Principios del derecho procesal civil

• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM

557. ¿Bajo qué principios se rige nuestro sistema jurídico proceso civil?

Institucionalmente discrepamos con el tratamiento que nuestra legislación da a los “principios
procesales” que en el pensamiento de Briseño Sierra y Alvarado Velloso serían en su mayoría reglas
procesales, para efectos prácticos describimos a continuación los principios considerados por el Código
Procesal Civil:

a) Derecho a la Tutela Jurisdiccional. La noción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
implica, que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella deba
ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías
mínimas (Expediente Nº 0004-2006-AI, 29/03/06, P, FJ. 6). Su contenido protegido no se agota en
garantizar el “derecho al proceso”, entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del
Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino también garantiza
que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para asegurar la plena
satisfacción de los intereses accionados Expediente Nº 0010-2001-AI, 26/08/03, P, FJ.10). .

b) Dirección e Impulso Procesal. El principio de dirección representa la parte contraria del Principio
Dispositivo, por el cual el Juez era esencialmente pasivo, limitándose tan sólo a observar la actividad
de los sujetos procesales y resolver en consecuencia. Así, el Principio de Dirección se constituye en
la manifestación pura del sistema Inquisitivo, por el que el papel del Juez investiga los hechos
valiéndose de todos los medios a su alcance con dicho propósito; ello a fin de formarse una opinión y
resolver el conflicto o la incertidumbre jurídica.

En ese sentido, el principio de impulso procesal se viene a constituir como un elemento de
dinamicidad dentro del proceso. Esto quiere decir que el Juez tiende agilizar el proceso, y conducirlo
en forma independiente a los actos realizados por las partes.

c) Fines del Proceso e Integración de la Norma Procesal. En sentido concreto, el fin del proceso es
el hacer efectivo los derechos sustantivos al momento de la resolución de un determinado conflicto
de intereses o incertidumbre jurídica, Mientras que la finalidad del proceso, en sentido abstracto, será
el logro de la paz social en justicia.
En ese contexto, si en el desarrollo del proceso se advirtiera vacíos o deficiencias de la ley procesal,
dichas falencias serán integradas de tal forma que no se altere la persecución de los fines antes
indicados. De esta forma el Estado mantendrá la eficacia del ordenamiento jurídico en general.

d) Principio de Iniciativa de Parte y de Conducta Procesal. El principio de iniciativa de parte
representa lo que en doctrina se conoce como condiciones de la acción, que a su se constituye como
aquellos presupuestos procesales indispensables para que el juzgador pueda pronunciarse
válidamente sobre el fondo de la cuestión controvertida. Con ello nos referimos a la exigencia que
todo justiciable debe cumplir antes de acudir al órgano jurisdiccional y pretender la resolución de un
conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, en términos de un pronunciamiento válido sobre el
fondo del asunto. Nos referimos a interés y legitimidad para obrar. El primero viene a se materializa
como la necesidad de solicitar tutela jurídica efectiva al Poder Judicial como único y último medio
válido para solucionar el conflicto de intereses o la situación incierta en concreto. La segunda
implica que el proceso se lleve a cabo entre los mismos sujetos que integran la relación jurídica
sustantiva o comúnmente denominada material. La excepción de la exigencia de interés y
legitimidad, que es la regla general, no es aplicable a las entidades autorizadas para la defensa de
intereses difusos o colectivos (el Ministerio Público, por ejemplo).
De otro lado, el principio de conducta procesal implica aquella imposición a todos los sujetos que
intervienen en el proceso (las partes, sus abogados, etc.), de actuar con lealtad, probidad, veracidad y
buena fe. El Juez esta facultada para sancionar a los actores procesales que no obren con sujeción a
los valores procesales mencionados.

e) Principio de Inmediación, Concentración, Economía y Celeridad Procesal. En virtud al
Principio de Inmediación el juzgador se encuentra en la obligación de mantener un trato directo e
inmediato con la actuación de las partes dentro del proceso (en las audiencias por ejemplo), respecto
de los hechos alegados por éstos, de los medios probatorios que pudieran ofrecer, y en general,
respecto de toda las formas posibles de establecer un medio que permita al Juez arribar a una

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DERECHO PROCESAL CIVIL • • •

decisión fundada en la convicción real y natural como producto de la valoración de las actuaciones
de las partes. Sin que ello signifique el incremento de las actuaciones procesales, en razón a que el
Principio de Concentración postula el desarrollo del proceso en un menor uso posible de actos
procesales, concentrándolos o agrupándolos en un solo acto, por reiterativos o inútiles. No
restringiéndolos o eliminándolos como propone el Principio de Economía Procesal en razón a la
inutilidad o a lo innecesario que pudiera resultar su desarrollo (esto último no debe afectar el derecho
de defensa ni a la realización de ciertos actos de obligatorio cumplimiento). El Principio de
Celeridad Procesal pregona la realización de los actos procesales dentro de los plazos establecidos
en la ley; de ese modo se constituye como un mecanismo de control frente a las maniobras dilatorias,
proponiendo la adopción de una determinada medida o sancionándolas.

f) Socialización del Proceso. En virtud del cual el Juez esta en la obligación de cautelar la igualdad
entre las partes involucradas en el proceso, evitando así cualquier forma de discriminación, por
religión, idioma, sexo, etc.

g) Juez y Derecho (Iura Novit Curia). Constituye aquella presunción de derecho según el cual el Juez
conoce mejor el derecho que las partes, razón por la cual el juzgador se encuentra en la obligación de
aplicar la norma jurídica que corresponda a la situación concreta. Sin que ello signifique un
pronunciamiento ultra petita (más allá del petitorio). Su contrapeso resulta ser el principio de
congruencia.

h) Gratuidad en el acceso a la Justicia. Por este principio el Estado concede gratuitamente la
prestación jurisdiccional, sin perjuicio de que el litigante vencido totalmente en un proceso, en su
caso, el litigante de mala fe, deba abonar las costas, costos y multas, de ser el caso.

i) Principio de vinculación y de Formalidad. El primero de ellos enseña que las normas procesales,
por ser de de naturaleza de derecho público, tienen carácter imperativo, salvo las excepciones
señaladas en la propia ley. No es lo mismo decir de naturaleza de derecho público y de orden
público, pues la segunda de ellas es de carácter absoluto (vinculante), a diferencia de la primera. El
Principio de Formalidad por su parte, establece que las -formalidades- previstas en la ley procesal
son imperativas, sin embargo el Juez tiene la facultada para adecuar su exigencia al logro de los
fines del proceso. A falta de formalidad establecida, será válido cualquiera sea la formalidad
empleada.

j) Principio de Doble Instancia. Este principio presta seguridad y garantía a los litigantes, para evitar
errores judiciales y las conductas dolosas o culposas de los jueces de primera instancia, en la emisión
de las resoluciones judiciales y así mismo, se arguye que la revisión por el superior concede la
posibilidad concreta de subsanar los errores procesales. Esto se hace viable, según nuestra
normatividad procesal, a través del recurso de apelación, y en algunos casos a través del recurso de
revisión.

k) Principio de Contradicción. Encuentra su sustento en el principio de bilateralidad, que significa
que cada una de las partes debe tener razonable oportunidad de audiencia y de prueba. Esto se
manifiesta en la información previa y oportuna de un acto procesal, a la parte contraria, a fin de que
éste pueda hacer valer su derecho de defensa y rebatir la pretensión.

l) Adquisición. Significa que todos los instrumentos ofrecidos por las partes, desde el momento en que
son admitidos e incorporados al proceso, estos dejan de pertenecer a quienes los ofrecieron;
convirtiéndose de ese modo, dichos instrumentos, en pertenencia del proceso como instrumento
público del órgano jurisdiccional.

m) Eventualidad. Al estar dividida la actividad procesal, en etapas, los actos procesales de las partes
deben corresponder a determinada etapa, fuera del cual (según los plazos establecidos) carecen de
validez dentro del proceso. A este principio también se le conoce con el nombre de Preclusión.

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n) Congruencia. Representa un principio que limita las facultades resolutivas del Juez, al alcance de
las peticiones formuladas por las partes; ello a fin de establecerse la existencia de una identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones, excepciones o defensas deducidas oportunamente.

o) Publicidad. Además de representar una garantía de la Administración de Justicia, constituye un
medio por el cual la imparcialidad que debe caracterizar al órgano jurisdiccional, será expuesta de
manera pública. Esto respecto de ciertos actos procesales (las audiencias por ejemplo) en las que
cualquier interesado tendrá libre acceso.

558. ¿En qué consiste el derecho de acción?

Dentro del derecho procesal civil, el derecho de acción se encuentra concebido como aquella posibilidad
que tiene una persona de acudir al órgano jurisdiccional con la finalidad de obtener la solución a un
conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, a esto último se le denomina tutela jurisdiccional
efectiva.

El derecho de acción es reconocido como un derecho fundamental bajo el ropaje de derecho a una tutela
jurisdiccional efectiva, en su primera parte de acceso a la justicia. Para CARNELUTTI era el principal
derecho, ya que sin él, la vulneración del resto de derechos quedaría en la orfandad de protección.

559. ¿Qué es la competencia y en razón de que aspectos se puede determinar?

En la práctica, la idea de competencia implica la actividad de distribución de trabajo entre los jueces. Es
evidente que nuestro Poder Judicial ha pasado en los últimos años por una crisis de la que no puede salir
y uno de los problemas básicos es la dilatación de los procesos debido a la carga procesal. En ese sentido,
la competencia actúa como un filtro que establece que procesos debe revisar cada juez o lo que
comúnmente denominamos jurisdicción. Por consiguiente, la jurisdicción (entendida como la facultad de
administrar justicia) va a estar condicionada por la competencia.
La competencia se puede determinar en virtud de lo siguiente:

x Competencia por razón de la materia.- Aquí la competencia se determina por el contenido del
litigio, la naturaleza de la pretensión y las disposiciones legales que la regulan.
x Competencia por razón de la cuantía.- La competencia se determina por el valor económico del
petitorio que el recurrente ha expresado en la demanda.
x Competencia por razón del territorio.- La competencia se establece en virtud del espacio territorial
asignado al juez para que ejerza jurisdicción.
x Competencia por razón de turno.- Aquí la competencia se encuentra determinada por cuestiones
administrativas y en razón de la carga de las instancias judiciales.
x Competencia por razón del grado.- La competencia se establece en virtud de la jerarquía de los
órganos jurisdiccionales.

560. ¿Qué es la competencia facultativa?

La competencia facultativa se encuentra regulada por el Código Procesal Civil y se constituye en un
mecanismo que permite a la parte demandante, además de la competencia establecida en virtud del
domicilio del demandado, elegir facultativamente la competencia en atención a determinados supuestos.
Así, entre estos supuestos podemos encontrar:

a. El juez del lugar donde se encuentran los bienes, tratándose de derechos reales. En el caso de que se
trate de varios inmuebles, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos.
b. El juez del último domicilio conyugal, en el caso de temas de derecho de familia, como la nulidad de
matrimonio, régimen patrimonial, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad.
c. El juez del domicilio del demandante, cuando se trate de pretensiones alimenticias.
d. El juez del lugar señalado para el cumplimiento de una obligación.
e. El juez del lugar donde ocurrió el daño, en el caso de pretensiones indemnizatorias por
responsabilidad extracontractual.

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f. El juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la obligación, en el caso
de prestaciones derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral o
pago indebido.
g. El juez del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de
imponerse las demandas de rendición, de aprobación o desaprobación de cuentas o informes de
gestión.

“Cuando se demanda como única pretensión la indemnización por daños y perjuicios derivados del
cumplimiento defectuoso de una obligación no resulta aplicable la competencia facultativa del
lugar del cumplimiento de la obligación” (Casación Nº 2365 – 99 Lima).

561. ¿Cómo se procede en caso que exista incompetencia?

Como dijimos anteriormente, la competencia no es una situación que pueda ser establecida por la
voluntad de los jueces sino que responde a disposiciones establecidas en la ley. Por ello, cuando se
perciba incompetencia ésta podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte estableciéndose la nulidad
de acto o actos procesales que se han realizado y la conclusión del proceso. Evidentemente, cuando se
trata del pedido de parte, este se podrá realizar a través de una excepción salvo que se trate de la
competencia funcional que es la que se encuentra establecida por la Constitución, la Ley orgánica del
Poder Judicial o el Código Procesal Civil.

“La competencia funcional sólo podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte hasta antes de
expedirse el auto de saneamiento procesal” (Casación Nº 2620 – 98 Loreto).

562. ¿Cuál es la regulación que otorga el Código Procesal Civil a los órganos jurisdiccionales y a sus
auxiliares como sujetos del proceso?

Debemos señalar que la función del juez y de los auxiliares que trabajen con él es de derecho público y
que la justicia civil es ejercida por los jueces de Paz, los de Paz Letrados, Civiles, de las Cortes
Superiores y de la Corte Suprema. Para el desarrollo de sus funciones los jueces se encuentran
premunidos de deberes, facultades genéricas, facultades disciplinarias y facultades coercitivas. Por
último, debemos entender como auxiliares de la jurisdicción civil a los secretarios de sala, los relatores,
los secretarios de juzgado, oficiales auxiliares de justicia y los órganos de auxilio judicial.

563. ¿Qué debemos entender por capacidad procesal?

En materia procesal, la capacidad tiene una doble connotación. La norma nos establece dos supuestos en
virtud de los cuales se puede establecer la existencia de capacidad:

a) Capacidad para ser parte material en un proceso.- La capacidad para ser parte material en un
proceso podría ser equiparada con la facultad de goce y debemos entender por ella la capacidad para
ser titular de derechos y contraer obligaciones al interior de un proceso. Podrán ser parte material en
un proceso toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos, la sociedad
conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo. Por ejemplo: Un menor de
edad que resulta ser dueño de un inmueble podrá, a través de su representante, tomar las medidas
necesarias para ser parte material en un proceso.
b) Capacidad para comparecer en un proceso.- Se entiende por ella la capacidad que tiene una
persona de acudir por sí mismo ante el órgano jurisdiccional u otorgar representación en virtud de
que puede disponer libremente de sus derechos. Podemos relaciones este tipo de capacidad con la
llamada capacidad de ejercicio. En el ejemplo anterior, el menor dueño del inmueble no tendrá
capacidad para comparecer a un proceso, por lo que sus derechos será protegidos por sus padres o
tutores.

564. ¿En qué consiste la figura del curador procesal?

El curador procesal es un abogado nombrado por el juez a pedido del interesado y que puede intervenir
en el proceso representándolo cuando se presenta alguno de los siguientes casos:

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x Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o con
domicilio o residencia ignorados.
x Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por incapacidad de la parte o de su
representante legal.
x Cuando exista falta, ausencia o impedimento del representante del incapaz.
x Cuando no comparezca el sucesor procesal, siempre que corresponda.

“El artículo sesenta y uno del Código Adjetivo, establece que el nombramiento de curador procesal
se produce a pedido del interesado, pedido que, (merece) un obligatorio pronunciamiento (…)”
(Casación Nº 2952 – 2001 Lambayeque).

565. ¿Qué es la representación procesal y que modalidades de ella pueden presentarse en la práctica?

Podríamos definir a la representación procesal como una relación jurídica de obligatorio o voluntario en
virtud de la cual una persona llamada representante, actuando dentro de los límites de su poder, realiza
actos en nombre de otro llamado representado, haciendo recaer sobre ésta los efectos jurídicos
emergentes de su gestión.
Podemos encontrar las siguientes modalidades de representación:

a. Representación obligada.- La representación obligada es aquella en la que la parte material carece
de capacidad procesal, por lo que es necesario nombrar un representante. En ese sentido, la norma
positiva auxilia a aquellos sujetos de derecho que tienen limitaciones o impedimentos para actuar
directamente en un proceso. Por ejemplo el caso de un interdicto, quien es representado por su
curador.
Dentro de la representación obligada podemos encontrar a la representación legal, en virtud de la
cual la ley dispone la forma de representación (tutor, curador, procurador, padres, gerente, etc.); o
la representación judicial en la que es el juez quien decide cuando la persona deba ser representada
en el proceso, tratándose en este caso del curador procesal.

b. Representación voluntaria.- En cuanto a este tipo de representación, podemos decir que a pesar
de que una persona cuenta con capacidad para participar al interior de la litis, por razones
personales o de conveniencia, decide facultar a otra persona para que lo represente en el proceso.
Dentro de este tipo de representación vamos a encontrar al apoderado judicial, el mismo que puede
ser designado por escritura pública o por acta ante el juez.

566. ¿Qué facultades se pueden otorgar a través de un poder?

En este punto nos queremos referir al apoderado judicial y a las facultades que este puede tener al interior
de un proceso, las mismas que podemos dividir de la siguiente manera:

a) Facultades generales.- Se refieren únicamente a facultades
de administración y potestades generales, entendiéndose
por otorgadas para todo el proceso. Por ejemplo: La
presentación de escritos.

“En materia de representación procesal rige el principio
de literalidad del poder por el cual las facultades
FACULTADES DEL
especiales no se presumen sino deben conferirse
APODERADO JUDICIAL
expresamente”
(Casación Nº 2483 – 99 Amazonas).

b) Facultades especiales.- Son aquellas que se otorgan para la
realización de actos de disposición de derechos sustantivos
y adjetivos. Por ejemplo: Para conciliar, para reconvenir o
contestar demandas, para desistirse del proceso o de la
pretensión.

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567. ¿Qué es la acumulación y cómo la podemos clasificar?

La acumulación es la institución jurídica procesal que explica la naturaleza de aquellos procesos
denominados como procesos en los que se puede advertir la presencia de más de una pretensión o más de
dos personas en un proceso.La realidad es muy rica respectoa estos casos En la realidad se presentan
frecuentemente procesos con una pluralidad de sujetos o de pretensiones o de ambas. Por ello, la
acumulación es fundamental en el desarrollo del conocimiento procesal. Analicemos su clasificación.

Podemos clasificar a la acumulación de la siguiente manera:

Subordinada.- Las pretensiones tienen
el carácter de subordinadas, el
desamparo de una nos lleva al
pronunciamiento respecto de la otra.
Ejemplo: Demanda de nulidad de acto
jurídico y anulabilidad de acto
jurídico.
Alternativa.- El demandado puede
elegir cualquiera de las pretensiones
Originaria.- La acumulación se demandadas en la ejecución de la
presenta en la demanda. sentencia. Ejemplo: Demanda de
obligación de dar suma de dinero o de
entrega de automóvil.
Accesoria.- Tiene el carácter de
satélite respecto de la pretensión
principal. Puede acumularse
Objetiva.- Existe
accesoriamente hasta antes de que se
acumulación de
expida el auto de saneamiento
pretensiones
procesal. Ejemplo: el pago de costas y
costos o los alimentos en el caso del
divorcio.

Sucesiva.- La acumulación de Ejemplo: Demanda de resolución de
ACUMULACIÓN pretensiones aparece después contrato y reconvención por
de la demanda. indemnización.

Originaria.- Al presentar la Por ejemplo, se plantea una
demanda se advierte la demanda sobre obligación de dar
presencia de dos o más suma de dinero contra el deudor
demandantes o demandados. principal y el avalista.
Subjetiva.- La
acumulación es de
sujetos procesales
Sucesiva.- Después de la Una empresa de transportes se
interposición de la demanda incorpora al proceso antes de la
aparecen más demandantes o audiencia de saneamiento debido a que
demandados. la demanda solo fue dirigida al chofer.

568. ¿Qué es el litisconsorcio y cómo se clasifica?

El litisconsorcio se constituye en una acumulación subjetiva en virtud de la cual dos o más personas
litigan en forma conjunta como demandantes o como demandados por tener una misma pretensión o
pretensiones conexas, o porque la sentencia a expedirse puede afectarlos.

En estricto litisconsorcio se traduce como “con igual suerte en el proceso”, esto es, en estricto sólo
litisconsorcio sería el necesario. Sin embargo, por problemas terminológicos –una vez más-
también comprende al facultativo.

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El litisconsorcio puede ser clasificado de la siguiente manera:

a) Litisconsorcio necesario.- Se presenta cuando dos personas comparten la calidad de parte material y
participan en la relación sustantiva. Ejemplo: El caso de una demanda sobre nulidad de compra venta
de un bien perteneciente a sociedad conyugal; allí será necesario demandar tanto a quien compró el
inmueble como al cónyuge de la demandante, quien realizó la venta.
b) Litisconsorcio facultativo.- Se configura cuando las personas que conforman la relación sustantiva
son independientes pero, podrían verse afectadas con lo que se resuelva en el proceso al existir alguna
conexión. Por ejemplo, en un proceso de alimentos en el que la madre demanda en nombre propio y a
nombre de sus hijos, es evidente que cada demandante tiene su propia pretensión y la sentencia no
necesariamente será igual para ambos.
c) Litisconsorcio cuasinecesario.- Aunque el código no lo regula en forma taxativa, debemos entender
por ésta a la combinación de los dos tipos de litisconsorcio precedentes, en el que se presenta una
situación en la que teniendo muchas personas la legitimación para exponer su pretensión, solo lo
hacen algunas pero la decisión recaerá sobre todas. Por ejemplo, la demanda de impugnación de
acuerdos presentada por un accionista y cuya sentencia final afectará a todos los accionistas.

“Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta a los litisconsortes de modo uniforme, la
sentencia sólo se tendrá por válidamente expedida si en el proceso han sido emplazados o
comparecen todos ellos” (Casación Nº 680 – 2000 Ica).

569. ¿Qué es la intervención de terceros?

La intervención de un tercero en el proceso tiene como fundamento el interés que éste pueda tener en el
resultado del mismo, ya que sin constituirse en parte material de la relación sustantiva, lo que se decida
en ésta instancia puede beneficiarlo o perjudicarlo directa o indirectamente.
El Código Procesal Civil regula lo referido a la intervención de tercero y lo clasifica de la siguiente
manera:

a) Intervención coadyuvante.- En este tipo de intervención el tercero actúa como un colaborador y ha
acreditado el mínimo de interés aceptado para permitir su intervención en el proceso. Por ejemplo: El
acreedor que interviene en el proceso de reivindicación que tiene su deudor.
b) Intervención litisconsorcial.- Aquí nos encontramos frente a un tercero que puede resultar afectado
directamente con el resultado del proceso, por lo que tiene un interés personal en la pretensión que se
está sustanciando. Por ejemplo: La incorporación de un accionista a un proceso iniciado por otro sobre
nulidad de acuerdo.
c) Intervención excluyente principal.- Aquí el tercero interviene en el proceso con la finalidad de
exponer su pretensión debido a que tiene una posición distinta de la que han expuesto las partes. Por
ejemplo: En un proceso sobre mejor derecho de propiedad el tercero participará aduciendo ser también
el propietario del inmueble y expondrá sus puntos de vista.
d) Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente.- En este supuesto se permitirá la
participación del tercero debido a que un bien sujeto a medida cautelar o pasible de ejecución es de su
propiedad o lo considera así. Por ejemplo: el caso de que el segundo acreedor hipotecario inicie un
proceso de ejecución de garantías, en cuyo caso el primer acreedor hipotecario estará en condiciones
de iniciar un proceso de tercería sobre derecho preferente de pago.

“El acceso a un proceso entablado, debe atender a finalidades razonables, y está íntimamente
vinculado al derecho a la tutela jurisdiccional, por ello cuando el juez niega ese acceso,
necesariamente debe hacerlo fundado en una causa legal aplicada razonablemente, de tal manera
que no se lesione ese derecho fundamental” (Casación Nº 938 – 98 Lima).

570. ¿Qué son los actos procesales y cómo deben desarrollar dentro de un Proceso Civil?

Los actos procesales son aquellos actos jurídicos de contenido procesal, que pueden emanar de los
mismos órganos jurisdiccionales, de las partes y de terceros legitimados. Se diferencia de los actos
jurídicos civiles, porque éstos no tienen una limitación configurada por el tiempo y espacio del proceso,

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no tienen naturaleza pública, no son interdependientes de otros actos procesales, ni tampoco obedecen al
Principio de Preclusión para la oportunidad de su actuación, necesariamente, entre otros.

Los actos procesales se rigen por el criterio de flexibilidad, por cuanto su exigencia no es de
carácter absoluto, en tanto se oriente al logro de los fines del proceso.

Al iniciarse un proceso con la interposición de la demanda, esta deberá plasmarse en forma concreta. Lo
que se viene a denominar expediente, que se constituye con el conjunto de documentos, resoluciones y
medios probatorios que se presenten, emitan, según sea el caso, a lo largo del proceso. Siendo el
responsable directo de la formación del mismo, los Auxiliares Jurisdiccionales.

Dentro de este punto nos vamos a referir a las actuaciones procesales tanto del Juez como de las partes.
En ese sentido, la actuación del Juez, quien es el director del proceso, se materializa a través de la
emisión de resoluciones (decretos, autos y sentencias), por un lado; como también, la participación que
deben tener obligatoriamente, en diversos actos jurisdiccionales (en las audiencias, por ejemplo). Además
que, se encargan de la ejecución de actos coercitivos y disciplinarios.

DECRETOS AUTOS SENTENCIAS
|

- Tienen por objeto el - Tienen por objeto resolver - Pone fin al proceso.
impulso del proceso. la admisibilidad o - El Juez se expresa en forma
- Se caracterizan por la inadmisibilidad, expresa, precisa y motivada
simplicidad de su contenido. procedencia o sobre el litigio, declarando
- Carece de fundamentación, improcedencia de la el derecho de las partes,
por ello carecen de parte demanda, reconvención, aunque excepcionalmente
considerativo o resolutiva. entre otros. puede declarar la invalidez
- Deben estar debidamente de la relación jurídica
motivadas, por tanto, procesal.
cuentan con una parte - Cuentan con una parte
considerativa y resolutiva. expositiva, considerativa y
resolutiva.

La cosa juzgada constituye una cualidad de la sentencia, que representa aquello que ya ha sido objeto
de una decisión judicial, luego de una labor interpretativa y de aplicar una norma objetiva al caso en
concreto. Adquiriendo así, agregado el imperium, la sentencia, un carácter definitivo, que producirá los
siguientes efectos, respecto de quienes fueron parte en el proceso: inimpugnabilidad, inmutabilidad y
coercibilidad.

De otro lado, en cuanto a los actos de comunicación del proceso, que son necesarios para permitir el
dinamismo del mismo; se realizan a través de las notificaciones, oficios y exhortos. Los primeros tienen
por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales, los
segundos permiten a que el juez se dirija a funcionarios públicos -que no son parte en el proceso- a
efectos de viabilizar alguna información determinada. Los últimos, en cambio, es el pedido realizado por
el juez del proceso, a otro juez, cuando una actuación judicial debe realizarse fuera de su competencia
territorial, a fin de encomendar la realización de la misma.

Los actos procesales de las partes se circunscriben a la constitución, modificación o extinción de
derechos y cargas procesales. Los cuales se materializan, en la mayoría de los casos, en escritos. Los
mismos que deben reunir una serie de requisitos contemplados entre los artículos 130º y 133º del Código
Procesal Civil. El escrito debe hacerse a máquina u otro medio técnico, redactado por un solo lado y en
doble espacio, etc.

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571. ¿Qué es la nulidad procesal y bajo qué principios se rige?
La nulidad de un acto procesal significa su ineficacia por devenir dicho acto en inválido; ello
debido a vicios o irregularidades que afecten concretamente el derecho a un debido proceso. En la
doctrina garantista se conoce como irregularidad procesal. Para efectos de un proceso justo es
intrascendente que puedan estar originados en conductas culposas, omisivas o dolosas; también se
les conoce como remedios procesales. La nulidad puede ser absoluta o relativa. En el primer caso se
caracteriza porque no es posible de ser subsanado o convalidado. En el segundo caso, ocurre lo contrario,
puesto que pueden ser objeto de subsanación y convalidación, esto en razón a que no vulneran
formalidades esenciales del proceso.

Los principios bajo los cuales se rige la nulidad, son:

a) De legalidad, por el que la nulidad sólo se sanciona por causa establecida en la ley;
b) Trascendencia, por el que la nulidad sólo procederá cuando el acto procesal cuestionado careciera
de requisitos indispensables para la obtención de su finalidad;
c) De convalidación, supuesto de nulidad relativa, que quedará revalidada con la presunción de
consentimiento o con la aceptación del interesado;
d) Subsanación, no habrá nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la
resolución o en las consecuencias del acto procesal;
e) De integración, por el que el Juez se encuentra facultado para integrar una resolución cuando haya
omitido pronunciarse sobre algún punto principal o accesorio; y
f) De independencia, en virtud del cual, la nulidad no podrá hacerse extensiva sino únicamente al acto
que la motivó.

572. ¿Cuáles son los requisitos para formular la nulidad de un acto procesal y en qué oportunidad debe
plantearse?

Requisitos

a) Acreditar el perjuicio irrogado por el acto viciado;
b) Precisar, si fuera el caso, la defensa que no se pudo llevar a cabo como consecuencia directa del acto
procesal cuestionado;
c) Acreditar interés propio y específico en relación al pedido.

Oportunidad

El pedido de nulidad deberá ser formulado en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para
hacerlo, es decir, hasta antes de la emisión de sentencia, puesto que de ser después, únicamente podrá
alegarse la nulidad en el recurso de apelación. En el primer caso resolverá la nulidad el Juez de primera
instancia, y en el segundo caso la Sala Civil. En ambos casos se resolverá previo traslado a la otra parte,
en auto de especial pronunciamiento. Las nulidades absolutas son susceptibles de ser declaradas de
oficio. La resolución –motivada- en ese sentido ordenará que se reponga el proceso al estado
inmediatamente anterior a la producción del vicio procesal.

Resolución que declara la nulidad. Dicha resolución deberá contener la orden de renovación
del acto o actos procesales afectados y las medidas que tiendan al logro de tal finalidad, la
imposición al responsable del pago de las costas y costos del proceso, y (a pedido del
agraviado) la orden del resarcimiento por los daños y perjuicios causados.

573. ¿Qué se entiende por nulidad de cosa juzgada fraudulenta?

La nulidad de cosa juzgada fraudulenta se instaura a través de un nuevo proceso (de conocimiento), con
el objeto de pedir la nulidad de una sentencia con calidad de cosa juzgada o el acuerdo de las partes
homologado por el Juez que pone fin al proceso (siempre que los mismos hayan sido seguidos con dolo,
fraude, colusión o afectando el derecho a un debido proceso); dentro de los seis meses de ejecutado o de
haber adquirido la sentencia o acuerdo, la calidad de cosa juzgada.

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Dicha nulidad pueden ser demandada tanto por las partes, o terceros ajenos al proceso que se consideren
directamente agraviados por la sentencia o el acuerdo, previa acreditación del perjuicio sufrido y el
interés legítimo que cuentan. Para tal efecto sólo proceden la medidas cautelares inscribibles. Declarada
la nulidad, de ninguna manera afectará a los terceros de buena fe y que a título oneroso hayan adquirido
un derecho sobre la sentencia declarada nula, pese a que se ordenará la reposición de las cosas al estado
que corresponda.

574. ¿Qué es el auxilio judicial, cuáles son sus requisitos y qué connotaciones tiene dentro del proceso?

Es aquella institución de naturaleza procesal orientada a eximir a una de las partes de los gastos
del proceso, pudiendo ser solicitado antes o durante el proceso. Se rige por el principio de la función
jurisdiccional y el de la gratuidad de la administración de justicia. Si la solicitud correspondiente se
presenta antes de la interposición de la demanda, y esta es concedida; será valido sólo por los treinta días
siguientes.

Los requisitos son: Que quien lo solicite no tenga recursos para cubrir el costo procesal, y que el
peticionante presente en la dependencia judicial correspondiente la solicitud respectiva.

Tal solicitud (formato aprobado por el Órgano de Gobierno del Poder Judicial), por tener carácter de
declaración jurada, será aprobada automáticamente; lo que no significa que se deje liberada la obligación
de acreditar los requisitos antes señalados.

Quien obtenga la aprobación del auxilio judicial tiene que poner en conocimiento del Juez que conocerá
o conoce la causa de tal situación, presentando un escrito al cual anexará la constancia de aprobación de
la solicitud a que se hizo referencia en el párrafo anterior, y que contendrá la propuesta de designación
del abogado apoderado.

De terminar a situación económica que dio lugar al auxilio judicial, deberá el beneficiado comunicarlo al
Juez para que declare su finalización. De no obrar en ese sentido, y poniéndose al descubierto el cese de
las circunstancia que motivaron la aprobación del auxilio judicial e, inclusive, la falsedad de lo declarado
en la solicitud respectiva, se le impondrá al indebidamente auxiliado una multa, sin perjuicio de las
acciones judiciales que diera lugar.

El apoderado del auxiliado designado en la resolución que concedió el auxilio en mención tiene las
facultades del curador procesal –de comparecencia al proceso y de intervención en él- y las que le
concede el auxiliado. El apoderado deberá ajustar su conducta a los deberes de veracidad, probidad,
lealtad y buena fe.

575. ¿A qué se denomina medios probatorios, bajo qué principios se rigen, qué debemos entender por
carga de la prueba y qué implicancias tiene dentro de un proceso civil?

Los medios probatorios son aquellos instrumentos con que cuentan las partes –y sólo ellas- para
demostrar, la verdad o falsedad de sus afirmaciones respecto a las pretensiones que pudieran
perseguir.

Se rigen por los siguientes principios:

a) Legalidad (la ley es la única que puede darle la calidad de tal);
b) Oportunidad (en virtud del cual, la prueba debe ofrecerse y actuarse dentro de los plazos previstos
por la ley procesal correspondiente);
c) Contradicción (referida al conocimiento que cada parte debe tener de las pruebas ofrecidas por la
parte contraria); y
d) Pertinencia (este principio está orientado a limitar el ofrecimiento de los medios probatorios, en
razón a que éstos serán admitidos siempre que guarden relación con los puntos controvertidos dentro
de la litis).

Los medios probatorios pueden ser objetos materiales, documentos, fotografías, conductas humanas
realizadas sujetas a determinadas condiciones (declaración de parte).

• 198 •


La carga de la prueba no es sino la obligación de las partes integrantes de la relación jurídica procesal
de acreditar los hechos alegados en el proceso.

La prueba obtenida en un proceso posee valor probatorio cuando no haya sido afectada por
irregularidades en las formalidades establecidas por ley. Y se clasifican en: típicas y atípicas. Sobre el
particular cabe precisar que es errada tal clasificación en razón a que en realizad todas las pruebas se
concretan a las señaladas expresamente en el Código Procesal Civil, es decir, dentro de las típicas:

a. La declaración de parte. Es la deposición que realiza el justiciable de aquellos hechos propios de
materia de controversia, que se hará a pedido de parte o de oficio; con el fin de aclarar afirmaciones o
contradicciones que las partes expresan o discuten. Todo ello sobre la base de un pliego interrogatorio
que deberá acompañarse a la demanda o contestación de ésta en sobre cerrado. Hay oportunidad de
hacer preguntas nuevas y también pedir aclaraciones a las respuestas, según disposición del Juez;
quien también puede disponer dichos requerimientos.
b. La declaración testimonial. Representa la declaración jurada que presta una persona extraña al
proceso, a petición de uno de los sujetos procesales; con la finalidad de acreditar lo negado o
cuestionado en el proceso por la otra parte. No procede de oficio y están prohibidos: el incapaz
absoluto -salvo excepciones previstas en la ley, en Derecho de Familia por ejemplo-, el condenado por
algún delito que afecte su idoneidad; los que tengan relación de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad o tercero de afinidad; el cónyuge o concubino, salvo en los casos de Derecho de
Familia; quien tenga interés en el resultado del juicio; y el magistrado y los auxiliares de justicia, en el
proceso que conocen. Se pueden ofrecer hasta tres testigos por cada hecho controvertido y en ningún
caso puede ser mayor de seis.
c. Los documentos. Son todos los escritos u objetos que sirven para acreditar un hecho; entendiendo por
ello como la manifestación del pensamiento representado a través de la escritura. Se clasifican en
declarativos y representativos. En el segundo caso, a diferencia del primer, no contiene declaraciones
de la persona que los suscribe o emite, la fotografía por ejemplo. De otro lado, los documentos
públicos vienen a ser una subclasificación de un documento declarativo que serán otorgados o
autorizados por funcionarios públicos o por quien tiene las facultades de depositario de la fe pública.
d. La pericia. Es la verificación de hechos por personas especializadas en determinado oficio, arte o
ciencia. Se caracteriza por ser eminentemente técnica y objetiva. Será válida siempre que se actúe
judicialmente, sometido al control de los litigantes y a su admisibilidad por parte del órgano
jurisdiccional. No tiene carácter vinculante, respecto de la valoración que debe realizar el Juez. La
pericia puede ser voluntaria o legal, según medie la voluntad de las partes o un mandato legal, según
sea el caso.
e. Inspección judicial. Es aquél medio probatorio de evidencia directa, a través del cual se puede
conocer los hechos materia de conflicto entre las partes, realizado a través de los sentidos. Debe ser
ofrecida por las partes en la etapa postulatoria, también puede ser dispuesto de oficio por el Juez Esta
diligencia es indelegable, debiendo actuarse con la dirección del Juez.

La Audiencia de Pruebas, constituye uno de los actos de gran trascendencia dentro del proceso civil, en
la que se resolverán las cuestiones probatorias (tachas y oposiciones) y se actuarán los medios
probatorios que fueron admitidos en el saneamiento probatorio a efecto de que sean valorados por el Juez
al momento de resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. En el que se hace
manifiesta la participación directa, inmediata y personalísima del Juez, ante quien concurren las partes a
fin de actuar en forma oral aquellas pruebas que se ofrecieron en los actos postulatorios.

La Prueba Anticipada. Es la etapa de actuación previa de pruebas que tiende a preparar un proceso que
en el futuro ha de iniciarse. Se trata de un proceso excepcional por cuanto las pruebas dentro de cualquier
proceso se actúan después de la postulación del proceso y la determinación del objeto de litigio. Para ello
es necesaria la existencia de la legitimación del accionante (legítimo interés) y la existencia de una razón
que justifique la actuación anticipada de dicha prueba. El requerido a efectuar una prueba anticipada
puede oponerse al mismo en los siguientes casos: el peticionante carezca de legitimidad para accionar,
que no se haya expresado la pretensión genérica ni las razones que justifiquen su actuación en forma
anticipada, que no cumpla con los requisitos especiales del medio probatorio solicitado y que la prueba
ofrecida sea posible en cuanto a su actuación.

• 199 •


Las Cuestiones Probatorias. Son aquellos medios que buscan invalidar o cuestionar determinada prueba
típica (que también incluiría a las mal denominadas atípicas). A través de la tacha y la oposición. La
primera de ellas se constituye como una forma de impugnación cuyo objeto es quitar de validez a un
medio probatorio. Mientras que la segunda, procesalmente puede ser utilizada como impedimento y
medio impugnatorio. Así, la tacha puede interponerse contra la declaración de parte, pericia, etc. (ya
diligenciada). Y la oposición puede formularse respecto a su actuación (antes de la actuación de los
mismos).

576. ¿Cuáles son las formas especiales de conclusión del proceso, y en qué casos procede?
La forma común de llegar a la finalización de todo proceso es a través de la expedición de la sentencia,
que pone fin a la controversia que originó aquellos intereses en conflicto, amparando las pretensiones de
una de las partes. Pero la sentencia no constituye la única forma de dar por terminado un proceso. Puesto
que también existen otras formas: La conciliación, el allanamiento, reconocimiento, la transacción
judicial, el desistimiento, y el abandono. La sentencia y algunas de estas formas conllevan una
declaración sobre el fondo de la controversia (la conciliación, el allanamiento, reconocimiento y la
transacción judicial). Nuestra normatividad adjetiva también ha señalado algunos casos en los que
también concluye el proceso, sin declaración sobre el fondo: cuando la pretensión de las partes no esté
dentro de los alcances jurisdiccionales, el conflicto de intereses ya no sea un caso justiciable por haberse
establecido legalmente así (declaración de abandono), al quedar consentida una resolución que amparó
una excepción o defensa previa sin que el demandante hubiera cumplido con sanear la relación jurídica
procesal en el plazo correspondiente; y en los demás casos que por ley se permita.

Se da cuando las partes aceptan (acuerdo) la propuesta de las pretensiones,
es decir, cumple con su fin concreto y es considerada como uno de los
medios más adecuados de difundir su finalidad abstracta. Las partes pueden
conciliar en cualquier etapa del proceso. Ello siempre que se trate de
CONCILIACIÓN derechos disponibles (derechos patrimoniales). La conciliación se llevará a
cabo ante un Centro de Conciliación elegido por las partes; no obstante, si
ambas partes lo solicitan, puede el juez convocarla en cualquier etapa del
proceso con el propósito de dar fin al proceso sin la necesidad de expedir
sentencia.

Es aquél instituto procesal por el cual se Tanto el allanamiento como el
expresa voluntaria y reconocimiento pueden versar
espontáneamente la conformidad acerca sobre la totalidad de las
ALLANAMIENTO
de la pretensión del demandante y pretensiones y de los hechos
también respecto de algún determinado consignados en a demanda o sino
acto procesal. manifestarse dichos institutos en
forma parcial. El reconocimiento
tiene el mismo tratamiento que el
Instituto procesal en virtud del cual el allanamiento. Así por ejemplo,
demandado declara en forma expresa y serán declarados improcedentes
voluntaria estar conforme con la cuando el demandado que se
RECONOCIMIENTO
pretensión del accionante y acepta como allane o plantee un
verdaderos los hechos afirmados por reconocimiento no tenga
éste en la demanda así como la capacidad para disponer el
correspondiente base legal. derecho discutido, etc.

Es un acto jurídico oneroso y declarativo, de prestaciones recíprocas, de
carácter comunitario o aleatorio, formal, de contenido patrimonial,
TRANSACCIÓN
indivisible; por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas y decidan
JUDICIAL
sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando así el pleito que podría
promoverse o finalizar el que estuviese iniciado. Se puede dar hasta en el
trámite del recurso de casación a diferencia de la conciliación.

• 200 •


El desistimiento es el apartamiento expreso de las partes, respecto del
DESISTIMIENTO proceso, es también la renuncia a algún acto procesal e inclusive de la
pretensión. El desistimiento de la acción es diferente al desistimiento del
derecho (pretensión). El primero, deja subsistente el derecho; el segundo
pone término a la acción y al derecho.

Es aquél instituto por el cual se pone fin al juicio -cualquiera sea el estado en
que se encuentre- en razón a la inactividad del proceso, por el no impulso de
las partes e, inclusive, del Juez; en los actos que son de su entera
competencia, en su calidad de director del proceso. Los requisitos para la
ABANDONO configuración del abandono son: la existencia de un proceso instaurado, la
inactividad procesal y el vencimiento del término fijado por la ley para que
se produzca. El abandono será improcedente, entre otros, en los procesos
que se encuentres en ejecución de sentencia, en los procesos no
contenciosos, etc. (artículo 350º del Código Procesal Civil). Contra la
resolución que declara el abandono del proceso sólo puede fundarse en el
cómputo del plazo o en causas de fuerza mayor (o caso fortuito).

577. ¿Con qué medios impugnatorios cuenta el justiciable dentro de un proceso civil?

Al ser los medios impugnatorios los instrumentos que la ley concede a las partes o a los terceros
legitimados para que soliciten al Juez, que él mismo u otro Juez de jerarquía superior realicen un nuevo
examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que anule o revoque éste, total o parcialmente;
estos se clasifican en: los remedios y los recursos procesales.

Los remedios son aquellos por los cuales el recurrente pide se reexamine todo un proceso o un
determinado acto procesal, salvo aquellos que estén contenidos en una resolución (las cuestiones
probatorias -tacha y oposición- y la nulidad de actos procesales).

Los recursos son aquellos medios impugnatorios que se dirigen exclusivamente contra los actos
procesales contenidos en resoluciones a fin de que estas sean reexaminadas por el superior, esto último en
virtud al principio de la Instancia Plural. Los mismos que se clasifican en: Reposición, Apelación,
Casación y Queja. Siendo los siguientes sus requisitos y presupuestos:

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD REQUISITOS DE PROCEDENCIA

- Que se interpongan ante el órgano jurisdiccional - Se debe fundamentar el pedido.
que cometió el vicio o error en el acto procesal o - Se debe cumplir con precisar el agravio y
en la resolución. el vicio o error cometido por el A Quo.
- Que se observen los plazos previstos para cada
medio impugnatorio, según la vía procedimental
en las que se interpongan.
- Observar la formalidad exigida por ley.

O se puede interponer dos recursos contra la misma resolución. No es requisito de procedencia. Las
partes pueden renunciar a los recursos (por acuerdo de los mismos) durante el proceso. Lo que será
admisible sólo cuando el derecho que sustenta la pretensión sea renunciable, y no afecte el orden
público, las buenas costumbres o una norma imperativa.

• 201 •


Se interpone a fin de solicitar el reexamen únicamente de decretos, es decir,
REPOSICIÓN resoluciones de simple trámite o de impulso. Se resuelve sin necesidad de traslado a
la otra parte cuando el vicio o error es evidente y cuando el recurso sea
notoriamente inadmisible o improcedente. Cuando el recurso es extemporáneo,
por ejemplo.

Es un medio impugnatorio formulado por todo aquel que se considera
agraviado con una resolución (sentencia o auto), para que luego de un nuevo
examen de ésta por parte del superior jerárquico, se subsane el vicio o el error
APELACIÓN cometido -si es que lo hubiere. El recurso de apelación contiene intrínsecamente el
pedido de nulidad de la resolución recurrida, siempre que los vicios afecten aspectos
formales de ésta. De ahí que el superior jerárquico anule (si se invalida al
declarársele inexistente) o revoque (cuando se sustituye una resolución o en parte).

Las clases de apelación, atendiendo a la forma como se concede el recurso, son los siguientes:
a) Con efecto suspensivo (Cuando la eficacia de la resolución recurrida se suspende hasta la
notificación de la resolución que ordena se cumpla lo ordenado por el órgano revisor. Procede esta
clase de apelación contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su
continuación: conciliación, allanamiento, etc.)
b) Sin efecto suspensivo (Cuando se mantiene la eficacia de la resolución impugnada, incluso para su
cumplimiento efectivo. Procede en los casos en que la Ley así lo declare o en los casos en que no
procede la apelación con efecto suspensivo);
c) diferida (Se da cuando el Juez ordena que se reserve el trámite de una apelación sin efecto
suspensivo con la finalidad de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia u otra
resolución que aquél señale. La misma que puede devenir en ineficaz si no se apela la sentencia o la
resolución señalada por el Juez. Si el Código Procesal Civil no señala el efecto o la calidad en que es
apelable una resolución se considera que es sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.

Es un recurso extraordinario, que se interpone cuando se cuestiona
objetivamente –entiéndase la legalidad- de una decisión de las Salas Superiores.
La Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009 modificó los artículos originales
que regulaban la casación en el Código Procesal Civil con la finalidad de reorientar
esta institución y la labor de la Corte Suprema de la República en el marco de un
Estado Constitucional de Derecho, según reza su exposición de motivos. “Al parecer
esta modificación está lejos de alcanzar los fines anhelados. Si bien esta
modificatoria tiene la virtud de tener un texto más amplio y claro a favor de la
ciudadanía, permitiendo superar discusiones meramente teóricas sobre la diferencia
de la aplicación indebida o inaplicación de una norma, por ejemplo; debe tenerse en
claro que la “infracción normativa” que hoy funge de genérica causal casatoria,
sigue considerando a las afectaciones tanto de normas materiales como de normas
procesales, así como a las infracciones a la tutela jurisdiccional efectiva y debido
proceso, es decir frente a errores in iudicando e in procedendo, por lo cual se
CASACIÓN concluye que no ha sucedido ninguna modificación sustancial, manteniéndose las
posibilidades de interponer el recurso de casación en los mismos supuestos antes
regulados” según señala SOTERO GARZÓN en una la página web de “Justicia
Viva”.
Funciones: Nomofiláctica y Unificadora. La primera consiste en enseñar a la
judicatura nacional el correcto empleo de la ley; mientras que en la segunda tiene
por objeto unificar los criterios con respecto a la administración de justicia, mediante
la jurisprudencia. Sólo procede contra resoluciones ante las cuales ya no es posible
interponer recurso ordinario alguno, como la apelación; y cuando se encuentre
fundamentada en alguna de las causales antes indicadas. El recurso de casación tiene
por finalidad la revisión de las resoluciones de las Cortes Superiores, para una
correcta aplicación de las causales de anulación del laudo arbitral y de las causales
de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.

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Es un recurso que tiene por objeto que el reexamen de una misma resolución de
inadmisibilidad o improcedencia de un recurso de apelación o casación.
También procede contra una resolución concesoria de apelación con efecto distinto
al que le corresponde. Puede ser de dos clases: De derecho y de hecho. En el primer
caso se interpondrá ante el mismo órgano jurisdiccional que denegó los recursos
antes mencionados, para que una vez formado el cuaderno correspondiente se
QUEJA remitan al superior jerárquico. En el segundo caso se plantea en forma directa ante el
superior jerárquico sin necesidad de acompañar copias de ningún documento. Sus
efectos son: no interfiere en el curso del proceso principal ni afecta la invalidez de la
resolución denegatoria; salvo que, por solicitud de una de las partes y con
ofrecimiento de contracautela, el Juez que conoce el proceso, suspenderá la causa
mediante resolución debidamente fundamentada e irrecurrible.

La Consulta no es un medio impugnatorio, pero implica la revisión de lo resuelto en primera instancia,
por el superior jerárquico, para su aprobación o desaprobación. Constituyéndose en un trámite
obligatorio en el supuesto de no haber apelación. Procede sólo en los casos señalados en la ley. Procede
contra las siguientes resoluciones:

a) Aquella que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador,
b) La que contenga una decisión final en un proceso en donde el vencido fue representado por un
curador procesal,
c) La resolución que establezca la preferencia de una norma constitucional a una legal ordinaria. Los
efectos de la resolución elevada en consulta quedarán suspendidos mientras dure su tramitación. Y
no procede la interposición de recurso de casación que aprueba la consulta.

578. ¿Qué actos procesales se desarrollan en la Etapa Postulatoria del proceso?

Demanda. La demanda constituye el acto por el cual todas las personas materializan su derecho de
acción al solicitar al órgano jurisdiccional la solución de un conflicto de intereses o una incertidumbre,
ambas con relevancia jurídica. A su vez, la demanda representa el primer acto con el cual se inicia la
etapa postulatoria.

La demanda debe acompañar todos los medios probatorios que acrediten la pretensión del accionante y
cumplir así con los requisitos de fondo y de forma para su admisión. En ese sentido, el acto procesal en
mención debe plantearse necesariamente por escrito, y respetar la forma establecida en el artículo 130º
del CPC, dentro de las cuales también se encuentran los requisitos exigidos en los artículos 424º y 425º
del CPC. En ese contexto, una demanda será declarada inadmisible: cuando no reúna los requisitos
legales, cuando no se acompañe los anexos exigidos por Ley, cuando el petitorio esté planteada de modo
incompleto o impreciso, o la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o al
valor de éste, salvo que la ley permita su adaptación.

De otro lado, los requisitos de fondo de la demanda, que determinarán su procedencia, establecen las
siguientes exigencias: Que el demandante tenga legitimidad e interés para obrar, que el derecho no se
encuentre caduco, la competencia del órgano jurisdiccional ante el cual se interpone la demanda, la
conexión lógica entre los hechos y el petitorio (que debe ser física y jurídicamente posible), que no se
acumule pretensiones indebidamente y que tampoco -la demanda- resulte manifiestamente improcedente.

Es posible modificar la demanda hasta antes de la notificación de la misma, además de ser pasible de
ampliación, aunque únicamente en la cuantía, y se puede realizar hasta antes de la emisión de la sentencia
si se vencieron nuevos plazos o cuotas originadas en la misma relación obligacional; y siempre que el
demandante se haya reservado tal derecho en la misma demanda.

Emplazamiento. Luego que el Juez califique la demanda (verifique el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad y de procedencia), expedirá el auto admisorio (en los procesos ejecutivos, mandato
ejecutivo) y conferirá traslado al demandado para que comparezca al proceso y pueda ejercer su derecho

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de defensa, contradiga o cuestiones la validez de la relación jurídica procesal. Esto a través de las
notificaciones, exhortos, edictos, según sea el caso.
Contestación de la demanda. Inspirada en los principios de defensa, contradicción y bilateralidad, que
para su admisión (y consiguiente apersonamiento, del emplazado) debe reunir los mismos requisitos
exigidos para la demanda. Así como, pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la
demanda, en forma ordenada, clara y precisa. Reconociendo o negando categóricamente la autenticidad
de los documentos que se le atribuyen, o aceptando o negando, de igual manera, la recepción de
documentos que se alega le fueron enviados; importando el silencio el reconocimiento o aceptación de
tales cargos. Además de exponer los hechos en que se funde la defensa.

Reconvención. Constituye el acto a través del cual el emplazado, con las mismas facultades conferidas al
demandante, plantea una nueva pretensión y la dirige al demandante. Esto, al momento de contestar la
demanda.
La reconvención también debe reunir los mismos requisitos de la demanda para los efectos de su
admisión y/o procedencia (requisitos de forma y de fondo), no debe afectar la competencia asumida por
el Juez ni la vía procedimental originariamente, y las pretensiones de la reconvención deben ser conexas.
Por último, cabe precisar que la demanda y la reconvención se sustancian conjuntamente, y se resuelven
de la misma manera en la sentencia.

La rebeldía es una institución procesal que adquiere quien fue debidamente emplazado
(demandante o demandado) para comparecer al proceso o para realizar determinado acto dentro del
litigio, y no lo hace en el plazo correspondiente. La declaración de rebeldía debe hacerse efectiva a
través de una resolución, a pedido de parte o de oficio. Declarada la rebeldía, el Juez se pronunciará
sobre el saneamiento del proceso, que de ser así, continuará con el proceso, sobre la base de la
presunción legal relativa de los hechos expuestos en la demanda; a menos que al ser varios
emplazados algunos conteste la demanda, la pretensión demandada se sustente en un derecho
indisponible (filiación, por ejemplo), disposición de la ley, o que la presunción legal relativa no
produzca convicción en el juzgador. El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier etapa,
sujetándose al estado en que se encuentre.

Saneamiento procesal. Se constituye como un segundo filtro esencial -después de la calificación para
admisión de la demanda y reconvención- para evitar que el proceso carezca de algún presupuesto que lo
invalide o esté privado de alguna condición de la acción, lo cual podría impedir al juzgador a resolver
sobre el fondo de la litis.“Puede ser considerada como un elemento que impide la existencia de
presupuestos procesales que invaliden el proceso o en todo caso eviten la resolución de la causa por
el Juez sobre la esencia de lo discutido” (7).

En el acto de saneamiento procesal se establecerá la existencia de una relación jurídica procesal válida
entre las partes, siempre que se advierta el cumplimiento, hasta dicho estado del proceso, de la existencia
de las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Los primeros están referidos a la
existencia de legitimidad e interés para obrar, además de la voluntad de la ley. Los segundos en cambio,
están referidos a la capacidad de las partes, competencia del Juez y los requisitos de la demanda y la
reconvención, según sea el caso. De no satisfacerse tales requerimientos, el Juez puede: conceder un
plazo a efectos de que se subsanen los defectos subsanables, o declarar la nulidad (de todo los actos
procesales realizados con anterioridad) y consiguiente conclusión del proceso. Esto último, cuando
existan defectos insubsanables en la relación procesal.

La fijación de puntos controvertidos, que están constituidos por aquellos puntos sobre los cuales existe
discrepancia entre las partes, y que a su vez serán materia de probanza. Una vez expedido el auto de
saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día de notificadas propondrán al juez por escrito los
puntos controvertidos y cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera, el Juez
señalará día y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas.

El saneamiento probatorio, acto procesal en el que el Juez dispone qué medios probatorios se van
actuar en la audiencia de pruebas, declarando la impertinencia o improcedencia, según sea el caso; a fin

• 204 •


de resolver los puntos controvertidos y consiguiente resolución de la litis. A menos que la cuestión
controvertida sea de puro derecho, o siendo de hecho no existe la necesidad de actuar medios probatorios;
casos en los cuales el Juez comunicará a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro
trámite, esto último inspirado en el principio de economía procesal (instituto procesal denominado
juzgamiento anticipado del proceso). Si se presentaran cuestiones probatorias o los medios probatorios
admitidos por el juez requieran actuación, se convocará a las partes a una audiencia de pruebas, etapa en
la cual se resuelven las cuestiones probatorias y se actúan los medios probatorios a fin de resolver el
conflicto o incertidumbre jurídica, materia de litigio; que se realizará según la hora y lugar que fije el
Juez al expedir el auto que fija puntos controvertidos y realiza el saneamiento probatorio; momento en el
cual concluye la etapa postulatoria y se inicia la etapa probatoria del proceso.

A diferencia del juzgamiento anticipado del proceso, la conclusión anticipada del mismo, se da
en los casos señalados en el artículo 474º del CPC; que pueden ser con o sin declaración sobre el
fondo. Así por ejemplo, cuando la pretensión de las partes deja de pertenecer al ámbito
jurisdiccional; que se configurará en el siguiente supuesto: en un proceso de obligación de dar
suma de dinero el demandante exige la devolución de la acreencia y e el curso del litigio el
emplazado paga su deuda conjuntamente con los intereses.

De otro lado, dentro de la etapa postulatoria también cabría referirnos al instituto denominado “medios de
defensa”, las cuales representan los mecanismos otorgados por la ley, fundamentalmente al demandado
(al demandante en los casos de reconvención), para poder equilibrar la inicial desigualdad que se da en un
proceso; puesto que el demandante dispone del manejo de tiempo respecto al momento de accionar,
reunir los medios probatorios, consultar con profesionales, etc.; mientras que el demandado sólo tiene un
plazo perentorio para poder legitimarse y escudarse en el proceso. Los medios de defensa se clasifican en
dos:

a) De fondo (que buscan neutralizar la pretensión demandada, la contestación de demanda por
ejemplo; o las excepciones, que buscan invalidar la relación jurídica procesal de las partes, por
defectos de fondo; cuando éstas sean de carácter perentorio).
b) De forma (dentro de las cuales se considera a las excepciones de carácter dilatoria, que no tienen por
finalidad destruir la pretensión del actor, sino únicamente la de suspender el proceso hasta que se
subsane el defecto u omisión advertido. En efecto, las excepciones son aquellos medios de defensa
que tienen por objeto cuestionar el aspecto formal del proceso, o cuestionar el fondo del mismo,
es decir, negando los hechos en que se apoya la pretensión o desconociendo el derecho que lo
sustenta. De allí la clasificación de excepciones perentorias y dilatorias.

El CPC enumera taxativamente las siguientes excepciones en el artículo 446º.

a) De incompetencia. Busca cuestionar la competencia del Juez, en razón a la materia, cuantía o
territorio (puede ser declarada de oficio o a instancia de parte, hasta antes de expedirse el auto de
saneamiento procesal). Es de carácter perentorio.

b) De incapacidad del demandante o de su representante. Es de carácter dilatorio, en razón a que el
actor incapaz comparezca legalmente asistido o representado dentro del plazo que fija el auto
correspondiente.
c) De representación defectuosa o insuficiente del demandante. A diferencia de la excepción anterior,
ésta tiene por objeto cuestionar el poder y no a la persona del representante de alguna de las partes. Y
es de carácter dilatoria.
d) De oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. De carácter dilatoria, que está
orientada a cuestionar los aspectos puramente formales de la demanda, así por ejemplo, cuando en la
demanda se hayan propuesto pretensiones incompatibles, o sin conexión entre los hechos expuestos,
etc.
e) De falta de agotamiento de la vía administrativa. Cuando se trate de aquellos casos en que se
pretenda impugnar alguna resolución administrativa, sin que se hayan agotado previamente los
recursos previstos en sede administrativa, antes de acudir a la vía judicial. Se trata de una excepción
de carácter perentorio.

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f) De falta de legitimidad para obrar activa o pasiva. Es de carácter perentorio, y se presenta cuando
no se configura la correcta identificación entre los sujetos confortantes de la relación jurídica material
y la relación jurídica procesal. Si la incorrecta identificación está referida al demandante, estaremos
ante una falta de legitimidad para obrar activa, mientras que la pasiva se configurará por la incorrecta
identificación del demandado. Por ejemplo: Juan celebró con un contrato de compraventa con Pedro,
posteriormente, el primero de ellos pretende demandar la resolución de dicho contrato y la dirige al
Marcos.
g) De litispendencia. Es el instrumento dirigido a denunciar la existencia de dos procesos en trámite
entre las mismas partes, con iguales pretensiones procesales y promovidas en virtud a un mismo
interés, con la finalidad de extinguir el iniciado con posterioridad al primer proceso. Por ello es de
carácter perentorio.
h) De cosa juzgada. Es de carácter perentorio, y se presenta cuando un proceso ha terminado con
decisión firme, ya sea mediante sentencia o laudo arbitral, y existe otro proceso en trámite en el que
las partes, las pretensiones y el interés para obrar son las mismas.
i) Excepción de desistimiento de la pretensión. Al igual que la anterior, es de carácter perentorio; que
se interpondrá cuando se da inicio a un proceso idéntico a otro concluido por el desistimiento de la
pretensión del demandante. En este caso también se requiere la identificación de la triple identidad
(las mismas partes, las mismas pretensiones y el mismo interés para obrar).
j) De conciliación y transacción. Al tener la conciliación y la transacción los mismos efectos de una
sentencia con la calidad de cosa juzgada, por ser formas especiales de conclusión del proceso; estas
excepciones también tienen la naturaleza perentoria.
Cabe mencionar que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta
como excepción procesal conforme lo prevé el inciso 10) del artículo 446º del Código Procesal Civil e
inciso 4) del artículo 453º del mismo cuerpo legal, por interpretación sistemática de dichas normas
con las que contiene el Código Civil sobre la transacción, ello en atención a lo establecido por el
Primer Pleno Casatorio del 22 de enero de 2008, publicado el 21 de abril de 2008.
k) De caducidad. Esta excepción se interpondrá cuando se haya iniciado un proceso en el que el actor a
perdido el derecho a entablar una demanda, por no haberse propuesto la pretensión procesal dentro del
plazo establecido por ley. Los plazos de caducidad no admiten interrupción ni suspensión; y
únicamente están establecidos por ley. Esta excepción también es de naturaleza perentoria, y puede
también ser declarada de oficio.
l) De prescripción extintiva. Sólo puede operar por proposición de alguna de las partes, en razón a que
la prescripción no extingue el derecho sino únicamente la acción, a diferencia de la caducidad. El
plazo de prescripción es susceptible de suspensión o interrupción. Es de carácter perentorio.
m) De convenio arbitral. Se configurará cuando se inicie un proceso en el que las pretensiones
demandadas ya hayan sido objeto de un convenio arbitral.
Las defensas previas, también son considerados medios de defensa; ello en razón a que estas están
orientadas a la consecución de la suspensión del proceso, hasta que el demandante cumpla con un
requisito o condición previa; que establece el derecho sustantivo para el ejercicio de la acción.

579. ¿A qué se denomina procesos contenciosos, y cómo se clasifican?

Son aquellos procesos en los cuales la ley faculta la oposición entre las pretensiones de los titulares
activos y pasivos de la relación jurídica procesal, a diferencia de los procesos no contenciosos, en los que
estrictamente no existe contradicción alguna.

En ese contexto, y atendiendo a la finalidad que persigue, los procesos contenciosos de clasifican a su vez
en:

a. Declarativos. En este proceso se pretende una declaración de certeza sobre la existencia o no del
derecho invocado.
b. Ejecución. Son aquellos que se basan en un derecho cierto, generalmente materializado en un título
ejecutivo o de ejecución donde consta la exigibilidad de la obligación.

En rigor no existen procesos cautelares como lo señala el Código Procesal Civil. (En la siguiente
pregunta demostraremos por qué)

• 206 •


La modificatoria del Código Procesal Civil contenida en el Decreto Legislativo Nº 1069 estableció el
Proceso Único de Ejecución prescindiendo de cualquier clasificación en base a los títulos a ejecutarse.
Por otro lado, aunque sin la existencia de audiencias, sobrevivió la subdivisión de los procesos
declarativos: a) Conocimiento, b) Abreviado y c) Sumarísimo.

a. Proceso de Conocimiento. Es el proceso modelo por excelencia debido a que su tramitación es de
aplicación extensiva a todas aquellas controversias que carezcan de un trámite específico, inclusive se
aplican supletoriamente a los demás procesos (ejecutivos, cautelares, etc.). Se caracteriza por la
amplitud de los plazos de las respectivas actuaciones procesales en relación con los otros tipos de
procesos declarativos. Además, la naturaleza de las pretensiones que en él se puedan ventilar -
complejas y de gran estimación patrimonial- refleja su importancia dentro del contexto jurídico. Este
proceso tiene por finalidad (típico de los procesos declarativos) la dilucidación y declaración de parte
del órgano jurisdiccional del contenido y alcance del estado o situación jurídica sustantiva existente
entre sus titulares a través del desarrollo sucesivo de determinados actos jurídicos procesales
enmarcados dentro de una normatividad específica. Los supuestos en los cuales procede la tramitación
de los procesos de conocimiento se encuentran contemplados en el artículo 475º del CPC.

La competencia para este tipo de procedimientos corresponde exclusivamente a los Jueces Civiles y
los Juzgados de Familia, según la materia a que se refiera la pretensión.

De otro lado, cabe precisar que en los procesos de conocimiento es posible la interposición de
cuestiones probatorias, medios de defensa (excepciones y cuestiones previas), reconvención, y se
ofrezcan otros medios probatorios al invocarse en la demanda o reconvención con hechos nuevos. Lo
plazos para las actuaciones que correspondan en este proceso se encuentran contemplados en el
artículo 478º del CPC.

b. Proceso abreviado. Es aquél proceso en el que los plazos y formas son breves y simples, y que a
diferencia con el proceso de conocimiento, en este proceso se concentran las actuaciones procesales
en un número menor. En ese sentido, tanto el saneamiento procesal como la fijación de puntos
controvertidos se realiza mediante un auto. En este caso, las cuestiones probatorias, medios de defensa
(las excepciones y cuestiones previas), reconvención, y el ofrecimiento de medios probatorios al
invocarse hechos no expuestos en la demanda o reconvención; son procedentes eventualmente. Los
plazos para este tipo de procesos se encuentra contemplada en el artículo 491º del Código Procesal
Civil. Las pretensiones procedentes en este proceso se encuentran enumeradas en el artículo 486º del
Código Procesal Civil.

c. Proceso sumarísimo. Es el proceso contencioso de duración muy corta donde se dan una serie de
limitaciones, y cuya finalidad es precisamente abreviar su tramitación; reservado a aquellas
controversias en las que sea urgente la tutela jurisdiccional o su monto no supere los límites
establecidos por ley (monto mínimo). Se caracteriza por al reducción de los plazos y la concentración
de las audiencias en una sola, denominada audiencia única. Lo que significa que tanto la de
saneamiento procesal como la fijación de puntos controvertidos y pruebas se realizan en audiencia
única. Las pretensiones que se dilucidan en este tipo de procesos se encuentra señaladas en el artículo
546º del Código Procesal Civil, y los plazos -para la realización de los actos procesales- en el artículo
554º del mismo cuerpo normativo.

En este tipo de procesos, tienen competencia: Los jueces civiles (en aquellos asuntos que no tengan
vía procedimental propia, sean inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o, porque debido a
la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez lo considere atendible); Los juzgados de familia (todos los
asuntos relativos al Código de los Niños y Adolescentes y sobre Derecho de Familia); y Los jueces de
paz (los asuntos cuya estimación patrimonial no sea mayor de diez URP, puesto que de ser mayor el
monto de la pretensión, serán competentes los jueces de paz letrado, hasta las veinte URP). No
procede la reconvención; los informes sobre los hechos; el ofrecimiento de medios probatorios en
segunda instancia, y en ningún otro caso; la modificación y ampliación de la demanda, y los medios
probatorios extemporáneos.

• 207 •


580. ¿Existen en rigor “procesos cautelares”?

No. Lo que existen son pretensiones cautelares pero que están lejos de configurar un proceso, las razones
son las siguientes:

1. Los procesos son autónomos. Las pretensiones cautelares están unidas por un cordón umbilical a un
proceso principal.
2. Los procesos buscan la satisfacción de un interés o derecho. Las pretensiones cautelares buscan
asegurar el cumplimiento de una futura sentencia estimatoria.
3. Los procesos encuentran su bisagra en la probanza de las afirmaciones de las partes. La pretensión
cautelar no conoce probanza alguna. Se fundamenta en la apariencia del derecho invocado.
4. Los procesos se sustentan en el principio de contradicción o bilateralidad. Las pretensiones cautelares
son, en su mayoría, inaudita altera parts.

581. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los procesos de tutela jurisdiccional ordinaria y
procesos de tutela jurisdiccional de urgencia?

Los procesos de tutela ordinaria se caracterizan por:
1. Existencia de plazos amplios.
2. Presencia de audiencias en su diagrama procedimental.
3. Finalizan con una sentencia de certeza.

Pertenecen a esta clasificación los procesos civil, penal, laboral, familiar, administrativo, filiación
extramatrimonial y pérdida de dominio.

Los procesos de tutela de urgencia tienen características opuestas:

1. Existencia de plazos reducidos.
2. Ausencia de audiencias en su diagrama procedimental.
3. Finalizan con una sentencia de probabilidad.

Pertenecen a esta clasificación los procesos constitucionales de la libertad.

582. ¿Qué es una medida cautelar?

Las medidas cautelares se constituyen en mecanismos reconocidos procesalmente, en virtud de los cuales
las partes solicitan el aseguramiento de los efectos de una sentencia futura durante el tiempo que se
demore en tramitar un proceso. El objetivo de lo solicitado es proteger el derecho que asiste al
demandante, el mismo que considera que su pretensión o derecho se encuentra en peligro ante el
demandado. Sin embargo, debemos señalar que la medida cautelar se constituye básicamente en un
prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable.

“Siendo la naturaleza de las medidas cautelares provisoria, instrumental y variable, debe señalarse
que en principio las resoluciones que las conceden o levantan no revisten el carácter de definitivas
salvo en los casos en que se resuelva sobre la pérdida de la contracautela (…)” (Casación Nº 2679 –
2000 Sullana).

583. ¿Qué requisitos debe contener la solicitud de una medida cautelar?

Dentro de los principales requisitos que debe contener una solicitud de medida cautelar podemos señalar:

1. Exponer los fundamentos de la pretensión cautelar.
2. Señalar la forma de ésta.
3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación.
4. Ofrecer contracautela.
5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.
6. Acreditar su identificación en caso se trate de persona natural, con copia legalizada de su documento
de identidad.

• 208 •

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