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TEMA 12 LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

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LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

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TEMA 12 LOS DEBERES CONSTITUCIONALES

  1. 1. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com TEMA 12 LOS DEBERES CONSTITUCIONALES
  2. 2. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 1. CONCEPTO. - Los deberes constitucionales, cuyo origen se encuentra en la Declaración francesa de 1795, y que hoy en día aparecen en todas las Declaraciones de Derecho, pueden ser considerados como una supuesta obligación ética que se revela como una justificación del poder político. - Suponen la existencia de unas situaciones de sujeción impuestas a la ciudadanía para tutelar un interés colectivo. - Son intentos de vincular la conducta de los particulares que consisten fundamentalmente en un conjunto de prestaciones, de carácter personal las unas y patrimonial las otras, que las personas se encuentran obligadas a efectuar, viniendo a completar de este modo las relaciones entre el Estado y la sociedad, sin que tampoco pueda afirmarse la idea de deber tenga que se considerada como una contrapartida a la idea de derechos. - Podemos definir que la Constitución impone a los ciudadanos deberes jurídicos que, con la mediación de la ley, se concretan en obligaciones específicas. - Por lo general la Constitución impone deberes genéricos como el deber de defender a España o contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y se remite a la ley para su plasmación en obligaciones concretas para los ciudadanos.
  3. 3. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. EL DEBER DE DEFENSA. - Este deber fundamental constitucionalizado en el art. 30 de la CE y constituye un clásico deber de carácter personal.: “1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España”. - El significado general de este deber afecta a las cuestiones tales como las obligaciones militares, los deberes de la ciudadanía en tema de protección civil, como puede ser los riesgos, catástrofes o calamidades públicas, que adquieren hoy día una especial relevancia. - Lo importante es destacar que con su constitucionalización la defensa deja de ser un patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas, para ser un deber de toda la población española. - En cuanto al servicio militar propiamente dicho, la Ley 19/1984, de 8 de junio, lo concebía como una prestación personal fundamental. La aprobación de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre del Servicio Militar supuso importantes mejoras en la prestación del servicio. - Por Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen personal de las Fuerzas Armadas se estableció que a partir del 31 de diciembre del 2002 quedaría suspendida la prestación del servicio militar. No obstante debido al adelanto en el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas por el Decreto 247/2001, de 9 de marzo, se produjo la supresión el 31 de diciembre de 2001.
  4. 4. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com -El art. 30.4 de la CE establece la cláusula general referente a que podrán regularse por ley los deberes personales en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. -Ese mandato constitucional ha sido desarrollado por la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, concebida esta como una de las medidas de política de seguridad y como un auténtico servicio público encomendado a la Administración del Estado, la cual actuará conforme a determinados procedimientos de ordenación, planificación coordinación y dirección de los servicios públicos relacionados con la emergencia que se trata de afrontar, para lo cual se puede exigir la participación de toda la población sobre la base del principio de la autoprotección ciudadana. -En cuanto a los deberes de las personas en materia de protección civil, se establece la obligación de colaborar de modo personal y material a requerimiento de las autoridades competentes, en orden al establecimiento de las correspondientes medidas de prevención y protección de las personas y de los bienes. -De modo especial, están obligados a prestar dicha colaboración los que se encuentren en una situación legal de desempleo, pudiendo incluso procederse a la ocupación temporal de todo tipo de bienes y a las realización obligatoria de prestaciones de carácter personal.
  5. 5. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 3. EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. - El art. 30 de la CE, junto a la consagración del deber de defensa, constitucionaliza en su apartado 2 el derecho a la objeción de conciencia, el cual está dotado del mismo sistema de protección que los demás derechos fundamentales. Así se establece que: “2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. - La objeción de conciencia fue concebida en España en un principio como un delito, planteándose problemas espinosos que adquirieron una cierta trascendencia entre los años 1960 y 1975. En 1976 se admitió únicamente la objeción por motivos religiosos, concibiéndose como una prórroga en la incorporación a filas, previéndose un servicio sustitutorio. - Será la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, la que desarrolle el contenido constitucional referente a la objeción de conciencia. - La objeción de conciencia es un derecho subjetivo que supone la negativa a cumplir un deber fundamental tal y como ha puesto de relieve nuestra jurisprudencia constitucional.
  6. 6. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - La objeción de conciencia es un derecho constitucional que puede definirse como la oposición por razones de índole religiosa o ideológica a cualquier forma de violencia, y por consiguiente, al adiestramiento militar, entendida como formación encaminada a la defensa del Estado por medio de las armas. - Hay que insistir que la objeción de conciencia entraña una excepción a un deber – el deber de defender España – que se impone con carácter general. - Introduce una excepción a ese deber que hade ser declarada efectivamente en cada caso, y por ello, dicho derecho no garantiza en rigor la abstención del objetor, sino su derecho a ser declarado exento de un deber que, de no mediar tal declaración, sería exigible bajo coacción. - La Constitución advierte al legislador que debe regular la objeción de conciencia “con las debidas garantías”, inciso que debe ser entendido en un doble sentido: a) Como referencia a las garantías que deben rodear el reconocimiento al objetor de su derecho, sin restricciones injustificadas o desproporcionadas al mismo. b) Incluye también el derecho a ser declarado exento de cualquier servicio de armas, incluido un hipotético llamamiento a filas en caso de movilización. En cualquier caso el legislador podrá imponer una prestación social sustitutoria. - En cualquier caso, la supresión del servicio militar obligatorio y la implantación de un modelo de ejercicio exclusivamente profesional, ha traído como consecuencia la desaparición de la problemática relativa a la objeción de conciencia.
  7. 7. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 4. EL DEBER DE TRIBUTACIÓN. - El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, aparece en el art. 31 de la CE, constituyendo otro de los deberes constitucionales clásicos, aunque esta vez no de naturaleza personal, sino de carácter patrimonial. - El artículo 31 establece que: “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto publico realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su proclamación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. - Nuestra Constitución establece el deber de pagar impuestos, predicándolo tanto de la población nacional como de la extranjera, con arreglo a unos determinados principios, como la capacidad económica, el principio de igualdad y el de progresividad, que tratan de configurar un moderno sistema tributario. - La STC de 20 de julio de 1981, al analizar el principio de capacidad contributiva, señaló que un sistema justo no puede separarse en ningún caso ni del principio de progresividad ni del principio de igualdad.
  8. 8. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - El art. 31 de la CE considera que el sistema tributario debe ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad económica, respondiendo a los principios de igualdad y progresividad. - El sujeto pasivo de los deberes tributarios queda especificado en la Constitución como “todos”, es decir, todas las personas físicas y jurídicas residentes en España, con independencia de que posean la nacionalidad española. - El criterio de contribución según la capacidad económica debe entenderse a la capacidad personal. - Por último, insistir que la Constitución también impone el principio de progresividad, que responde a una aspiración de justicia, y significa que deben pagar proporcionalmente más impuestos quienes cuenten con un mayor nivel de renta.

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