2017 ES EL AÑO DE RECUPERACION DEL VALOR DEL PIB PRECRISIS EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA. PERO QUE DA MUCHO POR RECUPERAR

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FUENTE: CAIXABANK RESEARCH
2.017: EL FINAL DEL PRINCIPIO.
Manfred Nolte
Establecer profecías y vaticinios constituye, como es bien sabido, una actividad
arriesgada especialmente cuando los pronósticos y vaticinios se refieren al
futuro. En consecuencia estas líneas de cierre de ejercicio y apertura de uno
nuevo aparcan la pretensión de realizar pronósticos para centrarse en algo más
recatado pero no por ello menos ambicioso: los deberes y tareas que la
economía española debe abordar en 2.017 si no queremos que el tren que hace
ya tres años abandonó la estación de la recesión descarrile por la senda del
despilfarro o se pierda en la vía muerta de un ideario conformista y falto de
coraje.
La seguridad nunca ha sido una variable consistente con los modelos
económicos, pero las que se ciernen sobre el escenario mundial en forma de
estancamiento productivo, amenazas terroristas, ya de carácter sistemático y
recurrente y un sentimiento que hace que muchas capas sociales consideren el
progreso como algo ajeno y patrimonio de unos pocos, confiere también a la
senda de la nave económica española un carácter nuevo de fragilidad casi
endémica. La vieja virtud cardinal platónica del esfuerzo y la creatividad se
sustituye en muchos estratos sociales por la desesperanza y el revanchismo.
Construir un modelo social recurrente no es tarea fácil para ningún gobierno.
Tampoco para la frágil coalición socialdemócrata (PP-PSOE) actualmente en el
poder.
El titulo se refiere a un importante dato estadístico. A un ritmo de crecimiento
estimado del 2,3% anual, 2.017 se erige en el de la recuperación del valor de PIB
máximo histórico alcanzado en 2.008 antes de estallar la crisis económica en
nuestro país.

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Recuperar el nivel del PIB de 2.008, ¿significa que la crisis ha quedado
definitivamente superada?
La respuesta puede matizarse como, tal vez, el fin de un principio del
reflotamiento desde las simas del naufragio económico, pero no de su
consolidación. La economía española ha continuado con su impresionante
recuperación y vigorosa generación de empleo. Las reformas emprendidas y las
medidas adoptadas para aumentar la confianza han surtido efecto, y, junto con
poderosos vientos de cola externos y la relajación fiscal y monetaria , han
impulsado la fuerte recuperación de los últimos dos años –muy por encima de
la media de países de la Eurozona- y finalmente, como se dice, los niveles de
renta per cápita de 2.008. Pero naturalmente queda un amplio abanico de
problemas a superar y una inmensa gama de reformas a emprender.
Comenzando por la financiación de la seguridad social y las pensiones que los
nuevos Pactos de Toledo deben estudiar con un ánimo decidido de superación.
España como el resto de países occidentales maduros se enfrenta a un colosal
problema que hunde sus raíces en una reposición laboral deficiente y en unas
variable demográficas insobornables a cualquier planteamiento negacionista. Se
vive más tiempo, las pensiones son cada vez más altas y los ingresos son
incapaces, ni de lejos de financiar los gastos.
Tarea de prioridad equivalente la constituye el equilibrio de la estructura de
nuestro presupuesto público siempre lastrado por un déficit fiscal estructural
financiado con una deuda pública insoportable. Dado que el objetivo final del
déficit es situarlo en el 1,1 % del PIB en 2019, la brecha que nos separa del 4,6 %
actual es de más de 35.000 millones de euros. Se impone introducir una
consolidación fiscal que penalice menos al sector productivo –como es el caso
de la última batería aprobada- y abordar las ineficiencias y tratamientos
diferenciados del sistema tributario trasladando la carga, de forma favorable al
crecimiento, desde la fiscalidad directa a la indirecta. Protegiendo siempre a los
más vulnerables, el gasto público de las diferentes partidas debe revisarse desde
el prisma de la eficiencia. La reforma de las estructuras de las administraciones
publicas sigue siendo una asignatura pendiente. Y el sistema de financiación
autonómica puede ser estudiado y reformado aumentando los incentivos de las
autonomías para el logro de los equilibrios presupuestarios.
Un tercer reto lo constituyen las medidas para atajar la desesperante lacra del
paro, del paro en general y del paro juvenil y de larga duración en particular y la
alta proporción de trabajo en modalidad temporal, dualidad laboral que
posiblemente tiene su causa en la falta de atractivo que tiene el contrato fijo
para los empresarios en la coyuntura actual. Es cierto que la tasa de desempleo
se ha reducido en ocho puntos porcentuales desde 2.013, pero sigue siendo
insoportable situándose en torno al 18,9%, y el 57% de los desempleados –
parados estructurales- lo han sido durante más de un año. La actuación sobre
desempleados de larga duración y jóvenes de baja cualificación ha sido limitada
y urge su mejora. Simultáneamente cabe mayor eficacia en la asignación de los
subsidios a la contratación. Y no parece que la solución –como algunos
propugnan- surja de la derogación de las reformas laborales sino más bien del
ofrecimiento de una mayor clarificación y seguridad jurídica en materia de
despido y una consolidación del principio de flexibilidad en materia de

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condiciones de trabajo. Se prevén 430.000 nuevos puestos de trabajo en 2.107
pero lo anterior sigue teniendo total validez.
Entre las reformas estructurales debe priorizarse la que atañe al impulso de la
productividad laboral y de la productividad general de las empresas a medio
plazo, actualmente rozando la zona de nulidad o de crecimiento raquítico, sin
que siempre se aprecie este factor a la hora de la negociación salarial colectiva.
Predomina en España la pequeña empresa, poco competitiva y menos
innovadora en relación a las de mayor tamaño. Medidas congruentes con el
propósito de mejorar la productividad pueden hallarse en la aplicación de la Ley
de la Unidad de mercado, la liberalización de los servicios profesionales, la
mayor dotación de fondos a programas de I+D+i y mejora del acceso a la
financiación no bancaria. A más largo plazo aquellos programas que incidan
sobre nuestro pobre stock cultural a todos los niveles de la enseñanza básica o
universitaria.
Son muchos más los frentes que no pueden ser aquí reseñados.
En definitiva, 2.017, representando el fin de un principio, tiene el deber de
consolidar las reformas iniciadas para establecer la senda de un crecimiento
sostenido a medio plazo, en torno al 2% de crecimiento anual, congruente con la
reducción de nuestro principal problema, el desempleo.