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TEMA 10 LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

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LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

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TEMA 10 LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

  1. 1. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com TEMA 10 LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
  2. 2. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 1. INTRODUCCIÓN. - Los derechos de participación y particularmente el derecho de sufragio integran una categoría específica de derechos fundamentales. - Estos se proyectan sobre determinadas muestras de sociabilidad humana. El objeto de los derechos de participación es su protección solo en tanto que contribuyen a la voluntad de la formación estatal. - La propia Constitución en su art. 23 distingue entre dos modalidades de ejercicio del derecho fundamental de participación como son la participación directa y la participación por medios de representantes. - Las sociedades avanzadas necesitan de la democracia para su desarrollo. Además, no serían avanzadas si no contasen entre sus fines principales la potenciación de las libertades de sus ciudadanos, que precisamente lo son por que participan en las decisiones generales. - Aunque nos referiremos a los derechos de sufragio activo y pasivo del artículo 23 de la CE, conviene al menos poner de manifiesto la existencia de otros tipos de participación previstos en nuestro Texto Fundamental. En efecto, el artículo 9.1 de la CE encomienda a los poderes públicos la labor de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. En coherencia con ello, por ejemplo, el artículo 125 de la CE prevé la participación ciudadana en la Administración de Justicia a través de la institución del Jurado; o el artículo 129.1 de la CE se refiere a “las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social”. - Junto a estos derechos de participación, estudiaremos la libertad de expresión y el derecho a la información, así como el derecho de asociación.
  3. 3. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO A UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA LIBRE
  4. 4. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. EL DERECHO A UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA LIBRE - Englobamos bajo esta genérica denominación un conjunto de derechos fundamentales que aparecen constitucionalizados en el art. 20 de la CE. - Por su parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 16 de marzo de 1981 ha sostenido que el art. 20 de la CE, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin al cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra. - La preservación de esta comunicación pública libre es necesaria ya que sin ella no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, lo que exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos, pero también una especial consideración a los medios que aseguren la comunicación social, y en razón de ellos a quienes profesionalmente les sirven. - El art. 20 CE tiene un régimen general en el que se constitucionalizan dos principios: a) La supresión de toda censura previa en el ejercicio de estos derechos. b) La necesidad de resolución judicial para que pueda acordarse el secuestro de cualquier medio de información. - Así mismo el art. 20.4 constitucionaliza los límites de ejercicio de estos derechos, que vienen determinados por el respeto a los demás derechos fundamentales, y especialmente por el respeto a concretos derechos como el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección debida a particulares sectores sociales como la juventud e infancia. - En el art. 20 CE distinguimos entre otros derechos la libertad de expresión; el derecho a la información y sus diversas manifestaciones (prensa, televisión e internet); el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; así como el derecho a la libertad de cátedra.
  5. 5. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 3. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. - La libertad de expresión ampara cualquier expresión o difusión de ideas u opiniones. Ello significa que se protege tanto la actividad única e irrepetible de comunicación (una conferencia o un discurso), como la difusión de un hecho expresivo a un público numeroso por cualquier medio de reproducción. - Como tal derecho subjetivo protege al actor sea cual sea el marco en el que se expresa. - La actividad de expresar y difundir ideas u opiniones ha de ser libre, lo que supone que no ha de haber restricciones previas ni por parte del Estado ni en su caso por parte de sujetos pasivos. - Cualquier restricción previa proveniente de poderes o entidades de carácter público constituiría en principio una modalidad de censura, proscrita de forma taxativa por el art. 20.2 de la CE. - La Constitución describe el objeto de la libertad de expresión con tres términos que son “pensamientos, ideas y opiniones”, que se refieren a concepciones subjetivas de las personas. - El mensaje transmitido no ha de ser necesariamente verbal, el medio empleado puede ser cualquier técnica de comunicación o manifestación de carácter artístico. Lo esencial es que estemos en presencia de un “hecho expresivo”, un mensaje o comportamiento mediante el que se intenta comunicar una idea, opinión o sentimiento. - A ello debemos añadir que la libertad de expresión no puede desentenderse del significado del derecho a la información a que se refiere el apartado d) del art. 20.1 de la CE.
  6. 6. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. - El art. 20 de la CE ha formulado como derecho autónomo dentro de la libertad de expresión el “derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, que posee un contenido múltiple y al cual denominamos como libertad de información. - La libertad de información se integra básicamente de dos derechos: a) El derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. b) El derecho recíproco a recibir dicha información en iguales condiciones. Sujetos titulares: - En cuanto a la titularidad de la libertad de información, insistir que corresponde a todos los ciudadanos. Sin embargo hay una categoría de ciudadanos que de facto ejercen más frecuentemente el derecho a comunicar información puesto que ésta es precisamente su profesión como es el periodista. - Los medios de comunicación, tanto empresas como periodistas individualmente, cumplen una función informativa de intermediarios naturales entre la noticia y los ciudadanos que es básica para el mantenimiento de una comunicación pública libre. - Esta razón justicia la preferencia en el ejercicio del derecho a informar que el Tribunal Constitucional le ha reconocido a los profesionales de los medios de comunicación, y que explica su prioridad en determinadas ocasiones como la entrada en recintos oficiales o la asistencia a conferencias de prensa.
  7. 7. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com La búsqueda y obtención de información: - El derecho a difundir libremente información veraz comprende el derecho a la búsqueda y obtención de la información. - No puede difundirse información sin haberla previamente recolectado, por lo que esta búsqueda y obtención de la información ha de considerarse un derecho implícito en el art. 20.1 d) de la CE. - La libertad de expresión y la libertad de información tienen como límites básicos el respeto de los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia (art. 20.4 CE). - Los avances técnicos han ampliado la posibilidad de obtención de información. No obstante, la libertad de información no avala el uso inconsentido de los medios en un contexto privado, incluso en el caso de que la información obtenida pueda tener relevancia pública (STC 12/2012, caso Cámara oculta). El objeto de la información: - El Tribunal Constitucional ha insistido sobre la posibilidad de distinguir entre libertad de expresión en sentido estricto, dirigida a la transmisión de opiniones; y libertad de información, destinada a la información sobre hechos. - El medio de comunicación actúa como un mero transmisor de la información, y eso le exige actuar con diligencia profesional.
  8. 8. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - El reportaje neutral ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la información en la que se recogen o reproducen de forma fidedigna opiniones o declaraciones de un tercero que resultan lesivas para el honor de otras personas. Si tales opiniones se reproducen de forma fidedigna, con indicación de su autor y sin alterar su importancia en el conjunto de la noticia ni reelaborarla en el marco de un reportaje propio, la responsabilidad por ella recae sobre el autor de las mismas, no sobre el periodista o el medio que los recoja. La veracidad de la información: - Con la libertad de información la Constitución reconoce el derecho a comunicar libremente información “veraz”. Por veracidad de la información se entiende la correspondencia de los hechos y circunstancias descritos con la realidad. - El Tribunal Constitucional ha interpretado que una información es veraz, a los efectos de su protección constitucional, cuando ha sido suficientemente contrastada antes de su divulgación, aunque luego pueda contener errores o inexactitudes. Por lo tanto, se debe comprobar si la información ha verificado o no convenientemente la exactitud de la noticia, actuando diligentemente y contrastando los datos. - Quien ejerce el derecho a la información, normalmente los medios de comunicación y sus profesionales, soportan la obligación de contrastar de forma razonablemente suficiente las informaciones que difunde. Los criterios para contrastar la información son: que se explicite la fuente y se ponga la información en relación con esta o que el medio tenga indicios o conocimiento por cualquier otra vía de la inexactitud de la noticia. - Las consecuencias de la falta de veracidad en una información consisten en la perdida de la protección constitucional del art. 20. 1 d) para el responsable de la información. Asimismo, existe el derecho de rectificación para todo aquel que resulte afectado por una noticia falsa.
  9. 9. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO DE REUNIÓN
  10. 10. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 5. EL DERECHO DE REUNIÓN. - Calificado por nuestra jurisprudencia constitucional como derecho subjetivo de carácter colectivo y derecho de libertad frente a los poderes públicos, aparece constitucionalizado en el art. 21 de la CE. - Desde el punto de vista conceptual, este derecho puede ser definido por oposición al derecho de asociación, resaltándose sus características de momentaneidad, intencionalidad y concertación. - Respecto a los elementos configuradores de este derecho la STC 85/1988 señala que son : a) Elemento subjetivo – una agrupación de personas. b) Elemento temporal – su duración es transitoria. c) Elemento finalístico o teleológico – su finalidad debe ser lícita. d) Elemento real u objeto –referente al lugar de celebración. - Nuestra CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Entendemos por reunión “la concurrencia concertada de más de veinte personas, con finalidad predeterminada”. - Así mismo, el derecho de reunión viene desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio reguladora del derecho de reunión.
  11. 11. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - El artículo 21.1 de la CE al reconocer el “derecho de reunión pacífica y sin armas”, nos sitúa ante uno de los derechos políticos clásicos, pues su ejercicio representa la forma inicial en que toma cuerpo la participación política. - Sin embargo, desde una perspectiva conceptual, este derecho no debe ser confundido con el derecho de asociación, ni cualquier aglomeración de personas implica automáticamente el ejercicio de tal derecho de reunión. - En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones como la STC 85/1988, que el derecho de reunión “es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo…”. - Nos encontramos ante un derecho que debe ser respetado tanto por el Estado como por la propia sociedad, no agotándose su ejercicio con la convocatoria de numerosas manifestaciones que compartiesen el mismo objetivo. - Por lo tanto, tal y como señaló el Tribunal Constitucional, en la sentencia 24/2015, no cabe prohibir ni disolver esas reuniones por el mero hecho de su reiteración.
  12. 12. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En cuanto a su titularidad, el derecho de reunión pueden ejercerlo tanto las personas físicas, ya sean nacionales o no, además de las personas jurídicas a las que el artículo 4 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, reconoce como posibles “organizadoras o promotoras” de manifestaciones y reuniones. - Ahora bien, existen determinados colectivos de funcionarios que, por su especial condición de neutralidad política, ven como la ley impone a sus miembros una serie de restricciones en el ejercicio del derecho de reunión, siempre y cuando, eso sí, no acudan a las mismas en calidad de simples ciudadanos. Es el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, de fiscales, así como de jueces y magistrados. - Respecto a los requisitos para ejercitar el derecho de reunión, tenemos que señalar que varían en función del carácter más o menos restringido de la misma. - En concreto, tal y como dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica que lo desarrolla, no se aplicarán las previsiones de dicha norma, siendo de libre realización aquellas reuniones: a) Celebradas por personas físicas en sus domicilios o en locales públicos o privados por razones familiares o amistad. b) Las celebradas por partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y demás personas jurídicas en lugares cerrados, para fines propios y mediante convocatorias exclusivas a sus miembros o a otras personas nominalmente invitadas. c) Las que celebren los profesionales con sus clientes en espacios cerrados para los fines propios de su profesión. d) Las celebradas en unidades, buques y demás establecimientos militares, a las cuales se les aplica su legislación específica.
  13. 13. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Por otra parte, en los casos en los cuales sí es de aplicación la LO 9/1983, las condiciones exigibles varían dependiendo de si la reunión se realiza en lugares abiertos al tránsito público o no. Si fuera este último el caso, el único requisito exigible será el ya aludido al hacer referencia al artículo 21.1 de la CE, es decir, el carácter pacífico y la ausencia de armas en la reunión. - Mayor problema plantea, en cambio, la celebración de reuniones en la vía pública, y más aún cuando estas adoptan la forma de manifestaciones. La reunión es un acto estático, la manifestación no. - Es habitual que el ejercicio de este derecho colisione con los derechos de otras personas que, por ejemplo, pretenden transitar por las zonas que se quiere habilitar para la reunión o manifestación en cuestión. - El artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 exige la previa comunicación por escrito de las reuniones o manifestaciones que se pretendan celebrar. Dicha comunicación, que deberá ser presentada por los organizadores o promotores del acto a la autoridad gubernativa correspondiente, no debe ser confundida en ningún caso con la autorización, pues la exigencia de esta última devendría inconstitucional a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la CE. - Respecto a la comunicación en sí, la regla general es que tenga lugar con una antelación de diez días naturales y treinta como máximo. - Ahora bien, el segundo párrafo del mismo artículo 8 contempla un supuesto excepcional: bastará una antelación mínima de veinticuatro horas cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de reuniones o manifestaciones.
  14. 14. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Todo lo dicho no significa que este derecho carezca de límites de cara a su ejercicio. Tendríamos límites expresos y tácitos. - El primer limite expreso es la exigencia de que el derecho de reunión se ejerza de forma pacífica y sin armas. - Sin embargo, existe otro condicionante igualmente previsto en la Constitución, en este caso en el artículo 21.2 de la CE que prevé la posibilidad de prohibir las reuniones celebradas en lugares de tránsito público y manifestaciones “cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. - La decisión administrativa que introduzca restricciones al ejercicio de este derecho deberá estar motivada y ser respetuosa con el principio de proporcionalidad. - Igualmente cabe identificar una serie de límites tácitos como consecuencia de la incorporación de Tratados internacionales al derecho interno español. Por ejemplo, si nos fijamos en lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, observamos que su artículo 11.2 prevé la posibilidad de que se establezcan límites al derecho de reunión siempre y cuando, estén “previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos”. - Se trata pues, de una regulación garantista, habiéndose mostrado contrario el Tribunal Constitucional a la prohibición del derecho de reunión, por ejemplo, en relación con la perturbación de la circulación o del tráfico rodado (STC 301/2006 y STC 284/2005), o respecto a su posible incidencia en un proceso electoral (STC 170/2008).
  15. 15. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Finalmente cabe hacer alusión a un aspecto tan controvertido como es el de la disolución de las reuniones o manifestaciones. Pues bien, el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 establece que tal medida cabrá, en relación con reuniones ilícitas de conformidad con las leyes penales, cuando: a) Se produzcan alteraciones del orden público. b) Se haga uso de uniformes paramilitares. c) Fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en las respectivas leyes reguladoras de sus derechos y deberes. - En cambio, no se contempla la disolución para los casos en los cuales la reunión o manifestación no hubiera sido comunicada, probablemente porque, al no cumplirse ese requisito previsto en el artículo 21.2 CE, esas reuniones no serán consideradas como tales desde el punto de vista legal. - En cualquier caso, parece razonable aconsejar una valoración previa de las posibles consecuencias que, tanto la celebración de la reunión o manifestación irregulares, como su disolución, pueden conllevar. Así por ejemplo, las concentraciones del 11-M en la Puerta del Sol, en la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y autonómicas de 2011, habiendo sido prohibidas por la Delegación del Gobierno en Madrid, no fueron disueltas, sino que se esperó a su disolución espontánea, con el fin de evitar males mayores.
  16. 16. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO DE ASOCIACIÓN
  17. 17. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 6. EL DERECHO DE ASOCIACIÓN. 1. Planteamiento general. - Es otro de los clásicos derechos de participación política, que aparece íntimamente ligado al derecho de reunión. Su constitucionalización se efectúa en el art. 22 CE con una fórmula amplia que afecta fundamentalmente al proceso de constitución de asociaciones y a la temática de las asociaciones ilícitas. - La asociación se diferencia de la reunión por la característica de la permanencia. - La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de la CE y establecer aquellas normas de régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado al amparo de lo establecido en el art. 149.1.6 de la CE, comprendiendo la libertad de asociarse o crear asociaciones. - Nuestra jurisprudencia constitucional se ha referido al tema de su naturaleza destacando su configuración como un derecho y no como un deber; es decir, poniendo de relieve la llamada “libertad positiva” y “libertad negativa” que presenta el derecho de asociación y su íntima conexión con los partidos políticos. - Las asociaciones pueden ser constituidas por acuerdo de tres o más personas físicas y jurídicas, excluyéndose a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las carreras fiscal y judicial. - Además, se crea el Registro Nacional de Asociaciones, sin perjuicio de la existencia de los correspondientes Registros autonómicos.
  18. 18. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En cuanto a los límites inherentes en el ejercicio de este derecho, hay que señalar que tanto las asociaciones que se reputen ilegales, así como las secretas y las de carácter paramilitar, aparecen constitucionalmente prohibidas siendo la jurisdicción ordinaria y no la constitucional, la competente para proceder a la suspensión de sus actividades o a la disolución de las mismas. - La disolución de una asociación solo se podrá llevar a cabo en los siguientes casos: a) Cuando tengan la condición de asociación ilícita de acuerdo con las leyes penales. b) Por las causas previstas en las leyes especiales o cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la legislación civil. - Por otro lado, señalar que la materia de asociaciones se encuentra compartida entre Estado y Comunidades Autónomas.
  19. 19. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. La posición constitucional de los partidos políticos. - El pluralismo supone el reconocimiento de grupos y formaciones sociales entre el individuo y el Estado. La constitucionalización de los partidos políticos es un hecho relativamente reciente. - Nuestra Constitución al regular la existencia de los partidos políticos se sitúa en el ámbito de las modernas democracias pluralistas, siguiendo las corrientes doctrinales surgidas en el periodo de entreguerras y consagradas a partir de 1945. - El art. 6 de la CE establece que: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. - Ese artículo más que definir los partidos políticos se refiere a las funciones de los mismos en los siguientes términos: a) Los partidos como expresión del pluralismo político. b) Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. c) Son instrumento fundamental para la participación política. - Respecto a su naturaleza, los partidos políticos son asociaciones privadas que ejercen funciones de relevancia pública y constitucional, careciendo, por tanto, de la consideración de poderes públicos o de órganos del Estado. Por ello resulta evidente su conexión con el derecho de asociación política constitucionalizada en el art. 22 de la CE siendo una forma particular de asociación cuyo régimen le es aplicable con carácter supletorio.
  20. 20. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - El primer desarrollo legislativo de los partidos políticos lo encontramos en la Ley 54/1978, de 4 de diciembre de Partidos Políticos. - La legislación específica sobre los partidos políticos se contiene en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que desarrolla las previsiones del art. 6 de la CE. Entre las principales características de esta legislación destacan: a) La libertad de creación de los partidos queda reservada a los españoles, mayores de edad que se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos y no han sido penalmente condenados por asociación ilícita o por alguno de los delitos graves contra la Constitución, el orden público, la paz o la independencia del Estado y la defensa nacional, así como contra la comunidad internacional, previstos en el Código Penal. b) Estas asociaciones de configuración legal solo adquieren esa personalidad jurídica y los derechos o facultades que de ellos dimanan mediante la inscripción en el Registro de Partidos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior. c) La Constitución exige a los partidos políticos que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos, lo que plantea el problema de determinar los parámetros de democracia interna que le son exigibles. Así el tribunal Constitucional ha considerado que los derechos de participación democrática interna de los afiliados integran el contenido de los derechos de asociación, cuando este se ejerce a través de los partidos políticos. - Finalmente destacar que la LO 6/2002, ha especificado las causas y procedimientos para la ilegalización de los partidos políticos que atenten contra el régimen democrático. Así, su art. 9.2 contempla que será declarado ilegal el partido político que con su conducta reiterada y grave vulnere los principios democráticos.
  21. 21. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO A SUFRAGIO COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE CONFIGURACIÓN LEGAL
  22. 22. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 7. EL DERECHO DE SUFRAGIO COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE CONFIGURACIÓN LEGAL. - El significado actual del derecho de sufragio arranca de los orígenes del liberalismo con la distinción entre el sufragio como derecho y el sufragio como función. - El sufragio debe ser considerado como un supuesto de legitimidad democrática. - El art. 23 de la CE dispone: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes”. LEY D´HONT
  23. 23. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 1. El derecho de sufragio activo. - Está recogido en el artículo 23.1 de la CE, reconoce el derecho los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal. - Nos encontramos ante un derecho fundamental, no ante un deber u obligación, por lo que no cabe penalización alguna en caso de no ser ejercido, como sí sucede en algunos Estados de nuestro derecho comparado. - Cabe distinguir dos tipos de participación: una indirecta, consistente en la elección de los representantes políticos, ya sea a nivel de Cortes, Parlamentos Autonómicos, Corporaciones Locales, etc...; y otra directa, por medio del referéndum. - La posibilidad de la participación directa de los ciudadanos mediante referéndum se encuentra constitucionalizada en varios preceptos, vinculados a determinadas materias como son la reforma constitucional (arts. 167 y 168 de la CE, el referéndum consultivo del artículo 92; la aprobación y/o reforma de los Estatutos de Autonomía, ex artículos 151 y 152 de la CE, incluso el artículo 149 de la CE sobre consultas populares por vía de referéndum. - La otra vertiente del derecho de sufragio activo se refiere a la participación indirecta, a la elección de representantes, los cuales deberán actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos. - En este sentido, cuando los artículos 68.1, 69.2 y 140 de la CE hablan de elección “directa” de diputados, senadores y concejales, lo que hacen es descartar la elección de los mismos a través de compromisarios, como sucede en otros ordenamientos jurídicos, en cuyo caso habrá que hablar de elección indirecta en uno o más grados.
  24. 24. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Asimismo, es preciso destacar que, con la alusión por parte del artículo 23.1 de la CE a “los ciudadanos”, no se hace exclusiva referencia a los nacionales, sino que de los artículos 13.2 y 93 CE cabe deducir la existencia de dos supuestos en los cuales los extranjeros son igualmente titulares del derecho de sufragio: a) En virtud de tratados bilaterales, podrán ejercer su derecho en las elecciones municipales. b) Consecuencia de la pertenencia a la Unión Europea, cabe su participación tanto en los comicios municipales (art. 22.1 Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea-TFUE) como en las elecciones al Parlamento Europeo (art. 22.2 TFUE). - En ambos casos, será necesario que el ciudadano extranjero resida en España, pudiendo ser elector y elegible en las mismas condiciones que los propios españoles, siendo necesario principalmente la inscripción censal, la mayoría de edad y la inexistencia de sentencia judicial incapacitante.
  25. 25. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. El derecho de sufragio pasivo y acceso a cargos públicos. - El artículo 23.2 de la CE reconoce a los ciudadanos el “derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. - De dicha redacción cabe deducir, por tanto, dos tipos de cargo público en atención a la forma de acceder a los mismos: a) Por un lado, aquellos a los que únicamente cabe acceder mediante elección popular –derecho de sufragio pasivo. b) Por otro, los cargos no representativos –acceso a la función pública. - Ahora bien, a diferencia de lo señalado en relación con el derecho de sufragio activo, el derecho reconocido en el artículo 23.1 de la CE no es directamente aplicable a todos los ciudadanos, sino que el legislador deberá concretar cuáles son los requisitos necesarios para poder optar a un cargo o función pública. - Relacionado con ello, añadir que, con la alusión a la igualdad, el artículo 23.2 de la CE no consagra la igualdad entre todos los ciudadanos, sino solo entre aquellos que reúnan las condiciones previamente establecidas por una ley. Requisitos que en ningún caso podrán servir como instrumentos de discriminación por cuestión de sexo, raza o religión, ni afectar al contenido esencial del derecho.
  26. 26. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En lo que respecta a la titularidad del derecho, el artículo 23.2 de la CE alude a “los ciudadanos”, refiriéndose en este caso el término, no solo a los españoles. - En efecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 13.2 y 93 de la CE, podrán ejercerlo igualmente los ciudadanos residentes en un Estado miembro de la Unión Europea: a) Tanto en los comicios municipales, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 22.1 TFUE). b) Como en las elecciones al Parlamento Europeo, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado (artículo 22.2 TFUE). - De las dos únicas reformas constitucionales llevadas a cabo hasta la fecha, una de ellas fue precisamente para hacer compatible la normativa española con lo previsto en los preceptos del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea-TFUE. - Por este motivo, en agosto de 1992 se produjo la reforma constitucional y se modificó el artículo 13.2 de la CE, introduciéndose en él las palabras “y pasivo”, que dieron lugar a la actual redacción del precepto en cuestión.
  27. 27. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN
  28. 28. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 8. EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN - El derecho a la jurisdicción aparece regulado en el art. 24 de la CE, siendo, sin ninguna duda, el precepto más invocado ante el Tribunal Constitucional, que ha mantenido al respecto una jurisdicción generosa, delimitando el significado y contenido de este complejo derecho. - Históricamente el derecho a la jurisdicción debe ser configurado como una derivación del derecho procesal de acción. - El contenido del art. 24 afecta a las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional - El art. 24 de la CE establece que: 1) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces efectiva de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión. 2) Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
  29. 29. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com . 1. Derecho a la tutela judicial efectiva. - El art. 24.1 de la CE establece que: “Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueves y los tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. - Por lo que a sus titulares se refiere, corresponde a todas las personas físicas y jurídicas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. - En cuanto a su contenido el derecho a la tutela judicial efectiva presenta un carácter complejo, que de conformidad con la STC 26/1983, se desarrolla en tres derechos fundamentales: a) El libre acceso a los jueces y Tribunales. b) El derecho a obtener un fallo de estos. c) El derecho a que el fallo se cumpla. - Tal y como señala la STC 32/1982 el derecho a la tutela judicial efectiva no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, sino que exige que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado si hubiese lugar a ello por el daño sufrido. - El Tribunal Constitucional ha insistido que el art. 24 de la CE implica la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales. Así se elimina la posible arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional y se asegura a los justiciables que la tutela judicial efectiva constitucionalmente reconocida incorpora el derecho a acceder a un órgano judicial para obtener de éste una resolución motivada, razonable y ajustada a Derecho.
  30. 30. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 2. Derecho al juez ordinario. - Se encuentra constitucionalizado en el art. 24.2 de la CE “todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley”. - Tal y como explica la STC 47/1983: “El derecho al juez ordinario exige que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. También exige que la composición del órgano venga determinado por la ley y que en cada caso se exija el procedimiento legalmente establecido”. 3. Derecho a la defensa y asistencia letrada. - Lo recoge el art. 24.2 de la CE. - La Constitución establece entre las garantías del proceso el derecho a la asistencia letrada como medio de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes o limitaciones en la defensa que puedan inferir a algunas de ellas el resultado de indefensión (STC 47/87). - Ahora bien, la asistencia letrada genera costes que no todos los ciudadanos pueden asumir, existiendo una imposibilidad material de acceder a ella, de ahí que el art. 119 de la CE prevea que la justicia sea gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  31. 31. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 4. Derecho a un proceso debido. - Recogido en el art. 24.2 de la CE, puede ser considerado como “aquel proceso que reúne las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por la garantía al Juez natural”. - Aunque la constitución no impone la existencia de un procedimiento determinado, el ejercicio de este derecho si implica la existencia de una serie de garantías o derechos como: a) El derecho a ser informado de la acusación formulada. b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. c) El derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes para la defensa. d) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 5. Derecho a la presunción de inocencia. - El TC lo ha considerado como un auténtico derecho fundamental. - El contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia supone dos exigencias: a) Que nadie puede ser considerado culpable hasta que lo declare una sentencia condenatoria. b) Que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. - Puede afirmarse que constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos. La presunción de inocencia solo queda desvirtuada si existe una mínima actividad probatoria valorada por el juez.
  32. 32. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com EL DERECHO DE PETICIÓN
  33. 33. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com 9. EL DERECHO DE PETICIÓN. - El art. 29 de la Constitución española establece que: 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. - Se entiende como la facultad que corresponde a los españoles para dirigirse a los poderes públicos en solicitud de actos y decisiones sobre materia de su competencia. - El derecho de petición se configura como un derecho individual tanto como un derecho colectivo, efectuándose una serie de restricciones a determinados grupos profesionales, como pudieran ser los miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos sometidos a la disciplina militar a los cuales únicamente se les reconoce el derecho individual del mismo en la forma que determine su legislación específica. - Este derecho se desarrolla en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, concebido como “la facultad que corresponde a los a los españoles para dirigirse a los poderes públicos en solicitud de actos o decisiones sobre materias de su competencia”.
  34. 34. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - Lo primero que cabe apuntar al respecto es el carácter residual del derecho de petición. En sus orígenes servía como vía para que los ciudadanos pudieran presentar sus reivindicaciones. Sin embargo, en la actualidad será el artículo 24 de la Constitución, reconociendo el derecho a la tutela judicial efectiva, el que se erige en el instrumento principal de protección de derechos e intereses. - De esta forma, el derecho de petición queda asociado a materias de tipo graciable o discrecional, no así a pretensiones fundadas en Derecho, que gozan de una protección más intensa. - Desde la aprobación de la Constitución hubo que esperar más de veinte años para que se aprobara la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, en la cual se establecen los requisitos exigidos para ejercer este derecho. - Así, son titulares del mismo tanto los nacionales como los extranjeros, incluidas las personas jurídicas, pudiendo ser el objeto de las mismas cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, independientemente de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés general. - Ahora bien, el artículo 3 de la referida legislación indica que no podrán ser objeto de este derecho las solicitudes o quejas para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico contemple un procedimiento específico distinto al regulado en la Ley 4/2001.
  35. 35. Derecho Constitucional I http://constitucionparatodos.com - En cuanto a la naturaleza de la pretensión, el Tribunal Constitucional explicó en su Sentencia 242/1993, que la petición en cuestión no puede ser considerada una reclamación en la vía administrativa, ni una denuncia, una demanda o un recurso judicial. - Puede consistir en una sugerencia o una información, una iniciativa “expresando súplicas o quejas”, pero siempre refiriéndose a “decisiones discrecionales o graciables” (STC 161/1998), sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o el recurso de inconstitucionalidad de las Leyes de los artículos 54 y 161.1 a) de la Constitución, sin necesitarse cauce propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia vinculante para el destinatario. - Por otra parte, es igualmente importante señalar que el derecho de petición es susceptible de tutela judicial por la vía del recurso de amparo del artículo 53.2 CE, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario pudiera estimar como procedentes. Más concretamente, podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo por el procedimiento ya aludido –y que se describe en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) La declaración de inadmisibilidad de la petición. b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido. c) También la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior. - Finalmente, y en lo relativo a la prohibición constitucional de que los miembros de las Fuerzas Armadas presenten peticiones colectivas, habrá que fijarse en lo dispuesto en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

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