Protección de derechos adulto mayor

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Protección de derechos adulto mayor

  1. 1. ACCIONES LEGALES: PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD (ADULTO MAYOR) Lastimosamente la legislación ecuatoriana carece de normativa específica, que permita resolver el tema planteado, pues si bien la Ley del Anciano genera la obligación legal del cuidado de las personas de la tercera edad por parte de sus parientes (hijos), no determina a quien de los parientes corresponde el cuidado de éstos, o los parientes idóneos o no para hacerlo. Nuestro Código Civil si bien trata de las guardas - curadurías o curatelas (es decir la obligación legal que tiene una persona de velar por otra y por los bienes que ésta última tenga), éstas no se aplican para las personas de la tercera edad, sino a aquellas personas declaradas judicialmente en interdicción (dementes – disipadores – toxicómanos). Sin embargo de lo expuesto, es fundamental señalar que tanto la Constitución de la República y la Ley del Anciano establecen normas para proteger a los adultos mayores de todo tipo de violencia, maltrato o explotación de cualquier índole. Constitución: Art. 38.- “...el Estado tomará medidas de: (...) 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. Ley del Anciano: Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas; e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como en su seguridad; Las infracciones en contra de los adultos mayores, acarrean sanciones tales como la amonestación y la multa (cincuenta a quinientas remuneraciones básicas mínimas unificadas); siendo competente para conocer y resolver los reclamos de los adultos mayores, formulados por sí mismos o por sus parientes, el juez de lo civil. El procedimiento de sustanciación de reclamos se halla establecido en el Art. 27 de la Ley del Anciano Art. 27.- Las reclamaciones formuladas en la forma señalada en el artículo precedente, se tramitarán sumariamente con la citación a la parte demandada luego de lo cual se convocará a una junta de conciliación a las partes, en la que se procurará resolver el reclamo. En esta junta se presentarán todas las pruebas. De no obtenerse la conciliación, pasará en las siguientes 24 horas el caso a conocimiento de la Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de Bienestar Social, entidad que informará en el plazo máximo de tres días. Con el informe o sin él, el juez procederá a dictar la resolución respectiva dentro de tres días, de la que se podrá apelar sólo en el efecto devolutivo. Ahora, si nos circunscribimos exclusivamente a temas de violencia familiar, el Código Orgánica de la Función Judicial manifiesta (Art. 232) que son competentes para conocer estos casos los jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, y en el caso de no existir en la jurisdicción estos jueces serán competentes los jueces de contravenciones (Art. 231). Finalmente, cabe mencionar que se puede recurrir al Ministerio de Inclusión Económica y Social (Dirección de la Población Adulta Mayor (ex - Dirección de Gerontología – encargada de la Procuraduría del Anciano), para la protección de los derechos económico-sociales y reclamaciones legales del anciano.

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