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TEMA 14 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

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EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

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TEMA 14 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

  1. 1. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com TEMA 14 EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
  2. 2. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 1. CONCEPTO, ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. - Desde un punto de vista teórico podemos establecer una doble aceptación de las garantías constitucionales: a) En un sentido amplio serían aquellos principios, institutos o situaciones subjetivas garantizadoras de la idea de libertad. b) En un sentido más restringido se produce una diferenciación entre las garantías y los derechos fundamentales. - El significado de las garantías constitucionales ha ido parejo a las propias transformaciones experimentadas en el proceso de conceptualización de los derechos, y en el proceso de transformación del Estado contemporáneo. - En un primer momento el Estado liberal no pareció sentir la necesidad de establecer un determinado sistema de protección de derechos. Sin embargo, se produce un cambio cuando se empieza a plantear los planteamientos del Estado liberal, haciéndose necesario acudir al planteamiento de las garantías constitucionales. - Se hace por tanto necesario acudir a la figura de las garantías constitucionales con una doble finalidad. Por un lado, asegurar las conquistas revolucionarias conseguidas, y por otro, para impedir que las nuevas clases sociales emergentes pudieran llegar a transformar de forma radical el propio contenido de los derechos. - El periodo de entreguerras con las reacciones marxista y fascista, y el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del constitucionalismo moderno es otro de los momentos claves. Así, cada logro revolucionario alcanzado va a ser dotado de todo un sistema de garantías, para evitar que futuras conquistas revolucionarias puedan alterar su significado.
  3. 3. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - A todo ello, debemos añadir que para la efectividad y plena vigencia de los derechos fundamentales resulta imprescindible un adecuado sistema de garantías jurisdiccionales e institucionales. - Entre las garantías previstas, podemos destacar aquellas determinadas en los nuevos Estatutos de Autonomía para los catálogos de derechos que incorporan en su articulado. - También señalar que, en materia de derechos fundamentales, el Código Penal contiene las garantías mínimas, a través de la penalización de los ilícitos correspondientes, para el ejercicio de los derechos fundamentales. - A modo de síntesis insistir que aunque el reconocimiento y la constitucionalización de los derechos fundamentales supuso un extraordinario avance, ello no basta por sí solo para asegurar su eficacia o su respeto. La mayoría de las Constituciones, incluidas las de regímenes dictatoriales, invocan los derechos y libertades como justificación del sistema establecido. - para que el reconocimiento de derechos fundamentales sea efectivo, es preciso el establecimiento de una serie de garantías que aseguren el ejercicio eficaz de los mismos - La Constitución de 1978, después de aludir en el Capítulo II a los derechos y libertades (arts. 14 a 38) y en el Capítulo III a los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52), introduce un Capítulo IV en el Título Primero, bajo la rúbrica "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales", artículos 53 y 54, preceptos éstos que acogen importantes garantías. - Así, nuestra Constitución configura un sistema de protección y garantía de los derechos que asegura la existencia y la aplicación fáctica, en nuestro ordenamiento, de auténticos derechos y libertades.
  4. 4. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. - Respecto al problema de clasificación de las garantías suele efectuarse una distinción entre: 1) Garantías jurisdiccionales, que son las más eficaces y las que mayor grado de protección otorgan. 2) Garantías extrajudiciales, que actúan de complemento de las anteriores y vienen representadas por la figura del Defensor del Pueblo. - También en el ámbito constitucional estatal, podemos aludir a una clasificación que diferencia entre garantías normativas, institucionales y jurisdiccionales. - Las garantías normativas las recoge al más alto nivel nuestra Constitución española y son el principio de reserva de ley, la eficacia directa de los derechos fundamentales, el respeto al contenido esencial de los derechos y, en cuarto lugar, la rigidez constitucional. - Como garantía institucional aparece la figura del Defensor del Pueblo, recogida en el artículo 54 de la CE. - Por último, se consideran garantías jurisdiccionales el denominado recurso de amparo ordinario, técnicamente el recurso preferente y sumario, así como el amparo constitucional, aludidos ambos en el artículo 53.2 de la CE.
  5. 5. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Hay que señalar que las garantías de los derechos fundamentales no dependen exclusivamente de las garantías normativas, institucionales y judiciales internas, nacionales. - Así, después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobaron determinados Tratados internacionales que posibilitan la defensa de los derechos y libertades desde instancias supranacionales. Este paso de lo nacional a lo internacional es lo que se conoce como protección multinivel de los derechos fundamentales y libertades públicas. - En el espacio europeo, nos encontramos, sobre todo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, el llamado Convenio de Roma, cuyas sentencias deben ser asumidas por los estados firmantes, como es el caso de España. - A modo de ejemplo destacar que un ciudadano tras agotar todos los recursos internos, incluido el Tribunal Constitucional, puede acudir a Estrasburgo si siente indefensión. Lo mismo ocurre, respecto a la Carta de Derechos y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. - Un proceso similar encontramos en el ámbito americano con la Comisión y la Corte Interamericana, instituciones encargadas de hacer cumplir la Convención americana de Derechos Humanos de 1969.
  6. 6. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 3. LA APLICACIÓN DIRECTA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. - El art. 53.1 de la CE dispone: “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161.1 a)”. - Este precepto plantea dos cuestiones: a) La vinculación de los derechos a todos los poderes públicos. b) La aplicación directa de los derechos y el principio de reserva de ley. - El art. 53.1 CE mantiene el principio de aplicación directa, el cual quiere decir que los derechos y libertades no necesitan ser desarrollados legislativamente para que sean aplicables. - Estas garantías vienen determinadas por la naturaleza de la reserva de ley establecida sobre el desarrollo de los derechos. Además, esta reserva de ley parece tener unas veces un carácter absoluto y otras veces un carácter relativo. - Nuestra jurisprudencia constitucional en la STC de 16 de noviembre de 1981, ha señalado que la reserva de ley del art. 53.1 de la CE ha de entenderse “dentro de los límites en los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que inciden sobre el sistema económico de nuestra sociedad...”. - La vinculación de los derechos fundamentales a todos los poderes públicos no es sino una consecuencia directa de la idea de Constitución como norma jurídica y norma suprema del ordenamiento.
  7. 7. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Dentro de la vinculación a los poderes públicos adquiere una especial relevancia la posición del legislador de los derechos fundamentales. Así, aunque la libertad del legislador sea más amplia que la de otros operadores jurídicos también se encuentra sometido a los principios interpretativos en materia de derechos tales como el principio de proporcionalidad y el de ponderación. - La habilitación del legislador en materia de derechos fundamentales puede revestir varias formas pudiendo para delimitar su contenido, establecer sistemas de protección o crear límites externos. - Todas estas habilitaciones encuentra sus límites en el contenido esencial de los derechos fundamentales.
  8. 8. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 4. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. - El principio de reserva de ley supone que solamente se podrán regular los derechos fundamentales a través de ley aprobada en Cortes, tal y como dispone el artículo 53, apartados 1 y 3 de la Constitución. De esta manera se trata de evitar que el ejecutivo, haciendo uso de su potestad reglamentaria, pueda limitar el ejercicio de dichos derechos. - Tal y como concretó el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su sentencia 116/1999, de 17 de junio, “los derechos fundamentales y libertades públicas cuyo «desarrollo» está reservado a la Ley Orgánica por el art. 81.1 de la Constitución, son los comprendidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29 CE) y no cualesquiera otros derechos y libertades reconocidos en el texto constitucional”. - Por lo tanto, para la regulación de los referidos derechos, será necesaria no sólo la aplicación del principio de reserva de ley, sino la aprobación por ley orgánica, es decir el logro de la mayoría absoluta de votos, una especie de "reserva de ley especial", de "reserva de ley orgánica", del artículo 81 de la Constitución. - Si no se cumple el principio de reserva de ley, ordinaria u orgánica, cabe la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, estando facultados para ello los siguientes sujetos: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y 50 senadores además de las Asambleas legislativas y órganos ejecutivos colegiados de las CCAA para los casos en que una norma con rango de ley afecte a su ámbito de autonomía. - La reserva de ley orgánica es interpretada restrictivamente por nuestra jurisprudencia constitucional, en el sentido de que el legislador orgánico es un legislador de lo indispensable y necesario para desarrollar el derecho fundamental.
  9. 9. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Por tanto, la reserva de ley orgánica actúa, cuando se trata del desarrollo de un derecho fundamental, estableciendo su alcance y límites, pudiendo remitir al legislador ordinario la regulación de aspectos complementarios del desarrollo de derechos fundamentales. - Por su parte la reserva de ley ordinaria del art. 53.1 de la CE, tiene por objeto la concreción normativa del tiempo, lugar y modo de ejercicio de los derechos fundamentales (STC 292/2000 y STC 53/2002). - En relación con esta cuestión, hay que señalar que también las Comunidades Autónomas tiene competencias en materia de derechos fundamentales. Los únicos límites son el principio de reserva de ley orgánica del art. 81 de la CE y la regla de reparto competencial establecida en el art. 149.1 de la CE. - En este sentido hay que interpretar que el principio de reserva de ley ordinaria del art. 53.1 de la CE puede ser realizado por la ley autonómica, pues únicamente los elementos esenciales del derecho fundamental entre los cuales se encuentra la titularidad, las garantías, los límites son de competencia exclusiva del Estado, correspondiendo al legislador autonómico el desarrollo de las demás facetas. - En este caso el legislador estatal puede establecer normas uniformes en todo el territorio nacional, pues es el competente para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles. - Así pues, las Comunidades Autónomas podrán regular el ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito de aquellas materias que sean de su competencia, así como el Estado en el ámbito de las suyas, incluyendo la habilitación genérica que le atribuye el art. 149.1.1 de la CE.
  10. 10. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 5. EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. - El art. 53.1 de la CE establece que el desarrollo de los derechos solo puede establecerse por ley, la cual deberá respetar en todo caso el contenido esencial de los mismos. - El concepto de contenido esencial ha suscitado grandes debates en la doctrina y jurisprudencia alemana, dada la redacción del art. 19.2 de la Ley Fundamental de Bonn, que debe ser considerado como el antecedente de la actual regulación española, tanto en lo que se refiere a la delimitación de su ámbito como al propio significado de esta garantía. - Estamos en presencia de un concepto jurídico indeterminado, que constituye un auténtico límite a la acción de los poderes públicos, especialmente a la potestad legislativa del Estado. - Nuestra doctrina ha recogido los planteamientos jurisprudenciales y doctrinales surgidos sobre esta importante cuestión en Alemania, llegando a señalar que el contenido esencial de los derechos es “el reducto último que compone la sustancia del derecho, disuelto el cual el derecho deja de ser aquello a que la Norma Fundamental se refiere”. - El Tribunal Constitucional en la sentencia de 13 de febrero de 1981 señalaba que el contenido esencial de los derechos actuaba como una restricción a la potestad legislativa del Estado. - La STC de 8 de abril de 1981 señala que “constituye el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a este tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro”.
  11. 11. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - A la hora de la regulación de los derechos fundamentales, el artículo 53.1 de la CE exige que se lleve a cabo a través de una ley, que además deberá ser orgánica en el caso de los derechos comprendidos entre los artículos 15 y 29 de la CE. Pues bien, aún cuando se respete dicha exigencia, el legislador carece de libertad absoluta de cara a llevar a cabo dicha regulación. Tal y como dispone el propio artículo 53.1 de la CE, el legislador deberá “respetar el contenido esencial” de los derechos fundamentales. - Esto constituye una garantía adicional, pues impide que el reconocimiento constitucional de los derechos quede en nada en caso de que el legislador optara por vaciarlos de contenido. - El Tribunal Constitucional ha señalado, en su Sentencia 11/1981, que se atentará contra el contenido esencial de un derecho cuando su ejercicio fuera imposible, más difícil de lo razonable, o quedará despojado de la necesaria protección que exige la Constitución. Atendiendo a lo anterior, corresponderá al propio Tribunal la determinación, en cada caso, de lo que debe entenderse por “contenido esencial” de cada derecho fundamental en particular. - Así pues el contenido esencial del derecho “es aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que el interés que da vida al derecho resulte real, concreto y efectivamente protegido”. - También podemos definirlo como “aquella parte del contenido de un derecho, sin la cual pierde su peculiaridad, o aquello que lo hace reconocible como perteneciente a un determinado derecho”. - De todo ello podemos destacar que hablamos de violación del contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”.
  12. 12. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - La noción de contenido esencial se encuentra directamente relacionada con la propia noción de garantía institucional, a la que indirectamente parece acudir el Tribunal Constitucional. - Otro problema es determinar el carácter absoluto o relativo del contenido esencial. - Si se mantiene el carácter absoluto la noción de contenido esencial no solo tiene efectos garantistas sino también limitadores de la potencialidad transformadora, que deben desempeñar los derechos fundamentales. - Si mantenemos el carácter relativo parece que puede llegar a cumplir ambas funciones, la garantista y la transformadora. Una concepción asumida por la jurisprudencia constitucional. - El concepto de contenido esencial no es inmutable, sino un concepto eminentemente histórico, sujeto a las transformaciones sociales que se vayan produciendo.
  13. 13. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 6. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS GARANTÍAS EXTRAJUDICIALES. - Las garantías extrajudiciales, actúan a modo de complemento de las garantías judiciales. - En nuestro régimen político viene representadas, básicamente, por la figura del Defensor del Pueblo. - La institución que viene a desempeñar estas garantías constitucionales es el Defensor del Pueblo. - Figura prevista en el art. 54 de la CE, que establece que: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. - La institución del Defensor del Pueblo tiene su origen en su versión Ombudsman, en los países escandinavos, y de modo especial, en Suecia. A partir de aquí inicia su expansión que, con distintos nombres y con diferentes competencias y significados, alcanzará diferentes países. - La propia existencia de la institución del Defensor del Pueblo debe venir justificada en función de la propia estructura y significado de nuestro sistema de Administraciones Públicas.
  14. 14. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 7. EL DEFENSOR DEL PUEBLO. - La figura del Defensor del Pueblo, prevista en el art. 54 de la CE, ha sido desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. A todo ello debemos añadir que en 1983 se aprobó el Reglamento de Organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo y que la Ley del Defensor del Pueblo ha sido parcialmente modificada por la Ley Orgánica 2/1992 de 5 de marzo. - Esta institución, tal y como dispone el artículo 54 de la CE, actúa como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos reconocidos en el Título I, estando facultado para supervisar la actividad de la Administración. - En cuanto a su regulación y funcionamiento se encuentra previsto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (LODP). - El Defensor del Pueblo es elegido, por un período de cinco años y siendo posible su reelección, de entre cualquier español mayor de edad que se encuentre en plenitud de disfrute de sus derechos civiles y políticos (artículos 2 y 3 LODP). - En cuanto a las mayorías exigidas para su elección, en una primera votación se requiere la mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, siendo suficiente en una segunda votación, en caso de no tener éxito la primera, la mayoría de tres quintos en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado (artículo 2 de su Ley Orgánica).
  15. 15. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En cuanto a sus prerrogativas, el Defensor del Pueblo es independiente pues está liberado de todo mandato imperativo, otorgándole su normativa de desarrollo plena autonomía para el ejercicio de su cargo. - Al igual que los parlamentarios, disfruta de inviolabilidad por las opiniones o actos llevados a cabo en el ejercicio de su cargo, así como de inmunidad, no pudiendo ser detenido ni retenido salvo en caso de delito flagrante. - Por último, disfruta del fuero especial, pues la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. - El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con cualquier mando representativo o cargo político; con la actividad en cualquier Administración Pública; con la afiliación a un partido político; así como con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. - Se encuentra auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, a los que nombra con la conformidad de las Cámaras y en los que puede delegar sus funciones. Respetando ese orden, los Adjuntos le podrán sustituir en el ejercicio de sus funciones en caso de imposibilidad temporal o cese. - El Defensor del Pueblo se relaciona con las Cortes a través de una Comisión mixta Congreso-Senado (artículo 8 LODP). - En lo relativo a sus funciones, el Defensor del Pueblo está facultado para iniciar y proseguir, de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, cualquier investigación dirigida al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública en relación con los ciudadanos –se incluye aquí toda actividad de los Ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas- (artículo 9 LODP).
  16. 16. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En cuanto a las quejas en sí, que se presentan gratuitamente, sin coste alguno, han de estar firmadas (no se admiten las anónimas) y no se requiere representación ni asistencia letrada. - Presentada la queja en cuestión, y en caso de ser admitida, todos los poderes públicos están obligados a prestar auxilio, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en las investigaciones e inspecciones que lleve a cabo. - El problema es respecto a la naturaleza mediadora y no ejecutiva de la institución. - Su carácter mediador resta efectividad inmediata a su investigación, dependiendo dicha eficacia de las gestiones realizadas sobre la Administración investigada, de la publicidad que dé a los resultados de la investigación, así como de la respuesta que decida dar el Parlamento a raíz de los informes enviados a las Cámaras. - Por último, destacar por un lado, que si el Defensor del Pueblo recibiera quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá remitirlas al Ministerio Fiscal para que actúe debidamente. - En este sentido, el Defensor del Pueblo cuenta con la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo (artículos 162.1 a) y b) de la CE).
  17. 17. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 8. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES: EL RECURSO DE AMPARO ORDINARIO Y EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL. - La Constitución ha implantado un sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales para las situaciones concretas en que estos puedan ser vulnerados. - Más concretamente, el artículo 53.2 de la CE prevé dos vías para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales: a) La ordinaria. b) La constitucional. - En este sentido, es preciso poner de manifiesto que no todos los derechos y libertades consagrados en el Título Primero cuentan con este grado de protección. - En efecto, todos los derechos son susceptibles de defensa ante la jurisdicción ordinaria mediante el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE). Sin embargo, solo algunos lo son a través del mecanismo extraordinario de protección que constituye el recurso de amparo, ya sea ante la jurisdicción ordinaria (recurso preferente y sumario) o ante el Tribunal Constitucional (amparo constitucional). - Tal y como dispone el propio artículo 53.2 de la CE, únicamente los derechos consagrados entre los artículos 14 y 29, además del 30.2 de la CE en caso de amparo constitucional, resultan garantizados por esta vía. - Por tanto, las garantías jurisdiccionales son las garantías constitucionales propiamente dichas, y las que mayor protección real pueden prestar a los derechos.
  18. 18. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com A) El recurso de amparo ordinario. - En cuanto al recurso preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria, respecto al conocido como amparo ordinario, el artículo 53.2 de la CE no diferencia entre las vulneraciones de derechos procedentes de los poderes públicos y las de los particulares, pudiendo solicitarse frente a cualquier acto o disposición sin valor de ley, por cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo. - Hablamos de un recurso preferente y sumario. La preferencia implica la obligación para los órganos judiciales de tramitar primero las demandas que se presenten por este cauce, independientemente del orden de entrada de los asuntos. - Por sumariedad, se entiende la mayor celeridad en los plazos para llevar a cabo tal tramitación, que son inferiores a los existentes en los procedimientos ordinarios. De hecho, en algunos casos, esos plazos son de una extraordinaria brevedad, para garantizar la eficacia de los derechos: es el caso del habeas corpus del artículo 17.4 de la CE, desarrollado por Ley Orgánica 6/1984; de la acción específica para la defensa del derecho de reunión (artículo 11 de la Ley 29/1998), o de los recursos contencioso-electorales de la LOREG (artículos 49 y 109 a 117 LOREG). - Cabe señalar que no se prevé la concentración de los recursos de amparo en un único orden dentro del Poder Judicial, sino que cada uno de los existentes establece un procedimiento específico a seguir para los casos en los que el objeto de la acción judicial sea la vulneración de cualquiera de los derechos aludidos. - Este recurso es un elemento trascendental en la protección eficaz de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  19. 19. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com B) El recurso de amparo constitucional. - Nuestra Constitución prevé dentro del sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la vía del recurso de amparo constitucional. - Algunos sectores doctrinales han considerado que este recurso es innecesario. Para acudir a la vía de amparo constitucional es necesario, en la mayoría de los casos, haber agotado la vía judicial previa. - No obstante, el Tribunal Constitucional a la hora de admitir a trámite los recursos de amparo, ha adoptado una posición prudente, partiendo de que son precisamente los tribunales ordinarios los órganos legitimados fundamentalmente para salvaguardar los derechos de la persona. - Destacar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, efectuada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, donde se produce una significativa reforma del recurso de amparo en su procedimiento. - La reforma del 2007, prescribe para la admisión del recurso de amparo que el mismo verse sobre una cuestión de "especial trascendencia constitucional", según el artículo 50 de la Ley orgánica. - Esta reforma ha racionalizado no sólo el trabajo del alto tribunal sino que ha permitido que el amparo no se utilice como otra instancia más dentro del procedimiento digamos ordinario de defensa. - El amparo constitucional puede plantearse por cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, según expresa el artículo 162 de la Constitución, y el ámbito material sobre el que recae, que son los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución.
  20. 20. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Por otro lado, y según determina el artículo 44 de la LOTC, las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan varios requisitos: a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto. b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial. c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso la vulneración del derecho constitucional tan pronto como ha sido conocida. - Por último, debemos recordar que la sentencia que otorgue el amparo contendrá algunos de los siguientes pronunciamientos: a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad, con la adopción de las medidas apropiadas para su conservación.

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