Carta a Michelle Bachelet Clima 21Vzla

Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos
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Twitter: @clima21_ve / Facebook: @misderechosambientales
Caracas, 26 de junio de 2019
Dra. Michelle Bachelet.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Presente.
Ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento por su primera visita a Venezuela y
desearle el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus objetivos en la misma.
Como usted sabe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “Un
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una
amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el
agua y el saneamiento”.
Por ello, y en ocasión de su visita a Venezuela, desde Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos,
una organización venezolana cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos
ambientales, quiere aprovechar la oportunidad para hacerle llegar un resumen de la situación
ambiental existente en el país y su relación con graves violaciones a derechos humanos en el
contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
La información que aquí presentamos es el resultado de un trabajo colectivo realizado en alianza
con otras organizaciones de la sociedad civil, así como con investigadores de diferentes
universidades y centros de investigación.
Venezuela fue un país pionero en la región al desarrollar un marco legal y una estructura
institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, así
como en construir sistemas nacionales de gestión de los recursos ambientales. En los últimos años,
el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simultáneo y concordancia
con la exacerbación del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual
puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan:
1. Se ha producido un grave deterioro de los servicios públicos ambientales, así como de los
programas de gestión y control ambiental.
 En Venezuela no está garantizado el derecho al agua potable. El 82% de la población y el
79% de los hospitales no reciben agua de forma continua. El 23% de los estudiantes más
pobres no asisten a clases por falta de agua. Regiones enteras tales como las penínsulas de
Paraguaná, La Guajira, el estado Nueva Esparta y gran parte de las regiones llaneras, así
como sectores y comunidades de bajos recursos en diversas ciudades y pueblos de
Venezuela, sufren de esquemas de racionamiento inhumanos o no reciben suministro por
períodos extremadamente largos. Luego del agravamiento de la crisis eléctrica en marzo
de este año, la situación ha venido empeorando continuamente sin que el Estado tome
medidas efectivas para la solución de estos problemas.

 No hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población. Según la
información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para
garantizar la calidad del agua y actualmente ninguna de las plantas de tratamiento
existentes está funcionando. Existen múltiples evidencias de que el agua que se suministra
a la población, tanto a través de los sistemas de acueductos así como por otras vías no
cumple con los estándares nacionales, ni internacionales para ser apta para el consumo
humano. Está documentado el hecho de que la contaminación de las aguas en Venezuela
es la causa primaria de la persistencia y expansión de enfermedades tales como amibiasis,
diarreas, giardiasis, helmintiasis y hepatitis aguda Tipo A, entre otras.
 Se está produciendo una grave degradación ambiental en todas las cuencas generadoras
de agua. Los programas de gestión de cuencas y el control de las actividades que generan
deterioro en las mismas están prácticamente abandonados. Entre 2001 y 2017 Venezuela
perdió casi 2 millones de Ha de bosques, gran parte de esta disminución ocurrió en
cuencas utilizadas para la captación de agua para consumo humano. Ello representa una
amenaza grave para el futuro del derecho al agua en Venezuela.
 Existe un proceso de deterioro generalizado de los sistemas de distribución de aguas. La
falta de mantenimiento, el manejo inadecuado y la corrupción ha producido que los
sistemas de captación, almacenamiento y distribución estén muy deteriorados lo que
genera frecuentes averías y paradas en el abastecimiento del líquido.
 La gestión de desechos sólidos es insuficiente e inequitativa. La creciente ineficacia
asociada a la gestión de desechos sólidos está incrementando las enfermedades
dermatológicas, respiratorias, alérgicas e infecciosas y pone en peligro muchos
ecosistemas. Las comunidades de menores recursos económicos son los sitios donde la
recogida de desechos es menos frecuente o inexistente, obligando a sus residentes a la
constante exposición a ambiente insalubres. Prácticamente todos los sitios de disposición
final de desechos sólidos son vertederos a cielo abierto donde no se realiza ningún
procedimiento para evitar la contaminación generada por la acumulación de los mismos.
Adicionalmente, en la mayor parte del país, no hay políticas ni programas efectivos para el
tratamiento y disposición de desechos peligrosos ni hospitalarios.
 No hay controles efectivos sobre actividades que generan daño ambiental. En la gran
mayoría de los proyectos de desarrollo se omite el requisito constitucional de realización
previa de estudios de impacto ambiental y sociocultural. La ineficiencia, la corrupción y las
decisiones arbitrarias en las instituciones ambientales impide, obstaculiza o tergiversa las
labores de supervisión y control de las actividades generadoras de daño ambiental. No
existe información disponible sobre niveles de contaminación atmosférica, de suelos, ni
aguas, ni tampoco de otros procesos de deterioro ambiental. Tampoco existe información
sobre programas en ejecución para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
Convenios de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes) Rotterdam (comercio de
productos químicos peligrosos) ni la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, entre otros.
 Hay un grave retroceso en los programas de gestión de la diversidad biológica. El Estado
venezolano ha perdido la capacidad para gestionar las Áreas Naturales Protegidas del país.
La mayoría de las mismas no tienen programas efectivos para garantizar su protección.

Estas áreas están siendo sometidas a usos, desarrollo de infraestructura y explotación
contraria a sus objetivos de conservación, incluyendo la creciente mercantilización de sus
territorios y recursos. Los programas para el manejo de la diversidad biológica,
principalmente en el caso de la protección de especies y ecosistemas amenazados, así
como el control de especies exóticas están prácticamente abandonados. Debido a estas
situaciones está aumentando de manera acelerada la deforestación, la sobreexplotación
de recursos biológicos, el deterioro de ecosistemas naturales tanto terrestres como
marinos y el deterioro de las contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Como
consecuencia de estas situaciones, se está produciendo una grave merma en los recursos
pesqueros, así como de otros recursos naturales de interés social y económico. Muchas de
estas situaciones están afectando derechos humanos incluidos los derechos a la vida, a la
salud, al alimento, a la seguridad, al agua, a la vivienda, a la cultura y a un ambiente sano.
 El desabastecimiento de gas doméstico está teniendo efectos sobre la salud y el
ambiente. Aunque no se cuenta con datos precisos sobre la magnitud de esta situación,
un número probablemente alto de familias en sectores populares en todo el país está
usando leña para cocinar. El uso de este combustible tiene efectos sobre la salud de las
personas que lo utilizan, principalmente mujeres y los niños que están en las casas.
Asimismo la inhalación de humo por parte de mujeres gestantes puede producir
trastornos en el desarrollo del feto. Por otra parte, la extracción creciente de leña para
cocinar contribuye a la deforestación, a la degradación ambiental y aumenta los riesgos de
deslaves, derrumbes, incendios, inundaciones y otros eventos adversos.
 El Estado no parece tener políticas para articular la sostenibilidad ambiental con los
grandes temas económicos y sociales. No se tiene información sobre la existencia de
programas o acciones sistemáticas para promover la sostenibilidad ambiental en áreas
prioritarias para el país como la producción petrolera, energética, agrícola, industrial o
minera. Tampoco sobre la articulación de las contribuciones de la naturaleza con temas
como la lucha contra la pobreza y el hambre, salud humana, sostenibilidad urbana, etc.
 La acción del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y
responsabilidad global de mitigación del cambio climático. Ello es más evidente en el
caso del incremento de las tasas de deforestación producto de la minería, las cuales
afectan negativamente la capacidad de las selvas amazónicas para mitigar el cambio
climático. Asimismo, la industria petrolera nacional es actualmente generadora de
emisiones comparativamente altas de gases de efectos invernadero, incluyendo gas
metano que es liberado sin control en las zonas de explotación petrolera.
2. El Estado está impulsando un desarrollo minero generador de destrucción y graves
violaciones a los derechos humanos.
 Las actividades mineras actuales no tienen ningún control. En la mayor parte de los casos
no se cumplen las garantías constitucionales, ni las normas legales ambientales, ni se
respetan los derechos de las comunidades locales. Existe un solapamiento de funciones
impropio en la institución promotora de la minería, que a su vez debe fijar normas y
controles ambientales. En ningún caso se hace la valoración de los costos ambientales y
sociales generados por la actividad minera.

 La actividad minera está expandiéndose en todo el territorio nacional. La misma ha ido
creciendo de manera acelerada en cada vez más espacios territoriales. Actualmente esta
actividad afecta no sólo el territorio demarcado en el decreto de creación de la “Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, sino al resto de la Guayana
venezolana. En un estudio reciente, realizado en toda la Amazonía, se encontró que de los
2.312 puntos de minería ilegal detectados, más del 80% están en Venezuela. Asimismo, en
los últimos años comienzan a realizarse explotaciones mineras realizadas por el gobierno
en estados situados al norte del Orinoco, incluyendo los estados Carabobo, Cojedes,
Táchira, Mérida y Lara. En todos estos casos con objetivos económicos poco claros, grave
deterioro ambiental y generando conflictos con las comunidades locales.
 El deterioro ambiental está acelerándose como consecuencia de la expansión de la
minería. Entre los años 2000 y 2015 como consecuencia de esta actividad fueron
destruidos un total de 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación, siendo el país de la
región amazónica con mayor crecimiento de su tasa de deforestación. Este proceso ha
afectado bosques en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, Paragua, así como gran
parte del Alto Orinoco y sus ríos afluentes. Igualmente, todos los Parques Nacionales
localizados al sur del Orinoco están siendo gravemente deteriorados como consecuencia
de la actividad minera realizada dentro de sus límites. Todo ello, sin que en ninguno de
estos casos se conozcan de acciones efectivas por parte del gobierno nacional para
controlar estas situaciones.
 La actividad minera viola los derechos a un ambiente sano y a la salud. En el 2018 en
Venezuela la epidemia de malaria afectó a más de 1 millón de personas, pudiéndose
alcanzar los 2 millones de casos este año. Asimismo, se calcula que 16 millones de
venezolanos están en riesgo de contraer esta enfermedad. Se ha evidenciado que este
crecimiento exponencial de casos está asociado en gran medida a la degradación
ambiental producida por la actividad minera. Por otra parte, el uso del mercurio en la
minería es generalizado a pesar de que fue prohibido por Decreto Presidencial y que el
gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Por ello, se
ha evidenciado que gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de
comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, incluyendo mujeres en edad
fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus
compuestos derivados. Tal situación se agrava debido a que los peces usados en la
alimentación humana en todas las cuencas importantes de Guayana presentan niveles de
mercurio por encima de las recomendaciones de la OMS. Por tales razones, es posible que
un número muy alto de personas tanto en las regiones mineras, así como en otros
territorios, dentro como fuera del país, estén en riesgo o ya estén afectados por la
exposición al mercurio. No existe información sobre la existencia de programas
gubernamentales para controlar el uso del mercurio, mitigar la contaminación producida,
ni atender a las personas afectadas. Adicionalmente, la actividad minera ha sido asociada
con el aumento y expansión de patologías como enfermedades de transmisión sexual,
difteria y el sarampión, entre otras.
 La minería afecta gravemente los derechos de los pueblos indígenas. En el contexto de la
expansión de la actividad minera, los pueblos y comunidades indígenas están siendo

sometidas a esclavitud moderna, explotación sexual, destrucción y substitución de sus
prácticas económicas y patrones alimenticios tradicionales. Igualmente, sufren de
desplazamiento forzoso, pérdida de sus culturas, aumento de su vulnerabilidad a
enfermedades y exposición a contaminantes tales como el mercurio así como a los efectos
de la degradación ambiental. Adicionalmente, las comunidades indígenas son el grupo
más vulnerable a sufrir de agresiones, persecuciones y atentados contra sus vidas. Un
número importante de líderes y otros integrantes de las etnias indígenas venezolanas han
sido asesinados o agredidos en el contexto de conflictos por sus tierras. En ninguno de
estos casos el Estado venezolano ha realizado acciones efectivas para evitar estas
situaciones, atender a las víctimas, sancionar a los autores, ni facilitar las condiciones para
obtener reparaciones. Por lo contrario, actualmente existe una escalada de violencia
contra las comunidades indígenas en muchos casos con participación directa de
funcionarios gubernamentales.
 La minería sin control está asociada a un aumento de la actividad criminal. Gran parte de
la actividad de explotación, refinamiento primario, comercialización y movilización de los
minerales extraídos está bajo control directo o indirecto de bandas armadas ilegales tanto
nacionales como extranjeras. Estos grupos han sido responsables de masacres, asesinatos,
crímenes atroces, explotación humana y deterioro ambiental, entre otras actividades. Por
ello, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro, y otros minerales asociados a la
muerte y explotación de los venezolanos.
 El Plan Nacional de Minería 2019-2025 amenaza con incrementar las violaciones a
derechos humanos ya existentes. Este Plan aprobado recientemente tiene como objetivo
convertir a la minería en el eje productivo nacional. Ello se plantea aun cuando el mismo
reconoce un descenso en los niveles de producción minera, precarización de las
condiciones de vida de los mineros y comunidades aledañas y daño ambiental, entre otros
problemas. A pesar de todo ello, plantea un aumento de la magnitud de las operaciones,
incluyendo la expansión de los territorios y recursos minerales sujetos a explotación,
aumentando así el riesgo de mayores violaciones a derechos humanos en toda la región.
3. Se está produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen
socionatural y tecnológico
 Venezuela no tiene un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático. La Ley de
Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 estableció la
elaboración de este Plan en un plazo de dos años posterior a su publicación en Gaceta.
Igualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 -2019 incluía entre sus objetivos
la elaboración de este Plan. Hasta la fecha no se conoce de ningún avance en la
elaboración del mismo.
 El Estado no tiene políticas sostenidas y sistemáticas para disminuir la vulnerabilidad de
la población ante los efectos negativos del cambio climático. La información existente
sobre medidas de adaptación realizadas hasta el momento por el gobierno es escasa. Los
casos conocidos parecen ser acciones improvisadas, esporádicas, desarticuladas y sin
continuidad. No se cuenta con información de que las mismas respondan a políticas
sistemáticas, ni si tienen asignados fondos para su realización. Tampoco se conoce sí

cuentan con alguna institución responsable de su diseño, implementación, coordinación o
evaluación de estas acciones. Esta situación agrava la situación de vulnerabilidad de la
población frente a los efectos negativos del cambio climático, que en el caso de Venezuela
se prevé incidan sobre la producción agrícola, la disponibilidad de agua, expansión de
enfermedades transmisibles por vectores y un aumento del riesgo ante eventos
meteorológicos extremos.
 Los eventos meteorológicos extremos afectan de manera cada vez más grave a la
población. Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, parece estarse
incrementando los niveles de severidad y daño generado por fenómenos como:
inundaciones, sequías, incendios de vegetación y tormentas. Asimismo, el Estado no
parece tener planes de gestión de riesgos que permitan disminuir la vulnerabilidad de la
población frente a estas situaciones. Un ejemplo de esta condición fueron las
inundaciones ocurridas en el 2018 en la zona sur del país. Este evento afectó a cientos de
miles de personas en al menos seis estados. En todos los casos, las respuestas del
gobierno para atender a las poblaciones afectadas fueron muy deficientes.
 Se está produciendo un aumento del número de accidentes de origen tecnológico. Cada
vez parecen ser más frecuentes eventos tales como derrames de hidrocarburos,
explosiones, incendios y otros eventos en el interior o en las inmediaciones de
instalaciones petroleras. Algunos de los mismos han generado pérdida de vidas humanas,
así como daños a la salud de personas, al ambiente, así como a bienes e infraestructura.
La actuación de los organismos responsables en los eventos ocurridos en los últimos años
parecen evidenciar la ausencia o deficiencias en los planes de control y seguridad de las
empresas involucradas, así como en muchos casos negligencia, incapacidad técnica y
corrupción. Asimismo, en la mayor parte de estas situaciones, los daños y violaciones a los
derechos de las personas afectadas son ignorados o menospreciados.
 El Estado tiene una baja capacidad para monitorear la variabilidad climática. Diversos
especialistas han denunciado el deterioro de la red nacional de estaciones meteorológicas
así como la pérdida de datos climatológicos históricos. Debido a ello, resulta muy difícil
realizar estudios predictivos y modelaje de la variabilidad climática, al igual que el
monitoreo de las consecuencias del cambio climático.
4. El Estado niega el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en
asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad.
 El Estado tiene una política de opacidad informativa. Por ello, la población venezolana
no tiene acceso a información ambiental relevante para la toma de decisiones. Esta
situación es crítica al no existir información en materia de acceso al agua, niveles de
contaminación, políticas ambientales y proyectos que pueden afectar derechos de las
personas. Esta situación es agravada por la difusión por parte del gobierno de información
falsa, insuficiente o políticamente manipulada.
 El Estado obstaculiza la generación de información ambiental. Ello ocurre a través de una
política de estrangulamiento económico, desmantelamiento progresivo y permanente
hostigamiento contra las universidades existentes en el país. Producto de esta situación,
ha venido mermando la capacidad de estas instituciones para generar información

científica. Por ello, se está produciendo un enorme déficit de información actualizada
sobre la situación ambiental del país.
 El Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones
políticas. A través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas,
comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que
pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud
y otros derechos humanos. En el contexto de estas políticas, se han producido amenazas y
hostigamiento contra algunas organizaciones y personas defensoras del ambiente.
Asimismo, el Ejecutivo Nacional limita y obstaculiza las capacidades de las organizaciones
de la sociedad civil que documentan, denuncian y divulgan violaciones a los derechos
humanos ambientales.
 El Estado obstaculiza la posibilidad de solucionar conflictos ambientales mediante
procedimientos judiciales. El gobierno nacional obstaculiza la posibilidad de que personas,
comunidades y organizaciones accedan a la justicia en temas ambientales. En los casos en
que se ha intentado recurrir a estas vías, las respuestas han sido generalmente negativas o
se posterga indefinidamente la respuesta a los requerimientos realizados.
 El gobierno nacional se negó a participar en el desarrollo del Acuerdo de Escazú. En tal
sentido no tiene previsto firmarlo, ni participar en un futuro de este instrumento de
protección de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia,
así como a mecanismos para la protección a los defensores de derechos ambientales.
 El Estado menoscaba el derecho de la población a recibir una educación ambiental de
calidad. El ministerio de Ecosocialismo renunció en la práctica a la competencia que tenía
el anterior ministerio del Ambiente de ser ente rector y promotor de las políticas de
educación ambiental del país. Esta situación ha generado un retroceso en la capacidad del
Estado para promover conciencia y acción ambiental a través de la educación. Por otra
parte, los contenidos ambientales presentes en los programas de educación básica y
media en Venezuela en la mayor parte de los casos son inadecuados, insuficientes y
pedagógicamente inconvenientes.
A estas situaciones habría que agregar que actualmente el número y capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos ambientales resultan
insuficientes frente a los retos actuales y cuentan con muy pocos recursos humanos y financieros.
Por ello, se dificulta la capacidad de las mismas para realizar la labor de documentación,
divulgación y denuncia, lo que se ve más complejizado por la muy amplia gama de situaciones,
temáticas y territorios del país, así como el contexto restrictivo derivado de la emergencia
humanitaria compleja.
Como conclusión de este resumen, resulta indudable que el deterioro ambiental es un
componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que
afecta el país y que tal situación está generando daños graves a la población. Todo ello, repercute
en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida,
trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros.

De igual forma, la incapacidad del Estado para resolver esta crisis ambiental está generando graves
rezagos y retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
En razón a todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos respetuosamente atender a los
siguientes requerimientos:
1. Procurar que el trabajo de seguimiento y evaluación sobre la situación de los derechos
humanos en Venezuela, así como los futuros informes que sean realizados por su oficina,
incluyan la temática medio-ambiental como un elemento clave en sus consideraciones.
2. Exigir al Gobierno Nacional que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos
humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del país en esta
temática, así como respete y cumpla los tratados internacionales de los cuales nuestro
país es signatario.
3. Promover mecanismos permanentes de comunicación, intercambio y apoyo entre los
funcionarios de su oficina a cargo de la evaluación de la situación de derechos humanos de
Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil venezolana que realizan labores de
monitoreo de las violaciones a los derechos humanos ambientales.
4. Impulsar mecanismos que aseguren la protección tanto de los defensores de derechos
humanos ambientales, así como de las personas y comunidades que luchan por la defensa
de los derechos de sus territorios ancestrales y culturas.
Agradeciendo de antemano su apoyo y solidaridad,
Por Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Coordinador

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