Aportes al JNE sobre propaganda electoral

1. Asociación Civil TRANSPARENCIA
Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia”
Proyecto financiado por la Unión Europea
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APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL,
PUBLICIDAD ESTATAL Y NEUTRALIDAD EN PERIODO ELECTORAL
Recomendación 1
Artículo 6.- Actividades de propaganda electoral permitida
Hay al menos dos actividades no mencionadas que son empleadas por las organizaciones
políticas para promocionar a sus candidatos y candidatas y que podrían ser agregadas en
este artículo:
(i) Propaganda a través de redes sociales, que puede incluirse en el numeral 6.4.
Respecto al manejo de redes sociales, se podría establecer como obligación adicional
que las organizaciones políticas informen al JNE los nombres de sus cuentas oficiales
en distintas redes sociales, así como los nombres de sus respectivos community
managers.
(ii) Publicidad a través de correos electrónicos. Esta modalidad de propaganda electoral
puede ser regulada en forma análoga a lo establecido para los correos electrónicos
comerciales no solicitados (SPAM). En particular, se recomienda incluir exigencias
sobre los contenidos del correo electrónico (Ley 28943, artículo 5), establecer cuando
se cometen infracciones (Ley 28943, artículo 6), definir responsabilidades (Ley 28943,
artículo 7), sanciones (Ley 28943, artículo 8) y autoridad competente para la
supervisión (Ley 28943, artículo 9).
Adicionalmente, puede señalarse que estas dos actividades, así como las señaladas en los
numerales 6.2, 6.3 y 6.4, pueden realizarse desde los sesenta días y hasta los días previos
al acto electoral, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de financiamiento y
supervisión de fondos partidarios, artículo 56.
Recomendación 2
Artículo 7.- Infracciones sobre propaganda electoral
2.1. Adicionalmente a la relación de actividades de propaganda electoral mencionadas en
este artículo, se recomienda prohibir las que se mencionan a continuación:

2. Asociación Civil TRANSPARENCIA
Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia”
Proyecto financiado por la Unión Europea
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(i) Llamadas telefónicas realizadas o no en forma automatizada a teléfonos fijos o
móviles, lo cual podría incluirse como numeral 6.7. En este caso debe definirse la
entidad encargada de regular esta actividad.
(ii) Mensajes enviados vía SMS o servicios de mensajería instantánea.
(iii) Publicidad a través de correos electrónicos en aquellos casos que la regulación
específica determine.
2.2. El numeral 7.1 efectúa un listado de los espacios en los que está prohibido efectuar
actos políticos y proselitistas durante la campaña electoral. Sin embargo, menciona
que los organismos electorales podrán considerar otros que “resulten pertinentes
para promover la emisión de un voto informado a través de la organización o
supervisión de debates o foros en los cuales se expongan los planes de gobierno de
las organizaciones políticas”. La redacción no establece cómo se definirán las
excepciones indicadas, por lo que parece conveniente mencionar explícitamente los
lugares que pueden constituir dicha excepción (permite conocerlos de antemano) o,
en su defecto, precisar los criterios que empleará la autoridad electoral para decidir
que un espacio resulta “pertinente” (requiere definir adicionalmente un
procedimiento para el pronunciamiento de la autoridad electoral).
2.3. Aunque el Proyecto de Reglamento no las menciona, se puede entender que los
centros de educación superior (Universidades, Institutos Pedagógicos o Tecnológicos),
tanto públicos como privados, pueden constituirse en escenario de los debates o
foros de presentación y discusión de planes de gobiernos, señalados en el numeral
7.1. No encontramos razón para limitar esta sana tradición, razón por la cual sería
más conveniente establecer criterios para que la organización de estas actividades se
realice con la pluralidad necesaria, hecho objetivo que sí puede ser objeto de
fiscalización por parte del JNE. Esta regulación específica puede servir para regular el
uso de locales (para actividades), predios y recursos (para propaganda electoral y
actos proselitistas) de Universidades e Institutos Superiores, definiendo las acciones
permitidas y las prohibiciones (por ejemplo, emplear recursos para favorecer o
cuestionar candidaturas). Esta regulación tendría que ser obligatoria para
Universidades e Institutos Superiores públicos y privados, hecho que se justifica
teniendo en cuenta la función especial que todos ellos cumplen en nombre de la
nación.
2.4. El numeral 7.3 podría visibilizar formas de discriminación que a veces no son
consideradas como tales por los candidatos o los electores. En tal sentido, convendría
una redacción que indique “discriminación en razón de género, condición social,
identidad u orientación sexual, características físicas, identidad étnica o cultural, etc.”

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Recomendación 3
TÍTULO II. PROPAGANDA ELECTORAL
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL
Entre los artículos 9 y 17 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al
final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las
infracciones cometidas por las organizaciones políticas, las sanciones impuestas y el
cumplimiento (o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información.
Recomendación 4
Artículo 23.- Procedimiento de autorización previa para publicidad estatal por radio o
televisión
El artículo 23 menciona que este procedimiento aplica solo para publicidad estatal
contratada en radio o televisión. Esta disposición podría ampliarse a:
(i) Avisos contratados en prensa escrita. Si bien el artículo 24 alude al reporte posterior
de publicidad estatal difundida por otros medios, el numeral 24.3 señala que, en caso
de encontrarse irregularidades, se dispondrá el “retiro, cese o adecuación”. Esta
disposición no es posible aplicarla a avisos contratados en prensa escrita, razón por la
cual sí requeriría una fiscalización antes de su publicación.
(ii) Avisos contratados y difusión en medios virtuales1. Esto incluye servicios de
propaganda en páginas web (por ejemplo, GoogleAds) y en redes sociales (YouTube,
TwitterAds, Facebook, entre otros). Dada la creciente importancia que vienen
cobrando estos medios en las campañas electorales, resulta conveniente requerir la
validación de la autoridad electoral a través del procedimiento señalado en este
artículo.
De aceptarse estas modificaciones, se requerirá incluir estos supuestos en el artículo 26,
literales a, b, c, d y e.
Recomendación 5
TÍTULO III. PUBLICIDAD ESTATAL.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE PUBLICIDAD ESTATAL
Entre los artículos 26 y 33 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al
final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las
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El Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, artículo 55, considera como “medio
de comunicación masiva” a “la Internet y demás mecanismos de la tecnología de información y
comunicación puestos a disposición de una campaña electoral”.

4. Asociación Civil TRANSPARENCIA
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Proyecto financiado por la Unión Europea
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infracciones cometidas por entidades públicas, las sanciones impuestas y el cumplimiento
(o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información.
Recomendación 6
Artículo 34.- Infracciones sobre neutralidad
5.1. El numeral 34.1.2 prohíbe a las autoridades políticas o públicas “[p]racticar actos de
cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido, candidato
u opción en consulta”, mientras que el numeral 34.1.5 les impide “[f]ormar parte de
algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra
de alguna agrupación política o candidato”. Sin embargo, resulta extraño que algunas
autoridades públicas, especialmente aquellas que provienen de elección popular, no
se involucren en acciones partidarias internas (comités) o externas (actos de
campaña), precisamente porque deben su propio cargo en una participación política
activa. Por esta razón parece conveniente excluir la participación en “algún comité u
organismo político” de la relación enunciada en este numeral, y más bien precisar que
estas prohibiciones aplican cuando se encuentren en cumplimiento de sus funciones o
en ejercicio de su autoridad, y se extienden al empleo de recursos públicos para
favorecer o desfavorecer una determinada candidatura.
5.2. Adicionalmente, se recomienda incluir en este enunciado que autoridades políticas y
públicas (numeral 34.1) y funcionarios y servidores públicos que cuenten con
personas bajo su dependencia (numeral 34.2) tienen prohibido imponer la
participación del personal de sus respectivas dependencias en actos proselitistas.
Recomendación 7
TÍTULO IV. NEUTRALIDAD
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE NEUTRALIDAD
Entre los artículos 36 y 44 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al
final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las
infracciones cometidas por entidades y funcionarios públicos, las sanciones impuestas y el
cumplimiento (o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información.
Lima, septiembre de 2015