La investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa encubre la participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos. La PGR ha descalificado investigaciones periodísticas que muestran evidencia de la complicidad de estas instituciones. Al igual que en el caso Tlatlaya, el gobierno federal está urdiendo un encubrimiento y eventual impunidad de posibles responsables a través de mentiras, ocultamiento y exoneraciones anticipadas sin investigación.

6. Índice
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semanario de información y análisis
No. 1990 • 21 de diciembre de 2014
CORRUPCIÓN
28 Exoneraciones bajo sospecha /Jenaro Villamil
33 Hipólito Gerard, el otro empresario consentido
/Arturo Rodríguez García
EDUCACIÓN
36 Emilio Chuayffet: El secretario fantasma
/Santiago Igartúa
ANÁLISIS
40 El Evangelio y lo inadmisible /Javier Sicilia
41 Borrón y cuenta nueva /Naranjo
42 El control que ya no existe /Ernesto Villanueva
43 Solveig y Revueltas /Marta Lamas
44 Fin a la cleptocracia /Héctor Tajonar
46 La crisis electoral no es nueva /Jesús Cantú
CASO AYOTZINAPA
8 La investigación de la PGR encubre al
Ejército y a la Policía Federal /Anabel Hernández
y Steve Fisher
14 Las huellas de los militares /Marcela Turati
17 San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes
/Marcela Turati
NARCOTRÁFICO
20 El “virrey” Castillo fracasó y se “corrompió”
/José Gil Olmos
24 Nestora Salgado, presa por consigna
/Jesusa Cervantes
26 La calma en Juárez, producto de un narcopacto
/J. Jesús Esquivel
Foto portada: Octavio Gómez
28
20

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AÑO 38, No. 1990, 21 DE DICIEMBRE DE 2014
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INTERNACIONAL
48 CUBA-ESTADOS UNIDOS: La maniobra
salvadora de Obama /Homero Campa
y J. Jesús Esquivel
53 Los últimos espías de la Guerra Fría
/Mathieu Tourliere y Homero Campa
CULTURA
58 El Estado monopoliza el terror: Carlo Ginzburg
/Judith Amador Tello
63 Estro Armónico /Samuel Máynez Champion
Páginas de crítica
ARTE: En esto ver aquello...
/Blanca González Rosas
TEATRO: El trabajo de David Antón
/Estela Leñero Franco
CINE: Rosewater /Javier Betancourt
TELEVISIÓN: Retroceso de la TV pública
/Florence Toussaint
ESPECTÁCULOS
68 América Latina pinta la ira
/Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
72 CICLISMO: Dopaje sobre ruedas
/Beatriz Pereyra
75 ADMINISTRACIÓN: Facturas chuecas
en el deporte mexiquense /Raúl Ochoa
77 Palabra de Lector
82 Mono Sapiens /Calendario de fotos famosas
para un país lleno de fosas /Helguera y Hernández
72
58
4836

8. L
a estrategia de ocultamiento,
mentiras, descalificación a in-
vestigaciones periodísticas y
exoneraciones por adelantado
al Ejército y a la Policía Federal
(PF) por el caso Ayotzinapa re-
cuerda a la urdida por el gobierno federal
en el caso Tlatlaya, cuando militares eje-
cutaron de manera extrajudicial a 21 pre-
suntos delincuentes en esa localidad del
Estado de México.
Durante semanas, meses, autoridades
estatales y federales tergiversaron y/o ne-
garon una y otra vez los hechos, hasta que
una investigación periodística y la presión
internacional orillaron al gobierno de En-
rique Peña Nieto a emprender una inda-
gatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a
aceptar la responsabilidad de efectivos de
las Fuerzas Armadas en aquella masacre y
su final enjuiciamiento.
Como en el caso Tlatlaya, el de Ayotzinapa revela una
estrategia ya ensayada por el gobierno de Enrique Peña
Nieto: el encubrimiento de agentes del Estado, señalada-
mente el Ejército y la Policía Federal. Como entonces, hoy
laProcuraduríaGeneraldelaRepúblicadescalifica,mien-
te, oculta, exonera por adelantado y sin investigación de
por medio a otros posibles responsables. A continuación
se exponen de manera pormenorizada los elementos fác-
ticos y documentales que sirvieron de base al reportaje
publicado en la edición 1989 de Proceso y que sustentan
la tesis periodística de los reporteros Anabel Hernández
y Steve Fisher, junto con nuevas y sólidas evidencias que
apuntan al entorpecimiento de la búsqueda de los jóve-
nes en instalaciones militares y de la PF.
ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empe-
cinamiento de la Procuraduría General de
la República (PGR) en darle carpetazo de-
ja ver la misma fórmula: el encubrimiento
y la eventual impunidad de más posibles
responsables.
La investigación publicada en el nú-
mero 1989 de Proceso con el encabezado
La historia no oficial mostró que la PF par-
ticipó activamente en el ataque contra los
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzi-
napa la noche del pasado 26 de septiem-
bre y madrugada del 27, con la complici-
dad del Ejército; que contra lo dicho por el
gobierno federal, éste sí tuvo conocimien-
to de los hechos en tiempo real por con-
ducto de los funcionarios federales adscri-
tos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que
al menos cinco de los supuestos miembros
de Guerreros Unidos usados por la Procu-
raduría General de la República (PGR) para
dar forma a la versión oficial contra el al-
calde de Iguala, José Luis Abarca, y la poli-
cía de ese municipio, fueron torturados an-
tes de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del re-
portaje y en entrevista con Carmen Aris-
tegui para CNN en Español, el procurador
general Jesús Murillo Karam declaró lo si-
guiente sobre el papel de la PF el 26 de sep-
tiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento
de que había una manifestación (presen-
cia de los estudiantes en la caseta 3 de la
carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro.
De que estaban (la PF) del lado de la case-
ta, sí, claro. Eso todo está en la averigua-
ción; pero eso no implica que hayan parti-
cipado de ninguna manera”.
En su conferencia de prensa del 7 de
noviembre último, el funcionario había
afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bor-
do de dos camiones Estrella de Oro de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos enAyo-
tzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad
de Iguala. Posteriormente, se trasladaron
a la terminal de autobuses, donde toma-
encubreal Ejército y a la Policía Federal
La investigación de la PGR
8 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

9. ron otros dos camiones de otra empresa.
“El expresidente municipal de Iguala,
quien tenía designada en la comunicación
interna de la Policía Municipal el código
A5, fue quien dio la orden a los policías
municipales de contener a las personas
que viajaban en esos cuatro camiones, se-
gún declara el propio operador de radio de
la central de la Policía Municipal de Igua-
la, David Hernández Cruz, y la ratifica uno
de los vigilantes que ellos conocen como
halcones, que recibía comunicación. Es en
este mismo evento, como se ha informa-
do, que los policías municipales de Igua-
la privaron de la vida a tres normalistas.”
En su anuncio de conclusiones del caso
Iguala, el procurador no informó que des-
de las 20:00 horas seis policías federales, a
bordo de tres patrullas, monitorearon a los
normalistas de Ayotzinapa. Tampoco in-
formó que éstos eran vigilados por los go-
biernos estatal y federal desde las 17:59 ho-
ras, cuando salieron de su escuela rumbo
a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde
hay presencia de representantes de las po-
licías Federal, Estatal, Municipal de Chil-
pancingo y del Ejército.
El mismo martes 16, Murillo Karam le
declaró a Carmen Aristegui: “Después de
haber oído la respuesta de la Policía Fede-
ral que viene hoy en La Jornada, me queda
claro que no hay modo de suponer la actua-
ción de la Policía Federal”, lo que indica que
la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a
declarar a los efectivos de esa corporación.
Del indicio periodístico al indicio
oficial
La PGR envió a Proceso una breve nota
aclaratoria: “La investigación que lleva a
cabo la Procuraduría se ha basado en tes-
timonios, revisión de documentos, video-
grabaciones, fotografías, peritajes, inspec-
ciones ministeriales, análisis técnicos y
forenses, entre otros.
“Ninguno de estos elementos arroja
indicios de que miembros de la Policía Fe-
deral o del Ejército Mexicano hayan parti-
cipado en los hechos delictivos del 26 y 27
de septiembre en Iguala, Guerrero.”
Pese a las declaraciones públicas de
Murillo Karam en entrevista con la perio-
dista Carmen Aristegui, donde pide que se
le muestren las evidencias de la investi-
gación periodística sobre la participación
de la PF y el Ejército, tal solicitud no ha si-
do dirigida a Proceso ni al Programa de Pe-
riodismo de Investigación de la Universi-
dad de Berkeley.
El jueves 18 se envió una carta solici-
tando al procurador general acceso a la in-
vestigación y a las pruebas que deslindan
a la PF y al Ejército. Aún se está en espera
de la respuesta.Y cabe señalar que no hu-
bo ninguna carta aclaratoria por parte de
la Secretaría de Gobernación, responsable
de la PF y de la coordinación de los C4 en
Guerrero.
BenjamínFlores
CASO AYOTZINAPA
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 9
Murillo Karam. Crecen las dudas

10. Tampoco la hay de parte
de la Policía Federal.
La investigación perio-
dística publicada se basó en
la revisión de miles de hojas
de averiguaciones previas,
testimonios, videos, infor-
mes y tarjetas informativas
del gobierno de Guerrero. Se
hizo un recorrido por los luga-
res donde ocurrieron los he-
chos del 26 y 27 de septiem-
bre y se verificó la información
contenida en las averiguacio-
nes previas y causas penales.
Se tomaron videos y fotografías.
Durante todas las indagatorias oficia-
les fue patente la ausencia de la PGR. Para
entender lo ocurrido esa noche, no inte-
rrogó a testigos imprescindibles, quienes
contradicen la versión oficial del ataque
y desaparición de los estudiantes. No pro-
tegieron las pruebas ni hicieron los aná-
lisis periciales con oportunidad. En todos
sus informes sobre el caso, la PGR omi-
tió las primeras declaraciones ministeria-
les rendidas por los estudiantes atacados,
quienes imputaron, además de a la Policía
Municipal, a la Federal y denunciaron el
hostigamiento del Ejército. Ocultó la exis-
tencia de videos grabados por los estu-
diantes esa noche –mostrados por Proce-
so– y nunca dio una versión del actuar de
la PF y el Ejército ese día.
Sin hacer una investigación completa
y transparente de las diferentes líneas de
investigación que se desprendían de las
declaraciones ministeriales y elementos
de prueba, la PGR adelantó conclusiones
y dio el caso por resuelto el pasado 7 de
noviembre.
Sustento documental
A continuación se enumeran algunas de las
pruebas documentales con las que cuen-
tan la reportera y el reportero, las cuales
sustentan la tesis periodística acerca de la
participación de la PF y el Ejército en el ata-
que, las graves deficiencias y omisiones de
la PGR en la investigación, el ocultamien-
to de información y declaraciones ministe-
riales rendidas bajo violencia previa ante la
Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada.
Cualquier persona interesada en con-
sultar directamente los documentos pue-
de contactar a la reportera y al reportero
en el Investigative Reporting Program, UC
Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkeley,
CA 94709 y en Proceso.
1. Declaración ministerial del estu-
diante Luis Pérez Martínez rendida el 27
de septiembre ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Guerrero (PGJG)
que obra en la causa penal 172/2014-I.Afir-
mó que en el ataque contra sus compañe-
ros en la calle Juan N. Álvarez, policías mu-
nicipales les cerraron el paso, pero la PF fue
la que disparó contra ellos.
2. Declaración ministerial del estu-
diante Francisco Chalma, rendida el mis-
mo día –obra en la averiguación previa
(AP) HID/SC/02/0993/2014– sobre la actua-
ción del Ejército en el hospital Cristina e
identifica la presencia de policías con pa-
samontañas, pecheras y rodilleras, equi-
po del cual carece la Policía Municipal de
Iguala. Cabe señalar que Chalma fue gol-
peado la madrugada del 14 de diciembre
en Chilpancingo por policías federales
aparentemente ebrios.
3. Declaración ministerial del estudian-
te Ángel Mundo Francisco, en la averigua-
ción previa HID/SC/02/0993/2014. También
reconoce a policías con guantes negros y
equipo antimotines, que no usa la policía
de Iguala.
4. Declaración ministerial del estu-
diante José de Jesús Vázquez –en la AP
HID/SC/02/0993/2014–, quien señala la
existencia de videos grabados por los es-
tudiantes con celulares y afirma que en-
tregó uno a la PGJG.
5. Videos grabados con teléfonos celu-
lares por los estudiantes la noche del 26
de septiembre. En uno de ellos claramente
un normalista identifica la presencia de la
PF.“Ya se están yendo los policías… se van
a quedar los federales y nos van a querer
fastidiar”.
6. Entrevista con el licenciado Vidul-
fo Rosales, abogado de los estudiantes y
de los padres de los desaparecidos, quien
afirmó que desde sus primeras declaracio-
nes ministeriales los normalistas señala-
Carta de Anabel Hernández
y Steve Fisher en respuesta
a la PGR
Señor director:
Le solicitamos publicar la siguiente car-
ta, que dirigimos al titular de la PGR en
respuesta al comunicado que nos envió
esta dependencia en torno a nuestra in-
vestigación periodística intitulada La his-
toria no oficial, publicada en la edición
1989 de Proceso.
Señor procurador general de la Repú-
blica Jesús Murillo Karam:
Hemos recibido con atención la breve
nota aclaratoria que envió su oficina de
Comunicación Social en la que señala:
“La investigación que lleva a cabo la
Procuraduría, se ha basado en testimo-
nios, revisión de documentos, videogra-
baciones, fotografías, peritajes, inspec-
ciones ministeriales, análisis técnicos y
forenses, entre otros.
“Ninguno de estos elementos arroja
indicios de que miembros de la Policía Fe-
deral o del Ejército Mexicano hayan par-
ticipado en los hechos delictivos del 26 y
27 de septiembre en Iguala, Guerrero.”
Por medio de la presente le solicita-
mos tener acceso a la indagatoria rea-
lizada y las pruebas que deslindan a la
PF y el Ejército de su participación en
los ataques ocurridos la noche del 26 de
septiembre y la madrugada del 27 con-
tra los estudiantes de la Escuela Normal
de Ayotzinapa, Guerrero, en los cuales
resultaron muertos tres estudiantes y 43
fueron desaparecidos.
Agradecemos la atención que se sir-
va prestar a la presente.
Atentamente
Anabel Hernández
Steve Fisher
OctavioGómez
10 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
Padres de normalistas. Protesta ante militares

11. P
ese a sus expresiones públicas de
duelo por el ataque a los normalis-
tas de Ayotzinapa la noche del pa-
sado 26 de septiembre y la madru-
gada del día siguiente –con saldo de tres
estudiantes asesinados, nueve heridos y 43
desaparecidos–, el gobierno federal no per-
mitió que se buscara a los jóvenes dentro
de las instalaciones de las bases militares
en Iguala ni en las de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) o el Centro de
Operaciones Estratégicas (COE).
El mismo 27 de septiembre el gobierno
federal anunció que se sumaba a la bús-
queda de los 43 estudiantes desaparecidos
en apoyo al gobierno de Guerrero.
Sin embargo impidió que esa búsque-
da se hiciera en la base que comparten
la PGR y el COE del gobierno federal en
Iguala y apenas permitió una revisión par-
cial en las instalaciones de los batallones
de Infantería 27 y 41, según el informe de
81 hojas elaborado por el agente auxiliar
del Ministerio Público del Fuero Común
Elmer Rosas Asunción y fechado el pasado
2 de octubre.
El 28 de septiembre a las 11:00 horas,
la agente del Ministerio Público espe-
cializada en búsqueda de personas no
localizadas, Elizabeth López Peña, ordenó
una inspección completa en el 27 Batallón
Búsqueda entorpecidaANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
de Infantería, la base del COE/PGR, la ba-
se de la PF en Iguala, así como las sedes
de las policías Estatal y Municipal en esa
ciudad guerrerense.
La instrucción de López Peña fue “veri-
ficar si en dichas instalaciones existen o no
personas recluidas en las áreas asignadas
como de seguridad o áreas carcelarias”.
También recabar “bitácoras o libros de go-
bierno y/o relación de las personas que son
ingresadas en calidad de detenidas”.
La inspección debía ser en las áreas
de separos y en el “resto de las instalacio-
nes destinadas a oficinas, habitaciones,
bodegas, y verifiquen la existencia de
cámaras de video; de ser necesario solicitar
los videos de las fechas 26, 27 y 28 de
septiembre del año en curso”.
Por experiencias previas, los norma-
listas sobrevivientes y los padres de los
desaparecidos temieron que éstos se ha-
llaran en instalaciones del gobierno federal:
El 12 de diciembre de 2012, durante una
protesta en la autopista México-Acapulco,
efectivos de la Policía Federal (PF) dispa-
raron contra los estudiantes y se llevaron
detenidos a 17 de ellos al Cuartel Regional
Federal, en Chilpancingo, donde los gol-
pearon, como se desprende de la recomen-
dación VG/2012 de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Permisos a medias
Rosas Asunción se presentó con dos
testigos a las sedes de los batallones
de Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos
ubicados en el mismo lugar, cerca de la
plaza Tamarindos.
Ahí fueron recibidos por el coronel
de Infantería José Rodríguez Pérez,
quien señaló, según la relatoría de
Rosas, que “en las instalaciones que
ocupan los batallones no cuentan con
áreas de seguridad de detenidos, ya
que al momento que llegan a detener a
individuos, éstos son canalizados direc-
tamente a las diferentes dependencias a
donde correspondan”.
Rodríguez Pérez dijo que por
motivos de “seguridad nacional” no
podía mostrar todas las instalaciones y
pese a la urgencia, debía tramitarse una
petición a la 35 Zona Militar con sede en
Chilpancingo, “para que autoricen una
inspección general”.
El coronel dijo al agente auxiliar del
MP que dentro del batallón hay un “área
de sanitario habilitado como área de se-
guridad con puerta de celda”, dentro de la
sala de guardia y prevención, y que según
su dicho esa área, cerrada con candado
y con etiquetas de papel, era usada para
“depósito de enervantes”.
“Campo Militar No. 35-C Iguala Gro a
24 de septiembre 2014 prohibido el paso.
Zona restringida sólo personal autorizado P
O del Cor de Inf Cmte Btn el Myr de Inf jefe
de la S110 Luis Alberto Rodríguez Chávez
B-9445759”, decían las etiquetas.
De acuerdo con Rosas sólo se les per-
mitió “observar y tomar imágenes fotográfi-
cas del lugar referido”. Pudieron asomarse
por la reja y vieron muebles de estantería,
una caja de cartón cerrada y una cubeta.
No se les permitió revisar el resto de las
instalaciones. En el reporte no se menciona
si había cámaras de seguridad dentro del
batallón ni si se obtuvo una bitácora de
detenidos.
La siguiente visita del día fue al cuartel
de la Policía Estatal, en la carretera Iguala-
Tuxpan, donde el comandante José Antonio
López Ruiz permitió una amplia inspección.
No se reportó ninguna novedad.
La tercera se hizo en la base de la PF en
Iguala, donde Rosas fue atendido por el ofi-
cial Mario Mayorga Duarte. Se informa que
no había un área de seguridad o carcelaria y
se permitió una amplia inspección. No hubo
novedad, reportó el agente auxiliar del MP.
La cuarta tuvo lugar en la base de la
Policía Municipal de Iguala, donde se pudo
hacer una revisión completa y sin novedad.
Una quinta fue a las instalaciones de
la PGR y el COE, en la calle Nicolás Bravo
sin número, en el centro de Iguala. Ahí los
enviados de López Peña fueron atendidos
por el oficial de guardia Fidel Jiménez
Morales, quien aceptó que habia un “área
de seguridad (…) pero para tener acceso a
todas las instalaciones, así como a la toma
de fotografías se comunicaría vía telefónica
con el agente titular del Ministerio Público
federal; al cabo de unos minutos informó
que no era posible acceder por motivos de
seguridad”.
A partir del 4 de octubre la PGR anunció
que atraería el caso de los normalistas de
Ayotzinapa, pero ninguna investigación se
hizo en torno a la participación de la PF y
el Ejército. Y según la información pública,
tampoco ha habido una inspección profun-
da en las bases militares de Iguala ni en la
de la propia PGR.
En el informe elaborado por el gobierno
de Guerrero sobre el caso se señala que la
Fiscalía General del Estado “recibió reportes
anónimos en el sentido de que algunos de
los normalistas desaparecidos se encontra-
ban en la comandancia de la Policía Munici-
pal de Iguala, otros más en las instalaciones
del 27 Batallón de Infantería y otros en el
cuartel de la Policía Estatal”. El Ministerio
Público fue a dichos lugares “sin que se
obtuvieran resultados positivos”.
CASO AYOTZINAPA
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 11

12. ron la participación de la PF y el Ejército, y
que a finales de noviembre ampliaron sus
declaraciones al respecto ante la PGR, la
cual no quiso darles copia de las mismas.
7. Declaración ministerial de Osval-
do Arturo Vázquez, escolta del exalcalde
Abarca, quien declaró que éste y su espo-
sa se retiraron de la explanada del centro
de Iguala a las 20:45 horas, al terminar el
informe de la gestión de ella al frente del
DIF municipal, y luego fueron a cenar a
una taquería en la colonia Río Balsas.
8. Entrevista con la señora Lili, dueña
de la mencionada taquería, quien confir-
mó que el exalcalde y su familia fueron a
cenar esa noche y se retiraron a las 22:20
horas. Se le preguntó si la PGR la había ci-
tado a declarar o si había ido a su local.
Respondió que no.
9. Informe del gobierno de Guerrero
que consta de más de 900 hojas en las que
se desglosan las acciones realizadas du-
rante el 26 de septiembre hasta el 4 de oc-
tubre, cuando la PGR atrajo el caso.
10. Tarjeta informativa (TI) número
02370, de dos hojas, firmada por el coordi-
nador operativo de la región norte de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil de Guerrero, José Adame Bautista.
11. Se obtuvo información en los C4
de Chilpancingo e Iguala acerca de que en
sus instalaciones hay representantes de
las policías Federal, Estatal y Municipal,
así como del Ejército. Todos ellos reciben
dos camiones monitoreados por la Policía
Estatal y la PF se movieron de la caseta 3
hacia la central de autobuses.
13. Declaración ministerial de Feli-
pe Flores Velázquez rendida el 27 de sep-
tiembre –AP HID/SC/0993/2014– en la cual
asegura que a las 21:24 horas informó al
jefe de la base de la PF en Iguala, Luis An-
simultáneamente los reportes del 066.
12. Entrevista con Omar García, líder
del Comité de Orientación Política e Ideo-
lógica de la Normal Rural de Ayotzinapa,
quien afirma que 10 alumnos quedaron
encerrados en un autobús que llegó a la
terminal de Iguala, que éstos llamaron pa-
ra pedir ayuda a sus compañeros y que los
La pira que no se vio
ni desde el aireANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
U
na bitácora de vuelo contribuye a
derribar la versión difundida el pa-
sado 7 de noviembre por el pro-
curador general de la República,
Jesús Murillo Karam, de que los 43 norma-
listas de Ayotzinapa desaparecidos desde
el 26 de septiembre fueron incinerados el 27
de septiembre en un basurero de Cocula.
Un experimentado piloto militar que
trabaja en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil de Guerrero y quien
durante 10 años laboró para la PGR, voló
ese día sobre Iguala y sus alrededores para
buscar a los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con su bitácora, el vuelo
tuvo lugar justo en las horas en las cuales,
según el titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), habría una inmensa
hoguera donde eran calcinados los cuerpos
de los estudiantes en el basurero de Cocula,
a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el
piloto reportó “sin novedad”.
Según la conferencia de prensa de
Murillo Karam el pasado 7 de noviembre,
Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan
Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García
Reyes, El Chereje, supuestos miembros de
Guerreros Unidos, confesaron que mataron
y quemaron a los 43 estudiantes desapa-
recidos. Con llantas, madera, gasolina y
diésel hicieron una inmensa pira que ardió
entre la medianoche del 26 de septiembre
hasta las 15:00 horas del día siguiente.
No fue sino hasta las 17:30 horas del
27 de septiembre cuando supuestamente
pudieron manipular los restos, ponerlos en
ocho bolsas negras de basura y tirarlos al
río San Juan, donde después habrían sido
encontradas por la Policía Federal.
Pero ese mismo 27 de septiembre, en-
tre las 12:00 y las 13:06 horas el helicóptero
UH-1H matrícula XC-LLC de la Secretaría
de Seguridad Pública de Guerrero, como
parte del operativo de búsqueda de los
estudiantes desaparecidos, voló a 350 pies
–altura considerada baja en la aeronáutica
civil– sobre la cabecera municipal de Iguala
y sus alrededores. Pero luego de una hora
de vuelo el reporte fue: “Sin novedad”.
De acuerdo con la bitácora, el piloto fue
Andrés Pascual Chombo López.
Información de la Secretaría de la
Función Pública asienta que éste es piloto
aviador militar. De 1993 a 1999 fue coman-
dante de nave en el área de Operaciones
Aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana. De
2002 a 2012 trabajó en la PGR; en 2002
era piloto de servicio aéreo en el área de
Asistencia Técnica. En 2009 fue ascendido a
capitán con tareas de vigilancia, adscrito a la
Dirección General de Servicios Aéreos; luego
pasó a la Unidad de Intercepción Aérea, y en
agosto de 2012 se dio de baja de la PGR.
No fue aquél el único vuelo de Chombo
López ese día. A las 11:00 horas salió en el
helicóptero de Chilpancingo rumbo a Iguala.
OctavioGómez
12 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
Indignación. Hermetismo del Ejército

13. Luego del primer vuelo de inspección volvió a
despegar a las 18:00 horas desde la cancha
de futbol a un costado del cuartel de la Po-
licía Estatal y aterrizó a las 18:06 horas en el
aeródromo de Iguala, para partir de ahí a las
18:16 horas rumbo a Chilpancingo con fun-
cionarios del gobierno guerrerense a bordo.
En ninguno de los vuelos del 27 de
septiembre notó nada inusual.
Aún más: El 28 de septiembre se rea-
lizaron “diversos vuelos a baja altura” con
un helicóptero Enstrom 480 B, matrícula
XC-LKP, “con la finalidad de rastrear o ubicar
desde el aire algunos lugares, baldíos, terre-
nos y vados donde pudiera haber pertenen-
cias o indicios del paradero de los jóvenes,
sin que se hubiese obtenido información que
llevara a su localización”, según un informe
elaborado por el gobierno de Guerrero,
fechado el 2 de octubre.
Científicamente imposible
El jueves 11, expertos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
cuestionaron la veracidad de esta versión.
Afirmaron que para quemar 43 cuerpos
se hubieran necesitado 33 toneladas de
troncos.
“Si los cuerpos se hubieran quemado
para reducirlos a los restos mostrados por
la PGR, se hubieran necesitado 995 llan-
tas. La hipótesis de que fueron quemados
en el basurero de Cocula no tienen ningún
sustento en hechos físicos o químicos
naturales”, dijo a la prensa Jorge Monte-
mayor, investigador titular del Instituto de
Física de la UNAM.
Agregó que si los cuerpos se hubieran
quemado con las 995 llantas, forzosamente
hubieran quedado como residuos 2.5 tone-
ladas de alambre de acero... que nadie vio.
Además se necesitarían temperaturas
de más de mil 500 grados, lo que hubiera
provocado una columna de fuego y humo
visible a varios kilómetros a la redonda.
“Es imposible que hayan sido quema-
dos en Cocula y la autoridad está en un
serio problema porque, si no se quemaron
en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde?”,
apuntó.
tonio Dorantes, que los estudiantes esta-
ban secuestrando camiones y aquél res-
pondió que estaría pendiente.
14. Constancia de actuaciones en la AP
HID/SC/0993/2014 sobre nuevas diligen-
cias. En el análisis de los hechos dentro de
la averiguación previa y “para la debida in-
tegración y perfeccionamiento”, la agen-
te del Ministerio Público del fuero común
Maribel Morales García solicitó con carác-
ter de urgente las imágenes grabadas por
las cámaras del C4 instaladas en la calle
Juan N. Álvarez, de Iguala.
15. Oficio 7314. El 28 de septiembre Mo-
rales García pidió al titular de la PF en Igua-
la que informara urgentemente “si los ele-
mentos a su mando participaron de manera
activa en los hechos que se registraron el 26
de septiembre”.Y en caso afirmativo,“seña-
lar cuántos elementos se movilizaron en es-
tas acciones”. La PF no respondió.
16. Oficio 7324. En la misma fecha Mo-
rales García pidió de manera urgente a la
PF de Iguala copias certificadas de la bitá-
cora de registro de entrada y salida del per-
sonal que laboró los días 26 y 27 de sep-
tiembre. La Policía Federal no respondió.
17. Oficio 7331. En la misma fecha Mo-
rales García pidió a la PF de Iguala un in-
forme con el número de patrullas, su fecha
de adquisición y asignación y copia de la
licencia colectiva de resguardo del arma-
mento en uso dentro de la corporación,
“con el fin de resolver conforme a derecho
la averiguación previa que se inició por los
hechos violentos registrados el día 26 de
septiembre”.La Policía Federal no contestó.
18. Seis hojas de la “Orden de los Servi-
cios Operativos de Vigilancia, así como de
los Servicios Administrativos que con es-
ta fecha desempeñara el personal adscri-
to a esta corporación”.“Servicio de las 8:00
horas del día 26 de septiembre a las 8:00
horas del día 27 de septiembre del 2014”.
Ninguno de los 165 efectivos de la SSP mu-
nicipal tiene el nombre de David Hernán-
dez Cruz, quien según Murillo Karam se-
ñaló a Abarca como el que dio la orden de
“contener” a los estudiantes.
19. Se visitó la base de la Policía Mu-
nicipal de Iguala en Rayón 109. Se toma-
ron videos del exterior y del interior del
inmueble que muestran lo modesto de
las instalaciones, y que las casas y vecin-
dades que la rodean tienen vista al patio
central, donde supuestamente fueron lle-
vados los estudiantes. Se cuenta con vi-
deos que demuestran que las patrullas
con roll bar, como las usadas por la Policía
Municipal y por la Federal –la cual ahora
está encargada de esa base–, no caben por
la puerta principal. Aunque aún no termi-
na la investigación, las instalaciones es-
tán en remodelación.
20. Testimonios de personas ajenas al
incidente, que vieron el ataque y señala-
ron la presencia de policías con uniformes
distintos a los de los municipales.
21. Visita al corralón de Grúas Mejía
Meta II, en Periférico Sur sin número, en
Iguala, donde desde el 27 de septiembre
hay cuatro autos particulares, una moto-
cicleta, patrullas municipales y los tres
camiones atacados en la calle Juan N. Ál-
varez. No fueron protegidos para preser-
var huellas y pruebas. Se constató directa-
mente que apenas entre los pasados 12 y
14 de noviembre, peritos de la PGR acudie-
ron al lugar a practicar pruebas periciales
de los vehículos, una semana después de
que el procurador general había anuncia-
do en conferencia de prensa las conclu-
siones del caso.
22. Dictamen de integridad física nú-
mero de folio 78336 realizado por la PGR
a Néstor Napoléon Martínez Morales, a
quien le atribuyeron el apodo de El Napo,
detenido en Iguala y acusado de ser parte
del grupo criminal Guerreros Unidos (AP
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014). En el do-
cumento se enumeran los daños físicos
que presentaba.
23. Declaración ministerial de Martínez
Morales donde afirma que las lesiones le
fueron causadas con motivo de su deten-
ción y que fue golpeado por varios de los
policías federales que lo aprehendieron.
24. Declaración ministerial de Raúl
Núñez Salgado, alias El Camperra, dete-
nido por la Marina en Acapulco y acusa-
do por la PGR de ser operador financie-
ro de Guerreros Unidos (AP PGR/SEIDO/
GermánCanseco
CASO AYOTZINAPA
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 13
Cocula. Sin huellas de la hoguera

14. UEIDMS/816/2014). Y “fe de integridad
física” donde se enumeran todas las le-
siones que presentaba. Su abogado pi-
dió hacer un estudio de mecánica de
lesiones.
25. Declaración ministerial de Si-
dronio Casarrubias Salgado rendi-
da el 17 de octubre de 2014, causa pe-
nal 100/2014. Declaró que fue detenido
en un restaurante y no en la carrete-
ra México-Toluca. Afirmó que apenas
había salido de la cárcel hacía cinco
meses y que no es líder de Guerreros
Unidos. Fue quien declaró que supues-
tamente en los camiones donde viaja-
ban los estudiantes iban integrantes
del grupo delictivo Los Rojos y que por
eso Guerreros Unidos, en complicidad
con la Policía Municipal de Iguala, los
atacó. Afirmó que los estudiantes fue-
ron “asesinados”,“quemados” y arroja-
das las cenizas al “río”.Y que supuesta-
mente el procurador del estado, Iñaki
Blanco, y el titular de la SSP de Guerre-
ro, Leonardo Octavio Vázquez, estaban
involucrados.
La PGR en sus conclusiones descar-
tó que en los camiones hubieran via-
jado integrantes de Los Rojos y no ha
presentado hasta ahora ninguna acu-
sación contra Vázquez ni Blanco. Este
último renunció al cargo a mediados
de noviembre.
26. Declaración ministerial de Car-
los Canto Salgado, alias El Pato, deteni-
do en Iguala por marinos (PGR/SEIDO/
UEID MS/816/2014). Dio una lista de su-
puestos integrantes de Guerreros Uni-
dos,implicó a los comandantes de la Po-
licía Municipal de Iguala, a Raúl Núñez
Salgado, a José Luis Abarca, a El Napo y
una decena más de personas identifica-
das por apodos.
27. Declaración preparatoria de
Canto Salgado donde revela que efec-
tivos de la Marina y funcionarios del
gobierno federal lo torturaron some-
tiéndolo a asfixia, toques eléctricos,
golpes y amenazas contra su familia.
Que los marinos tenían una lista de
nombres de personas contra las que
debía declarar.
28. Dictamen de integridad física
número de folio 78130 realizado por
la PGR a Eury Flores López y Francis-
co Javier Lozano Cuevas, detenidos en
Cuernavaca por la Marina (PGR/SEIDO/
UEIDMS/816/2014). Se enumeran las
múltiples lesiones con las que fueron
presentados ante el MP.
29.Declaración ministerial de Loza-
no Cuevas, quien testificó que fue tor-
turado por los marinos que lo detuvie-
ron. El defensor público dejó asentado
que pedía se le aplicara el Protocolo de
Estambul, el procedente cuando hay
tortura.
El gobierno federal dice que hará todo por dar con el pa-
radero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Pero en los hechos atranca el lugar en que las familias de
las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería,
ubicado en Iguala. Además, la actual administración no
aclara las contradicciones que han surgido en la investi-
gación del caso y responde con desdén a las preguntas al
respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la partici-
pación del Ejército se acrecientan.
Las
huellasde los militares
14 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

15. E
n un arranque de enojo, impo-
tencia y desesperación, padres
y madres de los 42 estudian-
tes de la Normal de Ayotzinapa
que permanecen desapareci-
dos acudieron el jueves 18 a las
instalaciones del 27 Batallón de Infantería,
con sede en Iguala, para exigir a los mili-
tares que les entreguen vivos a sus hijos
y los acusaron de su desaparición forzada.
Dos días antes, en una conferencia
de prensa, las familias ya habían exigido
a la Procuraduría General de la República
(PGR) abrir una línea de investigación so-
bre la participación de las fuerzas federa-
les –Ejército y Policía Federal– en el ataque
y posterior desaparición de los estudian-
tes, así como en torno a la obstrucción de
las labores de búsqueda.
Estas demandas se basan en las nue-
vas pistas publicadas por Proceso 1989 en
el sentido de que, el 26 de septiembre –a
través del guerrerense Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo al
que tienen acceso fuerzas estatales y fe-
derales, o C4–, tanto militares de ese ba-
tallón como policías federales estuvieron
enterados de la ruta que seguían los es-
tudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, y de la persecución y cacería
MARCELA TURATI
que sufrieron en Iguala, donde fueron em-
boscados y 43 de ellos desaparecidos –ac-
tualmente son 42, pues el sábado 6 fueron
identificados mediante el análisis de ADN
los restos del estudiante Alexander Mora
Venancio.
Desde que la PGR tomó la investiga-
ción del caso, el procurador Jesús Muri-
llo Karam ha defendido a los militares del
27 Batallón de Infantería –ubicado a ki-
lómetro y medio del periférico de Igua-
la, donde se realizó el ataque–, a pesar de
las evidencias de que los soldados no sólo
permitieron que, durante más de tres ho-
ras, policías municipales y sicarios agre-
dieran a los estudiantes, sino que cuando
los militares salieron del cuartel y encon-
traron a un grupo de alumnos que se es-
condía con un herido, los regañaron, ame-
nazaron y ficharon.
Desde el reportaje titulado Inacción mili-
tar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8
de noviembre se planteaba que el personal
del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar
qué pasaba afuera de sus instalaciones ese
26 de septiembre y negó atención a los he-
ridos; también se le acusaba de haber obs-
taculizado la búsqueda de los estudiantes.
En ese entonces ya había evidencias de
que dicho batallón no atendió las denun-
cias recibidas antes de la tragedia sobre el
comportamiento criminal de las policías
de Iguala y Cocula, y de que tenía una ex-
celente relación con el presidente munici-
pal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio
la orden del ataque, según la PGR. De he-
cho, el batallón le cedió un terreno a Abar-
ca para su plaza comercial, y la noche de
los hechos el alcalde era acompañado por
un enviado del 27.
En los medios de comunicación se han
manejado varios nombres distintos so-
bre el militar que acompañaba a Abarca
y su esposa, María de los Ángeles Pineda,
al atardecer del 26 de septiembre, cuan-
do los estudiantes se encontraban camino
a Iguala y ya eran monitoreados por fuer-
zas federales y estatales. En ese momento
Pineda daba un informe como presiden-
ta del DIF, que fue seguido por un
baile.
La mayoría de los medios men-
ciona que el militar que asistió en
primera fila al acto de los Abarca
fue el coronel Juan Antonio Aranda
Flores, comandante desde 2012 del
27 Batallón, oficial formado en fuer-
zas especiales, inteligencia y con-
trainteligencia, quien se presumía
cercano a Abarca, ya que encabezó
cerca de cinco actos públicos con él.
Sin embargo, al cotejar fotografías,
no existe parecido entre el coronel
Aranda y el militar que aparece en
las fotos del informe.
El diputado de Movimiento
Ciudadano Ricardo Mejía, por su
parte, señaló que el militar presente es el
capitán del Ejército Mexicano y oficial de
adiestramiento Paul Escobar López. De él
no se tienen referencias fotográficas que
permitan cotejarlo.
El general titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cien-
fuegos, informó a los diputados que el asis-
tente a la fiesta de Abarca era el coronel Jo-
sé Rodríguez Pérez –quien relevó este año a
Aranda en la comandancia de dicho bata-
llón. Empero, su rostro tampoco guarda pa-
recido con el militar fotografiado.
El superior inmediato de Rodríguez Pé-
rez es el comandante de la 35 Zona Militar,
el general de brigada Alejandro Saavedra
Hernández, quien el día del lanzamiento
del Operativo Tierra Caliente sostuvo una
charla con los integrantes del 27 Batallón,
en la que dijo a los soldados que estuvie-
ran seguros y tranquilos porque habían
actuado bien.
En este semanario se señaló que el mili-
tar fotografiado podría ser el coronel de ca-
ballería diplomado mayor de la 27 Zona Mi-
litar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano
García, quien es parecido al militar retrata-
do, aunque su base está lejos de Iguala.
La incógnita, por lo tanto, sigue sin
respuesta.
Otros señalamientos directos contra el
Ejército como cómplice de las desaparicio-
nes de los normalistas los hizo el Ejército
Popular Revolucionario (EPR) que, a través
de un comunicado, indicó que los jóvenes
estaban retenidos en cuarteles militares.
Posteriormente, una supuesta narcoman-
ta, firmada por El Cabo Gil –lugartenien-
te del líder del grupo delictivo Guerreros
Unidos–, involucró con el narcotráfico a un
“capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo”
del 27 Batallón.
En la página de internet del municipio
de Iguala existen dos actos en los que un
capitán segundo de infantería del 27 Ba-
tallón, el inspector militar José Martínez
Crespo, acompaña a Abarca. El primero
es una ponencia sobre sismos, el segundo
fue el sorteo del servicio militar.
OctavioGómez
gobiernolegitimobj.blogspot.
CASO AYOTZINAPA
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 15
Abarca. Soporte verde olivo

16. E
l primer documento oficial so-
bre las masacres ocurridas en
San Fernando, Tamaulipas, en
2010 y 2011, que la Procuraduría
General de la República (PGR)
fue forzada a desclasificar, pone
de manifiesto la historia repetida en Igua-
la: policías municipales al servicio de gru-
pos del narcotráfico, en este caso Los Ze-
tas, participaron en las desapariciones de
personas cuyos cadáveres fueron encon-
trados en fosas clandestinas.
La nota informativa desclasificada, cu-
ya copia obtuvo Proceso, contiene las de-
claraciones de nueve presuntos integran-
tes de ese grupo –los primeros en ser
capturados– ante la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO).
Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El
Junior, expuso:
Sé que los policías y tránsitos (sic) de San
Fernando ayudan a la organización de Los Ze-
tas, porque en lugar de que cuando detienen a
la gente (sic) se la lleven al pentágono,es decir a
la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas.
El mero bueno es un policía viejito y otro que
se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero
de la organización para colaborar.
Y aunque la PGR reservó la informa-
ción por 12 años, la organización estadu-
nidense National Security Archive (NSA,
Archivo Nacional de Seguridad, basada en
la Universidad George Washington), que
ha dado seguimiento sistemático a viola-
ciones de derechos humanos en México,
se inconformó ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el insti-
tuto ordenó a la procuraduría hacer públi-
cos los documentos.
El miércoles 10 la dependencia entre-
gó una tarjeta informativa elaborada en la
entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que
carece de fecha. Contiene un resumen de
las primeras declaraciones de los deteni-
dos. Algunos fragmentos están tachados,
sobre todo los números de averiguaciones
previas y las identificaciones de las agen-
cias de los ministerios públicos en las que
recayó la investigación de las fosas con
196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron
en las detenciones.
En uno de los extractos, siete de los de-
tenidos admiten la participación de ele-
mentos de la Policía Municipal de San Fer-
nando que iba “desde cubrir labores de
halconeo, intercepción de personas y omi-
sión en su deber en la observancia de deli-
tos cometidos por miembros de Los Zetas,
citando además que recibían pago por par-
te de esa organización criminal”.
Para Jesse Franzblau, investigador del
capítulo México del NSA, la liberación de
un documento del expediente PGR en San
MARCELA TURATIAunque el apellido coincide, no pa-
sa lo mismo con el cargo, y no es posi-
ble deducir si la narcomanta se refería a
ese militar.
En la respuesta a una solicitud de in-
formación hecha a la Sedena en torno al
historial de José Martínez Crespo, se seña-
la que en 1987 comenzó su carrera militar
como cadete, luego fue subteniente de in-
fantería y, a la postre, capitán segundo de
dicha arma. Estuvo asignado a un Estado
Mayor de la Defensa Nacional en el agru-
pamiento de servicios generales,y en 2007
ingresó “a un batallón de infantería”.
Con respuestas del tipo “(permane-
ció) en un plantel militar” o en “un ba-
tallón”, la Sedena evita identificar los
lugares concretos en los que estuvo
destacado.
En el portal del municipio de Iguala
se exhiben siete actos públicos de Abarca
junto a militares. Quienes aparecen son:
el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el
coronel comandante José Rodríguez Pé-
rez, el teniente de Infantería Éder García,
el segundo comandante del 27 Batallón y
teniente coronel Rogelio Carrera y el ca-
pitán segundo de Infantería José Martí-
nez Crespo.
Cabos sueltos
Las dudas sobre la participación del Ejérci-
to en Iguala, cuando los normalistas esta-
ban siendo atacados y detenidos por poli-
cías y pistoleros,no han surgido sólo entre
las familias de las víctimas, sino tam-
bién en la Comisión Bicameral de Segu-
ridad Nacional del Congreso, la organiza-
ción internacional Human Rights Watch y
Tlachinollan –que en un inicio exigió in-
vestigar la falta de prevención de los he-
chos por parte del Ejército y la ausencia de
información de inteligencia sobre cómo
operaban los grupos criminales en Iguala,
pero la semana pasada pidió indagar si tu-
vo participación directa en los hechos.
El 7 de noviembre, la primera vez que
fue cuestionado sobre la inacción del
Ejército para defender a los estudiantes,
Murillo respondió: “El Ejército se mueve
sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado
si hubiera salido? ¿A quién hubiera apo-
yado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué
bueno que no salió!”.
El miércoles 3, este semanario le co-
mentó la exigencia de los padres para
indagar al 27 Batallón. El fiscal informó
que el gobierno no buscaría en bases mi-
litares a los normalistas desaparecidos:
–Las familias (de los estudiantes desa-
parecidos) exigen que sean revisadas
también las bases militares, ¿ahí ya bus-
caron? –se le preguntó tras el lanzamien-
to en Iguala del OperativoTierra Caliente.
–Hemos hecho toda la búsqueda que
se nos ha solicitado, ahí no tenemos que
buscar, sabemos que ahí no –respondió.
–¿No van a buscar en las instalacio-
nes de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupada
buscándolos, así que sería un absurdo
que si los tuviera ahí, los buscara; es un
absurdo completamente.
–Entonces no serán buscados ahí…
–No tenemos que buscar lo que sa-
bemos que no está. Es absurdo –insistió.
El 13 de noviembre, el secretario Cien-
fuegos explicó a legisladores que lo cita-
ron para hablar del tema que los integran-
tes del 27 Batallón no intervinieron en el
ataque contra los normalistas porque “si-
guieron un protocolo”,que indica que sólo
pueden actuar a petición de la autoridad
local,y cuando los militares preguntaron a
las policías municipales y estatales si pa-
saba algo en Iguala, éstas mintieron y ase-
guraron que “no sucedía nada”.
El miércoles 3, al ser cuestionado so-
bre la exigencia de revisar las bases mi-
litares, Cienfuegos dijo: “Eso depende
del gabinete, no de mí”. Guardó silencio
y después de unos segundos agregó: “Si
quieren revisar que revisen, no tenemos
ningún problema”.
El general no ha declarado nada sobre
el informe inédito del gobierno de Gue-
rrero obtenido por Proceso en torno a los
hechos del 26 y 27 de septiembre, en el
que queda asentado que, desde su sali-
da de las instalaciones de la Normal de
Ayotzinapa, los estudiantes eran monito-
reados por agentes de las administracio-
nes estatal y federal a través del C4.
Aunque se pidió a la Sedena infor-
mación sobre el papel que jugó en el ca-
so Ayotzinapa, vía la Ley de Información
Pública yTrasparencia, ha solicitado pró-
rrogas para responder a esta pregunta.
Según el reportaje firmado por Ana-
bel Hernández y Steve Fisher, publicado
en esta revista con el apoyo del Progra-
ma de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley,
en el ataque hubo participación de la
Policía Federal, con la aquiescencia o
colaboración del Ejército.
Tras estos señalamientos, el comi-
sionado general de la Policía Federal,
Enrique Galindo, negó en entrevista te-
levisiva que la noche del 26 de septiem-
bre elementos de su corporación parti-
ciparan activamente en el ataque, pero
admitió que las fuerzas federales sí es-
tuvieron monitoreando el grupo de nor-
malistas desde antes que llegaran a
Iguala, y se enteraron de que fueron
agredidos a balazos:
“Sí sabíamos de (las actividades) ese
día, porque (los estudiantes) venían en
autobuses. Nuestra competencia estaba
en la carretera federal (…) Ahí acudieron
los federales. Pero dentro de la ciudad no
tuvimos participación.”
16 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014
CASO AYOTZINAPA

17. las similitudesDespués de cuatro años, el capítulo México de la orga-
nización estadunidense National Security Archive logró
que el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría
General de la República desclasificar los documentos
sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos
ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamau-
lipas. Los documentos desclasificados revelan, entre
otras cosas, un modus operandi similar al del pasado
26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los nor-
malistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías
actuaron en colusión con grupos delincuenciales.
Fernando “sienta un precedente intere-
sante con respecto a la desclasificación de
información sobre derechos humanos en
México, en particular la aplicación de esa
pieza de la ley”.
Al revisarlo, su colega Michael Evans
manifestó su paralelismo con el caso de
Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietan-
temente familiar –dice– es porque lo he-
mos visto todo antes. Asesinatos como és-
tos son preocupantemente comunes en
México, y las fuerzas detrás del caos –gene-
ralmente cárteles de la droga contando con
la colaboración de,como mínimo,la policía
local– han sido notablemente consistentes
en el tiempo”.
Imposturas
Michael Evans manifestó su inquietud por-
que, al referirse al caso de Ayotzinapa, el
secretario de Relaciones Exteriores, José
ElUniversal
San Fernando-Ayotzinapa:
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 17

18. Antonio Meade, alude siempre la palabra
“transparencia”, la cual nunca ha sido real
en casos similares de violaciones graves a
los derechos humanos ocurridos en la últi-
ma década en México, como las masacres
de migrantes –incluidas la de los 72, ocurri-
da en San Fernando en agosto de 2010, las
fosas con 196 cadáveres en ese mismo mu-
nicipio localizadas en 2011 y la de otros 49
en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Citando preocupaciones sobre la se-
guridad de la investigación en curso, la
PGR siempre se ha negado a dar cualquier
información a partir de tres masacres ho-
rripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando
la protección en virtud de una exención
de la Ley de Transparencia de México, y ha
luchado todo el camino hasta llegar a la
Corte Suprema para proteger esos archi-
vos”, expresó Evans.
La Fundación para la Justicia y el Es-
tado Democrático de Derecho –represen-
tante de algunas de las víctimas– y la or-
ganización de defensa a la libre expresión
Artículo 19 interpusieron demandas ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contra la negativa de la PGR de hacer pú-
blicas las averiguaciones previas sobre las
matanzas de San Fernando.
La tarjeta informativa incluye los nom-
bres de los policías municipales detenidos:
Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas,
Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo,
Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Por-
tilla Heredia, María Guadalupe Galván Her-
nández, Remigio Carrillo Mireles, Guada-
lupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo,
Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vé-
lez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario
Alberto Romero Hernández, Santos Maldo-
nado Reyes, Gilberto Rivera Hernández, Je-
sús Ramos López y Joel Reséndiz Moreno.
Ninguno aceptó su culpabilidad.
A Franzblau y Evans les llama la aten-
ción un par de inconsistencias: que si bien
Alba Terrazas y Jaramillo Sosa aparecen
en el documento como policías municipa-
les, en las notas de prensa se les presenta
como zetas; y que aun cuando los medios
mencionaron a 16 detenidos, el reporte
establece que fueron 17.
“Esta versión también deja muchas
preguntas sin respuesta: ¿Qué pasó con los
funcionarios de la policía?, ¿dónde están
ahora?, ¿por qué la PGR no encontró todos
los documentos más sensibles? y ¿cómo se
explica el hecho de que dos de los 17 de-
tenidos posteriormente figuran en los in-
formes de los medios de comunicación co-
mo miembros de Los Zetas?”, indicó Evans.
Los hechos
La NSA es una institución independiente
no gubernamental de investigación ubica-
da en Washington, DC, que recopila y pu-
blica documentos desclasificados obteni-
dos a través de leyes de transparencia de
Estados Unidos y México; centra su aten-
ción en asuntos migratorios y violaciones
a los derechos humanos.
En noviembre este semanario publi-
có, con base en informes obtenidos por la
NSA, documentos que revelan la colusión
de funcionarios municipales, estatales y
federales mexicanos con los criminales (la
sospecha incluye a los exgobernadores de
Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma,Tomás
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernán-
dez Flores); la presencia de kaibiles en la
zona, y la petición de ayuda a Washington
por parte de la cancillería mexicana pa-
ra salvar la popularidad de Felipe Calde-
rón, desplomada por aplicar una estrategia
de combate contra las drogas (cofinancia-
da por Estados Unidos) que los mexicanos
y los propios funcionarios estadunidenses
consideraban como generadora de violen-
cia (Proceso 1931).
Evans, quien dirige el capítulo México
del NSA, considera que el material descla-
sificado en ambos países pone de mani-
fiesto que las policías municipales de Ta-
maulipas y Nuevo León estaban bajo las
órdenes de Los Zetas. Fue tan difundido el
fenómeno, que la gente los llamaba “Los
Polizetas”.
“Los documentos (gubernamentales)
desclasificados y los de Wikileaks de Esta-
dos Unidos, incluyendo los cables del go-
bierno americano y de su consulado en
Monterrey, proporcionan una mirada in-
trigante de cómo Los Zetas establecieron
el control sobre la policía de Nuevo León
y sobre muchos otros funcionarios, y có-
mo esos policías corruptos eran a menu-
do los objetivos de los cárteles rivales”, se-
gún el experto.
Los documentos obtenidos por Evans
y Franzblau que comparten con Proceso,
dejan en evidencia que en 2005 el FBI dijo
que Los Zetas eran una “amenaza emer-
gente para Estados Unidos”. En junio de
ese año, según el reporte del buró federal
de investigación, ese grupo criminal con-
trolaba efectivamente la fuerza policial de
Reynosa.
Con base en los cables emitidos por el
consulado estadunidense en Monterrey
–“un asiento de primera fila para ver la
forma en que Los Zetas establecieron su
control”–, en 2010 Nuevo Laredo, pero so-
bre todo la capital regiomontana, eran de-
nominados “territorios zeta”, según un ca-
ble publicado por Wikileaks.
La ciudad nuevoleonesa era un “refu-
gio seguro, fuente de ingresos (principal-
mente de la extorsión) y centro de abas-
tecimiento para ese grupo criminal. La
información conecta a sus integrantes
con las corporaciones municipales, esta-
tales y con funcionarios, incluido Héctor
Santos Sauceda, entonces director gene-
ral de Investigación de Nuevo León, quien
actualmente es funcionario en Coahuila.
En marzo de 2010, el consulado desta-
có que el gobernador de Nuevo León, Ro-
drigo Medina de la Cruz, suspendió a 81
elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal por sus presuntos víncu-
los con Los Zetas TCO (Transnational Cri-
minal Organization, Organización Crimi-
nal Trasnacional), quienes además tenían
cooptados a otros funcionarios y contro-
laban la carretera que rodeaba la capital
del estado.
En otro documento,la Sección deAsun-
tos Narcóticos de la Embajada de Estados
Unidos criticó a las autoridades mexicanas
porque no controlaban a las organizacio-
nes de narcotraficantes que “han funcio-
nado bastante abiertamente y con libertad
de movimientos y operaciones... En mu-
chos casos –decía– operan con impunidad
casi total en la cara de las fuerzas de segu-
ridad locales”.
Otro de los cables manifiesta que al
consulado le preocupaban los altos ni-
veles de corrupción oficial en Monterrey,
donde 165 de los aproximadamente mil
policías estatales han sido despedidos en
los últimos meses por presuntos vínculos
con el narco.
El consulado citó varios casos en los que
la policía de Monterrey y otros municipios
participaron en secuestros y asesinatos.
Los investigadores de la NSA también
anexaron a la información desclasifica-
da sobre San Fernando cables de mayo de
2011 en los que el consulado menciona
que el Ejército mexicano incautó armas a
policías en 43 municipios de Tamaulipas.
En uno se lee que aunque hasta ese
momento el gobierno mexicano no ha-
bía hecho comentarios sobre ese asunto.
Los informes iniciales esa acción se efec-
tuó para determinar si las armas se ha-
bían utilizado en los crímenes de indocu-
mentados y si tenían relación con los 196
cuerpos descubiertos en fosas comunes
de San Fernando.
Otro, fechado el 16 de mayo y emiti-
do por la Sección de Asuntos Narcóticos,
menciona el descubrimiento de los hasta
entonces 183 cuerpos en fosas comunes
en San Fernando y la detención de 17 de
los 25 policías municipales, entre ellos su
jefe, en relación con esos hechos.
Una más, el del 13 de junio de ese mis-
mo año, emitido por la misma sección,
alude al despido de siete altos funciona-
rios del Instituto Nacional de Migración
“en medio de acusaciones de que algunos
agentes habían participado en el secues-
tro de migrantes”, quienes fueron acusa-
dos por centroamericanos de bajarlos de
autobuses y entregarlos a las bandas de
narcotraficantes en Tamaulipas.
CASO AYOTZINAPA
18 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

20. El “virrey” Castillo
fracasóy se “corrompió”
JOSÉ GIL OLMOS
E
l martes 16 por la tarde, duran-
te dos horas, dos grupos pro-
vistos con armas de alto po-
der se disputaron a balazos el
control de La Ruana, en Tierra
Caliente, Michoacán, una lo-
calidad clave en la producción de drogas
sintéticas y paso obligado de cargamen-
tos de cocaína, mariguana y goma de opio
hacia Estados Unidos, de acuerdo con do-
cumentos oficiales.
Ese día, los seguidores de Hipólito Mo-
ra y de Luis Antonio Torres, El Americano,
intercambiaron disparos de metralletas
calibre 50, rifles de asalto y pistolas de al-
to calibre, y se lanzaron granadas de frag-
mentación. El saldo: 11 muertos.
Y mientras eso ocurría en territorio mi-
choacano, el comisionado del gobierno fe-
deral, Alfredo Castillo, se encontraba en la
Ciudad de México. Estaba comiendo en un
restaurante de Polanco y luego hizo com-
pras en una relojería de lujo de esa zona,
según afirmaron los senadores panistas
Luisa María Calderón y Javier Lozano.
Cuando se enteró de la refriega,Castillo
sólo atinó a decir que se debía a diferencias
personales entre Mora y El Americano. Sin
embargo, pobladores de La Ruana, munici-
pio de BuenavistaTomatlán, sostienen que
en el fondo se trata de una pelea por el do-
minio de esta zona importante en la pro-
ducción de drogas sintéticas, y paso estra-
tégico para el trasiego de otros enervantes.
Al principio, dicen a condición de que
se omitan sus nombres, la región estu-
vo controlada por Jesús El Chango Mén-
dez, fundador de La Familia Michoacana y
oriundo de ese municipio.
Los habitantes de la comunidad de
Felipe Carrillo Puerto –conocida como La
Ruana en honor a una yegua blanca con
manchas de gris y bayo– comentan al re-
portero que tanto La Familia Michoacana
como Los Caballeros Templarios han uti-
lizado desde hace tiempo ese lugar pa-
Octavio Gómez
20 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

21. En Michoacán, los acontecimientos violentos de las últimas semanas, así
como varios michoacanos entrevistados por Proceso, indican que el “vi-
rrey” Alfredo Castillo fracasó rotundamente en su encomienda “pacifica-
dora”. Hay quienes afirman que, lejos de apaciguar la entidad, el comisio-
nado del gobierno federal pactó con uno de los grupos delincuenciales más
poderosos en la región de Tierra Caliente –Los Viagras–, lo que multiplicó
los problemas.El padre Gregorio Goyo López,vicario de la catedral de Apat-
zingán, va más lejos en los señalamientos: afirma que, según versiones lo-
cales, Castillo recibió 7 millones de dólares para que dejara delinquir a Los
Viagras, sus consentidos que están ahora fuera de control.
ra instalar laboratorios de producción de
droga sintética.
Según ellos, el pasado 20 de septiem-
bre elementos de la Procuraduría General
de la República (PGR) y de la Policía Fede-
ral (PF) incautaron un laboratorio en el po-
blado Dieciocho de Marzo. A su vez, la Co-
misión Nacional de Seguridad emitió un
comunicado en el que expuso que se lo-
calizaron tambos “en la maleza”, así como
“mecheros improvisados” y contenedores
de plástico con precursores químicos para
la fabricación de metanfetaminas.
EnTierra Caliente se siguen producien-
do drogas sintéticas como efedrina, crys-
tal y crack; esta última, según documentos
oficiales consultados por Proceso, fue in-
ventada en Apatzingán por Los Caballeros
Templarios.
En Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chi-
nicuila, Coahuayana, Tepalcatepec y Sie-
rra de Tumbiscatío se produce amapola, de
donde se extrae la goma de opio, base de la
morfina y la más poderosa de las drogas:
la heroína.
Viejas disputas
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa
Nacional, elementos de las zonas milita-
res XXI y XLIII han detectado y destruido
decenas de narcolaboratorios en la región
calentana donde se encuentra La Ruana,
lo que ubica a la entidad en primer lugar
en este rubro, arriba de Jalisco y Sinaloa.
En 2012, la PGR desmanteló 938 labora-
torios clandestinos, 83 de los cuales eran
utilizados para la elaboración de metanfe-
taminas en Tierra Caliente (Proceso 1917).
La Marina informó que la creación de
estas “fábricas de enervantes” aumentó
hasta mil 200% en Michoacán y desplazó al
cultivo y siembra de mariguana y amapo-
la. Otro documento acreditado a inteligen-
cia militar y al que tuvo acceso el reporte-
ro asienta que a raíz de la aparición de las
autodefensas en febrero de 2013, dos gru-
pos aprovecharon la debilidad de Los Tem-
plarios para apoderarse de Tierra Caliente.
Uno de ellos, Los Gallegos, es liderado
por el empresario limonero y hotelero Mi-
guel Gallegos Godoy, El Micheladas o El Mi-
gueladas; el otro es La Tercera Hermandad
o H3, asociado con Los Viagras y encabe-
zado por El Americano, quien aun cuando
nació en Estados Unidos tiene la naciona-
lidad mexicana.
El Micheladas, exjefe templario, ha he-
cho acuerdos con Nemesio Oceguera Cer-
vantes,El Mencho,del Cártel de Jalisco Nue-
va Generación desde 2011, pues es uno de
los principales productores de droga sin-
tética en Michoacán. Ambos, según el do-
cumento citado, se apoyan en supuestos
autodefensas en Tierra Caliente y utilizan
las rutas de Tepalcatepec, La Ruana y Bue-
navista, limítrofes con Jalisco.
“Se habla de que sus operadores para
tal objetivo son los denominados H3, que
encabeza Luis Antonio Torres, conocido
como Simón o El Americano, quien es el lí-
der de las autodefensas de Buenavista To-
matlán y que encabeza un grupo armado
de aproximadamente mil 200 personas,
que también se denominan autodefensa
operativa” (Proceso 1955).
Uno de los operadores de la organiza-
ción es José Alvarado Robledo, El Burrillo o
El Burro, a quien se identifica como patro-
cinador de las autodefensas de Buenavis-
ta Tomatlán.
También se menciona a José y Antonio
MéndezVargas, hermanos del Chango Mén-
dez; a Gerardo Serafín, El G1, exintegrante
de Los Caballeros Templarios; los herma-
nos Rodolfo y Mariano Serra Santana, Los
Viagras, el grupo criminal más fuerte de
Tierra Caliente que hoy ocupa el lugar que
dejaron Los CaballerosTemplarios.
FranciscoCastellanos
Huellas de la balacera
NARCOTRÁFICO
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 21

22. En el informe confidencial menciona-
do se lee que El Americano y El Burrillo han
querido apoderarse de unas huertas del
Chango Méndez, quien fue detenido en
2011. Presuntamente Mora, compadre del
Chango, las tenía y utilizaba las ganancias
para mantener a las autodefensas y a las
viudas del municipio.
De esta manera, más allá de sus dife-
rencias personales, los enfrentamientos
entre Mora y El Americano por el control de
La Ruana son cada vez más violentos.
Después del 8 de marzo último, con el
apoyo del comisionado Castillo, El Ameri-
cano se apoderó de Buenavista Tomatlán y
presionó para que Mora fuera encarcela-
do cinco días después, el 13, acusado de la
muerte de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo,
y José LuisTorres Castañeda, señalados en
la comunidad como miembros de Los Ca-
balleros Templarios.
Mora estuvo preso durante 65 días en el
Centro de Readaptación Social David Fran-
co Rodríguez, conocido como Mil Cumbres,
hasta que fue puesto en libertad el 16 de
mayo porque las pruebas aportadas en su
contra resultaron insuficientes.
Para entonces El Americano y el gru-
po de Los Viagras –convertidos en fuer-
zas rurales y apoyados por el comisionado
Castillo– ya controlaban una de las prin-
cipales rutas de transporte de drogas sin-
téticas en Michoacán.
El padrino de Los Viagras
Alfredo Castillo, extitular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor y exprocura-
dor del Estado de México, fue nombrado
Comisionado para la Seguridad y el De-
sarrollo Integral de Michoacán por decre-
to presidencial el 15 de enero de este año.
Su encomienda: tranquilizar la entidad y
desarmar a las autodefensas que se ha-
bían organizado para enfrentar a Los Ca-
balleros Templarios.
Durante seis meses se convirtió en el
“virrey”de Michoacán,mote con el que fue
popularizado porque se dedicó a imponer
toda la estructura policiaca y de justicia,
negoció con los líderes de las autodefen-
sas –a quienes convirtió en fuerzas rurales
a partir del 10 de mayo– y, según el vica-
rio de la catedral de Apatzingán, Gregorio
López, pactó con Los Viagras, permitien-
do el ingreso a las fuerzas rurales de mu-
chos templarios arrepentidos o perdona-
dos por el gobierno.
A partir de entonces, el presidente En-
rique Peña Nieto regresó a Michoacán y
aseguró que la paz y la tranquilidad se ha-
bían recuperado con Castillo.
No obstante, los datos duros del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
indican que en Michoacán la violencia au-
mentó este 2014 con respecto al año pa-
sado. Según las cifras del SNSP, la entidad
sigue entre los primeros cinco lugares en
homicidios dolosos, secuestro y extorsión.
El comisionado, el responsable,
coinciden Hipólito Mora y “El Americano”
el culpable de todo es el comisionado y
aclara que el enfrentamiento no se debió a
enconos personales entre él y El Americano.
Cuando el corresponsal le pregunta sobre
las fallas en la estrategia del gobierno federal,
Mora responde: “Yo no quiero venganza,
sino justicia; quiero saber qué pasó y dónde
queda el acuerdo (para pacificar la región).
Siempre he pedido al gobierno seguridad en
la localidad. Si hay un pueblo con alto riesgo
de enfrentamiento, ese es La Ruana”.
–Ya le tomaron su declaración. ¿Qué
les dijo?
–Ya les explique cómo pasaron los he-
chos. Les dije a los dos que me la tomaron:
“Chingo a mi madre si va una mentira”.
–¿Le preguntaron si disparó?
–Sí.
–¿Qué les contesto?
–La verdad: sí disparé. Lo hice para
defenderme. Estoy seguro que no le pegué
a nadie… Siempre he aceptado las cosas
como son. No me gustan las mentiras.
L
A RUANA, MICH.- Hipólito Mora, funda-
dor de las autodefensas de esta de-
marcación, y Luis Antonio Torres, El
Americano, comandante de las fuer-
zas rurales de Buena Vista Tomatlán, seña-
lan al comisionado Alfredo Castillo Cervan-
tes como el principal responsable del en-
frentamiento del martes 16.
No es la primera vez, dicen, que se
exacerban los ánimos. Ya el 29 de julio pa-
sado hubo un diferendo en el cual hubo por
lo menos 14 muertos y Castillo no actuó,
pese a que fue advertido con antelación,
comenta Mora.
–¿Usted lo alertó? –se le pregunta.
–Desde hace muchos meses. Incluso
tengo como testigos a muchos periodistas.
Le supliqué que pusiera atención sobre
todo al Americano.
Mora afirma que la Gendarmería ya había
abandonado la comunidad cuando su gente
fue atacada por los seguidores de aquél.
Luego de la confrontación del martes 16
en la que murió su hijo Manolo Mora Moreno,
El Americano dijo que todo se inició cuando la
Gendarmería abrió fuego contra su grupo.
Y no obstante que hay una grabación
donde se escucha cuando ordena el ata-
que, reitera que él sólo respondió al fuego
de los aliados de Mora. “No sabemos qué
pasó, qué arreglo tenían los de la Gendar-
mería con el grupo de Hipólito”, comenta.
Relata que cuando él y su grupo fueron
atacados transitaban por la avenida princi-
pal de la comunidad, e incluso muestra los
impactos de bala que recibió la camioneta
en la que viajaba: “Una persona de Hipólito
o de las mías no puede dejar impactos de
una M60. Tenemos audios y ahí se escucha
cómo detonan sus carrilleras. Esas son
armas de la Gendarmería”.
El Americano dio su testimonio ante el
subprocurador de Apatzingán, Victorino
Porcayo, y el subprocurador de Lázaro Cár-
denas, José Juan Monroy, horas después
que Mora, quien asegura en entrevista que
FRANCISCO CASTELLANOS J.
GermánCanseco
Torres. Disputa por La Ruana
22 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

23. Entre febrero y octubre de 2013, por
ejemplo, se contabilizaron 663 asesina-
tos; en el periodo correspondiente a este
2014 aumentaron a 732; en 2013 hubo 12
mil 674 robos, este año van 13 mil 28; los
secuestros pasaron de 134 a 140.
El padre Gregorio Goyo López, vica-
rio de la catedral de Apatzingán, sostiene
que Castillo ha fracasado en su misión de
recuperar la paz y la tranquilidad en Mi-
choacán porque pactó y protegió al gru-
po criminal Los Viagras y los convirtió en
fuerzas rurales, lo que les dio más poder.
En entrevista, López explica que el ata-
que del Americano al grupo de Mora es una
muestra de fuerza y poder de Los Viagras,
que un par de días antes bloquearon ca-
rreteras y quemaron playeras de fuerzas
rurales porque Castillo lanzó el ultimá-
tum para que entregaran las armas.
“Hay una guerra interna entre los gru-
pos. El asunto es que Los Viagras se mo-
lestaron con Castillo porque les puso co-
mo plazo dos meses –que ya se cumplió–,
de ahí los bloqueos y la quema de las pla-
yeras. Ellos quieren dar el mensaje de que
son los buenos; quieren echarle la bolita a
otros y ponerse como las víctimas, como
los mártires.
“El comisionado Castillo se reunió con
ellos y les dijo que no quiere gente ar-
mada de Los Viagras, que los va a desti-
tuir. Pero hoy fue todo lo contrario: ataca-
ron a Mora, quien ha estado contra ellos.
La situación se le ha salido de control al
gobierno porque uniformó a criminales y
ahora no sabe cómo deshacerse de ellos”,
sostiene López.
Con Castillo,agrega,se quiso manipular
mediáticamente la situación en Michoacán
al afirmarse que todo estaba bajo control,
pero eso es falso. Propone que se tome en
cuenta a la ciudadanía mediante un con-
sejo integrado por distintos sectores de la
sociedad para elegir a las fuerzas rurales y
encontrar mecanismos de pacificación dis-
tintos a la militarización del estado.
–¿Qué puede decir de la situación ac-
tual en Michoacán? –se le pregunta.
–En este momento está fuera de con-
trol y Castillo tiene que pagar su error. Qui-
zá lo mejor es que salga del estado, porque
tiene tiempo apadrinando a ese grupo de
Los Viagras. Ha sido cómplice porque se
habla de que le dieron 7 millones de dóla-
res para que los dejara delinquir. Hay gen-
te que dice eso.
“Si Castillo recibió dinero y se corrom-
pió, lo más sano es que se meta a la cárcel
a los que enlistó y (el gobierno federal) se
quite de problemas. Sean buenos o malos,
es necesario que los pongan en su lugar.”
Entrevistado al respecto, el empresario
de Aguililla JorgeVázquez, quien hoy es au-
todefensa, manifiesta que Castillo ha crea-
do un problema peor del que se tenía.
Antes había un solo grupo del crimen
organizado –Los Caballeros Templarios–,
pero hoy son varios los que tienen so-
metida a la población. “La situación está
bastante confusa, ya no se sabe quién es
quién. Es como un polvorín a punto de es-
tallar”, advierte Vázquez.
El fundador del grupo de autodefensa
de Aguililla acusa a Castillo no sólo de “apa-
drinar” a Los Viagras, sino de hacer nego-
cios ilícitos en Michoacán. Él asegura que
el comisionado, en contubernio con fun-
cionarios de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente, se apropió de 5 mil to-
neladas de hierro de una mina de Aguililla.
Los perdonados –los extemplarios–,
que hoy son miembros de la Fuerza Ru-
ral, dice, se han convertido en el principal
grupo criminal y se han apropiado de te-
rrenos, huertas de aguacate y limón, así
como de negocios que antes tenían Los
Caballeros Templarios.
“Esta gente que (Castillo) puso como
comandantes de las fuerzas rurales ya
eran delincuentes. Eran miembros de La
Familia Michoacana o de Los Caballeros
Templarios”, asegura Vázquez.
“Siempre voy a decir la verdad”
Le preocupa, dice Hipólito Mora, que le
vayan a inventar delitos e intenten encarce-
larlo de nueva cuenta.
–¿Quiénes?
–Alfredo Castillo.
–¿Le tiene miedo por su familia?
–No, no. Ahí está mi familia. Me mata-
ron a mi hijo.
Pese a ello, confirma que seguirá parti-
cipando sin dejar las armas. “Ni uniforme ni
una gorra van a cambiar mi forma de pen-
sar. Yo voy a seguir siendo Hipólito Mora;
esté donde esté, siempre con los mismos
pensamientos”.
–¿Ha tenido más amenazas del otro
grupo?
–No. Ya consiguieron lo que querían:
matar a mi hijo.
Con la voz entrecortada relata que
solían decirle a sus seguidores: “Prepáren-
se porque está cerca su final”. Yo les decía
a los muchachos que no les contestaran.
Pensaba que el gobierno se encargaría de
detener a los agresores, pero fue inútil.
–El comisionado Castillo insiste en que
el del martes 16 no fue un pleito entre auto-
defensas y fuerzas rurales, sino entre usted
y El Americano...
–Yo nunca he discutido con El Ameri-
cano; nunca le he dicho una mala palabra
ni él a mí, a pesar que es la persona que
más odio en la tierra. Él también me agarró
mucho coraje desde que descubrí que es-
taba dejando entrar a su grupo a personas
cercanas al Chayo, a La Tuta. Él mismo lo
ha declarado: hay muchos “arrepentidos”
por aquí.
–¿Ha crecido la delincuencia desde que
llegó Castillo?
–Ustedes lo están viendo. Todos lo
estamos viendo, no sólo quienes vivimos en
Michoacán. Todos los días hay decapitados,
secuestrados, asesinados. Ahí está el caso
de la joven enfermera de Uruapan, quien
fue degollada; también las extorsiones, los
secuestros, el ocultamiento de la verdad.
“La situación ha empeorado, pésele
a quien le pese. Yo siempre voy a decir la
verdad, por eso me pasó lo que me pasó.
Castillo faltó en su deber de pacificador.”
–¿Cree que él intente fabricarle alguna
responsabilidad por el enfrentamiento del
martes 16?
–Ojalá no lo haga. Ya estuve dos meses,
65 días en la cárcel injustamente. En esta
ocasión lo único que hice fue defenderme.
–¿Identifica por nombre o apodo a
quienes iniciaron el ataque?
–No. Era mucha gente, unos 400. No
voy a dar ningún nombre para que lo metan
a la cárcel. No lo voy a hacer. Hay mucha
gente a la que no conozco.
–¿Qué tipo de armamento traía la gente
del Americano?
–Lanzagranadas, armas de calibre
50, cuernos de chivo, R-15; AR-15. Hay
evidencias. Vinieron los peritos y vieron los
impactos.
–¿Fue la Gendarmería la que inició el
tiroteo, como dice El Americano?
–No, es mentira. Estos muchachos
están haciendo bien su trabajo.
–¿La falta de interés del comisionado
ocasionó eso?
–Es posible. Quisiera que no pasara otra
vez. Quisiera que el dolor que estoy sintien-
do ahorita no lo tuvieran los padres, hijos y
amigos de los otros 10 muchachos.
FranciscoCastellanos
Mora. “Quiero justicia”
NARCOTRÁFICO
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 23

24. Nestora Salgado,
presapor consigna
Detenida arbitrariamente y enviada a un penal de alta
seguridad, Nestora Salgado, jefa de la Policía Comunita-
ria de Olinalá, obtuvo ya la libertad... pero sólo en papel.
Un juez ordenó su liberación inmediata, pero la guerre-
rense sigue en prisión. La tónica del gobierno federal es
esa, advierte el diputado Roberto López Suárez,“encar-
celar dirigentes comunitarios alzados contra el crimen
organizado”
JESUSA CERVANTES
S
in mostrarle ninguna orden
de aprehensión y acusándola
de “delincuencia organizada”
en su modalidad de secuestro,
autoridades guerrerenses con
apoyo de la Marina y el Ejér-
cito detuvieron el 21 de agosto de 2013 a
Nestora Salgado, coordinadora de la Poli-
cía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Hace
nueve meses un tribunal federal ordenó
su inmediata liberación, pero el gobierno
de Enrique Peña Nieto la mantiene en una
cárcel para reos de “alta peligrosidad”.
El pasado 31 de marzo el magistrado
del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo
Primer Circuito, José Luis Arroyo Alcánta-
ra, consideró que no puede acusarse a Nes-
tora Salgado de “secuestro” o de “delin-
cuencia organizada”, pues actuó conforme
a las facultades de la Policía Comunitaria
reconocidas por la propia ley de Guerrero.
Con ese argumento el magistrado fede-
ral revocó el auto de formal prisión y dictó
la libertad de la líder de la Policía Comuni-
taria de Olinalá. Sin embargo, el gobierno
federal se resiste a que Salgado abandone
el penal federal de alta seguridad de Te-
pic, Nayarit, donde ha estado recluida des-
de el 21 de agosto de 2013,explica a Proceso
el diputado perredista Roberto López Suá-
rez, quien forma parte de la comisión de
legisladores que busca su liberación.
Quienes la demandaron (autoridades
guerrerenses) recurrieron la decisión del
magistrado Arroyo Alcántara y pidieron la
suspensión provisional, es decir que no se
liberara a Nestora, pero se les negó, agre-
ga López Suárez.
El legislador considera que el gobier-
no federal está en desacato a una orden
judicial, pero también que la política de la
actual administración es “encarcelar diri-
gentes comunitarios alzados contra el cri-
men organizado”. Como un ejemplo más
recuerda la detención del líder de las au-
todefensas de Tepalcatepec, Michoacán,
José Manuel Mireles, el pasado 14 de ju-
nio, a quien recluyeron en el penal federal
de alta seguridad de Tepic.
Captura del síndico
Nestora Salgado García, nacida en 1971, es
la sexta de siete hijos de una familia hu-
milde. En 1992 emigró a Estados Unidos
donde tiempo después obtuvo la ciudada-
nía. Líder nata, la defensora de los dere-
chos de su comunidad repartía su tiem-
po entre el vecino país y su tierra, lugar al
cual viajaba cuatro veces al año.
“Pero en 2013 se enroló en la Policía Co-
munitaria para enfrentar el crimen orga-
nizado que desde 2012 intensificó su pre-
sencia secuestrando mujeres para la trata
y explotación laboral mientras que a los
hombres los usan para el trasiego de droga
o como sicarios”, indica el reporte elabora-
do por la comisión legislativa el pasado 28
de mayo durante su visita al penal nayarita.
López Suárez, parte de dicha comisión,
relata que en su última visita a Olinalá, en
mayo de 2013, Salgado decidió quedarse
más tiempo pues su comunidad la nom-
bró coordinadora de la Policía Comunita-
ria del municipio.
“En agosto se dio una emboscada en
la carretera a Olinalá. Resultaron muer-
tos los ganaderos Nemesio Guevara y Car-
men Guevara Rodríguez, mientras Eduardo
Guevara desapareció; los familiares pidie-
ron ayuda al síndico procurador del ayun-
tamiento, Armando Patrón Jiménez, pero
como no les hizo caso acudieron con la di-
rigente de la Coordinadora Regional de Au-
toridades Comunitarias, Policía Comunita-
ria (CRAC-PC), Nestora Salgado”, cuenta el
legislador.
La propia líder comunitaria informó el
15 de agosto de ese año que a las 15:00 ho-
ras detuvo al síndico procurador porque lo
encontró “en la escena del crimen borran-
do evidencias. Nosotros íbamos a rescatar
los cuerpos de dos ganaderos asesinados”.
En entrevista con el diario La Jornada,
Salgado narró que el síndico fue traslada-
do a la Casa de Justicia de El Paraíso, en
Ayutla de los Libres para que fuera juzga-
do conforme a la ley o, en caso contrario,
JoséLuisdelaCruz
24 1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014

25. conforme a las leyes de usos y costumbres
de la CRAC-PC.
Cinco días después de ese hecho, rela-
ta en entrevista López Suárez, marinos y
soldados la detuvieron junto con otros 30
policías comunitarios.
“Alrededor de las 18:00 horas la C. Sal-
gado García se transportaba en una ca-
mioneta Nissan junto con su sobrino Ar-
mandoTorres Salgado; durante la revisión
del vehículo (Ejército, Marina, policías Es-
tatal y Municipal) se le informó que sería
detenida y trasladada a la ciudad de Chil-
pancingo, sin que se le explicara la razón,
sin una orden judicial sin que se verifica-
ran lo supuestos de flagrancia o caso ur-
gente que contempla la Constitución”, se
lee en el informe legislativo.
La comisión sostiene que “la traslada-
ron a un penal de máxima seguridad con
el único propósito de aislarla, imposibili-
tar su defensa legal y alejarla de su fami-
lia, de su comunidad y de los juzgados que
atienden su causa”, y también denuncia:
“La Procuraduría General de la República
la obligó a firmar un documento sin leer
su contenido. Nestora presume que dicho
texto es una confesión de los cargos que
se le imputaron en ese momento, como el
secuestro”.
Nayarit
López Suárez dice que luego de que Sal-
gado detuviera al síndico de extracción
priista, Iñaki Blanco, entonces procurador
de Guerrero, pidió a un grupo de personas
que la acusaran de secuestro.
El 16 de agosto de 2013 Blanco consig-
nó la averiguación previa DGCAP/136/2013
contra Salgado por el delito de secuestro
agravado “en agravio de Pedro Gil Apreza
Salmerón, Betzabé Rubí Baltazar sosa, Ye-
senia Castillo Meza, Ramiro Santiago Mar-
tínez y Dulce Rubí Burgos Pérez . El caso
fue radicado en el Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia del Ramo Penal en el dis-
trito judicial de Chilpancingo, desde don-
de se dio la orden de aprehensión.
El caso de la dirigente comunitaria
quedó radicado finalmente en el Juzgado
Primero de Primera Instancia del ramo Pe-
nal en el Distrito de Tlapa.
Sin embargo Salgado fue enviada des-
de el 21 de agosto de 2013 al Centro Fede-
ral de Readaptación Social Noroeste, co-
nocido como El Rincón, en Tepic.
La procuraduría guerrerense consig-
nó una segunda acusación por el delito de
secuestro y lesiones contra Eugenio Sán-
chez González, Benito Rosendo Sánchez,
Covieli Franco Reyes, Ricardo Ernesto Vi-
llavicencio Guerrero y Juan Antonio Fran-
co Mancilla.
“Dicha averiguación (MOR/OLI/038
/2013) se radicó el 21 de agosto de 2013
en el Juzgado Primero de Primera Instan-
cia en materia Penal del Distrito de Chil-
pancingo bajo la causa penal 146/2013-II.
El mismo juez libró orden de aprehensión
en contra de Nestora y giró exhorto al Tri-
bunal Superior de Justicia de Nayarit pa-
ra que recabe la declaración preparatoria
y se pronuncie.”
Además de las dos averiguaciones que
abrió Guerrero en su contra, el gobierno
federal le abrió a Salgado otra causa pe-
nal. El 13 de diciembre de 2013 la Procura-
duría General de la República (PGR) con-
signó la averiguación previa PGR/GRO/
CHI/V/1522/2013 ejercitando acción penal
por el delito de delincuencia organizada
en la modalidad de secuestro.
Salgado es considerada en Estados Uni-
dos una defensora de los derechos huma-
nos y de las comunidades, por ello la Uni-
versidad de California, Berkeley decidió
apoyarla y contrató al despacho de aboga-
dos Gómez Mont para su defensa, detalla
López Suárez.
El encargado del caso es el abogado
Emiliano Gómez Mont, quien apeló el au-
to de formal prisión que bajo la causa de
la PGR se le dictó el 14 de enero de 2014.
El despachó ganó la apelación el pasado 31
de marzo, cuando el Tribunal Unitario del
Vigésimo Primer Circuito revocó el auto
de formal prisión decretando la inmedia-
ta liberación de Nestora Salgado.Así quedó
asentado en la causa penal 76/2013.
En su alegato, Arroyo Alcántara deta-
lló: “No puede estimarse que la conducta
desplegada por la sujeto activo del delito
(Nestora Salgado García) haya tenido co-
mo propósito, al formar parte de la Policía
Comunitaria, privar de la libertad ilegal-
mente a personas para obtener un resca-
te, en atención a que las detenciones se
practicaron en el ejercicio de la función
que desarrollaba como miembro de la Po-
licía Comunitaria y no a título personal.
“Tan es así que las víctimas estuvieron
en cárceles donde estaban las Casas de
Justicia de la Policía Comunitaria, además
se aprecia que el dinero que se exigía pa-
ra la liberación de las personas detenidas,
podía entenderse como un tipo de fianza
que se fijaba en atención a la conducta ilí-
cita o falta cometida.”
El juez consideró que “en la organiza-
ción a la que pertenece (Policía Comunita-
ria) efectivamente existen niveles, funcio-
nes definidas y figuras jurídicas análogas
a órganos judiciales (Casas de Justicia) y
cárceles (Centros de Readaptación Social);
sin embargo ésta tiene legitimación por el
estado de Guerrero en términos de la Ley
701 de Reconocimiento, Derechos y Cultu-
ra de los Pueblos y Comunidades Indíge-
nas del estado de Guerrero y tiene como
propósito, no delinquir sino colaborar en
la seguridad de las poblaciones o comuni-
dades donde decidieron conformar la Po-
licía Comunitaria”.
Sigue el documento: “No puede soste-
nerse válidamente que se trata de un gru-
po de delincuencia organizada pues esa
organización forma parte del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública (Policía Comu-
nitaria), por lo que los actos que se impu-
tan a Nestora Salgado García, como son
diversas privaciones ilegales de la libertad
a cambio de un pago, no podrían conce-
birse como el propósito de una asociación
delictiva, sino que se entienden como de-
tenciones, y el pago de rescate válidamen-
te considerado como una fianza que se fi-
ja en atención a la gravedad del delito o
falta cometido.”
Negociaciones
Aunque el tribunal revocó el auto de formal
prisión dictado por el juez tercero de Distri-
to de Nayarit el pasado 31 de marzo, la diri-
gente comunitaria sigue encarcelada.
Ante ello y luego de la visita al penal de
alta seguridad que los legisladores hicie-
ron a Salgado –verificaron su aislamiento,
los alimentos de mala calidad que le dan,
el agua contaminada, el rechazo a que par-
ticipe en los talleres, el castigo para que no
salga a caminar y la infección renal que
padece– la comisión buscará una salida
política.
Para darle una mejor calidad de vida
y al no configurarse el delito federal de
“delincuencia organizada” en su modali-
dad de secuestro, los diputados buscaron
su traslado a un penal del Distrito Federal,
acto al que accedió el entonces goberna-
dor Ángel Aguirre Rivero; sin embargo una
semana antes de que eso ocurriera tuvo
lugar la agresión a los normalistas de Ayo-
tzinapa, lo cual detuvo el traslado.
La semana pasada, revela López Suá-
rez, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, se comunicó con los
legisladores para decir que el gobierno es-
taba dispuesto a retomar el caso de Salga-
do y trasladarla al Distrito Federal.
En paralelo, la comisión ha sostenido
tres reuniones con el gobernador sustitu-
to de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez,
para que su administración se “desis-
ta” de las acusaciones o que las autorida-
des judiciales locales resuelvan ya los re-
cursos de impugnación y lo hagan en el
mismo sentido que el magistrado federal,
quien consideró inválida la acusación de
secuestro.
“Para los diputados lo que procede es
la urgente liberación, el desistimiento de
las acusaciones; si ello no ocurre, las ac-
ciones se radicalizarán convocando a los
miembros de la CRAC-PC y a la Red Nacio-
nal de Defensoras de Derechos Humanos,
quienes ya han dicho que se le violó el de-
recho al debido proceso y se ha obstaculi-
zado deliberadamente el trabajo de la de-
fensa”, advierte López Suárez.
NARCOTRÁFICO
1990 / 21 DE DICIEMBRE DE 2014 25

26. E
L PASO, TEXAS/CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-
En el Cártel de Juárez la reorga-
nización del mando se congeló
y por ahora no hay un cabecilla,
pues entre la vieja guardia y la
nueva gente que llegó de Sina-
loa no se ha podido llegar a un arreglo.
Deducen lo anterior funcionarios de
México y Estados Unidos, en tanto que un
policía estadunidense habla con Proceso
a condición del anonimato: “Hay un im-
passe. Son básicamente dos bandos en un
mismo cártel, pero sin estar peleados. La
gente que llegó de Sinaloa sigue aquí, pe-
ro algo ocurrió luego del arresto de (Vicen-
te) Carrillo Fuentes”, El Viceroy.
En las agencias de inteligencia de am-
bos países la radiografía que se tiene del
nuevo Cártel de Juárez es de desconcier-
to, porque hasta antes de la captura de Ca-
rrillo Fuentes, el pasado 9 de octubre en
Torreón, Coahuila, la agrupación criminal
estaba en reorganización.
J. JESÚS ESQUIVEL Ese capo “tenía tiempo (por lo menos
dos años) que no mandaba en el Cártel de
Juárez, pero era una figura clave en la reor-
ganización de mando; él aprobó la llega-
da de la gente de Sinaloa para hacerse car-
go del negocio”, dice a este semanario un
agente federal estadunidense, quien como
su colega mexicano aceptó la entrevista a
condición de que no se revelara su nombre
ni el de la dependencia a la cual representa.
Desde principios de este año, según los
informes de inteligencia de varias depen-
dencias federales de Estados Unidos, “la
plaza de Ciudad Juárez” estaba sometida
a una “limpia” que llevaba a cabo la gente
de Sinaloa que llegó para hacerse cargo del
cártel tras “la jubilación” del Viceroy.
El agente estadunidense apunta que
“aunque siguen reportándose asesinatos en
Ciudad Juárez”, la plaza vive una “paz rela-
tiva” en términos estadísticos por cuanto a
las ejecuciones que había casi a diario hace
tres años debido al pleito entre varios gru-
pos del narcotráfico por el control de esta
zona de trasiego de drogas.
Añade que el año pasado los miem-
bros del Cártel de Sinaloa y los que dejó
Carrillo Fuentes a cargo de la organización
establecieron “un acuerdo para calmar la
plaza”.
Desde la celebración de ese presunto
pacto, a Ciudad Juárez comenzaron a lle-
gar gente de Sinaloa y sicarios profesiona-
les de otros estados del norte de México
empleados por la organización que aho-
ra dirige Ismael El Mayo Zambada García.
La mayoría de los ejecutados en Ciu-
dad Juárez a raíz de ese acuerdo son su-
puestos delincuentes que en el auge de
la guerra militarizada desatada por Feli-
pe Calderón contra el narcotráfico tenían
aterrorizada a la población juarense con
las matanzas indiscriminadas que perpe-
traban a toda hora y en todos lados.
“Los muertos de ahora son pandilleros
de Los Aztecas, Los Mazatlecos, gente del
Cártel del Golfo, algunos de La Línea y de
Los Beltrán Leyva que se habían asentado
aquí. El Cártel de Sinaloa ha ‘limpiado’ ca-
si toda la plaza, pero aún no terminan el
Ricardo Ruiz / Procesofoto
La calma en Juárez,
productode un narcopacto
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