La reforma energética mexicana pone en riesgo los territorios de al menos 13 pueblos indígenas al asignar 4 millones de hectáreas a Pemex para exploración y extracción de hidrocarburos. Estas tierras se encuentran en 142 municipios de 11 estados donde viven estas comunidades indígenas. Además, la reforma no consultó a estas comunidades ni les permite rechazar las actividades de hidrocarburos en sus territorios.

1. El territorio de 13 pueblos indígenas ya está en riesgo por la
reforma energética, advierten organizaciones
Foto: Cuartoscuro/Archivo
MARZO 23, 2015Tania L. Montalvo (@tanlmont). Animal político
Con la Ronda Cero hay al menos 4 millones de hectáreas
comprometidas para la exploración y extracción de hidrocarburos, lo
que ya afecta a comunidades de once estados
¿Sabes cuánto gastó el gobierno para difundir la Reforma
Energética?
Las tierras de al menos 13 pueblos indígenas ya están en
riesgo por la reforma energética, pues éstas se encuentran entre
los 4 millones 800 mil hectáreas que fueron asignadas en agosto
pasado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para laexploración y
explotación de hidrocarburos.
Con la llamada Ronda Cero ⎯la primera fase de asignación de zonas
de extracción que correspondió exclusivamente a Pemex⎯ lanueva
empresa productiva del Estado recibió los derechos sobre
tierras que involucran a 142 municipios en 11
entidades federativas en las que habitan estos 13 pueblos indígenas,
advirtieron el viernes 20 de marzo organizaciones civiles en la sesión
“Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en
México” que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
“Ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron
consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus
derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre

2. determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos
económicos, sociales y culturales”, dijo Stephanie Erin Brewer del
Centro Prodh, uno de los representantes de la sociedad civil que
acudieron a la sesión.
Sólo por lo asignado en la Ronda Cero, el pueblo Chontal de
Tabasco ya cuenta con el 85% de su territorio ocupado; pero
existen otros casos como el Totonaca con el 38% y el Popoluca
con 31%.
Pero además, con lo que se prevé asignar en la Ronda Uno ⎯la
primera en la que la iniciativa privada podrá obtener derechos sobre
ciertos territorios y cuyos resultados se darán a conocer este año⎯
son cinco pueblos indígenas más los que podrían ver en riesgo una
porción de su territorio.
El problema, según la sociedad civil, no sólo es que se atenta contra
los derechos a la tierra de los pueblos indígenas sino que no se
les consulta sobre la explotación de sus terrenos ni tienen la opción
de rechazar las actividades de hidrocarburos.
“A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a
negarse a la exploración y explotación de recursos en su
territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el
artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora,
las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en
México”, señaló Stephanie Erin Bower.
Según esas leyes, una vez que las empresas obtengan el permiso
para la explotación de la tierra iniciarán una negociación con los
dueños, y en caso de que ésta no se concrete, el Estado ordenará
una servidumbre legal para iniciar la ocupación y entregar
pagos a los propietarios, pese a su negativa de ceder los terrenos.
“No establecen mecanismos de consulta previa a las
comunidades. Hay un mecanismo de negociación posterior a los
permisos entregados, lo que se establece es una negociación de
prestaciones pues no se establece la posibilidad a decir que no”, dijo
Mario Patrón, subdirector del Centro ProDH.
Al respecto, la delegación del Estado mexicano dijo que la reforma
energética no establece la expropiación de tierras y que el
objetivo es que los propietarios también se beneficien de la
explotación.
“Desde 1997 no se ha llevado a cabo ni una sola expropiación
en México vinculada a hidrocarburos y es del interés del Estado
mexicano que siga esta situación. Las comunidades tendrán
acceso a beneficio derivados de estos proyectos y no estará la
cuestión encaminada exclusivamente al beneficio de las empresas”,
dijo Fernando Zendejas de la Secretaría de Energía.

3. La delegación mexicana insistió en que con la figura de la
servidumbre legal el territorio sigue siendo de los propietarios
y que las empresas están obligadas a devolverlo cuando
termine la explotación de los recursos; además de que mientras
esté ocupado se entregarán pagos por su uso y afectación.
Sin embargo, el argumento de sociedad civil es que
técnicamente sí hay una ocupación de territorio que será
devuelto cuando la tierra sea inutilizable.
Las leyes de la reforma energética indican que la actividad de
hidrocarburos y de la industria eléctrica son de utilidad
pública, por lo que “tendrán preferencia sobre cualquier otra que
implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, es decir,
por encima de cualquier actividad que realice la población asentada
en los terrenos ya sea población indígena, comunidades equiparables
u otras”.
La ocupación temporal será para la exploración y extracción
de hidrocarburos pero también para la construcción de plantas
eléctricas, caminos, almacenamiento de equipo o para
construir cualquier otro tipo de infraestructuranecesaria para la
industria.
En esta sesión que se realizó durante el 154 Periodo de Sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la primera vez
que se trató en un contexto de defensa de derechos humanos el tema
de la vulneración de garantías por la reforma energética.
La CIDH deberá pronunciarse sobre el caso después de haber
escuchado los argumentos del Estado y de sociedad civil que busca
que haya procedimientos de consulta efectivos a las comunidades
afectadas en los que tengan la posibilidad de negar la actividad de
hidrocarburos o de la industria eléctrica.
En México, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al
Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el tema
tiene que ver con ingresos y actividad económica y no con derechos
humanos.