El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes un informe sobre las prácticas de derechos humanos en Honduras durante el año 2022, en que resaltó que la corrupción y la falta de transparencia fueron dos problemas graves en el primer año del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda). El informe resalta, principalmente, que el 2 de febrero de 2022 el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley de amnistía política denominada "Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan". La misma incluye, entre otras, la absolución de delitos penales, tales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos. En ese sentido, el Departamento de Estado rescató que la ley de amnistía absolvió de algunos de esos delitos a funcionarios que trabajaron durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), quien fue derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 por promover un proyecto de constituyente a través de una consulta popular denominada "Cuarta Urna". Zelaya, más conocido como "Mel", es esposo y asesor presidencial de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Además de ser el coordinador general del Partido Libre. Entre los funcionarios beneficiados se encuentran el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza y el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri. Se conoce que más de medio centenar de solicitudes de extinción de responsabilidad penal fueron presentadas ante los entes competentes, en tanto que dirigentes de Libre aseguran que siete mil campesinos procesados por delitos que no existen podrían resultar favorecidos. Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción.