Contralínea 503

Año 15 • Número 503 • $30
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 29 de agosto de 2016
Externamos nuestro re-
chazo ante la tesis aislada
CCV/2016 publicada el 19
de agosto por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), la
cual plantea que no procede
reponer procesos penales para
investigar actos de tortura
denunciados por la defensa,
a no ser que exista confesión
o “autoincriminación” de la
persona acusada.
En otras palabras, si la
declaración bajo tortura de la
persona acusada no es califi-
cada como confesión; si una
persona es torturada para que
incrimine a otra; o si la tortura
produce cualquier otra prueba
distinta a la autoincrimina-
ción, podrían quedar intactas
las condenas basadas en tales
pruebas ilícitas, según la regla
aprobada por los Ministros
Pardo Rebolledo, Cossío Díaz
y Zaldívar Lelo de Larrea.
Por esta razón, la tesis es
violatoria de la prohibición
absoluta de dar validez a
cualquier prueba obtenida
mediante tortura, reflejada en
la Constitución (“Cualquier
prueba obtenida con violación
de derechos fundamentales
será nula”), el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales
y numerosos tratados interna-
cionales.
El año pasado, el Relator
Especial sobre Tortura de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) recordó las
obligaciones de las autoridades
judiciales bajo diversos trata-
dos ratificados por México,
incluyendo la de excluir “cual-
quier prueba o declaración
respecto de la cual existan
razones para creer que ha sido
obtenida bajo tortura”. La
Corte Interamericana, misma
que actualmente se encuentra
en México a invitación de la
propia SCJN, ha reiterado
que “la regla de exclusión de
pruebas obtenidas mediante
la tortura… ostenta un carác-
ter absoluto e inderogable”,
observando además que “las
declaraciones obtenidas me-
diante coacción no suelen ser
veraces”.
Recordamos que permitir
que las condenas sigan basán-
dose en declaraciones o prue-
bas fabricadas bajo tortura,
significaría frenar desde el ini-
cio el proyecto de transforma-
ción que debería representar
el nuevo sistema penal. En tal
escenario, en vez de mejorar la
calidad de las investigaciones
penales, el país seguiría en un
ciclo vicioso, en el que la poca
capacidad para investigar con-
lleva la falta de esclarecimiento
y sanción de la gran mayoría
de delitos cometidos, así como
la fabricación de culpables me-
diante la tortura, entre otros,
con tal de ocultar el tamaño de
la impunidad.
Por todo lo anterior, hace-
mos un enérgico llamado a la
Primera Sala a modificar su
criterio, aclarando que ningu-
na prueba obtenida mediante
tortura es válida.
Asistencia Legal por los
Derechos Humanos;Asocia-
das por lo Justo;Asociación
de Familiares de Detenidos
Desaparecidos yVíctimas de
Violaciones de Derechos
Humanos en México; Centro
de Derechos Humanos de la
MontañaTlachinollan; Centro
de Derechos Humanos de las
Mujeres; Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
las Casas; Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de
Vitoria; Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez; Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte;
Centro de Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero; Centro de
Justicia para la Paz y el Desa-
rrollo; Ciudadanos en Apoyo
a los Derechos Humanos; Co-
lectivo Contra laTortura y la
Impunidad; Comisión Ciudada-
na de Derechos Humanos del
Noroeste; Comisión Indepen-
diente de Derechos Humanos
de Morelos; Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos;
Comité de Defensa Integral de
Derechos Humanos Gobixha;
Documenta,Análisis y Acción
para la Justicia Social; Equis,
Justicia para las Mujeres; Funda-
ción para el Debido Proceso;
Fundar, Centro de Análisis e
Investigación; I(dh)eas, Litigio
Estratégico en Derechos Hu-
manos; Indignación-Promoción
y Defensa de los Derechos
Humanos; Instituto de Justicia
Procesal Penal; Instituto Mexi-
cano de Derechos Humanos
y Democracia; Instituto para
la Seguridad y la Democracia;
Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos ParaTodas
yTodos
Tanhuato y Nochixtlán,
muestra del enfoque
represivo de seguridad
del Estado mexicano
La grave crisis de derechos
humanos que vive México
corre el riesgo de escalar aún
más, en el contexto de una
estrategia deliberada de ma-
nipulación y encubrimiento
de ejecuciones extrajudiciales
cometidas por policías fede-
rales. Es posible afirmar ello
al observar la existencia de
un claro patrón por parte de
actores oficiales para distor-
sionar en sus declaraciones los
hechos y responsabilizar de los
mismos a las víctimas. De esta
manera se hace evidente la
incapacidad del Estado mexi-
cano para garantizar el acceso
a la justicia a las víctimas y a
la sociedad y, por lo tanto, es
urgente la necesidad de que
instancias internacionales den
certidumbre a las investiga-
ciones de estos y otros casos
graves de violaciones a los
derechos humanos.
Diversos hechos y decla-
raciones ocurridas en los días
anteriores permiten concluir
esto. Cabe destacar entre ellos
la recomendación de la Comi-
sión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre los
hechos de mayo de 2015 en
Tanhuato, Michoacán, por la
documentación de hechos que
habían sido denunciados desde
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
VALIDARÍA CONDENAS BASADAS ENTORTURA
RETROCESO DE LA SCJN:

www.contralinea.com.mx 5
que ocurrieron. Pero también
esta semana se presentaron
ante legisladores “testimonios”
de policías federales que for-
man parte de la estrategia ya
señalada y reconocida por la
CNDH, que en realidad pre-
tenden negar su evidente res-
ponsabilidad en las ejecuciones
extrajudiciales de Nochixtlan.
En un contexto de gran
confrontación social y de cues-
tionamientos a la legitimidad
gubernamental por parte de
importantes sectores de la po-
blación, la recomendación de
la CNDH permite confirmar
desde un organismo público
autónomo una intencionalidad
encubridora en el uso de la in-
fraestructura de comunicación
social de la Comisión Nacional
de Seguridad, lo cual deriva en
la recomendación 14 a dicho
organismo:
“Décima cuarta. Que los
servidores públicos se absten-
gan de hacer declaraciones
públicas sobre la legalidad de
la actuación de las fuerzas de
seguridad en casos que puedan
constituir un uso indebido de
la fuerza, antes de contar con
los resultados de una investiga-
ción, sin demérito del derecho
a la información.”
Estos hechos que por sí
solos resultan sumamente
graves, se ven magnificados
por dos declaraciones oficiales
realizadas esta misma semana.
Por una parte, la respuesta
del Comisionado Nacional
de Seguridad, Renato Sales
Gutiérrez, ante la emisión de
esta recomendación, no esperó
a conocer a fondo la misma,
sino que de inmediato declaró
a la prensa que se habría tra-
tado de un “uso de las armas
(…) necesario y proporcional
ante la agresión real e inmi-
nente y sin derecho, es decir, a
nuestra consideración, se actuó
en legítima defensa”, reinci-
diendo en lo señalado.
Pero es importante recor-
dar que unos días antes de esta
recomendación, el lunes 15 de
agosto, en una entrevista con
Joaquín López Dóriga el pre-
sidente Peña Nieto afirmó: “El
gobierno de la República no
tendrá reparo alguno, no ten-
drá reserva alguna en recurrir
al uso de la fuerza pública para
poner orden y, sobre todo,
para hacer valer el estado de
derecho”. Se refería al conflic-
to con la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), contexto de la
represión en Nochixtlán.
Resulta sumamente pre-
ocupante este contexto de
violencia estatal por lo que
hacemos un llamado al Esta-
do mexicano a privilegiar el
diálogo y a evitar el uso de la
represión. También pedimos a
las instancias internacionales
de derechos humanos con
presencia en México, como
la ONU-DH y la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos que realicen un
monitoreo cercano de la situa-
ción y ofrezcan alternativas al
Estado mexicano para que no
sea ésta quien se investigue a
sí mismo.
Red Nacional de Orga-
nismos Civiles de Derechos
Humanos Todos los Derechos
Para Todas y Todos
Impunidad y
mentiras, a 2 años
de la desaparición de
normalistas rurales
A 2 años de los hechos atro-
ces de Iguala el 26 y 27 de
septiembre del 2014, las
autoridades mexicanas se
han empeñado en sembrar
desconfianza entre los fami-
liares de los normalistas des-
aparecidos y entre la misma
sociedad, a consecuencia de
las pésimas actuaciones de los
funcionarios de la Procuradu-
ría General de la República
(PGR) comandados por To-
más Zerón de Lucio, jefe de
la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría,
artífice de la impresentable
“verdad histórica”. Lo delez-
nable del caso es que buena
parte de los funcionarios
encargados de la investiga-
ción respaldan en los hechos
esta versión, a pesar de que
ha sido desmentida con
bases científicas, tanto por
el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes
(GIEI) como por el Equipo
Argentino de Antropología
Forense (EAAF). La misma
titular de la Procuraduría,
Arely Gómez, en lugar de
resarcir el daño y remover al
funcionario deshonesto, man-
tiene una postura pusilánime
para no trastocar los intereses
siniestros de los grupos de
poder enquistados dentro de
la PGR. Lo reprobable fue la
arremetida que emprendió
el mismo gobierno contra
las y los representantes de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
por haber evidenciado las
graves violaciones que se han
multiplicado en nuestro país
y que permanecen en la im-
punidad.
En las altas esferas del
gobierno es más importante
cultivar la buena imagen de
México en el exterior que
bajarse del pedestal y asumir
un compromiso real con las
víctimas, para llegar a la
verdad y allanar el camino
de la justicia. El trabajo
impecable realizado por el
GIEI puso en entredicho
la buena reputación del
gobierno, que en lugar de
acatar sus recomendaciones
y mantener una postura
abierta y autocrítica, le cerró
las puertas y se negó ampliar
su estancia en México para
contrarrestar la presión
internacional. El acuerdo
final que el Estado mexicano
asumió con la CIDH, de im-
plementar un mecanismo de
seguimiento para garantizar
el cumplimiento de las reco-
mendaciones del GIEI, se ha
estancado por las reticencias
del gobierno a que Comisio-
nadas y Comisionados de la
CIDH y un equipo técnico
que les apoyará en las inves-
tigaciones cuenten con una
mayor presencia en nuestro
país. Se obstinan en restrin-
gir el número de sus visitas, a
reducir el ámbito de su inter-
vención y le apuestan a que
su trabajo no llegue tan lejos
como lo hizo el GIEI.
Ayotzinapa es el ejemplo
de la colusión con el crimen
organizado, el encubrimien-
to y el desdén de las autori-
dades, pero el total del Esta-
do vive en una convulsión y
las causas son estructurales,
se remontan a los tiempos
de la Guerra Sucia y a la
consolidación de los poderes
caciquiles, que han permiti-
do que en Guerrero reine la
impunidad.
Centro de Derechos
Humanos de la Montaña
Tlachinollan
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

CONTENIDO
24
PORTADA
Maestros, defensores de derechos humanos y del
medio ambiente, sindicatos, campesinos, opositores
a megaproyectos, normalistas… “atentan” contra la
seguridad nacional, según la Agenda Nacional de Riesgos
MOVIMIENTOS SOCIALES,
“AMENAZA” PARA EL ESTADO: CISEN
OPINIÓN
NUESTROS LECTORES
OFICIO DE PAPEL AMADO YÁÑEZ BURLA ACCIONES DE LA UIF
Miguel Badillo
DEFENSOR DEL PERIODISTA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
GOBIERNO CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN Álvaro Cepeda Neri
ZONA CERO DE LA GUERRA FRÍA A LAS NARCOGUERRAS Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN SE DERRUMBA EL IMPERIO DEL CHAPO
GUZMÁN Nancy Flores
IQ FINANCIERO ¿QUÉ CLASE DE EMPRESA ES OHL? Claudia Villegas
ARTÍCULOS
TRASFONDO DE LA REFORMA PUNITIVA CONTRA EL MAGISTERIO José
Enrique González Ruiz
MÉXICO Y SUS ETERNIZADOS FRACASOS OLÍMPICOS Martín Esparza Flores
UNA HUMANIDAD CON MILLONES DE NIÑAS Y NIÑOS TORTURADOS
Y ABUSADOS Baher Kamal/IPS
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
503, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2016– es una publica-
ción semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV;
Avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, delegación Co-
yoacán, CP 04100, México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91
94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor respon-
sable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de
derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certi-
ficado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-
1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Cen-
tro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192.
Este número se terminó de imprimir el 26 de agosto de 2016. Dis-
tribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Glo-
ria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México,
DF, teléfono 55 92 08 91.
CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de con-
ciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de
sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesa-
riamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda total-
mente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o
imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Liber-
tad y Expresión, SA de CV.
Circulación certificada por Romay
Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

ANÁLISIS
PETROLERO Los rusos explotarán Chicontepec Fabio Barbosa Cano
ECONÓMICO México: macrodevaluación y caída de los ﬂujos netos de capital Marcos Chávez
EDUCATIVO Michuakani: el derecho testamentario a la educación superior Bertha Dimas
Huacuz
INTERNACIONAL Despliegue militar de Rusia en Irán Valentin Vasilescu/Red Voltaire
42
46
52
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INVESTIGACIÓN
PORTADA Movimientos sociales, “amenaza” para el Estado: Cisen Érika Ramírez
SOCIEDAD El drama de los trabajadores de Oceanografía José Réyez
CIUDAD DE MÉXICO Crecimiento descontrolado Emilio Godoy/IPS
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38
MISCELÁNEO
EX LIBRIS Indígena, mexicano, guerrerense: Ignacio Manuel Altamirano, nuestro
escritor Álvaro Cepeda Neri
SOCIEDAD BETA Aumentan en México las amenazas a teléfonos móviles Gonzalo
Monterrosa
PASO A DESNIVEL Par de burros Miguel Galindo
62
64
66
3832
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DIRECTOR Miguel Badillo
oﬁciodepapel@yahoo.com.mx
COORDINADORES
INFORMACIÓN Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx
EDICIÓN Nancy Flores
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CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
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info@contralinea.com.mx
ECONOMÍA Marcos Chávez
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ARTE Cecilia Martínez
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DISEÑO Miguel Minero
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REDACCIÓN
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DEFENSOR DEL PERIODISTA
Álvaro Cepeda Neri
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Roberto Galindo
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Ilustración
de portada:
Cecilia Martínez

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
L
a Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) ya había
advertido que la crisis de Oceanografía –
cuyo propietario, Amado Yáñez, sigue preso– ge-
neraría cuantiosas pérdidas a Petróleos Mexicanos
(Pemex). El quebranto inicial por el incumplimien-
to de contratos de la naviera privada se había calcu-
lado en 100 millones de pesos, pero al final se elevó
a 864 millones.
Por los problemas que Pemex enfrentó para que
los barcos de Oceanografía cumplieran en tiempo
y forma con los contratos asignados, las recupera-
ciones probables se estimaron en 864 millones de
pesos, según los resultados de las auditorías a diver-
sas áreas de Pemex, practicadas por el órgano fisca-
lizador del Congreso de la Unión.
Sin embargo, el problema se presentó ante el
incumplimiento del pago de las fianzas que contra-
tó Oceanografía con empresas como Afianzadora
Sofimex. En medio del proceso de concurso mer-
cantil de la naviera, se argumentó que las fianzas
no podían proceder a pesar de que barcos como
Caballo Azteca y Oso Goliath seguían en servicio
para Pemex y que los incumplimientos y problemas
asociados estaban respaldados por una garantía.
Antes de que Pemex se transformara en una em-
presa productiva del Estado, la recomendación de
la ASF fue que la petrolera debió blindar sus proce-
sos ante situaciones de fraude, como las que generó
Oceanografía y que detonaron en procesos de inha-
bilitación de la Secretaría de la Función Pública. Fue
precisamenteelincumplimientodeunafianzalaque
inició la crisis en que cayó la empresa de Amado Yá-
ñez al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde prisión, el empresario Yáñez ha defen-
dido su participación en Oceanografía y ha adver-
tido los miles de millones de pesos perdidos por la
intervención del gobierno federal, lo que provocó
además que Pemex perdiera recursos al no apli-
car penas convencionales en el incumplimiento
y fallas en los contratos; Banamex –el banco de
cabecera de la naviera– también enfrentó pérdi-
das millonarias porque dejó de recibir los recursos
de las cuentas por cobrar de Pemex; cientos de
trabajadores de Oceanografía no fueron liquida-
dos y aún exigen su finiquito; los arrendadores de
barcos también tuvieron pérdidas por los fraudes
cometidos por los accionistas Amado Yáñez y
Martín Díaz, éste sobrino del exsecretario de Ha-
cienda, Francisco Gil Díaz.
El fraude de Yáñez y
Martín Díaz
Después de que se decretó la quiebra de Ocea-
nografía y ahora se procede a la liquidación de
bienes, Yáñez presentó ante el juez Tercero de
Distrito en Materia Civil de la Ciudad de Méxi-
co un recurso para solicitar que se deje sin efecto
el aseguramiento de los bienes de Oceanografía,
involucrados en la averiguación UEIORPIFAM/
AP/065/2014, con fecha del 27 de febrero de
2014.
Acostumbrado a la mentira, al chantaje y la
simulación, Yáñez Osuna solicitó por conducto
de sus abogados, que se retire el aseguramiento de
documentos, contabilidad, recursos, bienes mue-
bles e inmuebles de Oceanografía porque, según
él, dicho fraude contra Banamex y Pemex “jamás
se perpetró”. Entre los bienes de Oceanografía
también se menciona un fideicomiso bajo la cus-
AMADO YÁÑEZ
BURLA ACCIONES DE LA UIF
MIGUEL BADILLO

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
todia de Deutsche Bank y en el que, aparentemen-
te, también se resguardan bienes de Oceanografía.
Mediante estrategias legaloides, en los alegatos
ante instancias judiciales Yáñez Osuna sostiene que
no se ha logrado acreditar que Banamex (filial de Ci-
tibank) sufrió un desfalco por 5 mil millones de pesos.
La denuncia contra el empresario Amado Yá-
ñez por fraude en contra de Banamex la inició
Mauro Fernández Rodríguez León, director de
Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), que depende de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por el delito de opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita, es decir
lavado de dinero.
El mismo día en que se presentó la acusación,
también se inició el aseguramiento de bienes de
Oceanografía. Yáñez refiere que la autoridad tam-
bién externó que a su administración y a él mismo
se le investigaban por el delito de delincuencia or-
ganizada.
Durante el trabajo de la UIF –refieren docu-
mentos judiciales– se descubrió la existencia de
una célula criminal organizada por Amado Óscar
Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez, este último
cerebro y director financiero de Oceanografía, rela-
cionado con funcionarios bancarios como Alfonso
Gerardo Ortega Brehm, Emilio Gonzalo Granja-
gout y Erick Cervantes Murillo (empleados y direc-
tivos de Banamex).
Las autoridades de la Secretaría de Hacienda
atribuyeron que dicha “célula delincuencial”, entre
los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014,
operó y se coludió con la finalidad de obtener crédi-
tos para Oceanografía, según el análisis judicial en
poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Primer Circuito. En los alegatos, los abo-
gados de Yáñez sostienen que la Procuraduría Ge-
neral de la República –durante la integración de la
indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo
recabó pruebas “ilícitas”.
Estos procesos fueron promovidos por la de-
fensa de los exfuncionarios de Banamex involu-
crados en el fraude, y ahora fueron retomados
por Yáñez para tratar de demostrar que todo fue
parte de una estrategia del gobierno federal para
despojarlo de Oceanografía y de los contratos de
Pemex.
Hasta ahora, a 2 años de iniciada la investiga-
ción de la UIF, órgano especializado en perseguir
blanqueo de capitales, parece infructuoso el proceso
porque no han podido probar el delito de operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita y delincuen-
cia organizada.
Dichos ilícitos, según los abogados de Amado
Yáñez, fueron conjeturados en una denuncia “sin
relevancia probatoria”, mientras que los delitos fi-
nancieros sometidos a conocimiento judicial “se
han desvanecido contundentemente”, lo que po-
dría provocar la salida de prisión de este empresario
acostumbrado a realizar negocios mediante enga-
ños, fraudes y sobornos a funcionarios petroleros y
bancarios.
Fuente: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

CONTRAPODER
OPINIÓN
L
as políticas económicas públicas, con la
punta de lanza del neoliberalismo que pos-
tula la privatización del sector público que
se inició con Salinas de Gortari en 1988 y ha se-
guido durante 28 años hasta rematar con Peña,
actualmente ataca a la educación pública para
convertirla de gratuita y laica, en otra empresa
privada para formar cuadros en servicios, lo que
con la quiebra intencional de Petróleos Mexicanos
()Pemex y la venta de los yacimientos a inversionis-
tas del monopolio de los energéticos, ha llevado ya
al establecimiento de un gobierno contrario a los
principio fundamentales sancionados por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La raíz de esta metamorfosis está cuando el avila-
camachismo traicionó las conquistas de la Revo-
lución de 1910-1917,
facilitando el triunfo
electorero del Cachorro
Miguel Alemán que
fue amamantado por
la ubre empresarial. Y,
después, por los envia-
dos a estudiar en las
universidades estaduni-
denses, cuando en ellas se filtraban las enseñanzas
del coloquio organizado por Walter Lippman en
1938, donde participaron Friedrich A Hayek y
Ludwing von Mises.
Y 10 años después, en 1947, éstos crearon la
Sociedad Mont Pelerin, para reactivar al liberalis-
mo económico por la vía del neoconservadurismo
que se vistió de neoliberalismo económico. Esto
para postular que el “Estado era el problema”
y el “mercado la solución”; divisas célebres que
hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y
su hijo adoptivo-bastardo: Augusto Pinochet en
1973 con Nixon, quienes pusieron en circulación
a los Chicago Boys para asesorar a los gobiernos de
América Latina. Y en México empezó el conta-
gio en 1982 con Miguel de la Madrid y Salinas.
Éste primero en la Secretaría de Programación y
Presupuesto e inmediatamente después como pre-
sidente con Zedillo y Pedro Aspe. Este proyecto
siguió con Fox y Calderón, para estar rematando
con Peña-Videgaray.
En los últimos 28 años (1988-2016), los forma-
dos en las universidades estadunidenses han ido
interrumpiendo a la Constitución, con contrarre-
formas salidas del Congreso de la Unión, avaladas
por la Suprema Corte como cúpula del Poder Ju-
dicial. Y no sin reacciones políticas desde López
Mateos y Díaz Ordaz (1958-1970): estudiantiles,
campesinas y obreras,
estableciendo, pues, go-
biernos-administra-
ciones, fines políticos,
económicos, educativos
y sociales, contrarios a
la Constitución. Con el
peñismo, ese viraje pos-
rrevolucionario y hacia
la derecha en un escenario de elecciones controla-
das y no pocas veces manipuladas, para afianzar
la democracia representativa con partidos con to-
dos los ismos que han estado, con un toma y daca
por medio de la corrupción y la impunidad, ratifi-
cando el neoliberalismo económico, e impulsando
la privatización de la educación pública para po-
nerla al servicio de esa economía y que “el Estado
deje de entender la educación como un servicio
público” (Pilar Carrera y Eduardo Luque, Nos
quieren más tontos: la escuela según la economía neoliberal,
edición El Viejo Topo, 2016).
EL ESTABLECIMIENTO DE UN GOBIERNO
CONTRARIOALACONSTITUCIÓN
ÁLVARO CEPEDA NERI
El actual gobierno ratiﬁca el neoli-
beralismo económico e impulsa la pri-
vatización de la educación pública para
ponerla al servicio de la economía
El actual gobierno ratiﬁca el neoli-
ponerla al servicio de la economía

CONTRAPODER OPINIÓN
Esto mientras Videgaray continúa dejándole
todo el campo económico a los empresarios, finan-
cieros y enclaves de la globalización en lo que resta
de Pemex que agoniza con el desmantelamiento
peñista, la complicidad sindical y la venta-entrega
de Coldwell de los yacimientos. La nación ha es-
tado acusando el establecimiento de un gobierno
contrario a la Constitución en lo que queda de sus
principios fundamentales. Hay muchos problemas
y conflictos contra esa política económica del neo-
liberalismo. La réplica de los maestros a Nuño y su
encubierta privatización de la educación pública
ha sido oportuna y radical, como respuesta a ese
ataque nuñista, que ha salido con la “novedad”
de su modelo educativo que es más y peor de lo
mismo de la “reforma” laboral, para despedir
maestros y tener en la mira la desaparición de las
escuelas normales rurales.
“Asistimos de esta forma al desarrollo de un
nuevo modelo basado en tres principios: la com-
petitividad, la eficacia y la rentabilidad económi-
ca… para la flexibilidad, es decir, la capacidad de
despedir a los empleados, el incremento de la cri-
minalidad y apuntar a un riesgo no sólo nacional
para la incertidumbre… y despojar al gobierno de
sus poderes en el ámbito de la educación”. Para
conseguir lo anterior: “el sistema escolar público
es uno de los objetivos básicos a destruir”.
Los mexicanos estamos ante la alternativa de
consentir el establecimiento de un gobierno con-
trario a la Constitución o ejercer, hasta sus últi-
mas consecuencias, que: “La soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo
[que] todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste [y que] el pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno”. O
de rendirnos ante la embestida del neoliberalismo
económico y de la derechización política. La alter-
nativa es democracia representativa sin democra-
cia directa o autoritarismo. Con la Constitución o
contra ella.
DAVIDMANRIQUE

ZONA CEROOPINIÓN
S
egún las estimaciones más conservadoras,
desde 2006 más de 100 mil asesinatos en
México han sido cometidos por los grupos
armados de los cárteles del narcotráfico, las cor-
poraciones policiacas de todo nivel y las Fuerzas
Armadas. El número es exponencialmente supe-
rior a las 1 mil muertes en el campo de batalla
con que se declaraba que en un país se libra una
guerra civil.
Y es que, ¿qué es lo que se vive en México?
¿Una guerra? ¿Cuáles son los bandos? El reciente
informe de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos acerca de la masacre que realizó la Po-
licía Federal en Tanhuato, Michoacán, es con-
tundente: los representantes del Estado mexicano
ejecutaron al menos a 22 supuestos delincuentes,
quemaron cuerpos (uno en vida), manipularon
la escena del crimen y torturaron sobrevivientes.
Como bien sabemos los mexicanos, no es un caso
aislado. Las atrocidades que cometen fuerzas del
orden y delincuentes son ahora lastimosamente
parte de la cotidianidad.
Ioan Grillo no tiene duda. “Hablamos de
toda una época histórica de conflictos en la re-
gión”, dice, luego de un sorbo a su latte. Me en-
contré con el periodista británico en una libre-
ría de la Ciudad de México para platicar acerca
de su más reciente libro: Caudillos del crimen. De
la Guerra Fría a las narcoguerras. “La actual guerra
tiene en común con la Guerra Fría que se trata
de un conflicto largo, lleva ya más de 25 años y
parece que durará más tiempo, e implica a mu-
chos países”.
El libro no sólo habla sobre México, pero este
país es la principal referencia para entender el en-
granaje criminal trasnacional que atraviesa todo
el Continente Americano y se desborda prácti-
camente a todos los demás. Grillo se metió a las
entrañas de los Caballeros Templarios, en Mi-
choacán (México); el Comando Rojo (Comando
Vermelho), en las favelas de Río de Janeiro (Bra-
sil); la Shower Posse, de los Tivoli Gardens, en el
Kingston occidental (Jamaica), y las clicas de la
Mara Salvatrucha en los tres países del llamado
Triángulo del Norte (Honduras, El Salvador y
Guatemala).
A Grillo lo motivaban las mismas preguntas:
¿qué es lo que le pasa a Latinoamérica?; ¿está li-
brando una guerra?; ¿quiénes la disputan?; ¿cuá-
les son los motivos?
Lo que encontró fue una serie de terror y
masacres en incontables escenarios de la geogra-
fía latinoamericana. No es que las brutalidades
fueran ajenas a Latinoamérica y el Caribe. Basta
recordar el periodo de la Guerra Fría en el que
cientos de miles que trataron de hacer la Revolu-
ción murieron a manos de militares en México,
todo el Cono Sur, América Central y los países
caribeños.
Pero entonces los bandos eran claros. La gente
moría porque creía que estaba en el lugar moral
correcto: el lado del bien. Unos a favor de la libe-
ración y otros a favor del orden y la tranquilidad.
Esa satisfacción no las dan las actuales guerras cri-
minales. La gente muere masiva y absurdamente.
Y por nada.
Hoy Estados Unidos sigue atizando –con mi-
les de millones de dólares, equipo y capacitación–
una “guerra global” contra las drogas. Pero en los
bares neoyorquinos, los prados estudiantiles de
Berkeley en San Francisco o, incluso, en las tien-
das de El Paso, tranquila y pulcramente se comer-
cia y consume lo que al otro lado de la Frontera
Sur genera caos y muerte.
ZÓSIMO CAMACHO
DE LA GUERRA FRÍA
A LAS NARCOGUERRAS

ZONA CERO OPINIÓN
Los lugares de las matanzas que documen-
ta Grillo (casi todas ocurridas en México) ter-
minan por parecer más campos de exterminio
que escenas de crimen. Sí, más que un asunto
de seguridad pública, se trata de un asunto béli-
co-humanitario. Grillo ejemplifica con el caso de
Irlanda del Norte: el conflicto entre el gobierno
y los paramilitares contra el Ejército Republica-
no Irlandés cobró la vida de 3 mil 500 personas
en 3 décadas. Mientras, apunta en su libro, “el
choque entre cárteles en México reclamó más de
16 mil vidas sólo en 2011; Ciudad Juárez, que
tiene un población menor que Irlanda del Norte,
sufrió más de 3 mil homicidios en un sólo año”.
A pesar de todo
ello, estas guerras
criminales no están
consideradas como
conflictos armados.
Los políticos no
aceptan que se les
llame así. La clave
podría estar en que
al declararse un
conflicto armado, el
gobierno mexicano
tendría que compor-
tarse según los trata-
dos internacionales
sobre conflictos; los
capos y las autori-
dades entrarían en
la jurisdicción de la
Corte Penal Inter-
nacional; se declararían zonas de guerra; y la
participación de Estados Unidos en estos conflic-
tos dejaría de ser opaca: habría vigilancia de La
Haya. Los desplazados de esta violencia podrían
tener calidad de refugiados…
Los especialistas consultados Ioan Grillo se-
ñalan que sí se trata de conflictos armados los
que viven México y varias partes de América La-
tina y El Caribe; son más que violencia criminal
pero no llegan a ser guerra civil. “Las milicias
criminales usan armas de infantería ligera, in-
cluyendo lanzagranadas, ametralladoras a cinta,
granadas de fragmentación y rifles automáticos,
pero carecen del objetivo guerrillero”.
De hecho, hasta la fecha, donde un movimiento
armado con reivindicaciones políticas y sociales se
desarrolla, aparecen las bandas de narcotraficantes
que apoyan a los poderosos, actúan como parami-
litares y acaban o someten al grupo guerrillero.
La impunidad, el saber que no habrá repercu-
siones legales, para los sicarios representa una carta
de permiso para matar. Observa Grillo que varios
de los sicarios con los que habló no mataron dos o
tres personas: “siguen matando, matando, matan-
do; los nexos con la policía son claros también”.
En la charla, Ioan Grillo expone quiénes serían
los grandes beneficiarios de este conflicto: bancos,
productores y vendedores de armamentos, políti-
cos y burócratas na-
cionales e internacio-
nales, como los de la
agencia estaduniden-
se antidrogas (DEA,
por su sigla en inglés).
El libro es una
investigación perio-
dística para intentar
entender el desastre
que hoy vive Lati-
noamérica y el Ca-
ribe: 588 millones de
almas en el centro
de una tormenta.
Alimenta un nego-
cio de, al menos, 300
mil millones de dóla-
res al año.
Fragmentos
Militares, cuatro de los cinco mexicanos gana-
dores de medalla en Río 2016: una integrante de
la Armada y tres del Ejército. ¿Será porque están
menos sujetos a los caprichos de las opacas fede-
raciones deportivas? María Guadalupe González
(plata en caminata, 20 kilómetros) es integrante de
la Secretaría de Marina. Mientras, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional son los medallistas Ma-
ría del Rosario Espinoza (plata en tae kwon do),
Germán Saúl Sánchez (plata en clavados, plata-
forma de 10 metros) e Ismael Hernández (bronce
en pentatlón moderno).
DAVIDMANRIQUE

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
SE DERRUMBA EL IMPERIO
DEL CHAPO GUZMÁN
NANCY FLORES
M
ás allá de las especulaciones respecto de
si el Cártel Jalisco Nueva Generación se-
cuestró –el pasado 15 de agosto– a uno o
dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo,
y de si éstos ya fueron liberados –7 días después–,
tras las negociaciones hechas presuntamente por el
capo Ismael Zambada (según el periódico Río Doce),
el hecho es que el Cártel del Pacífico se derrumba.
La caída del imperio del Chapo Guzmán inició
hace tiempo, con las decisiones que éste tomó por la
libre; es decir, sin consultar a quienes desde la esfera
del poder político le daban protección y que son los
verdaderos jefes del narcotráfico.
Estas decisiones se dieron luego de que el líder
del Cártel de Sinaloa escapara el 11 de julio de
2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano,
en el Estado de México,
gracias a la cobertura
brindada por esos fun-
cionarios y políticos.
Para entonces, el
líder del más poderoso
cártel del narcotráfico
en México había pacta-
do su “salida” de la cárcel con fines muy específicos.
Ya antes había llegado a acuerdos similares, pero
con el gobierno que encabezaba el panista Felipe
Calderón Hinojosa.
De ello dieron cuenta tres mandos de las Fuer-
zas Armadas en su tesis de maestría en seguridad
nacional (Contralínea 296), titulada La estrategia na-
cional contra la delincuencia organizada y su impacto en la
seguridad nacional y publicada en 2012.
En esa investigación, los mandos militares plan-
teaban que la función de las Fuerzas Armadas y la
Policía Federal –en el sexenio calderonista– era sa-
car a la vista la fruta podrida de las plazas para que los
sicarios del Cártel de Sinaloa hicieran el resto.
Y el cártel del Chapo, en efecto, hizo el resto.
Creó incluso un grupo paramilitar denominado
Los Mata Zetas, cuyo único encargo era ejecutar a
todo individuo vinculado a Los Zetas, grupo que
entonces era su principal enemigo.
No sólo eso, también ayudó a limpiar las zonas
de mayor conflictividad social. En Guerrero, por
ejemplo, sus sicarios se enfrentaron a la guerrilla y
aterrorizaron al movimiento social organizado.
A pesar de su colaboración en el sexenio pasa-
do, el pacto con los políticos y funcionarios vincu-
lados al actual gobierno federal, que se negoció en
el tiempo que duró su primer encarcelamiento –de
febrero de 2014 a julio de 2015–, fracasó.
Entre agosto de 2015 y enero de 2016, se rom-
pieron los acuerdos con
el Chapo y éste incurrió
incluso en actos de vani-
dad, como las reuniones
que sostuvo y los nego-
cios que estructuró con
los actores Sean Penn y
Kate del Castillo, que le
costaron muy caro.
La primera gran repercusión fue su recaptura
en enero pasado. Luego, el saqueo a la casa de su
madre, ubicada en la comunidad de La Tuna, Si-
naloa, el 18 de junio, motivo por el cual Consuelo
Loera fue desplazada de su residencia, al igual que
decenas de familias. Este ataque, perpetrado por
alrededor de 150 hombres armados, se atribuyó al
Cártel de los Beltrán Leyva. Y finalmente el pre-
sunto levantón de sus hijos Alfredo e Iván Archivaldo
Guzmán Salazar.
Otros factores que han contribuido a la crisis
que enfrenta la organización criminal son los cam-
El presunto levantónde Alfredo y Archi-
valdoGuzmánevidenciaeldeclivedelCár-
tel del Chapo. El desplazamiento forzado
de su madre, otro indicio de la debacle
El presunto
de su madre, otro indicio de la debacle

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
bios en su estructura, de los cuales incluso la Procu-
raduría General de la República ha dado cuenta.
El más relevante fue el rompimiento con el
Cártel Jalisco Nueva Generación, que se “indepen-
dizó” y se convirtió en una gran organización con
presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Guana-
juato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz, al
grado de que ya es uno de los principales rivales del
cártel que hasta hace poco comandaba el Chapo.
A este cisma se suman las desapariciones de tres
de sus aliados más importantes: Los Mata Zetas,
que operaban en Veracruz y Jalisco; y La Barredo-
ra y el Comando del Diablo, en Guerrero.
Hasta ahora, el Cártel de Sinaloa domina va-
rios mercados de drogas ilícitas. Según la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos, trafica varias tone-
ladas de cocaína desde América del Sur, a través de
América Central, hacia México y Estados Unidos.
Y produce, transporta y distribuye metanfetaminas
y heroína en el ámbito internacional.
Su presencia no se limita al territorio mexica-
no, sino que tiene negocios en más de 50 países
de los cinco continentes. El 5 de agosto de 2015,
la Agencia detalló que “además de sus células de
distribución en Estados Unidos, el cártel transporta
cargamentos de droga a Canadá, Australia, Euro-
pa, África y Asia”.
Los reacomodos
El declive del más importante cártel del narco-
tráfico produce un nuevo escenario para el resto
de los grupos criminales, que luchan por asumir el
control del negocio.
En principio, se encuentran prácticamente a la
deriva las 10 organizaciones satélite del Cártel del
Pacífico –Gente Nueva (cuyas zonas de influencia
son Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y
Chihuahua), el “Cártel del Poniente y/o de La La-
guna y/o Los Bardales” (Durango y Coahuila), El
Aquiles (Baja California), El Tigre (Baja California),
Del 28 (Baja California Sur), Los Artistas Asesinos
(Chihuahua), Los Mexicles (Chihuahua), Los Sala-
zar (Sonora) y Los Memos (Sonora)–, motivo por el
cual podrían negociar alianzas con grupos rivales.
Al tiempo, los otros ocho grandes cárteles –La
Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán
Leyva, Los Zetas, Golfo, Los Caballeros Templa-
rios, Jalisco Nueva Generación y los Arellano Fé-
lix– buscarán hacerse de los territorios y los nego-
cios del cártel del Chapo.
Lo que disputan no es menor: entre enero de
2013 y junio de 2016, en conjunto, estas organi-
zaciones criminales habrían lavado de 382 mil 200
millones a 2 billones 484 mil 300 millones de pesos
producto del tráfico de drogas ilegales hacia Esta-
dos Unidos, se desprende de las estimaciones he-
chas por el Departamento del Tesoro de ese país.
En esta lucha son dos las organizaciones que, de
entrada, están arrebatando el control territorial en
México al Cártel de Sinaloa: Jalisco Nueva Gene-
ración y los Beltrán Leyva. En breve veremos cuál
cártel se convierte en el nuevo favorito del poder
político.
MIGUELGALINDO

IQ FINANCIEROOPINIÓN
L
a filial española de OHL que dirige aquí
Sergio Hidalgo –el exdirector del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y del Servicio de Admi-
nistración y Enajenación de Bienes– tiene nuevos
planes para el mercado mexicano a pesar de los
problemas que enfrentó con la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) así como con
varias de sus concesiones.
Antes de seguir con los planes y buenos deseos
de OHL, quiero comentarles un dato relevante:
OHL –la empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores que dirige José Oriol Bosch– no es una
compañía con un portafolios lleno de proyectos,
tampoco es una cons-
tructora como ICA; es
una empresa concesio-
naria de grandes obras
de infraestructura que,
por cierto, representan
puntos neurálgicos para
la conexión carretera
del país. En otras pala-
bras, tiene participación y control sobre el sistema
circulatorio del país sin el cual –por cierto– varios
de los principales estados del país sufrirían esclerosis
múltiple. Nada más, anote usted que OHL tiene
concesionada, por ejemplo, la vía conocida como
la Autopista Urbana Poniente conocida como Los
Poetas; el Aeropuerto Internacional de Toluca; la
Autopista Atizapán –Atlacomulco, la Autopista Ur-
bana– Norte (que se conoce como el segundo piso
en la Ciudad de México); el Viaducto Elevado Bi-
centenario (el llamado segundo piso del Estado de
México) y el Circuito Exterior Mexiquense.
Otro dato interesante es que gobiernos de los
partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática le han
dado concesiones. ¿Muy buenas relaciones políti-
cas? o ¿un buen modelo de negocios que garan-
tizó para obras públicas más de 50 mil millones
de pesos en inversiones para carreteras? Lo cier-
to es que OHL construyó vías de acceso cuando
las compañías mexicanas no estaban en su mejor
momento después de la crisis devaluatoria y el go-
bierno destinaba recursos a rescatar autopistas de
cuota concesionadas.
Bueno, el punto es que OHL enfrentó una
crisis derivadas de las grabaciones que se filtraron
a la prensa en donde sus directivos analizan las
variables en su modelo de negocio que –por cier-
to– contempla en todo
momento la revisión
de tarifas en función de
los ingresos y el tiempo
del título de concesión.
Es decir, los proyectos
concesionados a OHL
todo el tiempo están su-
jetos a revisión ¿Ilegal?
Pues el título de concesión de sus proyectos bajo el
modelo de rentabilidad garantizada así lo prevé.
En otras palabras que se buscó corregir el error
que llevó a que el gobierno tuviera que rescatar
cientos de proyectos carreteros.
Bueno, el punto fino es que OHL enfrentó una
crisis derivadas de las grabaciones que se filtraron
a la prensa en donde sus directivos analizan, pre-
cisamente, las variables en su modelo de negocio
que –por cierto– contempla en todo momento la
revisión de tarifas en función de los ingresos y el
tiempo del título de concesión. Es decir, los pro-
yectos concesionados a OHL todo el tiempo están
sujetos a revisión ¿Ilegal? Pues el título de conce-
CLAUDIA VILLEGAS
¿QUÉ CLASE DE EMPRESA
ES OHL?
OHL tiene concesionados, entre otros,
la Autopista Urbana Poniente, el Aero-
puerto Internacional de Toluca y el se-
gundo piso en la Ciudad de México
OHL tiene concesionados, entre otros,
gundo piso en la Ciudad de México

IQ FINANCIERO OPINIÓN
sión de sus proyectos bajo el modelo de rentabi-
lidad garantizada así lo prevé. En otras palabras
que se buscó corregir el error que llevó a que el
gobierno tuviera que rescatar cientos de proyectos
carreteros con un modelo en donde no se paga
con recursos fiscales la desviación de un proyec-
to sino que son los usuarios quienes lo pagan.
¿Regresivo? La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) tiene la última palabra y OHL
sólo opera By The Book.
OHL va por más
concesiones
Quizás la SCT tendría que corregir este mo-
delo antes de pensar aplicarlo en las llamadas
zonas económicas especiales (Zodes) porque se
trataría del esquema que permitiría desarrollar
infraestructura sin que los gobiernos estatales y
municipales incurran en un endeudamiento ex-
cesivo. La Zodes sería un esquema que a OHL,
a diferencia de las asociaciones público privadas,
le interesaría para catapultar proyectos estratégi-
cos como los que opera en la actualidad. A dife-
rencia de ICA, OHL cuenta con recursos que le
permitirían impulsar estos polos de desarrollo con
infraestructura de primer nivel pero siempre que
bajo el esquema de rentabilidad garantizada. El
problema con OHL es que esta compañía cuenta
en su equipo directivo y de asesores con expertos
financieros que superan en año luz la experiencia
de funcionarios públicos que, en el mejor de los
casos, tendrán como responsabilidad revisar mi-
nuciosamente la información sobre aforo y dura-
ción de una concesión que entrega OHL Por estos
aspectos técnicos –que por cierto OHL maneja a
la perfección– es que a OHL se le considera una
compañía compleja y hasta corrupta. La propia
CNBV no termina de entender su contabilidad.
¿Infla OHL sus costos? ¿Está actuando en la ilega-
lidad? Lo cierto es que necesitamos funcionarios
con capacidad técnica y financiera para controlar
a este gigante de las concesiones que tiene como
consigna en México defender hasta el último peso
de las inversiones por 60 mil millones de pesos que
ha realizado durante los últimos años.
Nuevo Aeropuerto para
liberar gasto público
No es casual que durante las últimas semanas
las compañías constructoras comiencen a reac-
tivar sus proyectos de inversión. La buena racha
que, para algunos comienza a abrirse, tiene que
ver con la decisión de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, que encabeza Luis Videgaray,
de liberar recursos públicos para obras de infraes-
tructura con el propósito de impulsar las econo-
mías regionales.
Es cierto que el Presupuesto de Egresos pre-
senta recortes a partir de la caída en los precios del
petróleo y de la inestabilidad que provocó, hace
algunos meses, el proyecto de Gran Bretaña de
dejar la Unión Europea.
Sin embargo, la cercanía de las elecciones pre-
sidenciales y las amenazas como la inflación ante
los incrementos en el precio de la gasolina impul-
san la necesidad de generar nuevos motores para
el crecimiento. Uno de los mejores, por supuesto,
es la industria de la construcción que permitiría
a muchas empresas recuperar sus ventas; saldar
deudas con sus proveedores y hasta contratar nue-
vos trabajadores, con lo que se inyectarían recur-
sos a la economía.
Con un presupuesto inicial de 13 mil millones
de dólares (nada más), el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, a través de Fe-
derico Patiño, está cerrando una gran cantidad de
compromisos y acuerdos para que las inversiones
extranjeras y nacionales que apuntalarán el desa-
rrollo de seis nuevas pistas y al menos dos nuevas
terminales, sirvan para apoyar el desarrollo de pe-
queñas y medianas empresas.
Con Nafin, por ejemplo, se firmó un acuerdo
para que el banco de desarrollo apoye a las com-
pañías que necesiten recursos para convertirse en
proveedores de las obras del aeropuerto. Para el
grupo ICA, que enarboló la defensa de la ubica-
ción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco,
esta terminal aérea representaría la posibilidad de
regresar a las grandes ligas después de un periodo
de sequía. ICA tuvo que dejar a OHL el campo li-
bre en las grandes concesiones de autopistas y vías
de altas especificaciones.

ARTÍCULOOPINIÓN
Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica
Consigna de la CNTE
C
uando el gobierno de Enrique Peña Nieto
comenzó a aplicar el plan para imponer
la que denominó “Reforma Educativa”,
el Estado mexicano argumentó básicamente lo si-
guiente: ante el panorama de desastre del sistema
educacional, demostrado por el fracaso en eva-
luaciones tipo PISA, resulta indispensable hacer
cambios drásticos. Los culpables están perfecta-
mente localizados: son los maestros y los estudian-
tes. Agregó que el interés superior del niño hace
impostergable la elevación de la calidad, compro-
bada con parámetros mensurables por medio de
evaluaciones. Éstas tienen que aplicarse -siguió di-
ciendo- para el ingreso, la promoción y la perma-
nencia de los maestros en el aula y ser aplicadas
por expertos.
De acuerdo con lo anterior, se creó el Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación, al que se
encomendó el diseño y la aplicación de las prue-
bas a practicar a más de un millón de docentes en
ejercicio de los niveles básico (primaria y secunda-
ria) y medio superior. Conforme avanzó el proce-
so, se agregó que también se busca acabar con las
corruptelas que llevan a cabo los maestros, sobre
todo utilizando sus agrupaciones sindicales (venta
y herencia de plazas, particularmente).
Loables propósitos motivaron, según sus auto-
res, la reforma de los artículos 3º y 73 de la Cons-
titución de la República, lo mismo que a sus tres
leyes reglamentarias. Y la Santa Cruzada de la re-
forma punitiva se echó a caminar en contra de los
infieles maestros.
Los efectos desatados
Previo a la reforma de las leyes se accionó polí-
ticamente: un lector de noticias de Televisa produ-
jo una cinta cinematográfica (“De Panzazo”) que
se exhibió en todas las salas del país. En ella se
sostiene que la educación es un fiasco en México
y se induce a culpabilizar a los maestros. También
se encarceló a la líder vitalicia del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Elba Esther Gordillo, a fin de amedrentar a los
profesores “institucionales”. Más tarde fueron
también encarcelados maestros democráticos, a
quienes se trasladó a cárceles de máxima seguri-
dad en lugares lejanos a su residencia, a diferencia
de la señora Gordillo, quien guarda cárcel en la
enfermería de un reclusorio capitalino.
El despido de más de 3 mil docentes de en-
señanza básica, por no asistir a las evaluaciones
del INEE (que se practicaron en medio de fuertes
despliegues policíacos), causó un impacto enorme.
No se divulgó mucho que congelaron las cuentas
bancarias de las secciones sindicales democráticas,
ni la suspensión del pago de su salario a los comi-
sionados sindicales, pero el efecto fue también de-
vastador. La prensa orgánica del gobierno mantie-
ne hasta hoy una campaña de demonización del
magisterio en resistencia: los señalamientos van
desde flojos que se oponen a ser evaluados, hasta
corruptos e integrantes de grupos delincuenciales
o guerrilleros.
El asunto se complicó para el gobierno cuan-
do se incrementó la resistencia de la CNTE, a la
que, además, se fueron sumando maestros que no
tiene relación con ésta. Mientras Aurelio Nuño se
dedicaba a atacar a los disidentes, la Secretaría de
Gobernación los llamó a dialogar.
JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
TRASFONDO DE LA REFORMA
PUNITIVA CONTRA EL MAGISTERIO

ARTÍCULO OPINIÓN
La profundización del
conflicto
Los primeros beneficiarios de la mal llamada
Reforma Educativa (en realidad punitiva), son el
Banco Mundial y la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE),
organismos encargados por los países promoto-
res de la Globalización Imperial –neoliberalis-
mo- de diseñar el nuevo modelo educativo pla-
netario. En el país, el encargado de aplicar ese
modelo fue Aurelio Nuño Mayer, titular de la
Secretaría de Educación Pública, quien abrió su
campaña para suceder a Enrique Peña Nieto me-
diante visitas a escuelas públicas, generosamente
cubiertas por la prensa oficial. Fueron también
beneficiados los empresarios que se aglutinan en
“Mexicanos Primero”, quienes visualizaron un
prometedor negocio, pues ya no solamente po-
drían vender sus productos chatarra en todas las
escuelas de México, sino ahora podrán ser due-
ños de ellas, lo cual incluye la venta de los libros
de texto y los útiles escolares. La perspectiva no
podía ser mejor para los promotores de la refor-
ma punitiva.
Pero el cálculo político del go-
bierno falló, pues la CNTE no es-
taba tan debilitada como para darle
el golpe final y desarticular después
al SNTE. Los charros se percataron
de que también a ellos les alcanzan
los daños de la evaluación y dieron
señales de descontento. Nuño tuvo
que armar una mesa para revisar
con el sindicalismo orgánico y con
los empresarios los resultados de la
aplicación de las instrucciones de la
OCDE. Y debieron aceptar que tie-
nen que quitarle filo.
Las posibles salidas
La represión está más que anun-
ciada. Hasta Renato Sales, quien
había jugado a diferenciarse de las
acciones más violentas del gobier-
no, amenazó a los maestros demo-
cráticos: o se someten o habrá “uso de la fuerza
pública”. La Coparmex y demás organismos em-
presariales quieren que corra más sangre; no se
conforman con la de Nochixtlán e Iguala-Ayotzi-
napa. Les importan sus ganancias sobre toda con-
sideración de derechos laborales y humanos.
La prensa gubernamental presiona para que
se someta a los maestros democráticos. Los acusa
de no tomar en cuenta a los niños y a los padres
y madres de familia. Pero hasta ahora, la CNTE
está rodeada de pueblo, lo que desautoriza las
campañas de odio llevadas a cabo por los partida-
rios de la reforma punitiva.
Lo deseable es que el gobierno respete los de-
rechos del magisterio democrático, que ha dado
sobradas muestras de capacidad en materia edu-
cativa. Sus foros (especialmente el que se realizó
el martes 9 de agosto del año en curso) patentizan
que su proyecto educativo para la nación es muy
superior al que delineó la OCDE y que aplica el
gobierno.
Ya vimos que la represión no atemorizó a los
maestros en lucha contra la reforma punitiva.
Más agresiones y ataques profundizarán la crisis y
agravarán la confrontación. Y esto sólo beneficia-
rá a los enemigos de México.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
E
l recurrente fracaso olímpico de nuestros
deportistas no fue la excepción en Río de
Janeiro; y como siempre, a la hora de re-
partir culpas, aparecen a escena las mil y un corrup-
telas e intereses creados que han hecho trizas el
deporte de alto rendimiento en México, incuba-
dos desde hace décadas por la ausencia de políti-
cas de Estado que busquen fomentar de manera
seria y profesional la impartición de la materia
de educación física, desde el nivel básico, en las
escuelas públicas y privadas de todo el país.
Desde hace décadas en que los gobiernos
neoliberales iniciaron el paulatino desmantela-
miento de los programas educativos, la materia
de educación física fue perdiendo importancia al
grado de que hoy se reduce en muchos casos a
que los alumnos de primaria y secundaria den
dos vueltas al patio para cumplir con esta relega-
da asignatura. Peor todavía, enterarse que los di-
rigentes del sindicalismo charro del SNTE (Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación),
en el marco de la cuestionada reforma educati-
va, se opongan a que diariamente los alumnos
se ejerciten 30 minutos diarios, aduciendo que
esto representa quitarle un “valioso tiempo” a la
enseñanza.
Recapitulando los orígenes de esta “tragedia”
nacional, podemos señalar que tras la aparición
en la escena oficial de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade), en el sexenio de Carlos Sali-
nas de Gortari, la promoción y el fortalecimien-
to al deporte de alto rendimiento se convirtió
en una lucha de poder entre grupos políticos y
dirigentes de las diversas federaciones que hasta
hoy pervive y que ha terminado por estancar la
formación de atletas mexicanos realmente com-
petitivos a nivel internacional.
Anunciada el 13 de diciembre de 1988 como
la llave mágica que produciría a futuro deportis-
tas de clase mundial en México, la Conade ha
mantenido, desde su creación, un eternizado
enfrentamiento no sólo con las federaciones de-
portivas sino con el Comité Olímpico Mexica-
no (COM), manejado hasta hace unos años por
el empresario Mario Vázquez Raña (q.e.p.d), y
ahora dirigido por Carlos Padilla Becerra, quien
para revivir las añejas discrepancias, ha tenido
un marcado enfrentamiento con Alfredo Castillo
Cervantes desde la llegada de este último a la
inoperante entidad.
Prueba de que la Conade estaba destinada al
fracaso lo representó el magro resultado obteni-
do en Barcelona 1992, cuando en su debut como
cabeza del sector deportivo, y dirigida por el me-
dallista Raúl González, apenas logró una presea
de plata con el marchista Carlos Mercenario, tras
enviar una delegación de 102 atletas.
Desde entonces, los neoliberales no plantea-
ron la necesidad de recomponer la cultura del
deporte desde la enseñanza básica, utilizando
como herramienta fundamental a la educación
física, como ha sucedido en otros países del mun-
do; por el contrario, se optó por privilegiar el
manejo del deporte a través de la manipulación
mediática de los medios de comunicación, sobre
todo de las televisoras, pese a que la Conade que-
MÉXICO Y SUS ETERNIZADOS
FRACASOS OLÍMPICOS
(PARTE I: EL DEPORTE EXCLUIDO
DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO)
MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS

ARTÍCULO OPINIÓN
dó insertada en la administración pública como
un organismo desconcentrado de la Secretaría
de Educación Pública.
Inmersos en esta tendencia mercantil, las fe-
deraciones y sus directivos mostraron más interés
en buscar el jugoso patrocinio de firmas comer-
ciales y el manejo discrecional de los recursos pú-
blicos que les entregaba la Conade, que en buscar
y apoyar a los talentos deportivos en el país.
Cuando en febrero de 2003, en el gobierno
de Vicente Fox, se cambió la denominación del
organismo responsable de impulsar el deporte,
estableciendo la Comisión Nacional de la Cul-
tura Física y el Deporte (Conade), se buscó am-
pliar su injerencia mediante la instrumentación
de acciones tales como: “Promover el desarrollo
de los programas de formación, capacitación,
actualización y los métodos de certificación en
materia de cultura física y deporte, promoviendo
y apoyando, la inducción de la cultura física y el
deporte en los planes
y programas educati-
vos”.
A 13 años, la insti-
tución no ha logrado
ser el detonante de
una mejor cultura físi-
ca no sólo en los planes
educativos, sino en políticas públicas en benefi-
cio de la población en general; datos del Inegi
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
señalan que actualmente el 56.2 por ciento de
la población adulta en México no hace ninguna
actividad física. Y en el peor de los escenarios,
18 por ciento de la misma manifiesta no haber
practicado nunca alguna actividad deportiva. Si
esto no constituye un fracaso y reflejo de lo que
ahora acontece en Río de Janeiro, quiere decir
que la tecnocracia neoliberal sigue obstinada en
cerrar los ojos a la abrumadora realidad.
Lo patético es que estos vicios lejos de erradi-
carse, al paso de los años se han acrecentado; de
hecho, miembros de la delegación mexicana que
acudió a Brasil debieron costearse sus entrena-
mientos, uniformes y hasta viajes en las elimina-
torias con recursos propios, de sus familias y has-
ta “boteando”, como fue el caso del boxeador
Misael Rodríguez.
Este año, el presupuesto de la Conade fue de
2 mil 800 millones de pesos, de los cuales nadie
sabe a ciencia cierta dónde fueron a parar, pues
como lo han denunciado los participantes mexica-
nos, muchos de ellos no recibieron apoyo alguno.
Situación que pone en evidencia que no es la falta
de recursos lo que impide el despegue del deporte
nacional, sino la ausencia total de una política de
Estado que realmente lo impulse de manera mul-
tisectorial, transparentando su aplicación.
En su informe de 2014, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) señaló que la Conade gas-
tó ese año mil 353 millones de pesos de manera
“discrecional” y, sin control alguno, en apoyos
a asociaciones y federaciones deportivas para
“eventos y proyectos especiales”. Tal opacidad y
marcada corrupción ha dado pauta a que arre-
cien las acusaciones entre partidos políticos, y de
manera especial entre PAN y PRI, sobre todo
luego de trascender que directivos de la Conade
aprovecharon las olim-
piadas de Río de Janei-
ro para viajar con sus
parejas sentimentales
en “luna de miel” pa-
gada con los impuestos
de todos los mexicanos,
sin importarles la suer-
te de los deportistas mexicanos.
El asunto es que estos escándalos mediáticos
no van al fondo del problema y sólo sirven para
traer a la memoria abusos similares cometidos por
quienes en su momento ejercieron cargos públicos
en el sexenio de Felipe Calderón, como sucedió
en el evento olímpico de Beijing, China, en 2008,
cuando la entonces secretaria de Educación Pú-
blica, Josefina Vázquez Mota, formó parte de la
abultada comitiva mexicana de 170 personas –
sólo 85 eran atletas- que viajó a ese país por dos se-
manas y con gastos endosados al erario nacional.
Al igual que ahora acontece, la exfuncionaria
se llevó a varios de sus colaboradores al periplo,
lo mismo que Carlos Hermosillo, titular de la Co-
nade, quien invitó a su esposa y tres hijos a la jus-
ta deportiva en la que México sólo consiguió tres
medallas de las 24 que ha logrado en las últimas
siete olimpiada. Rutilantes fracasos deportivos en-
gendrados por los gobiernos neoliberales.
La Conade no ha logrado ser el deto-
nante de una mejor cultura física no sólo
en los planes educativos, sino en políticas
públicas en beneficio de la población
La Conade no ha logrado ser el deto-
públicas en beneficio de la población

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. En la actualidad, nuestra hu-
manidad se caracteriza por niñas y niños
víctimas de redes de trata de personas, que
sufren abusos sexuales, que son mutilados, asesina-
dos para extraerles órganos y reclutados como sol-
dados o esclavizados de alguna otra manera.
Además, no sólo 69 millones de menores mori-
rán por causas que, en gran parte, podrían preve-
nirse, sino que 167 millones serán pobres, 263 mi-
llones no irán a la escuela y 750 millones de niñas
estarán casadas en 2030.
Esos son algunos de los números terribles que
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y
otras agencias de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), entre otras, divulgaron semanas
antes del Día Mundial de la Asistencia Humanita-
ria, que se celebró el pasado 19 de agosto.
“Los niños y las niñas siguen sufriendo tortu-
ras, mutilaciones, abusos sexuales, hambre y son
asesinados en conflictos armados”, resumió el se-
cretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
“En lugares como Irak, Nigeria, Somalia, Su-
dán del Sur, Siria y Yemen, los niños viven en un
infierno”, subrayó en la apertura de un debate del
Consejo de Seguridad de la ONU dedicado a ni-
ños y conflictos armados, el 2 de agosto pasado.
El futuro de la humanidad seguirá siendo de-
solador “a menos que el mundo se concentre más
en la difícil situación de sus niñas y niños más des-
favorecidos”, alerta un informe de la ONU.
“Negarle una oportunidad justa en la vida a
cientos de millones de niños tiene consecuencias
que exceden el riesgo para su futuro concreto,
pues al avivar ciclos intergeneracionales de perso-
nas desfavorecidas se pone en peligro el futuro de
sus sociedades”, señaló el 28 de junio el director
ejecutivo de Unicef, Anthony Lake, en el marco
de la presentación del Estado mundial de la infancia.
“Podemos elegir invertir en esos niños ahora
o permitir que nuestro mundo se vuelva todavía
más desigual y dividido”, planteó.
El informe de Unicef destaca algunos de los
avances significativos, como salvar la vida de los
niños, lograr que sigan en la escuela y sacar a mu-
chas personas de la pobreza. Pero éstos no han
sido parejos ni justos.
“Los niños más pobres tienen el doble de
probabilidades que los más ricos de morir antes
de los 5 años y de sufrir malnutrición crónica”,
detalla.
En Asia meridional y África subsahariana, los
niños cuyas madres no fueron escolarizadas tienen
tres veces más probabilidades de morir antes de
los 5 años que aquellos cuyas madres terminaron
la enseñanza secundaria, añade el informe de
Unicef.
“Las niñas de los hogares más pobres tienen el
doble de probabilidades de casarse siendo meno-
res de edad que las de hogares más ricos”, indica.
Lo peor está en África
subsahriana
África subsahariana sufre la peor parte: por
lo menos 247 millones de niñas y niños, dos de
cada tres menores, viven en una pobreza multi-
dimensional, privados de lo que necesitan para
sobrevivir y desarrollarse, y casi 60 por ciento de
los jóvenes de entre 20 y 24 años del quintil más
pobre fueron menos de 4 años a la escuela, alerta
el informe.
De mantenerse la tendencia actual, la región
concentrará casi la mitad de los 69 millones de
BAHER KAMAL, INTER PRESS SERVICE
UNA HUMANIDAD CON MILLONES DE NIÑAS
Y NIÑOS TORTURADOS Y ABUSADOS

ARTÍCULO OPINIÓN
niños que en 2030 morirán antes de los 5 años
por causas que pueden prevenirse, más de la mi-
tad de los 60 millones de escolares que no van a
la escuela y nueve de cada 10 niños que viven en
condiciones de extrema pobreza, precisa el infor-
me de Unicef.
Además, alerta que unos 124 millones de ni-
ñas y niños no cursan la enseñanza primaria ni
los primeros años de secundaria, y que casi dos de
cada cinco de los que sí terminaron la primaria no
aprenden a leer ni a escribir ni a realizar cálculos
aritméticos simples.
Jóvenes, la otra
generación perdida
“En la actualidad, alrededor de 70 millones de
jóvenes buscan trabajo, y 160 millones trabajan,
pero son pobres. Estos números representan una
enorme pérdida de potencial y ponen en riesgo la
cohesión social”, escribió el 12 de agosto Azita Be-
rar Awad, directora del departamento de Políticas
de Empleo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
“El desempleo de los jóvenes y la falta de tra-
bajo decente devalúan el capital humano, y es sig-
nificativa su influencia negativa sobre la salud, la
felicidad, el comportamiento antisocial y la estabi-
lidad sociopolítica. Tienen consecuencias sobre el
bienestar actual y futuro de nuestras sociedades”,
añadió.
Además, las condiciones del mercado laboral
para los jóvenes cambian con rapidez y de forma
constante, así como el perfil y las aspiraciones de
las mujeres y los hombres jóvenes que ingresan a
diario al mercado laboral, subrayó Berar.
“Para la mayoría, las expectativas de trabajo
decente no se tratan solo de tener un ingreso y de
ganarse la vida. Para los jóvenes es el pilar de su
proyecto de vida, el catalizador de su integración a
la sociedad y el camino para participar en ámbitos
sociales y políticos más amplios”, explicó.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
se celebró después de uno de los momentos más
significativos de los últimos tiempos: la Cumbre
Mundial Humanitaria, realizada el 23 y 24 de
mayo en Estambul.
El principal objetivo del encuentro en Turquía
fue que los gobernantes dieran su apoyo colectivo
a la nueva Agenda para la Humanidad y que se
comprometieran con medidas contundentes para
reducir el sufrimiento y hacer más esfuerzos por
las millones de personas que necesitan asistencia
humanitaria.
La cumbre logró atraer la atención mundial
sobre la actual emergencia humanitaria, pero no
pudo movilizar los tan necesarios fondos que ur-
gen para aliviar el sufrimiento de las más de 160
millones de personas que viven en condiciones li-
mite, apenas 21 mil millones de dólares, un monto
razonable.
“Opciones imposibles”
La campaña “opciones imposibles” se lanzó
en abril de este año para que los gobernantes del
mundo participaran en la cumbre y se “compro-
metan a la acción”.
El lanzamiento de la etapa final de esa gran
iniciativa digital de la ONU coincidió con el Día
Mundial de la Asistencia Humanitaria el 19 de
agosto y continuará hasta septiembre, cuando el
secretario general presente a la Asamblea General
el informe de la Cumbre Mundial Humanitaria.
Ese día también se lanzó otra campaña digital:
“El mundo que preferiría”. De forma similar al
popular juego “Usted qué preferiría”, esta campa-
ña digital revelará los verdaderos contextos en que
viven las personas en situación de crisis.
Tras conocer las difíciles alternativas, los usua-
rios podrán compartir un gráfico personalizado
en las redes sociales, tuitear a sus gobernantes al
respecto y saber más sobre la Agenda para la Hu-
manidad.
A la ONU le cuesta mucho crear conciencia
entre dirigentes políticos y movilizar a la huma-
nidad, así como impulsar acciones contundentes
para aliviar, terminar y, con suerte, prevenir el su-
frimiento humano sin precedentes.
Y sin embargo, las grandes potencias siguen
gastando 1.7 billones de dólares al año en la fabri-
cación y el comercio de armas.
¿Una humanidad? Sí. ¿Pero de quién y para
quién? (Traducido por Verónica Firme)

INVESTIGACIÓN PORTADA
MOVIMIENTOS SOCIALES
“AMENAZA”
PARA EL ESTADO:
CISEN

INVESTIGACIÓNPORTADA
Maestros, defensores de
derechos humanos y del
medio ambiente, sindicatos,
campesinos, opositores
a megaproyectos,
normalistas… “atentan”
contra la seguridad nacional,
según la Agenda Nacional
de Riesgos. Por ello son
victimizados
L
a Coordinadora Nacional deTrabajadores de
la Educación (CNTE), el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME), el Frente Am-
plio Social (FAS), el Frente Popular Revoluciona-
rio (FPR), el Movimiento de Liberación Nacional
(MLN), la Unión Popular de Vendedores Ambu-
lantes 28 de Octubre (UPVA) y el Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (FPDT) son conside-
rados por el Estado mexicano como un riesgo para
la seguridad nacional. Así lo revela la Agenda Na-
cional de Riesgos –elaborada por el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen) y reservada
por 12 años–,con copia en poder de Contralínea.
El saldo para todos y cada uno de estos movi-
mientos –así como los opositores a la minería o a
los proyectos de infraestructura; también para los
que se encuentran en defensa del territorio y me-
dio ambiente y las policías comunitarias– ha sido
ser víctimas de represión, espionaje, acoso, abuso
de poder, congelamiento de cuentas, detenciones,
judicialización y criminalización de la protesta so-
cial, encarcelamiento, desaparición, asesinato.
ÉRIKA RAMÍREZ, @erika_contra/IV
123RF

En la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), uno
de los documentos clasificados como confidencia-
les por el aparato de inteligencia del país, focaliza
a los movimientos sociales como opositores a los
cambios hechos a la Constitución, a través de las
llamadas “reformas estructurales”, llevadas a cabo
en los últimos años.
La versión de este análisis, para el primer año
de gobierno de Enrique Peña Nieto,reconoce que
las reformas educativa y laboral son de los ejes
principales que han movilizado al país. Focali-
za los movimientos desde 1999, con la toma de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) por los estudiantes que se opusieron al
cobro de cuotas en la universidad pública más im-
portante del país.
En 2013, el capítulo “Ingobernabilidad por
movimientos sociales” se encontraba en el escaño
sexto de la lista de temas revisados por el Cisen
–bajo la dirección de Eugenio Ímaz Gispert–; sin
embargo, el acceso a los escalafones de la Agen-
da de 2015 permite observar que la movilización
social se ha convertido en el segundo tema de im-
portancia para el gobierno de Peña Nieto,sólo por
debajo de la “delincuencia organizada”.
Martín Esparza Flores, secretario general del
SME, dice en entrevista que el acoso en contra de
los movimientos sociales es “histórico, hay ante-
cedentes en el país de la forma en cómo buscan
acabar con un movimiento: primero, se meten, lo
dividen, criminalizan y cuando ven el momento
ocupan la fuerza del Estado. Recientemente vi-
mos Nochixtlán, vimos la desaparición de los 43
normalistas, mineros asesinados, electricistas gol-
peados; ¿cuántos dirigentes sociales indígenas en
la cárcel o asesinados?”
Riesgo para la seguridad nacional,“así nos han
catalogado”, dice el líder de los electricistas, quien
asegura que hay un seguimiento permanente del
Cisen contra todos los dirigentes,los movimientos
y organizaciones sociales.
Esparza Flores expone: “En nuestro caso, hay
un expediente grandísimo del Cisen, nos tienen
identificados como un riesgo para la seguridad
nacional de este país. Cada que se detenía a un
compañero [después del decreto de extinción de
El acoso contra los movimientos sociales es histórico: dividen, criminalizan y reprimen: Martín Esparza, líder del SME
MOISÉSPABLO/CUARTOSCURO

Luz y Fuerza del Centro, en 2009], las primeras
fotos que le pasaban en la cárcel era mía o de
los otros compañeros del Comité; incluso, bus-
caban que los trabajadores dijeran que habíamos
sido nosotros que los mandábamos a una mo-
vilización. Lo hacían para poder escalar en las
averiguaciones contra del Comité Central del
sindicato. A algunos les ofrecían trabajo en CFE
[Comisión Federal de Electricidad], casas, bien-
estar para sus familias,con tal y que declararan en
contra. Afortunadamente, los trabajadores muy
conscientes decían categóricamente: no somos
delincuentes, nos estamos manifestando y es un
derecho que tenemos para exigir que nos regre-
sen nuestro trabajo”.
El diagnóstico
Con un nivel de riesgo medio (3.6),el capítulo
“Ingobernabilidad por movilizaciones” diagnosti-
ca de manera general que “existen organizaciones
que adoptan tácticas de presión y motivaciones
opuestas al interés colectivo con capacidad de re-
ducir los márgenes de gobernabilidad en zonas
específicas.
“El comportamiento de algunas de ellas busca
generar crisis recurrentes de gobernabilidad.”
El documento de inteligencia hace una di-
visión en el tipo de “organizaciones sociales que
alteran deliberadamente el orden social”. Las pri-
meras, aquellas –según el documento– que tienen
“oposición a políticas públicas que eliminan privi-
legios a grupos de interés, obtenidos mediante la
presión política y social (reforma Laboral y Edu-
cativa)”(sic).
Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario ge-
neral de la sección XVII de la CNTE, hace una
evaluación de lo que ha ocurrido en el sector edu-
cativo desde 2012: “ha habido un sin número de
compañeros detenidos de la disidencia magiste-
rial, manifestaciones que han llegado a la muerte
en Chiapas y Oaxaca (Nochixtlán).
Además, suma el conflicto “histórico” de las
normales rurales [cada año, los alumnos de estas
escuelas salen a las calles en reclamo de mayor pre-
supuesto y mejoría en los espacios que ocupan y la
ampliación de la matrícula] y la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas.
“Por defender la educación pública, 64 lucha-
dores sociales han estado en la cárcel. México ya
vive una condición difícil; demandamos que el
gobierno federal cese la represión, que se busque
una solución distinta a la agresión y se deje de
golpear al movimiento social para que se pueda
ver cómo se resuelve el conflicto”,comenta Zavala
Hurtado.
Desde el 15 de mayo pasado, el magisterio ad-
herido a la CNTE se encuentra en paro de labores
a nivel nacional. Líderes de la disidencia magiste-
rial, como Rubén Núñez Ginez, secretario Gene-
ral de la Sección XXII del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) –principal
bastión de la CNTE–; Francisco Villalobos, de
Organización; Aciel Sibaja, de Finanzas y Heri-
berto Margarito López,representante regional del
Istmo de Tehuantepec, fueron llevados al Centro
de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo,
Sonora,y luego trasladados a Cefereso de Mengo-
lí, en Miahuatlán, Oaxaca. Entre los cargos que se
les atribuía: lavado de dinero. De éstos, los últimos
en ser liberados fueron Núñez Ginés y Villalobos,
el pasado 12 de agosto.
Para el gobierno,“existen organizaciones que adoptan tácticas de presión y motivaciones opuestas al
interés colectivo con capacidad de reducir los márgenes de gobernabilidad en zonas específicas”
Diagnós(co general 1
Agenda Nacional
de Riesgos 2013
1
Ingobernabilidad
por movilizaciones sociales
Conflic(vidad regional
Obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y
refinería), por el supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las
comunidades.
Rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y “saqueo de recursos
naturales”.
U(lización de la figura denominada como policía comunitaria para conformar grupos con intereses
que alteran la armonía comunitaria. Aún cuando los medios de comunicación reflejan la proliferación
de estas organizaciones en diversos estados del país, en los hechos su operación se concentra en
Guerrero y Michoacán.
Violencia derivada de las pugnas por (erras y recursos naturales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y
Oaxaca).
Débil capacidad de administración y ges(ón de gobiernos estatales y municipales para atender
conflictos sociales y políMcos (Chiapas, Guerrero , Michoacán y Oaxaca).

La Agenda también menciona que supuesta-
mente hay “injerencia de actores vinculados a la
subversión o grupos anarquistas en movimientos
sociales tradicionales como el magisterio disi-
dente, colectivos estudiantiles, organizaciones de
defensa de los derechos humanos, agrupaciones
campesinas e indígenas, así como iniciativas fren-
tistas multisectoriales”.
Indica que existe una percepción social de au-
sencia de autoridad por la inacción gubernamen-
tal ante acciones radicales de movimientos sociales
en determinadas zonas de Guerrero, Michoacán y
Oaxaca, estos últimos gobernados por el perredis-
ta Ángel Heladio Aguirre Rivero,el priísta Fausto
Vallejo Figueroa y el aliancista Gabino Cué Mon-
teagudo, respectivamente.
Añade que ha habido una “provocación de la
violencia como argumento para actualizar el dis-
curso sobre la ‘regresión autoritaria’”. Además, de
que hay una “tendencia creciente a transgredir el
estado de Derecho como mecanismo de presión
hacia las autoridades”(sic).
Ejemplifica con el conflicto magisterial en
Guerrero y Oaxaca; así como de normalistas, en
Michoacán (previo a la realización de esa Agen-
da, en octubre de 2012 se habían detenido a 176
estudiantes de las escuelas normales de Cherán,
Arteaga y Tiripetío; la noche del 26 de septiem-
bre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014
fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa,Gue-
rrero, a manos de policías y delincuentes).
El documento del Cisen incluye los “actos van-
dálicos” del 1 de diciembre de 2012 (cuando En-
rique Peña Nieto asumió la presidencia de la Re-
pública) y la toma de instalaciones de la UNAM.
Los grupos “opositores”
Según el Cisen, los principales movimientos
frentistas antigubernamentales son: la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), el Frente Amplio Social (FAS), el Frente
Popular Revolucionario (FPR),el Movimiento de
Liberación Nacional (MLN),la Unión Popular de
Vendedores Ambulantes“28 de Octubre”(UPVA)
y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT).
Éste es uno de los pasajes que se pueden apre-
ciar en la Agenda.Los líderes de cada uno de estos
movimientos han sido criminalizados y judiciali-
zados.
Leonel Rivero, abogado y coordinador general
de la organización Defensa estratégica en derechos
humanos, AC, dice que desde hace varios años ha
llevado la defensa de algunos luchadores sociales,
como los de la huelga de la UNAM (1999); luego,
en el 2006, acompañando a Atenco, y ahora, con
los líderes de la CNTE, se han percatado de que
“el Estado ha venido perfeccionando sus métodos
de contención de la protesta social: criminalizán-
dola a partir de establecer acusaciones con base
en delitos que en su momento han generado gran
impacto social en toda la población, como la utili-
zación de la imputación de secuestro. Acusar a un
activista de secuestro lleva como objetivo el des-
pertar o revivir en la sociedad experiencias que ha
pasado y eso tiene un fuerte impacto de condena
mediática”.
En su análisis,dice que “esa situación es suma-
mente complicada, es grave la forma en cómo se
Agenda Nacional
de Riesgos 2013
2
Ingobernabilidad
Conﬂic(vidad regional Sonora
Veracruz
Oaxaca
Nayarit
Jalisco
Michoacán Guerrero
Sonora
Disidencia magisterial
Estudiantes normalistas
Autodenominadas Policías comunitarias/
Grupos de autodefensa
Oposición a proyectos de infraestructura
Morelos
La Agenda ubica los focos rojos en materia de movilizaciones sociales

ha utilizado el secuestro y la asociación delictuosa.
A ello, se suma que los envíen a cárceles de alta
seguridad y a lugares que están como mínimo a
mil kilómetros de distancia, lo que implica sacar-
los de su base social y desarraigarlos de su gente;
por ejemplo, el encarcelamiento de los líderes de
la CNTE”.
De Atenco a la CNTE
De la defensa del territorio a las reformas es-
tructurales, comunidades y organizaciones se han
manifestado y los intentos por desbaratar los mo-
vimientos sociales han dejado muertos, sangre y
encarcelamiento.
Sofía de Robina Castro, abogada del área In-
ternacional del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, dice en entrevista
que en defensa de los derechos humanos, pode-
mos ver cómo las movilizaciones sociales son un
reflejo de lo que vive el país, de la crisis en la que
estamos, y cada vez más las calles se convierten
en un espacio en donde se vierte todo ese des-
contento social.
“Vemos, tristemente, la respuesta que hay de
parte del Estado: una respuesta autoritaria. Lejos
de permitir que se desahoguen y se ventilen todas
las problemáticas, de atenderlas y de resolver, se
generan mayores violaciones a través de deten-
ciones arbitrarias, incluso muertes y ejecuciones,
como en Nochixtlán [Oaxaca]. Se limita el espa-
cio social.Nos preocupa que ante una situación de
crisis la respuesta del Estado sea tan autoritaria”,
comenta la defensora de derechos humanos.
En 2006, la defensa del territorio en San Sal-
vador Atenco,Estado de México,y la entrada de la
policía a las tierras del poblado, provocó la muerte
del estudiante de Economía de la UNAM Alexis
Benhumea, y el encarcelamiento de los líderes del
FPDT. Las sentencias impuestas a Ignacio del
Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo (oposito-
res a la construcción del aeropuerto en sus tierras)
llegaron a rebasar los 100 años. La lucha por la
excarcelación duró 4 años y el caso llegó hasta la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El golpe
a la población fue dado durante la administración
de Enrique Peña Nieto, como gobernador del Es-
tado de México.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del
Centro en 2009, durante la presidencia de Felipe
Calderón Hinojosa,impactó en 66 mil empleados
de la compañía estatal. El sindicato, considerado
uno de los más fuertes del país y con mayor tradi-
ción en la defensa de los derechos laborales,perdió
a 27 mil 401 de sus agremiados, porque logaron
dividirlos. La base fue reducida a 16 mil 599 tra-
bajadores, ante el acoso permanente que se llevó a
cabo a través de campañas mediáticas, el cierre de
los empleos y amenazas de imposibilidad de rein-
sertarse en el campo laboral.
La relación de las administraciones priístas y
panistas en el gobierno con sindicatos o movi-
mientos sociales es la misma, afirma Esparza Flo-
res,porque mantienen la misma política económi-
ca, “el objetivo es el mismo: se ocupa la fuerza del
Estado para reprimirte,hacerte a un lado,crimina-
lizarte y administrar los conflictos”.
Conflictividad regional
La Agenda Nacional de Riesgos hace un aná-
lisis de lo que llama “conflictividad regional”, y
Entre las “organizaciones sociales que alteran deliberadamente el orden social” están las que se
oponen a políticas públicas que “eliminan privilegios a grupos de interés”
Agenda Nacional
de Riesgos 2013
3
Ingobernabilidad
Ar(culación de proyectos fren(stas
Decisiones de Estado que benefician a la
colecMvidad, generan oposición de
actores sociales que a parMr del impulso
de proyectos mulMsectoriales (sociales o
laborales), potencian su capacidad de
presión hacia las insMtuciones.
Liderazgos horizontales y sin estructura
formal que complican la negociación
gubernamental y la atención de los
conflictos.
Asesoría de líderes vinculados a la
guerrilla, potencia la radicalidad de las
acciones.
Unión Popular de
Vendedores y
Ambulantes “28
de
Octubre” (UPVA)
Movimiento de
Liberación
Nacional (MLN)
Frente Popular
Revolucionario
(FPR)
Frente Amplio
Social (FAS)
Sindicato
Mexicano de
Electricistas (SME)
Coordinadora
Nacional de
Trabajadores de la
Educación (CNTE)
Frente de Pueblos
en Defensa de la
Tierra (FPDT)
Principales organizaciones que
promueven Movimientos Fren(stas
An(gubernamentales

En entrevista con Contralínea, dice que ha
sido muy difícil pelear contra el Estado, que “es
quien te acusa y fabrica delitos. Yo nunca debí
pisar la cárcel, porque nunca cometí un delito,
nunca estuve fuera de la ley. La policía comuni-
taria en Guerrero es reconocida y respaldada por
la Ley 701 de reconocimiento,derechos y cultura
de los pueblos y comunidades indígenas del esta-
do de Guerrero.
“La policía comunitaria es algo que necesita-
mos en los estados y las comunidades. La delin-
cuencia organizada está matando a nuestra gente
y ha rebasado al Estado. No nos queda más que
protegernos,buscar la forma de defender a nuestra
gente y a nuestras familias.”
Considera que México está atravesando una
“terrible crisis”,y en todo el país se vive abuso de
autoridad y violación a los derechos humanos.
“El Ejército y el gobierno mismo están violando
todas las leyes; nos está fallando el Estado, nos
está matando, nos está reprimiendo por ejercer
el derecho a la vida, a la educación, a la salud”,
dice.
Los conflictos y el medio
ambiente
La Agenda Nacional de Riesgos también califi-
ca como tema de seguridad nacional la “violencia
derivada de las pugnas por tierras y recursos na-
turales (Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxa-
ca)”.
Los conflictos socioambientales se han incre-
mentado en los últimos años. Analistas han con-
tabilizado más de 300 en todo el país; y aseguran
que su detonante es la amenaza de despojo a la
que se enfrentan comunidades indígenas, ejidos y
espacios urbanos, principalmente.
El investigados Víctor Toledo, del Instituto
de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabi-
lidad de la UNAM,indica que las causas de estos
conflictos son las actividades industriales llevadas
a cabo por empresas o corporaciones, tanto na-
cionales como extranjeras, frente a las cuales la
ciudadanía organizada o las comunidades rurales
y urbanas se oponen y resisten.“Ante ello, los or-
ganismos estatales, por lo general se ponen del
explica que hay una obstrucción a proyectos de
infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoe-
léctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argu-
mento de “supuesto daño al entorno ecológico y
la desatención a las necesidades de las comuni-
dades”.
Asimismo,manifiesta que en el país hay un re-
chazo a la explotación minera por afectaciones al
medio ambiente y saqueo de los recursos natura-
les, lo que implica la focalización de estos grupos
opositores a los procesos extractivos como de inte-
rés para la seguridad nacional.
Hace énfasis en la utilización de la “figura de-
nominada como policía comunitaria para confor-
mar grupos con intereses que alteran la armonía
comunitaria. Aun cuando los medios de comuni-
cación reflejan la proliferación de estas organiza-
ciones en diversos estados del país, en los hechos
de su operación se concentra en Guerrero y Mi-
choacán”.
Nestora Salgado,líder y comandante de la poli-
cía comunitaria en Olinalá,Guerrero,fue encarce-
lada durante 2 años y 7 meses y declarada inocente
el 18 de marzo de 2016, acusada de secuestro.
Agenda Nacional
de Riesgos 2013
INDICADORES POTENCIALES.
Escenarios de ingobernabilidad
4
Ingobernabilidad
Reac(vación de movimientos de protesta por
incumplimiento de acuerdos (disidencia
magisterial, estudiantes normalistas, SME).

Pérdida de legi(midad de las demandas de
comunidades indígenas ante la cooptación
de las autodenominadas policías
comunitarias y grupos de autodefensa por la
delincuencia organizada.

Surgimiento de nuevas expresiones de
inconformidad en el contexto de las reformas
energéMca y fiscal, así como de las
modificaciones a la Ley General de Educación
y su posterior instrumentación.

Movilización social para promover
escenarios de violencia (Acampada
Revolución, Frente Popular Revolucionario)
en fechas emblemáMcas (10/jun, 02/oct,
01-15-16/sep, 20/nov y 1/dic).
Convocatorias a acciones violentas bajo el
anonimato de redes sociales que complica la
actuación gubernamental.

Consolidación de un frente mul(sectorial en
contra de polí(cas públicas.
La Agenda identifica seis escenarios de ingobernabilidad entre los indicadores potenciales de riesgo

lado de las corporaciones o se mantienen neu-
trales”.
El investigador identifica que hasta el momen-
to afectan a 180 municipios en todo el país. Los
casos de conflictos socioambientales se pueden di-
vidir de la siguiente forma: biotecnológico, nueve;
energético,35; hidráulico,33; minero,71; turístico,
12; y urbano, 17.
Para el académico de la UNAM,“los conflictos
socioambientales no sólo generan tensión social,
sino víctimas: seres humanos privados de sus me-
dios de subsistencia,sus hogares,tradiciones y hasta
su vida. Aquellos que defienden in situ a la natura-
leza,se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas des-
bocadas del capital, grupos de talamontes locales o
regionales, impulsores de megaproyectos, gigantes-
cas empresas y consorcios”. Expone que el Estado
actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo
los “escudos”justificativos del progreso,la moderni-
zación y el desarrollo (Contralínea 493).
El documento del Cisen indica que hay una
débil capacidad de administración y gestión de
gobiernos estatales y municipales para atender
conflictos sociales y políticos (Chiapas,Guerrero,
Michoacán y Oaxaca).

ONG, eslabón
Miguel Barrera Rocha, director de la Brigada
Humanitaria de Paz Marabunta, asegura que se ha
intensificadolaviolacióndederechoshumanosenel
país.“Es doblemente preocupante, la gente está re-
accionando. Cuando vemos los bloqueos que están
haciendo en Oaxaca, no solamente es por Oaxaca,
hay que darle la lectura clara de que hay un ejercicio
muy injusto de la distribución de la riqueza,del uso
y el derecho para el disfrute de las garantías, nos
queda claro que los vacíos van aumentando”.
Con respecto de la participación de las organiza-
ciones no gubernamentales en los movimientos so-
ciales dice: “es claro que incomodamos, no sólo con
el gobierno federal,también con el local.Si las cosas
siguen así, todo este contexto de violencia nos va a
rebasar.Como organizaciones somos útiles,pero es-
torbamos [al poder]. Las organizaciones somos el
eslabón,la línea fronteriza de lo que está pasando”.
Según la Agenda, en los movimientos sociales hay injerencia de actores vinculados a la subversión y al anarquismo
RODOLFOANGULO/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
EL DRAMA DE
LOS TRABAJADORES
DE OCEANOGRAFÍA

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
Bajo la tutela del Sae,
Oceanografía echó a la calle
a cientos de trabajadores.
Los afectados demandaron
penalmente al titular de
la dependencia, Héctor
Orozco, por peculado y
desvío de recursos. En
duda, la liquidación de 4 mil
obreros y profesionistas
L
uego de que más de 200 trabajadores de-
mandaron penalmente al director del Ser-
vicio de Administración y Enajenación de
Bienes (Sae), Héctor Orozco Fernández; a Nor-
ma Romero Mendoza, coordinadora Jurídica de
Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles,
y Alfonso Maza Uretra, administrador designa-
do de Oceanografía, un juez de Distrito declaró
en quiebra a la naviera proveedora de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y ordenó al Sae nombrar al
síndico que la administre y remate sus bienes.
La demanda que los trabajadores presentaron
ante la Unidad Especializada en Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos y contra la Adminis-
tración de la Justicia, de la Procuraduría General
de la República (PGR),por posible peculado –que
involucra más de 8 millones de pesos de un fide-
comiso destinado, por orden de un juez, a la liqui-
dación de los trabajadores– señala que el dinero se
desvió para otros fines.
Los recursos del fideicomiso 1345 creado en
agosto de 2013 por Oceanografía en Banco In-
JOSÉ RÉYEZ, @jose_contra
CECILIAMARTÍNEZ

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
vex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, fueron eti-
quetados por Pemex Exploración y Producción, y
entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para
el pago de liquidaciones de los trabajadores; sin
embargo, Alfonso Maza los habría destinado al
pago de despachos jurídicos, préstamos a perso-
nal a su cargo, pago a trabajadores allegados a la
administración del Sae y a un sindicato cetemista,
denuncian los inconformes.
Con ello, el director del Sae desacató la or-
den del juez Tercero de Distrito en Materia Civil,
Felipe Consuelo Soto, responsable del concurso
mercantil (el mismo que declaró en quiebra a la
empresa, emitida en agosto de 2015) que ordenó
pagar las liquidaciones de los trabajadores con los
recursos del fideicomiso y que se puso a disposi-
ción del Sae mediante billete de depósito y de for-
ma etiquetada.
La orden del juez fue recurrida por el Sae me-
diante un amparo,sin embargo,mediante auto del
24 de mayo de 2016,el juez Cuarto de Distrito en
Materia Civil de la Ciudad de México, notificó a
los trabajadores que el amparo 823/2015 fue nega-
do por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Civil,quedando firme la sentencia del juezTercero
de Distrito de liquidar a los quejosos con el dinero
del fideicomiso.
Los servidores públicos del Sae demandados
tampoco acataron la resolución delTribunal Cole-
giado, por lo que fueron denunciados por la posi-
ble comisión de conductas delictivas. Ello porque
al no acatar la orden del juez de primera instancia
y promover el amparo,violaron flagrantemente los
derechos laborales que el Sae debió proteger por
ley,advierte Alejandro Donis Castro,abogado de-
fensor de los trabajadores.
En entrevista, explica que el delito de pecula-
do en que habrían incurrido los funcionarios de-
mandados, previsto en el artículo 223 del Código
Penal Federal, establece que “todo servidor públi-
co que para usos propios o ajenos distraiga de su
objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa
perteneciente al Estado, al organismo descentrali-
zado o a un particular, si por razón de encargo los
hubiese recibido en administración, en depósito o
por otra causa”.
Donis Castro dice que,precisamente,la Ley de
Administración de Bienes faculta a los servidores
públicos del Sae para administrar a Oceanografía
durante el proceso de concurso mercantil, por lo
que en su calidad de administradores distrajeron
dinero de los trabajadores para un uso distinto al
que el juez Felipe Soto instruyó, lo que constituye
la probable comisión del delito de peculado que se
les imputa.
Ante los reclamos de los trabajadores,median-
te escrito dirigido al juez Soto el Sae argumentó
que, para pagar “a los extrabajadores de Oceano-
grafía, se requiere realizar un análisis de cada uno
de los quejosos,con el objeto de que los pagos que
se lleguen a realizar sean con estricto apego a de-
recho y en su caso conforme a los laudos dictados
por la autoridad laboral competente”.
En el oficio del 3 de mayo de 2016, la coordi-
nadora jurídica de Empresas Aseguradas y Con-
cursos Mercantiles del Sae,Norma Romero Men-
doza, señala que “el concurso mercantil no es la
instancia para solicitar el pago de indemnizaciones
por supuestos despidos ni para dirimir cualquier
controversia de orden laboral, ya que no es com-
petencia del juez concursal, por lo que los posibles
afectados deben promover las demandas pertinen-
tes ante las autoridades laborales”.
Sin embargo, en seguida la funcionaria da
cuenta al juez de que “desde el inicio de la admi-
nistración de Oceanografía, este organismo [Sae]
ha privilegiado los derechos laborales de los traba-
jadores,es así que del periodo de marzo de 2014 a
febrero de 2015 se pagaron 2 mil 361 liquidacio-
nes a trabajadores”. Entonces, cuestiona el aboga-
do Donis Castro, ¿está o no facultado el Sae para
‘liquidar’a los trabajadores?
Romero Mendoza tardó 2 años y medio y que
hubiera de por medio una demanda judicial en
su contra para darse cuenta de que el Sae no es
competente para liquidar a los trabajadores, pero
sí tuvo facultades para contratar a despachos ju-
rídicos para presionar a los quejosos y obligarlos
a recibir cantidades menores a las que por ley les
corresponde, abunda el defensor.
Sindicato a modo
Los trabajadores de Oceanografía Elías Ma-
rín Moguel, Joel Celaya León, Carlos Marín
Palmeros, Rafael Serrano Rivas y Fabiel Chino

Contralínea 503

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