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TEMA 6 LA LEY COMO FUENTE DEL DERECHO Y OTRAS FUENTES

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LA LEY COMO FUENTE DEL DERECHO Y OTRAS FUENTES

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TEMA 6 LA LEY COMO FUENTE DEL DERECHO Y OTRAS FUENTES

  1. 1. TEMA 6 LA LEY COMO FUENTE DEL DERECHO Y OTRAS FUENTES http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I
  2. 2. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 1. EL CONCEPTO DE LEY. - No hay un concepto unitario de ley. - El concepto de ley elaborado por los revolucionarios franceses, con sus características de generalidad y universalidad, va a entrar en quiebra y se van a producir una serie de intentos para clarificar el concepto. - La tesis de la generalidad de la ley es debida a la aportación teórica de Rousseau, que la configura como expresión de la voluntad general y que tendrá su plasmación constitucional en los textos revolucionarios franceses, como son el art. 6 de la Declaración de Derechos de 1789 y el art. 53 de la Constitución jacobina de 1793. - Un segundo momento en el proceso de evolución histórica del concepto de ley viene determinado por el planteamiento del monismo parlamentario y del dualismo germánico. - Las tesis del monismo parlamentario implica que: a) La ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico, produciéndose una identificación entre los términos “ley” y “Constitución”. b) La ley puede ocuparse de cualquier materia, no existiendo zonas inmunes a su actuación. c) El principio de legalidad se configura como una vinculación positiva respecto de los poderes públicos y carece de sentido la existencia de una reserva de ley.
  3. 3. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - La tesis del sistema dualista responden a los postulados teóricos del principio monárquico, adoptando un compromiso entre los principios revolucionarios y los del Antiguo Régimen, conduciendo a la determinación del concepto material de ley, formulado por Laband a propósito de la crisis prusiana de 1862. - Este autor hace una distinción entre ley formal y material que conduce a la elaboración de una serie de categorías dogmáticas para definir el concepto de ley: a)La noción de reserva de ley. - No hay una reserva general de ley sino reservas concretas de ley. Esto nos hace distinguir entre “reserva absoluta”, que implica la imposibilidad de que determinadas materias puedan ser reguladas reglamentariamente; y “reserva relativa”, que posibilita la actuación de la norma reglamentaria con un carácter independiente y no meramente ejecutivo. - No solo hace referencia a las materias reservadas a cada ley sino también a los procedimientos de elaboración de dichas leyes.
  4. 4. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I b) La noción de fuerza, rango y valor de ley. - Con fuerza de ley aparece por primera vez en los textos revolucionarios franceses, significando que la ley es un acto de soberanía del Estado. - La escuela alemana del Derecho Público, fundamentalmente a través de Laband, distinguirá entre ley formal y ley material. La fuerza formal de ley significa que únicamente puede modificarse o derogarse por otra ley formal, y que a su vez puede modificar o derogar cualquier ley anterior. La idea de fuerza material de ley se refiere al contenido en el sentido de que su fuerza será la creación de normas o proposiciones jurídicas. - La doctrina italiana, encabezada por Sandulli considera la fuerza de ley como “la capacidad de innovar el orden legislativo preexistente”, y el valor de ley significa que “no puede ser controlada o inaplicada por ninguna autoridad, pudiendo solo extinguirse en virtud de una ley sucesiva o de una sentencia de la Corte Constitucional”. - En resumen con la idea de fuerza de ley aludimos a la vinculación de todos los sujetos a la ley, debido a que es expresión de un acto de soberanía. - Por otro lado, el rango de ley hace referencia a la posición que ocupa la norma en la escala de jerarquía normativa.
  5. 5. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - Finalmente con valor de ley se alude a aquellos actos del Parlamento, que sin ser leyes, poseen el valor de estas por lo que están exentas de cualquier control jurisdiccional, salvo el que ejerza el Tribunal Constitucional. - Frente a todo lo dicho hemos de considerar a la ley como una norma jurídica subordinada a la Constitución, lo cual implica un control de constitucionalidad sobre la misma. - Esto supone que la ley ha dejado de ser la expresión de un poder soberano, y únicamente puede analizarse su posición a partir del principio democrático. - Por ello debemos concluir que hoy día se ha elaborado un concepto de ley de acuerdo con ese principio democrático, como una norma jurídica subordinada a la Constitución, aprobada por las Cortes Generales o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, con arreglo a un procedimiento determinado y con independencia de cualquiera que sea su contenido.
  6. 6. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 2. LAS LEYES ORGÁNICAS: CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. - Su regulación constitucional se efectúa en el art. 81 de la CE que establece que: “Son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas de la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”. - El tema de su naturaleza jurídica afecta de forma sustancial a las relaciones entre el principio de jerarquía y el principio de competencia. La doctrina se encuentra dividida entre quienes mantienen la supremacía jerárquica de las leyes orgánicas y quienes la niegan. - Si lo analizamos desde el principio de la competencia observamos que las orgánicas se tratan de leyes de la misma naturaleza que las ordinarias, que nuestros constituyentes han reservado para ciertas materias, y a las cuales han querido otorgar cierta solemnidad.
  7. 7. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - El problema se complicó con la regulación efectuada por la LOTC, que admitía, hasta la reforma efectuada por la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio, la posibilidad de un control previo sobre las leyes orgánicas como si se tratase de una norma superior. - El Tribunal Constitucional, parece inclinarse por el principio de jerarquía a la hora de determinar las relaciones entre ley orgánica y ley ordinaria, reservando únicamente el principio de competencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias provenientes de las Comunidades Autónomas. - En definitiva, se trata de leyes con la misma naturaleza que las leyes ordinarias pero con un distinto procedimiento de aprobación, modificación y derogación y que tienen reservadas unas materias específicas. No se puede afirmar, por tanto, la supremacía jerárquica de la ley orgánica sobre la ordinaria, sino que su relación se rige por el principio de competencia.
  8. 8. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - Respecto al ámbito material, el art. 81.1 de la CE señala que son leyes orgánicas: 1) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Título I, Sección 1ª ,Capitulo II). 2) Las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. 3) Las demás previstas en la Constitución. A este respecto la Norma Fundamental no parece seguir ningún criterio homogéneo para efectuar su determinación. - El procedimiento dé elaboración viene establecido en el 81.2 de la CE, así la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. - Los reglamentos de las Cámaras consideran el procedimiento de aprobación de las leyes orgánicas como un procedimiento legislativo especial.
  9. 9. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 3. LAS LEYES ORDINARIAS. - Nuestra Constitución contempla diversas leyes ordinarias heterogéneas: •Leyes de Pleno y leyes de Comisión. El art. 75 de la CE establece la posibilidad de que las Cámaras deleguen en las Comisiones Permanentes legislativas la aprobación de proyectos de ley y proposiciones de ley. •Leyes de Presupuestos. Se trata de una modalidad especia prevista en el art. 134 de la CE. Antes era utilizada por el gobierno, no solo para establecer la previsión de ingresos y autorización de gastos del sector público estatal, sino también para modificar el ordenamiento jurídico, lo cual recibió muchas críticas, aunque ha sido confirmada por la jurisprudencia (STC 84/1982). •Posibles leyes ratificadas por referéndum, considerado este como la manifestación del cuerpo electoral sobre un texto aprobado por un órgano legislativo. La regulación constitucional del tema es poco homogénea, ya que existen diversas modalidades de referéndum, como son el referéndum constitucional (a propósito de una reforma de la Constitución), los referéndums autonómicos (promovidos por la iniciativa autonómica y la reforma de los Estatutos) y el referéndum consultivo, entre otros.
  10. 10. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 4. EL DECRETO LEY Y LOS DECRETOS LEGISLATIVOS. A) EL DECRETO LEY. 1. Naturaleza y supuestos. -Los decretos leyes son disposiciones legislativas provisionales que solo pueden producirse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. -Son poderes propios del Gobierno que gozan de igual rango normativo que las leyes pero no de la misma naturaleza (STC 60/1986). Es, pues, una actividad gubernativa, pues el Gobierno es el legitimado democráticamente, pudiendo dictarlo si se da el supuesto de hecho habilitante. -Tiene que haber una conexión entre la situación definida y las medidas en el que el decreto-ley se adopta. Las medidas tienen que ser concretas y de eficacia inmediata, no pudiendo alterar la estructura del ordenamiento; por lo que no es válida la invocación de razones de justicia social como la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de ocupación; norma que utilizaba argumentos abstractos difícilmente contrastables con la realidad (STC 182/1997 y STC 68/2007).
  11. 11. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - Por otro lado, no resulta fácil determinar que se entiende por “extraordinaria y urgente necesidad”. En principio no se trata de los llamados estados excepcionales del art. 116 de la CE. Como ha señalado la STC 61/1983 esta necesidad no tiene por qué ser absoluta, tratándose más bien de una necesidad relativa respecto de las situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que requieren una decisión normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal. - La jurisprudencia lo interpreta de forma amplia poniendo de relieve que la apreciación de la urgencia es una facultad discrecional del Gobierno, controlable políticamente, debiendo existir una necesaria adecuación entre la necesidad habilitante y la regulación normativa producida. - Tras las reformas estatutarias aprobadas en 2006, los nuevos Estatutos vienen a reconocer la potestad de los ejecutivos autonómicos de dictar decretos-leyes. Así los nuevos Estatutos incorporan esta nueva fuente del Derecho reproduciendo, con mayor o menor acierto, y también con alguna singularidad, las disposiciones constitucionales referentes a esta figura.
  12. 12. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 2. Ámbito material. -Los decretos-leyes no pueden dictarse sobre cualquier materia, estando excluidas expresamente las instituciones básicas del Estado, lo deberes, derechos y libertades del ciudadano regulados en el Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general. -El ámbito de los decretos-leyes es más restringido que la legislación delegada, no coincidiendo con el ámbito de reserva de la ley orgánica del art. 81 de la CE. -Por otro lado, cualquier disposición regulada por ley ordinaria puede ser objeto de un decreto-ley por lo que no puede interpretarse con criterios restrictivos que harían inviables la propia figura del decreto-ley. -Asimismo es necesario precisar que las instituciones básicas del Estado, son aquellas cuya regulación constitucional estuviera reservada a la ley, es decir, que en el texto constitucional son sancionadas con que su regulación reclame una ley.
  13. 13. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - Los decretos-leyes no pueden regular el objeto propio de una ley que sirva de parámetro para enjuiciar la constitucionalidad de las mismas (STC 27/1986). - Sobre los decretos-leyes opera también el conjunto de las reservas establecidas por el constituyente respecto de determinadas materias y en beneficio de específicas formas y procedimientos (STC 155/2005). - En cuanto al régimen de las Comunidades Autónomas el Tribunal sigue con la limitación restrictiva de ese límite material, señalando que solo cabe entender dentro de dicho límite la regulación que tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas. Con ello se admite la posibilidad de una delimitación indirecta o negativa, indicando que cuando a través de un decreto-ley se determina lo que es básico, hay que distinguir entre la afectación y la incidencia.
  14. 14. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 3. Intervención parlamentaria. - El decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación. A los 30 días de su publicación se somete a un debate y votación de la totalidad del Congreso. - Se plantea un problema cuando el Congreso no se pronuncia en el plazo de 30 días. Para un sector doctrinal ese decreto perdería su vigencia, para otros se aplicaría la teoría del silencio negativo que supone su rechazo y su derogación. El Congreso puede adoptar las siguientes posturas: a) Convalidar el decreto-ley con el procedimiento reglamentario de los debates a la totalidad, lo cual implica que se han apreciado las razones de urgente necesidad que llevaron al Gobierno a su publicación. - El Reglamento del Congreso indica que la convalidación se logra mediante un acto de fuerza de ley. La práctica ha consistido en publicar en el Boletín Oficial del Estado una resolución de la Presidencia del Congreso por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Cámara, convalidando o derogando el decreto-ley. - Tal y como señala la STC 6/1983, la convalidación del art. 86.2 de la CE no es sino una homologación del supuesto habilitante. La no convalidación de un decreto- ley supone su derogación, mientras que su convalidación no lo convierte en ley.
  15. 15. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I b) Derogarlo, lo que implica una disconformidad con los planteamientos gubernamentales y un auténtico control político. Se produce porque los decretos- leyes y las leyes únicamente existe identidad de rango normativo, pero no de naturaleza jurídica. Los efectos de la derogación son ex nunc, desde el momento en que aquella se produce. c) Tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, si así lo solicita un grupo parlamentario y lo aprueba la Cámara. La práctica consiste en proceder a la previa convalidación y luego a su posterior tramitación como proyecto de ley sin necesidad de haberlo convalidado previamente. - La crisis económica ha conducido a una utilización abusiva de los Decretos-leyes. Pese a ser todo ellos recurridos, nunca el Tribunal apreció la ausencia de una extraordinaria y urgente necesidad que se convierte así en una prerrogativa gubernamental. - De todo ello se producen dos consecuencias importantes, por un lado se hurta el debate parlamentario, con todas las consecuencias que ello conlleva; y además, la calidad técnica de las normas se ve profundamente mermada, contribuyendo a la inseguridad jurídica de la ciudadanía.
  16. 16. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I B) LOS DECRETOS LEGISLATIVOS. 1. Características generales. - Los decretos legislativos son normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno, en virtud de una autorización expresa de las Cortes denominada delegación legislativa. - La delegación legislativa prevista por la Constitución en el art. 82, permite a las Cortes atribuir al Gobierno, mediante ley, denominada decreto legislativo, la potestad de dictar una norma con fuerza de ley, en los términos previstos en la propia ley de delegación y dentro de los límites y requisitos expresamente contemplados en el texto constitucional. - La delegación legislativa se configura como una autorización expresa al Gobierno, y se explica técnicamente como una atribución de potestad normativa para dictar, en los términos previstos en la delegación, una norma jurídica con fuerza de ley, denominada decreto legislativo. - El fundamento de la delegación legislativa reside, principalmente en la conveniencia de contar con la colaboración del Gobierno en la función legislativa en supuestos de leyes de gran extensión o complejidad, o para elaborar normas legislativas de menor importancia.
  17. 17. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I - La delegación legislativa ha de otorgarse de forma expresa, quedando excluida la posibilidad de delegación implícita. Además, se otorga para su ejercicio por una sola vez: se trata de la atribución de una potestad normativa singular que se agota con su ejercicio. - Ahora bien mientras dure el plazo para el ejercicio de la delegación y hasta que el mismo se produce, el legislador tiene temporalmente limitada su capacidad para la materia sobre la que ha atribuido al Gobierno potestad legislativa, aunque tal limitación es revocable a voluntad del propio legislador (art. 84 de la CE). - Así, mientras esté en vigor la delegación, el Gobierno puede oponerse a la tramitación de cualquier proposición de ley o enmienda contraria a dicha delegación. - La Constitución impone ciertas limitaciones a la delegación legislativa. La delegación legislativa no puede versar sobre materias reservadas a la ley orgánica (art. 82.1 de la CE), por otro lado la ley de bases no puede autorizar su propia modificación, ni puede facultar al Gobierno a dictar normas con carácter retroactivo (art. 83 de la CE).
  18. 18. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 2. Delegación para elaborar textos articulados y delegación para refundir textos legales. - La Constitución prevé dos tipos de delegación legislativa, la que tiene por objeto la formación de textos articulados y la que tiene la finalidad de refundir varios textos legales (art. 82.2 de la CE). - Las leyes de delegación que tienen por objeto la formación de textos articulados se denominan leyes de bases, que consisten en una serie de principios sobre los aspectos esenciales de la regulación a elaborar. - La ley de bases debe delimitar con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa. Las bases deben servir para que el Gobierno atendiendo al objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que le indique el legislador, elabore un texto articulado que goza de fuerza de ley. - El art. 83 de la CE prohíbe que las leyes de bases autoricen al Gobierno a modificar la propia ley de bases. Por otro lado, también se excluye la posibilidad de que la norma a elaborar por el Gobierno se dicte con carácter retroactivo. - En cuanto a la delegación para refundir textos legales, debe determinar el ámbito normativo al que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
  19. 19. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional I 3. Control de la potestad legislativa delegada. - El art 82. 6 de la CE establece que: “sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionadles de control”. De este artículo se pueden establecer tres tipos de controles: el control ante el Tribunal Constitucional, el control ante los tribunales ordinarios y el control a cargo del propio Parlamento: a) La competencia del control del Tribunal Constitucional de los decretos legislativos es indiscutible y se deduce de la naturaleza de la delegación legislativa y de las atribuciones del alto Tribunal. La inconstitucionalidad se puede producir tanto por razones de carácter procedimental como por causas materiales. b) El control por los tribunales ordinarios puede ser para verificar si el decreto legislativo ha ido más allá de la delegación concedida, así como posibles irregularidades relativas al procedimiento administrativo de emanación del decreto legislativo. c) En cuanto al control parlamentario la Constitución se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador prevea formulas “adicionales” de control en la propia ley de delegación (art. 86.2 de la CE). Los reglamentos de ambas Cámaras no contemplan previsión alguna sobre medidas de control de este tipo, pudiéndose incluir en la ley de delegación.
  20. 20. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II 5. LA POTESTAD REGLAMENTARIA. - Hoy en día el concepto de reglamento parece difícil de proclamar por su carácter complejo e impreciso, contribuyendo también la variedad de disposiciones que parecen englobarse en esta denominación. - En consecuencia con ello, la única solución posible es afirmar que la potestad reglamentaria, tiene su fundamento también en la Constitución. A esta idea responde el art. 97 CE que al enumerar las funciones reglamentarias destaca la potestad reglamentaria. - Íntimamente relacionada con la noción del reglamento se encuentra la clasificación de este y el problema de su titularidad. En cuanto a la primera cuestión, la generalidad de la doctrina distingue entre los llamados reglamentos ejecutivos, que son los que se producen en ejecución de una ley, a la cual están vinculados: y los reglamentos independientes, que se producen sin que exista una previa ley que ejecutar. - También se habla, atendiendo a la materia, de reglamentos normativos o jurídicos, que son aquellos que crean un nuevo derecho o lo modifican, afectando a los derechos y deberes de los ciudadanos; así como los reglamentos administrativos o de organización, configurados como un poder de auto disposición de su respectivo titular. - Respecto a los titulares de la potestad reglamentaria la predica únicamente del Gobierno, pero también se hace extensible a miembros individuales (ministros) o colegiados (Consejo de Ministros o Comisiones Delegadas del Gobierno), tal y como señala la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  21. 21. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II 6. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO. - El art. 1.6 del Código Civil no configura la jurisprudencia como fuente del Derecho, sino que únicamente le atribuye una función que complementa el ordenamiento jurídico. - Con ello se pone de relieve que no puede negarse sin más el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho o como fuente extra ordinem, ya que parece evidente que forma parte del ordenamiento jurídico. - Además, hemos de destacar que la existencia de una jurisprudencia constitucional, que implica necesariamente la formación de unas reglas de aplicación del Derecho que se imponen a la ciudadanía y a todos los poderes públicos. Así el art. 1 de la LOTC configura al Tribunal Constitucional como intérprete supremo, y el art. 5.1 de la LOPJ vincula a jueces y Tribunales a interpretar y aplicar las leyes y reglamentos de acuerdo con los preceptos constitucionales interpretados por el Tribunal Constitucional. - Cuando el Código Civil alude a la jurisprudencia, se refiere a la del Tribunal Supremo, el cual en virtud del sistema de casación, está obligado a elaborar una doctrina sobre interpretación y aplicación del Derecho que se impone a todos los jueces y Tribunales, y que condiciona sus decisiones posteriores. Además, el art. 40.2 de la LOTC, atribuye un papel preeminente a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia de los Tribunales ordinarios. - También señalar que el valor de la jurisprudencia como fuente del Derecho se planteó en la X Legislatura con motivo de un intento de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretendía impulsar la labor del Tribunal Supremo. Ello suponía la conversión de la jurisprudencia como fuente del Derecho.
  22. 22. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II 7. LA COSTUMBRE CONSTITUCIONAL. - El papel de la costumbre es el de colmar las lagunas dentro de los ordenamientos jurídicos correspondientes, adaptar la normativa existente a la realidad social del momento y orientar la aplicación de uno u otro precepto. - La doctrina considera que nos hallamos ante una costumbre constitucional cuando básicamente, se dan dos elementos, por un lado la repetición constante y uniforme de un acto, y por otro se requiere que esa actuación reiterativa se encuentre inspirada en una convicción de la obligatoriedad. - Además la costumbre constitucional se caracteriza por el hecho de que la misma deriva no de un comportamiento popular, sino de comportamiento de los poderes públicos, que son los operadores jurídico-constitucionales habituales. - La consideración de la costumbre como fuente del Derecho encuentra su fundamento jurídico en las relaciones inter privatas, de ahí su regulación en el Código Civil. - La costumbre queda postergada en el ámbito de las fuentes del derecho, aunque la creciente complejidad y dinamismo del Derecho constitucional hacen que no pierda su condición, pues existen determinados ámbitos como es el caso del Derecho parlamentario, donde todavía la costumbre, en este caso praeter legem, puede tener cierto ámbito de aplicación.
  23. 23. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II - El caso del Derecho anglosajón es especialmente paradigmático donde la costumbre desempeña un papel importante en la adaptación de las instituciones al principio democrático, resultando clave el valor de los precedentes para la conformación del Derecho constitucional. - En España, el carácter rígido y escrito de nuestra Constitución determina una menor necesidad de recurrir a esta fuente del Derecho. En nuestro modelo constitucional precisamente por ser rígido y ser escrito, resulta difícil considerar como fuente del Derecho la costumbre contra Constitutionem. - Sin embargo, si es posible detectar en nuestro ordenamiento algunas costumbres interpretativas o supletorias del texto constitucional, ya que intervienen únicamente para completar aquellas lagunas existentes, bien por falta de norma como tal, o bien por la inadecuada normativa. - La normativización de la costumbre, a través de una norma escrita o por la misma jurisprudencia, bien para que quede fijada o con el objeto de alterar su sentido, es un modo recurrente en nuestro ordenamiento de determinar o identificar su obligatoriedad, pues en nuestra cultura la norma escrita responde mejor, por tradición a los parámetros del principio de seguridad jurídica.
  24. 24. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II 8. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. - El art. 9.3 de la CE ha procedido a la constitucionalización de muchos de los principios generales del Derecho. - Son los enunciados normativos más generales que, sin perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de procedimientos formales, se entienden forman parte de él, porque le sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. - Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas, en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. - No estamos en presencia de meros juicios de valor, sino de auténticas normas jurídicas que expresan las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de una comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumplen las funciones fundamentadoras, interpretativas y supletorias respecto de su total ordenamiento jurídico. - En relación a su naturaleza no son compartimientos estancos sino que cada uno de ellos cobra valor en función de los demás, promoviendo los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho. - Además, se hace necesario reconocer a los jueces y magistrados un amplio margen de apreciación de los principios generales del Derecho, a fin de determinar su función aplicativa.
  25. 25. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II - Los principios generales del Derecho tienen cuatro funciones: 1) La función creativa: Establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivarlos. 2) La función interpretativa: Implica que al interpretar la norma, el operador debe basarse en los principios, para garantizar una cabal interpretación. 3) La función integradora: Significa que quien va a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un sistema hermético. 4) La función supletoria de la Ley y de la costumbre: Determina que las lagunas que puedan presentar la Ley y la costumbre han de solucionarse por los jueces y Tribunales con los principios generales del Derecho. - Especialmente deben destacarse por su significación los principios proclamados en el art. 9.3 de la CE, al señalar que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictiva de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos” .
  26. 26. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II - Entre los principios constitucionalizados que señala el art. 9.3 CE se encuentran los siguientes: a) El principio de constitucionalidad. - Es consecuencia de la consideración de la Constitución como noma jurídica suprema, lo que supone un distinto grado de vinculación para los poderes públicos. b) Los principios de legalidad y de jerarquía normativa. - El principio de legalidad es un dogma básico de todo sistema democrático que establece que todos los poderes públicos y todos los ciudadanos están sujetos a la ley porque es expresión de la voluntad popular. - Principio de jerarquía normativa que implica el reconocimiento de una diversidad de normas jurídicas relacionadas jerárquicamente entre si, en cuya cúspide de esta estructura se encuentra la Constitución, no pudiendo oponerse una norma inferior a otra superior. c) El principio de publicidad de las normas. - El cumplimiento de las leyes no puede excusarse en la ignorancia de las mismas. - El acceso del público al conocimiento de la norma suele hacerse a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias.
  27. 27. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II d) El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. - Cualquier ley que nace lo hace con proyección de futuro, así como regla general, se aplica a hechos, actos o relaciones jurídicas que acaezcan con posterioridad a su entrada en vigor no afectando a situaciones agotadas. Sin embargo, eso no significa que el legislador no pueda darle carácter retroactivo a una ley. - El límite a esta retroactividad está en que la misma no lo sea de disposiciones sancionadoras, que o bien no son favorables desde módulos jurídicos objetivos, o bien sean restrictivas de derechos individuales. e) El principio de seguridad jurídica. - Es un principio que permite promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad. - Es la síntesis de los demás principios constitucionales, pero no admite únicamente esta consideración, pues tiene sustantividad propia. - De conformidad con la STC 147/196, de 25 de noviembre, se entiende como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. - Este principio debe estar presente tanto en la labor que desarrolla el legislador, como en la aplicación de la legalidad por los poderes que corresponda.
  28. 28. http://constitucionparatodos.comDerecho Constitucional II f) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. - La Constitución prohíbe la actuación arbitraria de cualquier poder público–legislativo, ejecutivo y judicial- como equivalente a cualquier conducta pública no adecuada a la legalidad, o que pretende un fin constitucionalmente ilícito, o que aparezca desproporcionado al fin que pretenda, aunque éste sea lícito (STC 66/1985, de 23 de mayo). g) El principio de responsabilidad de los poderes públicos. - Es la consecuencia natural de los principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad. - Si los poderes públicos se deben a la legalidad y han de actuar proporcionalmente para la consecución de fines constitucionalmente legítimos, es lógico pensar que una conducta contraria a esos mandatos desencadene exigencia de responsabilidad.

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