2009 año de las luces para el m.p.

Proceso Penal | Ministerio Público [ 1 ]
MINISTERIO
PÚBLICO
El 2009: El Año de las Luces
para el Ministerio Público
Una gestión caracterizada
por los avances a favor
de la justicia social
Tras la búsqueda
de la identidad desconocida
La denuncia: pieza fundamental
de la lucha contra la impunidad
Hacia el rescate
de la Plaza Carabobo
PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
AÑO II - Nº 2 - CARACAS, MAYO DE 2009

[ 2 ] Ministerio Público | Proceso Penal
En el combate
contra la impunidad,
tu denuncia y
participación son
importantes. Acude
a la Fiscalía Superior
de tu estado,
donde contarás
con la asesoría
de las oficinas de
Orientación
al Ciudadano
y el apoyo de
las Unidades de
Atención a la
Víctima.

Editorial
El Ministerio Público se ha consolidado como una
Institución cuyas propuestas se traducen en hechos
concretos, y es que nuestro lema “No a la Impunidad”
se ha expresado en logros que fueron expuestos en la
presentación del Informe Anual 2008 ante la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,
donde dimos cuenta de las cifras obtenidas tanto en
la solución de los casos que conocen nuestros fiscales
como en las tareas emprendidas para un mayor acerca-
miento al pueblo y la modernización de los servicios
que se prestan al público.
Iniciamos el 2009 con una nueva propuesta que
consistió en declarar esta segunda etapa de la gestión
como el “Año de las Luces”, orientándonos, en con-
secuencia, a generar iniciativas y sumar esfuerzos en
la preparación y actualización profesional, continua y
permanente, de nuestros funcionarios.
En este marco se ordenó la elaboración de planes
de estudios, a fin de que fiscales y abogados puedan
acceder a postgrados, diplomados y talleres especiali-
zados. Como impulso a esta iniciativa, el pasado mes
de enero nueve fiscales, junto al Director General de
Actuación Procesal, viajaron a España donde cursaron
estudios de especialización en Derecho en la Universi-
dad de Salamanca.
Por otra parte, se iniciaron talleres en todo el país
para actualizar los conocimientos de todos nuestros fis-
cales en un acto tan importante para el proceso penal
como lo es la imputación.
Asimismo, se han dado los primeros pasos para
que nuestra recién creada Escuela Nacional de Fiscales
del Ministerio Público cuente este año con un Centro
de Altos Estudios e Investigaciones Socio Jurídicas,
el cual estará integrado por un equipo multidisplina-
rio que tendrá la misión de realizar análisis e investi-
gaciones para luego presentar propuestas en relación
con temas que afecten tanto a la sociedad como a la
Institución, entre ellos, el sistema de enjuiciamiento, el
congestionamiento de causas en los despachos fiscales
y la violencia de género.
El Ministerio Público que estamos forjando tiene
plena conciencia de la necesidad de consolidar un pro-
ceso de intervención sistemática que asegure la com-
petencia que se requiere para tener mejores fiscales y
mejores funcionarios comprometidos con la función
que desempeñan dentro de la Institución.
Esta segunda entrega de la Revista Ministerio
Público nos permite mostrar al público en general la
nueva etapa que vive esta Institución, que no sólo se
ha limitado a su función esencial de ser garante de la
legalidad sino que ha ido más allá al apuntar hacia el
contenido social que debe conllevar la gestión de cada
una de las instituciones del Estado.
No a la Impunidad
Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República

Reflexiones
“La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y
con ella se sostiene la igualdad y la libertad.”
Simón Bolívar
“El que tiene un derecho no obtiene el de violar el
ajeno para mantener el suyo.”
José Martí
“Obra de modo que tu acción pueda servir de norma
a todos los hombres.”
Immanuel Kant
“La lectura forma al hombre; las conferencias lo alis-
tan; y la escritura lo perfecciona.”
Francis Bacon
“Con la buena educación es el hombre una criatura
mansa y divina; pero sin ella es el más feroz de los
animales. La educación y la enseñanza mejoran a los
buenos y hacen buenos a los malos.”
Platón
“Nunca consideres el estudio como una obligación
sino como una oportunidad para penetrar en el bello
y maravilloso mundo del saber.”
Albert Einstein
Logística
Iraida Puppio
Redacción
Coordinación de Análisis y Evaluación de Medios
Producción gráfica
Grupo CDupuy C.A.
Distribución
Dirección de Relaciones Institucionales
Depósito Legal: pp200802DC3071
Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Iraida Alfonzo
Vice Fiscal (e) General de la República
Alejandro Castillo
Director General de Actuación Procesal
Alis Boscán Baptista
Directora General de Actuación Procesal
Alexander Duarte
Director de Relaciones Institucionales
Simón Alberto Osorio
Coordinador de Análisis y Evaluación de Medios
Ingrid Carolina López
Coordinadora de Asuntos Públicos
Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo, avenida México.
Caracas, Venezuela. Teléfono (58+212)5097380/5098136
Publicación periódica del Ministerio Público. Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo dispuesto en la Ley.
Distribución Gratuita.
Nuestros agradecimientos a las personas que colaboraron en esta edición
Portada
Iniciamos el 2009 con una nueva propuesta que consis-
tió en declarar esta segunda etapa de la gestión como el
“Año de las Luces”, orientándonos, en consecuencia, a
generar iniciativas y sumar esfuerzos en la preparación
y actualización profesional, continua y permanente, de
nuestros funcionarios.

4 Comunidad
Los encuentros interparroquiales nos ayudan a
resolver problemas en las comunidades
6 Servicios
Reclamar un vehículo recuperado ya no es complicado
13 Criminalística
Tras la búsqueda de la identidad desconocida 17 Formación
El 2009: El año de las luces para el Ministerio Público
Fiscales fortalecen sus conocimientos sobre la Loppna
26 Drogas
Capacitación y trabajo mancomunado: elementos
claves en el combate contra las drogas
33 Gestión
Una gestión caracterizada por los avances a favor de la
justicia social
38 Derechos humanos
Protección de derechos humanos se antepone al poder
punitivo del Estado
44 Proceso penal
La denuncia: pieza fundamental en la lucha contra la
impunidad
Un total de 412 fiscales recibieron talleres de
capacitación para “blindar” actos de imputación
50 Familia
Un amparo para las mujeres
56 Institución
Un Ministerio Público inclusivo, participativo y
cercano al ciudadano
60 Vida
Plantar un árbol para sembrar vida
Hacia el rescate de la plaza Parque Carabobo
En esta edición

[ 6 ] Ministerio Público | Comunidad
En la misión de acercar más el Ministerio
Público a las comunidades, nuestra Institución ha rea-
lizado varios encuentros interparroquiales con la fina-
lidad de conocer a profundidad los problemas y nece-
sidades de los habitantes de diferentes parroquias del
Área Metropolitana de Caracas.
Es así como el Ministerio Público, a través de la
Fiscalía Municipal Primera del Municipio Bolivariano
Libertador y la Coordinación de Gestión Social, ha
realizado encuentros con comunidades de parroquias
como El Valle, 23 de Enero y Catedral.
Estos encuentros han permitido la creación de
las llamadas Mesas Técnicas Contra la Impunidad, en
las cuales se debaten los problemas de cada una de las
comunidades y se establecen responsabilidades, con el
objetivo de ir dando respuesta a las exigencias de los
ciudadanos.
La Fiscal Municipal Primera del Municipio Li-
bertador, Yaneth Herrera, explicó que en estas mesas
de trabajo participan autoridades civiles, policiales y
consejos comunales, instancias que se encargan de
discutir y debatir los problemas más puntuales como
la inseguridad, la prostitución, la venta de drogas y el
expendió de licores en horarios no permitidos, entre
otros temas.
Una vez que la Fiscalía Municipal Primera cono-
ce de cada uno de los problemas y planteamientos de
los diferentes sectores y parroquias, emprende el traba-
jo de coordinación, articulando con otras instituciones
y entes policiales correspondientes.
“Por ejemplo, en la parroquia Santa Teresa, se au-
mentaron los dispositivos de seguridad, incrementando
el recorrido y patrullaje policial. Con el Consejo del
Niño, Niña y Adolescente, la Guardia Nacional Boli-
variana y otras dependencias de la Alcaldía Libertador,
se logró el cierre de locales nocturnos y licorerías que
habían sido denunciadas por los consejos comunales.
De esta manera, el Ministerio Público, a través de la
Fiscalía Municipal Primera, ha estado coadyuvando la
prevención y disminución del delito”, explicó Herrera.
El objetivo de este tipo de actividades es acercar más
la Institución a los problemas existentes en cada una
de las parroquias y buscar soluciones
Encuentros Interparroquiales
ayudan a resolver problemas
en las comunidades
Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Henry Delgado

Delitos Comunes | Ministerio Público [ 7 ]
Garantizando respuestas oportunas
y efectivas a los ciudadanos
Más cerca del pueblo
Por su parte, el coordinador de Gestión Social del
Ministerio Público, Luis Bastardo, agregó que con todo
este trabajo que se viene realizando desde la Fiscalía
Municipal Primera, nuestra Institución se ha compene-
trado aún más con las comunidades y, por consiguiente,
se acerca más al pueblo.
“En la medida en que identifiquemos cuáles son
los problemas en las diferentes parroquias y comunida-
des, en esa misma media las políticas ha implementarse
serán mucho más efectivas. De allí la importancia de los
encuentros interparroquiales”, agregó.
El Coordinador de Gestión Social del Ministerio
Público señaló que la idea es conocer los problemas de
las comunidades para elaborar propuestas de Estado.
“Por eso, es fundamental el rol que actualmente juega
nuestra Institución dentro de las parroquias, participa-
ción que no sólo debemos tener nosotros sino otros
entes del Estado para dar respuestas a los habitantes de
los diferentes sectores”, señaló.

[ 8 ] Ministerio Público | Servicios
Reclamar un vehículo
recuperado ya no es
complicado
Solicitar la devolución de un automóvil robado
no implica mayores esfuerzos; siempre y cuando,
el propietario conozca el mecanismo para la
entrega
Texto: Henry Delgado
Foto: Ohan Llovera - Yesenia Pérez
Desde que fue aprobada la Ley Sobre el Hurto
y Robo de Vehículos Automotores, el 26 de junio de
2000, el Ministerio Público se ha esforzado por sim-
plificar los trámites para la devolución de vehículos re-
cuperados y descongestionar los estacionamientos que
sirven como depositarios de los mismos.
Es por ello que en el año 2004, a través de una
circular, se establecieron las normas para la devolu-
ción de vehículos recuperados, la cual ha permitido a
los fiscales en el territorio nacional unificar criterios en
lo referente al trámite y requisitos para la entrega de
automotores hurtados, robados o vinculados con una
investigación penal.
El objeto de la misma, es establecer el mecanismo
más idóneo y facilitar, a las víctimas de robo o hurto de ve-
hículos, la entrega oportuna de sus bienes. Estas normas
están fundamentadas en el artículo 10 de la Ley Sobre el
Hurto y Robo de Vehículos, en concordancia con el artí-
culo 311 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), los
cuales se refieren a la devolución de carros y objetos.
Y es que el trámite para solicitar la devolución de
un vehículo recuperado no tiene porque ser complicado,
ni traumático, siempre y cuando, el propietario conozca el
mecanismo. Entre los requisitos que deben consignar las
personas naturales, junto con la solicitud de entrega de un
vehículo, se encuentran la copia de la denuncia hecha ante
el organismo policial, cédula de identidad o pasaporte, en
el caso de los extranjeros sin residencia en el país, y el cer-
tificado de registro automotor o título de propiedad.
Cuando se tramite la entrega de vehículos nue-
vos, la persona debe presentar el certificado de origen y
la factura compra-venta. En cuanto a los autos usados,
deberá presentarse el soporte de la compra, además del
registro automotor.
Una vez consignadas las copias de estos do-
cumentos, previa confrontación con los originales, el
Fiscal ordenará las experticias necesarias al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc) o a cualquier otro organismo con competencia
especial o de apoyo para la investigación penal.

Servicios | Ministerio Público [ 9 ]

Dependiendo del caso, estas experticias pueden
ser: documentología, originalidad o reconocimientos
de seriales, activación de seriales borrados sobre metal,
reactivación de seriales, verificación de pintura, inspec-
ción de marca y señales, pruebas tecnológicas e inspec-
ción de mecánica y diseño, entre otras.
Si existe duda sobre las experticias realizadas, se
ordenarán otras con expertos distintos a los que ya in-
tervinieron, en presencia del fiscal y de funcionarios de
la Dirección de Asesoría Técnico Científica del Minis-
terio Público.
Cuando el vehículo es recuperado en una cir-
cunscripción distinta a aquella donde se encuentra
solicitado, el fiscal deberá ordenar la práctica de ex-
perticias para luego remitir la causa a la jurisdicción
donde cursa la investigación sobre el robo o hurto del
vehículo.
Los vehículos hurtados o robados que permane-
cen en los estacionamientos, sin ser reclamados, pasa-
rán al Fisco Nacional, previa solicitud del Ministerio
Público ante un Tribunal de Control, tal como con-
templa el artículo 15 de la Ley Sobre el Hurto y Robo
de Vehículos.
Pasos a seguir por la víctima
Cuando un ciudadano es víctima de robo o hur-
to de su automóvil, lo primordial es que denuncie el
delito lo antes posible en la División de Vehículos del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Cri-
minalística.
Una forma rápida, es hacer contacto con el Cen-
tro Telefónico de Atención al Ciudadano (CTAC), a
través del número: 0212- 508.41.00. El CTAC es un
servicio que ofrece atención inmediata a las víctimas
de hurto o robo de vehículos, durante las 24 horas del
día, los 365 días del año. Allí, su denuncia quedará re-
gistrada en el sistema computarizado del CTAC por un
período de 48 horas. En dicho lapso, la persona deberá
formalizar su denuncia personalmente ante la Delega-
ción del Cicpc más cercana a su domicilio.
Posterior a su denuncia en el Cicpc, debe dirigirse
a cualquier oficina del Instituto Nacional de Transporte
y Tránsito Terrestre (Inttt), y notificar sobre el hurto o
robo de su vehículo, para que el mismo sea registrado
como solicitado en su sistema computarizado.
En caso de que su vehículo posea algún sistema
satelital privado de localización, deberá comunicarse
con los prestatarios del servicio para que inicien el ras-
treo y poder colaborar con los organismos policiales
para su recuperación. Si el vehículo se encuentra ampa-
rado por alguna póliza de seguros, la víctima debe co-
municarse con su corredor de seguros, quien le indicará
los pasos a seguir para la notificación del siniestro en la
compañía aseguradora correspondiente.
Documentos claves
Al ser recuperado un vehículo denunciado; bien
sea por el Inttt, la policía municipal, la policía regional
o cualquier otro organismo de seguridad, estos deberán
informar a la división de vehículos del Cicpc, que se
encargará de notificar al Ministerio Público y al propie-
tario de la recuperación.
Una vez informado el legítimo propietario de la
recuperación, deberá consignar ante el Ministerio Pú-
blico original y copia del título de propiedad del vehí-
culo automotor y de la cédula de identidad.
1.- Si no posee título de propiedad por haberlo
extraviado, se debe consignar el original de certificación
de datos emanado del Inttt y la cédula de identidad.

En la calle
con las comunidades
2.- Si no posee título de propiedad por no haber
realizado los trámites aún en el Inttt: original y copia
de la factura de compra del vehículo, certificación de
origen y cédula de identidad.
3.- Si posee el título de propiedad a nombre de
otra persona: original y copia del título de propiedad,
todos los documentos notariados de compra venta y
cédula de identidad.
4.- Si no posee el título de propiedad o los do-
cumentos notariados de compra venta: solicitar ante el
Inttt la certificación de datos, y ante la (s) notaria (s) la
(s) copia (s) certificada (s) de dicho (s) traspaso (s), y
cédula de identidad.
5.- Si el vehículo no es de su propiedad: original
y copia del título de propiedad, poder notariado donde
el propietario autoriza que se le haga entrega del bien y
cédula de identidad de ambas partes.
6.- Si el vehículo está a nombre de una persona
jurídica: original y copia del título de propiedad, regis-
tro mercantil de la entidad, y cédula de identidad. La
persona que retire el vehículo debe ser miembro de la
Junta Directiva y aparecer en el acta constitutiva de la
entidad. Si la persona que retira el vehículo, no perte-
nece a la empresa; debe consignar original del poder
notariado donde algún directivo facultado para ello, le
otorgue el derecho a retirar el bien.
7.- Si el vehículo pertenece alguna compañía de
seguros: original y copia del título de propiedad, fini-
quito, registro mercantil, y cédula de identidad, inclu-
yendo, si ese fuera el caso, lo acotado en el segundo
aparte del punto anterior.
8.- Si el propietario del vehículo ha fallecido: ori-
ginal y copia del título de propiedad, acta de defunción,
acta de matrimonio si es casada(o) con el finado(a),
partida de nacimiento si el mismo lo retiran sus proge-
nitores, acta sucesoral, y autorización, en caso de haber
varios herederos.
9.- Si el vehículo es adquirido en el exterior: origi-
nal y copia expedida por Resguardo Nacional, certifica-
do de origen del vehículo del país donde fue adquirido
y cédula de identidad.
Una vez entregados y verificados los documentos
de propiedad, y obtenida la respectiva experticia de iden-
tificación de seriales, el Ministerio Público procederá a
emitir una orden de entrega dirigida al estacionamiento
judicial en el que se encuentre el vehículo para su in-
mediata devolución. Asimismo, se elaborará un oficio
dirigido a la Dirección Nacional de Investigación de Ve-
hículos del Cicpc y del Inttt, a fin de que sea excluido del
sistema computarizado como vehículo solicitado.

Creado frente contra sustracción
ilegal de materiales ferrosos
y no ferrosos
La Dirección de Delitos Comunes conformó un equipo integrado por seis fiscales
nacionales y 29 regionales
Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez

La madrugada del 18 de mayo de 2008,
tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
de Venezuela y seis civiles fueron sorprendidos por la
Policía Regional de Carabobo en la zona industrial del
sector Quizandal, en Valencia, cuando sustraían varios
metros de cables pertenecientes a la Compañía Anóni-
ma de Teléfonos de Venezuela (Cantv).
En Venezuela, en el negocio de la sustracción ilí-
cita de los materiales ferrerosos y no ferrosos, operan
grupos de delincuencia organizada; así como los “ma-
nos negras” o indigentes, quienes hasta el año pasado
mantenían en jaque a empresas del Estado y particula-
res por las pérdidas que significaba el robo o hurto de
este tipo de material.
Lo grave de la situación radica en que las em-
presas afectadas por esta práctica ilegal son pres-
tadoras de servicios y, por lo general, siempre que
ocurre el hurto de algún cableado o tubería, quedan
sectores y comunidades enteras sin energía eléctrica,
gas o teléfono.
Entre las empresas afectadas por la sustracción
ilícita de este tipo de material se encuentran la Electri-
cidad de Caracas, Metro de Caracas, Petróleos de Vene-
zuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Compa-
ñía Anónima y Fomento Eléctrico (Cadafe), Eleocen-
tro Apure, Enelbar-Región Lara, Enelven-Región Zulia,
Hidrocapital, entre otras, las cuales reportaban pérdidas
mil millonarias hasta abril de 2008 cuando el Ministerio
Público, conjuntamente con los organismos de seguri-
dad, decidió crear un frente para frenar el delito.
La Institución, a través de su Dirección de De-
litos Comunes, designó a seis fiscales nacionales y 29
regionales para atender la problemática que existía en
varios estados del país entorno al hurto y robo de co-
bre, aluminio y otros metales.

[ 14 ] Ministerio Público | Delitos Comunes
Desde el 4 de abril de 2008 hasta diciembre del
mismo año, nuestra Institución logró instruir 272
casos, que se encuentran en la fase preparatoria; 53
en fase intermedia; dos en juicio y hasta la fecha se
han logrado 9 condenatorias. Ello, según las empre-
sas afectadas, ha redundado en la disminución de la
comisión de los delitos como el hurto, robo o daño a
sistemas de telecomunicaciones y a sistemas de ser-
vicio público.
Estados más afectados
De acuerdo con las cifras de la Dirección de Deli-
tos Comunes del Ministerio Público, entre los estados o
entidades más afectadas por este tipo de práctica ilícita
se encuentran Barinas, Zulia, Táchira, Falcón, seguidos
por Lara, Trujillo y Yaracuy.
Por ejemplo, durante el año pasado en los cuatro
primeros estados de la lista anterior, se logró incautar
en diferentes operativos, la cantidad de 1.580 tubos uti-
lizados por Pdvsa para la perforación de pozos; 225.073
kilogramos de diferentes metales; 29.600 kilogramos de
aluminio; 616 metros de cable de diferentes calibres,
entre otros.
La cantidad de cables y metales hurtados varía de
acuerdo con los estados; sin embargo, se habla de un
aproximado de más de 350 mil kilogramos sustraídos
ilegalmente de las empresas del Estado y privadas.
Asimismo, en los diferentes operativos también
se han decomisado gran cantidad de implementos uti-
lizados para cometer la sustracción de este tipo de ma-
terial como son las barras de metal, tensores, llaves de
tubo, pernos de metal, entre otros.
En el informe pormenorizado que lleva la Di-
rección de Delitos Comunes del Ministerio Público,
también se da cuenta de 35 vehículos de carga, entre
gandolas y camiones, que son utilizados para el trans-
porte del material, lanchas de navegación con moto-
res fuera de borda y demás accesorios, que han sido
decomisados a los grupos de personas que se dedican
a esta práctica.

Criminalística | Ministerio Público [ 15 ]
El mundo actual no se parece en nada
al que vivieron nuestros padres. Los adelantos cientí-
ficos y tecnológicos, sumados al gran volumen de des-
plazamiento humano, lo ha hecho más complejo desde
todo punto de vista.
Hoy día, la frecuencia de las grandes tragedias y
las acciones de la delincuencia para enturbiar las inves-
tigaciones penales, hacen difícil la identificación de las
víctimas de accidentes o de acciones del hampa.
En los últimos años, la investigación de la esce-
na criminal se ha vuelto más compleja y sofisticada, lo
mismo le ha sucedido a la Antropología Forense.
Un trabajo realizado por la antropólogo foren-
se Livia Muñoz Andrade, de la Dirección de Asesoría
Técnico Científica e Investigaciones del Ministerio Pú-
blico, denominado “La Antropología Forense y su utili-
dad dentro de la Criminalística”, destaca la importancia
que esta ciencia ha cobrado en los últimos años para
resolver casos cada vez más complejos.
La especialista precisa que en la identificación de
restos humanos o no, la antropología forense como
ciencia incluye las excavaciones arqueológicas, examen
del cabello, insectos, plantas y huellas de pisadas, de-
terminación del tiempo transcurrido desde la muerte,
reconstrucción facial, superposición fotográfica, detec-
ción de variantes anatómicas y el análisis de lesiones y
tratamientos médicos pasados.
Tras la identidad
desconocida
En el mundo, la criminalística tiene un aliado
excepcional en los antropólogos forenses,
especialmente ahora que con frecuencia
ocurren tragedias humanas como los
accidentes aéreos que dificultan
la identificación de las víctimas
Texto: Gilberto Rivero
Foto: Oham Llovera - Yesenia Pérez
Así, los antropólogos forenses ayudan primera-
mente a identificar un cuerpo con base en la evidencia
disponible. “Cuando un esqueleto es encontrado en un
área boscosa, es llevado a la morgue o laboratorio an-
tropológico para su evaluación. El primer paso es de-
terminar si estos restos son humanos, de animales, o de
materia inorgánica. De ser humanos, un antropólogo
estimará la edad, raza, sexo, y estatura del cuerpo”.
Si el esqueleto muestra evidencia de sepultura
prolongada o está acompañado de ataúdes o restos de
utensilios, generalmente representa una sepultura, his-
tórica o prehistórica más que una muerte reciente.
Los equipos de construcción de casas o caminos
frecuentemente desentierran estos esqueletos durante
excavaciones. Luego de combinar toda la evidencia, el
Antropólogo determinará el posible significado de los
restos para las autoridades médicas y legales.

[ 16 ] Ministerio Público | Criminalística
Aunque la principal tarea es determinar la identidad
del occiso, también proporcionan información sobre el
tipo y tamaño del arma usada y el número de golpes que
han recibido las víctimas de crímenes violentos.
Conviene aclarar que son los patólogos forenses
o expertos relacionados en la medicina forense, quienes
determinarán la causa del deceso.

Revisando el esqueleto
La mayoría de los antropólogos se encuentran ín-
timamente familiarizados con la anatomía humana, la
cual varía de acuerdo con las diferentes poblaciones.
Algunos antropólogos también poseen experien-
cia en ciencias policiales o medicina y manejan campos
como la serología, toxicología, Investigación de la esce-
na del crimen, manejo de evidencia y fotografía.
Aunque son limitados en número, hay antropó-
logos que trabajan con análisis de huellas de pisadas y
especies de insectos carroñeros con relación a la esti-
mación del tiempo transcurrido desde la muerte.
Refiere el estudio realizado que quizás la habili-
dad de mayor valor que posee el antropólogo forense
sea su familiaridad con las sutiles variaciones en el es-
queleto humano.
Aunque la mayoría de los esqueletos adultos tie-
nen la misma cantidad de huesos (206), no existen dos
esqueletos idénticos. Por lo tanto, las observaciones
de patrones o rasgos característicos a menudo llevan a
identificaciones positivas.
El método más frecuentemente usado es la com-
paración de imágenes fotográficas. Si tales imágenes no
existen, o se encuentran fuera del alcance del antropó-
logo, las lesiones óseas antiguas o variantes anatómicas
reveladas en otras imágenes pueden proveer la eviden-
cia comparativa necesaria para el establecimiento de
una identificación positiva.

Criminalística | Ministerio Público [ 17 ]
La antropología forense cumple un papel impor-
tante dentro de la administración de justicia, por ello sus
funciones están orientadas a realizar estudios anátomo-
antropológicos específicos para identificar cadáveres
y restos óseos por diferentes causas de muerte como:
carbonización, mutilación, putrefactos, desmembrados,
descuartizados, entre otros.
Asimismo, el antropólogo forense cuando inter-
viene en casos aislados como en un desastre masivo,
tendrá en cuenta al tener el conocimiento del hecho,
elaborar el cuadro antropológico que consistirá en la
biología general o post-mortem de los individuos que
se están examinando.
La misma incluirá patrones generales de edad,
sexo, estatura, afinidad racial, biotipología o constitu-
ción física, tiempo de la muerte desde el punto de vista
antropológico y como características particularizantes,
las callosidades óseas, fracturas antiguas, asimetrías,
operaciones quirúrgicas y otras, refiere el estudio.
También se hace una recopilación de la infor-
mación suministrada por parte de terceros y tomar los
registros pre-mortem: como son patologías, cicatrices,
lunares, fracturas, asimetrías, enfermedades, tatuajes,
entre otros, con la finalidad de ayudar a la etapa identi-
ficativa, que conjuntamente con todos estos elementos
de convicción se podrá demostrar con métodos cientí-
ficos, las semejanzas o diferencias entre los datos obte-
nidos a fin de establecer una identidad positiva.
¿Cómo hace el antropólogo forense para
establecer la identidad?
De acuerdo con este trabajo de la antropóloga
forense Livia Muñoz Andrade, existe un conjunto de
métodos y técnicas que ayudan a la realización de cada
estudio de individualidad humana.
A) Para el diagnóstico del sexo se toman: genita-
les externos, pelvis ósea, cráneo, huesos post-craneales,
índices craneales y post-craneales y análisis morfológi-
co en general.
B) Para el diagnóstico racial: Las razas deben ser
consideradas como conglomerados de poblaciones que
comparten una historia biológica común.
C) Filiación o incidencia racial: Son los principa-
les rasgos que constituyen el patrón morfológico to-
tal de una población. Los tres grandes troncos raciales
son: caucásico, mongoloide y negroide.

D) Para la estatura se realiza un análisis métri-
co de los huesos largos, luego a través de las tablas de
comparación de estatura y las respectivas fórmulas, se
procede a la determinación estatural del individuo en
estudio. Igualmente, se utilizan otros métodos como la
reconstrucción de fragmentos y la superposición foto-
gráfica de huesos largos.
E) Para la edad, se usa la disposición del siste-
ma piloso en general, puntos de osificación, aparición
y fusión de epífisis, modificación de la unión pubiana,
índices craneales y post-craneales y análisis morfológi-
co general.
F) Para la identificación de la biología individual
se tomarán como referencia la patología, comparación
cráneo-fotografía, reconstrucción y comparación de la
fisonomía facial, tatuajes, cicatrices, asimetrías, interven-
ciones quirúrgicas, indicadores de tensión, entre otras.
Actualmente, mediante el peritaje antropológi-
co (descripción del sistema óseo) se estudia el cráneo
en todas sus formas, la frontal, basal, occipital, lateral,
vertical y sus respectivo maxilares superior e inferior.
También, se revisa el esqueleto post-craneal y de ser
necesario la clavícula, esternón, arcos costales, colum-
na vertebral, húmeros, radios, cúbitos, escápula, cintura
pélvica, fémur, tibias, peronés y huesos del pie, todos
con el fin de lograr una identificación positiva.
Hay cuerpos que han podido ser identificados por
traumatismos antiguos, callosidades óseas y fracturas.
Investigación criminal y criminalística
Con su trabajo e intensivo entrenamiento y ex-
periencia en la diferenciación entre restos humanos y
no humanos, el antropólogo forense puede determinar
con certeza la edad al momento de la muerte, afilia-
ción racial, sexo, estatura, tiempo transcurrido desde la
muerte, trauma óseo, daños y alteraciones post-mortem
al esqueleto, y el establecimiento de una identificación
positiva basada en la evidencia ósea y dental.
Tal información puede ser obtenida de cuer-
pos completos o de aquellos parcialmente destruidos
por quemaduras, accidentes aéreos, mutilaciones in-
tencionales, desmembramientos, explosiones y otros
desastres masivos. De hecho, un antropólogo forense
es ahora un miembro integral de la mayoría de las uni-
dades de desastres masivos.
En un país como Venezuela que es garantista
de los derechos humanos de sus ciudadanos, se requie-
re para la resolución de hechos delictivos, de la capaci-
dad y experiencia de los antropólogos forenses, pues
los métodos de antaño de tortura y coerción contra los
involucrados en un delito, no tienen cabida en el mun-
do actual. He allí la importancia de estos expertos.

Formación | Ministerio Público [ 19 ]
La educación continua es de gran relevancia
para el crecimiento intelectual de las personas, en espe-
cial si se trata de profesionales como los fiscales del Mi-
nisterio Público, quienes deben estar al día con el cam-
biante acontecer jurídico para, de esta manera, ofrecer a
los ciudadanos respuestas más eficientes en las materias
legales que les ocupan.
En este marco, la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, decidió declarar el 2009 como El
año de las Luces para el Ministerio Público, a fin de orien-
tar los esfuerzos institucionales a la formación acadé-
mica de todos los funcionarios de la Institución.
La Fiscal General ordenó, en consecuencia, la
elaboración de planes de estudios, a fin de que fiscales
y abogados puedan acceder a postgrados, diplomados y
talleres especializados.
En este sentido, explicó que se están celebran-
do convenios con algunas universidades nacionales e
internacionales, producto de ello, fue el viaje que re-
cientemente realizó a España un grupo de funcionarios
del Ministerio Público donde participaron en cursos de
especialización de derecho, específicamente en la Uni-
versidad de Salamanca.
El grupo que asistió a España, entre el 10 y el 29
de enero de 2009, estuvo conformado por 10 funciona-
rios del Ministerio Público: Alejandro Castillo, director
general de Actuación Procesal; Daniel Medina, fiscal
nacional de Bancos, Seguros y Mercado de Capitales;
Mercedes Prieto Serra, fiscal 5° ante las Salas de Casa-
ción y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia;
Jessica Waldman, fiscal 5° nacional; Carmen Moreno,
fiscal 27° nacional; Néstor Castellano Molero, fiscal 34°
nacional; José Villamizar, fiscal 36° nacional; Lizette
Rodríguez, fiscal 50° nacional; Jesús José Capote, fiscal
61° nacional y Yemina Marcano, fiscal 119° del área
Metropolitana de Caracas.
La máxima autoridad del Ministerio Público se-
ñaló que una de las metas para este año 2009 será con-
solidar un proceso de intervención sistemática que ase-
gure la competencia que se requiere para tener mejores
El 2009: El Año de
las Luces para el
Ministerio Público
Como parte de esta iniciativa, una delegación
de funcionarios de la Institución, entre ellos el
Director General de Actuación Procesal, realizó
recientemente en España cursos de especialización
en la Universidad de Salamanca
Texto: Alba Niño
Foto: Jesús Del Rosario - Yesenia Pérez - Henry Delgado

[ 20 ] Ministerio Público | Formación
fiscales y mejores funcionarios comprometidos con la
función que desempeñan dentro de la Institución.
Al respecto, sostuvo que desde el Ministerio Pú-
blico se harán propuestas de Estado como, por ejem-
plo, las relacionadas con política criminal o en materia
de violencia de género, pues considera que los casos
que tienen impacto social también tienen un impacto
en la Institución: “Lo importante es tener la iniciativa
de investigar y proponer ideas”.
Por ello, anunció que, en este Año de las Luces,
la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Públi-
co contará además con un Centro de Altos Estudios e
Investigaciones Socio Jurídicas, el cual estará integrado
por un grupo de abogados que tendrán la misión de
realizar análisis e investigaciones para luego presentar
propuestas en relación con temas que afecten tanto a la
sociedad como a la Institución, entre ellos, el conges-
tionamiento de causas en los despachos fiscales.
En relación con el grupo seleccionado que via-
jó a España, dijo que son trabajadores del Ministerio
Público que han dado mucho por la Institución. Aña-
dió que constantemente evaluarán a los demás fiscales,
abogados y directores, a quienes también les darán la
oportunidad para que se preparen académicamente.
Indicó que los postulados deberán aprovechar al
máximo los conocimientos durante el desarrollo de la
actividad y aplicarlos a su trabajo diario para que este
sea más efectivo, para que puedan ser funcionarios ta-
lentosos, críticos y creativos, con la finalidad de obtener
mejores resultados y poder enfrentar la corrupción, bu-
rocracia, mediocridad y hacer real la consigna del Mi-
nisterio Público: ¡No a la Impunidad!.
“Ustedes tienen un compromiso con la Patria,
con el Ministerio Público, con sus compañeros de tra-
bajo y con la sociedad en general. Van a formarse en
Salamanca para dar mayor respuesta, para fortalecer la
Institución y con ello fortalecer el país. Tienen el serio
compromiso de consolidar el sistema de justicia penal”,
concluyó Ortega Díaz.
Se espera que los beneficiados por esta serie de
cursos se conviertan en multiplicadores de sus expe-
riencias en los distintos estados del país, donde hagan
llegar los conocimientos adquiridos a otros funciona-
rios del Ministerio Público.

Derechos Humanos | Ministerio Público [ 21 ]
Yemina Marcano, fiscal 119 área metropolitana
de Caracas
“Puedo decir con mucho orgullo que fue una gran
oportunidad de enriquecimiento y a la vez, de
fortalecimento de nuestros conocimientos en materia
de Derecho. Espero retribuirlo con mucho trabajo y
estoy dispuesta a reproducir todo lo aprendido en este
importante y valioso curso de especialización”.
Alejandro Castillo, director general de Actuación
Procesal
“En principio, nosotros como Ministerio Público
tenemos que crecer para ser más útiles a la sociedad
y para crecer como Institución tenemos que crecer
como personas y profesionales. Lo importante de esto,
es que conforme a lo que establece la doctora Ortega,
nosotros tenemos que prepararnos para ser más útiles
a la colectividad y lo veo como un avance. Me siento
feliz de haber sido uno de los postulados”.
Jessica Waldman, fiscal 5° nacional
“Esta es una oportunidad no solamente para adquirir
conocimientos sino para compartir experiencias con
personas de otros países y así enriquecernos cada
vez más”.
Néstor Castellano Molero, fiscal 34 nacional
“Me siento orgulloso. Para mí fue una sorpresa porque
uno piensa que no te están observando en el Ministerio
Público pero, sin embargo, ese día a día definitivamente
lo toman en cuenta. Aprovecho la oportunidad para
hacer una invitación a los funcionarios de la Institución
a que demos un poquito más porque sí se nos está
tomando en cuenta para nuestra preparación, lo cual
va en pro de la Institución”.
Vía Salamanca
Orlando Villamizar, fiscal 52° nacional
“Tuve la gran oportunidad de participar en el Curso
Delincuencia Organizada, Terrorismo, Narcotráfico
y Corrupción, temas que son de vital importancia
actualmente en nuestro país y a nivel universal.
Contamos con ponentes de primera línea, unos
eran jueces y fiscales de la Audiencia Real, otros
eran catedráticos de la referida universidad. Pero en
líneas generales, todos con una amplia experiencia
que aportaron los conocimientos que son de vital
importancia en nuestro recorrer como fiscales”.
Misión cumplida

Serenas, puntuales, claras y firmes fueron las
palabras pronunciadas por la Fiscal General de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, durante el acto de juramen-
tación de 49 funcionarios, entre ingresos y ascensos,
llevado a cabo en el auditorio del edificio principal del
Ministerio Público el pasado mes de febrero.
En el acto, donde estuvieron presentes la Vice
Fiscal, Iraida Alfonzo, y demás directores de la Institu-
ción, la Fiscal Ortega Díaz se refirió al plan de prepa-
ración y formación académica de los funcionarios del
Ministerio Público, al tiempo que instó a los presentes a
enmendar las debilidades observadas en la Institución.
Destacó que los funcionarios deben tener clara
la responsabilidad de Estado que implica la labor de
un fiscal del Ministerio Público, y “deben estar pre-
parados para ello”, por lo que insistió en el plan de
formación académica de todos los funcionarios de la
Institución, motivo por el cual impulsará actividades
en ese aspecto.
Durante su alocución, comentó que un grupo de
10 funcionarios del Ministerio Público, encabezados
por el director general de Actuación Procesal, Alejan-
dro Castillo, regresó de Salamanca, lugar al cual asis-
tieron para cursar estudios de especialización. Espera
que dicha experiencia se pueda repetir a mediados de
este año.
Informó que giró instrucciones a los fines de que
se dictara un taller sobre el proceso de imputación. En
ese sentido, dijo que todos los abogados deben manejar
lo qué es la imputación y cómo se formula.
Añadió que posteriormente se fortalecerán otras
áreas como actos conclusivos y audiencias preliminares.
La Fiscal General reiteró sobre la importancia
de la preparación y capacitación académica de los fun-
“Es fundamental formación
académica de funcionarios”
Durante un acto de juramentación de
trabajadores del Ministerio Público, la Fiscal
General de la República señaló que impulsará las
actividades de capacitación
Texto: Lérida Marín González | Foto: Henry Delgado - Jesús Del Rosario

cionarios, y resaltó que los fiscales deben leer y revisar
las actas policiales. “A quienes hoy ingresan quería ad-
vertirles esto: al fiscal le tiene que gustar leer, si no les
gusta leer no les veo un futuro promisorio aquí en el
Ministerio Público”.
Refirió el caso de un fiscal del Ministerio Público,
quien debió presentar a una persona por la presunta co-
misión del delito de porte ilícito de arma; pero además
dicho ciudadano tenía varias órdenes de captura por
otros hechos: “tenía todo un prontuario policial”. No
obstante, el fiscal obvió semejantes detalles y solicitó al
Tribunal de Control que se acordaran medidas cautela-
res. Esto generó su destitución.
“Quiero que sepan también que vamos a ser
implacables; vamos a ser implacables con la conduc-
ta de los fiscales, no vamos a tolerar la falta de disci-
plina en prepararse, la irresponsabilidad, las trampas
y mucho menos vamos a tolerar, oigan esto, los re-
posos falsos”.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, indicó
que hará esfuerzos para que los fiscales sean los me-
jores, los más técnicos, expertos y conocedores del
área y que se sientan orgullosos de trabajar en el Mi-
nisterio Público.

Preparación y estudio de los fiscales
y funcionarios del Ministerio Público son las premi-
sas actuales de la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, razón por la cual la Escuela Nacional de
Fiscales organizó un ciclo de conferencias magistrales,
con invitados nacionales e internacionales, que habla-
ron sobre “El Sistema Penal en los Albores del Nuevo
Siglo”.
La actividad que tuvo lugar en el edificio sede del
Ministerio Público entre el 3 y 5 del pasado mes de di-
ciembre, fue dirigida a fiscales y demás funcionarios de
nuestra Institución, quienes intercambiaron experien-
cias con ponentes del kilate de Jorge Perdomo, profe-
sor de la Universidad Externado de Colombia, quien
disertó sobre “El principio de oportunidad en el siste-
ma penal acusatorio”.
Al día con nuevas
tendencias en
materia penal
El Ministerio Público a través de talleres y cursos
promueve el intercambio de conocimientos con
especialistas internacionales para la formación
de los fiscales
Texto: Reinaldo Vargas
Foto: Jesús Del Rosario - Yesenia Pérez
Igualmente, escucharon la intervención magistral
de Fernando Díaz Colorado, catedrático de la Univer-
sidad Pontificia Javeriana, en Colombia, quien expuso
sobre “La psicología jurídica”.
Otros de los ponentes que arrancó aplausos por
la calidad académica de su exposición fue Javier Sán-
chez-Vera, profesor de la Universidad Complutense
de Madrid, quien expuso sobre “El tratamiento de la
imputación objetiva” en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo del Reino de España.
La subdirectora de la Escuela Nacional de Fisca-
les, Marisela Lucena, en el programa de radio En Sinto-
nía con el Ministerio Público, calificó la actividad como
exitosa, puesto que se logró el objetivo que era el inter-
cambiar conceptos y enfoques de las nuevas tendencias
y paradigmas en materia penal.

“Esto es para cumplir acciones con un perfil de
objetividad e imparcialidad, que son necesarios en la ac-
tualidad para consolidar el Estado democrático, social, de
derecho y de justicia”, dijo en esa oportunidad Lucena.
Recalcó que es importante los fiscales estén ac-
tualizados en materia de conocimiento desde el punto
de vista penal.
Compromiso jurídico y social
Asimismo, explicó que para el Ministerio Públi-
co, como ente rector de la investigación, no sólo es in-
soslayable analizar permanentemente el ordenamiento
jurídico, la jurisprudencia, la ciencia del derecho penal
y demás materias que comprenden esta ciencia, sino
también meditar y profundizar sobre diversos aspec-
tos de índole jurídico.
Para Lucena los fiscales deben estar atentos de
los resultados que arrojan los estudios normativos
y los no normativos, referidos no sólo al derecho
penal sino también a todo lo que él involucra, y a
todas las dimensiones del sistema penal, referidas
a valores, personas, instituciones y procesos, entre
otros aspectos.
Consideró que así como es importante que los
fiscales y abogados conozcan y analicen el sistema
penal venezolano, también es relevante que los estu-
diosos del derecho posean conocimientos de sistemas
penales de otros países, puesto que permitirá valorar
esas visiones o experiencias.
Durante su intervención en el espacio radial
manifestó que este ciclo de conferencias podría to-
marse en cuenta para fortalecer aún más el sistema
penal, especialmente en estos tiempos que deman-
dan respuestas cada vez más rápidas y eficaces para
resolver los distintos y complejos conflictos sociales
que se presentan.

Durante dos días, el Ministerio Público
se enfocó en la discusión del Sistema Penal y de Protec-
ción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
actividad en la cual participaron los funcionarios cuya
labor está vinculada al área.
El evento, organizado por la Escuela Nacional de
Fiscales del Ministerio Público, se realizó con el ob-
jetivo de fortalecer los conocimientos en virtud de la
reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes (Lopnna), ocurrida en el mes de
diciembre de 2007.
Al pronunciar las palabras de instalación del cur-
so, la Vice Fiscal General, Iraida Alfonzo, señaló que
el derecho es evolutivo, impregnado de calidad social y
no puede ser descontextualizado de los procesos que
se han dado en el nuevo Estado venezolano que se
está creando.
Explicó que se tiene una gran mora en relación
con el área de los niños, niñas y adolescentes. “Hay
que tener criterio de Estado. Esta materia no la resol-
vemos sólo en cuatro paredes; aquí discutimos pero
salimos a acercarnos a una colectividad”. Al mismo
tiempo invitó a los participantes en la actividad a hacer
una reflexión acerca de las medidas o decisiones que se
deben tomar, al momento de establecer la responsabi-
lidad penal de adolescentes.
Aseguró que la Lopnna implicó la superación
definitiva de la visión y valores propios de la doctrina,
en la cual se fundamentó el tema durante más de medio
siglo.
Fiscales fortalecen sus
conocimientos sobre la Lopnna
Destacados ponentes intervinieron
en el curso Sistema Penal
y de Protección de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes
Texto: Lérida Marín González
Foto: Jesús Del Rosario

Familia | Ministerio Público [ 27 ]
Asimismo, la reforma contempla procedimientos
para garantizar que la solución de problemas sea más
expedita, oportuna y sin complicaciones, lo cual se tra-
duce en un verdadero acceso a la justicia. Consideró
que la ley representa otro paso importante en el proce-
so de construcción de una sociedad humanista.
En relación con los ponentes, la primera en in-
tervenir fue la docente de la Universidad Central de
Venezuela, María Inmaculada Pérez, con la conferen-
cia “La protección de los derechos de los niños por el
Derecho Penal”.
En la misma refirió el objeto de la Ley que regula
la materia, que no es otro que el de “garantizar a todos
los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el
territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efec-
tivo de sus derechos y garantías, a través de la protec-
ción integral que el Estado, la sociedad y la familia de-
ben brindarles desde el momento de su concepción”.
Indicó que el artículo 117 de la Ley hace refe-
rencia al sistema rector nacional para la protección de
niños, niñas y adolescentes, que comprende el conjunto
de órganos que formulan, evalúan y controlan las po-
líticas y acciones destinadas a la protección y atención
del citado sector de la población.
También, intervino como ponente el juez pre-
sidente de la Corte 2° del Circuito de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, José Ángel Rodríguez,
con el tema “Instituciones Familiares a la luz de la
reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes”.
Hizo mención al establecimiento de nuevos con-
ceptos en la Ley tras la reforma del año 2007, entre
estos, el de responsabilidad de crianza, la obligación de
manutención y convivencia familiar.
Asimismo, se dictaron las ponencias “El sistema
penal de responsabilidad del adolescente”, por Genny
Rodríguez, de la Dirección de Protección Integral de
la Familia del Ministerio Público, y “La tutela judicial
efectiva en la reforma de la Lopnna”, por parte de Cris-
tóbal Cornielis, de la Sala de Casación Social del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ).
Además, intervinieron el magistrado Juan Rafael
Perdomo y Enrique Dubuc, ambos de la citada Sala del
TSJ. El primero expuso sobre la audiencia preliminar,
su objeto, procedimientos, las fases de mediación y de
sustanciación y la comparecencia, mientras que Dubuc
se refirió a los recursos contemplados en la Lopnna,
como los de apelación, casación y la revocatoria.
El curso contó con la asistencia de la Vice Fiscal
General; directores del Ministerio Público; representan-
tes de la Escuela Nacional de Fiscales, de la Defensoría
del Pueblo y del Consejo Nacional de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente y de los municipios Liberta-
dor, Chacao y Baruta.

[ 28 ] Ministerio Público | Drogas
ElMinisterioPúblico,atravésdesuDirección
de Drogas, realizó entre el 11 y 12 de diciembre 2008, la
III Convención Nacional en Materia de Drogas y Legi-
timación de Capitales, evento que sirvió para ofrecerle
a fiscales y funcionarios información en torno a esta
rama de la delincuencia organizada, la cual es combati-
da por distintos organismos e instituciones del Estado.
El director de Drogas del Ministerio Público,
Leoncio Guerra, considera que para luchar contra este
flagelo en Venezuela no sólo es indispensable el trabajo
mancomunado y coordinación de todos los organismos
comprometidos en el combate contra el narcotráfico y
la legitimación de capitales, sino también la preparación
de todos y cada uno de los funcionarios.
Para Guerra, la industria del narcotráfico cada día
se técnifica más, se especializa más, por lo que estima
que es necesario la especialización de fiscales, funciona-
rios y policías, así como la creación de tribunales espe-
cializados en dicha materia.
En tal sentido, informó que el Ministerio Públi-
co estudia la posibilidad de reunirse con representantes
del Poder Judicial para sugerirles la necesidad de crear
juzgados que sólo se ocupen de procesar a personas
que hayan incurrido en delitos tipificados en la Ley Or-
gánica Contra el Tráfico y Consumo Ilícito de Sustan-
cias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El director de Drogas agregó que con activida-
des como la III Convención Nacional en Materia de
Drogas y Legitimación de Capitales se persigue arti-
cular el trabajo para tener estrategias coherentes entre
las instituciones que se dedican a la lucha contra la
legitimación de capitales y el narcotráfico; pues “el
Ministerio Público no va a poder sólo. A pesar de que
tenemos a fiscales preparados y con conocimientos
sólidos en la materia, si no nos ponemos de acuerdo
con las políticas a ejecutar, el trabajo se va a hacer más
difícil”.
Asimismo, Guerra aprovechó la oportunidad
para exaltar el trabajo que vienen realizando los fisca-
les del Ministerio Público y los funcionarios de otras
instituciones, lo cual se traduce en mayor número de
imputaciones, de actos conclusivos, de sentencias, de
decomiso y destrucción de drogas.
Capacitación y trabajo mancomunado:
elementos claves en el combate contra
las drogas
Los especialistas coinciden en que parte del
éxito en el combate contra el narcotráfico,
depende de la unificación de criterios y políticas
entre las instituciones
Texto: Reinaldo Vargas | Foto: Jesús Del Rosario

Drogas | Ministerio Público [ 29 ]
Durante su intervención también hizo referencia
el sacrificio que representa para los fiscales la lucha con-
tra la delincuencia organizada, específicamente, contra
el narcotráfico y la legitimación de capitales.
El secreto
Por su parte, el director general de Actuación
Procesal, Alejandro Castillo, quien estuvo a cargo de
las palabras de apertura de este evento que se llevó a
cabo en el auditorio Vicente Salias de la Escuela de Ofi-
ciales de la Fuerza Armada Nacional, ubicada en Fuer-
te Tiuna, dijo que el secreto para el combate contra el
crimen organizado, contra el narcotráfico y contra la
delincuencia común, es la preparación de cada uno de
los fiscales y funcionarios que participan en la lucha
contra esos flagelos que tanto daño causan a la socie-
dad actual.
Reiteró que es necesaria la preparación, la espe-
cialización, “crecer institucionalmente y unirnos como
un sólo cuerpo si pretendemos defender a una socie-
dad, defender la colectividad de los flagelos que día a
día nos amenazan, por eso, este encuentro es una de-
mostración de que queremos avanzar”.
Castillo agregó que las instituciones y entes del
Estado que se dedican a combatir las drogas no pue-
den estar de espalda a la sociedad. “Por ello, tenemos
la obligación, de inventarnos y reinventarnos como
Institución día tras día, todo el tiempo. Nosotros no
podemos sólo darnos el gusto de ir detrás de las organi-
zaciones criminales, sino de ir un paso adelante”.
El director general de Actuación Procesal tam-
bién considera que los organismos encargados del
combate contra las organizaciones delictivas, deben tra-
bajar mancomunadamente para actuar como un muro
de contención, “y no hay otra manera de hacerlo sino a
través de la preparación de todos los funcionarios”.

[ 30 ] Ministerio Público | Organización
Un Centro de Altos Estudios para
el Ministerio Público
El Instituto estudiará estrategias y políticas que atañen a la Institución. Asimismo, hará propuestas al
país en materia de seguridad, política criminal, entre otros temas

Organización | Ministerio Público [ 31 ]
El Ministerio Público se prepara para
poner en marcha en las próximas semanas su Centro de
Altos Estudios Socio Jurídicos, el cual estará adscrito a
la Escuela Nacional de Fiscales.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz, calificó de inédita y única la creación de este Cen-
tro porque no sólo estudiará las estrategias y políticas
que atañen a nuestra Institución puertas adentro, sino
también porque realizará propuestas al país en las ma-
terias de seguridad, de política criminal, políticas peni-
tenciarias, entre otros temas que requieren soluciones
a corto plazo.
“Como he insistido en algunas oportunidades:
la sociedad avanza a pasos agigantados y, a veces, las
instituciones no vamos a ese mismo ritmo (...) Para de
alguna manera ir al mismo paso de la sociedad, estamos
creando este Centro de Altos Estudio”, explicó la Fis-
cal Ortega Díaz en el espacio radial En Sintonía con el
Ministerio Público.
Allí anunció que se está estructurado el primer
equipo de trabajo, “y ya tenemos clarísimas cuáles serán
las líneas de investigación en las que trabajaremos”.

Concepción vanguardista
El Coordinador de Evaluación de la Escuela Na-
cional de Fiscales, Jhimy Arrieta Chourio, quien trabaja
en esta propuesta, señaló que el Centro se orientará ha-
cia el análisis y la investigación de los problemas sensi-
bles a la administración de justicia en Venezuela desde
una perspectiva científica.
“De ese modo, será posible generar conocimien-
tos que den cuenta de las diversas dimensiones de las
realidades, contribuyendo así al mejoramiento de la ac-
tuación del Ministerio Público”, acotó.
Para cumplir con dicho objetivo, el Centro de Al-
tos Estudios contará con un equipo altamente capaci-
tado, el cual ofrecerá asesoría permanente y oportuna
al despacho de la Fiscal General de la República, en
aquellos temas que conciernen directa o indirectamente
al Ministerio Público.
Arrieta Chourio detalló que el Centro contará
con un equipo de investigadores abocados a generar
conocimientos necesarios para diferentes actores del
sistema de administración de justicia del país, cuyos es-
pecialistas estarán capacitados tanto para la revisión del
marco legal vigente, como para apoyar la formación de
los fiscales.
En relación con la estructura organizativa del
novísimo Centro de Altos Estudios, explicó que es
“flexible y ágil”, ajustada a las necesidades y dinámicas
propias de la investigación social.
“Contaremos con un reducido grupo de personas
con presencia permanente en el Centro, organizadas de
tal modo, que sean capaces de gestionar y articular una
red de actores externos (investigadores e instituciones)
quienes, en conjunto con parte del personal permanen-
te, habrán de generar el conocimiento requerido”.
Agregó que dicha estructura será capaz de pro-
piciar la transferencia del conocimiento generado a
los fiscales en proceso de formación, así como a to-
dos aquellos actores sociales e institucionales que así
lo requieran.

- La Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, ha dicho que el Centro de Altos Es-
tudios e Investigaciones Socio Jurídicas del Mi-
nisterio Público es inédito, novedoso, ¿por qué?
Bueno, porque en los temas de investiga-
ción estará implícito el Ministerio Público, y ese
tipo de trabajo no tiene, en el mundo académi-
co, su referente. No hay en el mundo académi-
co tradicional, centro de formación o de investi-
gación que se ocupe de los asuntos sustantivos
de la Institución. La gente del Ministerio Público
El Caemp según Rigoberto Lanz
se defiende como puede y en el camino va for-
mándose, en cambio, con una Escuela Nacional
de Fiscales y un Centro de Altos Estudios que
investiga, obviamente, cambia el panorama.
- ¿De qué temas, en lo inmediato, se ocupa-
rá este Centro de Altos Estudios?
Hay un amplio abanico que incluye también
el tema de una adecuada sala situacional, que
sería un área de verdadero análisis político de co-
yuntura, que lleve el pulso del día a día porque

una Fiscal General de la República no puede es-
tar en el aire, navegando en un país, sin pulsar
hora a hora qué está pasando en Venezuela.
- Llama la atención que el Caemp no sólo
se ocupará de temas que atañen al Ministerio
Público puertas adentro, sino también de pro-
puestas al país
Construir una sociedad implica tomar par-
tido más allá del mundo del derecho y más allá
de ámbitos específicos de una profesión. Aho-
ra, para eso no es necesario ni ser fiscal ni pre-
sidente del Tribunal Supremo de Justicia, para
eso hace falta ser un ciudadano bien formado,
alguien que esté mirando al mundo y al país de
otra manera. Aquí es donde está el componen-
te jurídico o extra procesal que tiene que estar
presente en todas las fiscalías.
- ¿Quiénes integrarán el Caemp?
Simplemente los mejores hombres y mu-
jeres, ese es el criterio. Para eso hay que re-
clutar a los mejores y, para ello, hay que tener
capacidad de convocatoria. Hay que reclutar a
los mejores talentos, a la gente más compro-
metida con una idea de país diferente.

[ 34 ] Ministerio Público | Gestión
La credibilidad de los funcionarios y las
instituciones se mide por la concreción de sus objetivos.
Por ello, cuando en diciembre de 2007 fue designada
como Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz
manifestó haber asumido un compromiso de Estado en
el que con una nueva filosofía institucional se daría res-
puesta a las ansias de justicia de todos los venezolanos.
Los resultados del Informe Anual 2008 presenta-
do ante la plenaria de la Asamblea Nacional el pasado
17 de marzo, son una muestra de que sus palabras fue-
ron de la mano con los hechos y, si bien aún se transita
la vía hacia la excelencia, se avanza por el camino inexo-
rable de dar respuestas a las más urgentes demandas
de la ciudadanía, generadas por los profundos cambios,
políticos y culturales que a partir del año 2000 caracte-
rizan a Venezuela.
La máxima representante del Ministerio Público
en una minuciosa exposición de cifras y estadísticas,
demostró al país que el lema de “No a la Impunidad”
como bandera de la gestión que dirigirá hasta 2013, no
es una consigna institucional sino una realidad.
Su exposición ante los legisladores, desmon-
tó cada uno de los informes emitidos por el gobier-
no de Estados Unidos a través de los cuales se acusa
a Venezuela como nación complaciente con el tráfico
y consumo de drogas, de no atacar con debida fuerza
la corrupción y de tener una actitud permisiva ante la
violación de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Golpes al tráfico y consumo de drogas
Después de resaltar que los valores más arraiga-
dos en el Ministerio Público son los de honestidad, jus-
ticia, eficacia, lealtad, ética, probidad, responsabilidad,
humildad, imparcialidad y solidaridad, la Fiscal General
desestimó por falta de veracidad el informe presentado
por el gobierno del principal consumidor de drogas en
el mundo: Estados Unidos.
Puntualizó que la Dirección de Drogas presentó
el año pasado 15 mil 368 actos conclusivos. Como un
indicativo de la capacidad y seriedad del trabajo de los
fiscales, de las 3 mil 75 sentencias obtenidas ante los
organismos jurisdiccionales, 2 mil 797 fueron conde-
natorias.
Ortega Díaz enumeró que durante 2008, produc-
to de procedimientos en materia de drogas y legitima-
ción de capitales, se registraron aproximadamente 21
mil bienes asegurados, incautados, confiscados y de-
vueltos, dentro de lo que destacan 18 aeronaves, 774
armas, 8 mil 206 artículos mobiliarios y accesorios, 95
aves domésticas, 35 cuentas y asuntos bancarios, 1.162
equipos de telecomunicaciones, 111 inmuebles, 7 mil
293 semovientes, 982 vehículos y 6 embarcaciones.

Gestión | Ministerio Público [ 35 ]
Una gestión caracterizada
por los avances a favor
de la justicia social
El Informe anual 2008 del Ministerio Público refleja
los numerosos logros alcanzados durante el pasado
año en la lucha contra la corrupción, narcotráfico,
secuestros, violación de los derechos humanos, entre
otros delitos
Texto: Gilberto Rivero Núñez | Foto: Yesenia Pérez
Asimismo, se refirió a los más de 140 actos de
incineración de drogas en los que se logró la efectiva
destrucción de cerca de 44 mil 955,70 kilos de las aludi-
das sustancias ilícitas.
Resaltó que el Estado venezolano ha deportado
14 capos de la droga solicitados por las autoridades
colombianas y de los Estados Unidos, siendo decisi-
va la participación del Ministerio Público. “Esto como
muestra de la lucha que desarrolla Venezuela no sólo
en la prevención, sino perseguir el tráfico de drogas”.
Obviamente, tales acciones han permitido al Estado la
recuperación de altísimas sumas de dinero.
Mano dura contra la corrupción
Cualquier ciudadano con un conocimiento ele-
mental sobre la justicia tiene conciencia de lo difícil que
resulta combatir la corrupción. Para todos los fiscales
del Ministerio Público que han trabajado en su erradi-
cación, reconocen lo difícil que es enjuiciar y condenar
a los funcionarios públicos, pues éstos manejan ciertos
elementos con los cuales buscan distorsionar las inves-
tigaciones a su favor.
En ese sentido, la alta funcionaria de Estado cata-
logó como una decisión de gran trascendencia la crea-
ción de la Unidad Anticorrupción, adscrita a la Direc-

ción Contra la Corrupción del Ministerio Público, cuya
misión es atacar uno de los flagelos más graves que ha
afectado al país.
Destacó que en corto tiempo se ha logrado ob-
tener resultados positivos, como las 65 personas impu-
tadas, 9 acusadas y 5 condenadas, además de la decla-
ratoria de antejuicio de mérito contra el para entonces
gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, decla-
rada con lugar por el Tribunal Supremo de Justicia.
Acotó que dentro de este combate al delito, la Di-
rección Contra la Corrupción, hasta noviembre de 2008,
logró importantes resultados al imputar a 513 personas,
alcanzándose un total de 1.640 actos conclusivos, de los
cuales 1.081 fueron sobreseimientos, 203 archivos fisca-
les y 356 acusaciones, lo cual significó un 12% más de
actos conclusivos respecto al año anterior.
Subrayó como dato relevante que hubo un incre-
mento de 26% en la cifra de acusaciones respecto a
2007 y se disminuyeron los archivos fiscales en 13%,
hecho que pone de manifiesto el compromiso de dar
respuesta contundente ante la colectividad en la lucha
contra la corrupción.
Derechos humanos y delitos comunes
Venezuela constantemente recibe críticas de or-
ganismos externos por supuestamente no proteger de-
bidamente los derechos humanos de los ciudadanos.
No obstante, la Fiscal General desestimó tales
cuestionamientos, al tiempo que aclaró que hasta el mes
de noviembre de 2008 se habían registrado un total de
6 mil 422 casos relacionados con presuntas violaciones
de las garantías individuales, a partir de lo cual se pro-
dujeron 3 mil 688 actos conclusivos.
Igualmente, resultaron imputados 584 funciona-
rios públicos (pertenecientes a organismos con funcio-
nes policiales y de seguridad), de los cuales 463 fueron
acusados formalmente.
El Informe Anual precisa que el Plan de Agili-
zación de Causas con Retardo Procesal, permitió la
designación de fiscales itinerantes para cubrir, durante
el primer semestre de 2008, los estados Guárico, Lara,
Zulia, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda y Area Me-
tropolitana de Caracas, con el propósito de conocer las
razones de los diferimientos de los actos procesales y
agilizar las causas que presentan retardo procesal.
Con ello se agilizaron un total de 2 mil 664 casos,
814 juicios, 365 audiencias preliminares, 501 sentencias
condenatorias y 140 absolutorias.
Hizo mención aparte al caso de la masacre que
ocurrió en octubre de 2008 en Portuguesa, donde 10
funcionarios policiales de Lara presuntamente dieron
muerte a seis ciudadanos: “fueron acusados los fun-
cionarios policiales por desaparición forzosa de per-
sonas, homicidio calificado, violación de domicilio,
torturas, atropello físico y abuso sexual de adolescen-
tes”, resaltó.
Con relación a los casos manejados por la Di-
rección de Delitos Comunes, destacó que el Minis-
terio Público ha estimulado la función de los fiscales
que se desempeñan en esta materia, y los resultados
han sido que en 2008 se presentaron 8 mil 922 acusa-
ciones, 74 mil 413 archivos fiscales y solicitados 219
mil 634 sobreseimientos.

En consecuencia, fueron concluidos 302 mil 969
causas y se solicitó la desestimación de 8 mil 222. Tam-
bién, se refirió a la materia de Descongestionamiento
de Casos en los que se logró los siguientes resultados:
131 mil 191 sobreseimientos, 70 acusaciones, 26 mil
744 archivos fiscales, para un total de 158 mil 5 actos
conclusivos, además de 2 mil 521 desestimaciones.
En la lectura del Informe, la Fiscal General señaló
que todos los casos son importantes para el Ministerio
Público, pero se refirió a algunos de los denominados
“casos emblemáticos con atención mediática”, que han
sido resueltos.
Ejemplificó con la muerte del periodista Javier
García, en lo cual se logró una condena en un lapso
muy breve, de seis meses. “Está el homicidio resuel-
to del estudiante Julio Soto, ocurrido en Maracaibo; de
la estudiante asesinada en la Universidad de Oriente,
Margaret González; la muerte de la joven estudiante
Roxana Vargas, caso por el cual se encuentra detenido
un médico psiquiatra y la muerte de la nieta de un co-
nocido ex Presidente (Raúl Leoni) donde fueron acusa-
dos los autores materiales, mientras que el intelectual se
encuentra prófugo de la justicia venezolana”.
Hay otro caso que ha trascendido en los medios
de comunicación como es la muerte del Jefe de GAES
en el Zulia, el 23 de agosto de 2008, proceso que está
en etapa de juicio, añadió Ortega Díaz.
Solicitudes, planes y logros
La Fiscal General solicitó a los parlamentarios la
aprobación del Proyecto de Ley para la Extinción de
la Acción Penal para los Casos del Régimen Procesal
Transitorio, pues a 10 años de la vigencia del COPP
todavía el Ministerio Público tiene áreas colapsadas

por casos que datan de las décadas 70, 80 y 90, con 61
fiscales dedicados a estas labores cuando podrían ser
utilizados para otras causas.
La buena nueva es que tal proyecto está en la
agenda de las leyes a ser aprobadas por la Asamblea
Nacional este año, según lo informó en la plenaria su
presidenta, diputada Cilia Flores
El Informe Anual 2008 señala que para garanti-
zar el bienestar y los derechos civiles de la población
reclusa, se crearon 10 fiscalías a nivel nacional con
competencia exclusiva, situación que ha permitido im-
portantes avances en esta área.
Durante su exposición, la Fiscal General se refirió
a los avances logrados en la lucha contra la impunidad
como bandera de la Institución a su cargo, destacan-
do los procesos para acercar la justicia a la comunidad;
puesta en marcha de las fiscalías municipales, aplicación
justa de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia; la creación de la
Unidad de Depuración Inmediata de Casos para evitar
el colapso de causas en el Ministerio Público; el énfasis
en las Fiscalías con competencia ambiental, y las mejo-
ras laborales y salariales.
Al tocar el tema de la modernización de la Insti-
tución, la Fiscal detalló la adquisición de la sede donde
actualmente funciona la Escuela Nacional de Fiscales
del Ministerio Público, la cual fue creada a fin de capa-
citar al nuevo fiscal, con un elevado nivel profesional
para asumir la investigación y los juicios, “para defen-
der las causas de nuestra Institución, que son las causas
del Estado, las causas del pueblo”.
La Escuela Nacional de Fiscales fue inaugurada
en octubre de 2008, iniciando las clases con 117 abo-
gados, seleccionados entre 1.650 profesionales del De-
recho de los estados Vargas, Miranda y Caracas. “Con
esta Escuela lograremos otorgar a los fiscales la condi-
ción de funcionarios de carrera, a fin de satisfacer las
exigencias de independencia e imparcialidad del siste-
ma penal garantizando su idoneidad y probidad”.
Para cumplir con el artículo 55 de la Ley Orgá-
nica del Ministerio Público, se inició la implementa-
ción de las fiscalías municipales, que no sólo tendrán
competencia de actuar en aquellos hechos cuyas pe-
nas no excedan los tres años, sino también podrán,
con base en el conocimiento de las necesidades de
las comunidades, generar estrategias para atacar los
delitos más recurrentes en el ámbito territorial donde
sean creadas.
De esta manera, se creó e inauguró la Fiscalía
Primera del Municipio Libertador del Área Metropo-

litana de Caracas, ubicada en la estación del Metro de
El Silencio, cuyo ámbito territorial fue delimitado en
las parroquias Altagracia, Santa Teresa, Santa Rosalía
y Catedral.
Asimismo, mediante Resolución se creó la Coor-
dinación de Gestión Social, adscrita a la Dirección de
Fiscalías Superiores, con tres objetivos fundamentales:
1) promover el impulso de las fiscalías municipales; 2)
articular esfuerzos con las instituciones y los consejos
comunales para la instalación y puesta en marcha de fis-
calías municipales en el territorio nacional; y, 3) partici-
par en jornadas sociales con las comunidades brindan-
do asistencia y procurando un acercamiento real entre
el Ministerio Público y las comunidades.
También, fue creada la Unidad Criminalística
Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, la
cual contribuirá en gran medida a minimizar la impu-
nidad, descongestionar las causas y reforzar la objetivi-
dad en el curso de las investigaciones que se inicien en
contra de funcionarios públicos que hayan cometido
violaciones de derechos humanos, actuando en ejerci-
cio de sus funciones o en razón de su cargo. Se están
realizando las gestiones administrativas a fin de que
dicha Unidad comience a operar a partir de 2009 en
Caracas y el estado Lara.
Igualmente, se han creado 10 fiscalías a nivel na-
cional con competencia de Régimen Penitenciario, de
las cuales dos se encuentran plenamente operativas:
Fiscalía 71° en el estado Falcón y 72° en el estado Guá-
rico. Actualmente, se está elaborando la justificación
para poner en marcha otra nueva fiscalía con sede en
el estado Zulia.
Cabe resaltar además la creación de la “Unidad
de Depuración Inmediata de Casos”, la cual comen-
zó como proyecto piloto en el Área Metropolitana de
Caracas, y tiene como objetivo principal disminuir el
tiempo de respuesta del Ministerio Público, en el trá-
mite de las denuncias ingresadas a las distintas fiscalías
superiores a nivel nacional y evitar, en consecuencia, el
congestionamiento de los despachos fiscales.
En dicha unidad, para el año 2008, ingresaron 3
mil 595 casos, siendo redistribuidos 627, desestimados
259 y decretados 1.843 archivos fiscales.
En el marco del Plan de Crecimiento se crearon
en el país 200 cargos de fiscales auxiliares, así como el
reforzamiento de los despachos fiscales ubicados en los
estados fronterizos que tienen atribuida la competencia
en materia de drogas.
Cabe destacar que, a través de la Dirección de
Infraestructura y Edificaciones, se adquirieron nuevas
sedes para las dependencias del Ministerio Público en
Santa Bárbara del Zulia, estado Zulia, y la sede para la
Fiscalía Municipal, que será inaugurada en 2009 en La
Urbina, Municipio Sucre, estado Miranda.
Se dice que los sueños, sueños son, pero en el
Ministerio Público existe el convencimiento que con
los convenios y acercamientos interinstitucionales con
todos los sectores involucrados en el sector justicia, el
lema de “No a la Impunidad” se está convirtiendo en
una realidad.

[ 40 ] Ministerio Público | Derechos Humanos
La ciudad de Bucarest, capital de Rumania,
se convirtió en la capital de la justicia mundial del 23 al
25 de marzo, pues congregó en su seno a representan-
tes de 110 Estados y de 16 organizaciones internacio-
nales, quienes se reunieron para celebrar la 3° Cumbre
Mundial de Fiscales Generales, Procuradores Genera-
les y Fiscales Jefes, cuyo eje de discusión se denominó
“El Fiscal General - Pilar del Sistema de Justicia Penal
Contemporáneo”.
En dicha Cumbre participó la Fiscal General
de la República, Luisa Ortega Díaz, quien de mane-
ra categórica señaló que el sistema penal venezolano
está cimentado sobre la base de una política criminal,
democrática y humanitaria, que antepone la protec-
ción de los derechos humanos al poder punitivo del
Estado.
Destacó que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela garantiza que los presuntos
responsables de la comisión de hechos punibles sólo
puedan ser condenados mediante el cumplimiento de
un proceso penal, en el cual se observa el derecho al
debido proceso que limita severamente el uso de la pri-
sión como consecuencia jurídica del delito.
Durante su intervención, resaltó algunos artícu-
los de nuestra Carta Magna, entre estos el 55, median-
te el cual se ordena al Estado, a través de los órganos
de seguridad ciudadana, proteger a todas las personas
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnera-
bilidad o riesgo para su integridad física, sus propieda-
des, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes.
“Aquí observamos uno de los objetivos o fines
del sistema penal: proteger los bienes jurídicos de las
personas ante situaciones de riesgo, vulnerabilidad o
amenaza”, acotó la Fiscal Luisa Ortega Díaz.
Se establece que en el cumplimiento de tal fun-
ción los cuerpos de seguridad del Estado “respeta-
rán la dignidad y los derechos humanos de todas las
personas”. También se precisa que “el uso de armas
o sustancias tóxicas por parte del funcionario poli-
cial y de seguridad estará limitado por principios de
necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcio-
nalidad”.
La máxima representante del Ministerio Público
venezolano puntualizó que, según la Constitución, la
reacción del Estado frente a aquellas conductas que
lesionan bienes jurídicos de las personas, debe reali-
zarse en el marco del estricto respeto a los derechos
humanos.
También, se refirió al artículo 29 de la Carta Mag-
na y destacó la obligación del Estado de “investigar y
sancionar legalmente los delitos contra los derechos
humanos cometidos por sus autoridades”. Además, las
acciones para sancionar dichos delitos son imprescrip-
tibles y los mismos están excluidos de los beneficios
que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indul-
to y la amnistía.
Aseveró que el texto legal fundamental de Vene-
zuela, en sus artículos 45 y 46, prohíbe la desaparición
Protección de
derechos humanos
se antepone a poder
punitivo del Estado
Díaz, participó en la 3° Cumbre Mundial de
Fiscales Generales, Procuradores Generales y
Fiscales Jefes
Foto: Cortesía Comité Organizador

Derechos Humanos | Ministerio Público [ 41 ]
forzada de personas y la práctica de torturas, tratos
crueles e inhumanos, contra los ciudadanos habitantes
de la República.
“Como podemos observar, el Texto Constitu-
cional desarrolla sólidamente la protección de los dere-
chos humanos de todas las personas frente al ejercicio
del poder punitivo por parte del Estado”, dijo.
Adicionalmente, explicó que nuestra Carta Mag-
na ordena que las personas señaladas como posibles
responsables de la comisión de un hecho punible, sean
sometidas a un juicio justo.
En el artículo 49 se desarrolla ampliamente el de-
recho al debido proceso, y garantiza, de esta manera, el
derecho a la defensa, a la notificación de los cargos por
los cuales las personas son investigadas, el acceso a las
pruebas y la presunción de inocencia.
Así como el derecho de las personas a ser oídas,
a ser juzgadas por sus jueces naturales y a no ser san-
cionadas por actos u omisiones que no se encuentren
previstos como delitos o faltas en leyes preexistentes.
En su exposición, la Fiscal General también men-
cionó el artículo 44, mediante el cual se ordena que,
salvo las excepciones establecidas en la ley, las personas
señaladas por la comisión de un hecho punible deben
ser juzgadas en libertad.
Igualmente, dijo que en Venezuela no se permite
el juzgamiento en ausencia, según el artículo 12, nume-
ral 12, del Código Orgánico Procesal Penal (COPP),
norma penal adjetiva.
“No menos importante resulta señalar que, se-
gún el artículo 24 de nuestra Constitución, las leyes
sólo tendrán efecto retroactivo cuando impongan me-
nor pena, y que, en caso de dudas, se aplicará la norma
que beneficie al reo o a la rea”, comentó la titular del
Ministerio Público.
Hizo mención a otro aspecto relevante, desde el
punto de vista constitucional, como es el relacionado
con el sistema penitenciario. Agregó que el artículo 272
de la Constitución señala que “las fórmulas de cumpli-
miento de pena no privativas de libertad se aplicarán
con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria”.
Según dicha norma, “los establecimientos peni-
tenciarios contarán con espacios para el trabajo, el es-
tudio, el deporte y la recreación (…)”, y que se preferirán
en ellos “el régimen abierto y el carácter de colonias
agrícolas penitenciarias”.
“Indudablemente, la citada norma constitucio-
nal limita severamente el uso de la prisión como me-
canismo de resocialización del penado”, enfatizó en
su discurso.
Al finalizar su intervención, la Fiscal General de
la República señaló que la política criminal democrática,
concebida constitucionalmente, logra total expresión
en el proceso penal vigente en Venezuela, tomando
en cuenta que el COPP consagra el sistema acusatorio
como modelo procesal.
Ese sistema está regido por los principios de
afirmación de la libertad, presunción de inocencia, par-
ticipación ciudadana de la administración de justicia
(escabinos), la titularidad de la acción penal atribuida
exclusivamente al Ministerio Público en los delitos de
acción pública, defensa e igualdad de las partes, además
de la oralidad, publicidad, inmediación, concentración,
contradicción, protección de las víctimas y el control
constitucional de la investigación.
La 3° Cumbre de Fiscales Generales fue organi-
zada por el Ministerio Público de Rumania, la Ofici-
na Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, y
contó con el patrocinio y colaboración de la Asocia-
ción Internacional de Fiscales. Cabe recordar que la 1°
Cumbre Mundiales de Fiscales Generales se realizó en
Guatemala en 2004; la segunda versión fue en Qatar
en el 2005.

[ 42 ] Ministerio Público | Proyectos Especiales
La entrada en vigencia del Código Orgánico
Procesal Penal (COPP), en 1999, significó un cambio
en el sistema judicial venezolano. Con este instrumento
legal, que le confirió al Ministerio Público la titularidad
de la acción penal, se derogó el Código de Enjuicia-
miento Criminal. Pero, en la nueva realidad jurídica del
país también estaban presentes las causas judiciales que,
iniciadas bajo la vigencia del antiguo Código, aguarda-
ban por una respuesta.
En ese sentido, el Ministerio Púbico creó una de-
pendencia destinada a supervisar, hasta su culminación,
las actividades de los fiscales en las causas que les fue-
ron remitidas de los diferentes juzgados, con ocasión
de encontrarse en los supuestos previstos en el régimen
procesal transitorio establecido en el COPP.
Es así como la creación de la Dirección de Pro-
yectos Especiales del Ministerio Público obedeció a
solventar ese cúmulo de causas, relacionadas con he-
chos ocurridos antes de julio de 1999.
La directora de Proyectos Especiales, Lisbeth
Brand, indicó que el Ministerio Público se preparó
como Institución para enfrentar el régimen procesal
transitorio, pues se creó una dirección orientada a aten-
der esa situación.
Con la participación del personal de esa depen-
dencia, se elaboraron actos conclusivos y las causas
fueron remitidas a los tribunales. Durante el lapso de
septiembre de 2001 a diciembre de 2008 el Ministerio
Público emitió 2 millones 447 mil 121 actos conclusi-
vos, entre acusaciones y sobreseimientos.
También mencionó que del 2004 al 2008, se con-
cluyó con el descongestionamiento de expedientes bajo
Proyectos Especiales
para el régimen
procesal transitorio
Muchas de las causas relacionadas con
el régimen procesal están referidas a la comisión
de delitos que ya prescribieron

Proyectos Especiales | Ministerio Público [ 43 ]
el régimen procesal transitorio en 15 estados del país:
Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Delta
Amacuro, Falcón, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Por-
tuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy.
Posteriormente, en el año 2008, con la actual ges-
tión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz, se concluyó con el descongestionamiento en los
estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Mérida,
Miranda y Vargas. Y recientemente, en este año, se pro-
cedió de manera similar en el estado Zulia. Es decir,
queda pendiente lo relacionado al Área Metropolitana
de Caracas.
Indicó la funcionaria que el cierre de los estados
significa que no quedan fiscales del régimen procesal
transitorio en esas zonas. Actualmente, existen 60 fis-
cales adscritos a la Dirección.
Añadió que siempre surgirán situaciones en las
que una persona solicita una diligencia, relacionada con
un expediente perteneciente al régimen procesal tran-
sitorio, como una solicitud de un vehículo o el traslado
de un cuerpo.
Otra situación que se puede presentar es la deten-
ción de una persona, solicitada por una causa ocurrida
antes de julio de 1999. Allí deberá actuar un fiscal del
régimen procesal transitorio.
Muchas de las causas relacionadas con dicho régi-
men están referidas a la comisión de delitos que ya pres-
cribieron. No obstante, aclaró que aquellos casos sobre
violación de los derechos fundamentales no prescriben,
motivo por el cual esas causas continúan su curso.

Inspecciones judiciales
Adicionalmente, la directora de Proyectos Espe-
ciales informó que existen archivos en algunos estados
del país, en los cuales están almacenados expedientes
del régimen procesal. Comentó que durante el proceso
de transición se pudo observar que muchas de las cau-
sas nunca fueron remitidas a los tribunales, y que solo
tenían la orden de inicio sin mayores actuaciones.
Informó que fue en noviembre del 2008, cuando
por escrito la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas infor-
mó que había 20 millones de causas en sus archivos.
En el área metropolitana hay almacenes, como el
de la División de Vehículos, en los que no existe un in-
ventario. En dichos lugares no se puede entrar debido
a las condiciones insalubres de estos.
Al respecto se decidió practicar inspecciones
judiciales para dejar constancia del estado de esos lu-
gares. Se comisionaron fiscales que en conjunto con
funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Insti-
tuto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Labo-
ral (Insapsel) verificaron las condiciones de trabajo. Se
concluyó que esas áreas deben ser clausuradas.
Asimismo, se introdujo ante el Tribunal 23 de
Control un documento mediante el cual se solicitó que
se adopte una decisión, tomando en cuenta las reco-
mendaciones efectuadas por las personas que realiza-
ron las inspecciones.
Brand recordó que en julio de 2008, la Fiscal Ge-
neral de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante
la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Extinción
de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal
Penal Transitorio, la cual permitirá descongestionar el
sistema de justicia penal.

Infografía: Luis Corona

Laluchacontralaimpunidadenunasociedad
es imprescindible, pues sólo así se garantiza la paz so-
cial. Y esta batalla, como lo señalan algunos especialis-
tas, no sólo es responsabilidad del Sistema de Justicia,
sino también de los ciudadanos, quienes deben denun-
ciar los delitos que conocen.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal
(COPP), cualquier ciudadano, víctima o no, que tenga co-
nocimiento sobre un hecho punible puede realizar su de-
nuncia ante un fiscal del Ministerio Público o ante los órga-
nos de policía de investigaciones penales competentes.
En este caso, el COPP establece que son conside-
radas víctimas las personas directamente ofendidas por
un delito, el cónyuge o la persona con quien haga vida
marital por más de 2 años, hijo o padre adoptivo, pa-
rientes dentro del 4° grado de consanguinidad o 2° de
afinidad y el heredero, en los delitos cuyos resultados
sea la incapacidad o la muerte del ofendido.
Asimismo, el referido texto legal señala que
son víctimas los socios, accionistas o miembros res-
pecto de los delitos que afectan a una persona jurí-
dica, cometidos por quienes la dirigen, administran
o controlan.
Del mismo modo, considera víctima a las aso-
ciaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que
afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el
objeto de la agrupación se vincule directamente con
esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a
la perpetración del delito.
Cómo formularla
Los ciudadanos pueden formular su denuncia
sobre delitos tales como estafa, robo, hurto lesiones,
homicidio, violación, secuestro, posesión y tráfico de
drogas, ilícitos ambientales, violencia de género y casos
de corrupción, entre otros.
La denuncia podrá formularse verbalmente o por
escrito y, en ambos casos, deberá contener la identifi-
cación del denunciante, cédula de identidad, domicilio
o residencia; además de una narración del hecho que
se denuncia, quienes lo han cometido y de las personas
que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él.
La denuncia: pieza
fundamental
en la lucha contra
la impunidad
Los ciudadanos pueden formular su denuncia
sobre delitos como estafa, robo, hurto lesiones,
homicidio, violación, secuestro, posesión y tráfico
de drogas, ilícitos ambientales, violencia de
género y casos de corrupción, entre otros
Texto: Simón Alberto Osorio

En el caso de la denuncia verbal, el denunciante
deberá dirigirse al Ministerio Público o ante los órga-
nos de policía de investigaciones penales competentes,
donde se le tomará entrevista y se levantará un acta en
presencia del denunciante, quien la firmará junto con el
funcionario que la reciba.
Mientras, que en el caso de la denuncia escrita,
ésta deberá ser consignada en un documento firmado
por el denunciante o por un apoderado con facultades
para hacerlo. Si el denunciante no puede firmar, estam-
pará sus huellas dactilares.
Dónde consignarla
En ocasiones se suele escuchar a personas seña-
lando que han efectuado denuncias ante los medios
de comunicación social sobre determinado hechos, al
tiempo que manifiestan su disconformidad por que
no se han iniciado investigaciones vinculadas a estos
señalamientos.
Quizás, estas afirmaciones sean consecuencia del
desconocimiento del Estado de Derecho que rige el
país. Y es que, de acuerdo a la legislación venezolana,
las denuncias sólo se tramitan ante el Ministerio Pú-
blico o ante los órganos de policía de investigaciones
penales competentes.
Díaz, en su debida oportunidad, a manera de ilustración,
señaló que “así como los enfermos tienen que acudir a
los hospitales, los que van a informar y a divertir acu-
den ante los medios. Es correcto que una persona que
formule o pretenda una denuncia acuda a los medios
de comunicación a informar, pero además debe acudir
al Ministerio Público a formular su denuncia, pues éste
no tiene oficina en los medios de comunicación”.
En este sentido, los ciudadanos pueden acudir a
realizar su denuncia ante:
Fiscal General de la República. Se consigna•
la denuncia escrita en la Oficina de Registro
de Presentación de Documentos, ubicada en
el Piso 1 del Edificio Sede del Ministerio Pú-
blico, esquina de Misericordia a Pele El Ojo,
avenida Méjico, Caracas.
Fiscal Superior. En las sedes de la Fiscalía•
Superior del estado donde se cometió el he-
cho punible.
Fiscal de Guardia en sede: En una sede del•
Ministerio Público o la Fiscalía Superior del
estado que corresponda.
Además de la sede del Ministerio Público, los ciu-
dadanos pueden consignar su denuncia en los órganos
de policía de investigaciones penales correspondientes,
tales como Cuerpo de Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas, policías estadales y municipa-
les, Guardia Nacional. Asimismo, ante los Consejos de
Protección del Niño, Niña y Adolescentes, en los casos
que correspondan.
Es importante destacar, que el artículo 29 del
COPP refiere, en cuanto a la responsabilidad, que el
denunciante no es parte en el proceso, “pero si existe
falsedad o mala fe en la denuncia, el que la comete será
responsable conforme a la ley”.
Finalmente, conviene precisar, de acuerdo con
el COPP, una vez interpuesta la denuncia por la comi-
sión de un delito de acción pública, el fiscal del Minis-
terio Público ordenará sin pérdida de tiempo, el inicio
de la investigación.

En el marco del “Año de las Luces” y del
Programa de Educación Continua y Permanente, im-
pulsados la Fiscal General de la República, Luisa Or-
tega Díaz, 412 fiscales principales y auxiliares del Área
Metropolitana de Caracas, asistieron a las Primeras Jor-
nadas Intensivas Sobre el Acto de Imputación, activi-
dad académica que se llevó a cabo en la sede de la Es-
cuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, entre
el 4 y 9 de febrero de este año.
Con estos talleres los fiscales y auxiliares de Ca-
racas y demás regiones del país, actualizaron sus co-
nocimientos teórico-prácticos en torno al uso e instru-
mentación de todas las acciones que conlleva la materia
de imputación, en el marco constitucional, legal y de
la jurisprudencia, creada recientemente por la Sala de
Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia.
Durante cuatro días de jornadas, los fiscales del
Ministerio Público profundizaron todo en cuanto a
conceptos y procedimientos que permiten elaborar de
manera expedita el acta de imputación para, de esta ma-
nera, preservar los derechos de la defensa y del imputa-
do, resguardando así el debido proceso, lo cual redun-
dará en la calidad de los actos de imputación.
Los talleres consistieron en una fase teórica y otra
práctica, donde después de proyectar un simulacro de
un hecho punible, los participantes procedían a anali-
zar, evaluar y determinar cómo se redactaba, sin omi-
siones de ninguna naturaleza, un acta de imputación.
En estas I Jornadas Intensivas Sobre el Acto de
Imputación, los fiscales y auxiliares abordaron el tema
desde los principios constitucionales, el Código Orgá-
nico Procesal Penal, las jurisprudencias y la doctrina del
Ministerio Público, a fin de que asuman con sentido
ético y moral el manejo de esta fase del proceso.
En cuanto a los ponentes y facilitadores, se contó
con la participación de la directora de Revisión y Doc-
trina del Ministerio Público, María Eugenia Rodríguez;
el director de Delitos Comunes, José Francisco García;
el fiscal 5° ante el Tribunal Supremo de Justicia, Tu-
Un total de 412 fiscales recibieron
talleres de capacitación sobre actos
de imputación
Fiscales nacionales y del Área Metropolitana
intercambiaron experiencias para evaluar posibles fallas

tankamen Hernández; el 48° y 34° con competencia
nacional, Zair Mundaray, y Néstor Castellanos, respec-
tivamente, entre otros.
La imputación
En el salón número 2 de la Escuela Nacional de
Fiscales, la directora de Revisión y Doctrina del Minis-
terio Público, María Eugenia Rodríguez, abordó el tema
de la imputación desde todos sus ángulos, conceptual y
jurídico, aplicado a los casos del día a día. Las experien-
cias de cada uno de los fiscales y auxiliares presentes en
las jornadas enriquecieron las discusiones.
Durante su intervención, Rodríguez comenzó
por definir el concepto de imputado de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico
Procesal Penal, el cual establece que es toda persona
a quien que se le señale como autor o partícipe de un
hecho punible, por un acto de procedimiento de las au-
toridades encargadas de la persecución penal. Luego,
habló sobre los derechos del imputado.
La directora de Revisión y Doctrina del Ministe-
rio Público, enfatizó en los requisitos básicos para reali-
zar el acto de imputación, a fin de “blindar” los mismos
y evitar que los tribunales los anulen.

Artículo 125. Derechos. El imputa-
do tendrá los siguientes derechos:
1º. Que se le informe de manera
específica y clara acerca de los hechos
que se le imputan;
2º. Comunicarse con sus familiares,
abogado de su confianza o asociación
de asistencia jurídica, para informar so-
bre su detención;
3º. Ser asistido, desde los actos ini-
ciales de la investigación, por un defen-
Derechos del imputado según el COPP
sor que designe él o sus parientes y, en
su defecto, por un defensor público;
4º. Ser asistido gratuitamente por un
traductor o intérprete si no comprende o
no habla el idioma castellano;
5º. Pedir al Ministerio Público la
práctica de diligencias de investigación
destinadas a desvirtuar las imputaciones
que se le formulen;
6º. Presentarse directamente ante el
juez con el fin de prestar declaración.

Hay 52 despachos fiscales
con competencia
en el área de violencia
de género
7º. Solicitar que se active la investi-
gación y a conocer su contenido, salvo
en los casos en que alguna parte de ella
haya sido declarada reservada y sólo
por el tiempo que esa declaración se
prolongue;
8º. Pedir que se declare anticipada-
mente la improcedencia de la privación
preventiva judicial de libertad.
9º. Ser impuesto del precepto cons-
titucional que lo exime de declarar y, aun
en caso de consentir a prestar declara-
ción, a no hacerlo bajo juramento;
10º. No ser sometido a tortura u
otros tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes de su dignidad personal;
11º. No ser objeto de técnicas o mé-
todos que alteren su libre voluntad, in-
cluso con su consentimiento.
12º. No ser juzgado en ausencia,
salvo lo dispuesto en la Constitución de
la República.

2009 año de las luces para el m.p.

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