservar la seguridad nacional, la gobernabi-
lidad y el estado de derecho”, reza la “misión” a
la que remite la institución cuando se le pregunta
qué hacen sus agentes fuera del país. Es decir, los
funcionarios del Cisen no están en el extranjero
por motivos académicos, de capacitación o de
cualquier otra índole: van con la clara misión de
hacer las labores propias de “protección” de los
intereses del Estado mexicano, a saber, princi-
palmente, recopilación y análisis de información
(¿sólo de fuentes abiertas o también realizan espio-
naje e infiltración?, ¿realizan o participan en ope-
rativos en aquellos países?). Por cierto, ¿alguien
sabe cuáles son los “intereses” nacionales que
supuestamente tenemos los mexicanos y que con
tanto denuedo protegen nuestros agentes en México
y el extranjero?
El oficio, firmado por la titular de la Unidad
de Enlace del propio Cisen, Carla Alejandra Ca-
rrillo Hervert, desglosa
los montos por año: 5
millones 624 mil 74.64
pesos para 2011; 6 mi-
llones 759 mil 178.37
pesos para 2012; en
2013 se alcanzó la cifra
de 7 millones 435 mil
505.56 pesos; en 2014 se erogaron 7 millones 236
mil 719.62 pesos, y el año pasado se gastaron 7
millones 418 mil 55.43 pesos.
El documento también informa que el Cisen
cuenta con 11 “oficinas” en el extranjero en las
que laboran 11 de sus integrantes. Es decir, una
persona por casa de seguridad.
La información fue entregada luego de un
largo proceso de medio año que inició con la
solicitud de información presentada por medio
de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública el 29 de febrero pasado.
A cuentagotas e incompleta, el Cisen se ha visto
obligado a entregar la información luego de la
ZÓSIMO CAMACHO
SON 11 LAS “OFICINAS” DEL CISEN
EN EL EXTRANJERO
Entre 2011 y 2015, las represen-
taciones en el extranjero del Cisen
erogaron 34 millones 473 mil pesos
para cumplir con sus funciones
Entre 2011 y 2015, las represen-
para cumplir con sus funciones

ZONA CERO OPINIÓN
intervención (vacilante, desde mi punto de vista)
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Persona-
les (Inai).
Apenas recibió la solicitud de información, la
reacción inmediata del Cisen fue cerrar todo ac-
ceso a los datos e, incluso, negar que contara con
una parte de ellos.
De la solicitud (0410000005016) que ingresé
por medio del entonces sistema Infomex, el Cen-
tro sólo respondió una pregunta. El objetivo de
que los mexicanos mantengamos inmuebles y
personal en el extranjero del or-
ganismo de inteligencia civil del
Estado mexicano es “preservar
la seguridad nacional” como
anotamos líneas arriba.
Pero negó informar de todo
lo demás: número de oficinas
en el extranjero; países en las
que se encuentran; número de
servidores públicos que laboran
en ellas, y monto erogado por
estas oficinas para cumplir sus
funciones. De este último re-
querimiento dijo no contar con
la información a tal nivel de de-
talle (“a ese nivel de desglose”,
apuntó el Centro textualmen-
te). De los demás, reservó la in-
formación por supuestos daños
presentes, probables y especí-
ficos a la seguridad nacional y
por posibles daños personales a
los servidores públicos.
Lo peor es que sus nega-
tivas fueron apoyadas en supuestos de informa-
ción que nunca solicité: “actividades operativas
y logísticas encaminadas a la preservación de la
seguridad interior de la Federación”, “organiza-
ción interna”, “capacidad de reacción” y, entre
varias otras, “métodos y procedimientos con los
que cuenta el Centro para el desarrollo de tareas
de inteligencia y contrainteligencia”.
La sobrerreacción del Cisen ante un mínimo
ejercicio de rendición de cuentas es una muestra
de la poca disponibilidad de la institución para
transparentar sus actividades (sin menoscabo de
sus labores de inteligencia). También es una mues-
tra de la visión de la “seguridad nacional” que si-
gue permeando en una institución: la de la época
de la Guerra Fría.
La intervención del Inai (mediante el recurso
de revisión que interpuse y al que se le asignó el
folio RDA 1898/16) permitió que se diera a co-
nocer el número de oficinas del Cisen fuera del
territorio nacional y el monto que nos cuesta su
funcionamiento. Es información valiosa, pero in-
suficiente. Tal parece que los consejeros de la ins-
tancia responsable de garantizar la transparencia
se sorprenden fácilmente cuando escuchan la fra-
se mágica: “seguridad nacional”.
Luego de saber del secretismo con que se ma-
neja la existencia de las “oficinas” de seguridad
nacional mexicana en el extranjero, cabe pre-
guntarse: ¿estamos enviando efectivos de seguri-
dad nacional con la complacencia de los gobier-
nos de los países en que se encuentran o, acaso,
ya mandamos agentes ultrasecretos que violan las
leyes locales, como hace la estadunidense Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en
inglés)?
CECILIAMARTÍNEZ

IQ FINANCIEROOPINIÓN
F
ue hace unos días, en el marco de un foro
internacional para analizar el llamado “de-
recho al olvido”, cuando comisionados y
funcionarios del Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai), defendieron la eliminación de da-
tos personales en el marco de la tutela integral de
la privacidad. Muy bien y no me imagino alguien
que esté en contra de ese objetivo.
Para el Inai, el derecho al olvido –mediante el
cualunapersonapuedesolicitarseborrendatosper-
sonales publicados en internet que atenten contra su
integridad personal– es una “precavida sugerencia
para hacer ajustes sobre un determinado contenido
informativo, de carácter personal, con carácter de
confidencialidad”. Así lo definió al menos el comi-
sionado Francisco Javier Acuña Llamas.
Pero, en el mismo foro, el magistrado del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Salvador Olimpo Nava Gomar, reconoció que en
México no se conoce el estatus del derecho al olvido.
“No sabemos el nombre de los derechos que lo
conforman, si es que es un conjunto de derechos, no
sabemoscuáleslaruta,perolociertoesqueestamos
aquí, señalando algo que queremos tener”, recalcó.
Así el contexto. Sin embargo, 18 meses después
de que los consejeros del entonces Instituto Federal
deAcceso a la Información votaran por unanimidad
ordenar a Google desvincular información de sus
motores de búsqueda que afectaba a un empresario
denombreCarlos Sánchez de la Peña –accionista de
Estrella Blanca y vinculado con la familia Fox Saha-
gún– (bajo la defensa del llamado derecho al olvido),
un tribunal colegiado concedió un amparo para de-
jar sin efecto esa resolución que obligaba a Google a
eliminar de su motor de búsquedas el enlace de una
nota de la revista Fortuna que incomodaba a ese socio
de Estrella Blanca con aspiraciones políticas.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales
(R3D) brindó apoyo jurídico a la publicación. Se
trata de una organización no gubernamental de
jóvenes abogados dispuestos a defender nuestra
memoria en internet. Hace unos días se obtuvo
esta resolución histórica que tiene que ver con el
llamado derecho al olvido que en Europa ha pues-
to en jaque a varios medios que sí padecieron esta
censura con cargo a las supuestas responsabilida-
des que enfrenta el gigante Google.
Por eso es relevante esta suspensión. En Méxi-
co, con esta resolución, no será así (al menos no
se ha sentado un precedente negativo) y muchos
políticos tendrían que pensar dos veces el contratar
a empresas que ofrecen “borrar el pasado” aunque
éste tenga que ver con fraudes o corrupción. “Ne-
cesitamos memoria”, escribió en Twitter el cate-
drático de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Raúl Trejo Delarbre.
¿Quién si tiene derecho al olvido? Las víctimas
de un crimen; aquellos que en defensa de sus de-
rechos humanos piden que se retiren fotografías,
datos o hechos que afectan su integridad. Que no
se confunda. El derecho al olvido no es un negocio.
Ya dimos un paso. Gracias a R3D, jóvenes y entu-
siastas abogados educados en el aprendizaje de la
defensa de los derechos humanos ante las nuevas
tendencias tecnológicas.
Por pequeña y humilde que sea una publica-
ción hoy tiene derecho a engarzarse en el gigante
Google para hacer llegar su información y la rele-
vancia la marca el hecho.
La empresa española Eliminalia, por cierto, llegó
a México con la esperanza de usar las resoluciones
del Inai como una palanca para generar un nuevo
mercado: el de la promesa de borrar todos aquellos
CLAUDIA VILLEGAS
EL NEGOCIO
DEL “DERECHO AL OLVIDO”

IQ FINANCIERO OPINIÓN
datos incómodos sin mediar el respeto a la libertad
deexpresiónyelderechodeaccesoalainformación.
En línea con los códigos periodísticos, la ruta
más ética sería la de solicitar a los medios que res-
guardan sus archivos y la información para sus au-
diencias una nueva cobertura o actualización del
caso, si es de interés del personaje hacer saber que
está libre de cargos o que la situación del conﬂicto
ha cambiado. De otra forma, borrar contenidos o
esconder trabajos periodísticos representa un acto
de censura bajo cualquier ángulo.
Mexicanos ahorran 50
por ciento de lo que
necesitan para su retiro
Mientras Petróleos Mexicanos busca, por todos
los medios, convencer a
los trabajadores de esa
empresa productiva a
individualizar sus pen-
siones para ingresar al
sistema de aportaciones
y no de reparto, el siste-
ma de administradoras
de fondos para el retiro (Afores) y la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Con-
sar) sigue con la mira en el ahorro directo para
impedir que fracase este modelo. En la actualidad,
el monto que están ahorrando los mexicanos para
sus pensiones, el 6.5 por ciento, es sólo el 50 por
ciento de lo que se recomienda a nivel internacio-
nal. Con las aportaciones obligatorias patronales,
la aportación de un trabajador a su Afore puede
llegar al 11.5 por ciento. El problema es que el
ahorro promedio es de 7.2 por ciento mientras la
recomendación internacional es estar básicamente
al doble, entre el 12 y 15 por ciento.
En el sistema mexicano de pensiones, la cober-
tura es el otro reto: más de la mitad de la población
en México sigue laborando sin estar afiliados a los
institutos de seguridad social, es decir, sin contar
con la cobertura de ley en materia de salud, pen-
siones y vivienda. El sistema de pensiones tiene ese
reto. Estas dos variables están más allá de la com-
petencia también de las Afores, es decir, estos in-
termediarios no pueden cambiar la ley a voluntad
ni inducir a que los trabajadores se afilien o que
los patrones afilien a sus trabajadores. Por ahora, el
desafío es convencer a los trabajadores mexicanos
que aporten más y mejor.
ICA, quiere recuperar
mercado
La constructora ICA espera, por supuesto, los
resultados de las licitaciones para el Nuevo Ae-
ropuerto de la Ciudad de México. Se trata de la
constructora con mayor experiencia en este sector
porque ha construido gran parte de las pistas más
importantes de aeropuertos en el país. ICA, sin em-
bargo, enfrenta una gran competencia por parte de
empresas extrajeras que van por los jugosos con-
tratos que se otorgarán directamente. ICA también
revisa minuciosamen-
te sus obras y posibles
contractos en ciudades
de Veracruz en donde
se prevé un resurgi-
miento de los contratos
vinculados con el sector
petrolero.
Audi y su apuesta
por Puebla
El presidente para México de Audi, Walter Ha-
nek, está a punto de dar el banderazo de salida para la
operación de la planta de esta empresa en Puebla.
Para Hanek, el episodio de un supuesto fraude por
10millonesdepesosqueinvolucraríanacuerdossin-
dicales no tiene importancia mientras se resuelvan
satisfactoriamente para no afectar el inicio de la pro-
ducción de los autos que se venderán y exportarán
desde el mercado mexicano. Audi tiene en México,
según Hanek, la operación más importante para
América Latina y, definitivamente, se apoyarán en
la experiencia de Volkswagen en esa ciudad. A dife-
renciadeKIA,larelacióndelosejecutivosalemanes
de Audi con el gobierno de Puebla si bien, no ha
estado libre de problemas, ha caminado de una ma-
nera más ordenada y productiva.
Borrar contenidos o esconder trabajos
periodísticos representa un acto de cen-
sura, incluso cuando se alega el llamado
derecho al olvido
Borrar contenidos o esconder trabajos
derecho al olvido

ARTÍCULOOPINIÓN
C
ausa risa lo que le pasa al presidente En-
rique Peña. Pero más risa causa como se
empeña en justificar todo lo que sucede en
la actual administración gubernamental sin el me-
nor argumento que convenza a la sociedad. Sería
muy complicado hacer una evaluación total de los
eventos, pero sí es factible analizar algunos de ellos
que son importantes.
En los meses de julio y agosto se han suscitado
situaciones que pueden ser graves; por ejemplo,
el anuncio del recorte al gasto público por 30 mil
millones de pesos, y se le echó la culpa al llamado
Brexit. Cono lo expresé en el artículo “Bendito Bre-
xit”, no ha pasado nada.
También se anunciaron incrementos a la ga-
solina y a le energía eléctrica, cuando habían sos-
tenido que se presentarían disminuciones en las
tarifas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía trató de borrar de un plumazo a 11 millones de
pobres, con el pretexto de que instrumentaría una
nueva metodología.
Se informó que en el segundo trimestre el pro-
ducto interno bruto (PIB), registró una tasa de cre-
cimiento negativa.
El 23 de agosto se anunció una reducción de
las expectativas del crecimiento del PIB, de 2.6 a
3.6 por ciento fijados al inicio del año, a 2.2-2.6
por ciento. Como ha sido su costumbre, le echan
la culpa a los factores externos.
En el mismo mes se dio a conocer la encuesta
que mide la credibilidad de la sociedad en su pre-
sidente. El resultado no puede ser más que fatal, al
registrar que sólo el 29 por ciento de los mexica-
nos lo aprueba.
En agosto también lo acusaron de haber in-
currido en plagio cuando presentó su tesis de li-
cenciatura. El secretario de Educación Pública y
el vocero de la Presidencia salieron ha desmentir
esa información. Académicamente es un delito
grave que amerita quitarle el título, pero como
es el presidente no creo que la Universidad en la
que presentó la tesis [la Panamericana] se atreva a
hacerlo, aun cuando tenga todas las pruebas habi-
das y por haber. Cuando fuimos alumnos no nos
permitían plagiar un solo párrafo. Ahora, como
docente, es una obligación revisar párrafo por pá-
rrafo para que eso no suceda.
Ahondando un poco más en el tema económi-
co, a finales de 2013 –cuando logró, con la com-
plicidad del Congreso de la Unión, que se apro-
baran las reformas estructurales– el presidente se
ufanó y señaló en varios discursos, es decir cacareó
el huevo, que ahora sí México estaba listo para lo-
grar un desarrollo económico que permitiera a
la población incrementar su nivel de vida. Ello
porque se tendrían salarios competitivos. Además
pronosticaba una disminución de costos de los
combustibles y de la energía eléctrica. Dos años y
medio después, los salarios competitivos se iguala-
ron al salario mínimo y los combustibles tuvieron
un incremento en sus tarifas. Las reformas no han
funcionado.
A raíz de las reformas estructurales, el 5 de fe-
brero de 2014 en su discurso en Querétaro, Peña
se ufanó de que la calificadora Moody’s aumen-
tara la calificación de la deuda soberana. Por tal
motivo escribí en esta prestigiada revista un artí-
culo titulado “Aplaudiendo a Moody’s”, y en ese
entonces argumenté que era muy arriesgado que
una calificadora se atreviera a subir la calificación,
considerando que las reformas serían un éxito.
También argumenté que las otras dos calificado-
ras –Fitch y Estandar & Poors– no habían hecho
ÓSCAR ENRIQUE DÍAZ SANTOS, DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNAMY ESPECIALISTA
EN GASTO PÚBLICOY PRESUPUESTO
UNA TRAS OTRA

ARTÍCULO OPINIÓN
lo mismo. El tiempo me dio la razón, pues el 23 de
agosto de 2016, Moody’s redujo su calificación de
la deuda de positiva a negativa, a lo cual se sumó
Estandar & Poors.
A finales de 2014, se suscitó el escándalo de la
llamada casa blanca. El presidente expresó en uno
de sus discursos que la corrupción estaba domada
por el Sistema Anticorrupción. Entonces escribí el
artículo “¿La corrupción está domada?”, en el cual
argumenté que prácticamente era un show monta-
do por el mismo presidente para que el entonces
secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade,
lo exculpara en agosto de 2015, es más 1 día an-
tes la Función Pública publicó el Código de Ética.
Para ello el presidente públicamente en un nuevo
discurso pidió disculpas. Pedir disculpas es que
algo hizo más y quiere que le quiten las culpas. In-
sistió en las disculpas cuando Joaquín López Dóri-
ga le hizo una entrevista en agosto pasado.
En 2015, el presidente realizó una visita de
Estado al Reino Unido. Son importantes las visitas
de Estado porque se abren y consolidan las rela-
ciones diplomáticas y todo presidente tiene que
cumplir con esta facultad. Sin embargo, el proble-
ma no fue que cumpliera con esta visita, sino que
el problema fue que fletara un avión con 200 invi-
tados, incluyendo a sus familiares y a familiares y
amigos de su esposa.
Como el presidente ha puesto la muestra, tam-
bién sus colaboradores han hecho lo mismo. Fi-
nalmente, para muestra basta un botón.
Junto con el escándalo de la casa blanca tam-
bién se abrió el caso de la casa de Malinalco que
adquirió Luis Videgaray al Grupo Higa, y como
su jefe lo hizo, también él fue exonerado de toda
culpa por Virgilio Andrade.
A principios de 2016 se filtró un video donde
polícias federales y miembros del Ejército Mexi-
cano torturaban a una presunta delincuente. Ni
tardos ni perezosos, el secretario de la Defensa Na-
cional, general Salvador Cienfuegos; el comisiona-
do Nacional de Seguridad Sales Heredia, y el se-
cretario de Gobernación, en sendos actos pidieron
disculpas. Nada raro su jefe también había pedido
disculpas antes, aunque no por el mismo motivo.
En el mes de agosto se celebraron los juegos
olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. El titular de la
Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física,
Alfredo Castillo, cometió la “imprudencia” –así lo
expresó él con Carlos Loret de Mola– de haber
acreditado a su pareja sentimental y a otros invi-
tados. Claro que aunque él dijo que había puesto
la renuncia en la mesa, aunque aclaró que lo hizo
cuando tomó posición del cargo y no ahora, es ob-
vio que no lo van a renunciar. El presidente lo hizo
peor en su viaje al Reino Unido.
Bueno, insisto que estamos ante un gobierno in-
capaz de dar resultados, un gobierno mentiroso y lo
peor de todo ante un gobierno corrupto, empezan-
do por el presidente Enrique Peña Nieto.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
D
ice el vocero presidencial Eduardo Sán-
chez, quien trabajó en MVS, que en la
Presidencia de la República es bienve-
nida la crítica. Declaración alentadora no obs-
tante que en los cambios televisivos vemos que
esa forma de plantear los asuntos del país conti-
núa ausente en los nuevos servicios informativos
y hasta de entretenimiento. ¿Será que los due-
ños de los medios no oyen a los funcionarios de
alto nivel? Lo dudamos.
Carmen Aristegui alertó en su portal, antes
del domingo 21 de agosto, que daría una noticia
muy importante, la cual, obviamente, conmo-
cionaría el mundo político. A las 10 de la noche
de ese séptimo día,
supimos que el enton-
ces estudiante de la
Universidad Paname-
ricana, Enrique Peña
Nieto (25 años), había
presentado su tesis de
licenciatura, titulada:
El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, la cual
consta de 200 páginas y 682 párrafos. Empe-
ro, el 30 por ciento de lo expuesto es un plagio,
ya que se citan diez autores sin darles crédito,
entrecomillar sus aportaciones ni nombrarlos a
pie de página.
Algunos esperaban algo más espectacular.
Aunque la noticia trajo, entre otros, dos resulta-
dos: hizo que el inicio a clases tan esperado por
el conﬂicto con la CNTE (Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación) pasara
a un lugar secundario, y otro, los reformados
noticiarios de Televisa.
Dice bien Elisa Alanís (Televisión El Univer-
sal, 23 de agosto), Carmen les ganó la partida
en redes sociales a todos. Y no debemos olvi-
dar que los cambios en las televisoras, incluida
TV UNAM, ahora buscan como prioridad las
repercusiones en ese nuevo instrumento que si
bien no tiene la penetración que debiera, ya que
el 50 por ciento de la población no cuenta con
acceso a internet, la clase media -con un poten-
cial económico y político importante- la utiliza
ampliamente.
La mayoría de los periódicos ignoró el men-
saje de Carmen –Carlos Loret en su Despierta se
refirió al asunto y únicamente dio voz a Aurelio
Nuño y sólo reprodujo el de Eduardo Sánchez-,
pero sus repercusiones
fueron evidentes y en
la prensa internacio-
nal innegables. Así
pues, quien ganó la
partida, de todas to-
das, fue Carmen. Sólo
algunos descalificaron
su investigación (Marco Levario, entre otros).
Incluso Gil Gamés que motejó como “oráculo”
a la periodista, señaló que con este nuevo asun-
to se pone en duda la credibilidad presidencial
(Milenio, 23 de agosto).
Para Enrique Krauze –uno de los incluidos
en la lista de 10 reproducidos sin crédito–, el
trabajo académico de Peña Nieto fue “irrespon-
sable” y los párrafos no citados debidamente
son algo “considerable e inadmisible”, no como
pretenden sus voceros “errores de estilo”.
Recordemos, por ejemplo, que a varios doc-
tores en universidades del mundo se les ha qui-
tado el grado por el engaño. También que hace
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
Uno de los autores plagiados en la te-
sis de licenciatura del presidente, el doctor
López Villafañe, puso en duda la excelen-
cia de la Universidad Panamericana
Uno de los autores plagiados en la te-
cia de la Universidad Panamericana
BIENVENIDA
LA CRÍTICA

ARTÍCULO OPINIÓN
tiempo la Universidad Panamericana invitó al
Ejecutivo y luego difirió su presencia sin dar ex-
plicaciones. Hace poco fue Rosario Robles a esa
institución sin mayor aviso.
Uno de los autores fusilados, el doctor Víctor
López Villafañe, puso en duda la excelencia de
la Universidad Panamericana, ligada al Opus
Dei. Fue categórico: Yo creo que Peña Nieto
no leyó los 10 libros que son parte de la contro-
versia y aventuró que la tesis alguien se la hizo.
Ello rememorando que en la famosa FIL de
Guadalajara únicamente el presidente recordó
entre autores y libros, la Biblia (Aristegui Noti-
cias, 23 de agosto).
Para el especialista en educación y maestro
del Colegio de México, Manuel Gil Antón, se
le debe retirar el título a EPN y la SEP debe
intervenir en el asunto, algo que no conmovió
en lo más mínimo a Aurelio Nuño. Incluso Ma-
nuel dijo que no se trataba de un error de estilo
y no había “robo más infame” que el acadé-
mico. Agregó Gil Antón: después de esto Peña
Nieto no tiene calidad moral para impulsar la
Reforma Educativa (Aristegui Noticias, ídem).
Y es que el 22 de agosto, al inaugurar los
cursos en una escuela del estado de México
-como siempre-, Peña Nieto dijo que no habrá
diálogo con la CNTE y que la reforma educati-
va no se modificará, no obstante las críticas que
se han realizado, incluso por parte del INEE.
Los caricaturistas se dieron vuelo al respec-
to.
Rocha presentó en bermudas y con una ma-
leta en la mano a Alfredo Castillo, y un ciuda-
dano le preguntaba a Nuño: “Y a este cuate no
lo piensan evaluar” (La Jornada, 23 de agosto).
El Fisgón señalaba otro pla-
gio: la reforma educativa que
dictaron el “BID” y demás
organismos internacionales,
(ídem).
Rapé (Milenio 23 de agosto)
sentenció: “Esto es México,
güey”. Rictus (Reforma, 23
de agosto) ironizaba que Peña
Nieto iba a hacer Copy Paste
en su cuarto informe de go-
bierno, respecto a lo que se le
debía enterar a la nación.
En síntesis, luego de la
Casa Blanca, el nombramien-
to del famoso Virgilio Andra-
de, el pago del predial en Mia-
mi a favor de Angélica Rivera,
llega otra tormenta peor que
Earl y Javier al pequeño e in-
accesible mundo de Los Pinos.
Algunos como Álvaro Cue-
va (Milenio, Surtido Rico, 23 de
agosto) llaman “venganza” a
lo de Carmen Aristegui. Aunque estamos ante
una información veraz que descubre, nueva-
mente, las transas y los secretos del que antaño
fuera “El Señor del Gran Poder”, y hoy es uno
de los grillos peor evaluados en el mundo. Pa-
radojas de la vida. O parajodas, como dicen hace
tiempo.
Por cierto, el alumno de la Universidad Pa-
namericana, Guillermo Luna, lanzó una inicia-
tiva en Change Org., pidiendo que se le quite el
título a Peña Nieto. Han firmado hasta el mo-
mento 75 mil ciudadanos.
MIGUELGALINDO

ARTÍCULOOPINIÓN
N
ueva York, Estados Unidos. Los medios
de comunicación recurren cada vez más
a periodistas autónomos por lo que tienen
la responsabilidad de garantizarles un entorno de
trabajo seguro, sobre todo cuando reportan desde
zonas azotadas por la guerra.
Desde la ola de levantamientos populares
en Medio Oriente y el Norte de África conocida
como primavera árabe (2010-2013) y el estallido
de la guerra civil de Siria (2011), las y los periodis-
tas corren un riesgo cada vez mayor de secuestro,
encarcelamiento y, en última instancia, asesinato.
Esta situación afecta no sólo a los trabajadores en
lo individual, sino al periodismo en términos más
generales.
En febrero de 2015 varias organizaciones, como
Freelance Frontline Register (FFR) y el Comité de
Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en in-
glés), junto con importantes organizaciones y redes
de noticias, presentaron la Alianza ACOS (Una
cultura de seguridad) con el fin de incorporar prác-
ticas de seguridad en el sector noticiero y brindar
acceso a las herramientas que las y los periodistas
autónomos requieren para informar de manera se-
gura.
“Nos dimos cuenta de que la situación actual no
era sostenible y que no era buena… para nadie”,
expresa Emma Beals, periodista independiente y
miembro de la dirección de FFR.
“Cuando somos autónomos todo siempre se
reduce al dinero. Se pagan 10 dólares por fotogra-
fías de zonas en guerra. Hay que molestar durante
semanas y meses para que te paguen, o que las em-
presas de noticias se nieguen a pagarte el seguro”,
comenta Beals en diálogo con IPS.
El pago a los periodistas independientes y loca-
les es importante, ya que también afecta a su segu-
ridad, según Courtney Radsch, del CPJ.
“Hay un sinfín de historias de trabajadores in-
dependientes que deben negociar para conseguir
equipos de seguridad, un buen traductor o un ve-
hículo blindado… Así que las empresas de noticias
tienen la responsabilidad moral de tratarlos de la
misma manera que tratarían a su propio personal”,
afirma Radsch.
“Una remuneración justa debería tener en
cuenta los costos adicionales cuando trabajas en el
exterior, como la seguridad, la formación especial
y los equipos. Pero si tu cliente no te paga rápida-
mente, entonces tienes que financiarte los gastos de
antemano por tu cuenta. Esto significa que tendrás
menos dinero para gastar en tu próxima nota, lo
que te hace menos segura”, explica Beals.
Otros aspectos que deben considerarse son los
riesgos para acceder a la información y la asistencia
jurídica y de otro tipo que se brindará cuando las
cosas se complican, añade.
En contraste con el personal fijo, que es enviado
por su propio redactor, los trabajadores indepen-
dientes no reciben la misma asistencia.
“Esos casos se resuelven a menudo mucho más
rápido y de una manera menos estricta. Mientras
que en el caso de los trabajadores independientes
son la familia y los amigos que tienen que resolver
qué hacer a continuación, mientras las cosas se
complican rápidamente”, destaca Beals.
Más de 85 organizaciones se sumaron a la
Alianza ACOS y dieron su apoyo a 14 principios
de seguridad de los periodistas independientes.
“Las prácticas de seguridad son responsabilidad
de todas las partes involucradas. Es importante ase-
gurarse de que las personas puedan aplicarlas, por-
que para algunas empresas de noticias se trata de
una nueva forma de trabajar. Esto ayudará a todos
VALENTINA IERI, INTER PRESS SERVICE
LOS PELIGROS QUE CORREN
LOS PERIODISTAS AUTÓNOMOS

ARTÍCULO OPINIÓN
con quienes trabajan, no solo a
los trabajadores independientes
“, subraya Beals.
En respuesta, algunos medios
de noticias decidieron dejar de
aceptar contenidos independien-
tes de lugares peligrosos y que no
fueran solicitados por las empre-
sas.
“Dado que los peligros del
periodismo parecen ser superio-
res a los beneficios del uso del
contenido independiente, mu-
chas organizaciones de noticias,
como AFP, comienzan a dejar de
aceptar el material con conteni-
do no solicitado”, según Radsch.
El objetivo de la Alianza
ACOS es la creación gradual
de una red de seguridad para las
y los periodistas y empresas de
noticias de todo el mundo, pero
sobre todo en los países de gran
peligro, como Afganistán, Irak,
Pakistán y Siria.
“Va a tomar tiempo y requie-
re un cambio cultural en el sector
de los medios. Pero si se puede
conseguir esas organizaciones
que comenzaron a hacer esto
con sus propios empleados, en-
tonces se las puede utilizar para
defender esta idea entre sus colegas”, observa Beals.
El sector de las noticias experimentó grandes
cambios en los últimos 20 años. “No se trata sólo
de que las compañías de medios tradicionales, que
solían tratar bien a su personal, ahora ya no lo ha-
gan. Desde el conflicto civil de Siria las guerras son
más sombrías y difíciles de cubrir, con fuertes re-
percusiones para la seguridad de los autónomos”,
dice Beals.
“Antes había menos periódicos, canales de te-
levisión y revistas, y había más dinero. Ahora hay
tantos medios, que quizás no tengan el mismo nivel
de financiamiento. Por lo tanto, se puede producir
una gran cantidad de material periodístico, pero no
a todos se nos paga bien por él”, se queja.
Antes “las guerras eran menos accesibles y sólo
los periodistas asignados y sumamente acreditados
tenían la posibilidad de cruzar las líneas de comba-
te. Pero la primavera árabe cambió todo eso, lo que
hace que las cosas sean más accesibles”, afirma.
Además, los cambios tecnológicos han reconfi-
gurado las relaciones de poder tradicionales entre
los periodistas y las élites políticas y económicas,
asegura Radsch.
Los periodistas ya no ocupan un lugar de pri-
vilegio dado que los poderosos pueden dirigir su
mensaje directamente al público. Asimismo, hay
más personas capaces de realizar actos de perio-
dismo, a menudo sin la experiencia o la formación
que alguien que trabaja para un medio de comuni-
cación puede tener, añade. (Traducido por Álvaro
Queiruga).
CECILIAMARTÍNEZY123RF

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a Habana, Cuba. El Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica (TPP por
su sigla en inglés), firmado entre 12 países
de la Cuenca del Pacífico, excepto China, tiene
ante sí un muro de oposición política en el Con-
greso de Estados Unidos.
Hasta hace poco parecía tener la aprobación
garantizada en el legislativo estadunidense, pero
recientemente el presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Paul Ryan, afirmó que el recinto no
someterá este año a votación el TPP.
Sobre el tema respondió en una entrevista ra-
dial que “ni siquiera tenemos los votos para ha-
cerlo. No veo cómo habría de hacerse, porque el
presidente Barack Obama tendría que cambiar
el TPP en forma sustancial y no veo que eso vaya
a suceder”.
El tratado fue impulsado por Obama, pero
hoy su futuro es incierto después de que tanto Do-
nald Trump como Hillary Clinton, candidatos a
la Presidencia, están ahora en una línea contraria
a ese tipo de pactos de libre comercio.
Los líderes parlamentarios reiteraron que no
emitirían voto sobre el tratado hasta que pasen
las elecciones de noviembre, pero las declaracio-
nes de Ryan parecen descartar incluso esa posi-
bilidad.
Para Obama se trata de no tirar la toalla
mientras valora las ventajas de un sistema mul-
tilateral de acuerdos inventado por Estados Uni-
dos después de la II Guerra Mundial, por lo que
prometió un último intento para ratificar el TPP
en el periodo de sesiones del Congreso que acaba
con su salida de la Presidencia (el 20 de enero de
2017).
“Somos parte de una economía global. No va-
mos a ir hacia atrás en eso”, dijo Obama, quien
tiene al TPP en la primera línea de su lista de
tareas, con unos 30 actos planificados en el país
para persuadir a los legisladores indecisos.
El experto en comercio en el Consejo de Rela-
ciones Exteriores en Washington, Edward Alden,
asegura que muchos ven este trance como parte
de la “teoría de la bicicleta” de acuerdos comer-
ciales: el tren tiene que seguir hacia adelante o
todo se vendrá abajo.
Sin embargo, señala que se trata más bien del
reto alternativo planteado por China, que busca
su propio acuerdo con los participantes del TPP
si Estados Unidos no puede cumplir su promesa.
Alden plantea que “a China le gustaría ver un
conjunto de regulaciones comerciales muy dife-
rentes. Si el TPP falla, el resto de países en Asia no
tendrán más remedio que ir en la dirección en la
que China se mueva. La ironía de todo esto es que
oponerse al TPP probablemente favorezca más a
China”.
De ahí que para la Casa Blanca, ésta es la
mayor razón de mantener la batalla a favor del
TPP, para impedir que Pekín asuma el control del
comercio en Asia, y por consiguiente el dominio
político y de seguridad de la región, y con ello des-
plazar a Estados Unidos.
El fracaso, según los expertos, podría deterio-
rar la credibilidad del país en todos los frentes,
desde el comercio hasta su compromiso con una
zona cuya seguridad ha sido apuntalada por Was-
hington desde mediados del siglo pasado.
“Por la sencilla razón de que Estados Unidos
ha invertido tanto en él, el acuerdo adquiere una
especie de valor totalizador que va mucho más allá
de sus méritos económicos”, dice Euan Graham,
exfuncionario de cancillería del Reino Unido que
estudia la seguridad regional en el Instituto Lowy
CIRA RODRÍGUEZ CÉSAR, PRENSA LATINA
TPP,
¿PODER POLÍTICO O ECONÓMICO?

ARTÍCULO OPINIÓN
de Política Internacional, en Sídney.
Este analista está convencido que dejar a los
socios asiáticos en el aire sería desastroso para el
liderazgo estadunidense en la región, pero dicho
argumento no está ayudando a ganar el voto del
Congreso, donde la mayoría de los demócratas se
opone al acuerdo y los legisladores republicanos
que por años lo defendieron dejaron de hacerlo.
Tras casi 7 años de conversaciones, el TPP con-
centrará a 12 economías (Estados Unidos, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chi-
le, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam) y
es considerado una señal de la importancia de la
zona Asia-Pacífico, que cubre el 40 por ciento de
la economía mundial.
El nuevo bloque comercial abarca 800 millo-
nes de personas y sus impulsores estiman que el
acuerdo puede aumentar la actividad económica
mundial en 200 mil millones de dólares anuales.
Dicha alianza establece un área de comercio
que reducirá las trabas en los flujos económicos
al liberar más de 18 mil impuestos con los que
diversos países gravan los productos estaduniden-
ses y representa el mayor acuerdo comercial de la
historia cuya materialización podría remodelar las
industrias e influir el precio de los alimentos de
consumo, según los especialistas.
Actualmente el TPP es objeto de polémicas y
protestas, además de no conferirle justeza al consi-
derarse una consolidación del poder y un peligro
para la economía global.
Si bien ya es calificado como el mayor tratado
comercial del mundo en los últimos 20 años, va-
rios grupos se oponen al acuerdo, entre ellos los
sindicatos de algunos países pactantes y asociacio-
nes medioambientales por el secretismo en que se
concretaron sus cláusulas, y por la fragmentación
de algunos aspectos y beneficios como los referen-
tes a los monopolios en la industrias farmacéutica
y automotriz.
Sin embargo, durante las negocia-
ciones los países firmantes trataron de
eliminar las barreras al comercio, in-
cluidas las leyes que garantizan la se-
guridad alimentaria, la protección de la
agricultura y la privacidad de la infor-
mación de los ciudadanos.
Frente a este escenario, China, que
no forma parte del acuerdo, negocia un
tratado por separado en Asia, mediante
el cual podría otorgarse más préstamos
regionales a través de un nuevo banco y
un fondo de 40 mil millones de dólares
para la llamada Ruta de la Seda.
Sobre esa base, algunos especialis-
tas afirman que Washington exagera
al presentar al TPP como una cuestión
de vida o muerte para saber cuál de las
dos potencias será la que establezca las
reglas del comercio mundial.
Al respecto, argumentan que la pro-
puesta china no crea nuevos marcos comerciales
y propicia un ejercicio convencional de reducción
de aranceles, y es menos ambicioso y hegemónico
que el TPP, por lo que advierten que no son mu-
tuamente excluyentes pues las naciones asiáticas
siempre tuvieron la intención de unirse a las dos
variantes.
Pero la realidad de hoy es que dicho tratado
está en terreno movedizo porque en su diseño
prevalecen los elementos políticos por encima de
los económicos, lo cual es considerado por mu-
chos como una apuesta geopolítica del presidente
Obama.
DAVIDMANRIQUE

INVESTIGACIÓN PORTADA
“TERRORISTAS”
LOS ENEMIGOS
DE ESTADOS
UNIDOS
EN MÉXICO

INVESTIGACIÓNPORTADA
México podría ser escenario
de un “atentado terrorista”,
o de preparación de alguno
con armas de destrucción
masiva, señala la Agenda
Nacional de Riesgos. Con
ello, el Cisen justifica el
seguimiento a musulmanes,
vascos y militantes de
izquierda
E
n lo que va del sexenio de Enrique Peña
Nieto,una de las principales preocupaciones
de los entes encargados de la “seguridad na-
cional” ha sido la probable presencia en territorio
mexicano de grupos considerados como “terro-
ristas” por Estados Unidos y sus aliados, revela la
Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por las ins-
tancias del Consejo de Seguridad Nacional del go-
bierno federal y a la cual Contralínea tuvo acceso.
En un contexto de “dimensión internacional
de terrorismo”, México ocupa un punto estratégi-
co dada la estrecha relación (económica, política y
territorial) con Estados Unidos.
El capítulo bicéfalo, nombrado en la versión
2013 del documento “Terrorismo y Armas de
Destrucción Masiva” y después, en las versiones
de 2014 y 2015, “Terrorismo y Armas No Con-
vencionales”, revela que este tema fue la mayor
inquietud en materia de “seguridad nacional” del
gobierno priísta en su primer año en Los Pinos.
Entonces lo ubicó como primera prioridad y lo
clasificó con el número 4,correspondiente al nivel
MAURICIO ROMERO, @mauricio_contra
CECILIAMARTÍNEZ

de riesgo “alto”. Para 2014 bajó al décimo puesto,
pero en 2015 regresó a los principales,en el cuarto
lugar.
En general,el Estado mexicano se preocupa de
cinco cosas en materia de “terrorismo”y “armas de
destrucción masiva”, consigna la Agenda Nacional
de Riesgos:
-“Uso del territorio nacional para [el] tránsito
de terroristas en activo”.
-“Financiamiento y logística en el diseño o eje-
cución de algún atentado terrorista desde México,
o incluso en México”.
-“Refugio de personas vinculadas al terroris-
mo”.
-“Reclutamiento de personas para colaborar
directa o indirectamente en la realización de un
acto terrorista”.
-“Adquisición o uso en territorio nacional, de
sustancias y/o materiales por personas vinculadas
al terrorismo, para la elaboración de artefactos ex-
plosivos y armas de destrucción masiva”(sic).
Como las mayores vulnerabilidades –también
consideradas de alto riesgo,número 4–,en la Agenda
NacionaldeRiesgos se anotan la“vecindad de México
conEstadosUnidos,[yla]extensafronteramarítima
y terrestre”,la “porosidad de las fronteras que facilita
la internación y tránsito tanto de personas como de
materiales”,y la“dificultad en la coordinación nacio-
nal para la prevención, detección y respuesta ante el
terrorismo,considerando a las armas de destrucción
masiva y materiales de uso dual”.
Asimismo,el propio gobierno federal reconoce
a la “corrupción de las autoridades”como vulnera-
bilidad (con un nivel de riesgo medio, número 3),
porque“permite la proliferación de redes de tráfico
de personas y delitos conexos”.
Por último, como consecuencia de todo lo an-
terior, pinta cuatro escenarios:
-“Atentado terrorista en México contra inte-
reses de Estados Unidos, propios o de blancos ex-
tranjeros”.
-“Atentado terrorista contra Estados Unidos o
algún socio comercial, utilizando a México como
plataforma logística u operativa (incluido finan-
ciamiento)”.
-“Atentado terrorista contra Estados Unidos o
algún socio comercial, en el que participe directa-
mente algún mexicano”.
-“Cooptación de integrantes de la delincuencia
organizada por terroristas”(sic).
Enemigos de Estados
Unidos, perseguidos
por México
Si Estados Unidos dice que un grupo es “te-
rrorista”, México lo considera y cataloga como tal.
Si Estados Unidos marca a algún país como be-
nefactor de esos grupos, México pone atención en
el “flujo de migrantes irregulares de nacionalidades
de interés”.
“No tenemos una lista de grupos terroristas,
pero compartimos la lista de terroristas que son
buscados por Interpol”,dice en entrevista Gerardo
Rodríguez Sánchez Lara, profesor de terrorismo
y seguridad nacional en el Centro de Estudios del
Ejército y Fuerza Aérea.
123RF
“Atentado terrorista contra Estados Unidos o algún socio comercial, utilizando a México como
plataforma logística u operativa (incluido financiamiento)”, una de las alarmas contenidas en la Agenda

Específicamente, el gobierno sigue el paso de
las personas provenientes de “Afganistán, Bangla-
desh,Eritrea,India,Irak,Paquistán,Somalia,Irán,
Nigeria, Nepal y Ghana”.
“Cuando un extranjero busca ingresar a terri-
torio mexicano y se encuentra en alguna de estas
listas de terroristas, se activan los protocolos de
cooperación internacional. Se activan las políti-
cas migratorias del Estado
mexicano. Esas personas
son detenidas, son reen-
viadas a algún país que las
pueda acoger”, añade Ro-
dríguez, también investi-
gador de la Universidad
de las Américas Puebla.
No obstante el segui-
miento permanente de
las Fuerzas mexicanas y
estadunidenses, “conti-
núa la intención de inmi-
grantes de nacionalidades de interés por ingresar
de manera irregular a México con destino a Es-
tados Unidos; lo que representa el riesgo de in-
greso o tránsito por territorio nacional de alguna
persona vinculada con el terrorismo internacio-
nal”, apunta el documento, cuyo custodio es el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
Tomando como fuente al extinto “grupo Can-
dado”, el documento oficial presenta cifras corres-
pondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012
(hasta abril) de las estaciones migratorias de Ta-
pachula y el entonces Distrito Federal. El “grupo
Candado”fue un mecanismo de Contacto de Alto
Nivel para la Atención a la Delincuencia Organi-
zada (Candado) que funcionó desde 2009 y hasta
el fin del sexenio de Felipe Calderón, integrado
por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la
Secretaría de Marina (Semar), el Cisen y Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la
Procuraduría General de la República.
En esos 3 años y 4 meses, 3 mil 347 personas
fueron detenidas y catalogadas como “inmigrantes
irregulares”,siendo 2010 el año que presentó el ín-
dice más alto, con 1 mil 581 detenciones.
Aun sin contar con órdenes judiciales o siquie-
ra con elementos que relacionen a las personas con
grupos llamados extremistas,la Agenda Nacional de
Riesgos deja claro que la administración federal vi-
gila a partir del origen o la religión.
Entonces, trata como un asunto de seguridad
nacional la “expansión de la población musul-
mana” en el país que, en su opinión, “aumenta el
riesgo de adopción de ex-
presiones de corte radical
y fundamentalista”.
La minucia llega a tal
que grado que se registra
que de 2000 a 2010 “la
población musulmana no
árabe” pasó de 1 mil 500
personas a 3 mil 760. La
distinción de “no árabe”
obedece a que Arabia
Saudita es aliada de Esta-
dos Unidos y, por ende, de
México también.
“Se incrementó más del doble”, alerta, y deta-
lla que el 89 por ciento son hombres, además de
marcar en mapa la ubicación de la única mezquita
y los 14 centros de oración (musallah) asentados
en el país.
Movimientos de
liberación extranjeros,
en la mira
No sólo los enemigos de Estados Unidos son
vigilados y cazados por las corporaciones locales: lo
mismo ocurre con los adversarios de Estados alia-
dos como España y Colombia,específicamente los
integrantes de Euskadi Ta Askatasuna (ETA; País
Vasco y Libertad) y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).
“Los gobiernos mexicanos cooperan con estos
países para detener a estas personas. Cuando la
persona está identificada por los servicios de inte-
ligencia [extranjeros] son detenidos y regresados”,
apunta Gerardo Rodríguez.
Según los entes de seguridad, “existen 39 ob-
jetivos de interés que registran posibles vínculos
Si Estados Unidos indica
que un país es benefactor
de terroristas, México
pone atención en el ﬂujo
de migrantes irregulares
de esa nacionalidadde esa nacionalidad

con integrantes de la organización terrorista ETA,
asentados en 15 estados de la República”.
Las entidades señaladas son Coahuila, Nuevo
León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán,
Estado de México, Ciudad de México, Guerrero,
Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, y “tienen con-
tacto con 23 mexicanos, insertos en ONG’s [or-
ganizaciones no gubernamentales] y la izquierda
mexicana”(sic), agrega la Agenda.
Las tareas de espionaje en contra de indivi-
duos, colectivos y recintos han quedado registra-
das por lo menos en informes elaborados por el
Cisen y publicados en este semanario. Personajes
como Yon de Luisa, expresidente del club de fut-
bol América, o el Centro Vasco han sido sujetos
de la seguimiento (Rogelio Velázquez, “Cisen
persigue en México a la comunidad vasca”, 18 de
diciembre de 2011).
En mancuerna con los servicios extranjeros,
México acecha, atrapa y expulsa a combatientes
catalogados como terroristas por los gobiernos
aliados.
“La policía española siempre ha trabajado en
México”, dice a Contralínea Luis Miguel Ipiña
Doña, exmiembro de ETA radicado en el país
desde hace casi 4 décadas.
Cuenta que ha conocido más de una treinte-
na de casos de detenciones arbitrarias, incluso de
naturalizados, en acciones conjuntas entre las au-
toridades mexicanas y españolas que terminan en
la extradición de facto y cárcel europea.
―¿Sin proceso alguno?
―Nada, nada. Nos agarran, nos llevan al ae-
ropuerto... y pa’ España. Es la policía española la
que señala.
“La Guardia Civil dice a los mexicanos: ‘hay
que detener a fulanito porque ha sido así y así’. Lo
detienen. Y en la prensa sale que han sido vecinos
los que han denunciao que la persona era extranjero
y estaba ilegal [mente].”
Aunque no con el mismo esmero con el que
POSIBLES OBJETIVOS
Además de la embajada, ubicada en la Ciudad de
México, Estados Unidos tiene nueve consulados
dispersos en el país: Ciudad Juárez, Chihuahua; Gua-
dalajara, Jalisco; Hermosillo y Nogales, Sonora; Mata-
moros, y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Mérida, Yucatán;
Monterrey,Nuevo León,yTijuana,Baja California.
También hay formalmente otras cinco oficinas de la
Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por su
sigla en inglés),asentadas en las ciudades de Guadalajara,
Hermosillo,Mazatlán (Sinaloa),Mérida y Monterrey.
Otro punto de interés es la Oficina Binacional de In-
teligencia, abierta durante el mandato de Felipe Calde-
rón y situada en Paseo de la Reforma 265,en la Ciudad
de México. Desde ese lugar, los agentes estadunidenses
–no sólo de la DEA– trabajan sin “ninguna restricción
para realizar operaciones que no están relacionadas con
el combate al narcotráfico y el crimen organizado”(Jesús
Esquivel,Proceso,27 de julio de 2011).
Porsupuesto,losinteresesdeEstadosUnidosenMé-
xico rebasan el tinglado gubernamental. Las empresas y
asociaciones con capital estadunidense están presentes en
cada entidad y región del país.
Símbolos comerciales como Coca-Cola,Ford o Mc-
Donald’s tapizan las calles mexicanas y sus puntos de
venta y distribución se cuentan por cientos en el país.
Pero más allá de las franquicias, el territorio está
invadido por los emporios más grandes de capital es-
tadunidense: Berkshire Hathaway; JPMorgan Chase
(Commercial Bank, Investment Bank, Banca Corpora-
tiva Internacional,Private Bank,Investor Services yTre-
asury Services); Apple; ExxonMobil; Bank of America;
AT&T; Citygroup (Banamex); Verizon Communica-
tions;Wal-Mart; Microsoft; Chevron; Johnson & John-
son; Comcast.
Las primeras 15 firmas colocadas en la lista de las
empresas más grandes de Estados Unidos en 2016, ela-
boradaporSteveSchaesfer(Forbes,juniode2016),están
presentes en el país con oficinas,edificios y “objetivos de
interés”, como advierte la Agenda Nacional de Riesgos.
A ellas deben sumarse las 46 mineras que explotan los
yacimientos mexicanos.
Y cada una podría ser objeto de un atentado.

se menciona al movimiento vasco, las guerrillas
latinoamericanas también son consideradas en la
Agenda Nacional de Riesgos.
“Continúan los apoyos de colectivos mexica-
nos a las causas de las FARC y Sendero Lumi-
noso”. El documento, sin prueba alguna, señala al
Partido Comunista Mexicano como “apoyo”de las
primeras y al Movimiento Estudiantil Revolucio-
nario Internacionalista, del segundo.
Armas de destrucción
masiva, made in México
El Consejo de Seguridad Nacional es conscien-
te de que en México es posible la “adquisición o
uso en territorio nacional de sustancias o mate-
riales por personas vinculadas al terrorismo para
la elaboración de artefactos explosivos y armas de
destrucción masiva”.
Y como la Agenda es de consumo reservado,
los miembros de la administración federal no tie-
nen empacho en admitir por escrito que el nivel
de riesgo,la probabilidad real de que se elabore un
artefacto con sello mexicano, se debe a la “dificul-
tad en la coordinación nacional para la prevención,
detección y respuesta ante el terrorismo, conside-
rando a las armas de destrucción masiva y mate-
riales de uso dual”.
Existen tantos tipos de armas no convencio-
nales como la imaginación y el conocimiento per-
mitan a sus fabricantes. Hay desde apoyadas en
extintores hasta químicas.Y se podrían fabricar en
el país.
“Algunas armas químicas, obviamente no to-
das, pero sí algunas, se pueden elaborar con mate-
rias primas que son de uso común.Por ejemplo,un
gas mostaza se puede hacer con materias primas
que se pueden comprar en una tlapalería”, asienta
el profesor de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) Benjamín Ruiz Loyola.
El académico, miembro de la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ente
perteneciente a la Organización de las Naciones Uni-
La probabilidad real de que se elabore un artefacto con sello mexicano se debe a la “dificultad en la coordinación nacional para la prevención, detección y respuesta ante el terrorismo,
considerando a las armas de destrucción masiva y materiales de uso dual”, admite la Agenda Nacional de Riesgos
123RF

das (ONU), explica que la regulación internacional en
la materia divide en tres a los químicos susceptibles de
ser utilizados como un instrumento destructivo:
-Sustancias que se emplean como armas quí-
micas directamente.
-Precursores directos que prácticamente su úni-
co uso es para la preparación de armas químicas.
-Productos químicos que tienen un uso dual.
Los primeros dos, oficialmente no se consi-
guen en México. El problema de los últimos es
que “pueden servir para cosas buenas o para cosas
malas”.
Por ejemplo, insiste el profesor de la Facultad
de Química de la UNAM, el etilenglicol, aparte
de hacerse gas mostaza con él, “tiene un uso muy
extendido como anticongelante para motores,
además de que es un disolvente de uso industrial
muy extenso”.
Al ser precursores industrializados, su control
se vuelve mucho más complicado, a pesar de que
las empresas que los utilicen tienen la obligación
de enterar a la Secretaría de Gobernación, para
que ésta a su vez lo declare ante la OPAQ. Sin
embargo toda esta información se maneja con el
carácter de confidencial,dada la legislación en ma-
teria de derechos de autor y secreto industrial.
“Con todo y el control de la Convención [sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Al-
macenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción], en la industria mexicana sí
se elaboran algunas de estas sustancias”, asegura el
especialista. Y ello preocupa al gobierno federal, no
obstante de ser primer encargado de controlar el co-
mercio interno de precursores químicos de este tipo.
También “existen reservas de entre 15 mil 571
y 22 mil 700 toneladas de uranio equivalentes,
de las cuales sólo son sujetas a producción entre
8 mil 889 y 11 mil 491 toneladas”, escribe Iván
Campos basándose en un estudio del Centro de
Geociencias de la UNAM (“México, con poten-
cial nuclear”,Excélsior,25 de septiembre de 2012).
Los yacimientos reconocidos por la Secretaría
de Economía –responsable de la energía nuclear–
se encuentran en Chihuahua,Nuevo León,Sonora,
Durango, Oaxaca y Baja California Sur, entidades
con gran presencia del crimen organizado.
México también cuenta con torio, elemento
con el cual se puede producir uranio 2-333, ma-
terial que supuestamente sirve para fabricar armas
nucleares.
Durante el periodo de Felipe Calderón se
anunció la intervención de Estados Unidos y
Canadá en la Planta Nuclear de Laguna Verde
(Veracruz), para que dejara de utilizar uranio alta-
mente enriquecido y sólo trabajara con uranio de
bajo enriquecimiento.
El motivo dado por la administración panista,
en boca del propio Calderón Hinojosa,fue que de
esa forma se reducirían “definitivamente los ries-
gos asociados al tráfico ilícito de materiales nu-
cleares”.
Cuatro años después del anuncio, la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil –ya bajo la
rienda priísta– emitió una alerta importante: una
fuente radiactiva había sido robada en Querétaro.
Y aunque el equipo robado en San Juan del
Río era utilizado para radiografía industrial, las
alarmas federales se prendieron, y ahora remiten
al temor asentado en la Agenda Nacional de Riesgos.
“Con todo y el control de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, en la industria
mexicana sí se elaboran algunas de esas sustancias prohibidas”
123RF

Sin embargo, interna y confidencialmente, el
gobierno de Peña Nieto teme que se den alianzas
entre los cárteles y las asociaciones internacionales;
ve como riesgos reales la “cooptación de integran-
tes de la delincuencia organizada por terroristas”
(sic) y el “reclutamiento de personas para colaborar
directa o indirectamente en la realización de un
acto terrorista”.
“Los países que de-
ciden reconocer que en
su territorio hay grupos
terroristas –continúa Ro-
dríguez Sánchez Lara–,
lo hacen para poder acce-
der a financiamiento in-
ternacional. Por ejemplo,
a Colombia le convenía
para que el Departamen-
to de Estado y el Con-
greso de Estados Unidos
pudieran liberar recursos
financieros para la ayuda contra los movimientos
guerrilleros.”
En este caso, México, por un lado, ha pedi-
do-recibido ayuda al extranjero para “combatir el
narcotráfico”, como lo demuestra el Plan Mérida;
y por el otro, colabora con el mayor silencio posi-
ble con los gobiernos aliados, sobre todo Estados
Unidos.
“Las agencias gubernamentales mexicanas
colaboran bien con las fuerzas de justicia esta-
dunidenses en cuanto a acciones legales contra
personas vinculadas al terrorismo. El gobierno
mexicano está abierto al entrenamiento en materia
de contraterrorismo y la donación de instrumen-
tos”, asienta la administración de Barack Obama
en su último informe anual sobre el terrorismo,
presentado en junio de 2016.
“La cooperación entre los gobiernos estaduni-
dense y mexicano en materia de contraterrorismo
se fortalecieron en 2015”, asegura. Y más después
de los atentados de París.
El informe da cuenta de que en 2015 la Poli-
cía Federal, la Procuraduría General y agentes de
inmigración, “y otras autoridades”, fueron “entre-
nados” por el Departamento de Estado. También
informa del alza en detenciones en la frontera en-
tre México y Guatemala.
Políticade“ojostapados”
Afuera de las paredes gubernamentales,México
no reconoce la presencia en el país de miembros de
los grupos extranjeros denominados como terroris-
tas, mucho menos nacionales, remarca el investiga-
dor Gerardo Rodríguez. Y se debe al temor por el
impacto que ello podría ocasionar en las califica-
ciones de riesgo en mate-
ria financiera, así como la
afectación a la imagen in-
ternacional sobre la estabi-
lidad política local,asevera.
“Entonces, México tie-
ne una doctrina no escri-
ta de no reconocimiento.
Otros países como Francia
han tenido esta política
que han catalogado como
de ojos cerrados,ojos tapados,
en la que no se quiere reco-
nocer que estos fenómenos existen.”
La violencia generalizada en el país y actos
como la colocación de cabezas humanas en es-
pacios públicos o las detonaciones ocurridas en
Michoacán en 2008, han sido enmarcados ofi-
cialmente dentro de los hechos relacionados a la
disputa por el control del narcotráfico y delitos
derivados. Nada más.
“Si bien se han registrado algunos actos ais-
lados que han sido considerados como ‘actos de
terrorismo’, realizados por integrantes de la delin-
cuencia organizada, todavía no se ve afectado [el
país] por la actuación de terroristas sistemáticos
[sic] o por organización [sic] extremistas o radica-
les”, enfatiza en su presentación la Unidad Espe-
cializada en Investigación deTerrorismo,Acopio y
Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la
República (PGR).
Lo más que reconoce públicamente el go-
bierno federal es el “esfuerzo coparticipativo de
diversas áreas gubernamentales encargadas de
la seguridad” y la formación de “un grupo inte-
rinstitucional, conformado con representantes de
diversas dependencias, que sesiona y analiza pe-
riódicamente la información con que se cuenta
respecto de grupos que pudieran realizar este tipo
de actos”.
México no reconoce la
presencia de terroristas,
por temor al impacto en
las calificaciones de riesgo
y la afectación a la imagen
internacionalinternacional

La estrecha relación entre ambos países es pre-
cisamente uno de los factores que ponen en riesgo
al país.
En 2015, en un video el Estado Islámico in-
cluyó a México entre un cúmulo de naciones con-
sideradas como parte de la coalición internacional
enemiga del grupo terrorista.
Aunque ello fue un error, anota Gerardo Ro-
dríguez, pues el país sólo recibió la invitación –la
cual declinó– a asistir a una conferencia en con-
tra del grupo también denominado como Isis o
Daesh.
Sin embargo,tales “amenazas son consideradas
como serias”, dada la cooperación y que “México
históricamente ha importado una parte impor-
tante de la agenda de seguridad internacional de
Estados Unidos”. Aunque no lo haga público.
En el actual sexenio, la única vez que en que
la administración priísta se ha encargado de hacer
público –de publicitar profusamente, incluso– su
interés de combatir al “terrorismo”se dio en 2014,
cuando el Legislativo y la propia Presidencia im-
pulsaron la reforma del Código Penal Federal.
En un contexto de aplicación de las reformas
estructurales, de la expansión de los capitales na-
cionales y extranjeros, de alta tensión social y de
movilizaciones magisteriales,la discusión para mo-
dificar el artículo 139 y elevar el mínimo de pena de
prisión de 5 a 15 años,dejando el máximo de 40,se
basó en la “importancia de luchar contra el terror”.
La reforma fue señalada por algunos legisla-
dores y organizaciones defensoras de derechos
humanos como arma para la criminalización de la
protesta, pues no sólo se enfocó en quienes uti-
licen materiales radiactivos, sino que agregó di-
cho castigo de hasta 4 décadas para quien emplee
“cualquier otro medio violento, intencionalmente
realice actos en contra de bienes o servicios, ya
sean públicos o privados, o bien, en contra de la
integridad física, emocional, o la vida de personas,
que produzcan alarma,temor o terror en la pobla-
ción o en un grupo o sector de ella”.
“Uso del territorio nacional para [el] tránsito de terroristas en activo”, entre las preocupaciones de los aparatos de inteligencia de México
CECILIAMARTÍNEZ

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
A MINERA
CANADIENSE
EXCELLON
ACUSAN EN TRIBUNALES

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Pruebas ofrecidas ante el
Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Sexto, con
sede en Torreón, Coahuila,
evidencian incumplimientos
de contrato pactado por la
minera canadiense Excellon
Resources con habitantes
del ejido La Sierrita de
Galeana, ubicado en el
municipio de Tlahualilo,
Durango
A
4 años de haber iniciado un juicio mer-
cantil contra la minera Excellon Resour-
ces, los habitantes del ejido La Sierrita
de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahua-
lilo, Durango, denuncian que las tierras siguen
explotadas por la empresa canadiense, sin que sus
propietarios reciban beneficio alguno y sin que las
autoridades dicten sentencia.
A las pruebas aportadas por los ejidatarios, se
suman estudios realizados por la Facultad de Quí-
mica de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en los que se documenta la existencia de
contaminantes de alta toxicidad (arsénico y plo-
mo) en el agua que arroja la mina, concepto por el
que se había establecido en el contrato la instala-
ción de una planta tratadora de agua.
Las pruebas del caso están en poder de la ma-
gistrada Marcela Gerardina Ramírez, y la defensa
de los ejidatarios es representada por la organiza-
ción Proyecto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, A.C. (Prodesc), a través de los abo-
gados Alejandra Ancheita Pagaza, Valeria Scorza
ÉRIKA RAMÍREZ, @erika_contra
123RF

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
Rueda, Dante López Santiago, Quetzalli Ramos
Campos y Juan Antonio López Cruz.
López Cruz, coordinador del área de justicia
trasnacional de Prodesc,niega que la empresa haya
cumplido con todas las cláusulas del contrato. En
respuesta a Contralínea,los directivos de la minera
indicaron que la empresa demandó inicialmente
la rescisión del Contrato de Ocupación Tempo-
ral “debido al bloqueo rea-
lizado por integrantes del
ejido La Sierrita, que se
llevó a cabo del 9 de julio
de 2012 al 31 de agosto
del mismo año, pero La
Platosa pudo reanudar sus
operaciones hasta el 16 de
octubre del 2012.
“El bloqueo realiza-
do por los ejidatarios de
la Sierrita no sólo dejó sin
operaciones a La Platosa,
sino que además puso en riesgo la seguridad de los
mineros que se encontraban en las instalaciones de
la mina,porque no se permitió el acceso de los tra-
bajadores encargados de vigilar la seguridad de los
mineros, lo anterior quedó debidamente probado
en el juicio a través de las diversas pruebas pericia-
les ofrecidas por las partes”(edición 497).
Aseguró que Minera Excellon de México ha
dado cabal cumplimiento a todas y cada una de
las cláusulas derivadas del Contrato de Ocupación
Temporal.
La defensa ejidal
Juan Antonio López Cruz, coordinador del
área de justicia trasnacional de Prodesc, expone
que Excellon había incumplido con las cláusulas
antes de la solicitud de recisión,al llevar a cabo ex-
ploración fuera de las 1 mil 100 hectáreas arrenda-
das.Tampoco cumplieron con las cláusulas, como
la instalación de la planta tratadora de agua y la
concesión del acarreo de mineral a los ejidatarios.
Uno de los documentos presentados para do-
cumentar la exploración de Excellon fuera de las
tierras arrendadas, es el expediente 683/12, firma-
do por Esteban Ezquibel Alonso, perito en topo-
grafía con estudios en ingeniería y administración
de los recursos agua-suelo. El documento, con co-
pia en poder de Contralínea, indica que “una vez
determinada la superficie arrendada a la empresa,
se localizó un área de exploración con un barreno
fuera del área arrendada con las siguientes coorde-
nadas: X632327000 Y2871700000”.
El Acta Circunstanciada de Inspección Judi-
cial, bajo el expediente 683/2012, que identifica
a Rocío Ramírez Tala-
mantes como actuaria
adscrita al Tribunal Uni-
tario Agrario, Distrito 6,
indica:“nos encontramos
fuera de las 1 mil 100
hectáreas, se localiza en
el terreno un tubo de
PVC, color blanco, de
aproximadamente diez
centímetros de diámetro,
clavado en el piso o en la
tierra…”.
En este dictamen, coincidió el perito Rodol-
fo Hernández Vélez, que documentó la referencia
geográfica del tubo de PVC, “en terrenos del uso
común del Ejido”.
En respuesta al Punto Nacional de Contacto,
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos, de la Secretaría de Economía, el
entonces representante de la minera,Pablo Fabián
Gurrola Quezada niega que haya arbitrariedades y
responde: “La realización de actividades de explo-
ración minera no autorizada en tierras ejidales”…
“este punto es falso, Minera Excellon, a través de
su representante legal solicitó a la Asamblea Eji-
dal el permiso correspondiente para llevar a cabo
un barreno en tierras ejidales. En su momento di-
cho permiso le fue otorgado a Minera Excellon
de manera verbal por medio de un representante
del Comisariado Ejidal (Daniel Pacheco). Por el
desconocimiento a preceptos básicos de derecho y
en aras de mantener una buena relación con el Eji-
do, Minera Excellon no exigió una respuesta por
escrito, confiando en la palabra del representante
Ejidal”.
Y aunque el representante de la empresa asegu-
ra que le fue asignado el permiso, un documento
de la Asamblea General de Ejidatarios señala que
la resolución al oficio enviado por Pablo Gurrola,
La minera también
incumplió la cláusula que
la obligaba a adquirir e
instalar una planta para
tratar el agua que deja la
minamina

Contralínea 504

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