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Aprobada ley que legaliza la usurpación armada de tierras

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Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975. Boletín No 26

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Aprobada ley que legaliza la usurpación armada de tierras

  1. 1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y de la Comisión Andina de Juristas (Lima) PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 1060, AGOSTO DE 1988 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁBoletín No. 26: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975 Aprobada ley que legaliza la usurpación armada de tierrasEl 8 de enero de 2008 fue sancionada la ley 1182 “por medio de la cual se establece unproceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”. La ley fue aprobadaluego de que el respectivo proyecto fuera presentado al Congreso en tres ocasiones1.La ley establece un procedimiento especial, con términos muy breves, para sanear títulosviciados o incompletos de las propiedades inmuebles de menos de media hectárea en elsector urbano y de menos de 10 hectáreas en el sector rural, lo que significa la legalizaciónde las tierras y las viviendas bajo un procedimiento muy laxo.El procedimiento especial creado por la ley de saneamiento no ofrece garantías suficientespara que las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado puedan oponersedentro del proceso. Ello llevaría a la legalización de la usurpación, ya que la ley facilita latitulación de las tierras y viviendas a nombre de quienes han incurrido en violaciones dederechos humanos e infracciones al derecho humanitario con la finalidad de desplazar a loscampesinos de sus tierras y ocuparlas de manera secundaria o explotarlas a través delrepoblamiento.El Congreso de la República aprobó la ley a pesar de que distintos sectores de la sociedadhabían denunciado que era contraria a los derechos a la tierra y a la restitución de los bienesde la población desplazada. Los legisladores hicieron caso omiso de esos cuestionamientose ignoraron que el marco jurídico de las negociaciones con los grupos paramilitares no hagarantizado los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En relación con este últimoderecho, los grupos paramilitares han entregado solamente una parte ínfima de los bienesusurpados mediante la violencia armada.A juicio de la Comisión Colombiana de Juristas, los aspectos más preocupantes de la ley desaneamiento de la titulación de la propiedad inmueble son los siguientes:1 Los proyectos fueron presentados bajo radicación 230 de 2004-Senado, 083 de 2003-Cámara, 319 de 2005-Cámara y 102 de 2006-Cámara – 247 de 2007-Senado. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 PBX: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax: (571) 3768230 Email: ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia
  2. 2. 1. Desconoce la ausencia de registro de los bienes de la población desplazadaLa normatividad nacional ordena la adopción de medidas de protección de los bienesinmuebles rurales abandonados por la población desplazada. Los bienes urbanosabandonados carecen de protección legal.Existen graves omisiones en la protección individual de los bienes rurales inmueblesabandonados por la población desplazada, que se activa a solicitud de cada personadesplazada. En 2006, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –Incoder-, queasumió las funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora-, empezó allevar el registro de predios abandonados, competencia que había sido asignada al Incoradesde la expedición de la ley 387 de 19972.Este procedimiento de protección individual ha tenido una aplicación muy reducida. Segúninformación del Programa de Protección de Tierras de Acción Social suministrada aACNUR, a diciembre de 2006 solamente el 32% de las solicitudes de protección había sidotramitado y el 5% de los predios había sido objeto de la medida de protección. Laprotección efectiva para propietarios de bienes abandonados, que consiste en una anotaciónen el folio de matrícula inmobiliaria, no superaba el 15% de las personas desplazadas queejercían este derecho, y menos del 15% de los propietarios ha alcanzado una protecciónefectiva de sus predios3.El procedimiento para la protección colectiva dispuesto por el decreto 2007 de 2001también ha sido escasamente aplicado. Este procedimiento cubre los predios de una zonaluego de que los Comités Municipales o Departamentales de Atención a la PoblaciónDesplazada expiden declaratorias de inminencia de desplazamiento o de inminencia deriesgo de desplazamiento4. ACNUR ha señalado que “de los 15 departamentos que más2 El numeral 1 del artículo 19 de la ley 387 de 1997 asignó al Incora la función de “registro de los prediosrurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes paraque procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estosbienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos”.3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, Balance de la política pública deprevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia agosto 2002 – agosto2004, Bogotá, diciembre de 2004, pág. 161.4 El Decreto No 2007 de 2001 Por el cual se reglamentan parcialmente los Artículos 7º,17 y 19 de la Ley 387de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marcodel retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidastendientes a prevenir esta situación, en su artículo 1º establece la Declaratoria de la inminencia de riesgo dedesplazamiento o de desplazamiento forzado en una zona para limitar la enajenación o transferencia acualquier título de bienes rurales. También establece las responsabilidades de Alcaldes Municipales,Procuradores Judiciales Agrarios, Jefes Seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Registradoresde Instrumentos Públicos y Gerentes Regionales del Incoder, quienes deben presentar al correspondienteComité Municipal, Distrital o Departamental de Atención a la Población Desplazada un informe sobre los 2
  3. 3. tierras abandonadas han registrado, solamente en seis de ellos se han efectuadodeclaratorias”5. Según esta agencia, desde la expedición de dicho decreto en 2001,solamente 61 municipios del país, equivalentes al 6,4% del total de los municipiosexpulsores de población desplazada, han efectuado la declaratoria, pero el Incoder no lahabía incluido en el Registro Único de Predios6.Otra medida que afecta negativamente la protección de los bienes abandonados por lapoblación desplazada es el traslado de la responsabilidad de registrar dichos bienes delIncoder a la Superintendencia de Notariado y Registro, ordenado por la ley 1152 de 2007,aprobatoria del Estatuto de Desarrollo Rural.Dicho Estatuto además debilitó el alcance de protección que originalmente tenía el decreto2007 de 2001, ya que, en su artículo 128, establece que el informe sobre los predios ruralesincluidos en declaratoria de inminencia de riesgo o de ocurrencia de los primeros hechosque originaron el desplazamiento y que señala la titularidad de los derechos constituidos ylas características básicas de los inmuebles ya no será prueba suficiente de las calidades deposeedor, tenedor y ocupante a nombre de las personas desplazadas.2. No contempla un mecanismo efectivo de protección de los derechos de las víctimasdel desplazamiento forzadoTal como admitió el viceministro del Interior, el 15 de agosto de 2007 en el Congreso de laRepública,“[e]l proyecto de ley de saneamiento de la titulación de la propiedad inmuebleno persigue beneficiar a los desplazados... ¡Para nada!”7.La ley desconoce que las mujeres, los poseedores, los ocupantes y los tenedores que hansido desplazados forzados enfrentan dificultades adicionales para que sus derechos seanidentificados e incluidos en el Registro Único de Predios.Los artículos 1 y 10 de la ley, que excluyen del proceso especial los predios adquiridosmediante la violencia, el desplazamiento forzado y la usurpación, no constituyen garantíaefectiva de protección de los derechos de las personas desplazadas.predios rurales existentes en la fecha de declaratoria de inminencia de riesgo o de ocurrencia de los primeroshechos que originaron el desplazamiento. Dicho informe, que debe precisar la titularidad de los derechosconstituidos, una vez avalado por el Comité, constituía prueba suficiente para que las personas desplazadasacreditaran la calidad de poseedor, tenedor u ocupante.5 ACNUR, citado supra en Nota 3, págs. 157 y 158.6 Ibid., págs. 158 y 159.7 Afirmación hecha por el Viceministro del Justicia, Doctor Guillermo Reyes, durante su intervención en laAudiencia Pública convocada por la Comisión Primera de la H. Cámara de Representantes, con ocasión deldebate al proyecto de ley 102 de 2006-Senado, 247 de 2007-Cámara, “por medio del cual se establece unproceso especial para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble”. Audiencia realizada el 15 deagosto de 2007. 3
  4. 4. Dichos artículos determinan que la carga de la prueba recae sobre las víctimas de estasconductas, quienes deben demostrar que ocupaban y hacían uso de los bienes inmuebles, locual resulta aún más difícil para quienes no poseen títulos de propiedad, especialmente paralas mujeres viudas o cabeza de familia.3. No brinda garantías para que la población desplazada pueda oponerse alsaneamientoLa ley no contempla ningún mecanismo efectivo que permita a las víctimas deldesplazamiento forzado oponerse durante el proceso de saneamiento. La diligencia deinspección judicial del predio es la única oportunidad que tendrán las víctimas para plantearoralmente las objeciones relacionadas con la propiedad, posesión, desplazamiento forzado,testaferrato y cualquier forma de violencia o engaño.Dada la extrema vulnerabilidad y el riesgo en que se encuentran las víctimas, estas nocontarán con garantías para oponerse a la pretensión de quien busque beneficiarse con elsaneamiento, ya que el ejercicio de su derecho a la defensa implica la participación endiligencias adelantadas en el municipio de donde fueron obligadas a desplazarse, en dondeestán presentes los grupos paramilitares presuntamente desmovilizados, que continúanviolando los derechos humanos e influyendo en las decisiones de las autoridades locales.Las personas desplazadas encontrarán dificultades para oponerse al saneamiento debido ala insuficiente publicidad contemplada en la ley y al elevado subregistro de prediosabandonados al que se hizo mención en el numeral 1 de este documento.4. Refuerza el proceso de impunidad para los crímenes cometidos por los gruposparamilitares y es contraria al derecho de las víctimas a la reparaciónHasta diciembre de 2007, las actas del Fondo de Reparación, creado por la ley 975 de 2005,reportaban la entrega por parte de los paramilitares de un total de 4.754,2 hectáreas depredios rurales y cinco bienes inmuebles urbanos8, lo cual equivale a un porcentajecomprendido entre el 0,07 y el 0,18 de las tierras abandonadas por la poblacióndesplazada9.8 Fondo para la Reparación de las víctimas, administrado por Acción Social, consultado el 17 de enero de 2008, en http//www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=455&conID=16679 Tomando como referencia el estimativo de la Contraloría General de la Nación de 2,6 millones de hectáreasabandonadas por la población desplazada hasta 2005, las tierras entregadas por los paramilitares hasta el 14 dediciembre de de 2007 corresponden al 0,18% de esa área. Las tierras entregadas por los paramilitaresequivalen al 0,07% de los 6,8 millones de hectáreas abandonadas hasta 2005, según el Proyecto de Protecciónde Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada de Acción Social. 4
  5. 5. La ley de saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble es contraria a losPrincipios básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de lasnormas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derechointernacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que establecen,entre otras obligaciones de los Estados, la de “[A]doptar disposiciones legislativas yadministrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; [p]roporcionar alas víctimas recursos eficaces, incluso reparación”10. La ley vulnera el derecho a larestitución reconocido en dichos Principios y en los Principios sobre la restitución de lasviviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas11, ya que constituyeun mecanismo que facilita la legalización del despojo del patrimonio de las víctimas deldesplazamiento, que se suma a la ausencia de aplicación de los mecanismos legales deprotección de los bienes de la población desplazada y al hecho de que los gruposparamilitares presuntamente desmovilizados no han hecho entrega de los bienes usurpadosmediante la violencia armada.Asímismo, la ley desconoce la preocupación del Representante Especial del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas sobre los derechos .humanos de las personas internamentedesplazadas, quien advirtió la importancia de “tratar con rigor la cuestión de laapropiación de las tierras por terceros durante el desplazamiento de la poblaciónoriginal”12. La ley también desconoce que el Representante Especial recomendó, entreotras medidas, declarar inválidos todos los títulos de propiedad de las tierras adquiridasbajo coacción e impedir las transacciones sobre esas tierras y exigir a quienes aspiran a losbeneficios de la ley 975 de 2005 declarar “toda la verdad, incluida la información sobrelos desplazamientos que han ocasionado y las tierras y las propiedades que confiscarondurante sus actividades, así como los nombres de las personas a quienes las transfirieronen caso de que no las hayan adquirido para sí mismos”13.La ley también ignora la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de losderechos de las víctimas del desplazamiento a la verdad, la justicia y la reparación, tribunalque en octubre de 2007, a través de la sentencia T-821 de 200714 ordenó la adopción de10 Naciones Unidas, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, AnexoPrincipios básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionalesde derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos yobtener reparaciones, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005,A/RES/60/147 21 de marzo de 2006, párrafo 3.11 Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones, Principios sobre la restitución de las viviendas yel patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005.12 Naciones Unidas, Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechoshumanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición Misión a Colombia, Consejo de DerechosHumanos, Cuarto período de sesiones, Tema 2 del programa provisional, A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de2007, párr. 54.13 Naciones Unidas, citado supra en Nota 10, párr. 80.14 Corte Constitucional, sentencia T-821 de 2007, M.P. (e): Catalina Botero Marino. 5
  6. 6. medidas para garantizar los derechos a la propiedad, la posesión y la restitución de losbienes de la población desplazada.Además, la ley refuerza el conjunto de reformas legislativas promovidas por el gobiernoque vulneran el derecho a la tierra, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, el Estatutode Desarrollo Rural y el programa Agro Ingreso Seguro, las cuales contribuyen a legalizarla posesión ilegal de los grupos paramilitares y el fomento de actividades agroindustrialesdesarrolladas en las tierras usurpadas y promueven la impunidad sobre el delito dedesplazamiento forzado.Un paso indispensable en el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano conrespecto a los derechos de las víctimas y las soluciones al desplazamiento es laimplementación de una política que satisfaga efectivamente el derecho a la restitución delas tierras de la población desplazada, para lo cual debe aplicar los Principios sobre larestitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas,que integran el bloque de constitucionalidad y que establecen, entre otras obligaciones, que“[L]os Estados no deben aprobar ni aplicar leyes que menoscaben el proceso derestitución, como leyes de abandono o prescripción arbitrarias, discriminatorias o injustaspor alguna razón”15.El desconocimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales,evidenciado en la aprobación de la ley de saneamiento de la propiedad inmueble,compromete seriamente su responsabilidad, contribuye a la impunidad de los paramilitaresconjuntamente con la ley 975 y actúa en desmedro de la población más vulnerable, paraquien la Constitución de 1991 reservó un tratamiento especial.Bogotá, 13 de marzo de 2008Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115)15 Naciones Unidas, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y de laspersonas desplazadas. Adoptados por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanosmediante resolución 2005/21 del 11 de agosto de 2005, principio No 19. 6

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