La comisión especial investigó la masacre de Tumeremo, donde 17 mineros fueron asesinados. Los testigos culparon a la banda de "El Topo" y agentes de seguridad. A pesar de las denuncias, las autoridades negaron los hechos. Luego de protestas, los cuerpos fueron encontrados. La comisión concluyó que las bandas criminales controlan la minería en Bolívar con complicidad de funcionarios.

1. 1
COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGA LOS HECHOS IRREGULARES OCURRIDOS
EN LAS ZONAS MINERAS DEL MUNICIPIO SIFONTES DEL ESTADO BOLÍVAR
INFORME FINAL
Corresponde a esta Comisión Especial, conformada por los Diputados AMÉRICO DE
GRAZIA, Presidente; LUIS SILVA, Vicepresidente; OLIVIA LOZANO, RACHID YASBEK y JOSÉ
HERNANDEZ, presentar a la Plenaria de la Asamblea Nacional este INFORME FINAL
contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación sobre los
acontecimientos que conmocionaron a la población del Municipio Sifontes del Estado
Bolívar y, por su repercusión, a Venezuela entera; conocidos públicamente como “la
masacre de Tumeremo”.
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
Ante las denuncias presentadas por testigos y pobladores locales, divulgadas por medios
de comunicación y recibidas por diputados de esta Cámara, sobre la posible desaparición
física masiva de personas relacionadas con la explotación minera en el ámbito territorial
del municipio Sifontes del Estado Bolívar, esta Asamblea Nacional acordó en sesión
ordinaria de fecha 8 de Marzo del año en curso, la creación de la presente Comisión
Especial a los fines de investigar los hechos, en uso de sus atribuciones constitucionales
contenidas en los artículos 193, 223 y 224 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

2. 2
DEL OBJETO DE LA COMISIÓN ESPECIAL
Desde su primera reunión ordinaria los integrantes de esta Comisión Especial
establecieron el marco de trabajo para lograr los siguientes objetivos: 1) Contribuir útil y
oportunamente al propósito de conocer la verdad de los hechos, de modo solidario con
los familiares de las víctimas, y la población de Tumeremo; verdad que empezaba con el
hecho de que un gran número de mineros fueron vilmente asesinados y que el individuo
conocido como alias “El Topo” estaba involucrado. 2) Contribuir a que se materialice el
hallazgo de los cuerpos y la posterior identificación de cada uno de los mismos. 3) Ayudar
a determinar los autores materiales así como los instigadores intelectuales de los hechos.
4) Intentar identificar las causas que generaron dichos eventos, en la búsqueda de evitar
que se repita un suceso similar. 5) Ayudar a establecer las responsabilidades penales de
los involucrados, exigir y velar por que se apliquen las sanciones judiciales
correspondientes. 6) Aportar sugerencias en relación a un plan adecuado de
ordenamiento de la actividad minera, que contribuya a lograr que ésta se desarrolle ajena
a bandas y a organizaciones de carácter criminal. 7) Proponer elementos que contribuyan
al diseño de una política minera acertada, en armonía con el ambiente y con la
preservación de nuestros ríos y grandes reservas forestales.
DE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA CREACIÓN DE ESTA COMISIÓN ESPECIAL
El viernes 4 de marzo 2016 en horas de la noche, los habitantes de Tumeremo, Municipio
Sifontes del Estado Bolívar, recibieron noticias que alertaban sobre una presunta masacre
en el fundo Atenas ejecutada por la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El
Topo”, a raíz de lo cual decidieron acudir al Hospital de la entidad y otras dependencias
oficiales, incluidas la sede de la Policía del Estado Bolívar, la comandancia del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), a fin de solicitar ayuda y obtener posibles respuestas sobre la
condición de los familiares de los que hasta el momento no tenían noticias; sin embargo,
los funcionarios de guardia hicieron caso omiso a la exigencia de búsqueda y de registrar
el hecho, negándose a actuar bajo el alegato de tener órdenes de acuartelamiento
provenientes de Caracas. (Anexo1)

3. 3
El sábado 5 de Marzo, a tempranas horas de la mañana, vecinos y familiares de personas
que no llegaron a sus hogares el día anterior, luego de constatar la parálisis de los
organismos de seguridad del Estado, decidieron cerrar el paso de la Troncal 10 –carretera
que une a Venezuela con Brasil– para hacer públicas sus denuncias y exigencias. (Anexo2)
Al lugar se hicieron presentes los medios de comunicación, el Alcalde Carlos Chancellor
Ferrer, el Diputado electo por el Estado Bolívar ante la Asamblea Nacional, Amerigo De
Grazia (Anexo 3) y fue entonces cuando se empezó a tener conocimiento a nivel nacional
e internacional de la tragedia ocurrida en la entidad y comenzaron las muestras de
solidaridad con los familiares de las víctimas y desaparecidos, con testimonios similares
sobre prácticas criminales con precedentes en todas las zonas mineras del sur del Estado
Bolívar: Ikabarú y la Gran Sabana, Las Claritas, El Dorado y Tumeremo en el Municipio
Sifontes; en el Callao, en Guasipati y el Miamo del Municipio Roscio; el Manteco en el
Municipio Piar; La Paragua en el Municipio Angostura y lugares apartados de los
Municipios Sucre y Cedeño al oeste del Estado Bolívar.
Un reporte del Diputado Amerigo De Grazia permite establecer cómo desde los primeros
momentos, y a través de su persona, la Asamblea Nacional empieza a ser contactada.
(Anexo 4)
Según su propio relato, el parlamentario recibió a las 5:45 a.m. del día sábado 5 de marzo,
una llamada de su amigo JJ COELLO desde Tumeremo, quien con la frase “Amérigo, me
mataron a mi hijo”, le ofreció las primeras informaciones sobre el hecho y lo motivó a
dirigirse a esa localidad.
Una vez llegado a Tumeremo el Diputado pudo constatar que la protesta se desarrollaba
ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad. Al exigir conversar con los manifestantes
le presentaron a un testigo que le aseguró haber estado presente en dicha masacre, haber
presenciado cómo, según sus propias palabras, “los mataron uno por uno”, y aseguró
haber contado 28 cadáveres que fueron sacados en un camión de volteo color azul. El
testigo alegó que pudo reconocer, entre esa cantidad de muertos, a 17 lugareños de
Tumeremo y aseveró que alias “El Topo” y su gente, estaban acompañados de agentes del
CICPC, SEBIN, GNB y OLP que iban vestidos con uniformes negros portando armas largas,
pistolas y chalecos. De igual manera, el testigo le informó al Diputado que el individuo
conocido como “El Topo” recibió varias llamadas telefónicas de alguien a quien se refería
como “Patrón”, mientras le reportaba el número de ejecutados y cómo, según su
testimonio, en horas de la noche se llevaron los cadáveres a la mina de Hoja de Lata.
Ese mismo sábado 5 de marzo, los presentes en el cierre de la vía le dictaron al Diputado
De Grazia los nombres de las personas que reportaban como desaparecidas (Anexo 5), al

4. 4
tiempo que los familiares iban colocando sus fotografías en una gran pancarta al borde de
la carretera (Anexo 6); lo que permitió hacer de conocimiento público la tragedia de la que
fueron víctimas:
José Ángel Ruiz Montilla
Néstor De Jesús Ruiz Montilla
José Armando Ruiz Montilla
Mary Dalia Ruiz Muñoz
Mariellys Ruiz Muñoz
Ángel Ignacio Trejo
Roger José Romero Ángel
José Gregorio Nieves Aguinagalde
Jesús Alfredo Aguinagalde González
Keiner Zambrano
Gustavo Guevara Aguinagalde
José Gregorio Romero Ara
Junior Henrique Romero Ara
Cristobal José Heredia Caña
Luis Díaz Guzmán
Jairo Rodríguez
Carlos José Carvajal Custodio
Muchos medios no se atrevieron a abrir sus micrófonos para narrar el dolor de los
familiares; sin embargo, cabe reconocer la disposición de Globovisión a transmitir cuanto
denunciaban los familiares de las víctimas, permitiendo que se fuera tejiendo toda una red
de solidaridad local, regional, nacional e internacional que ayudó, al menos, a que
aparecieran los cadáveres de los 17 ciudadanos reclamados por sus familiares en
Tumeremo.

5. 5
A Guayana y sus ciudadanos no les sorprendió la actitud irresponsable del Gobernador
Rangel Gómez, quien, sin pestañear, negó categóricamente la masacre y la desaparición
de los 17 mineros, alegando que la información era “absolutamente falsa” y advirtiendo
que el hecho era un show político de los factores de oposición para aterrorizar a la
población de Tumeremo. Todo ello en declaraciones en su propia voz ante el canal oficial
Venezolana de Televisión cuyo video y transcripción se adjuntan a este informe (Anexo7).
Luego de haber transcurrido más de 24 horas de haberse registrado los hechos, los
canales oficiales del Estado Venezolano no fueron menos irresponsables, fijando una
posición similar a la del Gobernador del Estado Bolívar, calificando los acontecimientos
como una maniobra para restarle brillo a los eventos programados por el gobierno para
conmemorar la “siembra” del comandante eterno, y haciendo publicaciones que
calificaban al hecho como una “masacre virtual” (Anexo8). Semejante descalificación no
logró intimidar a los familiares de los desaparecidos, que no dejaban de protestar día tras
día, manteniendo cerrada la vía de la troncal 10, en espera del regreso de sus hijos, o de
sus cadáveres, para darles cristiana sepultura (Anexo9). Pudieron más los gritos públicos y
desgarradores de los padres, que la hegemonía comunicacional de quienes pretendían,
inútilmente, vender una historia oficial, negando lo que finalmente se concretó con el
hallazgo de una fosa común de, al menos, 17 cadáveres. (Anexo 10)
Es a raíz de estos hechos que el martes 08 de marzo, esta Asamblea Nacional, tomó la
firme determinación de nombrar una Comisión Especial que le hiciera seguimiento al caso
e investigara los hechos que enlutaron a Tumeremo, Guayana y Venezuela entera. Al
respecto, debe señalarse que la bancada del oficialismo se negó a participar en esta
iniciativa parlamentaria, intentando descalificar el propósito de la investigación.
DEL MARCO GENERAL QUE ENVUELVE A LOS HECHOS INVESTIGADOS
El Estado Bolívar es el de mayor riqueza minera de toda Venezuela. A sus enormes
recursos hidrográficos con los más caudalosos ríos del país, así como la más grande
reserva forestal, se añade una impresionante gama de yacimientos minerales donde
destacan oro, diamante, hierro, bauxita, plata, cobre, carbón y coltán; sin embargo, en los
últimos años se ha convertido en el gran centro operacional de bandas criminales que
imponen su ley ante la pasividad en ocasiones, y complicidad en otras, de todos los
estamentos de seguridad del Estado. Ahí se encuentra la población de Tumeremo, en el

6. 6
municipio Sifontes, sede de numerosos yacimientos auríferos donde la minería artesanal
se convirtió en la principal fuente de trabajo.
A raíz de la estatización de la minería por decreto del ex Presidente Chávez, en septiembre
de 2011 (Anexo 11), la explotación por parte de mineros artesanales, que constituyen la
mayoría, quedó fuera del marco legal.
A las minas de Guayana no llegan los medicamentos necesarios para tratar la fiebre
amarilla, pero sí llegan armas y municiones de distintos calibres y dimensiones para
amedrentar a la población y existen funcionarios beneficiarios del cobro de vacunas
impuestas a los mineros, comerciantes y pobladores, por parte de estas mafias
autodenominadas “Sindicatos” que actúan como si estuvieran administrando una
concesión y donde las reglas las fija un jefe llamado “pran”. La guerra por el oro incluye el
control de las minas, tráfico de drogas, venta ilegal de gasolina y gasoil y prostitución, y las
bandas delictivas se enriquecen mediante la extorsión y el sicariato.
En fecha 26 de Enero 2016 el Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez,
mediante informe remitido al Mayor General Gustavo González López Director General
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) (Anexo 12) indica que el actual
comisionado del Gobernador Rangel Gómez, el General del Ejército Julio Cesar Fuentes
Manzulli, desde el año 2010, en su condición de Director de la Policía del Estado Bolívar,
otorgaba credenciales policiales y armamento a determinadas bandas delictivas
asignándoles responsabilidad de control en diversos sectores citando a alias “El Capitán en
el sector Vista El Sol de San Félix, alias “El gordo Bayón” en el sector sindical, alias “el
Ciego” en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua, alias “el Topo” en minas de Guasipati y
Tumeremo, alias “el negro Juancho” en las minas del sur desde el Dorado hasta Las
Claritas, alias “el Sapito”-mano derecha y coordinador del Alcalde de Ciudad Bolívar
Sergio Hernándezmuy cercano al Gobernador, entre otros denominados pranes.
La “masacre de Tumeremo” sucede a los pocos días de la creación de la empresa
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) –
Gaceta del 10 de Febrero 2016– (Anexo13) y del anuncio de la puesta en marcha del
motor minero con la firma por Nicolás Maduro –el 24 de Febrero 2016– del Decreto para
la certificación de reservas en el llamado "Arco Minero del Orinoco"(Anexo 14), abarcando
más 111.800 km2 (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro),lo que constituye cerca del 12%
del territorio nacional en el que se encuentran aproximadamente 200 millones de
toneladas de bauxita y 44.000 toneladas entre oro y diamantes, con la intención de
otorgarle concesiones de explotación a 150 empresas mineras de 35 países (Anexo 15).
Destaca, sorpresivamente, la reincorporación de la empresa transnacional aurífera

7. 7
canadiense GOLD RESERVE a las áreas previamente expropiadas por el gobierno en el
sector Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que dicha empresa le ganase al Estado
venezolano una cuantiosa demanda ante tribunales internacionales (Anexo 16) y para
cuya explotación se requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes,
todos ellos mineros artesanales y trabajadores conexos.
El 28 de Febrero 2016 el Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes,
anunció que varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán
iniciarían en abril 2016 la extracción de oro, cobre, plata y coltán como parte de los
convenios suscritos por el Gobierno.(Anexo17)
El 4 de Marzo tiene lugar la masacre.
DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL
La Comisión Especial, formada a los efectos antes señalados, inició sus actividades a partir
del día miércoles 9 de marzo del año en curso, y en el desarrollo de sus actividades: 1)
Procedió a hacer extensiva, a todos los Diputados y Diputadas electos por el Estado
Bolívar, cualquiera fuera su signo o militancia política, la invitación a formar parte de la
investigación y a contribuir con esta Comisión para esclarecer los hechos y dar respuesta a
los familiares y sociedad civil; 2) Por cuanto el estudio y la investigación del caso se
realizaría atendiendo asuntos relacionados a los Derechos Humanos, procedió a consultar
a diferentes Organizaciones No Gubernamentales de defensa y promoción de los
mismos, tales comoPROVEA, Foro Penal, Centro De DDHHUCAB, COFAVIC, al igual que al
ciudadano RAFAEL NARVÁEZen su condición de ex diputado del antiguo Congreso de la
República y abogado defensor de los DDHH; todos quienes no solo aportaron sus
opiniones respecto al caso, sino que tuvieron a bien la disposición de formar parte activa
en el desempeño esta Comisión participando en la elaboración de un plan de acción,
brindando su asesoría durante el tiempo que esta se mantuviera en el ejercicio de sus
funciones yaportando a esta Comisión Especial recomendaciones jurídicas que fueron
valiosas para arribar a las conclusiones finales que se exponen en el presente informe. 3)
Acudió a la población de Tumeremo el díaviernes 11 de marzo del año en curso con el
propósito de efectuar una reunión con los familiares de las víctimas a fin de recoger sus
testimonios y obtener de los mismos, información de interés para el análisis y estudio
encomendado a esta Comisión Especial. En tal sentido, la Comisión conoció y registró los
testimonios del Sr. LUIS JOSÉ NIEVES, padre de JOSÉ GREGORIO NIEVES AGUINAGALDE, la
Sra. JOLYS MILAGROS CABELLO FERMÍN, esposa de JOSÉ GREGORIO NIEVES

8. 8
AGUINAGALDE, el Sr. HENRIQUE ROMERO, padre deJOSÉ GREGORIO ROMERO ARA Y
JUNIOR HENRIQUE ROMERO ARA, la ciudadana LUZ MARINA CASTILLO, concubina de
JOSÉ GREGORIO ROMERO ARA, la Sra. MIGDALIA ÁNGEL MORENO, madre de ROGER JOSÉ
ROMERO ÁNGEL y la Sra. MELAIDA CUSTODIO, madre de CARLOS JOSÉ CARVAJAL
CUSTODIO (Anexos); todos de los cuales se destaca la falta de diligencia en la actuación de
los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, así como la
negligencia, falta de respeto y falta de ejecución en las funciones de quienes fueron
encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, custodiar la zona minera
y brindar seguridad a la ciudadanía. Asimismo, de las declaraciones ofrecidas por los
familiares, esta Comisión Especial recabó datos importantes en relación a los hechos que
permitieron señalar al individuo conocido con el alias de “El Topo” como el principal
ejecutor de la masacre, dejar constancia de la participación de individuos equipados con
armas largas y chalecos del SEBIN y el CICPC, señalar a la ciudadana Rosa Gil como
implicada, e identificar las minas de Atenas, Hoja de Lata y Nuevo Callao como zonas de
alta importancia en el caso. 4) Cursó invitación al Ciudadano Francisco Rangel Gómez,
para reunión con esta instancia parlamentaria el día 29 de marzo, a fin de que este
expusiera la información que pudiera tener sobre los hechos ocurridos el pasado 4 de
marzo en la población de Tumeremo, en su calidad de Gobernador del Estado Bolívar; y,
en vista de la ausencia del mismo, remitió cuestionario al Ciudadano Gobernador, el día
30 de marzo, con la finalidad de que con sus respuestas pudiera contribuir a aclarar los
hechos y llegar a lo medular del asunto. 5) Recabó y registró denuncias de otras personas
desaparecidas en distintos lugares en otros actos, en otras circunstancias y quizás bajo
otros móviles, en asuntos relacionados o no al tema de la minería. 6) Acudió a dos (2)
reuniones y mantuvo conversaciones con el Ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek
William Saab, en el marco de la mutua cooperación entre los poderes del Estado;
teniendo lugar la primera reunión el día 16 de marzo del año en curso y la segunda el día
lunes 11 de abril del mismo año, a propósito de contribuir en el esclarecimiento del caso
que propició la creación de esta Comisión, determinar a los responsables materiales e
intelectuales de tan despreciable acontecimiento y lograr que se haga justicia, así como
aportar la información recogida de las otras denuncias que recibiera la Comisión Especial
sobre desapariciones en hechos distintos. 7) Sostuvo reunión con representantes de la
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, el día 5 de abril, a los fines
de obtener de los mismos la opinión que como especialistas en el tema pudieran tener
sobre la implementación de una política del Arco Minero del Orinoco, así como las
recomendaciones que tuvieran a bien hacer en cuanto a la parte administrativa y técnica
de ingeniería minera, de modo que esta Comisión pudiera dejar constancia de las mismas,
con el objeto de contribuir en el desarrollo de un plan adecuado de ordenamiento que
logre que la actividad minera se desarrolle en armonía con el ambiente y la haga ajena a
bandas y a organizaciones de carácter criminal. 8) Se reunió con la Ciudadana Fiscal de la

9. 9
República, Luisa Ortega Díaz, el día 11 de abril del año en curso, en el entendido de la
cooperación interinstitucional entre los poderes del Estado, con la finalidad de
contribuir en el esclarecimiento del caso, determinar a los responsables materiales e
intelectuales, lograr que se haga justicia, y aportar la información recogida de las otras
denuncias que recibiera la Comisión Especial sobre desapariciones en hechos distintos.
CONCLUSIONES GENERALES
A pesar de la complejidad del caso investigado, que aún no ha sido esclarecido sino muy
superficialmente por parte de los organismos de Seguridad del Estado; de las
contradicciones en las declaraciones y datos proporcionados entre la Fiscal General, el
Defensor del Pueblo, el Ministro de Interior, el Gobernador del Estado Bolívar y otros
cuerpos del Estado (Anexo 18); de la recurrente aparición de nuevos elementos y
denuncias; de la sucesión de eventos sobrevenidos como la desaparición o asesinato de
testigos claves; del cúmulo de denuncias de nuevos casos de desapariciones (Anexo19) en
la zona y otros puntos del país; de las presiones y amenazas recibidas por algunos de sus
miembros (Anexo20), esta Comisión Especial, ajustándose al lapso otorgado, puede poner
en conocimiento de la Asamblea Nacional las siguientes conclusiones:
1. Producto de las denuncias, la creación de esta Comisión Especial de la Asamblea
Nacional y su desempeño, con la colaboración de ONGs especializadas en la
defensa de los Derechos Humanos, el trabajo de valientes comunicadores sociales,
el escándalo internacional y el reclamo ante organismos del Estado como la Fiscalía
y la Defensoría del Pueblo, se logró hasta ahora demostrar que SÍ HUBO UNA
MASACRE, se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el Ministerio de
Interior y de Justicia ha corroborado la participación material en los hechos de
Jamilton Andrés Suarez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces cuyas órdenes de
captura ya han sido emitidas y con el resultado de algunas detenciones. (Anexo21)
2. Hubo numerosas masacres anteriores (Anexo22) ante la mirada complaciente del
Estado pero en esta oportunidad, a diferencia de ocasiones anteriores, la mayoría
de las víctimas fueron vecinos de Tumeremo, no foráneos y tienen dolientes, con
lo que se puede concluir que la movilización de los afectados y la solidaridad de
todo un pueblo fueron determinantes a la hora de obligar al Estado a ofrecer,
aunque parcialmente, respuestas a sus demandas.
3. En las áreas mineras del Estado Bolívarse violan los Derechos Humanos de manera
sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al

10. 10
miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a
la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social,
económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona
totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la
Fuerza Armada Nacional.
4. La criminalización de la actividad minera a través de los decretosque han sido
producto de Leyes Habilitantes, es decir, sin debate parlamentario ni consulta
amplia a todos los sectores de la vida productiva del país, colocan a una población
de más de 150.000 personas sin garantías ni protección alguna, en situación de
cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de
mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e
impunidad. Esto induce a señalar que el oro, el diamante y el coltán del subsuelo
de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente
irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad de gran parte de los
muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente
presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República.
5. Esta Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de
Gobernador del Estado, actuó de manera negligente desde los primeros momentos
al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que contribuyó a que
las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas incumpliesen con sus
obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se
desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese
entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el
oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los
cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación.
Igualmente la negación rotunda de los hechos y la subsecuente desmovilización de
los cuerpos de seguridad, y muy especialmente del CICPC local, pudieron contribuir
a permitir la fuga de quien ha sido plenamente identificado como principal autor
material de la masacre y, por ende, dificultar las investigaciones que conduzcan a
determinar quiénes ordenaron la matanza.
6. La masacre de Tumeremo, tuvo lugar días después de la creación de la empresa
militar Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
(CAMIMPEG) y del anuncio, por parte del Presidente Maduro y del Presidente del
Banco Central de Venezuela, de las negociaciones con 150 empresas
multinacionales de 35 paísespara la explotación de yacimientos en el marco del
denominado “Arco Minero del Orinoco”. En dichos acuerdos entra la restitución a

11. 11
la empresa transnacional aurífera canadiense Gold Reserve de las áreas mineras
expropiadas por el Gobierno en Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que esta
empresa le ganase al Estado Venezolano una demanda ante tribunales
internacionalespor un monto superior a los 740 millones de dólares para cuya
implementación es necesario desalojar de las zonas comprometidas, a miles de
mineros y trabajadores conexos que ocupan actualmente esos territorios.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Asamblea Nacional, previa aprobación del presente INFORME FINAL,
contentivo de los resultados derivados de la investigación sobre los hechos irregulares que
tuvieron lugar en la población de Tumeremo, zona minera del Municipio Sifontes del
Estado Bolívar;
PRIMERO: Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional Remitir este INFORME
FINAL a la Fiscalía General de la República y Exhortar a su máxima autoridad a que
establezca responsabilidades de todos los involucrados en el hecho y logre la captura y
condena de los autores materiales e intelectuales del caso; entre ellos, el ciudadano
Jamilton Andrés Ulloa Suárez, quien está plenamente identificado como autor material de
los hechos ocurridos en el Municipio Sifontes del Estado Bolívar –conocidos como la
masacre de Tumeremo– y quien, habiendo transcurrido dos (2) meses del hecho, aún se
encuentra en libertad.
SEGUNDO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, a La Defensoría
del Pueblo para la prosecución de las averiguaciones referentes al caso.
TERCERO: En vista de la magnitud del caso y de las graves denuncias formuladas por el
Comisario Jefe del SEBIN José Gregorio Lezama Gómez, contenidas en su informe de fecha
del 26 de enero de 2016 (Anexo12), que incriminan a autoridades civiles y militares y les
relaciona con el autor material de la llamada masacre de Tumeremo y las bandas
irregulares que operan en la zona; Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, Remitir este
INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz para la prosecución de las averiguaciones referentes
al caso y Exhortar a su máxima autoridad a que determine y establezca las
responsabilidades que corresponden, de todos los Cuerpos de Seguridad del Estado y
miembros del Gobierno regional y nacional.

12. 12
CUARTO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Política Interior para la
prosecución de las averiguaciones referentes al caso.
QUINTO: En el entendido de que la zona en la que tuvieron lugar los hechos está bajo el
control de la Fuerza Armada Nacional, se Recomienda remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de esta plenaria, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la
prosecución de las averiguaciones y Exhortar a su máxima autoridad a que defina y
determine las responsabilidades de la presencia de las fuerzas del Estado en las zonas
mineras, y en consecuencia establezca las responsabilidades que corresponden a los
funcionarios destacados en el lugar.
SEXTO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea
Nacional, a la Contraloría General de la República a fin de que inicie las investigaciones
administrativas pertinentes en vista de las denuncias mencionadas en el punto primero.
SEPTIMO: Vista la urgente necesidad de una evaluación y reorganización de la
institucionalidad del sector minero, así como la necesidad de un plan adecuado de
ordenamiento territorial y minero; Se Recomienda a la plenaria de la Asamblea Nacional
Remitir este INFORME FINAL al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de
manera que se plantee una evaluación y reorganización de la institucionalidad del sector
minero y una política de minas que promueva la racionalidad y establezca códigos dentro
de un marco institucional adecuado que estipule la participación real del sector público y
privado.
OCTAVO: Se sugiere a esta plenaria, Remitir este INFORME FINAL a la Comisión
Permanente de Energía y Petróleo de esta Asamblea Nacional en atención a la revisión y
adecuación del marco legal concerniente a la actividad minera, a fin de establecer
lineamientos de ejecución minera, públicos y transparentes, y normar sobre el derecho
sólido de quienes ejerzan la minería.
NOVENO: Remitir este INFORME FINAL, por aprobación de la plenaria de esta Asamblea
Nacional, al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y Exhortar a su
máxima autoridad a que estimule la participación multisectorial para garantizar
acciones eficientes de minería responsables, mediante la implementación de un consejo
asesor que facilite la participación de instituciones y organizaciones vinculadas a la
minería, academias y universidades, a fin de lograr establecer códigos y normas de buena
práctica minera que resulten en que esta actividad se desarrolle en armonía con el
ambiente.

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DECIMO: Se Recomienda a esta Asamblea Nacional, remitir este INFORME FINAL, por
aprobación de la plenaria, a la Comisión Permanente de Ambiente, a fin de que haga las
averiguaciones correspondientes en materia ambiental referentes a la actividad minera.
DECIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Informe
En Caracas en el Palacio Federal Legislativo a la fecha cierta de su presentación.
Conformes firman:
Diputado AMERICO DE GRAZIA
Presidente
Diputado LUIS SILVA
Vicepresidente
Diputada OLIVIA LOZANO
Diputado RACHID YASBEK
Diputado JOSE HERNANDEZ