Memorial amparo 67 2000

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Memorial amparo 67 2000

  1. 1. AMPARO NUEVO.HONORABLE SALA DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL DEGUATEMALA CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO.ROSA MARIA ANGEL MADRID DE FRADE, de cincuenta y dos años de edad,casada, guatemalteca, diputada al Congreso de la República de Guatemala, con domicilioen el Departamento de Guatemala, me identifico con la cédula de vecindad número deorden A guión uno y registro quinientos setenta mil setecientos cuarenta y seis, extendidapor el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, en calidad deDiputada del Congreso de la República de Guatemala, la cual acredito con el Acta de lasesión solemne número cero cero uno guión dos mil ocho (001-2008) del Libro de ActasPlenarias del período legislativo dos mil ocho dos mil nueve (2008-2009), en el cual en elpunto octavo consta mi juramentación y toma de posesión como diputada electa alCongreso de la República, de la legislatura dos mil ocho – dos mil doce (2008-2012) (lacual se acompaña, ver Anexo I), por lo que de forma respetuosa, en representación delpueblo conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativocomparezco y: EXPONGO:I. MOTIVO DE MI COMPARECENCIA:Por este medio interpongo ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO en contra deJorge Adolfo Matheu Fong, DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRONACIONAL DE LAS PERSONAS, institución que podrá abreviarse en el transcursodel presente memorial únicamente como RENAP.,II. DE LA ASISTENCIA PROFESIONAL Y DEL LUGAR PARA RECIBIRNOTIFICACIONES:
  2. 2. Confiero la Dirección y Procuración del presente procedimiento Especial de AcciónConstitucional de Amparo, al Abogado Walfre Alberto Heredia Barrios, señalando comolugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en 6ta calle 4-17 zona1, oficina 305 Torre Sur Edificio Tikal Ciudad de Guatemala.III. AUTORIDAD IMPUGNADA:La presente Acción Constitucional de Amparo se interpone en contra de Jorge AdolfoMatheu Fong DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE LASPERSONAS, quien es el encargado de cumplir y velar porque se cumplan los objetivosde la institución, así como las leyes y reglamentos dentro de dicho Registro, y que puedeser notificado en la Avenida Reforma dos guión dieciocho zona nueve, segundo nivelEdificio Cortijo Reforma, de esta Ciudad.IV. TERCEROS INTERESADOS EN LA PRESENTE ACCIÓNCONSTITUCIONAL DE AMPARO Y LUGARES PARA NOTIFICARLES:En cumplimiento de lo estipulado en el artículo treinta y cuatro de la Ley de Amparo,Exhibición Personal y de Constitucionalidad me permito identificar a los tercerosinteresados en la presente acción de Amparo:A) MINISTERIO PÚBLICO, el que puede ser notificado la primera vez, por intermediode la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, ubicada enoctava calle tres guión setenta y tres zona uno de esta Ciudad.B) PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, quien puede ser notificada en laoficina ubicada en la quince avenida nueve guión sesenta y nueve zona trece de la Ciudad 2
  3. 3. de Guatemala.C) PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, quien puede ser notificado en laoficina ubicada en la doce avenida doce guión cincuenta y cuatro zona uno de la Ciudadde Guatemala.V. ACTO RECLAMADO:El procedimiento arbitrario, discriminatorio, restrictivo y violatorio para gestionar elDocumento Personal de Identificación en el REGISTRO NACIONAL DE LASPERSONAS para los guatemaltecos inscritos bajo la LEY TEMPORAL ESPECIALDE DOCUMENTACIÓN PERSONAL, DECRETO 67-2000 debido se les solicitaademás de los otros requisitos establecidos en la Ley, la constancia de reconocimientode nacionalidad guatemalteca, que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Laviolación, restricción y amenaza de los derechos de estas personas es continúa,permanente y constante debido a que es un requisito ilegal dentro del procedimientopara obtener el documento de identificación, por lo que es este un caso de excepción a latemporalidad del amparo como lo establece el artículo 20 de la Ley de Amparo,Exhibición Personal y de Constitucionalidad. VI. AGOTAMIENTO DE RECURSOS: En contra del acto reclamado no existe recurso legal alguno susceptible de ser interpuesto, por lo que tiene el carácter de definitivo. De acuerdo con el artículo 10 incisos d) y e) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad el amparo procede: cuando la autoridad dicte resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades; cuando en actuaciones administrativas se exija
  4. 4. el cumplimiento, diligencias o actividades no razonables o ilegales. Además conforme alartículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, incisos a)Si del mantenimiento del acto o resolución resultare riesgo de la integridad personal,cuestión que sucede en estos casos porque ese requisito adicional e ilegal que se haestablecido impide que las personas se puedan documentar de una forma ágil y en suslugares de origen puesto que tienen que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores c) seestá actuando con notoria ilegalidad porque estas personas tienen un derecho adquirido yno hay ninguna norma que los obligue a realizar ese trámite adicional y d) violar losderechos adquiridos de las personas es un acto que ninguna autoridad puede ejecutarlegalmente, por lo que el amparo procede de oficio.VII. DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER LA PRESENTEACCIÓN DE AMPARO:De conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en suparte conducente: “Los diputados al Congreso de la República son dignatarios de laNación y representantes del pueblo…” Por lo tanto, en representación del pueblo cuyoderecho está siendo ser amenazado, restringido y violado, como diputada interpongo elamparo. Y en el presente caso, en representación de las personas a las que en el RENAPse les solicita que cumplan con un requisito que es violatorio e ilegal.VIII. RELACIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 1. Guatemala sufrió de una guerra civil que duró alrededor de treinta años. Durante este período y como resultado de la guerra, muchos guatemaltecos (según estudios 4
  5. 5. más de cuarenta mil) tuvieron que refugiarse en otros países (en su mayoría en los Estados Unidos Mexicanos).2. Durante la década de los noventa el Gobierno de Guatemala inició una serie de reuniones que resultaron en convenios y acuerdos que culminaron con la Firma de la Paz. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera (Firmado por el Gobierno de Guatemala y el 29 de diciembre de 1996) incluye otra serie de acuerdos que fueron previos a éste y dentro de los cuales uno de los puntos principales era facilitar el retorno de los más de cuarenta mil refugiados guatemaltecos y la situación migratoria en que estas personas se encontraban.3. Dentro de estos acuerdos está el: Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado (Firmado en Oslo por el Gobierno de Guatemala el 17 de junio de 1994). En los considerandos de este acuerdo se hace énfasis a: «…la dimensión traumática nacional que asumió el desarraigo durante el enfrentamiento armado en el país, en sus componentes humano, cultural, material, sicológico, económico, político y social, que ocasionó violaciones a los derechos humanos y grandes sufrimientos para las comunidades que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y formas de vida… Considerando que el reasentamiento de estas poblaciones desarraigadas debe constituir un factor dinámico del desarrollo económico, social, político y cultural del país y, por consiguiente, un componente importante de una paz firme y duradera…» (el subrayado, cursivas y las negrillas son propias) Este extracto nos permite entender el contexto histórico, es decir la fuente histórico material de la normativa que posteriormente implementó el Organismo Legislativo para poder hacerle frente a uno de los hechos más traumáticos de su historia.4. Dentro del Acuerdo de Oslo se establece una serie de principios dentro de los
  6. 6. cuales se hace mención a la especial atención que se les debía dar a estas poblaciones para generar un espacio de integración que les permitiera restablecer su dignidad como guatemaltecos.5. En el numeral séptimo de los objetivos del Acuerdo de Oslo se estableció lo siguiente respecto a la documentación personal de estas personas: «La ausencia de documentación personal de la mayoría de la población desarraigada incrementa su vulnerabilidad, limita su acceso a servicios básicos y el ejercicio de sus derechos civiles y ciudadanos. Ello requiere de soluciones urgentes. En consecuencia, las Partes coinciden en la necesidad de las siguientes medidas: 7.1 Para facilitar la documentación de las personas desarraigadas a la mayor brevedad, el Gobierno con la cooperación de la comunidad internacional acentuará sus esfuerzos para agilizar los mecanismos necesarios tomando en cuenta, cuando corresponda, los registros propios de las comunidades desarraigadas; 7.2 La revisión del decreto 70-91, la ley temporal de reposición e inscripción de partidas de nacimiento de registros civiles destruidos por la violencia para establecer un régimen adecuado a las necesidades de todas las poblaciones afectadas con procedimientos de registro que agilicen de manera gratuita tales trámites. Para tales efectos se tomará en cuenta la opinión de los sectores afectados. La documentación e identificación personal se realizará lo antes posible; 7.3 Dictar las normas administrativas necesarias para agilizar y asegurar que los hijos de los desarraigados nacidos en el exterior sean inscritos como nacionales de origen en cumplimiento del artículo 144 de la Constitución de la República; 7.4 Para la ejecución de este programa de documentación, el Gobierno solicitará la cooperación de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.» (el subrayado, cursivas y las negrillas son propias) 6
  7. 7. 6. Después de dos cuerpos legales que no fueron suficientemente completos para regular la situación de los guatemaltecos afectados por la guerra interna (Ley Temporal de Inscripciones de Nacimiento de los Registros Civiles de la República, Decreto 3-87 y posteriormente la Ley Temporal de Reposición e Inscripción de Partidas de Nacimientos de Registros Destruidos por la Violencia, Decreto 70-91), y después de la firma de la Paz se emite la LEY TEMPORAL ESPECIAL DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL, DECRETO 67-2000.7. Este decreto establece de forma clara UN PROCESO REGISTRAL DISTINTO PARA LAS PERSONAS AFECTADAS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO. «Esa normativa tuvo un año de duración, en el que dio la oportunidad para que las personas afectadas por el conflicto, poblaciones desarraigadas, repatriadas y refugiadas pudieran recuperar su identidad.» (Texto: Fondo Internacional de las Naciones Unidas para Emergencias de la Infancia. Publicación: Ciudadanas de Primera. Historia de Vidas.)8. Posteriormente, se hace una ampliación a esta ley ampliándola mediante el Decreto 52-2001. Tanto en la ley como en su reforma, se hace un ESPECIAL ÉNFASIS LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE IDENTIDAD Y REINSERCIÓN DE ESTAS PERSONAS, lo cual se hace evidente en el siguiente considerando del decreto 52-2001:”…garantizar los derechos de los guatemaltecos desarraigados por causas del conflicto armado interno, otorgándoles facilidades para la obtención de su documento de identificación personal, que coadyuve con efectividad a su inserción en la vida nacional y en la actividad económica y social de la Nación, haciendo prevalecer el estado de derecho e iguales oportunidades para dichos guatemaltecos, siendo en consecuencia procedente emitir la disposición legal que corresponde.” (el
  8. 8. subrayado, cursivas y las negrillas son propias) 9. El hecho de que una ley tenga una vigencia limitada no quiere decir que las personas que se inscribieron bajo el amparo de la misma no tengan derechos adquiridos. Según el Jurista Manuel Ossorio el derecho adquirido es “el incorporado definitivamente al patrimonio de su titular por haberse cumplido presupuestos de hecho necesarios, según la ley vigente, para darle nacimiento, por oposición a las simples expectativas, meras posibilidades de que el derecho nazca…”PROBLEMÁTICA ACTUAL: 1. Se crea el Registro Nacional de las Personas mediante el decreto 90-2005. El nuevo Registro buscaba centralizar todos los registros civiles y crear un nuevo documento. 2. El mismo ha tenido una serie de disfuncionalidades que han violado el derecho de los guatemaltecos a la identidad. 3. Dentro de esas violaciones está el que de manera infundada y violatoria se les exija a las personas que fueron inscritas bajo el amparo del Decreto 67-2000 trámites que no contempla ninguna normativa y que impide el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de estas personas. No puede alegarse que la exigencia de una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores no sea un impedimento sino un paso más dentro del procedimiento puesto que es infundado no hay ley que lo establezca y lo que hace es deslegitimizar el derecho de retorno e identidad de las mismas, además de violar una ley que no es vigente pero que fue la ley bajo la cual estas personas se inscribieron y que les permitía inscribirse de una forma distinta tomando en consideración la situación de ellos. 8
  9. 9. 4. Además, implica que estas personas se tengan que movilizar desde sus comunidades a la Ciudad de Guatemala lo cual es costoso pero sobretodo ARBITRARIO y violatorio de los derechos de la población desarraigada.PROCESO INVESTIGATIVO: 1. El día veintiocho de octubre de dos mil diez le envió al Procurador General de la República una carta en la cual le solicito me explique cuál es su opinión respecto al innecesario, ilegal y violatorio trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores que el RENAP le está solicitando a las personas que fueron inscritas bajo el amparo del Decreto 67-2000. 2. El día veintinueve de octubre de dos mil diez me contesta el Procurador explicándome que él considera y cito literalmente: «…opino que tal exigencia es totalmente inapropiada y fuera de todo contexto legal, por lo que la misma deberá de dejarse de aplicar.» 3. El día cinco de noviembre de dos mil diez le envió una carta al Registrador Central de las Personas en la cual le solicito proporcione un informe detallado mediante el cual se explique el procedimiento que se debe seguir para obtener el documento personal de identificación, en el caso de las personas que se inscribieron bajo el amparo del Decreto 67-2000 y que oportunamente se inscribieron y realizaron actualizaciones de su estado civil en las respectivas municipalidades. 4. El día nueve de noviembre de dos mil diez contesta el Registrador Central de las Personas que y cito literalmente: «… la información que se requiere de los casos anteriormente citados, es con relación al procedimiento para la emisión del Documento Personal de Indentificación –DPI-, y en consecuencia, de
  10. 10. conformidad con el artículo 37 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, contenida en el Decreto número 90-2005 del Congreso de la República, por ser la Dirección de Procesos de esta Institución la instancia encargada de dicha emisión, es quien proporciona a usted la información requerida, toda vez que el Registro Central de las Personas, unidad ejecutora que yo presido, únicamente proporciona la información contenida en el Sistema de Registro Civil…» cuestión que es sumamente confusa porque la pregunta iba a encaminada a una cuestión y parece contestar otra y me remite a la Dirección de Procesos.5. Pero a esto adiciona lo siguiente en esa misma carta: «Es importante recalcar que para prestar un mejor servicio a la población, en conjunto con el Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, personeros de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, sostendremos una reunión el día viernes 12 de noviembre del año en curso, con el objeto de buscar un procedimiento fácil, ágil y eficaz para las personas que fueron inscritas bajo el Amparo del Decreto 67-2000 Ley Temporal Especial de Documentación, de los hijos de Guatemaltecos que nacieron en el Extranjero.»6. El día nueve de noviembre de dos mil diez la Dirección de Procesos emite un oficio identificado: OFICIO DPR-1443-2010 dirigido al Registrador Central en el cual establece: «En cuanto a las personas que se inscribieron en los Registros Civiles Municipales bajo el amparo del decreto 67-2000, pero que siendo hijo o hija de padre o madre guatemaltecos nacieron en el extranjero, necesariamente deberán presentar partida de guatemalteco de origen, lo cual se adquiere por medio del procedimiento establecido en la Ley de Nacionalidad, requerimiento que también está respaldado por la Opinión No. 138-2009 de fecha 6 de octubre de 2009, emitida por la Dirección de Asesoría Legal del Registro Nacional de las 10
  11. 11. Personas –RENAP-, el cual en su parte conducente indica que “La nacionalidad plena de las personas que nacen en el extranjero, hijos de padres guatemaltecos, debe ser reconocida a través del procedimiento que establece la Ley específica.” »7. Dentro de las opiniones de la Dirección de Asesoría Jurídica del RENAP está la Opinión ciento setenta y cuatro guión dos mil nueve (174-2009) de fecha nueve de diciembre de dos mil nueve. En la misma se establece: “Las leyes temporales emitidas en su oportunidad y que han perdido su vigencia, solamente regulaban la inscripción de actos relativos al estado civil de las personas (como por ejemplo nacimientos, matrimonios, defunciones), no así la emisión de documentos de identificación personal. Con base a lo anterior, esta Dirección de Asesoría Jurídica opina que, previo a emitirse el DPI a las personas nacidas en el extranjero, hijas de padres guatemaltecos y cuyo nacimiento se haya inscrito al amparo de leyes de documentación temporal , se les solicite además de los otros requisitos establecidos en la Ley, la constancia de nacimiento de nacionalidad guatemalteca, misma que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores al término del procedimiento respectivo.” (el subrayado, cursivas y las negrillas son propias)8. El siete de febrero de 2011 envío un requerimiento sobre el procedimiento a seguir, tiempo de espera y documentación a presentar para la emisión del Documento Personal de Identificación DPI para los casos de inscripción y actualización de estado civil bajo el amparo del Decreto 67-2000, Ley Temporal Especial de Documentación.9. La Unidad de Acceso a la Información Pública del RENAP me contesta mediante RESOLUCION número veintiuno guión dos mil once en lo referente a la documentación que deben entregar estas personas para solicitar la emisión del
  12. 12. documento (pregunta c) lo siguiente: “Certificación de la partida de nacimiento para las personas nacidas en el territorio de Guatemala, la cual debe ser emitida por RENAP, en la que consten las actualizaciones de estado civil. Cédula de vecindad original y fotocopia. Boleto de Ornato. Se deberá efectuar el pago de Q.85.00 en el caso de nuevos ciudadanos. Se deberá efectuar Q. 50.00 por gastos administrativos en el caso de personas que extraviaron la cedula de vecindad. Declaración Jurada Notarial en el caso de personas que tienen más de veinte años y nunca obtuvieron cédula de vecindad.” (los errores son propios del informe) Esto lo hace con evidente mala fe y ánimo de retardo puesto que obvia establecer el procedimiento relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores que en las ocasiones anteriores reiteraron.10. Esa respuesta hace necesario que envíe otro requerimiento el día diez de febrero en el cual hago la pregunta específica siguiente: Los retornados que nacieron en México y otros países cercanos, que se inscribieron en el Registro Civil al amparo del decreto 67-2000, para tramitar su Documento Personas de Identidad ¿Deben realizar un trámite previo en el Ministerio de Relaciones Exteriores? y el cual contestan mediante resolución 22-2011 literalmente lo siguiente: “Para los casos de personas que nacieron en México y países cercanos, que siendo hijos de padre o madre guatemaltecos se inscribieron en el Registro Civil al amparo del Decreto 67-2000, Ley Temporal de Documentación (sic), para solicitar y obtener su Documento Personal de Identificación –DPI-, previamente y de conformidad con la Ley de Nacionalidad deberán realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a efecto de obtener la declaratoria respectiva como Guatemaltecos de Origen.”11. La Ley Temporal Especial de Documentación Personal, decreto 67-2000 es 12
  13. 13. resultado de una serie de compromisos jurídicos internacionales y nacionales que asumió el Estado de Guatemala para tratar de solventar la trágica situación la Población Desarraigada. Esta ley permitió procesos registrales ágiles y especiales distintos en atención a la especial condición y necesaria inclusión de estos guatemaltecos. Es una ley que ya no es vigente pero que dentro de su vigencia muchas personas se inscribieron y a las cuales no se les puede violar su derecho de identidad y su derecho de integración y retorno. Esta es una ley especial y específica que otorgó privilegios de inscripción a la población desarraigada. No puede citarse como fundamento de derecho la ley de nacionalidad y el Director Ejecutivo al permitir este tipo de procedimiento está incumpliendo con su función primaria y primordial como lo es según el artículo 20 inciso a) Cumplir y velar porque se cumplan los objetivos de la institución, así como las leyes y reglamentos… Dentro de los cuales está el Decreto 67-2000 que al día de hoy está siendo violentado por este procedimiento.VII. NORMAS CONSTITUCIONALES Y ORDINARIAS EN LAS QUEDESCANSA LA ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO CONINDICACIÓN DE LAS ARGUMENTACIONES Y PLANTEAMIENTO DEDERECHO:CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALAArtículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de laRepública la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de lapersona.Mediante este tipo de procedimiento es imposible que la población desarraigada tenga laposibilidad de desarrollarse integralmente puesto que desconoce sus derechos adquiridos
  14. 14. mediante una ley anterior. Respecto a este artículo la Corte de Constitucionalidad haestablecido lo siguiente: “... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo2º. De la Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de unEstado de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyesque garantizan su seguridad, y demanda que dicha legislación sea coherente einteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales, debenactuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes, principalmente la leyfundamental...” Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01.Artículo 4º.- Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres eiguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil,tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida aservidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos debenguardar conducta fraternal entre sí.Este artículo se ha interpretado repetidamente de la siguiente manera: "...el principio deigualdad, plasmado en el artículo 4o. de la Constitución Política de la República imponeque situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para queel mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se imponetambién que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias.Esta Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace unareferencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, elhecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciarsituaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tengauna justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constituciónacoge...” Gaceta No. 24, expediente No. 141- 92, página No. 14, sentencia: 16-06-92.La ley temporal especial de documentación personal, decreto 67-2000 le otorgatemporalmente a la población desarraigada un trato especial el cual es totalmenterazonable y una disposición administrativa no puede establecer que aquello que se otorgóen esa época ya no es válido. 14
  15. 15. Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías queotorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella,son inherentes a la persona humana. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposicionesgubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen losderechos que la Constitución garantizaEl derecho de retorno es un derecho humano que se ha ido reconocido conforme lahistoria, en el caso de Guatemala, este incluye una serie de facilidades que el Estadodebía de prestarle a la población desarraigada como es el caso de un trámite ágil y fácil deinscripción que se ve reflejado en los convenios hechos por el gobierno y que se traducenen leyes especiales como es el caso del decreto 67-2000. No puede ni debe según estanorma constitucional violarse el derecho de retorno que se debe de interpretar de formaamplia por el principio pro homine que establece lo siguiente: es un criterio hermenéuticoque informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudira la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocerderechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringidacuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a sususpensión extraordinaria. Por lo mismo el derecho de retorno incluye el derecho de serinscrito de una forma más ágil y distinta y de ser reconocido como guatemalteco yposteriormente poder tramitar el documento personal de identificación sin trámitesadicionales, ilegales y tardíos.Si Guatemala es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en la cual seprotegen a éstos y se le otorgan garantías y derechos como la expedición de undocumento de identidad (artículo 27) es imposible no considerar el derecho que tiene lapoblación desarraigada guatemalteca a hacer valer sus derechos, que son derechosadquiridos por una ley especial que aunque no es vigente actualmente, lo fue en elmomento en que estas personas se inscribieron y por lo tanto NO deberían de necesitarninguna certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores para demostrar sunacionalidad. A esto es necesario sumarle que bajo el principio de favor debilis o ”El
  16. 16. principio de protección a las víctimas”, es decir, “que en la interpretación de situacionesque comprometen derechos en conflicto es menester considerar especialmente a la parteque, en su relación con la otra, se halla situada en inferioridad de condiciones o, dichonegativamente, no se encuentra realmente en pie de igualdad con la otra” No se puedeolvidar o comparar la situación de la población desarraigada puesto que la misma leyespecial de documentación personal establece la crítica situación de estas personas. Estosprincipios encuentran su fundamento en la Convención Americana de DerechosHumanos, a la cual Guatemala forma parte y que establece:Artículo 29. Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convenciónpuede ser interpretada en el sentido de: a. permitir a alguno de los Estados partes, grupoo persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en laConvención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. limitar el goce yejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con lasleyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que seaparte uno de dichos Estados; c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes alser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d.excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos yDeberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios dela autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamássuperiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y node partido político alguno.El principio de Legalidad establece una limitación al funcionario público, este está sujetoa la ley y no puede actuar fuera de los mandatos que esta establece. En el caso particularse está haciendo caso omiso a una ley que otorgó derechos y se está violando losderechos de retorno e identidad de la población desarraigada. 16
  17. 17. Artículo 265.- Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger alas personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperiode los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no seasusceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones oleyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechosque la Constitución y las leyes garantizan.Este es un caso de procedencia puesto que existe una constante violación a los derechosde las personas que no pueden tramitar su documento de identificación sin presentar undocumento innecesario.LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONASArtículo 50. Del Documento Personal de Identificación. El Documento Personal deIdentificación que podrá abreviarse DPI, es un documento público, personal eintransferible, de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliadosmayores de dieciocho (18) años, Inscritos en el RENAP, tienen el derecho y la obligaciónde solicitar obtener el Documento Personal de Identificación.Constituye el único Documento Personal de Identificación para todos los actos civiles,administrativos y legales, y en general para todos los casos en que por ley se requieraidentificarse. Es también el documento que permite al ciudadano identificarse para ejercerel derecho de sufragio. El reglamento respectivo regulará lo concerniente al DPI.Por lo tanto, como guatemaltecos la población desarraigada tienen el derecho yobligación de solicitar dicho documento.LEY DE NACIONALIDAD DECRETO NÚMERO 1613Los considerandos de una norma son útiles para en base a ellos interpretar las leyes, elconsiderando tercero de esta ley establece:
  18. 18. Que es imperativo resguardar la nacionalidad guatemalteca frente a determinadasprácticas e interpretaciones y defenderla de actitudes que tienden a socavarla,lesionando al mismo tiempo los sentimientos cívico-sociales, (el subrayado,mayúsculas y las negrillas son propias)Artículo 1. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico-político existente entrequienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene porfundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses ySENTIMIENTOS, e implica derechos y deberes recíprocos. (el subrayado,mayúsculas y las negrillas son propias)El inscribirse en los Registros Civiles e inscribir a sus hijos fue un proceso dereconciliación con el Estado que trae consigo una serie de implicaciones sentimentalesque no tiene porque ser revividas por la población desarraigada.Artículo 29.Las partidas de nacimiento de las personas nacidas en el territorio de laRepública prueban la nacionalidad guatemalteca conforme el artículo 25 de esta ley, peroadmiten en contrario prueba de las excepciones que se derivan de la Constitución y de lostratados y convenios internacionales que rigieron en el pasado. Las partidas de nacimientorepuestas en vía voluntaria tienen el mismo valor probatorio, pero será potestativo delMinisterio de Relaciones Exteriores, según la evidencia que el caso ofrezca, aceptarlas ono para el efecto de declarar la nacionalidad o expedir certificado sobre la misma, si lareposición hubiere sido hecha después de diez años de ocurrido el nacimiento de lapersona. Las partidas de nacimiento de los hijos de guatemaltecos, nacidos en elextranjero, no prejuzgan sobre la nacionalidad de tales hijos. (el subrayado,mayúsculas y las negrillas son propias)Este último párrafo es el que el RENAP ha utilizado como fundamento legal paraestablecer que la población desarraigada no puede tramitar su documento deidentificación personal sin antes presentar una certificación del Ministerio de RelacionesExteriores. No interpretarse nunca una norma de forma aislada porque al hacer esto sedeslegitima el sistema jurídico, la población desarraigada nacida en el exterior porrazones del conflicto interno en Guatemala fueron inscritas en el país y se les reconoció 18
  19. 19. como Guatemaltecos y se les inscribió como tales bajo el amparo de la ley TemporalEspecial de Documentación Personal por lo que no hay nada que prejuzgar en ese caso.LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y CONSTITUCIONALIDADEl artículo diez de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad indica loscasos de procedencia del amparo cuando la situación sea susceptible de un riesgo,amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de laRepública de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas yentidades de derecho público, y entre otros casos se encuentran….: a) Para que se lemantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución ocualquier otra ley. En este sentido, de la manera arbitraria con la que las autoridadesrecurridas están actuando, se hace necesario que se ampare a mi representada para que sele restituyan sus derechos vulnerados. d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdiccióndicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder oexcediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza enforma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro mediolegal de defensa. e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado elcumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuandono hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. En el presente caso, como ya se hizomención, el Registro Nacional de las Personas, cuya autoridad administrativa máxima esel Director Ejecutivo, está exigiendo un procedimiento que no tiene fundamento legalalguno y por lo tanto está abusando de su cargo y excediéndose de sus facultades por loque no existiendo otro medio legal de defensa para reparar el agravio que se le estácausando se solicita el presente amparo.DE URGENTE NECESIDAD OTORGAR AMPARO PROVISIONAL
  20. 20. El artículo veintisiete de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidadestablece que: “La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficiocomo a instancia de parte. En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución quedicte, aunque no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto,resolución o procedimiento reclamado, cuando a su juicio las circunstancias lo haganaconsejable”En el mismo sentido, el artículo veintiocho de la precitada ley establece que de oficio eltribunal podrá decretar la suspensión provisional del acto o resolución, entre otros, en loscasos siguientes: a) Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro deprivación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, dañograve o irreparable al mismo, c) Cuando la autoridad o entidad contra la queinterponga el amparo, esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdiccióno competencia, d) Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona puedaejecutar legalmente. Como ocurre en las situación jurídica que origina el presenteamparo, pues las entidad recurrida están procediendo con notoria ilegalidad al violarderechos protegido por la Constitución Política de la República como lo son el derecho ala identidad, los derechos adquiridos y el derecho de retorno entre otros.Por lo expuesto honorable tribunal, en el ejercicio de la facultad que otorgan los artículoscitados, imperiosamente solicito que se decrete la SUSPENSIÓN PROVISIONAL delacto reclamado, es decir, que cese la violación al derecho que tiene la poblacióndesarraigada de ejercer derechos que le fueron otorgados por una ley anterior. VIII. PRUEBAS:Ofrezco para evidenciar los hechos, mediante la siguiente documentación:I DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROCEDENCIA DE ESTA ACCIÓNCONSTITUCIONAL DE AMPARO: 20
  21. 21. 1. Carta de fecha 29/10/2010 del Procurador General de la Nación, Abogado Guillermo Antonio Porras Ovalle. Referencia oficio DS/ cer-448-10 2. Solicitud de fecha 05/11/2010 informe detallado sobre el procedimiento que tienen que seguir las personas inscritas bajo el amparo del decreto 67-2000. 3. Respuesta a la solicitud de fecha 09/11/201 del Registrador Central de las Personas, Lic. Elmer Erasmo Betletón Morales. Referencia oficio 2014-2010. 4. Oficio identificado: OFICIO DPR-1443-2010 con fecha 09/11/2010 dirigido al Registrador Central de parte de la Dirección de Procesos. 5. Opinión 174-2009 de la Dirección de Asesoría Jurídica del RENAP con fecha 09/12/2009. 6. Resolución No. 21-2011 de fecha 07 de febrero de 2011 de la Unidad de Acceso a la Información Pública. 7. Resolución 22-2011 de fecha febrero de 2011 extendida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Registro Nacional de las Personas.II PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS QUE DE LOS HECHOSPROBADOS SE DERIVEN. IX. PETICIONES:DE TRÁMITE:1) Que con el presente memorial se inicie la formación del expediente respectivo.2) Que se tome nota que actúo bajo la dirección, auxilio y procuración, delAbogadoWalfre Alberto Heredia Barrios y del lugar señalado para recibir notificaciones.3) Que se tengan por terceros interesados en la presente acción de amparo a las entidadesindividualizadas en el apartado respectivo, haciéndole la notificación en el lugar señalado.4) Que se tenga por interpuesto y se admita para su trámite la presente Acción deAmparo, promovida en contra del DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRONACIONAL DE LAS PERSONAS.5) Que se otorgue AMPARO PROVISIONAL, ordenando la SUSPENSIÓN
  22. 22. PROVISIONAL del acto reclamado, es decir, que la entidad recurrida se abstenga deexigir a las personas que fueron inscritas bajo el Decreto 67-2000 que realicenprocedimiento de validación o de cualquier otro tipo en el Ministerio de RelacionesExteriores.6) Que se otorgue a la autoridad recurrida el improrrogable plazo de cuarenta y ochohoras para que remitan informe circunstanciado.7) Que una vez recibidos el informe circunstanciado, se corra audiencia a los interesadospor el plazo de cuarenta y ocho horas.8) Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartadorespectivo;9) Que oportunamente se abra a prueba el proceso.DE SENTENCIA:1) Que se Ampare y se restituyan los derechos constitucionales vulnerados y que lecausan agravio a la población desarraigada que fue inscrita bajo el amparo del decreto 67-2000. Se suspenda definitivamente el acto reclamado, es decir, que cese la exigencia delprocedimiento previo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder tramitar elDocumento de Identificación Personal.2) Que se condene en costas a la entidad recurrida.CITA DE LEYES:Los artículos y leyes ya citados y los Artículos: 1, 2, 4, 5, 12, 28, 29, 44, 46, 66,135,144, 147,152,154 265 de la Constitución Política de la República. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 13, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 49, 56, 58, 59 de la Ley deAmparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 1,3,4,5,6,7,9,10,13,17,22 de la Leydel Organismo Judicial, 1 y 29 de Ley de Nacionalidad Decreto no. 1613, 22
  23. 23. 1,2,3,4,5,6,8,17,18,19,20 y 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas y susReformas, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 18,19, 20,22, 29 de la Convención Americana de DerechosHumanos, 27 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Ley TemporalEspecial de Documentación Personal Decreto Número 67-2000, 1 del Decreto Número52-2001Acompaño cinco copias del presente memorial.Guatemala, quince de febrero del año dos mil once.ROSA MARIA ANGEL MADRID DE FRADEEN SU AUXILIO:

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