Adm sancion[1] (francisco carruitero)

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Adm sancion[1] (francisco carruitero)

  1. 1. Límites constitucionales a la potestad sancionadora de la Administración Pública Francisco Carruitero Lecca
  2. 2. Constitucionalidad de la potestad sancionadora de la Administración <ul><li>Estado Liberal de Derecho (frente al tipo de poder del Antiguo Régimen): </li></ul><ul><ul><li>Necesidad de monopolizar la potestad sancionadora del Estado . </li></ul></ul><ul><ul><li>Racionalizar y someter dicha potestad a los mecanismos de limitación y control del poder, propios de esta nueva forma de organización estatal. </li></ul></ul>
  3. 3. Constitucionalidad implícita <ul><li>Aún cuando no hay reconocimiento expreso, hay reconocimiento tácito. </li></ul><ul><li>La facultad sancionadora es inherente, porque a través de la potestad sancionadora de la Administración, esta puede cumplir sus fines constitucionales . </li></ul><ul><li>Art. 44º Const.: es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de la población, el bienestar general. </li></ul>
  4. 4. La potestad sancionadora de la Administración como facultad delegada <ul><li>La atribución de un autónomo poder sancionador a la Administración, la convierte en juez y parte . </li></ul><ul><li>El poder sancionador de la Administración es una potestad no autónoma , esencialmente limitada, y sometida al control jurisdiccional . </li></ul>
  5. 5. Límites constitucionales <ul><li>Principio de legalidad. </li></ul><ul><li>Principio de motivación del acto administrativo sancionador. </li></ul><ul><li>Principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo Sancionador. </li></ul>
  6. 6. 1. Principio de legalidad <ul><li>- Es una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales . </li></ul><ul><li>- Es un criterio rector en el ejercicio del poder punitivo del Estado Democrático. </li></ul><ul><li>Const. Art. 2º.24.d): </li></ul><ul><ul><li>“ Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca , como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (subrayado nuestro). </li></ul></ul>
  7. 7. Entonces... <ul><li>El principio de legalidad exige: </li></ul><ul><ul><li>Que por ley se establezcan los delitos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley. </li></ul></ul><ul><li>Se prohíbe: </li></ul><ul><ul><li>la aplicación por analogía </li></ul></ul><ul><ul><li>el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. </li></ul></ul>
  8. 8. Jurisprudencia TC <ul><li>Exp. Nº 2050-2002-AA/TC: </li></ul><ul><ul><li>“ (...) los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad , entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador , que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)”. (Fund. 8). </li></ul></ul>
  9. 9. Su diferencia con el principio de tipicidad <ul><li>El principio de legalidad no es igual al principio de tipicidad. </li></ul><ul><li>El principio de legalidad se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. </li></ul><ul><li>El principio de tipicidad constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta. </li></ul>
  10. 10. 2. La motivación del acto administrativo sancionador <ul><li>La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. </li></ul><ul><li>Es un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático (arts. 3º y 43º Const.), como un tipo de Estado contrario al poder absoluto o arbitrario. </li></ul><ul><li>Estado Constitucional Democrático: el poder público está sometido al Derecho y por ello, la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de erradicar la arbitrariedad . </li></ul>
  11. 11. En consecuencia... <ul><li>Para lograr la eficacia del Estado Constitucional Democrático: </li></ul><ul><ul><li>Las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación. </li></ul></ul><ul><ul><li>La motivación está en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Los hechos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La interpretación de las normas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. </li></ul></ul></ul>
  12. 12. Jurisprudencia TC <ul><li>Exp. Nº 090-2004-AA/TC: </li></ul><ul><ul><li>“ (…) la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas , que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad (…)”. </li></ul></ul>
  13. 13. Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General <ul><li>Art. 6º.3: </li></ul><ul><ul><li>“ (...) no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto ”. </li></ul></ul>
  14. 14. <ul><li>Art. IV del Título Preliminar, Ley 27444:ç </li></ul><ul><ul><li>1.2) forma parte del debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico . </li></ul></ul>
  15. 15. La importancia de motivar en la sanción administrativa <ul><li>La sanción administrativa supone la afectación de derechos. </li></ul><ul><li>Entonces, su motivación es una obligación legal impuesta a la Administración y un derecho del administrado. </li></ul><ul><li>Con ello, el administrado podrá hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea . </li></ul><ul><li>La motivación permite a la Administración: </li></ul><ul><ul><li>Saber que su actuación no es arbitraria . </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber que ha hecho una aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes. </li></ul></ul>
  16. 16. 3. El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador <ul><li>El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho. </li></ul><ul><li>Base: Const. Arts. 3º, 43º, 200°, último párrafo. </li></ul><ul><li>El principio de razonabilidad: valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión. </li></ul><ul><li>El procedimiento para llegar a dicho resultado es la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: </li></ul><ul><ul><li>de adecuación. </li></ul></ul><ul><ul><li>de necesidad y </li></ul></ul><ul><ul><li>de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. </li></ul></ul>
  17. 17. El principio de proporcionalidad aplicado al control de la potestad sancionadora de la Administración <ul><li>- En la actuación de la Administración, el principio de proporcionalidad cobra importancia: márgenes de discreción con que actúa. </li></ul><ul><li>- También, debido a la presencia de cláusulas generales e indeterminadas como el interés general o el bien común. </li></ul><ul><li>- Ellas deben ser compatibilizados con otras cláusulas o principios igualmente abiertos a la interpretación: derechos fundamentales, dignidad de las personas. </li></ul>
  18. 18. Doctrina <ul><li>“ En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público y por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración que formula el principio de legalidad y de la garantía y protección de los derechos fundamentales , exige un USO JURÍDICO PROPORCIONADO DEL PODER , a fin de satisfacer los intereses generales con la menos e indispensable restricción de las libertades”. (López González, José Ignacio. El principio general de proporcionalidad en derecho administrativo, Universidad de Sevilla, 1998, p. 108). </li></ul>

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