Situación Ambiental de Venezuela 2016

SITUACIÓN AMBIENTAL
DE VENEZUELA 2016
GENTE, COMUNICACIÓN Y AMBIENTE
Vitalis presenta el balance
ambiental 2016 con el objetivo de
impulsar un debate constructivo,
propositivo y proactivo, en favor
del ambiente, el desarrollo
sustentable y calidad de vida de
los venezolanos.
Serie Documentos Técnicos de Vitalis Tema 1 | abril 2017
www.vitalis.net

Serie Documentos Técnicos de Vitalis
Proyecto Observatorio Ambiental de Venezuela
Título
Situación Ambiental de Venezuela 2016
Editores y compiladores
Biól. Zoila Martínez
Dr. Diego Díaz Martín
Autor
Vitalis
Diseño gráfico
Leonel Pérez
Canva.com
Fotografías
airpano.com
pinterest.com
pixabay.com
Los contenidos de este estudio se pueden utilizar indicando
su fuente del siguiente modo:
Vitalis, 2017.- Situación Ambiental de Venezuela 2016.
Gente, Comunicación y Ambiente, Serie Documentos
Técnicos de Vitalis, Proyecto Observatorio Ambiental de
Venezuela, Caracas, Venezuela, 48 pp.
© 2017 Vitalis. Todos los derechos reservados.
Web: vitalis.net
Facebook: ONGVitalis
Twitter: @ONGVitalis
#LupAmbientalVE
Gente, Comunicación y Ambiente

Zoila Martínez es Licenciado en Biología (UCV), con especializaciones en
manejo de áreas protegidas (México) y gerencia de ambiente (Venezuela).
Miembro de diversas asociaciones profesionales nacionales e
internacionales, incluyendo el Grupo de Especialistas en Oso Andino y
Flamenco del Sur del Caribe. Fue Coordinadora de Proyectos y Gerente de
Programas de la ONG FUDENA. Directora Nacional del Día Mundial de las
Playas. Fue presidente de la Asociación Venezolana para el Agua (AveAgua
/ GWP Venezuela) y de la Asociación Sudamericana del Agua (GWP-
Sudamérica). Posee amplia experiencia en programas comunitarios y
ambientales en diversas regiones de Venezuela. Actualmente Directora
Ejecutiva de Vitalis Venezuela (zmartinez@vitalis.net).
Diego Díaz Martín es Licenciado en Biología (UCV), MSc. en Gerencia
Ambiental (UNEFA), Especialista en Manejo de los Recursos Naturales
(OTS, Costa Rica), Manejo y Conservación de la Vida Silvestre
(Smithsonian, USA), Proyectos de Ingeniería (Universidad Politécnica de
Valencia-España) y Diplomado Avanzado en Proyectos de Ingeniería de la
UPV-España). Doctor en Proyectos de Ingeniería, especializado en
Ecoeficiencia de la UPV. Se desempeñó como investigador, coordinador de
Proyectos, Gerente de Programas y Director Ejecutivo de FUDENA. Fue
fundador de la Asociación Venezolana para el Agua (AveAgua / GWP
Venezuela) y Co-Fundador de la Asociación Sudamericana del Agua (GWP-
Sudamérica). Fue Director del Proyecto Ávila, Jefe del Departamento de
Estudios Ambientales de la Facultad de Ingeniería y Coordinador de la
Especialización en Gestión Ambiental Empresarial de la Universidad
Metropolitana. En la actualidad es Director Ejecutivo de ONGVITALIS
Latinoamérica y Profesor de la Universidad Anáhuac en Cancún (México) y
Profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad
Metropolitana. También es miembro del Consejo Superior del Programa
CAMPUS de la Organización Universitaria Interamericana y miembro de la
Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Derecho Ambiental.
Actualmente es Presidente de Vitalis Venezuela (ddiazmartin@vitalis.net).
Sobre los editores y compiladores

CONTENIDO
01
PRESENTACIÓN
Presentación de documento como
espacio de debate constructivo,
propositivo y proactivo. Conciliar
posiciones e intereses en favor de la
conservación del ambiente.
02
INTRODUCCIÓN
Descripción general de Venezuela.
Logros en materia ambiental en más
de 50 años de historia. Preocupación
por la conservación ambiental.
07
METODOLOGÍA
Descripción de las técnicas de
investigación empleadas, tipo de
cuestionario y análisis documental.
Perfil de los encuestados.
10
DIAGNÓSTICO
Descripción y análisis de los
principales problemas ambientales
identificados. Logros alcanzados.
Organizaciones destacadas

26
RECOMENDACIONES
35
BIBLIOGRAFÍA
37
ANEXOS

A
P R Ó L O G O
Z O I L A M A R T Í N E Z , D I R E C T O R A E J E C U T I V A
V I T A L I S V E N E Z U E L A
El estado del ambiente es un aspecto que debe tenerse en cuenta para la toma de
decisiones, ya sea por el gobierno nacional, autoridades locales, directores de
empresas, universidades e institutos académicos, organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones de vecinos, y público en general.
Con la realización de un diagnóstico ambiental, se identifican los aspectos de sus
actividades y el modo en que son gestionados. A partir de estos datos, podrá
evaluarse el grado de adecuación a la normativa vigente en materia ambiental, sea
esta europea, nacional o autonómica, así como el cumplimiento de los principios
básicos de minimización de sus impactos ambientales.
Vitalis consciente de su rol social ante la sociedad venezolana, desde el año 2000 ha
producido 16 reportes anuales que comparan la situación ambiental del país, de
utilidad para la evaluación de los principales desafíos de la gestión conservacionista
de Venezuela. Se evalúan los principales alcances y dificultades de la gestión
ambiental en nuestro país, e identifica acciones concretas que pueden ser
desarrolladas en el corto y mediano plazo.

Lejos de ser exhaustivo, este estudio pulsa la opinión profesional de un amplio
grupo de expertos venezolanos de diferentes sub-sectores del acontecer ambiental a
lo largo y ancho del país, representantes de diversas organizaciones, incluyendo el
gubernamental (nacional, estadal y municipal), las organizaciones no
gubernamentales, las empresas privadas, el sector académico de investigación, las
asociaciones de vecinos y consejos comunales, y los medios de comunicación social,
entre otros.
En respeto a la libertad de pensamiento y a las instituciones, se ha dado prioridad a
las menciones técnicas, científicas y gerenciales de los expertos consultados,
procurando así un informe sustentado en su validez profesional, y no en juicios
personales de valor. En algunos casos, se requirió la comprobación documental y la
consulta a expertos, páginas webs oficiales de los actores involucrados, sociedades
científicas y profesionales, y miembros de comisiones especializadas en los temas
aquí abordados.
El objetivo de este informe es impulsar un debate constructivo, propositivo y
proactivo, que pueda ayudar a conciliar posiciones e intereses en favor de la
conservación de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos.
1| VITALIS• MAYO 2017

A
I N T R O D U C C I Ó N
La República Bolivariana de Venezuela
posee una superficie continental e
insular de 916.445 km² y se encuentra
ubicada en la parte norte de América
del Sur, por encima del ecuador y al
oeste del meridiano de Greenwich
(Fig. 1).
Su territorio continental se localiza
entre los 0° 38' 53'' y los 15° 40' 20'' de
latitud norte y entre los 59° 47' 30'' y
los 73° 23' 53'' de longitud oeste.
Comparte fronteras al sur con los
países de Colombia y Brasil, al oeste
con Colombia y al este con Guyana.
Cabe destacar, que el límite con la
República Cooperativa de Guyana, no
ha sido oficialmente definido, ya que
Venezuela reclama soberanía en esta
zona. Al norte, noreste y noroeste,
Venezuela limita con los mares
territoriales de la República
Dominicana, Trinidad y Tobago,
Estados Unidos de América, Francia y
las Antillas Neerlandesas.
Venezuela es el único país suramericano
que presenta litorales abiertos
simultáneamente al Mar Caribe y al Océano
Atlántico. Desde un punto de vista político-
territorial, el país se encuentra dividido en
23 estados, un Distrito Capital y 72
dependencias federales, siendo la ciudad de
Caracas, localizada en la región costera
central, la capital de la nación.
La mayor parte del país presenta un clima
tropical lluvioso, con una temporada seca
influenciada por la alta presión del
atlántico y una temporada de lluvias
afectada por la Zona de Convergencia
Intertropical donde convergen los vientos
alisios del noreste y del sureste. Los valores
promedio de evaporación en zonas bajas
son más de 2.000mm anuales, y en zonas
altas menores a 500mm anuales. La
humedad relativa promedio anual es de
70% a 85%, siendo las mínimas de 50% a
70%. La precipitación puede variar desde
menos de 400mm anuales en las zonas
áridas y semiáridas de las regiones

Figura 1. Localización geográfica de Venezuela.
Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar
centrales y costeras, hasta más de 4.000 mm hacia el sur. Las temperaturas medias diarias
oscilan entre 28º C en zonas bajas continentales (centro de los Llanos) hasta menos de 0º C
en los páramos andinos.
La geografía venezolana, está cruzada por un sin número de caudalosos ríos y torrentes. Los
ríos venezolanos fluyen hacia dos vertientes marítimas: la del mar Caribe y la del océano
Atlántico. La vertiente del mar Caribe comprende la cuenca del Lago de Maracaibo y los ríos
Unare, Yaracuy, Tocuyo, Neverí, Aroa y Manzanares que desembocan directamente al mar.
Los ríos Limón, Catatumbo, Socuy, Chama, Escalante y Motatán vierten sus aguas en el lago
de Maracaibo.
La vertiente del Atlántico está comprendida por la cuenca del Orinoco, el río Orinoco,
siendo este el más largo y caudaloso del norte del continente suramericano, con una
longitud de 2.140 Km. Su nacimiento se encuentra en un punto inmediato a la frontera
entre el Estado Amazonas y Brasil al sureste, en el Cerro Delgado Chalbaud, y se desplaza
primero hacia el oeste, y luego al norte y finalmente toma la dirección este, para llevar sus
aguas al Océano Atlántico. Bordea el Escudo de Guayana por el oeste, sirviendo de frontera
entre Venezuela y Colombia, siguiendo su curso hacia el oeste y este es el límite del estado

Bolívar con los estados Apure, Guárico, Anzoátegui y Monagas. Le arriban como grandes
afluentes aproximadamente 194 ríos (MINAMB, 2010).
Por su especial conformación andina, llanera, amazónica, atlántica y caribeña, el país es una
extraordinaria expresión del neotrópico. Por tal motivo, Venezuela se ubica entre los 20
países con mayor diversidad bio¬lógica con mayor diversidad biológica del planeta y ocupa el
sexto lugar en América Latina.
La vegetación y la fauna son los componentes más conspicuos de la diversidad biológica.
Aproximadamente, 1.420 especies de aves surcan los cielos venezolanos, así como 376
especies de reptiles, 333 anfibios y 2.500 peces. Entre los mamíferos, se han contabilizado
aproximadamente 360 especies, cerca de la mitad de las cuales son murciélagos. En las
plantas han sido descritas al menos 650 tipos de vegetación y 15.820 especies de plantas
vasculares, distribuidas principalmente entre bosques tropicales, lluviosos, secos, arbustales,
herbazales y manglares (MINAMB, 2010).
A todo lo anterior se suma la diversidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos; y la
de los compo¬nentes bióticos y abióticos de sus humedales que la catapultan entre los
ecosistemas más complejos y productivos del planeta.
La preocupación en Venezuela por la conservación y protección de esta maravillosa
biodiversidad y el ambiente que la sustenta, data desde disposiciones como las Leyes de
Indias, y los Decretos Conservacionistas del Libertador Simón Bolívar en Chuquisaca, Bolivia
y Guayaquil sobre las Aguas y los Bosques. Se fundó el primer parque nacional del país en
1937. En el correr de los tiempos, se desarrollaron leyes ambientales que sirvieron de
plataforma para la formulación de una política ambiental fundamentada en los principios de
conservación, protección y mejoramiento del ambiente, aspectos que se convirtieron en la
base del ordenamiento jurídico e institucional que prevaleció durante el período de 1961-
1998.
Hay una dilatada y exitosa historia ambiental en Venezuela, puesto que el ordenamiento
jurídico e institucional permitió destacar al país a nivel internacional como pionero en la
conservación ambiental, y se generó una convicción nacional de que la calidad del ambiente
está estrechamente relacionada con la ordenación del territorio.
Entre los logros alcanzados, especialmente entre los años 1970 y 1980, destacan: la creación
de las Leyes Orgánicas del Ambiente y de la Administración Central, y en esta última fue el
basamento para crear el primer Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (MARNR) en Latinoamérica. Se elaboró el Plan Nacional de Aprovechamiento de
los Recursos Hidráulicos (COPLANARH) donde se ofreció por primera vez al país una visión
ambiental integrada, atendiendo no sólo a los recursos agua, tierra, vegetación y clima, sino

también al desarrollo económico y social dentro de una visión prospectiva. Se desarrolló el
proyecto “Sistemas Ambientales de Venezuela” (VEN 79/001), que se fundamentó en la
elaboración de las bases técnicas para la posterior formulación de un Plan de Ordenación
Territorial y Manejo Ambiental. El valor de la información contenida en estos documentos,
permite que los mismos sean consultados hasta la fecha, y aún no pierden vigencia (MINAMB,
2010; Naveda & Yerena, 2008).
En tal sentido, que Venezuela siendo un país del “mundo en desarrollo” avanzó grandemente
en las políticas de conservación de su patrimonio natural cuando el resto del mundo no había
comenzado o estaba en retroceso en esta materia. En el país se asumió como política y no como
retórica: se incrementó la cobertura de las Áreas Naturales Protegidas a lo largo de las décadas
siguientes hasta abarcar un 16,45% de su territorio; empleó criterios modernos y actuales para
designarlas y para manejarlas; acometió exitosamente la restauración ecológica de ecosistemas
terrestres y marinos en tiempos en que no se hablaba de ello; creó uno de las primeras Áreas
Naturales Protegidas marinas del mundo (Archipiélago Los Roques, 1972) cuando muy pocos
países en el mundo lo habían hecho; interconectaba Parques Nacionales cuando se pensaba
que eso era utópico .
A la par, el movimiento ambiental en el país tiene más de ochenta años, siendo representado
por más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales. La acción
de estas organizaciones complementa y amplía la labor de gestión ambiental ejercida por los
gobiernos y cumple una importante labor social en procesos de concertación, promoción de la
participación, resolución de conflictos, divulgación, así como en concienciación y educación de
la población en diferentes temas ambientales (Red Ara, 2011).
Para fines de los años 80, Venezuela tenía una reputación positiva que bien le valió la
nominación y aceptación como sede del IV Congreso Mundial de Parques. Venezolanos como
Gerardo Budowski, Henri Pittier, Julian Steyermark, José Rafael García, habían dejado una
huella positiva en la visión y gestión ambiental. Eso sin olvidar que es uno de los doce países
megadiversos del mundo, y que resguarda, casi en exclusividad, las mayores maravillas de esa
biorregión única en el mundo: el Escudo Guayanés. Dentro de ella merece destacarse el caso del
Parque Nacional Canaima, único Sitio de Patrimonio Natural Mundial propuesto por Venezuela
y reconocido por UNESCO.
Hoy día existe preocupación por la actual política ambiental, puesto que se ha observado un
retroceso en muchos logros alcanzados. Y refuerza el espíritu de esta serie de documento
técnico que realiza Vitalis desde el año 2000: el de impulsar un debate constructivo,
propositivo y proactivo, que pueda ayudar a conciliar posiciones e intereses en favor de la
conservación del ambiente. En la gestión ambiental a todos nos concierne la sustentabilidad de
nuestros recursos naturales, para que sea disfrutado por las presentes y futuras generaciones de
venezolanos.

A
M E T O D O L O G Í A
Para conocer la situación ambiental de
Venezuela, en el 2000 Vitalis definió los
fines del estudio, a fin de conocer la
opinión de especialistas al respecto,
destacando no sólo los problemas, sino
también los logros alcanzados en el
periodo de estudio y, además, que
pudiera ser replicado anualmente. Los
cuatro indicadores propuestos fueron
los siguientes:
1. Principales problemas ambientales.
2. Principales logros ambientales.
3. Actuación de las organizaciones
públicas, privadas y asociaciones civiles
en materia ambiental
4. Iniciativas y organizaciones, pública o
privada, destacadas en su labor
ambiental
Para él logró de estos objetivos, se
emplearon cómo técnicas de
investigación un cuestionario y el
análisis documental.
Se empleó un cuestionario como principal
soporte metodológico para obtener una
información representativa de los
especialistas en materia ambiental. Se
construyó de manera semi-estructurado
(con preguntas abiertas y cerradas), por
temas afines y en orden de dificultad
creciente, que permitiera dar respuestas
concretas, y los identificadores del
encuestado al final del cuestionario. Las
dos primeras preguntas son abiertas, para
dar oportunidad a recibir una variedad de
matices en la respuesta, mientras que el
resto de las preguntas son cerradas. (Anexo
1).
La información obtenida a través del
cuestionario, la cual fue validada y
completada a través de consultas de
documentos técnicos.
A diferencia de años anteriores, para el año
2016 se consideró importante conocer la
opinión de los expertos sobre temas que
fueron sugeridos, como de especial
importancia, por la colectividad
venezolana, tales como el cambio

climático, gestión integrada de los recursos hídricos, minería, protección ex situ, Comercio
ilegal de animales silvestres, Comercio ilegal de animales silvestres, Manejo eficiente de las
mascotas domésticas, entre otros.
Se realizó una invitación abierta a todos los profesionales, a nivel nacional, para que
participaran en la encuesta, con la condición de tener experiencia en el sector ambiental
venezolano. Sin embargo, el instrumento fue enviado, de manera intencional a las
diferentes redes y asociaciones que agrupan especialistas del sector ambiental de diversas
organizaciones públicas y privadas, incluyendo medios de comunicación social,
universidades y ONG, obteniendo una importante receptividad.
Para la sistematización y procesamiento de la información se contó con la plataforma de
Vitalis en su portal (www.vitalis.net), en alianza con www.encuestafacil.com, lo cual
permitió la sistematización de toda la información y su posterior análisis. Siempre que fue
posible, se proporcionaron los datos en forma gráfica.
Perfil de los encuestados
En total se recopilaron 105 opiniones válidas, que estuvo conformada por 69% de mujeres y
31% de hombres, en su mayoría de los subsectores académico, científico o docente (52%),
ONG (24%), gobierno nacional y local (18%), medios de comunicación social (3%), y otros
(3%) tales como empresa privada, grupos comunitarios y consejos comunales (Fig. 2).
Del total de expertos, 9% posee más de años de experiencia en el área ambiental, 27% entre
20 y 30 años y entre 6 y 10 años, un 21% posee entre 11 y 20 años de experiencia y 9%
menos de 5 años de experiencia.
La muestra incluyó profesionales de la biología, ingeniería, educación, derecho,
arquitectura, geografía, economista agrícola, turismo, derecho, estudios ambientales,
química analítica, acuacultura, sociología, en consultoría privada en gestión ambiental,
funcionarios en ejercicio público, comunicación social, investigadores, profesores
universitarios, y promotores sociales, entre otros. Gran parte de los encuestados conocieron
de la consulta 2016 a través de correo electrónico (58%) (Fig. 2).

Figura 2. Sector al que pertenecen los expertos que respondieron la consulta 2016
Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Porcentaje sobre los medios de divulgación de la encuesta 2016

A
D I A G N Ó S T I C O
Principales Problemas
Ambientales de 2016
Minero del Orinoco, mejor conocido como
el Arco Minero (minería legal).
Hay que destacar que Venezuela es un país
con potencial minero por excelencia al
concentrar alrededor de 3% de la oferta
mundial de minerales. Los más importantes
son el hierro, la bauxita, los fosfatos, la
caliza, el manganeso, el níquel, el yeso, el
oro, el diamante y el carbón. Dichos
recursos son utilizados en la actividad
industrial en general. En relación con la
explotación minera, la actividad está
relativamente desarrollada y diversificada,
sin embargo, el mayor énfasis está en el
hierro y la bauxita.
Los recursos mineros mejor valorados son
los metálicos, y están caracterizados por su
dureza, maleabilidad, transmisión de calor
y electricidad, poseen alto valor
económico, ya que se utilizan en el sector
de la construcción, la industria
metalmecánica y la orfebrería.
Entre los metálicos, destaca el hierro cuyos
grandes yacimientos se localizan al sur del
Para el año 2016, se identificaron 5 grandes
problemas ambientales que preocupan a los
especialistas consultados: (1) Minería y su
impacto al ambiente, Arco Minero (2)
Gestión inadecuada de los recursos hídricos
(3) Deficiente Manejo de los Residuos y
Desechos sólidos, (4) Pérdida de la
Biodiversidad y (5) Vulneración de las
Áreas Naturales Protegidas.
A continuación, se presentan los
principales problemas ambientales
detectados durante la consulta que se
realizó a los expertos en el 2016:
1. Minería y su impacto al ambiente
A diferencia de años anteriores, como
primer problema ambiental que preocupa a
los especialistas consultados destacó la
Minería ilegal y su impacto negativo al
ambiente, así como la zona decretada como
Desarrollo Estratégico Nacional Arco

río Orinoco, en el complejo montañoso Imataca del estado Bolívar. Las reservas totales de
este mineral son de 14.600 millones de toneladas, de las cuales 4.100 millones de toneladas
son reservas probadas. Mientras, el yacimiento más importante de bauxita y lateritas
alumínicas está localizado en el cerro Páez en el sector de Los Pijiguaos, al sur de Caicara
del Orinoco, en el distrito Cedeño del estado Bolívar. Otros yacimientos de menor
relevancia están situados en el estado Delta Amacuro (MINAMB, 2010).
Venezuela ocupa el quinto lugar del mundo en términos de capacidad de producción de
aluminio primario. Sus reservas probadas se estiman en 500 millones de toneladas, de las
cuales se aprovecharán unos 400 millones, lo cual permite calcular la duración de estas
reservas en más de 100 años de vida.
La extracción de oro se realiza en minas de libre aprovechamiento, sometidas al régimen de
concesiones y a través de una empresa estatal, Minerven, que explota las minas de El
Callao. Las áreas de explotación aurífera más importantes del país están ubicadas en El
Callao, Kilómetro 88, San Salvador del Paúl, Guainiamo, Icabarú, El Dorado, Gran Sabana y
Alto Caura. Venezuela tiene reservas probadas de oro que sobrepasan las 10.000 toneladas
(MINAMB, 2010).
Por otro lado, están los no metálicos, que son especies químicas con características
opuestas a los anteriores, pero contienen elementos que son de gran utilidad para diversas
labores cotidianas, además de la construcción y la orfebrería como el cuarzo cristalino, la
barita, el caolín, los feldespatos, el silicio, la mica, la sal, la arcilla, la diatomita y el carbón
(El Mundo, 2017).
Las explotaciones de carbón están ubicadas en Barcelona, estado Anzoátegui, norte de San
Cristóbal, estado Táchira y en el flanco oeste de la cuenca del lago Maracaibo, estado Zulia.
La producción de carbón ha aumentado a partir de 1986, con la puesta en explotación de
depósitos del estado Zulia. La producción actual supera los 47 millones de toneladas (en
1986 fue de sólo de 57.000 toneladas). Las reservas probadas se estiman en 9.159 millones
de toneladas, cantidad que garantiza más de 125 años de producción (MINAMB, 2010).
La minería comprende la extracción de estos minerales de la tierra. En los últimos años se
ha incrementado las denuncias de esta práctica extractivista en Parques Nacionales, como
Canaima, lo cual es ilegal en Venezuela, pues las leyes del país y su Constitución
Bolivariana la prohíben expresamente. Este hecho, puso en relieve las diversas y reiteradas
denuncias de sectores ambientalistas e indígenas con respecto a la explotación de recursos
minerales auríferos y diamantíferos en Parques Nacionales y cuencas hidrográficas, así
como las terribles consecuencias para el ambiente y la salud humana (Vitalis, 2014; Diario
de Caracas, 2015). La Red Ara (2013) expuso no solo la situación ilegal de la minería en la
Guayana Venezolana, sino que destacó que esta práctica utiliza mercurio, sin ningún tipo

de control ambiental, ni protección de salud a las personas que la practican, por lo que se
liberaban grandes cantidades al ambiente.
Es bien cierto que, en el 2014, el Gobierno de Venezuela había rechazado la práctica de la
minería ilegal denominándola “monstruo de mil cabezas”, pero habitantes de las zonas
afectadas por este problema señalaban que sus acciones para detener la minería ilegal eran
vagas o nulas, y seguía proliferando, según lo denunciado por diversas organizaciones
(Vitalis, 2014). Pero con la caída del precio petróleo, la minería ilegal se extiende en el país,
organizándose al margen de las fuerzas del Estado y generando enormes problemas sociales
y ambientales. Ante los precios mínimos del petróleo, las grandes reservas de oro se han
convertido en una opción tanto para los venezolanos que salen de las ciudades en busca de
fortuna, como para gente de otros países en busca del beneficio rápido (El Mercurio, 2016).
Mientras en el 2016 el Gobierno Venezolano destacó el sector minero (minería legal) como
parte fundamental de los “14 motores” necesarios para (1) enfrentar la emergencia
económica por la caída de los precios del petróleo, y superar la coyuntura a corto plazo, (2)
impulsar la transición del “rentismo petrolero”, (3) promover la minería lícita y ordenada
(Minería sustentable), y (4) posicionar al Estado Bolívar como una alternativa económica no
petrolera (El Universal, 2016).
Al respecto, funcionarios gubernamentales definen “minería sustentable” como la práctica
de extracción de minerales de forma responsable, subsanando el menoscabo que dicha
actividad ocasione al ecosistema y que a su vez genere beneficios sociales y económicos que
contribuyan con el desarrollo de las poblaciones mineras y de la región, mejorando así la
calidad de vida de las personas dedicadas a esta labor, así como la de la comunidad. Sin
embargo, las alarmas persisten, especialmente con el decreto del Arco Minero, puesto que
los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la
explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la
sociedad (Egaña, 2016).
Esto ha motivado que la Asamblea Nacional promueva, recientemente, el proyecto de Ley
para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco, que tiene como principal
propósito derogar el decreto 2.248 que establece la creación del Arco Minero del Orinoco. El
instrumento legal busca dejar sin efecto las concesiones mineras otorgadas por el Ejecutivo y
suspender el decreto mediante el cual se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias
Mineras, Petroleras y de Gas (Camimpeg), con lo cual se busca prohibir, de forma absoluta, la
participación de militares en actividades extractivas (Ramírez, 2017).
2. Gestión inadecuada de los recursos hídricos
La gestión inadecuada de los recursos hídricos destacó como el segundo problema ambiental
en el país. Esta débil gestión se manifiesta de diversas formas:

Escasez y desabastecimiento de agua potable en los centros poblados.
Baja credibilidad sobre información oficial sobre la calidad de agua potable.
Contaminación de cuerpos de agua por actividades mineras
Falta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales
Contaminación de cuencas hidrográficas y reservorios de agua para consumo humano,
por falta de plantas de tratamientos de aguas o por poca operatividad de las existentes
Deficiente servicio de saneamiento (aguas residuales)
Despilfarro y contaminación del agua
Deterioro en la calidad del agua de los embalses
Ausencia de inversión en sistemas de tratamiento de aguas residuales
Son reiterados los llamados de atención y denuncias de la población venezolana sobre la
gestión del agua, no sólo en el año 2016, sino en años precedentes, especialmente en lo
relativo a la calidad de agua potable. Las mismas no han sido debidamente abordadas, desde
un punto de vista comunicacional y operativo, por el Ejecutivo Nacional puesto que aún
persisten las inquietudes en la población sobre el buen servicio del agua.
Al respecto, se destaca que principios de agosto del 2016, el ministro del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, se reunió con el tren ejecutivo de las hidrológicas del
país, a fin de evaluar los indicadores de gestión en los proyectos establecidos durante el
período 2014-2016. Entre los lineamientos, el ministro Paiva encomendó la tarea a los
presidentes de las hidrológicas, para que se reunieran con las organizaciones populares, a
fin de establecer mecanismos de asistencia técnica y acompañamiento, en el proceso de
transferencia de competencias en materia hídrica al poder popular dentro de los espacios de
las Salas de Gestión Comunitaria . De acuerdo a la nota de prensa del MINEA (2016), se
identificaron medidas para paliar la situación de sequía persistente, conocer y compartir
experiencias para garantizar el buen servicio del agua, aclarar dudas e inquietudes,
compartir experiencias para garantizar el buen servicio del agua, aclarar dudas e
inquietudes relacionadas con la adquisición y transporte de sustancias químicas para el
tratamiento del preciado líquido, entre otras inquietudes.
Consideramos muy positivo la celebración de este tipo de eventos puesto que denota la
inquietud del Ejecutivo Nacional por abordar temas relacionados con la gestión del agua.
Sin embargo, no existe un documento al alcance del público, que detalle la situación
general de cada región, cuáles fueron los temas discutidos, problemas encontrados, las
oportunidades de mejoras a emprender, entre otros.
La poca disponibilidad de documentos oficiales sobre la situación ambiental, especialmente
en la gestión del agua, incide en una baja participación ciudadana, de manera real y
efectiva, en los procesos de toma de decisiones. Al respecto, hay que considerar que en
nuestra Carta Magna se establece la Descentralización y la Participación Ciudadana como
política nacional para integrar a la gente a las estructuras reales de poder y a la toma de

decisiones, creando condiciones para el ejercicio de la democracia participativa y
protagónica bajo el principio esencial de toda convivencia, LA CORRESPONSABILIDAD.

En el Portal del Plan Nacional de Gestión Integrada de las Aguas, PNGIA , se vislumbra el
esfuerzo de difusión y comunicacional de presentar diversos productos de investigaciones
en torno al recurso agua. Destaca el Atlas donde se presentan diversos mapas relativos a
cuencas, embalses, demanda y balance hídrico anual, entre otros. Pero llama la atención,
que no está a disposición del público, una versión virtual del Documento Base del Plan
Nacional de Gestión Integral de las Aguas que, de acuerdo al portal, está constituido por
ocho (8) capítulos, donde se exponen los puntos esenciales, conclusiones y propuestas
alcanzadas ante las necesidades detectadas. De igual forma, no están a disposición aquellos
documentos que sirvieron de sustentación técnica y legal.
3. Deficiente Manejo de los Residuos y Desechos sólidos.
La acumulación indebida de los residuos sólidos, principalmente domésticos, se destacó
como el tercer problema ambiental en el país para el año 2016. De acuerdo a los expertos
consultados, se mantienen altos niveles de generación de residuos y su inadecuada
disposición final, así como un bajo porcentaje de estrategias para su reducción, reuso y
reciclaje.
En las evaluaciones ambientales que ha realizado Vitalis desde hace 15 años, la basura se ha
mantenido entre los 5 principales problemas ambientales del país, a pesar que en el año
2010 se promulgó la Ley para la Gestión Integral de la Basura (AN, 2010) , que tiene por
objeto establecer las disposiciones regulatorias para la gestión integral de la basura, con el
fin de reducir su generación y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición
final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura.
En esta Ley se establece una clara definición de las competencias de los entes
corresponsables de la gestión Integral de basura:
• El Ejecutivo Estadal (estados y distrito capital) será el encargado de prestar los servicios de
transferencia y disposición final de la basura.
• El Ejecutivo Municipal (municipios y distritos metropolitanos), les competerá la gestión
del servicio de aseo urbano, rural y domiciliario.
• El Ejecutivo Nacional mantendrá una función rectora especialmente en la formulación de
políticas sobre la Gestión Integral dela basura, elaborar planes nacionales de gestión y
manejo de los mismos, fijar criterios para el establecimiento de tasas sobre la materia,
aprobar tecnologías destinadas al tratamiento o aprovechamiento de residuos, entre otras.
Sin embargo, a pesar que esta Ley presenta otras innovaciones, aún persiste el problema.
El mismo está relacionado con la falta de una coordinación adecuada de los entes
corresponsables de su gestión integral, de carencias de programas educativos dirigidos a la

población para reducir sus patrones de consumo y por ende de la generación de la basura, de
pocas alternativas para que s su recolección, aprovechamiento y disposición final sea
realizada en forma ambientalmente segura, de un cambio en el patrón de conducta de los
venezolanos en revalorizar la basura como un recurso que puede ser utilizado, baja cultura
de reducir, reusar y reciclar en la población, e inexistentes incentivos fiscales y crediticios
que estimulen a las industrias al desarrollo del reciclaje.
4. Pérdida de la Biodiversidad
Para el 2016, la pérdida de la biodiversidad se mantiene entre los 5 principales problemas
ambientales del país. Diversas organizaciones, publicas y privadas, han realizado grandes
esfuerzos en mejorar el conocimiento, manejo y conservación de la diversidad biológica en
nuestro país. Sin embargo, los datos señalan una pérdida alarmante, tanto a nivel de genes,
especies y ecosistemas. En el balance ambiental de Vitalis del 2015 (2016) la perdida de la
biodiversidad destacó como tercer problema ambiental para ese año.
Venezuela se ubica entre los primeros países del mundo con mayor variedad de vida. Es un
país privilegiado en cuanto a su biodiversidad; tiene o comparte con otros países, 21 de 178
ecoregiones prioritarias que fueron definidas para Latinoamérica y el Caribe (Romero-
González, 2011). Ya en 1991, la UICN advirtió que Venezuela había perdido el 32% de sus
espacios naturales al norte del río Orinoco, por los desarrollos hidráulicos, la minería, la
actividad agrícola, urbanismo y quemas de vegetación (Ciencia Guayana, 2007).
Las principales causas de pérdida de biodiversidad en el país son la destrucción de los
hábitats naturales, actividades productivas tales como la agricultura y la ganadería, los
desarrollos urbanísticos, el turismo y la expansión industrial son las fuerzas motrices más
relevantes en la dinámica de destrucción y sustitución de los hábitats (MiNAMB, 2010). La
cacería y venta ilegal de fauna silvestre, también son fuerzas motrices que derivan en
pérdidas de biodiversidad (Vitalis, 2012).
5. Vulneración de las áreas naturales protegidas
Venezuela cuenta con uno de los conjuntos de Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial (ABRAE), más variados y extensos de América Latina, desarrolladas para la
conservación de su patrimonio natural y para el disfrute de las generaciones presentes y
futuras. Dentro de estas ABRAE se consideran como Áreas Naturales Protegidas a las figuras
de Parque Nacional, Monumento Natural, Santuario de Fauna Silvestre, Refugio de Fauna
Silvestre, Zona Protectora, Reserva de Fauna Silvestre y Reserva de la Biosfera. Dejando de
lado las superposiciones en superficie protegida, actualmente las áreas naturales protegidas
cubren aproximadamente el 16,5 % del territorio nacional. Estas áreas naturales protegidas
se encuentran reguladas a través de diferentes leyes desde

antes de 1999, pero es en la Constitución de la República Bolivariana donde sientan las
bases de la importancia de las áreas protegidas desde dos perspectivas jurídicas. La primera
se basa en el derecho que tienen los ciudadanos a gozar de un ambiente sano y en su
obligación de protegerlo. En este sentido, la Constitución señala en su artículo 127: “Es un
derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí
misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a
disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. La
segunda perspectiva se basa en la obligación que tiene el Estado de proteger a la naturaleza,
señalando también en su artículo 127: "El Estado protegerá el ambiente, la diversidad
biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y demás áreas de especial importancia ecológica” (Medina, 2011).
Pese a ello, aun cuando estas áreas han adquirido rango constitucional, el cumplimiento de
sus normas se ve vulnerado por la ausencia de seguridad jurídica y una confusa formulación
de políticas de derechos humanos y ambientales que no termina de definirse
coherentemente. A pesar de la importante trayectoria de 70 años de logros en conservación
de recursos naturales y biodiversidad, así como de beneficios tangibles que brindan para la
sociedad, en la actualidad las áreas naturales protegidas se encuentran en un grave peligro,
luego de haber sido considerada Venezuela como una de las naciones latinoamericanos de
avanzada en este sentido (Naveda & Yerena, 2008).
Existe una patente ausencia de custodia de las fuerzas policiales en estas joyas de la
naturaleza venezolana, lo que ha hecho más peligrosa la actividad de vigilancia y control de
los Guardaparques quienes no tienen entrenamiento ni funciones policiales. Entre el 2001 y
2014 han sido asesinados con impunidad 4 funcionarios en el ejercicio de sus deberes. Se ha
incrementado hasta niveles récord, las deforestaciones, incendios forestales, cacería y pesca
ilegal. Es frecuente la utilización de estas áreas para actividades de narcotráfico,
delincuencia común, secuestros y otros delitos.
La inversión en conservación de Venezuela, promedio en los últimos 10 años ha sido de
3,66 US$/Km2, cuando en los países en vías de desarrollo la inversión promedio es de 161
US$/Km2. Esto no es congruente con el hecho de que el Estado Venezolano ha manejado en
los últimos 14 años ingresos aproximados de 660 millardos de US$. Las obras de “interés
público” (tal como el tendido eléctrico en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, carreteras,
corredores de servicio, fibra óptica, gasoductos, antenas de telecomunicaciones) proliferan
dentro de las áreas naturales protegidas y se ejecutan con mínimo apego a las medidas de
mitigación y restauración que prescriben los Estudios de Impacto Ambiental y
Sociocultural.
El país está perdiendo el patrimonio natural y cultural que tan celosamente ha protegido
durante más de 70 años, lo que en algunos casos puede ser irreversible.

6. Otros problemas identificados
Los expertos identificaron otros problemas ambientales que ameritan ser mencionados
tales como (1) Débil respuesta a eventos climáticos (sequía, cambio climático, fenómeno El
Niño), (2) Falta de institucionalidad y gobernabilidad ambiental, (3) Deficiente Gestión
Urbana, (4) Carencia de programas de Educación Ambiental, (5) Contaminación ambiental,
(6) Desarrollo no Sustentable del país y (7) Manejo ex situ de la fauna.
Problemas ambientales que pueden tener solución en el 2017
De acuerdo a los expertos consultados, existen posibles soluciones que pueden aplicarse en
el 2017, para algunos problemas identificados en la sección anterior. Tales soluciones son:
1. Paralización del Decreto del Arco Minero.
2. Establecer un monitoreo de sequías basado en satélites.
3. Detener aquellos proyectos que no cuentan con Estudios de Impacto Ambiental y
Sociocultural.
4. Recuperación de Zonas Boscosas.
5. Establecer acuerdos de todos los actores que participan en la gestión ambiental del país
6. Iniciar un plan de reforestación y restauración de áreas degradados.
7. Implementar las bases de una gestión adecuada de los recursos disponibles (control de
crecimientos urbanos desordenados).
8. Fortalecer la protección de las áreas naturales protegidas.
9. Desarrollar un correcto plan integral de desechos sólidos, instalación, seguimiento y
control del mismo, considerando la intervención de los organismos pertinentes, alcaldías y
comunidades.
10. Cumplir en toda su magnitud la legislación ambiental venezolana y leyes indígenas,
creación del Parque Nacional el Caura.
11. Realizar estudios sobre conservación y gestión del agua para uso humano y agrícola.
12. Desarrollar instrumentos de contraloría ciudadana con participación de todos los
sectores.
13. Diseñar proyectos energéticos sustentables en algunas regiones del país, basados en el
desarrollo de las energías renovables.
14. Manejo y mantenimiento de los embalses y aplicación de otras alternativas
ambientalmente favorables para la calidad del agua de consumo.
15. Retomar la institucionalidad ambiental a través de un Ministerio de Ambiente, con
capacidad técnica, financiera y potenciar su facultad legal de actuar.
16. Retomar la variable ambiental en políticas públicas, promover el desarrollo sustentable
y fortalecer al Estado para asumir la rectoría y a la ciudadanía para la controlaría social de
los procesos que traen consigo el progreso.

17. Mantener la difusión de información y conocimientos a través de conferencias,
seminarios, talleres y divulgación de información donde se aborde el papel del estado y de
los ciudadanos en el cumplimiento del marco jurídico vigente.
18. Desarrollo de directrices y plan maestro para el crecimiento de las ciudades.
19. Mejorar el sistema de saneamiento de aguas y protección cuencas.
20. Continuar y fortalecer los programas de reforestaciones adelantados por diversas
organizaciones públicas y privadas en diversas zonas del país.
21. Dotar a las Alcaldías de insumos, presupuesto adecuado y capacidad técnica para la
planificación y gestión adecuada de los servicios públicos, tales como la recolección de
desechos sólidos, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
22. Resaltar la importancia de los medios de comunicación como instrumentos básicos de
una estrategia de educación ambiental en el medio social. Los medios de comunicación son
agentes de información y formación social y, desde ese papel, contribuyen también a la
educación ambiental.
23. Apoyo político al más alto nivel, que entienda la importancia estratégica de las áreas
naturales protegidas e impulse una política de cambio hacia una renovación institucional,
que incluya su reestructuración interna, la apertura hacia fuentes heterodoxas de
financiamiento y el establecimiento de mecanismos administrativos transparentes y
auditables.
24. Diseñar una Planta de Tratamiento Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, con
tecnología de punta que disminuya la contaminación del suelo, agua y aire,
económicamente sostenibles y redistributivo.
25. Fortalecer los Programas de Educación Ambiental como política de Estado, para la
comprensión y valoración del ambiente.
26. Eliminar aportes de fuentes contaminadas.
27. Rediseñar el concepto de Guardería Ambiental e instrumentarlo.
28. Establecer una Unidad especial contra la minería ilegal.
29. Utilización del recurso energético basada en el principio de la sostenibilidad con
estrategia educativa ambiental.
30. Fortalecer los programas de vigilancia y control en áreas naturales protegidas, así como
la aplicación y debido seguimiento de las sanciones aplicadas.
Principales logros en el área ambiental durante el año 2016
Para el año 2016, entre logros ambientales identificados por los expertos, se destacaron:
permanencia y labor de las Organizaciones No gubernamentales ambientalistas, la
celebración de foros, diplomados y eventos relativos a la temática ambiental en
Universidades Públicas; la creación del Ministerio de Agricultura Urbana, los programas de
reproducción ex situ de anfibios y quelonios, la Campaña Comunicacional La Banda Verde
relativa al ahorro energético, y los programas de reciclaje y manejo de residuos de algunas
alcaldías del país, entre otros.

En el siguiente listado, se resume los principales logros de la gestión ambiental, ordenados
de mayor a menor importancia, de acuerdo con la frecuencia en su mención:
1. Firma de convenios internacionales sobre cambio climático.
2. Gracias a la crisis hay un creciente uso de productos reutilizados o reciclados.
3. Participación de universidades, profesionales y ONG en relación al tema Arco Minero.
4. Foro: Visiones sobre el arco minero hacia la formación de una red de pensamiento crítico
desde la academia. (Universidad Central de Venezuela).
5. Institutos Municipales de Ambiente.
6. Estrategia para el consumo de energía eficiente.
7. Mayor visibilidad de los problemas ambientales con las redes sociales y el internet en
general.
8. Educación ambiental.
9. Rango Ministerial a la Agricultura Urbana.
10. Voluntarios para recoger comida para especies en zoológicos.
11. Unión de ONG, universidades y sociedad civil para pronunciarse en contra del arco
minero. Diferentes perspectivas.
12. Desarrollo agrícola y pesquera sustentable.
13. Manifestaciones y pronunciamientos por el agua.
14. Creación de huertos urbanos.
15. Gestión de residuos sólidos urbanos en Barinas (Capital).
16. Programas pilotos de reciclaje.
17. Incorporación de actividades de investigación por parte de INPARQUES.
18. Tres conferencias desde la visión de la construcción sostenible, la construcción desde la
perspectiva ambiental y económica del desarrollo sostenible (Universidad Central de
Venezuela).
19. Acciones comunitarias en pro de la conservación.
20. Rescate de fauna en la Represa Tocoma.
21. Un venezolano es presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la
IUCN.
22. Nuevas técnicas para tratamientos de aguas residuales y suelos.
23. Comienzo de trabajo en la laguna de punta de piedras por parte de EDIMAR.
24. En general, el trabajo de las ONG en el área, a pesar de la crisis.
25. Discusión de la nueva Ley Orgánica del Ambiente.
26. Se reconoció que a pesar de que existe investigación ambiental, debe reforzar el interés
de los investigadores en esta área.
27. Reproducción ex situ de anfibios con categoría de amenaza en el zoológico Chorros de
Milla (Proyecto del Dr. Enrique La Marca).
28. Impacto positivo en instituciones educativas (básicas, medias y universitarias).
29. Conocimiento por parte de ciudadanía de algunos problemas ambientales de alto
impacto.

30. Programas de formación académica de la ULA-NURR en conservación ambiental.
31. Denuncias por parte de la ciudadanía (indígenas con la explotación minera, casos del
agua de Valencia).
32. Los programas de manejo de las tortugas.
33. Creación de la micro-misión cuencas hidrográficas.
34. Normativas pro ambiente, aunque no se apliquen.
35. El ahorro energético (Campaña Comunicacional La Banda Verde).
36. Divulgación en algunos medios de comunicación.
37. Monitoreo de sequías basado en satélites.
38. Estudios de biodegradación en suelos pro hidrocarburos y otros contaminantes por parte
de universidades y ONGs.
39. Monitores de zonas de riesgo.
40. Inventario de empresas generadoras de tóxicos.
41. Programa de liberación de especies amenazadas auspiciado por el Gobierno Nacional.
43. Participación de Venezuela en la convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo
de París.
44. Desafíos ambientales fueron debatidos en Congreso de la Patria Internacional.
45. Iniciativa de pequeña empresa para recuperar residuos eléctricos y electrónicos, así
como recolección selectiva de baterías.
46. Socialización del tema extractivista, gracias al Arco Minero.
47. Campaña ambiental, conservación de las aves urbanas de Barquisimeto por Bird Natural
Art (Encargado: Josmar Márquez).
48. Trabajo de las universidades en materia ambiental.
49. Reconocimiento del Estado ante la CIDHH sobre el Arco Minero.
50. Programas de recolección de desechos clasificados para reciclaje en comunidades y
algunas alcaldías.
51. Activación del ministerio de agricultura urbana con énfasis en agroecología.
52. Incremento de la siembra urbana.
53. Impulso de las Energías Alternativas.
54. Ratificación de propuestas de corredores ecológicos y de creación de ABRAE.
55. Acompañamiento integral en proyectos socioeconómicos con miras al desarrollo
sustentable.
56. Programa de esterilización de mascotas auspiciado por el Gobierno Nacional.
58. Ecoferia (Universidad Simón Bolívar).
59. Mantenimientos aislados de espacios verdes.
60. Organización de artesanos e innovadores en el "Reciclaje" aprovechamiento de residuos.
61. Se han realizado diversas actividades de voluntariados en pro del ambiente, aún con la
situación socioeconómica actual.

62. Estudios de metales pesados en zonas costeras.
63. Mayor disposición de los empresarios por negocios de reciclaje.
64. Censo Neotropical de Aves Acuáticas por la UVO.
65. Permanencia de Misión Árbol.
66. La revalorización de la educación ambiental en algunos sectores de la población
venezolana.
67. Labor educativa de algunos docentes referida a la defensa ambiental.
68. La producción de cacao y de chocolates artesanales.
69. Cuidado de las mascotas.
70. Movilización social (parcial) en contra del arco minero.
71. Recuperación de Espacios Ecoturísticos.
72. Pronunciamiento por eliminación del MINAMB.
73. Financiamiento en huertos escolares y familiares.
Temas ambientales que requieren mayor prioridad gubernamental
Los expertos consideraron que, prácticamente, todos los temas consultados no reciben la
debida tan atención ya sea para la búsqueda de soluciones y/o fortalecer aquellas acciones
acertadas, entre otros (Tabla 1).
Destacaron como prioridad principal de atención gubernamental la Minería metálica y
demás prospecciones mineras, de conformidad a lo establecido en el marco jurídico vigente
(78%), el Comercio ilegal de fauna silvestre (74%), Cambio Climático, con énfasis en el
cumplimiento de la convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París (71%) y la
Conservación de los suelos (71%), son los temas que reciben la menor atención
gubernamental.
En segundo lugar, se identificaron los temas Conservación de la atmósfera, incluyendo la
conservación de la capa de ozono (66%), Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, con
énfasis en acceso al agua potable y el tratamiento de aguas servidas (66%), Desarrollo
agrícola y pecuario sustentable (65%), Protección in situ de la biodiversidad (62%),
Desarrollo pesquero sustentable (62%) y el Aprovechamiento forestal sustentable (62%). En
tercer lugar, se destacaron la Gestión Integrada de los Residuos Sólidos, con énfasis en
disminución de la generación de residuos, reciclaje, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final (56%) y la Protección ex situ de la biodiversidad (53%).
Tan solo se consideró que el Aprovechamiento petrolero y gasífero recibe la debida
atención (53%), seguido por el Manejo eficiente de las mascotas domésticas (38%).

Tabla 1. Temas ambientales que requieren prioridad gubernamental
Gestión de las organizaciones públicas y privadas en materia
ambiental
La política y gestión ambiental participativa en Venezuela tiene su punto de partida en el
año de 1999, cuando se adopta un nuevo marco jurídico constitucional, promotor de
cambios que conllevaron a una reforma política con implicaciones administrativas. La
participación de la sociedad civil organizada está consagrada en nuestra actual Carta

Magna, como un principio, un derecho y un deber, contextualizado en el modelo
democrático, descentralizado y participativo en el que se constituye el Estado venezolano.
La Ley Orgánica del Ambiente, establece en su artículo 4, la Corresponsabilidad dentro de
los principios de la gestión ambiental, entendiéndose ésta como el deber del Estado
venezolano en sus diferentes ámbitos de acción nacional, regional y local, la sociedad y las
personas de conservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. A su vez, en
el artículo 23 la participación ciudadana aparece como un lineamiento para la planificación
del ambiente en todos sus niveles de gestión.
Los actores de la gestión ambiental son todos aquellos que pueden intervenir en el
mejoramiento y conservación del ambiente y calidad de vida de la sociedad venezolana,
contribuyendo a mantener un ambiente ecológicamente sano, tal como establece nuestra
Constitución.
Cada ciudadano que habita en Venezuela, tiene el derecho y deber de preservar el ambiente
en corresponsabilidad con el Estado y para ello se requiere fomentar la generación de
conciencia, educación y cultura ambiental, para de esta forma alcanzar actitudes
ambientalmente responsables en todos los sectores de la población nacional o la formación
del “ecociudadano”. Esto también implica que, desde el ciudadano común hasta las
empresas, comercios e industrias que realizan actividades susceptibles de degradar el
ambiente, deben adquirir el compromiso de conservar, proteger y mejorar su ambiente para
poder garantizar a las generaciones futuras un ambiente sano seguro y equilibrada (León &
García, 2011).
Para el año 2016, se mantiene la tendencia observada en años anteriores, donde la
actuación de las ONG, las universidades públicas y privadas, así como los medios de
comunicación social, es mejor valorada comparada con otros actores en la gestión
ambiental. En la Tabla 2, se muestra la percepción de los expertos consultados en torno a la
gestión de diversos actores de la vida nacional.
En términos generales, la gestión ambiental de las ONG fue la mejor valorada por los
expertos consultados, con valores de Buena (38%), y Muy Buena (15%). Seguido por las
Universidades Públicas entre Buena (15%) y Muy Buena (35%) mientras que la actuación de
las Universidades privadas se consideró entre Buena (12%) y Muy Buena (3%). Se destaca
que para el 2016, la actuación de las Universidades Públicas fue mejor valorada con respecto
a años anteriores.
Como Regular a Buena fue evaluada la gestión que realizan los medios de comunicación
social (55% y 18% respectivamente), y Asociaciones Estudiantiles (59% y 9%
respectivamente).

Tabla 2. Gestión de las organizaciones públicas y privadas en materia
ambiental
Para el año 2016, la gestión ambiental de la Asamblea Nacional fue
mejor valorada con respecto a años anteriores, puesto que en esta
ocasión un 39% consideró su actuación como regular, mientras un 3%
la consideró Buena.
La gestión ambiental que realizan las Asociaciones de Vecinos,
Organismos de Guardería Ambiental, Grandes industrias, Mediana y
pequeña industria y Consejos Comunales fueron evaluados de regular a
mala. Mientras que la gestión de la Fiscalía General, Gobierno
Nacional, Contraloría General, Gobiernos Estadales y Gobiernos
Municipales fueron catalogadas de mala a muy mala.
Organizaciones e iniciativas que merecen un
reconocimiento público por sus acciones durante
el 2016
Con miras a impulsar el reconocimiento de iniciativas públicas y
privadas vinculadas a la gestión ambiental, este año los expertos
consultados compartieron nombres y méritos de organizaciones e
instituciones merecedores de una mención especial:

Instituciones y organizaciones
ONG
Provita, Muraleja, Vitalis, Fundación Tierra Viva, Geografía Viva,
Fundación GUARDEAM, Convibe, Fundación La Salle, FUDENA, EcoRed,
Fundación Huerto Los Amayanes, Ecoclik.
Oficiales
Instituto Municipal de Ambiente Chacao, Alcaldía Bolivariana de la
Ciudad de San Francisco, Alcaldía del Municipio Iribarren, Grupo
Rasga - Inparques Lara, Gobernación del estado Táchira, Instituto
Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto, IMAUBAR, Parque
Zoológico y Botánico Bararida, Corporación Portugueseña de Turismo,
CORPOTUR, INPARQUES Táchira.
Universidades
CIEZA-UNEFM, Aula Ambiente de Geografía en la UNELLEZ Barinas,
Departamento de Ciencias Ambientales de la UNEFM, Ciulamide de la
Facultad de Ciencias de la ULA, Centros de Investigación de la ULA-
NURR Trujillo: CRIHES, Maestría en Desarrollo Regional, Centro de
Ecología Boconó.
Especialistas
Francisco Lau, Jon Paul Rodríguez, Alejandro Álvarez, Antonio
Pestana, Antonio Pestana.
TV
Revista CAYAPA, Programa Paralelo 10 transmitido por ConCiencia TV
Iniciativas
ExpoRecicla 2016, 3er Simposio de Biología y Conservación del Oso
Frontino en Venezuela, Plan Integral para la Conservación del Oso
Frontino en Venezuela, Desarrollo de actividades que promueven el
aviturismo a través del ecoturismo en el estado portuguesa,
Promulgación del decreto como patrimonio natural y cultural del
estado Táchira al oso frontino (Tremarctos ornatus) por parte de la
Gobernación del estado Táchira e INPARQUES Táchira.

A
R E C O M E N D A C I O N E S
A. Biodiversidad
1. Promover la permanente
actualización de los inventarios de
flora, fauna, paisajes y ecosistemas,
patrimonio natural de todos los
venezolanos, con miras a valorar el
ambiente y sus necesidades de
conservación. La Contraloría General
de la República debe considerar que,
en sus inventarios de bienes y
servicios del país, los recursos
naturales, activos y pasivos, deben ser
incluidos en las cuentas nacionales.
2. Promover la aplicación de la
estrategia de conservación de la
biodiversidad y su plan de acción,
impulsando su debida actualización
con la participación de los principales
actores en la materia.
3. Controlar el comercio ilegal de
animales y plantas silvestres, en
particular en las carreteras nacionales
en las cuales pareciera ser una práctica
habitual. Estas acciones pueden
complementarse mediante un intenso
programa de educación de la población en
general para combatir el comercio ilegal de
aves de canto y ornato, orquídeas,
brómelas, mamíferos para mascotas como
monos y perezas, además carnes de cacería
en restaurantes y centros gastronómicos.
4. Promover la realización de eventos
científicos de amplio alcance y alto nivel,
con profesionales de todo el país, a los
fines de intercambiar información sobre
biodiversidad fundamental para su
valoración, conservación y manejo, y
emprender acciones conjuntas entre los
principales actores para completar los
vacíos que pudieran existir por taxones o
grupos claves de especies.
B. Agua
5. Desarrollar programas técnicos de
control de la calidad de los cuerpos de
agua

del país, pues en la actualidad los mismos se concentran fundamentalmente en las playas y
balnearios de ríos y lagos, solo en temporadas vacacionales, cuando deberían desarrollarse
programas intensivos en ríos, riachuelos, lagos y lagunas de todo el país y durante todo el
año.
6. Elaborar y promulgar el reglamento a la Ley de Aguas, basado en una amplia y sustantiva
consulta a todos los sectores de la sociedad venezolana, comprometidas con los temas
ambientales.
7. Impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento
de aguas servidas a nivel municipal, con miras a disminuir el impacto que las aguas
residuales ocasionan sobre los distintos cuerpos de agua del país. Los esfuerzos adelantados
por las autoridades a nivel nacional lucen insuficientes y debes ser fortalecidos.
8. Promover la gestión integrada de los recursos hídricos, a fin de sistematizar el desarrollo,
asignación y monitoreo del uso del agua, en el contexto de los objetivos sociales, económicos
y ambientales. Especial énfasis debe hacerse en la función predictiva y de gestión que
asegure la inversión necesaria para su mantenimiento y desarrollo, así como también en el
diseño, planificación y aplicación de los fondos de agua.
9. Fortalecer el manejo de las cuencas hidrográficas como la instancia fundamental de
la gestión de los recursos hídricos estratégicos del país, por medio de planes estratégicos y
operativos debidamente consensuados con los principales actores, contando con la
tecnología necesaria para su seguimiento a nivel de las ecorregiones, especialmente para
monitorear su caudal y calidad.
10. Impulsar nuevas formas de aprovechar el agua, realizando las inversiones necesarias para
modernizar los sistemas de transporte y distribución, a fin de evitar pérdidas y tomas
ilegales.
C. Residuos y Desechos Sólidos
11. Reglamentar la Ley de Gestión Integral de la Basura, y actualizar las normas técnicas que
servirían de soporte en materia técnica, legal y penal.
12. Establecer nuevas plantas de transferencia, que contribuyan con el manejo apropiado de
los desechos, como punto intermedio entre los sitios de recolección y centros de disposición
final.

13. Hacer una evaluación integral del Relleno Sanitario La Bonanza para estimar su vida útil
de forma que permita anticipar y planificar un cierre apropiado al culminar su
funcionamiento y un nuevo sitio de disposición final con tecnología apropiada para el
manejo de los residuos y desechos, así como sus derivados como gases y lixiviados.
14. Dotar a las ciudades con la infraestructura apropiada para manejar sus residuos y
desechos, incluyendo sistemas que permitan separar desde la fuente aquellos que puedan ser
reciclados o requieran un tratamiento especial. Asimismo, deberían incluirse sistemas de
transporte apropiados, con personal debidamente capacitado, plantas de transferencia bien
equipadas y rellenos sanitarios diseñados y administrados con estrictos criterios técnicos,
ambientales y sanitarios.
15. Desarrollar ordenanzas que permitan sensibilizar, persuadir y hasta penalizar de
conformidad con la Ley Penal del Ambiente, a aquellos usuarios y usuarias reincidentes en
hechos relacionados con la mala disposición y/o manejo de residuos. La contraloría social es
fundamental en este aspecto, así como una gestión oficial coordinada y transparente con
otros niveles e instancias del estado.
16. Fortalecer a los Jueces de Paz o a los Tribunales del Municipio en la materia anterior, para
descongestionar la jurisdicción penal ordinaria.
17. Establecer una estructura operativa funcional que fomente la reducción, reutilización y
reciclaje de residuos sólidos a nivel nacional, tanto a nivel urbano como rural. Las empresas
privadas deben incrementar su capacidad para recolectar y tratar los residuos, y el gobierno
nacional debe evaluar el establecimiento de incentivos con ese objetivo
18. Realizar de manera transparente, y basado en criterios de experiencia técnica
comprobada, la asignación y administración de las concesiones en el manejo de los
residuos y desechos sólidos, garantizando el cumplimiento de las contrataciones y
asegurando un servicio de calidad.
19. Manejar los residuos y desechos de acuerdo con su naturaleza (doméstica, industrial,
agrícola, hospitalaria, tóxica y peligrosa, entre otros), garantizando que los mismos se
gestionen sin poner en peligro la salud y el ambiente, mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos.
20. Iniciar un programa masivo de reciclaje municipal, comenzando por residuos orgánicos e
inorgánicos en una primera etapa, para luego ir contemplando otros residuos, disminuyendo
la cantidad de materiales que son depositados en rellenos sanitarios sin promover su
aprovechamiento.

21. Brindar incentivos a aquellas iniciativas privadas de reciclaje para que puedan adquirir
tecnologías que faciliten los procesos como el de tratamientos de bombillos ahorradores o
pilas.
D. Ordenación y Ocupación del Territorio
22. Prohibir y/o eliminar la ocupación del territorio en zonas inestables y proponer
soluciones habitacionales seguras y ecoeficientes. Los riesgos de inundaciones y/o deslaves
están siempre presentes y deben ser atendidos con responsabilidad, incluyendo la educación
preventiva en situación de sismos, tormentas y otros fenómenos naturales.
23. Propiciar la desconcentración de los centros urbanos y centros industriales con mayores
problemas ambientales, creando las condiciones necesarias para que la migración dirigida
contemple una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, incluyendo todos los
servicios básicos requeridos, y los servicios públicos administrativos que sólo suelen
concentrarse en las principales ciudades.
24. Controlar las invasiones, en particular dentro de áreas protegidas, que atentan contra la
preservación de los procesos ecológicos esenciales, sus fenómenos evolutivos, y la flora, la
fauna y el paisaje en general.
25. Ampliar la participación y discusión del proyecto de Ley Orgánica de Ordenación del
Territorio.
E. Gestión Pública
26. Impulsar la evaluación de la situación ambiental del país en una consulta amplia que
conlleve al desarrollo de estructuras y propuestas gubernamentales que respondan a las
necesidades del país y no a criterios personales o del equipo profesional de turno.
27. Sincerar, articular y aplicar las políticas públicas a todos los niveles en materia ambiental,
evitando la descoordinación de las acciones públicas a nivel local, estatal y nacional.
28. Instar a los alcaldes a asumir con responsabilidad sus principales competencias
ambientales. No es posible que el deterioro de nuestras ciudades siga avanzando debido a
una mala gestión local, en particular en el manejo de los residuos sólidos. Asimismo, instar a
los Gobernadores a unir esfuerzos con las Alcaldías, y desarrollar acciones mancomunadas,
que atiendan, en las áreas de sus competencias, los requerimientos ambientales de sus
ciudadanos.

29. Proponer al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la creación o puesta en
funcionamiento del Consejo Nacional del Ambiente, integrado por autoridades públicas y
organizaciones representativas de la sociedad civil, para la consulta de las políticas
sectoriales y el seguimiento de los grandes proyectos nacionales en materia ambiental, que
además sirva para promover la coordinación y la cooperación interinstitucional e
intersectorial dentro del mismo gobierno y con los municipios, a los fines de cooperar
efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, mejoramiento y defensa del
ambiente en el ámbito local.
30. Instar a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la
Defensoría del Pueblo, a cumplir a cabalidad con sus funciones ambientales. Su acción a
favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado debe ser percibida con más fuerza
en todo el país, particularmente en el seno de las comunidades y las instituciones.
31. Instar a las autoridades competentes a fortalecer sus esfuerzos para controlar y erradicar
la minería ilegal en diversas partes de nuestro territorio, en particular en Guayana.
32. Evitar que la actividad política y partidista se filtre y perpetúe en la gestión técnica y
especializada del sector ambiental. En este particular, el Minea debe propiciar más espacios
para el debate propositivo, constructivo y proactivo con las ONG y las universidades, quienes
pudieran percibir su acción como poco consultiva y politizada.
33. Promover la articulación productiva entre las instancias gubernamentales, el sector
privado, la sociedad civil organizada y las universidades. Sin coordinación interinstitucional
será difícil acometer los complejos retos ambientales que depara el sector ambiental
venezolano.
F. Educación y concienciación ambiental
34. Fortalecer los conocimientos de las diferentes comunidades organizadas, instituciones,
líderes y facilitadores de los grupos sociales, entre otras iniciativas organizativas en materia
ambiental, a fin de impulsar la gestión ambiental.
35. Promover una mayor participación de las comunidades no organizadas en mesas de
trabajo para la solución de sus principales problemas ambientales, y las acciones en defensa
de su entorno saludable que pueden ser emprendidas desde el hogar, la escuela o el trabajo.
El fortalecimiento de la labor de las parroquias y los municipios en esta materia es
fundamental.

36. Impulsar el desarrollo de campañas de sensibilización e información ambiental
que contribuyan a valorar el agua y la energía, a fin de reducir el consumo excesivo de ambos
recursos.
37. Promover la educación de la ciudadanía para valorar la importancia de un buen manejo
de los residuos, disminuyendo la generación desde la fuente, reciclando tanto como sea
posible y disponiendo apropiadamente los residuos y desechos, para su debido tratamiento
por las instancias competentes. Asimismo, se propone impulsar programas de clasificación
selectiva de residuos desde los condominios, y desarrollo de programas municipales masivos
en coordinación con las Asociaciones de Vecinos y los Consejos Comunales.
38. Promover y empoderar la organización y la participación ciudadana a fin de fortalecer la
contraloría social de la gestión ambiental. Ciudadanos altamente sensibilizados, formados e
informados, podrán impulsar un comportamiento más responsable de las autoridades, las
empresas, los medios de comunicación y la comunidad en general.
39. Promover la activa participación de los consejos comunales y las asociaciones de vecinos
en la gestión ambiental como entes fundamentales de la contraloría social, hacia una
administración transparente y compartida, donde se estimule y premie a los funcionarios
capaces y responsables, se penalice a los culpables y se documenten las infracciones en
forma permanente y ejemplarizante, en fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley Penal del
Ambiente vigente.
40. Promover una educación ambiental orientada a disminuir el consumo de bienes y
servicios, formando valores, conocimientos y conductas, cónsonos con la conservación
ambiental y el desarrollo sustentable.
41. Asignar personal y profesionales expertos en la materia ambiental, en las instituciones
promotoras y divulgadoras de programas ambientales.
G. Ecoeficiencia
42. Impulsar los planes y programas de adecuación ambiental de los sectores de la pequeña,
mediana y gran industria, públicos y privados, a los fines de promover la adopción de
mecanismos de producción y desarrollo limpios.
43. Desarrollar programas de ecoeficiencia orientados a promover una cultura administrativa
en la que se haga un uso racional del agua y la energía, y se disminuya de manera
significativa la generación de residuos. Esto puede aplicarse desde un condominio y hasta un
organismo público o una empresa.

44. Impulsar la construcción de viviendas con criterios de sustentabilidad, que combinen
materiales de gran durabilidad, resistencia y bajo costo, e incentiven el uso de la luz y la
ventilación natural, el ahorro en el consumo del agua y la energía, y el manejo apropiado de
los residuos sólidos que genere su construcción, ocupación, adecuaciones en uso o
demolición- transformación, al final de su vida útil.
H. Energía y Transporte
45. Continuar los programas de ahorro energético, impulsando la creación de mesas técnicas
que permitan a los ciudadanos expresar sus ideas e inquietudes y llegar a consensos,
incluyendo a los sectores productivo, académico, ONG y medios de comunicación social. Los
programas de ahorro deben diseñarse e instaurarse en coordinación con los principales
actores, sin comprometer el crecimiento y desarrollo de la economía, y la atención de las
necesidades básicas de la población.
46. Impulsar el uso de energías alternativas o verdes, disminuyendo el uso de sistemas de
generación energética altamente contaminantes, basados en combustibles fósiles. Evitar el
uso de la energía nuclear, que, aunque puede considerarse limpia, el manejo de sus residuos y
desechos contemplan acciones y metodologías que requieren estrictos controles, debido a su
alta peligrosidad.
47. Mejorar las condiciones del transporte público actual, cuyo parque automotor tiene en
promedio 15 años, y muchos de los cuales no cuentan con los sistemas de mantenimiento
apropiados, generando emisiones y ruidos molestos, entre otros problemas.
48. Promover la creación y desarrollo de sistemas masivos de transporte impulsados por
energías limpias, evitando la generación de toneladas de gases que contribuyen al
incremento del efecto invernadero y que por lo tanto permitan mitigar la congestión de las
vías públicas por la creciente densidad vehicular.
49. Evaluar alternativas para descongestionar el tráfico de las principales ciudades del
país, mediante el establecimiento de canales de flujo y contra flujo, planes de parada
selectiva por día y placa, uso compartido de vehículos y uso de horarios escalonados para
favorecer la descongestión del tránsito terrestre.
50. Continuar y fortalecer el programa de reconversión vehicular a gas, masificando los
sistemas de distribución del combustible que siguen siendo escasos en las principales
ciudades.

I. Legislación Ambiental
51. Impulsar el conocimiento sobre los deberes y derechos ambientales de los venezolanos en
todo el sistema educativo escolarizado, formal y no formal. Sólo conociéndolos y
manejándolos, podremos impulsar un nuevo modelo de ciudadanía más responsable en lo
ambiental.
52. Actualizar aquellas leyes ambientales que merecen una revisión técnica por el tiempo que
ha transcurrido desde su declaratoria.
53. Promover la difusión y el conocimiento de las leyes ambientales vigentes, empoderando a
las comunidades a exigir ante las autoridades municipales, estatales y nacionales su
cumplimiento, a favor de su derecho constitucional de disfrutar un ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado. La Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, deben emprender un papel
importante en la divulgación de la materia ambiental.
54. Insistir en la creación de la Jurisdicción especial ambiental dentro de la estructura judicial
del país, a los fines de reconocer el derecho ambiental como disciplina autónoma y
procedural, debido a su especial materia y en atención a la tutela judicial ambiental efectiva,
idónea y eficaz que aún requiere Venezuela.
55. Promover la participación de las Fiscalías Ambientales en el desarrollo de actividades que
promuevan la conservación del ambiente.
J. Otras propuestas generales
56. Establecer corredores biológicos para garantizar la perpetuación de las especies y
ecosistemas
57. Conciliar el potencial de nuestros recursos naturales con la capacidad para generar
riqueza, sin menoscabo de su abundancia y calidad, con un inmenso potencial para propiciar
la equidad y la justicia social.
58. Formular una política para el aprovechamiento sustentable y conservación de suelos y
lecho marino en función de sus capacidades ecológicas.
59. Mayor compromiso para atender los problemas ambientales por parte de las entidades
gubernamentales, las ONG, el empresariado y las propias comunidades. Las ONG

ambientales deberían incluir dentro de sus actividades prioritarias la atención a las
comunidades para que se incorporen a la solución de estos problemas. Las empresas privadas
por su parte deben ampliar su inversión social a la atención de los problemas ambientales
locales, y no sólo en sus áreas de influencia, además de adecuar su actuación a la
ecoeficiencia y la producción limpia, según sea el caso.
60. Se debe propiciar una agenda de país a diez (10) años, sin excluidos ni excluyentes, que
identifique los problemas fundamentales en el sector ambiental para proponer soluciones,
en donde cada sector de la sociedad entienda y se comprometa a cumplir con su
responsabilidad en la solución. Si los problemas no están suficientemente claros, las
soluciones nunca llegarán.
61. Fortalecer y acciones y medidas de biocomercio
62. Impulsar la organización social que promueva la atención de sus propias necesidades, y
mejore la crítica situación económica y social del país, superando el centralismo en poder del
Estado y el acceso a oportunidades en las que las comunidades puedan gestar y confiar su
propio desarrollo. No se trata de repartir lo que hay, sino de aprovechar de manera
sustentable lo que tenemos.
63. Retomar la realización de los congresos nacionales de conservación, en los que diversos
sectores presentan sus aportes en la gestión ambiental, bien se trate de nuevos
conocimientos, metodologías, acciones emprendidas o proyectos por emprender.
64. Instar al Estado Venezolano, y eso incluye a todos los poderes, a la sociedad civil, al
sector productivo y la academia, a que comprendan y valoren que lo ambiental está
estrechamente ligado a lo económico, lo social, lo cultural y hasta a lo político-partidista,
porque un ambiente sano y limpio, ecológicamente equilibrado, es la base de una sociedad
moderna, con una calidad de vida digna para todos sus ciudadanos.
65. Instar a los medios de comunicación social a crear y mantener espacios para divulgación y
la difusión de conocimientos que puedan ayudar a formar en valores y conductas cónsonas
con la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.

66. Establecer programas estratégicos de bioseguridad.
67. Instar a la ciudadanía para que comprenda su rol en la gestión ambiental moderna, donde
cada acción trae una consecuencia o efecto positivo o negativo sobre la salud y el ambiente
de todos, recordando que si cada ciudadano revisa sus comportamientos y adopta aquellos
que sean más responsables, su actuación podrá redundar en un entorno más sano y
equilibrado para todos, con consecuencias positivas para su región, país, y el planeta en
general.

A
B I B L I O G R A F Í A
AN, Artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio Gaceta Oficial No.3.238 -
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la-humanidad/

A
A N E X O S
Anexo 1. Formulario de Encuesta

Anexo 1. Formulario de Encuesta
Fuente: Elaboración propia en encuestafacil.com

Anexo 1. Formulario de Encuesta. Continuación

19
Junta Directiva de Vitalis Venezuela, 2016 – 2019
Diego Díaz Martín, Presidente y Fundador
José Antonio Apostólico, Vicepresidente
Bernardo Soto, Director de la Junta Directiva y
Miembro del Consejo de Asociados
Eduardo Ochoa, Director de la Junta Directiva
Equipo de Trabajo
Zoila Martínez, Directora Ejecutiva
Liduvina Valderrama, Directora de Ecoeficiencia
Gilberto Carreño, Periodista
Cecilia Gómez, Coordinadora del Capítulo Barinas
Esmeralda Mujica, Coordinadora del Capítulo Carabobo
Imarú Lameda Camacaro, Coordinadora del Capítulo
Lara
Javier Mendoza, Coordinador del Capítulo Trujillo
Donaldo Mejía, Coordinador del Capítulo Zulia
Derwins Alvarez, Asesor de la Región Capital
Liliana López, Asistente a la Dirección Ejecutiva
Consejo Consultivo
Pedro Pacheco, Firma PwC Pacheco, Apostólico y
Asociados
Antonio Goncalves, Hotel Montaña Suites – Venezuela
Miembros Honorarios
Ana María Giammarino
Liduvina Valderrama
Alejandra Ravelo
Miembros Fundadores
Diego Díaz Martín
Ana María Giammarino
MaryCarmen Sobrino
Somos una organización no gubernamental (ONG) sin
fines de lucro, creada el 13 de agosto de 2000, con la
misión de contribuir a la formación en valores,
conocimientos y conductas, cónsonas con la
conservación ambiental y el desarrollo sustentable.
Tenemos sede en Venezuela (2000), México (2014) y
Colombia (2016).
A través de 6 Agendas Programáticas, Vitalis desarrolla
proyectos y programas para cumplir su misión
institucional:
Bienes y Servicios Ambientales
Derecho Ambiental y Políticas
Desarrollo Comunitario
Ecoeficiencia, Producción Limpia y Consumo
Sustentable
Educación, Ciudadanía y Responsabilidad Social
Información y Comunicaciones
Cada agenda cuenta con el respaldo de profesionales
de reconocida trayectoria en Venezuela y América
Latina, quienes tienen la responsabilidad de diseñar,
ejecutar y supervisar su desarrollo.

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