1. Seguridad y privacidad
Toda iniciativa de TI debe ofrecer seguridad y privacidad a la información que brindan los
usuarios. Por ello, la política de tecnologías de la información debe establecer reglas,
estándares y procedimientos para colectar, analizar, resguardar, compartir, usar, reutilizar
y combinar volúmenes enormes de información.
Al estar este proceso en transición, se requiere de expertos que faciliten la integración de
estas tendencias, así como la creación de los mecanismos de incorporación de la voz
ciudadana en los procesos, de manera que estos esfuerzos permitan valorar la satisfacción
de los usuarios para mantener una dinámica de mejora continua.
Es importante tener en consideración las políticas de innovación y transformación de la
sociedad, como el Sistema Nacional e-México, ya que esto permitirá alinear los esfuerzos
de transformación de los servicios ciudadanos, como la educación, la salud y la economía.
La mayoría de los países con experiencias exitosas en administración de las TI han sumado
a los esfuerzos gubernamentales los de los sectores privado y académico, en alianzas
estratégicas que les han permitido compartir costos y riesgos en la ejecución de
macroproyectos de modernización tecnológica gubernamental. La política de TI debe
promover alianzas entre diferentes sectores para la puesta en marcha de proyectos en las
instituciones públicas.
Existen varios aspectos de extrema importancia y que ejemplifican algunos de los
conceptos que requieren acciones, en materia de política informática, para crear un
gobierno innovador y de mejora continua. El establecimiento y uso de esquemas de
seguridad e Infraestructura de Llave Pública (PKI); el fortalecimiento de los registros
administrativos públicos; un esquema de interoperabilidad entre las agencias
gubernamentales; la homogeneización del marco cartográfico nacional, y un marco
jurídico adecuado, ofrecen áreas de oportunidad enormes que deben estar contenidas en
la política informática para facilitar un desarrollo ordenado que permita optimizar el uso
de los recursos tecnológicos y de información en nuestro país.
Estos aspectos requieren atención de manera prioritaria, pero quizá otros tendrán que
agregarse a esta lista ya que el desarrollo tecnológico vertiginoso nos obliga a adecuarnos
al cambio de manera permanente para aprovechar el potencial que nos ofrece y así
facilitar la innovación del gobierno.

2. Sistematización de la información
Respecto al fortalecimiento de los registros administrativos públicos, el uso de sistemas de
bases de datos permitió en todo el mundo sistematizar los procedimientos
administrativos que eran manuales y que creaban las montañas de papel como un signo
característico de la burocracia. Los países desarrollados cuentan con una inmensa riqueza
de información debido a esta sistematización. Desafortunadamente, en México no
supimos usar esta herramienta. Los resultados están a la vista: no tenemos un registro de
automóviles, no tenemos un buen registro civil (en el ámbito nacional), los registros
públicos de la propiedad y el comercio son deficientes, no existe un buen catastro y el
primer Sistema del Ahorro para el Retiro se colapsó porque no se pudo mantener una
buena base de datos. La lección que se deriva de estos fracasos es que la tecnología es la
parte más sencilla del proyecto, lo difícil es mantener depurada la información.
Una base de datos, que es fundamental para el buen gobierno, es la del RENAPO, pues la
CURP debe ser la clave única de acceso a todos los trámites con el gobierno.
Poner en orden los registros públicos no es tarea fácil, por lo que establecer reglas de
homologación de datos debe ser parte de la política informática nacional porque facilitará
la comunicación electrónica de los sistemas de diferentes instituciones y la consolidación
de información con fines estadísticos a costos muy marginales.
Uno de los temas obligados de los esquemas de e-gobierno en todo el mundo es la
interoperabilidad de las entidades gubernamentales. Este es un punto crucial, y para que
suceda se debe establecer una estrategia que forme parte de la política informática, pues
se requiere de la coordinación de todas las instituciones del gobierno federal en una
primera etapa y, posteriormente, de concertación con las de otros niveles de gobierno.
Para llevar a cabo con éxito la interoperabilidad hace falta la adecuación de los registros
públicos, y para la comunicación electrónica entre instituciones con reconocimiento oficial
es necesaria la firma electrónica.
La tecnología nos permitió crear bases de datos geográficos de gran calidad. En México,
alrededor de treinta instituciones del gobierno federal, y casi todas las entidades
federativas, han empezado a usar esa tecnología. Actualmente, hay gran diversidad de
tecnologías y marcos de referencia, por lo cual se hace necesario unificar criterios,
establecer normas y crear una base de datos uniforme.

3. Marco jurídico
Por último, es indispensable tener un marco jurídico adecuado, porque de otra manera las
leyes vigentes pueden convertirse en obstáculos insalvables ya que no contribuyen a crear
un ambiente de confianza en el uso de este nuevo modo de operar de las organizaciones.
La política informática debe integrar los esfuerzos de los diferentes sectores del país para
alcanzar este objetivo, permitiendo, en consecuencia, la potenciación de prácticas
gubernamentales innovadoras.
¿Qué puede hacer una política ambiciosa de TI por el desarrollo? Esta es una pregunta de
gran interés para México, donde seis millones de personas son analfabetas, cinco millones
no cuentan con electricidad, seis millones hablan una lengua indígena y 1.5 millones no
tienen acceso a servicios de salud. Sin duda, en la era del conocimiento la exclusión digital
y social son equivalentes. El reto para países como el nuestro es el de alinear la estrategia
de TI con la política social nacional.
El nuevo desafío de las TI se encuentra en saber aprovechar la internet para eliminar las
barreras que impidan la participación ciudadana y, con ello, envolver en la vida pública a
muchos grupos históricamente marginados. Aunque el reto mayor de la internet, en este
sentido, es el de facilitar oportunidades para la democracia directa (e-democracia), como
el voto electrónico en elecciones, podemos empezar con la transparencia y rendición de
cuentas del gobierno, así como la formación de comunidades en red que puedan
intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas.