Cultura Legalidad Educación

Orden Jurídico, Cultura de la
Legalidad y Educación en
México

Orden Jurídico,
Cultura de la Legalidad y
Educación en México

México 2009.

CRÉDITOS

COORDINADOR DE LA OBRA
EDUARDO DE JESÚS CASTELLANOS
HERNÁNDEZ

APOYO DOCUMENTAL Y COMPILACIÓN
MARCO ANTONIO GARFIAS AGUILAR
ERNESTO REYES CADENA
THANIA CORAL SALGADO PONCE
MARCELA ÁBREGO AGUIRRE

DISEÑO Y FORMACIÓN EDITORIAL
JOSÉ AMAYA HERNÁNDEZ
ROCÍO MIRANDA CALIXTO
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ
MANRÍQUEZ

Orden Jurídico, Cultura de la
Legalidad y Educación en
México

Primera edición, julio de 2009

© 2009
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPILACIÓN Y
CONSULTA DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL

http://www.gobernacion.gob.mx
http://www.ordenjuridico.gob.mx
http://www.bancosjuridicos.gob.mx

DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY
ISBN: en trámite

La edición consta de XX ejemplares

Impreso en México/Printed in Mexico

Bucareli No. 99, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc, CP 06600, México, DF.
.

Directorio de la Secretaría de
Gobernación

FERNANDO FRANCISCO GÓMEZ MONT
URUETA
Secretario

GERÓNIMO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Subsecretario de Gobierno

MANUEL MINJARES JIMÉNEZ
Subsecretario de Enlace
Legislativo

DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA
HERNÁNDEZ
Subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos

ALEJANDRO POIRÉ ROMERO
Subsecretario de Población,
Migración y Asuntos Religiosos

IRMA PÍA GONZÁLEZ LUNA CORVERA
Subsecretaria de Normatividad
de Medios

MANUEL RODRÍGUEZ ARREGUI
Oficial Mayor

E ntre las características del proceso
de consolidación democrática de México
destaca el impulso a la legalidad como una
política de Estado por los tres órdenes de
gobierno sustentada en instrumentos progra-
máticos integrales, progresivos y evaluables.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012
prevé como su objetivo nacional 11 el fomen-
tar el desarrollo de una cultura de la legalidad
conforme a la estrategia 11.1: reforzar el
diseño e impartición de programas educativos
para la población orientados a reforzar la
cultura cívica, el apego a la legalidad y el
conocimiento del Derecho.
Esta estrategia se basa en una campaña
permanente de revalorización de la cultura
de la legalidad en las diversas actividades y
manifestaciones de la sociedad en las que
el Estado participa con su planeación, orien-

9

tación, tutela, control así como en aquellas
en colaboración con los sectores privado y
social, campaña que significa la revisión de
contenidos de difusión y comunicación espe-
cíficos para grupos de población destinatarios
de programas de educación en la legalidad.
En esta movilización se retoman expe-
riencias tanto de los órdenes de gobierno
como de la sociedad civil, en cuya prepara-
ción y aplicación se identifican ya los aspec-
tos definitorios de la política nacional para
la legalidad: publicidad del orden jurídico
nacional, impulso de los derechos humanos
y del principio de legalidad en los actos de
gobierno y democratización de la sociedad.
A partir de estos supuestos operativos
fundamentales, en el campo educativo se
desarrollan proyectos que establecen ya las
bases para la legalidad como un pilar del
sistema educativo nacional junto con los
contenidos formales por grado y nivel de
estudios, valores cívicos e identidad cultural,
pilar que está, por su parte, en armonía
con los principios del artículo 3o de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De ahí la importancia de articular políti-
cas educativas viables que involucren ele-
mentos normativos, éticos y formativos para
operar líneas estratégicas congruentes con
los objetivos nacionales en su contexto par-

Orden Jurídico,
10
Cultura de la Legalidad y...

ticular, pero con una visión totalizadora
del Estado democrático de Derecho como el
entorno posibilitador de una sociedad plural,
tolerante, incluyente y de mejores oportu-
nidades individuales y sociales.
La Secretaría de Gobernación tiene a su
cargo la aplicación de la política federal de
difusión del orden jurídico y cultura de la
legalidad por disposición legal y reglamen-
taria, conforme a los objetivos establecidos
por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
y el Programa Sectorial de Gobernación
2007-2012, que tiene como objetivo secto-
rial 6 Impulsar la actualización, adecuación y
difusión del orden jurídico nacional, y señala
expresamente como propósito recuperar
la confianza social en nuestras instituciones.
Con ese motivo, se presenta esta publi-
cación con cuatro puntos de vista: desde el
ámbito federal, como el tema “Cultura de
la Legalidad y Educación” del licenciado
Ciro Mayen Mayen, Coordinador Nacional de
Estrategia de Educación Básica, de la Secre-
taría de Educación Pública; el local, con
“Cultura de la Legalidad en el Poder Judicial
del Estado de Nuevo León”, del licenciado
Mauro Zacarías Casimiro, Director Ejecu-
tivo del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León; e “Incentivos y Desincentivos
para la Legalidad”, del doctor Francisco

Orden Jurídico,
11

Javier Rivas Rodríguez, Subdirector Acadé-
mico del Centro de Cultura de la Legalidad,
Gobierno del Estado de Baja California, y la
academia, con la investigación “Orden Jurí-
dico, Cultura de la Legalidad y Educación en
México”, del maestro Antonio López Ugalde,
Coordinador del Centro de Investigaciones
Miguel Villoro, Universidad Iberoamericana,
que en su título refleja el tema general de
esta obra.
Con la reunión de estos temas y su varie-
dad de enfoques y ámbitos de actividad de sus
autores e instituciones, la Secretaría de
Gobernación proporciona al público en gene-
ral y a las áreas de planeación educativa
públicas y privadas, un material de consulta
accesible e informado que, sin duda, será
referencia necesaria en la construcción de
políticas de enseñanza que tengan en la lega-
lidad su fundamento y objetivo, hacia el
país más justo y democrático al que aspi-
ramos.

SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y
DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMPILACIÓN Y CONSULTA DEL
ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Orden Jurídico,
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Orden Jurídico,
Educación en México

Educación

MAESTRO CIRO MAYÉN MAYÉN
Coordinación Nacional de
Estrategia para la Educación Pública

NOCIONES SOBRE LA
CULTURA DE LEGALIDAD

La cultura de la legalidad es transversal a la estructura básica
que conforma el sistema social. John Rawls dice que, por estruc-
tura básica de una sociedad debemos entender: “la manera en que
las más importantes instituciones sociales encajan unas en otras
en un sistema, y cómo asignan derechos y deberes fundamentales
y dan forma a la división de las ventajas que se obtienen mediante
la cooperación social” (1995b, 243).
La cultura de la legalidad es, por ende, un concepto diverso
de significación múltiple (SÁNCHEZ CORDERO, 2000-2001, página 36).
Cuyo sustento conceptual ha sido desarrollado en las teorías del
derecho y la política, conforme a éstas: “el imperio de la ley y
su obediencia por parte de todos los ciudadanos de la participa-
ción ciudadana a las normas e instituciones es lo que da lugar a
la cultura de la legalidad” (SÁNCHEZ CORDERO, 2000-2001, página 35).
La cultura de la legalidad es también campo de estudio de la
antropología, la sociología y la pedagogía, disciplinas que estudian

15

igualmente el comportamiento de los individuos en el marco de
un orden jurídico consensuado participativamente entre los ciu-
dadanos.
Podría decirse que cultura de la legalidad es también: el cono-
cimiento que los ciudadanos tienen de las partes más esenciales
de las leyes; de la voluntad que expresan claramente para respe-
tar las leyes aprobadas por ellos mismos a través de sus institu-
ciones; de la existencia y funcionamiento correcto de órganos
de control por parte de los poderes de la Unión; de la eficacia de
sanciones por violaciones a las leyes y la validez de un proceso
de defensa de causados y quizás lo más importante, de la subsis-
tencia de un sistema para cambiar las leyes que nos rigen. (JOHN
RAWLS, 1995, FCE, página 326)

“La(…) característica de un pueblo democrático: es la razón de sus
ciudadanos, de aquellos que comparten la calidad de ciudadanía
en pie de igualdad. El sujeto de su razón es el bien del público: lo
que requiere la concepción de la justicia de la estructura básica de
la sociedad, de las instituciones, y de los propósitos y finalidades a
los que deben servir.” (JOHN RAWLS, FCE, página 204)

La cultura de la legalidad es pues uno de los rasgos medulares
de una sociedad justa y bien ordenada.
Luigi Ferrajoli, opina que el principio de legalidad es “la fuente
de legitimación de las normas jurídicas vigentes y por otra parte de
las válidas, es efectivamente constitutivo del moderno derecho
positivo y al mismo tiempo del moderno Estado de Derecho”
(SÁNCHEZ CORDERO, 2000-2001, página 35).
El derecho positivo sostiene la idea de que son los seres huma-
nos quienes construyen el sistema jurídico, y por tanto es de la
sociedad de donde procede éste y no de la naturaleza como lo

Orden Jurídico,
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postula el iusnaturalismo. El Derecho Positivo tiene como base la
teoría normativa propuesta por Kelsen que se basa en la jerar-
quización de la ley, dicha teoría estudia tanto las formas jurídicas,
como el impacto que éstas tienen en una sociedad determinada.
En consonancia con las premisas del Derecho Positivo, el
Estado de Derecho de una sociedad democrática es una construc-
ción social de ciudadanos libres y responsables con pleno conoci-
miento y respeto a las leyes que emanan de la misma voluntad
ciudadana. El Estado de Derecho se finca en la antigua idea de
que el gobierno de las leyes siempre será mejor que el gobierno
de los hombres y su plena eficacia lo constituye el desarrollo insti-
tucional de la sociedad.
La soberanía y la suprema autoridad de la ley son caracterís-
ticas esenciales en un Estado de Derecho. En una democracia, la
soberanía reside originariamente en la voluntad ciudadana y esta
la externa explícitamente a través de una ordenación normativa.
De suerte que, la autoridad del gobierno sólo puede realizarse
siguiendo leyes escritas, las cuales deben haber sido acogidas
mediante un procedimiento legalmente establecido. Dicho en
otras palabras, no cualquier Estado ni cualquier Derecho consti-
tuyen un Estado de Derecho; únicamente, aquel Estado controlado
por el Derecho legitimo, tengamos presente que el rasgo principal
del Estado de Derecho es el principio de legalidad igualmente
conocido como “Imperio de la ley”.
En un orden normativo su cúspide es la Constitución, de
modo que en la pirámide jurídica, el principio de la legalidad fluye
a los poderes públicos y se transmite a los agentes de la autoridad,
impregnando sus acciones de seguridad jurídica que repercute
en los gobernados, es decir el pueblo (TENA, 1989, página 10). Cons-
titucionalismo y democracia se afirman mutuamente (ELSTER, 1999,

Orden Jurídico,
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). Porque el Estado de Derecho no sólo respalda la exis-
tencia de la democracia sino que garantiza su consolidación. La
democracia, conduce a la búsqueda de instrumentos y herramien-
tas normativas que permitan que está perdure. La construcción
de una cultura de la legalidad es fundamental porque permite pro-
teger los principios de una sociedad democrática.
El principio de legalidad también se encuentra intrínsecamente
ligado a la legitimidad, el cual es un término que nos refiere a
la capacidad de que la ley sea acatada sin que la autoridad tenga
que recurrir a la coacción. En términos políticos podría decirse que,
la legitimidad es la capacidad que permite ejercer el poder sin
necesidad de recurrir a la violencia. Al proceso mediante el cual
una autoridad obtiene legitimidad se le llama legitimación.
La legitimidad tiene la función de transformar una relación
de fuerza en una relación de derecho. (BOBBIO, 1984, 24). El buen
gobierno es aquel que gobierna con base en las leyes (BOBBIO,
1984, 26). El poder legitimo se distingue del poder de hecho en
cuanto que es un poder regulado por normas.
La legitimación del poder plantea que una norma para ser
válida debe también ser justa (BOBBIO, 1984, 31). Los principios de
justicia asignan derechos y deberes y determinan la correcta dis-
tribución de los beneficios y responsabilidades que conlleva la
vida en sociedad. De modo que los principios de justicia social
deben regir el comportamiento de las instituciones.
Para Rawls las instituciones constituyen un sistema público
de reglas que precisan cargos y posiciones con sus derechos, debe-
res y poderes. Asimismo, sostiene que lo justo o injusto no es el
objeto abstracto, sino la realización de acciones, ubicadas en un
tiempo y un lugar determinado.
Los principios de justicia se aplican a aquellas instituciones
con bases comunes para determinar las expectativas de cada indi-

Orden Jurídico,
18

viduo que las conforma. La cultura de la legalidad, es por lo
tanto una característica esencial de los individuos que viven en
un Estado justo y ordenado: una persona que toma parte de una
(institución) sabe lo que las normas exigen de ella y de los
demás. Sabe también que los demás saben esto y que a su vez
saben que esta persona lo sabe y así sucesivamente.
Uno de los principios fundamentales del Estado moderno sos-
tiene que los derechos y deberes establecidos por las principales
instituciones de la sociedad, constituyen un esquema de liberta-
des básicas (RAWLS,1995, página 274). Las libertades básicas son
una familia de libertades y es el conjunto de éstas la que tiene
prioridad, y no únicamente una libertad por sí misma. Además,
estos principios están por encima de todas las diferencias econó-
micas y sociales reconocidas dentro de un Estado.
El Estado democrático es frágil e inestable puesto que la
forma de organización política democrática es hasta cierto punto,
indeterminada con respecto a las posiciones que los participantes
ocupan en todas las relaciones sociales (SARTORI, 1988, 96).
Por ello, para Adam Przeworski, es indispensable que la demo-
cracia se sustente en instituciones, “que hagan improbable que el
proceso político competitivo tenga unos resultados sumamente
adversos a los intereses de todos, dada la distribución de los recur-
sos económicos, ideológicos y organizativos” (SARTORI, 1988, pá-
gina 96).
La democracia nunca es sencillamente el gobierno del
pueblo, sino siempre el gobierno del pueblo por ciertos canales
preestablecidos, de acuerdo con ciertos procedimientos prede-
terminados, siguiendo ciertas normas electorales prefijadas y
sobre la bases ciertos distritos electorales trazados con anterio-
ridad. [...] la democratización limitada sirve a la continuación del

Orden Jurídico,
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gobierno democrático (ELSTER, 1999, páginas 252-253). Una demo-
cracia sin límites está condenada al fracaso.
Los estados democráticos para consolidarse, fortalecerse y
perdurar, requieren de una sólida cultura de la legalidad, indepen-
dientemente de las múltiples condiciones de tensión que son
intrínsecas a su naturaleza plural y participativa.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Luego de muchos siglos el hombre político aprendió que la sociedad
justa, aquella que le otorga y garantiza sus derechos individuales,
depende de la existencia de límites impuestos a los detentado-
res del poder en el ejercicio de éste.
Sólo a través de los años se ha ido reconociendo que la mejor
manera de alcanzar este objetivo será haciendo constar los frenos
que la sociedad desea imponer a los detentadores del poder en
forma de un sistema de reglas fijas ―la Constitución― destinadas
a limitar el ejercicio del poder político. La Constitución se convirtió
así en el dispositivo fundamental para el control del proceso del
poder (LOEWENSTEIN, 1976, página149).
El Constitucionalismo Republicano, arquetipo clásico para
todos los tiempos del Estado Constitucional, no estructurado nece-
sariamente como democracia plena, se desintegró en las guerras
civiles de los primeros siglos antes de Cristo y desapareció bajo
el dominio monárquico del César en Roma.
Sin embargo, la influencia del Constitucionalismo Republi-
cano se perpetuó, más, de una manera simbólica que de hecho,
en el dogma de la lex regia, según el cual el dominio absoluto
del monarca tenía su fuente originaria en la delegación del poder
político del pueblo en el emperador (LOEWENSTEIN, 1976, páginas
156-157).

Orden Jurídico,
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Durante los años posteriores a la caída de Roma hasta finales de
la Edad Media, las disposiciones del Papado, el Imperio y los seño-
res feudales eran las leyes que sujetaban la voluntad de los vasa-
llos. Hasta que este tipo de autoritarismo fue superado por los
estados absolutos gobernados por los reyes. La segunda etapa
del constitucionalismo podría decirse que comenzó con la revo-
lución puritana en el siglo XVII en Inglaterra y con sus repercusiones
en la independencia de las colonias inglesas en América, un siglo
más tarde.
Los ingleses lograron el establecimiento del Derecho consue-
tudinario en su orden jurídico, y la convicción popular les otorgó
tanta solemnidad como Constitucional formal que desde entonces
persiste en Inglaterra la orgullosa tradición de un Estado consti-
tucional sin constitución escrita, a la fecha Inglaterra y Nueva
Zelanda son los únicos Estados, dignos de este nombre, que pueden
prescindir de ella (LOEWENSTEIN, 1976, páginas 158-159). De manera
que no es una coincidencia que las ideas predominantes del Estado
de Derecho estén relacionadas a las teorías liberales surgidas en
Inglaterra.
La doctrina liberal surgió como una necesidad de la clase
media (LASKI, 1988, página 204) en contra de la regulación y opresión
del gobierno feudal, para que su principal exigencia, el derecho
a la propiedad privada pudiera llevarse a cabo. De esta forma se
inició una prolongada y constante lucha para acceder al poder, para
ello tuvo que enfrentar al antiguo régimen y vencer los nacientes
movimientos conservadores que sostenían que el liberalismo lleva-
ría al Estado a la completa anarquía.
El constitucionalismo y la construcción del Estado de derecho
continuó en los Estados Unidos, país en el que surgió con fuerza
la idea de conjuntar los valores democráticos con la tradición

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21

constitucionalista. Jefferson y Paine, celebres constitucionalista
estadounidenses, defendieron ante todo las libertades individuales:
se revelaron en contra de otorgarle el poder a la legislatura y de
anular las libertades personales consagradas en la Declaración
de Derechos (ELSTER, 1999, página 224). Y sin embargo, fueron
entusiastas demócratas al proclamar que: “los pueblos son amos de
sus propias personas y, por consiguiente, pueden gobernarlas
como gusten (ELSTER, 1999, página 226).
Dentro del sistema americano, el titular de la soberanía es
el pueblo o la nación. Ese titular originario de la soberanía hizo
uso de tal poder cuando se constituyó en Estado jurídicamente
organizado, con ese fin expidió su ley fundamental: la Constitu-
ción, consignando la forma de gobierno, y los poderes públicos con
sus respectivas facultades. Además, reservo para los individuos
cierta zona inmune a la invasión de las autoridades. Asimismo, el
titular originario de la soberanía, subsumió en la Constitución su
propio poder soberano.
La aportación estadounidense en el debate político y consti-
tucionalista de 1787 sin duda, influyó en las teorías modernas de
la democracia y del liberalismo, que a su vez influenciaron los
procesos de conformación de los Estados independientes de América
Latina particularmente a México.
Cabe puntualizar que la cultura de la legalidad no proviene
únicamente de la tradición política anglosajona, sin embargo la
aparición de circunstancias excepcionales en Inglaterra, favore-
cieron la trasformación de la monarquía absoluta en una monarquía
constitucional, haciendo de esta tradición un referente histórico
obligado para explicar su origen. Otro factor en la caída del régi-
men absolutista y la aparición del Estado de Derecho y la cultura
de la legalidad fue la revolución francesa de 1789.

Orden Jurídico,
22

La cultura de la legalidad y el Estado de Derecho podría afir-
marse que son herencia de la rica tradición tanto del constitucio-
nalismo como del liberalismo político, el primero contribuyo
poniendo límites a quienes detentar el poder y el segundo, desta-
cando la preeminencia de la libertad y los derechos de los individuos
en el proceso de construcción de un Estado democrático.

LA ILEGALIDAD TOLERADA

En contraste con los principios que dieron origen a la cultura de
la legalidad, en nuestro país prevalecieron desde el siglo XIX
hasta nuestros días, una serie de usos y costumbres que toleran
la ilegalidad tanto de las autoridades constituidas como de los
ciudadanos, en una serie de manifestaciones muy conocidas.

“ejercicio patrimonialista del poder y la correspondiente red de rela-
ciones clientelares […] expresadas en una privatización del espacio
público, alentando una cultura de la secrecía que derivo en un pro-
fundo distanciamiento entre gobierno y sociedad. Las consecuencia:
una ciudadanía a la que no se le reconocía su mayoría de edad polí-
tica,” (VALENZUELA, 2004, página 144).

Consiguientemente, “la racionalidad de la corrupción y la dis-
crecionalidad en la toma de decisiones y en el manejo de la infor-
mación púbica está anclada en la repetición de las antiguas
pautas culturales” (VALENZUELA, 2004, página 144). Los principales
lastres de la ilegalidad tolerada en nuestro país son la corrup-
ción, la impunidad, la violencia, la discriminación, el narcotráfico,
problemas que se han transformado al parecer, en una constante
de la vida pública de México.

Orden Jurídico,
23

La Corrupción

Problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos,
la corrupción va desde el caso aislado que alcanza a un solo servidor
público, hasta un fenómeno en el que participan redes y orga-
nizaciones que origina una serie de distorsiones en el funciona-
miento legal y ordenado de las instituciones.
El Banco Mundial define la corrupción, como: el abuso de poder
público en beneficio propio. Esta definición nos indica que quién
comete un acto corrupto está en una posición de poder y que está
recibiendo algún tipo de beneficio (ya sea monetario o no) que
no sea procedente o que simplemente es ilegal. Lo que necesi-
tamos añadir a esta definición es que la corrupción no sólo ocurre
en el sector público sino también en el privado (KLITGAARD, 1988).
Según Georgina Sánchez, “la corrupción no conoce fronteras
ni hace distinciones económicas e infecta todas las formas de
gobierno” (SÁNCHEZ CAMPOS, 2001, página 475). En el largo plazo,
ningún país puede soportar los costos sociales, políticos y econó-
micos de la corrupción, porque ésta erosiona la confianza pública
en las instituciones y conduce a anular la ley; distorsiona la distri-
bución de recursos y mina la competencia en los mercados; tiene
un efecto devastador en la inversión, el crecimiento y el desarrollo.
Más aún, la corrupción establece un costo descomunalmente alto
sobre los pobres, negándoles el acceso a los servicios vitales bási-
cos” (SÁNCHEZ CAMPOS, 2001, página 475).
La corrupción llega a florecer precisamente donde se incu-
ban las condiciones para ello, donde los servicios públicos y pri-
vados son deficientes y caros; donde la competencia por los
recursos escasos es nula; donde la inseguridad de las personas y
los bienes es elevada; donde la administración e impartición de
justicia está contaminada por la impunidad, pero, también,

Orden Jurídico,
24

donde existe una precaria educación entre la población de un
país que relega los valores éticos y cívicos.
Los tipos de corrupción más comunes que observamos en el
país son: el soborno o “la mordida”, el nepotismo, la mal versación
de fondos y el desfalco, el fraude electoral, los permisos de asen-
tamientos humanos ilegales, la doble contabilidad para evitar la
imposición fiscal, el financiamiento ilegal a partidos políticos, el
desvió de recursos, la anulación ilícita de cargos criminales, las
licitaciones o asignaciones de contratos ilegales.
Una sociedad con problemas graves de corrupción suplanta el
acatamiento a las reglas formales e institucionales del Estado
por la sujeción a convenciones informales con lo cual se fomenta la
descomposición jurídica general por lo que se vuelve difícil dis-
tinguir lo legal de lo ilegal. Cuando la corrupción tiene lugar en las
altas esferas gubernamentales, el problema puede derivar en un
proceder generalizado en la ciudadanía de usos y costumbres tole-
rantes con la ilegalidad (UGALDE, 2002). Transparencia Mexicana
reporta que el índice que registra mayor incidencia en corrupción
se da: en los jefes de hogar jóvenes: 12.1 y Jefes de hogar con
mayor escolaridad: 11.8 (preparatoria) y 12.8 (universitarios). El
índice que registra menor incidencia son: Jefes de hogar mayores
de 50 años: 7.9 y Jefes de hogar con menores ingresos (de hasta
un salario mínimo): 8.9 De los datos mencionados se puede colegir
que son los jóvenes jefes de hogar y con un buen nivel de edu-
cación los que más recaen en actos de corrupción (Transparencia
mexicana, 2007, página 15).

La Violencia

Es un fenómeno definido por la organización mundial de la salud
como “el uso o la amenaza del uso de la fuerza física o el poder

Orden Jurídico,
25

en contra de otra persona o de uno mismo o de un grupo, comu-
nidad o nación que resulte en heridas, daño a la salud o muerte
de las personas afectadas.
La violencia en México es un factor determinante de la deser-
ción escolar e incluso, una causa importante de muertes infan-
tiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en
un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas
e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos.
Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual,
psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en
ocasiones, es aprobada socialmente. (PINHEIRO, Estudio sobre la
violencia…, UNICEF, 2009).
En México, la relación entre microsistemas adversos y la vio-
lencia se ejemplifican en los más comunes escenarios de violencia
intrafamiliar. La transformación de las estructuras familiares tradi-
cionales se relaciona con la mayor participación laboral de la
mujer en la sociedad moderna y, en su conjunto, se refleja en
efectos diversos en las condiciones de vida de los individuos durante
su desarrollo. Cuando los niños crecen sin padres o con la ausen-
cia de ellos; cuando presencian el alcoholismo y la drogadicción
de sus padres; cuando viven la violencia entre los padres y entre
los miembros de la familia, su desarrollo cognitivo y emocional
se ve coartado, asimilando el niño influencias negativas que podrían
fácilmente reflejarse en conductas similares, antisociales y vio-
lentas, en el futuro (SÁNCHEZ, 2001, página 475).
La impunidad acrecenta los daños sociales causados por la
violencia, ya que deja sin castigo a culpables de crímenes o delitos,
que afectan a individuos y grupos sociales, que se imponen en
forma repetida y dominante, generando incertidumbre a propó-
sito de la confianza en el proceso político jurídico.

Orden Jurídico,
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Como bien sabemos la impunidad en México es sobresaliente,
sólo por citar algunos de los ejemplos dolorosos para la sociedad
mexicana, tenemos: los casos de las muertas de Juárez, la desapa-
rición de periodistas y políticos, sucesos que han quedado sin resol-
verse, de esta manera nos podemos percatar de que la obediencia
a las leyes por parte de las autoridades y el ciudadano común es
todavía precario.

Discriminación

La discriminación es un fenómeno que ocurre en las relaciones
que se establecen entre diversos sectores sociales, cuyo origen
y principal característica es la opinión negativa que un grupo
tiene sobre otro (CONAPRED, 2008). Conforme al Artículo 4 de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) se
entiende por discriminación: “toda distinción, exclusión o res-
tricción que, basada en el origen étnico o nacional, condiciones de
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexua-
les, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad
real de oportunidades de las personas.
La discriminación en México, históricamente se ha caracteri-
zado por la acentuada presencia de la desigualdad, la pobreza y
la falta de una ciudadanía plena. Pero la importancia de la dis-
criminación no radica sólo en la extensión del fenómeno, sino en
la profundidad de sus efectos. Los costos de la discriminación
son enormes, variados y los pagan no sólo los propios grupos estig-
matizados, sino la sociedad entera.
Dichos costos incluyen: el atropello de derechos y libertades
fundamentales y la negación práctica de oportunidades de desarro-
llo para quienes son objeto de discriminación; las pérdidas eco-

Orden Jurídico,
27

nómicas, producto del desaprovechamiento de los recursos y las
capacidades humanas de las personas y los grupos en situación de
vulnerabilidad; una creciente conflictividad y la fragmentación
social; la degradación misma de la democracia.
Y esto último porque la calidad de la vida democrática de
una nación depende crucialmente de las oportunidades efectivas
de desarrollo que ofrezca para todos los que en ella coexistimos.

El Narcotráfico

Aún en los Estados democráticos actúan los llamados “poderes
invisibles”. Son estos poderes invisibles los que dan cuenta de
zonas opacas de un “gobierno oculto” que no pocas veces trans-
grede la legalidad (Estado de Derecho) y actúa con una impuni-
dad y arbitrariedad que lastima las instituciones democráticas”
(VALENZUELA, 2004, página 145).
“Gobierno oculto”, “poderes invisibles” o “captura del Estado”
son escenarios que conspiran contra el orden democrático y son
riesgos que están ahí como amenaza de regresión de la democra-
cia que siempre es un orden quebrantable. El narcotráfico es sin
duda uno de estos “poderes invisibles” que ponen en riesgo la
estabilidad del Estado mexicano.
Una de las amenazas más serias a la seguridad nacional en
México hoy día es el narcotráfico. La razón no es difícil de entender:
Los cárteles han logrado infiltrar diversas instituciones del país; el
congreso, las cortes, los gobiernos estatales y municipales, orga-
nismos empresariales, policías y militares, entre otros. Según Esta-
dos Unidos el principal obstáculo para emprender la lucha eficaz
en contra del narcotráfico es la corrupción (SÁNCHEZ, 2001, de la
página 406 a la 407).

Orden Jurídico,
28

Las víctimas son la sociedad, los ciudadanos, y las estructuras
que generan la cohesión social. Lo más preocupante hoy en día
es que hasta en la escuela ha hecho su arribo el narcotráfico.
En donde el consumidor o distribuidor es el propio alumno,
esto en buena medida, debemos reconocerlo, se debe al deterioro
de los valores sociales.

LA LEGALIDAD COMO
SUSTENTO DE LOS
ESTADOS MODERNOS

“México está inmerso en un proceso de transformaciones que no
puede ni debe detenerse. La consolidación democrática del país
está abriendo paso a una etapa de modernidad en diversas áreas de
nuestra vida económica, política y social. Como nunca antes, el
destino de nuestra nación dependerá de lo que los mexicanos ha-
gamos o dejemos de hacer” (Presidencia de la republica mexicana,
2007).

México requiere, con imperiosa necesidad, contrarrestar la
contracultura de la ilegalidad de manera urgente y definitiva.
Los costos de las prácticas ilegales van en detrimento de la libertad
de quienes viven en el Estado mexicano, obstáculos infranquea-
bles para el paso hacia la consolidación del Estado Moderno al
que aspiramos.
El Estado moderno concibe a sus ciudadanos como “personas
libres e iguales […] cada persona tiene igual derecho a un esquema
pleno de libertades básicas iguales que sean compatibles y comu-
nes, un sistema de libertades para todos” (RAWLS, 1995b, página
271).
Bajo esta concepción el Estado deja de ser la jaula invisible
que hace cautivo a todo el que nace dentro de él, la cadena legi-

Orden Jurídico,
29

tima de quien renuncia a su libertad a favor de vivir en sociedad.
El componente esencial de un Estado moderno son sus ciudadanos.
En la medida que la cultura de la legalidad impere en las estruc-
turas básicas de la sociedad, el Estado, no podrá más que cumplir
con su principal función: garantizar la convivencia social armó-
nica, los derechos de propiedad, la igualdad de oportunidades y
los derechos humanos. Pues son precisamente los ciudadanos
quienes lograrán la construcción y manutención del Estado (AC-
KERMAN, 1993).

Convivencia Social
Armónica

La convivencia armónica requiere de amplios niveles de confianza;
la confianza está sujeta directamente a patrones de previsibilidad
respecto a la conducta humana. La previsibilidad se obtiene con
el acatamiento de las normas jurídicas por parte de todos los
ciudadanos que conforman al Estado.

“Los principios generales de un sistema jurídico tienen que ser apli-
cables a todas las actividades para cumplir con las condiciones
esenciales que las caracterizan: certidumbre y previsibilidad”
(SÁNCHEZ CORDERO, 2000-2001, página 35).

Las condiciones que propician la convivencia armónica social,
suponen una concepción moral de las instituciones por parte de
los individuos que aceptan cumplir con sus obligaciones y deberes
tal como se encuentran definidas en las normas jurídicas (RAWLS,
1995, página 271). Los ciudadanos deben aceptar voluntariamente
el por qué de estas normas y poder aprovechar las oportunidades
que estas les confieren. Otro de los componentes esenciales para

Orden Jurídico,
30

la convivencia social armónica, es la capacidad de los ciudadanos
para modificar el marco normativo según sus propias necesidades
y requerimientos a través del diálogo.
El ciudadano, es aquel individuo capaz de darse a entender
por los otros integrantes de la sociedad y que pueda, por tanto,
dialogar para decidir cuáles son las decisiones que se deben
tomar respetando el derecho a cada quien de buscar el bien que
subjetivamente establezca, declarándose con el mismo derecho
que los demás a buscar también su bien propio (ACKERMAN, 1993).
El diálogo debe propiciar la armonía de los ciudadanos y debe
tener en cuenta el respeto por los intereses y necesidades diver-
sas. Lo anterior conduce a la noción de cooperación y solidaridad
social, ésta “no significa simplemente una actividad social coordi-
nada, organizada eficiente y guiada por reglas reconocidas públi-
camente para lograr determinado fin general. La cooperación
social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica […] una
noción compartida de los términos justos de cooperación. Los
términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad
y mutualidad” (RAWLS, 1995b, página 271).

Derechos de Propiedad

Cada sistema de propiedad queda sustentado y legitimado sobre
la reflexión filosófica de los supuestos metafísicos y universales
que les otorgan un fin y una dirección hacia la consecución de un
modelo ideal de sociedad; éstos son plasmados, finalmente sobre
bases jurídicas concretas que adecuan la teoría con las condiciones
históricas en cada sociedad, por medio de la creación e instru-
mentación de las instituciones. La propiedad ha sido fuente de
reflexión tan antigua como la sociedad misma, incluso parte de los
fundamentos de las corrientes ideológicas preponderantes durante

Orden Jurídico,
31

todo el siglo XIX y el XX: el liberalismo político de Hobbes y Locke
y el socialismo marxista sentaron sus bases fundamentales en la
función histórica de la propiedad para construir los modelos ide-
ales (CASTAÑEDA, 2002, página 13).
El derecho a la propiedad ha gozado de tres atributos ―perso-
nales, temporales y espaciales― (CASTAÑEDA, 2002, página 16) los
cuales se dividen a su vez en dos polos antitéticos ―la propiedad
pública y en la propiedad privada―. La combinación entre estos
atributos le otorgan características particulares a los diferentes
sistemas de propiedad occidental que han existido a lo largo de
la historia.
La protección de la propiedad privada por parte del Estado
debe velarse como uno de los derechos fundamentales de los
seres humanos, tal como se plasma en la Declaración Universal
de Derechos Humanos en su artículo 17 el cual dice: toda persona
tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva y nadie será
privado arbitrariamente de su propiedad (ONU, 2009).
La referencia al respeto que debe existir a los derechos de
propiedad, es otro de los componentes fundamentales en la cons-
trucción de una cultura de la legalidad. Desafortunadamente en
México, durante mucho tiempo, a prevalecido la idea de que la
propiedad colectiva tiene preeminencia sobre la propiedad indivi-
dual, cuestión que ha derivado en problemas económicos y políticos
muy fuertes.

Igualdad de
Oportunidades

Este principio se aplica a la estructura básica de la sociedad, distri-
bución del ingreso y la riqueza y a formar organizaciones que hagan

Orden Jurídico,
32

uso de las diferencias de autoridad y responsabilidad o cadenas de
mando, no iguales pero sí ventajosas para todos sobre todo
“para los miembros menos privilegiados de la sociedad”. (RAWLS,
1995b, página 279).
Una justa igualdad de oportunidades supone que a las capaci-
dades y las habilidades similares deben corresponderles perspec-
tivas de vida similares, y que el deber de las instituciones políticas
y jurídicas consiste en mitigar las desigualdades sociales otor-
gándoles un piso común de oportunidades a los ciudadanos.
La igualdad de oportunidades no implica la igualdad de los
ciudadanos al margen de sus capacidades, sino.

“La promoción de una maximización de las expectativas, pero… que
no sea en detrimento de otro, sino que condiciona que esta maximi-
zación les sea favorable a los demás” (RAWLS, 1995a, de la página
455 a la 459).

Respeto a los Derechos
Humanos

Un pilar del Estado moderno son los derechos de los humanos, los
cuales deben ser protegidos por el Estado de Derecho puesto que
en la medida que estos se garanticen se cumplirán las funciones
esenciales del propio Estado.
Los derechos humanos deben ser compartidos por igual a todo
individuo independientemente de su condición social o grupo al
que pertenezca. La pertenencia a la Organización de las Naciones
Unidas requiere que los Estados reconozcan la dignidad y los dere-
chos iguales e inalienables de la humanidad. El fomento a la cul-
tura de la legalidad, en mi opinión también está vinculado a
robustecer los derechos humanos en nuestro país.

Orden Jurídico,
33

“Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los dere-
chos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspi-
ración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfru-
ten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” (ONU,
2009, Preámbulo).

La Educación

La política educativa del gobierno mexicano actual considera
que; “la sociedad requiere un México en el que haya leyes moder-
nas, suficientes, claras y sencillas que normen de manera efec-
tiva todos los ámbitos de la vida nacional, quieren que la ley se
cumpla y se haga cumplir. En suma, la sociedad exige un Estado
democrático de derecho, con una sólida cultura de la legalidad,
con certeza jurídica y seguridad para todos (Programa Sectorial
de Educación, 2007, página 43).
Por ello impulsa la consolidación de una administración ética,
eficaz, transparente y responsable, que rinda cuentas, combata
y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que
abra espacios a la participación ciudadana y al escrutinio social.
La creación y consolidación de un sistema educativo nacional,
es imprescindible para que a través de éste se fomente la cultura
de la legalidad, se fortalezca la democracia y la creación de ciuda-
danía:

“La escuela ha de adoptar y enseñar la ética de la responsabilidad
y la participación. Igualmente, la formación de los niños y jóvenes
de acuerdo con los valores cívicos y éticos es la mejor manera para
que interioricen el trato igualitario entre hombres y mujeres, el

Orden Jurídico,
34

respeto a todas las diferencias sociales, económicas, políticas, étnicas
y religiosas, así como para prevenir, encarar y resolver graves pro-
blemas de nuestro tiempo, como la drogadicción, la violencia, la
inequidad y el deterioro ambiental” (Programa Sectorial de Edu-
cación, 2007, página 10).

Ciertamente la escuela no es la única instancia educadora, ni
los logros educativos son únicamente su responsabilidad. Para
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, también resulta
decisiva la actuación de la familia, apoyando en la trasmisión de
valores y nuevos hábitos democráticos.
La UNESCO recomienda implantar mejores sistemas de gestión
de la información, orientar los métodos de contratación de docen-
tes y preparación del presupuesto, y capacitar a los funcionarios
de alto nivel. La idea es que un incremento de la capacidad estra-
tégica contribuirá a que el personal de los ministerios sienta
como propia la tarea de reconstruir los sistemas educativos y hacer-
los más duraderos.
El Programa Sectorial Educativo 2007-2012, propone incluir
en los planes y programas de estudios, contenidos y prácticas de
aprendizaje que contribuyan a consolidar en los alumnos una sen-
sibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada
en los valores de las sociedades democráticas y los derechos huma-
nos, la igualdad de género y la no discriminación (Programa Sec-
torial de Educación, 2007, página 45).
De igual forma, reforzar el diseño e impartición de programas
educativos para la población, orientados a reforzar la cultura cívica,
el apego a la legalidad y el conocimiento del derecho (Programa
Sectorial de Educación, 2007, página 11).

Orden Jurídico,
35

Las escuelas deben ser lugares en los que los niños de las más
diversas procedencias pueden aprender a convivir e interactuar
respetando la diversidad, de suerte que podamos acercarnos
cada vez a alcanzar una educación más integradora, basada en
los valores de la paz, la tolerancia y la no discriminación.
En la actualidad se llevan a cabo acciones y medidas para
recuperar y fortalecer la formación cívica y ética, la historia nacio-
nal y el respeto a los derechos humanos, el conocimiento y com-
prensión de nuestro entorno ecológico para conservarlo de mejor
manera.
Constituiría un complemento formidable agregar la partici-
pación de las familias, las organizaciones civiles, laborales, gre-
miales y religiosas, los partidos políticos, y especialmente los
medios de comunicación, a emprender y respaldar una campaña
permanente de revalorización de la cultura de la legalidad.

Formación Ética y Civismo

La Secretaría de Educación Pública es una institución interesada
en promover que se desarrollen los conocimientos, las actitudes
y las habilidades planteadas en los planes y programas de estudio
establecidos para cada nivel educativo. En la escuela mexicana,
desde la educación básica hasta la universitaria existe un énfasis
obsesivo en las reglas y reglamentos y muy poca preocupación
por fortalecer los valores de la libertad y el ejercicio de respon-
sabilidad personal. Es necesario recordar que la escuela no solo
imparte conocimientos sino que debe ser igualmente formadora
de carácter y creadora de valores en los individuos. (SÁNCHEZ,
2001, página 352).

Orden Jurídico,
36

Impulsar la formación cívica y ética desde la educación básica
es una tarea relevante a los retos de las sociedades contempo-
ráneas y las necesidades de la sociedad mexicana que demandan
el desarrollo de personas libres, responsables, capaces de convivir
y actuar de manera comprometida con el mejoramiento de la
vida social y el ambiente diverso y plural en que se desenvuelven.
La educación básica se orienta a que niños y jóvenes adquie-
ran los conocimientos, habilidades, valores y actitudes básicas y
necesarias para alcanzar una vida personal plena, actuar como
ciudadanos comprometidos y continuar aprendiendo a lo largo
de la vida.

El Papel de la Familia

En el siglo XX la familia, jugó un papel destacado como eje rector
de la cohesión social. Inculco valores nacionales caracterizados
por una sociedad que se entiende a sí misma con una “consis-
tencia propia natural” (SÁNCHEZ, 2001, página 24).
Hablar de la familia en la actualidad nos lleva a hablar de la
diversidad. Hoy las familias tienen una composición muy variada y
descansan en la relación interindividual, bajo la idea de que la
familia es ante todo un proyecto relacional que no hace referen-
cia necesariamente a lazos de sangre.
Las familias son importantes porque acompañan la evolu-
ción de los niños, en el proceso de escolarización, que es la vía
excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales. Los niños
reciben educación para que puedan ser autónomos y competentes,
emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos
afectivos satisfactorios, a lo largo de su vida.
La influencia de la familia es pues sumamente importante,
más no determinante, cabe la posibilidad que a pesar de que una

Orden Jurídico,
37

persona que pertenezca a un ambiente donde predomine la violen-
cia y la delincuencia pueda, si recibe una formación en valores
alternativa, no convertirse inexorablemente en delincuente.
La aspiración del gobierno de la República es propiciar las
condiciones de vida deseables para que en los ámbitos familiares se
promuevan valores, respeto a las normas y las instituciones, además
de fomentar la responsabilidad social, en tales condiciones, será
mucho más difícil que una persona cometa actos delictivos, de
violencia o cualquier acción que transgreda o afecte la armonía
familiar y el Estado de Derecho.

El Papel de los Medios de
Comunicación

“Las transformaciones económicas, políticas y sociales del último
cuarto del siglo XX han tenido una profunda incidencia en la estructura
interna de los medios, en los públicos de los medios y por supuesto, en
los trabajadores de los medios. Estas transformaciones determinaran lo
que se perfilará como un cuerpo mediático mexicano de principios del
siglo XXI, mucho más complejo, hibrido y alejado de –sino es que con-
frontado con– las estructuras de poder político.
Emisores privilegiados de las normas, reglas y valores nacionales, los
medios han evolucionado dramáticamente desde 1976 cuando la parti-
tura de la cohesión social se escribía en los pinos y se ejecutaba en redac-
ción y estudios de radio y televisión” (SÁNCHEZ, 2001, 321).

De esa fecha hasta entonces las relaciones que se establecen
entre medios y gobierno es totalmente distinto.
En los medios comienza a vislumbrarse una nueva relación
entre los ciudadanos y los medios reproduciendo así los nuevos
valores nacionales, que sin duda estará siendo influenciado notoria-

Orden Jurídico,
38

mente por la opinión de los medios, con toda la pluralidad y debate
de ideas que en ellos se presenta.
Cada vez son más y de mayor sofisticación y creatividad las
herramientas encausadas a la difusión de la cultura de la legalidad:
anuncios en medios masivos como televisión y radio; barra de
programas de televisión y radio que tratan temas legales; artículos
de revistas, periódicos e internet; foros, conferencias, semina-
rios, libros que poco a poco están siendo buscados por más per-
sonas ávidas de un conocimiento profundo y sustancial en materia
legal.

REFLEXIONES FINALES

Con sentido pesar, se debe reconocer que “una de las grandes con-
tradicciones que han marcado la historia del México contemporáneo
es la distancia entre el país real y el país formal” (VALENZUELA, 2004,
página 142). Es decir, gran parte de la normatividad que regula
las relaciones sociales son códigos formales no asimilados por la so-
ciedad que no se aplican en las relaciones sociales.
Entre la sociedad política la constante es el desconocimiento
de las reglas que norman esa interacción. Esta omisión conduce
fatalmente a la discrecionalidad, la opacidad, el autoritarismo y
la corrupción, males endémicos del Estado mexicano.
Construir una cultura de la legalidad en México supone tras-
formar el aprecio que los mexicanos tienen por la ley y las insti-
tuciones, de modo que podamos edificar nuevas costumbres y
valores. Adquiriendo la conciencia de que la mínima transgresión
a la ley tendrá repercusiones que trascienden los propios intereses
individuales. La educación es un elemento indispensable para
moldear nuevos patrones de conducta en los mexicanos.

Orden Jurídico,
39

En las décadas más recientes se han logrado avances cruciales
en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas. Se crearon nuevas instituciones como la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Acceso a
la información (IFAI). Sin embargo, en materia de educación los
avances que resultan en este rubro son casi imperceptibles y su
impacto en la población es lento y accidentado.
Por ello resulta indispensable, además de fortalecer todo los
esfuerzos hasta ahora realizados en materia educativa para la
formación de la cultura de la legalidad, dar un seguimiento puntual
a los procesos de transformación de los valores y las costumbre
de las niñas, los niños y los jóvenes mexicanos encaminadas a
cumplir con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 de: “inculcar a la nuevas generaciones el aprecio por el Estado
de Derecho como instrumento privilegiado para una convivencia
pacífica y respetuosa” (página 192).

Orden Jurídico,
40

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Orden Jurídico,
43

Cultura de la Legalidad
en el Poder Judicial del
Estado de Nuevo León

LICENCIADO MAURO ZACARÍAS CASIMIRO
Director Ejecutivo del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León

E n marzo de 2007 entró en vigor en el Estado de Nuevo León,
la Ley para la Promoción de Valores y Cultura de Legalidad,
dicha norma estableció la creación de un Consejo para llevar a
cabo el objeto principal de la citada ley: Promover y difundir en
la comunidad neolonesa, la cultura de legalidad y los valores huma-
nos; en dicho consejo existe la representación de los tres órganos
de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial.
Desde luego que antes de la creación y entrada en vigor de
la norma referida en el anterior acápite, en el Poder Judicial ya
se llevaban a cabo acciones para promover los valores humanos,
pero a raíz de la incorporación formal al citado Consejo de Valores,
estás se han incrementado notablemente.
El objeto perseguido con los diversos ejercicios llevados a
cabo, es involucrar a toda la sociedad en la promoción de los valores
y cultura de legalidad, por ello se ha buscado encaminar dichos
trabajos para toda la comunidad, haciendo especial énfasis en
los niños.
De acuerdo al calendario de valores tratado por el Estado,
toca precisamente al mes de abril, la difusión del valor de la

45

“justicia” y por tal motivo corresponde al Poder Judicial del Estado
organizar una serie de eventos para tal fin. En abril de 2008, se
llevaron a cabo primeramente dos conferencias magistrales, diri-
gidas tanto a los compañeros del Poder Judicial del Estado, como
a la comunidad jurídica y personal en general. La primera fue
dictada por el doctor y magistrado del cuarto circuito, Licenciado
Jorge Meza Pérez, intitulada “Los Modelos Éticos y los Principios
de la Función Judicial”; en esta conferencia se habló de los prin-
cipios rectores del funcionamiento del aparato judicial federal:
ética, independencia, imparcialidad, objetivismo, profesionalismo
y excelencia judicial, las citadas máximas fueron explicadas a
los concurrentes, dejando una gran enseñanza al público asistente.
Posteriormente, tuvo lugar una conferencia intitulada el “Labe-
rinto de la Felicidad”, la cual fue dictada por el Licenciado Juan
Gerardo Garza Treviño, Director del Centro de Valores Éticos del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el con-
ferencista mencionó que el mundo de hoy se caracteriza por la
abundancia de información, misma que a veces abruma y hace
perder la capacidad esencial de la reflexión y el asombro. Inmerso
en la inmensidad de la información y los avances tecnológicos, el
ser humano enfrenta la dificultad del encuentro consigo mismo.
El ser humano tiene que buscar lo trascendente, encontrar las res-
puestas del porqué y para qué vivir, preguntarse qué quiere y a
dónde va.
Garza Treviño explicó que teniendo equívocos conceptos de
la felicidad, el hombre se pierde en un laberinto en su búsqueda por
encontrarla. “Los medios algunas veces son un obstáculo para
el encuentro de la felicidad. El ser humano tiene que descu-
brirla ¿dónde está la felicidad? En una filosofía de vida, en una
manera de ver y entender la vida. El ser humano ha perdido sabi-

Orden Jurídico,
46

duría para vivir. Hay tantas cosas a nuestro alcance y, sin embargo,
carecemos de la sabiduría para saber vivir. La filosofía para la
vida empieza con dar respuesta a un cuestionamiento esencial:
¿Qué es la vida?”
Los mexicanos dan respuesta equivocada a este plantea-
miento, dijo, pues equivocadamente, por su idiosincracia, creen
que la vida es suerte, como si fuera un ipso mágico para el logro
de las cosas. No es raro escuchar: “A él le ha ido bien… sí, es que
tiene mucha suerte.”
Otra respuesta incorrecta de lo que significa la vida, según
explicó, es pensar que la vida es destino, asumiendo patrones erró-
neos. Es equívoco pensar que la vida se puede fincar sobre el
azar y el destino, cuando en realidad la felicidad se finca en un
proyecto de vida que debemos construir a través de nuestras pro-
pias decisiones.
“Es en ese proyecto de vida donde la felicidad es una meta
esencial y en el proceso de encontrarla no sabemos descubrirla,
damos respuesta equívocas que aceptamos como felices, obte-
niendo salidas falsas que nos llevan, precisamente, a un labe-
rinto”, explicó Garza Treviño.
El centro de todo proyecto de felicidad son los valores, buscar
lo que en la vida vale. Valores, para la competitividad para ser
mejores, ser competentes, tener orden, disciplina, calidad,
entre otros. Valores sociales para poder interactuar con otros
como la solidaridad, colaboración y trabajo en equipo, además
de los valores éticos como la honestidad, la verdad, la sinceridad,
la responsabilidad y la justicia.
Si bien es cierto, la vida diaria demanda un mayor esfuerzo
en la búsqueda de la felicidad; Garza Treviño consideró que ésta
nunca llegará si no se es feliz con lo que se tiene, con lo que se
goza y no con lo que se anhela.

Orden Jurídico,
47

Por otra parte, continuando con las actividades fundamentales
del Consejo, el Poder Judicial en conjunto con la Secretaria de
Educación, organizaron una serie de visitas por parte de alumnos
de diversas escuelas primarias, a las instalaciones del Tribunal
Superior de Justicia.
Alrededor de 500 alumnos de tercero y cuarto grado de prima-
ria, tuvieron oportunidad de conocer el significado de la justicia y
la importancia de mantener la cultura de la legalidad, a través
de un folleto y video preparado especialmente para ese fin, el
cual fue realizado con la colaboración del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey y la Facultad Libre de Derecho.
Con palabras accesibles a su edad, los alumnos conocieron:
¿Qué son las leyes? ¿Cuántos tipos de leyes hay? Que no todas las
leyes son reglas, el significado de la justicia, cuándo se actúa
con justicia y cuándo no; además de darles a conocer lo que hace
el Tribunal Superior de Justicia y lo que ellos pueden hacer por
la cultura de la legalidad y la justicia.
Las visitas se programaron en dos turnos: matutino y ves-
pertino, en cada una de ellas se contó con personal del Poder Judi-
cial para recibir a los educandos, dándoles una breve introducción
del significado de la justicia y la importancia en el cumplimiento de
las leyes. Les fue ejemplificada la importancia del cumplimiento
de las leyes, al hacer referencia a un partido de fútbol, donde es
importante cumplir con ciertas reglas, pues de lo contrario se
aplican sanciones por el árbitro. También se hizo referencia a las
reglas que ellos deben seguir en sus hogares, con sus padres, lo
que representa el cumplimiento de ciertas normas.
El magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de
Nuevo León y el Secretario de Educación en el Estado, Reyes

Orden Jurídico,
48

Tamez Guerra, estuvieron presentes en una de las visitas y consta-
taron el interés y atención de los menores en la información que se
les ofreció, así como en la participación de las dinámicas que
se llevaron a cabo.
Una de las más importantes y que reflejó el mayor interés de
los estudiantes, fue la realización de un simulacro de juicio oral,
en el cual ellos mismos fueron protagonistas. Durante el desarro-
llo del juicio, el cual por cierto, se llevó a cabo en una auténtica
sala de juicio oral, algunos de los alumnos asumieron los roles de
la defensa, el ministerio público, el denunciante, los testigos y
el guardián del orden, dejando al resto el papel de audiencia.
El asunto a desahogar consistía en un caso hipotético en el
que se planteaba una situación de agresión entre compañeros de
escuela, correspondiendo a los jueces orales en materia penal
María del Rosario Garza Alejandro y Francisco Manuel Sáenz Moreno,
asumir su propio papel, guiando e instruyendo a los menores en
el desarrollo del procedimiento oral.
Al concluir el simulacro, los jueces recurrieron a los propios
estudiantes para conocer su opinión respecto a la culpabilidad
o inocencia del acusado en el caso del que fueron partícipes, lo
que permitió a los escolares, percatarse de la responsabilidad e
importancia de la encomienda diaria que asumen los juzgadores
al tratar los diversos asuntos de su competencia.
Los estudiantes, también conocieron la importancia de la
mediación al formar parte de la dinámica del “teléfono descom-
puesto”, aplicada por el director del Centro Estatal de Métodos
Alternos para la Solución de Conflictos. Durante el ejercicio se
dieron cuenta de la importancia de la comunicación, pues cons-
tataron que los mensajes iniciales pueden variar y ser distorsio-
nados al trasmitirse de una persona a otra, generando con ello

Orden Jurídico,
49

conflictos en la comunicación, por lo que descubrieron la impor-
tancia de escuchar con atención para así comprender el sentido
de cualquier mensaje.
Antes de despedirlos, los alumnos recibieron un “memo-
rama”, juego didáctico realizado especialmente para ellos, a fin
de que aprendieran e identificaran jugando, los diversos conceptos
que se presentan en las labores del Poder Judicial.
Se ilustraron a través de atractivos personajes, los conceptos
de ley, justicia, poder judicial, juicio, tribunal, expediente, media-
ción, magistrado, consejero, juez, secretario, escribiente, actuario;
así como el abogado y delincuente; contando con un tarjetón de
instrucciones, donde se daba una breve explicación de cada una
de las figuras que aparecían en el citado juego.
Durante el mes de diciembre del año 2008, también se rea-
lizó una dinámica muy particular e interesante para el enalteci-
miento y promoción de los valores y cultura de legalidad durante
la época navideña. Se sostuvieron reuniones a fin de dar forma
y cristalizar este proyecto. Envueltos en la época decembrina, se
pensó en un árbol navideño, pero no uno cualquiera, sino un
árbol que fuera formado por los propios ciudadanos con globos de
helio multicolores.
Se montó una estructura en la Gran Plaza, en una zona ale-
daña al edificio del Tribunal Superior de Justicia, punto focal
para la ciudadanía en general. El interior del árbol era hueco a
fin de que los propios ciudadanos lo llenaran depositando un
globo expresando en él, los valores deseados para Nuevo León,
comprometiéndose a practicarlo.
Justicia, responsabilidad, patriotismo, tolerancia, seguri-
dad, perseverancia, honestidad, libertad, integridad, solidaridad,
respeto, fortaleza, trabajo, lealtad y amor fueron los valores que

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se depositarían en el árbol. Formalmente se dio inicio a esta acti-
vidad el 4 de diciembre de 2008, cuando se inauguró “El árbol
de valores”, nuestras autoridades así como los representantes de
niños y jóvenes fueron los primeros en depositar los valores dese-
ados para Nuevo León, se podían leer en diversos globos de colores
“Seguridad”, “Justicia”, “Amor”, “Respeto”, etcétera; y así,
durante dieciséis días se vivió una experiencia inolvidable, pues
la interacción con la sociedad neolonesa, dejó en los miembros
del Poder Judicial, una serie de anécdotas invaluables, permi-
tiéndonos en este espacio, compartir alguna de ellas.
Como se dijo antes, se montó una estructura algo peculiar en
la Gran Plaza, donde una grúa sostenía una gran red que daba la
forma de pino navideño, esta estructura era hueca, y por ello
la gente se acercaba por un lado de forma curiosa y por otro sor-
prendida al ver un pino “vacío”; nos preguntaban: “¿Cuándo va a
estar listo?”, “¿Cuándo se va a prender?”, “¿Qué le van a poner?”,
“¿Qué va a haber aquí?”; a todos se les explicó que la idea era
escribir en un globo metálico, el valor deseado para Nuevo León,
y luego depositarlo dentro del árbol, y así llenarlo de miles de
globos; acto continuo, la pregunta obligada era: “¿Cuánto cuesta?”,
al decir “nada, es gratis”, la gente se entusiasmaba aún más, y
con orden iniciaban la fila. Hubo quien pregunto: “¿Oiga señorita,
y los globos traen premio?”; otro más dijo: “me regalas uno para
llevármelo… ¿Me lo vendes?”; no faltó el típico adolescente que
trato de darnos una amplia y basta explicación atinente a que el
blanco y el plata no son colores, por eso él quería un globo verde;
múltiples parejas de enamorados terminaron por declarar su
amor en los globos, hubo quienes nos dejaron con la incógnita:“yo
amo a ?”; hay quien pidió un deseo: “Amor y un novio para el 2009”;

Orden Jurídico,
51

alguien más reto al anonimato y escribió su dirección de correo
electrónico esperando le regresaran su globo.
También merece especial mención la típica señora incon-
forme con las filas, aquella constante que trata una y otra vez de
adelantar su lugar, y en este caso, lo logró! como el encargado
se dio cuenta, cuando entregó el globo a la dama, sólo le pidió,
en aras de promover los valores, que recordara la importancia de
la honestidad, invitándola a comprometerse con dicho valor, escri-
biéndolo en su globo.
En uno de esos días, se observó a un joven con su mochila de
trabajo, que de forma muy ordenada hizo fila hasta llegar a la
mesa donde se repartían globos, indicó a la chica encargada en
ese momento, que no sabía escribir, pero por favor, pusiera a su
nombre en el globo: “Trabajo, mucho trabajo para Nuevo León
100 por ciento”… sin palabras.
Un detalle que es importante recordar, es el caso de una niña
quien desde su llegada insistía a su papá que pidiera un globo
para su hermanito, el papa no le hacía mucho caso, la niña no
desistió: “ándale papi, un globo para mi hermanito, ándale”, el
papá dijo de forma muy dulce: “no mijita”, pero ella no se cansaba
“ándale papi, uno para mi y otro para mi hermanito”; la gente
de mesa buscábamos con la mirada al niño, y no lo encontramos;
ante la insistencia de la pequeña, le dimos otro globo: “toma
chiquita, para tu hermanito”, el señor con los ojos nublados nos
miró con cierta ternura y dijo “Gracias, es que su hermanito esta
en el cielo”, sobra decir que nos quedamos helados (y no preci-
samente de frío), la verdad tardamos en reaccionar hasta que
mi compañera dijo: “pues precisamente al cielo vamos a mandar
todos los globos el sábado, y va a venir Luca”, la niña nos regaló
una enorme sonrisa y muy feliz fue a depositar dos globos al pino,

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el suyo y el de Ulises, su hermano; el papá con la voz entrecor-
tada nuevamente dijo “Gracias”.
Finalmente, los valores volaron al cielo el día 20 de diciembre.
Desde temprana hora decenas de familias y ciudadanos se dieron
cita en el área donde se ubicó el árbol a fin de presenciar la clau-
sura, disfrutar de la presencia de Luca la Marioneta Gigante, y
principal promotor del Consejo de Valores y Cultura de Legali-
dad, y apreciar el espectáculo de fuegos artificiales, con el que
se daba por terminado el evento.
Con breves intervenciones, nuestras autoridades daban por
concluido el evento, recordando la importancia de fomentar los
valores en cada uno de nosotros y extenderlos a los demás.
Fue Luca, expresando sus buenos deseos, quien dejó ir sim-
bólicamente un globo gigante en el que se apreciaba la leyenda
de todos los valores promovidos, dando inicio al acto con el que
se activaba el mecanismos que dejaba libre a los miles de globos
de helio contenidos en el árbol.
Con este tipo de actividades, sobre todo en una época donde
la unidad familiar es más tangible, la gente reflexionó sobre la
importancia y necesidad de estos, pidiendo amor, paz, seguridad,
patriotismo, respeto; los jóvenes se hicieron escuchar clamando
la libertad tan añorada a su edad; los niños con gran emoción pidie-
ron amor para todos. Lo invaluable del árbol de valores, es que dejó
un gran sentido de colaboración y compañerismo entre todos,
refrendó nuestra vocación de servicio para la sociedad a la que
pertenecemos; pero sobre todo, nos dio la oportunidad de ser
testigos de la esperanza que familias, niños, jóvenes y adultos
mayores de Nuevo León guardan en su corazón para nuevamente
vivir en un ambiente rodeado de valores de amor, seguridad, paz,
tranquilidad y respeto; se reflejó el deseo de que los niños del

Orden Jurídico,
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mañana, sean hombres y mujeres responsables, justos y compro-
metidos con el bienestar social; si bien los valores humanos son
intangibles, creo que todos sentimos el calor del amor, la ilusión
y el compromiso de la gente con los valores deseados para nuestro
Estado.
La estadística obtenida con este ejercicio, nos revela que el
valor preferido por la gente, fue el del amor, con 2428 globos,
seguido del respeto y la honestidad con 1954 y 1372 globos; en
total fueron depositados en el árbol aproximadamente de trece
mil quinientos globos; con esto, servidores del Poder Judicial pusi-
mos nuestro pequeño granito de arena para fomentar la cultura
de los valores; ojalá y esa semillita que plantamos en cada globo
entregado, dé un fruto positivo a favor de todos.
Por otra parte, durante el año 2009, nuevamente en abril
“Mes de la Justicia”, el Poder Judicial del Estado, en coordina-
ción con el Consejo de Valores y la Secretaría de Educación, concre-
taron llevar a cabo una conferencia respecto a “Calidad en el
Servicio” impartida por el Doctor César Lozano, donde se trató
la importancia de practicar en nuestra labor diaria, todos los valo-
res humanos; respeto, responsabilidad, lealtad, entrega, justi-
cia, etcétera, fueron abordados por el citado conferencista de
una forma muy amena, cobrando especial importancia la inter-
acción lograda con el público asistente.
Al igual que el año pasado, durante el mes de la justicia
2009, fueron programadas visitas escolares al Tribunal Superior
de Justicia, sin embargo, este año se buscó llegar a más niños
para que conocieran nuestra labor y el papel que desempeña el
Poder Judicial en cuanto a la cultura de Legalidad. Por ello, en lugar
de llevar a cabo un simulacro de juicio oral, cuyas salas sólo tienen
capacidad máxima para 40 niños cómodamente sentados, se ideó

Orden Jurídico,
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hacer algo donde se pudiera invitar a más escuelas, y así se decidió
el montaje de una obra teatral titulada “La Tarea es Juzgar”,
cuyo guión fue realizado por el Licenciado Mauro Zacarías Casimiro,
Director Ejecutivo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
en el Estado.
Se buscó que la citada puesta en escena, fuera basada en
personajes y situaciones de actualidad y del gusto de los estu-
diantes que nos acompañarían (4o a 6o grado de primaria). La trama
se desarrollaba en una escuela estatal, donde un grupo de amigos
era habitualmente molestado por un par de compañeros que desple-
gaban aires de superioridad por sobre el resto de los estudiantes,
particularmente se trato del regreso de clases después de un
periodo vacacional, la maestra debía recoger la tarea encargada
y una alumna sufre el robo de su trabajo además de ser objeto
de bullyng, por lo que la maestra da inicio al juicio de la tarea
robada.
Los asistentes a esta obra, pudieran constatar como durante
un número musical, el salón de clases se transformó en una sala
de juicio oral, donde se representaron la figuras de la jueza
(maestra), el acusado y la parte ofendida. La jueza fue la encar-
gada de dirigir el juicio, cada una de las partes, ofrecieron sus
pruebas, aportaron testigos de su intención para declarar a su
favor, emitieron sus alegatos de apertura y cierre; finalmente a
la jueza le tocó la emisión del fallo o sentencia. Para esto se
pidió la opinión de los alumnos asistentes, quienes entusiastas
gritaban que la acusada era culpable, pues ellos presenciaron
cuando se llevó a cabo el hurto de la tarea.
En este caso, operó el perdón de la parte ofendida, por lo
que la pena o castigo impuesto se redujo; se explicó a los niños,
la importancia del valor del respeto y la honestidad, el trato

Orden Jurídico,
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igualitario y sincero entre los compañeros, el cómo hay que respe-
tarnos mutuamente para convivir en armonía, por ello los insultos
o agresiones físicas, no deben suscitarse; se detalló que el Poder
Judicial, trabaja para verificar que se cumplan las leyes, y aplicar-
las en caso de que no sean acatadas; la función de los jueces es
velar porque sean respetados los derechos de las personas y de
la sociedad.
En general, se contó con la asistencia de 1850 alumnos corres-
pondientes a 16 escuelas del Estado, a quienes se les obsequió un
juego didáctico de “Serpientes y Escaleras”, las casillas que lo
conforman tratan de conceptos judiciales y suben o bajan depen-
diendo de la suerte. Por ejemplo, si hablamos de la carrera judi-
cial, tenemos que, si los dados hacen que el participante llegue
a la figura del escribiente, este puede ascender por la esca-
lera hasta la figura del magistrado; por otro lado, si se cae en la
figura del robo, cae a través de la serpiente a la casilla del delin-
cuente tras las rejas.
El juego didáctico de serpientes y escaleras, cuenta con la
figura de Alex, quien nos recuerda que: “Jugar conforme a las reglas
es respetar la cultura de la legalidad”. Este juego, fue ideado para
reunir a la familia, para que en un rato de convivencia, platiquen
sobre los conceptos de la función judicial: la ley, la justicia, el tri-
bunal, la mediación, los juicios orales, el matrimonio, etcétera.
El Poder Judicial del Estado está muy comprometido con la
difusión de valores y cultura de legalidad, con este motivo, se
llevan a cabo conferencias o encuentros con estudiantes univer-
sitarios, con personal docente de diversas facultades, etcétera,
para intercambiar puntos de vista y enriquecer la visión jurisdic-
cional; ciertamente se organizan muchas actividades dedicadas
a la niñez, pues se apuesta a que el ambiente y desarrollo social

Orden Jurídico,
56

presente está en manos de las generaciones futuras; por ello se
trata de crear conciencia en ellos de que la vida está llena de
valores que es necesario practicar para vivir en armonía.
El respeto, la honradez, la libertad, son bienes intangibles
que viven en nosotros mismos y deben prevalecer en la vida social.
Una vida plena en valores, es el reflejo de la riqueza humana del
hombre. La función de los jueces o de los tribunales, no es san-
cionar la falta de estos valores, sino resguardarlos, exigir que se
materialicen y se practiquen, para el bien de la sociedad.
La cultura de la legalidad, no implica la difusión de normas
o criterios legales, sino el aceptar que el actuar social se rige
por una serie de límites impuestos con el objeto de respetar al
resto de las personas. Implica reconocer la existencia de un sistema
legal y/o jurisdiccional ante quien se debe denunciar un hecho
delictivo o ilegal para ser juzgado y sancionado, lo cual es en
beneficio de la propia comunidad.
Los niños y jóvenes deben comprender que las normas no se
imponen para generar miedo ante su incumplimiento, sino para
resguardar el orden armónico social.

Orden Jurídico,
57

Incentivos y Desincentivos
para la Legalidad

DOCTOR FRANCISCO JAVIER RIVAS RODRÍGUEZ
Subdirector Académico del
Centro de Cultura de la Legalidad
Gobierno del Estado de Baja California

C uando se trata de resolver problemas que tienen que ver
con los conglomerados sociales, el primer elemento que los
vuelve complejos lo es, sin lugar a dudas, el de los intereses indi-
viduales y colectivos. Las decisiones sobre los problemas son
parte de la vida cotidiana de las sociedades y ahí se mezclan los
problemas del individuo y los colectivos. El punto a discutir es
cómo lograr que se conjuguen estos intereses, buscando obtener
un resultado justo para todos o, por otra parte, buscar una solu-
ción que procure atender los intereses de todos los sujetos implica-
dos, sin importar el grado de beneficio.
Es claro que una resolución hecha por un tomador de decisiones
va a afectar, en mayor o menor medida, los distintos ámbitos de la
vida del individuo y de la sociedad. Por ejemplo, para los vecinos
de una calle cualquiera puede resultar benéfico la colocación de
un alto de disco, con el consecuente castigo para el infractor
de dicha medida por transgredirla. Sin embargo, al mismo tiempo,
puede no resultar necesariamente satisfactoria para aquel que
habita justo enfrente de donde fue colocado el alto, pues el
ruido de los vehículos al reiniciar la marcha puede serle molesto.

59

¿Cómo tener entonces un sistema de decisiones que generen normas
que cumplan los intereses de todos? ¿Puede un tomador de deci-
siones lograr satisfacer todos los intereses implicados en un pro-
blema? Y, si el tomador de decisiones es finalmente un ciudadano
¿cómo lograr que las decisiones sean decisiones que atiendan el
bien común?
En 1958 Lawrence Kohlberg, psicólogo norteamericano,
quien fue profesor en la Universidad de Chicago y en la Univer-
sidad de Harvard, presenta su tesis doctoral sobre el desarrollo
del juicio moral,1 en su tesis Kohlberg se centra en cómo el niño
va adquiriendo las herramientas conceptuales que le permiten
tomar decisiones ante ciertos “dilemas”, dilemas que plantean
posibles respuestas para el sujeto poniendo en evidencia los
diferentes grados de posicionamiento ante los instrumentos nor-
mativos, antes las figuras de autoridad y que muestran un espectro
en la toma de decisiones que va desde elegir el beneficio personal
ante todo hasta el optar por el beneficio social pese a los sacrificios
personales.
Kohlberg propone en su teoría sobre el desarrollo moral con
tres diferentes niveles de juicio moral, el preconvencional, el
convencional y el postconvencional, cada una compuesta por dos
etapas, donde el pasaje de una etapa a la otra se logra gracias a
un proceso gradual de aprendizaje (que él plantea como irrever-
sible) en el que se adquieren nuevas estructuras mentales de cono-
cimiento y valoración que permiten la toma de decisiones, en
cada etapa podemos distinguir dos aspectos importantes, el pri-
mero tiene que ver con la toma de decisiones y el otro con la
restricción a la conducta, es decir, por un lado en cada nivel de
desarrollo moral y en cada etapa que la compone el sujeto desea

1Esta teoría retoma los principios de Epistemología Genética expresados por JEAN PIAGET sobre dife-
rentes estadíos en donde el niño va desarrollando su estructura mental y su inteligencia.

Orden Jurídico,
60

hacer algo, debe tomar una decisión y siente una determinada
motivación a actuar pero por el otro restringe (si la restringe) su
conducta en función de las figuras de autoridad que son éstas
personas (los padres, las autoridades de policía, etcétera.) o que
sean los valores propios del sujeto mostrando así el nivel de hete-
ronomía o de autonomía de cada uno.
Kohlberg plantea que en el nivel preconvencional el sujeto
identifica lo correcto en base a lo que la autoridad le demanda,
en un nivel convencional el sujeto busca el beneficio personal en
un sistema de reciprocidades para finalmente desarrollar una
moralidad postconvencional donde las decisiones se gestan a la
luz de principios universales (KUHMERKER, 1995). Este proceso
de desarrollo moral como lo plantea Kholberg debería concluirse
a la llegada a la adultez temprana, es decir se esperaría que
cualquier adulto al adquirir sus plenos derechos de ciudadanía
haya ya internalizado los elementos conceptuales que le permitan
tomar decisiones que busquen atender el bien común sobre el
beneficio personal.
Si bien la teoría del Desarrollo Moral de Kholberg es aceptada
por la mayoría de los psicólogos y especialistas en el tema, otros
autores consideran no definitivos los resultados de esta investi-
gación, disintiendo en que las etapas que Kholberg describe no
siempre siguen el mismo orden y que sí están sujetas a cambios.
De igual manera otros autores comentan que las etapas del
desarrollo moral son sólo aplicables a los hombres occidentales
que viven en una sociedad tecnológica y no a todas las culturas.
Entendiendo la cultura mexicana como una cultura occidental
y tecnológica2 deberíamos poder esperar una sociedad que entienda

2SAMUEL P. HUNTINGTON considera a América Latina como una cultura diferente a la cultura occiden-
tal (para mayores aclaraciones se sugiere revisar los libros: Choque de Civilizaciones y ¿Quiénes
somos? Los desafíos de la Identidad Estadounidense)

Orden Jurídico,
61

los bienes públicos como bienes al servicio de la colectividad y
por lo tanto de responsabilidad común, deberíamos poder esperar
que los ciudadanos, bajo el concepto expresado por Montesquieu
la forma más económica de convivencia social es la legalidad
(RUSSEL, 1983), el respeto a los instrumentos normativos, debería-
mos ver en nuestra sociedad una capacidad de participación social
y democrática capaz de generar contrapeso a los grupos de interés
que, debido a su propia agenda, participan asiduamente, debe-
ríamos poder vivir en una sociedad pacífica, sin embargo en México
parece que el respeto de la norma jurídica, el pago de impuestos,
la participación democrática es responsabilidad de pocos, incluso la
burla sistemática a la legalidad es un equiparable a inteligencia,
habilidad, valor o destreza (MUÑOZ, 2006).
Es así que el Estado debe generar una serie de facilidades
para recaudar impuestos o convencer a las personas a respetar
las leyes, por hacer unos ejemplos, si no has pagado el agua se
cancelan todos tus recargos, se rifan casas o autos, se anulan las
multas, mientras que para aquellas personas que cumplieron cabal-
mente no hay mayores beneficios. De esta manera es natural
cuestionarse ¿es benéfico para mí ser puntual en mis pagos y
cumplir la ley? Aparentemente no mucho, pero de igual forma para
las autoridades parece existir grandes beneficios en el cumpli-
miento de la ley, un gobierno que aplica estrictamente la ley
recauda pocos votos en la competencia electoral, entonces, si el
desarrollo moral esperado no se logra, si existen pocos incentivos
para el respeto de la ley ¿hacia qué tipo de cultura de la legalidad
estamos tendiendo? ¿Qué tipo de ciudadano se está formando?
¿Cómo convencer al colectivo de los beneficios del respeto de
la ley?
Ante preguntas que plantean un escenario de aristas donde
no hay una única respuesta posible instituciones, organismos inter-

Orden Jurídico,
62

medios, organizaciones de la sociedad civil han desarrollado meca-
nismos para la educación, mecanismos de evaluación de la adminis-
tración pública, reformas institucionales y jurídicas para que se
logre el respeto de la ley en aras de una convivencia social pacífica
que podemos llamar Cultura de la Legalidad.
Estos esfuerzos parten de algunas premisas: el conocimiento
del operar del Estado, sus funciones, sus instituciones, sus limi-
taciones y alcances, que éste esté en una constante actualiza-
ción para atender las necesidades de la ciudadanía, que existan
mecanismos de formación ciudadana a través de la educación, la
cultura, el deporte, el ejercicio mismo de la convivencia social
para que así se desarrollen competencias, actitudes y valores per-
sonales se puedan observar y medir en el ejercicio como personas
y como ciudadanos participativos, atentos a los bienes públicos y
respetuoso de la ley.

COOPERACIÓN, DEMOCRACIA
Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
BASE DEL DESARROLLO

Si partimos del supuesto que la convivencia social está dictada
por una serie de elementos básicos, la cooperación, el intercambio
de bienes y servicios, normas que reglamentan las conductas, incen-
tivos a la acción y castigos para quien transgrede los límites esta-
blecidos por las diferentes normas (CASTELAZO, 2008), cómo es
posible que socialmente sea tan difícil llegar a consensos sobre
cómo deben ser estos mecanismos de cooperación, intercambio
y de control social.
Visiones diferentes, valores diferentes, intereses diferentes
hacen que la toma de decisiones para atender las demandas
públicas sea algo complejo que para aquellas autoridades que

Orden Jurídico,
63

democráticamente han sido elegidas y que hoy detienen el poder de
toma de decisiones. Si partimos de querer una respuesta res-
pecto a los logros de un tomador de decisiones para satisfacer
todos los intereses involucrados en un problema, justo es comen-
zar por establecer que en ello van implicados tres elementos: el
agente de quien depende la decisión y quien es denominado auto-
ridad normativa; luego está el arreglo normativo y, por último;
él o los sujetos, quienes verán los efectos del arreglo normativo
al traducirse en reglas, mandatos, prohibiciones, etcétera., de
acuerdo a lo planteado por el propio Barragán (1998, página 149).
Un tomador de decisiones tiene como tarea fundamental resol-
ver un problema. El elemento que se agrega en ese contexto es
el de razonar respecto de la respuesta más útil para todos los
implicados. Una tarea básica del tomador es que al momento de
estar conformando una decisión debe establecer la mayor claridad
posible en el afán de reducir la incertidumbre. De ahí que es nece-
sario que la formulación de la regla tenga claridad “(…) lingüís-
tica, y consistencia lógica y semántica entre las diferentes reglas
que definen el arreglo normativo” (BARRAGÁN, 1998, página 150).
Si retomamos el ejemplo inicial del alto de disco, dicha medida
debe satisfacer a todos, en principio porque otorga seguridad
vial, y asegurar que tenga un valor de utilidad para todos.
Todos los individuos participan de la sociedad en distintos
ámbitos. Ahora bien, si seguimos las ideas de Barragán habría
que comentar que la teoría de la utilidad se ha fortalecido sobre
todo alimentada por Von Neumann y Morgenstern, quienes avan-
zaron el concepto al “(...) establecer no solo un ordenamiento de
las preferencias, sino también los valores relativos a las mismas”
(BARRAGÁN, 1998, página 146).

Orden Jurídico,
64

Si coincidimos en construir un modelo en donde exista agente
ideal, quien participa junto con los sujetos para convenir lo
mejor para todos, produciríamos entonces en dicha circunstancia
ideal tendríamos que:

“(…) entre personas morales puede establecerse un convenio de un
género particular. No será el acuerdo negociado para lograr cada
quien mayores ventajas sobre los otros, sino el convenio sobre lo que
conviene a todos en cualquier situación”. (VILLORO, 2007, página 69).

Con esto, reforzamos las posturas de Barragán en su texto,
quien considera que para el cumplimiento del arreglo normativo
–que es uno de los elementos que constituyen las decisiones públi-
cas– es básico que proporcione la información necesaria para dis-
minuir la incertidumbre respecto de sus efectos. Es decir, una
formulación que busque resolver y atender todos los intereses de
los involucrados es necesario que la decisión sea justa para todos;
y en esa medida, neutralice las controversias futuras. De lo con-
trario, una norma susceptible de ser transgredida, parafraseando
a Barragán, no es útil en tanto no considera las preferencias de
los involucrados.
En el debate sobre los beneficios de la democracia algunos
autores sostienen que la dificultad en la toma de decisiones
existe por la naturaleza misma de la democracia, afirmando que
ésta es una limitante, o por lo menos no impulsa, el desarrollo eco-
nómico, sin embargo todos los autores consideran que la democra-
cia es necesaria para generar un Estado de Derecho.
Robert Barro, por ejemplo plantea que la expansión de la liber-
tad política tiene efectos opuestos en el crecimiento económico,
refuerza la redistribución de ingresos rico-pobre y puede ampliar
el poder de grupos de interés (1999). Barro en su investigación

Orden Jurídico,
65

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