Actores políticos y representación democrática

L R. Dpto. Independencia. C.P.A.B. 3er año del Polimodal. Prof. Avila Pablo Mario.
Ciencia Política.

TEMA TERCERO

ACTORES Y DINÁMICA POLÍTICA

1.- REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES. EL LIDERAZGO POLÍTICO.

1.1.- La representación política.

1.1.1.- Consideraciones conceptuales.

Tanto la idea de representación política, como su plasmación en la realidad estatal, han sido decisivas en la génesis y
desarrollo de los sistemas democráticos por el enorme valor legitimador que entrañan.

La representación política tiende a asociarse, sobre todo, a fenómenos cuyo origen se encuentra en procesos de
participación de los ciudadanos representados, especialmente a los de carácter electivo.

Otra dimensión de la representación es la denominada representación simbólica en la que se comprenden desde la
personificada por significativas autoridades de la comunidad política (Jefe del estado, los presidentes de órganos de gobierno,
los jueces), hasta la generada alrededor de determinados productos que representan formal o emotivamente la identidad
colectiva de un pueblo (la bandera, el escudo, el himno, etc.).

Existe también la representación descriptiva en la que el órgano representativo (el Parlamento es el mejor ejemplo) debe
intentar ser, en su composición política, una maqueta a escala, un espejo, de los valores e intereses del colectivo
representado, es decir, de la correlación de fuerzas existentes en él.

Ahora bien, representar significa en esencia actuar sustantivamente por otros. De este modo, el fenómeno de la
representación se concibe en política como un proceso de relación entre dos tipos de actores, los representados y los
representantes, en el cual estos últimos actuan en interes de sus representados y de una manera sensible ante ellos.

Con esta concepción se superan los tradicionales enfoques teóricos formalistas:

de los teóricos de la autorización, que entienden que la representación surge estrictamente de la autoridad que el
representante ha recibido para actuar.

de los teóricos de la responsabilidad, para quienes la representación política gira en torno de la responsabilidad del
representante, quien debe de responder ante otros de lo que haga.

1.1.2.- Génesis de la Representación Política.

Con la aparición de las asambleas estamentales en la baja Edad Media se introduce un principio representativo
históricamente transcendente. Eran asambleas consultivas, que no podrían ser depositarias o copartícipes de la soberanía,
reservada en exclusiva al rey, pero en ellas se hallaban representados los estamentos o sectores privilegiados para la
salvaguarda de sus respectivos intereses. El representante representaba únicamente a la ciudad o cuerpo estamental que lo
designaba y su representación no tenía mas alcance territorial ni social que ese. Como tal se encontraba vinculado
estrechamente a las instrucciones recibidas, sin que pudiera desconocerlas o modificarlas; esto es, se trataba de un
mandato imperativo y revocable.

Pero aquellas asambleas fueron adquiriendo una importante capacidad de condicionar o autorizar la percepción de
impuestos, con lo que ello significaba de limitación política para el monarca. La premura con que éste necesitaría muchas
veces que actuaran en esta materia contribuyó también a erosionar el principio del mandato imperativo.

Con la consolidación del Estado absolutista, las asambleas y dietas serían vaciadas de contenido, salvo en muy contados
casos, como en Inglaterra.

1.1.3.- La construcción de la moderna representación política.

Las profundas transformaciones sociales y económicas de algunos países occidentales durante los siglos XVII y XVIII abocan
a la sustitución del sistema estamental por la sociedad de clases, la sociedad burguesa. El principio representativo se
convierte en uno de los pilares de la ideología liberal y de la construcción del Estado liberal-burgués.

La representación política debe su fundamentación teórica e institucional a dos fuentes esenciales: la aportación inglesa,
resultado de un ininterrumpido desarrollo histórico; y la aportación revolucionaria francesa, más doctrinal y desvinculada de
toda experiencia de instituciones representativas.

En cualquier caso, el modelo liberal de representación política se perfila y consolida por contraste con las características de
la representación estamental, configurándose como: representación general de la nación, del pueblo; no vinculada; y
conformada prioritariamente a través de la institución parlamentaria.

a) La representación nacional.

Partiendo de la teoría de la soberanía nacional, y afirmada la unidad e indivisibilidad de la misma, se concluye en que la
nación no puede ejercer su soberanía sino por medio de sus representantes. La voluntad nacional se identifica con la de los
representantes, que lo serán de la nación en su conjunto y no de los departamentos o distritos por los que hubieren sido
elegidos. El particularismo estamental y local quedaba así radicalmente invalidado como objeto específico de representación.

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b) La representación libre (el mandato representativo).

La idea liberal de representación excluye toda posibilidad de mandato imperativo. Es una representación libre, entendiendo
por tal aquella no condicionada ni lastrada por compromisos o limitaciones de los representados. Ello implica la autonomía del
representante, quien no está sujeto a instrucciones que determinen su actuación.

c) La representación política como representación parlamentaria.

El desarrollo del principio de representación política propiamente dicha es paralelo al del afianzamiento del Parlamento. El
protagonismo parlamentario se haría notar muy especialmente en el modelo inglés, en el que es el Parlamento, y no la nación
o el pueblo, quién se arrogaría la soberanía perdida por el monarca absoluto. Y es en la concepción inglesa de la soberanía
parlamentaria donde tiene su origen el gobierno representativo.

Por su parte, los revolucionarios franceses terminarían por dejar una herencia parecida, al sustituir la figura del rey por la
del Parlamento, cuya voluntad (la ley) se identifica con la voluntad general.

Quiere decirse con ello que si la primitiva representación estamental perseguía salvaguardar intereses y obtener los favores
del poder, aparte de cumplir una cierta función consultiva, la moderna representación política pretenderá asumir una cuota
de ese poder, condicionando o limitando el ejercicio del mismo. Por eso, el Parlamento sentirá la vocación de ser un poder
representativo, pero no sólo para hacer las leyes expresando la voluntad general, sino también para, desde su condición de
máxima institución representativa, participar en la formación y destitución del gobierno, es decir, en la dirección política del
Estado.

1.1.4.- De la doctrina roussoniana a la democracia participativa.

El pensamiento de Rousseau impulsó de forma decisiva una concepción ideológica avanzada de la representación política al
introducir un concepto clave: el de voluntad general, esencial y funcionalmente unitaria y sólo encarnable en el pueblo
soberano, entendido como totalidad de ciudadanos que poseen, cada uno de ellos, una fracción inalienable de soberanía. Esta
será la formulación esencial de la llamada teoría de la soberanía popular o de la soberanía fraccionada.

Como la voluntad general no es, en principio, susceptible de ser representada, el ejercicio legítimo de la función legislativa
ha de ser directo y sin mediación. Pero al ser esto inviable en comunidades políticas que rebasen cierto tamaño, queda
justificada una delegación de la soberanía sin alienar, a través de elección (eso sí, por todos los ciudadanos, es decir, por el
sufragio universal) no de auténticos representantes, sino de comisionados que, como tales, estén sujetos a mandato
imperativo y revocable.

El esquema roussoniano conducía, en su formulación más pura, a un sistema en el que la asamblea de ciudadanos asumiera
directamente el gobierno Es la denominada democracia directa.

Mas viable será la aplicación de las denominadas técnicas de democracia semidirecta, o mecanismos diversos de la
democracia participativa, que no conducirán a la configuración de ninguna forma política específica, sino a complementar o
perfeccionar la democracia liberal-representativa, a través de determinados instrumentos de participación popular y, en
particular, de dos de ellos:

El referéndum, mediante el cual se somete a consulta o decisión del cuerpo electoral una cuestión de particular interes para
la vida pública.

La iniciativa legislativa popular, por la cual un cierto número de ciudadanos puede dar lugar a la apertura del proceso de
elaboración (o de derogación) de las leyes.

1.1.5.- El debate sobre la representación política en democracia.

Si se profundiza más en la idea de representación política vemos que ésta alcanza pleno sentido, sentido democrático, como
garantía de una amplia participación ciudadana y elemento básico para el control de los gobernantes. Sólo en esas
circunstancias puede hablarse de democracia representativa.

La idea de representación nacional llevaba a interpretar que el sufragio no tenía por qué ser un derecho de todos los
ciudadanos, sino que era una función que requería ciertas capacidades que sólo reunían algunas categorías sociales. Así
quedo justificado el sufragio restringido o censitario que se aplico durante la primera época del Estado Liberal, hasta que la
presión de sectores hasta entonces excluidos del proceso político consiguió la implantación del sufragio universal. Quedaba
claro así, que la representación política no venía vinculada necesariamente al principio democrático, ahora bien, con el
protagonismo político de nuevos sectores sociales y organizaciones de masas, la representación fue cargándose del contenido
participativo y pluralista que exige su vocación democrática.

La irrupción de los partidos en la vida pública, hasta el punto de controlar en la práctica los procesos de producción de
representación, plantea la indudable crisis del mandato representativo, como consecuencia de la existencia de un cierto
mandato imperativo del partido. El representante llega a serlo de hecho en virtud del apoyo y mediación prestada por la
organización partidista a la que pertenece y a la que se ve vinculado por lazos de disciplina. En virtud de este papel que
desempeñan los partidos, se constata la tendencia a justificar una relativización del mandato representativo clásico, con
independencia de cómo se haya concretado en cada caso la arraigada tendencia constitucional de prohibir el mandato
imperativo.

Las actuales corrientes democráticas tienden a revalorizar la representación especifica de entidades diferenciadas dentro del
territorio del Estado por razones de diversa índole (étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, administrativas, o
estrictamente políticas) dando lugar a formas institucionales “ad hoc”. En tal sentido tenemos las segundas cámaras

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parlamentarias de representación territorial característica de los Estados Compuestos. Y también la revalorización política de
las circunscripciones como unidades fundamentales de producción de representación.

1.2.- Las elecciones.

1.2.1.- El concepto de elección.

Puede definirse la elección como un procedimiento reconocido por las normas de una organización, en virtud del cual todos
o parte de los miembros de la misma escogen a un número menor de personas, o a una sola, para ocupar determinados
cargos de autoridad en dicha organización.

Hay que distinguir el concepto elección de otros dos como son el de designación y el de cooptación. El criterio clave para
efectuar dicha diferenciación es de orden cualitativo: la persona designada está llamada a ser un subordinado de quienes la
designan; la cooptada pasa a ser un compañero de quienes la han cooptado, en un plano de igualdad con ellos; y la persona
elegida ocupara desde ese momento un cargo de autoridad que ejercerá como tal sobre quienes la eligieron.

Para una mayor precisión, y buscando la especificidad del procedimiento electoral de cara a la práctica política, hay que
señalar lo siguiente:

En la elección propiamente dicha, el electorado, es decir, el conjunto de personas con derecho a participar (a votar) en ella
se halla previamente determinado.

Ese electorado expresa su decisión por medio de la emisión de votos individuales.

Los votos emitidos son objeto de escrutinio y, por medio de criterios de decisión fijados previamente, pasan a
transformarse en cargos electos, a traves de un procedimiento concreto de asignación y distribución de los mismos a
candidatos concretos.

Las elecciones son un proceso o sucesión de momentos y etapas, que van desde la convocatoria electoral, hasta la
proclamación definitiva de candidatos electos, pasando por la presentación y proclamación oficial de candidaturas, la
campaña electoral, la jornada de votación, el escrutinio o recuento de los votos emitidos, y la fase de contencioso electoral,
entre otras etapas.

1.2.2.- Funciones de las elecciones.

Las funciones que cumplen o deben cumplir unas elecciones dependen en gran medida de determinadas
variables características del contexto en el que se celebran, y que pueden agruparse en tres esferas
estructurales interdependientes:

la estructura de la sociedad (en particular, la estratificación social, las fracturas étnicas, religiosas, o lingüísticas, y la
distribución territorial de la población).

el sistema político-institucional (el sistema de gobierno parlamentario o presidencialista, la estructura unitaria o compuesta
del Estado, etc.).

el sistema de partidos políticos.

En todo caso, dentro de las democracias políticas, se distinguen clásicamente tres funciones fundamentales:

a) Producir representación.

Sobre el supuesto teórico de que el Estado ejerce su soberanía por delegación de la nación o del pueblo, y descartada la
posibilidad real del funcionamiento de una democracia directa, se impone la necesidad de articular la ficción de esa
delegación por medio de la elección de un cuerpo de representantes capaz de actuar en nombre y al servicio del soberano
originario. Y se supone que las elecciones son el mecanismo idóneo de selección de personas capacitadas para actuar de este
modo.

Las elecciones democráticas surgen así, en la democracia liberal, abocadas especialmente a producir representación, lo cual
implica potenciar fenómenos de agregación o identidad colectivas. Ello encuentra su más genuina expresión en la elección de
asambleas parlamentarias y, en su caso, del Presidente de la República, si bien todo órgano político electivo desempeña ya
de por sí una particular función representativa.

b) Producir gobierno.

Las elecciones políticas resultan relevantes a efectos de determinar, de forma directa o indirecta, los equipos que se harán
cargo del gobierno o dirección política de la comunidad, o los programas gubernamentales que se elaboren e intenten
implantar.

Los procedimientos electorales ofrecen la posibilidad de seguir una vía pacífica y ordenada en el relevo del poder. Y no sólo
contribuyen a seleccionar representantes, sino también gobernantes.

c) Producir legitimación.

En los estados democráticos las elecciones pretenden cumplir siempre la función de legitimación racional del poder político:
a través del rito solemne de las elecciones periódicas el poder se reviste de autoridad. Es esta una importante función que
puede ser contemplada como función integradora, igualitaria, y comunicativa, además de cómo función participativa y
simbólica.

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Las elecciones contribuyen a la integración de la comunidad en su conjunto alrededor de unos mismos valores y reglas del
juego. Con las elecciones se intensifica la comunicación entre gobernantes y gobernados, aunque sea porque los unos desean
captar votos y los otros decidir a quién votar. De igual forma, aumenta el grado de información que el ciudadano posee de los
asuntos públicos y se intensifica la comunicación política. Por otra parte, las elecciones representan el momento propicio para
toda clase de propuestas y aspiraciones, planteadas por los individuos o grupos más diversos, al amparo de un tratamiento
más igualitario. Todos ellos son aspectos que conducen a potenciar la legitimación del sistema de poder.

1.2.3.- El sufragio.

a) Fundamentación teórica del sufragio.

Desde los orígenes del régimen liberal, el ejercicio del voto ciudadano ha sido contemplado desde dos perspectivas teóricas
distintas y frecuentemente contrapuestas:

Como función de naturaleza pública, cuyo cumplimiento corresponde al cuerpo electoral o conjunto de electores, por lo que
este puede estar integrado por todos o por una parte sólo de los ciudadanos (teoría del sufragio como función, derivada
de la teoría de la soberanía nacional).

Como derecho individual que corresponde a todo ciudadano (teoría del sufragio como derecho, derivada de la teoría de la
soberanía popular).

Desde los supuestos de la teoría del sufragio como derecho venía a exigirse la implantación no discriminatoria de su
ejercicio a todos los ciudadanos, en condiciones de igualdad (sufragio universal e igual). En cambio, la teoría del sufragio
como función justificaba la restricción del mismo (sufragio restringido o censitario).

b) La capacidad electoral.

Es clásica la diferenciación entre el sufragio activo, o derecho al voto, y el sufragio pasivo, o derecho a ser elegible.

A los efectos de determinar la capacidad del elector habrá que distinguir entre requisitos positivos, o capacidades que el
elector como tal ha de reunir, e incapacidades, o capacidades negativas que especifican los motivos que llevan aparejada la
perdida temporal o permanente de la capacidad electoral.

También cabe diferenciar entre requisitos generales y requisitos especiales. Ambos imponen limitaciones a la
capacidad electoral, pero mientras que los segundos conducen a excluir a sectores o grupos políticamente significativos
(atendiendo a criterios de carácter económico, intelectual o educativo, étnico, racial, religioso, o incluso familiar) los primeros
no responden, en principio, a ningún criterio de discriminación ideológica (requisitos como la nacionalidad, edad, vecindad, o
el pleno goce de los derechos civiles o políticos). Los requisitos generales son perfectamente compatibles con el sufragio
universal, pero los especiales abogan por el sufragio restringido en alguna de sus modalidades:

sufragio censitario, unido a la existencia de requisitos de carácter económico.

sufragio capacitario, vinculado a los de carácter educativo o profesional.

sufragio de segregación, propio de requisitos de carácter étnico, racial, o religioso.

sufragio familiar, ligado a la exigencia de tener determinadas responsabilidades familiares.

Las anteriores consideraciones sobre requisitos e incapacidades son aplicables tanto al sufragio activo como al pasivo, pero
debe tenerse en cuenta que, aunque historicamente el sufragio pasivo ha estado sujeto a condiciones de mayor dificultad, la
tendencia de las legislaciones democráticas actuales es a igualar las condiciones requeridas para ser elector y para ser
elegible.

Aparte de las condiciones generales de elegibilidad, que todo candidato debe cumplir, están las inelegibilidades
propiamente dichas, o causas particulares que pueden convertir en inelegible a una persona debido a su situación particular,
aun cuando cumpla aquellas condiciones generales. Así, la causa fundamental de inelegibilidad es la de desempeñar cargos o
actividades que, por su relevancia o especial naturaleza, pueden llegar a influir en la orientación del voto del elector o en la
proclamación de resultados. Es el caso típico de determinados puestos o cuerpos de funcionarios civiles o militares, altos
cargos de la Administración pública, o integrantes de altas instituciones del Estado.

Ahora bien, no han de confundirse las inelegibilidades con las incompatibilidades. Estas últimas indican las situaciones
profesionales, administrativas, o políticas que no es posible simultanear legalmente con la condición de miembro electo de un
determinado órgano. Van dirigidas a preservar la independencia y la debida dedicación en el desarrollo de las funciones
propias del cargo. Normalmente las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad, pero a éstas se añaden otras
específicas.

c) La materialización de la capacidad electoral.

Una cosa es tener derecho a voto y otra distinta poder emitirlo de forma efectiva. Para esto último, casi todas
las legislaciones exigen, además, estar registrado en el censo electoral confeccionado al efecto, con
independencia de que esta inscripción se produzca de modo automático o de modo voluntario.

Ello quiere decir, en definitiva, que la inscripción en el censo electoral es lo que materializa la capacidad de emitir el voto. Y
cuando un ciudadano con pleno derecho al voto no figura en el censo, aunque sea por error, de hecho queda privado de la
posibilidad de votar.

Por ello, cuando se habla de cuerpo electoral o electorado, se hace referencia al conjunto de electores, que están
capacitados legalmente para el ejercicio del sufragio activo, y además se encuentran inscritos en el censo electoral

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Algo similar sucede en relación al sufragio pasivo. No es igual un elegible que un candidato. Este último es aquel que,
aparte de ser elegible, formaliza su candidatura conforme a lo previsto por la legislación respectiva, y luego es proclamado
oficialmente como tal.

1.2.4.- Caracterización del sufragio.

La caracterización del sufragio pasa por conocer si el mismo es universal o restringido, igual o desigual, directo
o indirecto, secreto o publico, personal o potencialmente delegable, obligatorio o potestativo, y, en último
término, si es o no sufragio libre.

a) Sufragio universal.

El principio de sufragio universal exige que todos los ciudadanos posean derecho al voto y sean elegibles, sin que puedan
producirse exclusiones políticamente significativas de determinados sectores o grupos, por razón de su raza, sexo, religión,
ideología, riqueza, profesión, nivel educativo, etc. No obstante se suele utilizar el concepto de sufragio universal referido tan
sólo al sufragio activo.

b) Sufragio igual.

Este concepto supone que el voto de todos los electores posee formalmente el mismo valor, es decir, que cada elector tiene
la posibilidad de emitir el mismo numero de votos (un hombre un voto).

Se trata de una igualdad en términos formales o jurídicos, sin entrar en el problema de las desigualdades reales relativas al
peso o eficacia política del voto emitido por los electores, o al coste en votos de los escaños.

c) Sufragio directo.

Se entiende por sufragio directo aquel en el que los electores determinan directamente, sin necesidad de intermediarios,
quienes serán los titulares de los cargos sometidos a elección. En las elecciones indirectas el cuerpo electoral se limita a elegir
compromisarios, y estos son quienes por si mismos o mediante sucesivas elecciones de nuevos compromisarios deciden que
personas resultan elegidas finalmente. Al número de votaciones sucesivas que comprenda el procedimiento electoral se le
llama grado de la elección indirecta.

d) Sufragio secreto.

Es aquel en el que el voto no se emite de modo abierto o público (como si ocurre en el voto por aclamación, a mano alzada,
firmado, u oralmente). Tiene por objeto mantener en el máximo secreto la opción escogida por el votante

e) Sufragio libre y elecciones libres.

Aunque siempre muy difícil de comprobar si unas elecciones son o no libres, existen unos criterios mínimos de referencia
que permiten diferenciar las elecciones libres de aquellas que no lo son. Su alcance e interpretación dependerán de las
coordenadas geográficas y cronológicas en las que se apliquen.

Unas elecciones libres se dan por conjugación de cinco niveles distintos:

La existencia previa de un marco general de garantías jurídicas para el ejercicio de los derechos y libertades públicas que
afectan al conjunto del proceso electoral.

La libertad del elector, concretada en: el reconocimiento no discriminatorio de su capacidad electoral con la aplicación de
un sufragio universal e igual; la posibilidad de determinar la orientación del voto y de emitirlo efectivamente sin presiones
exteriores, de ahí la importancia del voto secreto; y la seguridad de que su voto no será manipulado de modo fraudulento.

El pluralismo y la competitividad en el proceso electoral. Ello significa que unas elecciones libres han de ser competitivas,
esto es, deben comportar la existencia de una pluralidad de candidaturas suficientemente definidas y diferenciadas, que
compitan en condiciones no discriminatorias para ninguna de ellas.

La periodicidad en la celebración de las elecciones, de manera que éstas representen un fenómeno regular en la vida
política de un pueblo y no un instrumento de utilización excepcional por quienes controlan el poder en beneficio propio.

La eficacia de las elecciones, que implica que éstas incidan de modo efectivo en la orientación política de las respectivas
estructuras de gobierno.

Puede concluirse que por sufragio libre se entiende el sufragio protegido legalmente, no controlado politicamente,
competitivo, periódico, y eficaz.

1.3.- Los sistemas electorales.

1.3.1.- Concepto y tipos básicos.

El concepto de sistema electoral no es equivalente al de derecho electoral, sino que comprende sólo una parte del mismo.
Puede definirse el sistema electoral como el conjunto de elementos contenidos en la normativa electoral, que inciden
directamente en la transformación de las preferencias electorales (votos emitidos) en cuotas de poder institucionalizado
(escaños o cargos electivos).

Existen dos modelos o tipos básicos de sistema electoral, identificado uno con el principio de elección
mayoritaria y otro con el principio de elección proporcional. El principio de elección mayoritaria expresa la idea de
quien gana la mayoría de votos (no es necesaria la mayoría absoluta), gana la elección y todo lo que en ella está

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en juego. Así, mientras que los votos a favor de la candidatura ganadora alcanzan plena eficacia, los demás son
votos perdidos. En cambio, el principio de elección proporcional responde a la voluntad de que la representación
política que produzcan en cada caso las elecciones se distribuya de modo proporcional al número de votos
obtenidos por cada candidatura. Ello significa que cada formación política se hallará representada en el órgano
electo en proporción al respaldo obtenido de los votantes. Este modelo tiende a sustentarse en la estructuración
partidista de la representación política, y potencia el papel de los partidos en el proceso electoral.

El sistema mayoritario estuvo asociado al surgimiento y extensión de las prácticas electorales, debido a la sencillez de su
aplicación técnica. Además, en el Estado Liberal se vio reforzado como consecuencia del dogma roussoniano que atribuía a la
mayoría la misión de expresar la voluntad general acatada por la minoría. La progresiva democratización de los sistemas
políticos terminó suponiendo una indudable crisis de los sistemas mayoritarios. Estos han permanecido vigentes, no obstante,
en aquellas sociedades en las que existía un amplio consenso histórico acerca de la funcionalidad del sistema mayoritario y
donde, asimismo, se confiaba en la posibilidad de que la minoría se convirtiera alguna vez en mayoría. También tendieron a
ser aplicados especialmente en ámbitos reducidos, como los municipios. Ahora bien, en la última década del siglo XX parecen
haber cobrado nuevo impulso, al amparo de las críticas contra la excesiva influencia de los partidos políticos.

La adopción de sistemas proporcionales se produjo allí donde se entendieron necesario para mantener o restablecer el
equilibrio político puesto en peligro, tanto por la progresiva organización y movilización de masas y la consiguiente
universalización del sufragio, como por el incremento de la sensibilidad política ante la diversidad étnica, lingüística, o
religiosa de los Estados.

1.3.2.- Elementos configuradores del sistema electoral.

Elementos preconfiguradores: elementos de partida, que no conforman propiamente el sistema electoral, pero que
condicionan fuertemente las decisiones que afectan a la configuración del mismo.

El tipo de elecciones: legislativas, presidenciales, regionales, autonómicas, locales, etc.

La caracterización del sufragio: todos los conceptos caracterizadores son importantes, pero ninguno como el hecho
de que se trate de elecciones directas o indirectas.

Elementos configuradores esenciales: aquellos que se hallan presentes en todo el sistema electoral.

El número total de escaños: esto es, el de representantes que se eligen o “tamaño de la asamblea”.

Las circunscripciones: número, tipo, y magnitud electoral de las mismas.

El tipo de candidaturas: si existen candidaturas unipersonales o candidaturas de lista.

La estructura del voto: si hay voto único o voto múltiple.

La formula electoral: que puede ser mayoritaria o proporcional.

Elementos configuradores suplementarios: aquellos que, aunque pueden no hallarse presentes en un sistema electoral,
cuando lo están contribuyen plenamente a la configuración del mismo.

Las barreras o umbrales electorales: la más utilizada es el porcentaje de voto que debe superar previamente toda
candidatura para poder optar a la adjudicación de escaños.

Las primas por mayoría: consisten en conceder una prima o premio (un mayor número de escaños) al partido, o grupo de
partidos vinculados entre sí, que logra la mayoría absoluta de votos o sobrepasa un alto porcentaje de los mismos.

El quórum de participación: es la exigencia de que, para que las elecciones sean validas, deben de haber participado en
ellas un determinado porcentaje de electores, normalmente la mayoría absoluta de los mismos.

Elementos complementarios o derivados: son consecuencia de alguno de los elementos configuradores esenciales, hasta el
punto de subsumirse prácticamente en ellos.

El procedimiento de provisión de vacantes (por renuncia, fallecimiento, o incapacidad del titular del cargo electivo):
pueden ser procedimientos automáticos, es decir, que se cubra la vacante por el siguiente candidato de la misma lista o por
el suplente previsto al efecto, o puede exigirse la celebración de elecciones parciales en la circunscripción donde se haya
producido la vacante.

El procedimiento de desempate: suele recurrirse al sorteo, a adjudicar el escaño a la candidatura mas votada, o a hacerlo
al candidato de mayor edad, entre otros supuestos.

a) Las circunscripciones electorales.

Por circunscripción o distrito electoral se entiende aquel ámbito, generalmente de carácter territorial, en el que se
agrupa una parte del electorado a efectos de que en él o a partir de él se proceda a la conversión de votos en escaños o
cargos electivos.

Lo que distingue a una circunscripción de una mera sección electoral es que ésta última es sólo una unidad de agrupación
de electores para facilitar que estos puedan emitir su voto en una determinada mesa.

La circunscripción estaba concebida para que en ella se agotara todo el proceso de conversión de votos en escaños. Pero a
medida que los sistemas electorales se fueron haciendo más complejos, la circunscripción pasó a ser, no el ámbito territorial
donde se agotaba dicho proceso de transformación, sino aquel a partir del cual se desarrollaba, pudiéndose aplicar fuera de
ella uno o varios elementos del sistema electoral (la barrera electoral o las primas por mayoría, por ejemplo). De esta forma,

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lo único que debe producirse necesariamente en la circunscripción es la presentación de candidaturas, y la adjudicación de
escaños concretos a candidatos que se hayan presentado por esa circunscripción. Todo lo demás es susceptible de ser
aplicado en marcos territoriales distintos.

Según como se desee efectuar en cada caso la división electoral por circunscripciones, podemos encontrarnos varios
supuestos u opciones posibles:

Que haya circunscripción única (Israel) o una pluralidad de circunscripciones.

Que todas las circunscripciones sean de carácter territorial, que es el modelo generalizado, o que se conformen, al menos
algunas de ellas, de acuerdo con criterios étnicos, culturales, o corporativos.

Que la división territorial se superponga sobre otra división existente previamente de carácter político-administrativo
(regional o provincial, por ejemplo), o que constituya una división territorial ad hoc, esto es, a efectos exclusivamente
electorales.

Otro tema crucial en el estudio de la circunscripción es el de su magnitud electoral, entendiendo por tal el número de
escaños que corresponde elegir en ella. Hay diversas opciones:

Que todas las circunscripciones tengan la misma magnitud.

Que tengan magnitudes distintas, en cuyo caso, la determinación del número de escaños puede hacerse de forma que sea
proporcional a la población respectiva, o aplicando criterios de igualdad relativa, según los cuales a cada circunscripción se le
asigna inicialmente un número mínimo de escaños repartiéndose el resto en proporción a la población.

b) El tipo de candidaturas.

Las candidaturas pueden ser de dos tipos:

Las unipersonales (individuales): que se vinculan esencialmente a las formulas mayoritarias.

Las candidaturas de lista: se entiende por lista el conjunto o relación de candidatos que se presentan a la elección
agrupados formalmente a efectos de obtención de votos y de la representación que por ellos corresponda. Tienden a
asociarse a los sistemas proporcionales, aunque también hay sistemas mayoritarios de lista. Se diferencian las siguientes
modalidades:
Listas cerradas o bloqueadas: aquellas en las que la relación de candidatos entraña un orden de prelación entre ellos a
efectos de provisión de los escaños que correspondan a la lista, y sin que dicho orden pueda ser alterado como consecuencia
del voto de los electores.
Listas cerradas y no bloqueadas: aquellas en las que, si bien en principio hay un orden de prelación entre los candidatos que
las forman, éste puede alterarse en mayor o menor medida, a resultas del voto emitido por los electores.
Listas abiertas: aquellas en las que los candidatos se presentan sin fijar orden alguno a efectos de consecución de escaños,
siendo los votantes los únicos que pueden marcar la diferencia de posibilidades electorales entre candidatos.

c) La estructuración del voto.

Es la forma o procedimiento técnico mediante el cual se estructura la expresión de la preferencia electoral del votante. Gira
alrededor de los conceptos de voto único y voto múltiple.

El voto único significa que el elector expresa una sola preferencia electoral, con independencia del número de escaños que
están en juego en la circunscripción. Puede ser un voto a candidatura unipersonal o un voto de lista.

El voto múltiple consiste en que el elector puede conceder su voto a favor de varias opciones electorales, dentro de la
misma circunscripción. Suelen ser votos concedidos a favor de varias candidaturas unipersonales. En este sentido hay que
distinguir entre:

El voto múltiple propiamente dicho, que permite votar a tantos candidatos como escaños corresponden a la circunscripción.

El voto limitado, según el cual el elector vota a un número de candidatos inferior al de escaños que se eligen.

El voto acumulativo, con el que el elector puede otorgar todos o parte de los votos de que dispone a un mismo candidato.

d) La fórmula electoral.

Se entiende por formula electoral, también llamada modo de escrutinio o regla de atribución de escaños, el
procedimiento matemático que se aplica para la transformación de votos en escaños o cargos electivos. Se distingue entre
fórmulas mayoritarias y fórmulas proporcionales.

Formulas mayoritarias.

Formula de mayoría simple o relativa: es la formula mayoritaria por excelencia, y en ella ganan aquellas candidaturas que
obtienen mayor número de votos, con independencia de cualquier otra circunstancia.

Formula de mayoría absoluta: exige que la candidatura ganadora haya logrado la mayoría absoluta de los votos válidos
emitidos. La mas conocida es la formula a dos vueltas, en la que las elecciones se deciden en principio por mayoría absoluta,
pero si ningún candidato la alcanza se realiza una segunda votación en la que basta con conseguir la mayoría simple.
Normalmente se restringe la participación de candidatos en la segunda vuelta a los dos que hayan conseguido mayor número
de votos en la primera o a aquellos que hayan conseguido un determinado porcentaje, ya sea sobre el total de votos emitidos
o sobre el total de electores.

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Formula de mayoría simple corregida por el voto limitado: permite a las minorías políticas más importantes acceder a ciertas
cuotas de representación.

Formulas proporcionales.

Formulas que en su primera fase parten del cálculo de un coeficiente electoral común y luego, si procede, en una segunda
fase, terminan de repartir los escaños en función de los llamados restos (votos que en la primera fase no han contribuido a
conseguir escaños). Entre las de este tipo la más sencilla y conocida es la formula de cociente común con posterior
adjudicación de escaños por el procedimiento del resto mayor. Parte del calculo de un cociente, que resulta de dividir la suma
total de votos atribuidos validamente a las diferentes candidaturas de lista entre el número de escaños que corresponde
elegir. Es el llamado cociente entero o natural, y su valor indica el número de votos que necesita cualquier partido para
obtener un escaño. Esto significa que una lista conseguirá tantos escaños como veces su número de votos contenga dicho
cociente. Los escaños no adjudicados en esta primera fase se otorgan ordenando de mayor a menor los restos de las distintas
listas para atribuirlos por ese orden.

Formulas articuladas en función de series determinadas de divisores. Consisten en dividir la cifra de votos que ha conseguido
cada candidatura de lista por una serie predeterminada de números, de lo cual resulta la correspondiente serie de cocientes
para cada una de las listas. A continuación se adjudican los “n” escaños en juego a las listas a las que corresponden los “n”
cocientes mayores. La de aplicación más frecuente es la formula d´Hondt, en la que se divide el numero de votos obtenidos
por cada una de las listas por la serie de números naturales (1,2,3...), hasta “n”, siendo el valor de “n” el de los escaños que
corresponde elegir. Luego se adjudican los escaños a las listas a las cuales corresponden los “n” cocientes mayores, sin tener
que acudir a una fase ulterior. Cuando más pequeña es la proporción entre los dos primeros números de la serie de divisores,
más favorecidos resultan los pequeños partidos en el reparto de escaños.

1.3.3.- Consecuencias políticas de los sistemas electorales.

Los sistemas electorales surgen y actúan en estructuras políticas y sociales especificas. Ello se traduce en tres ideas: (i) las
condiciones en las que se crean los sistemas electorales condicionan mucho los efectos de estos; (ii) por ello al cambiar las
condiciones sociales y políticas, el mismo sistema electoral puede tener efectos diferentes de los producidos hasta entonces;
(iii) por el contrario, cuando cambia el sistema electoral sin que cambien las condiciones del contexto, el nuevo sistema
puede tener efectos similares a los del sistema anterior.

El grado de proporcionalidad de un sistema electoral plantea el problema clave de la competitividad real de las elecciones. La
competitividad exige condiciones favorables a que se desarrolle una confrontación efectiva entre candidaturas. La
proporcionalidad de un sistema electoral se incrementa en mayor medida: (i) cuanto mayor es el numero de escaños
electivos; (ii) cuanto mayor es la magnitud de las circunscripciones, (iii) cuanto más proporcionalmente a la población
respectiva se reparten los escaños entre las diferentes circunscripciones; (iv) cuanto más proporcional es la formula electoral
que se aplica; (v) cuanto menos importantes son las barreras electorales que se exigen; (vi) cuando no se prevén primas por
mayoría. Al margen de la incidencia de los distintos elementos configuradores del sistema electoral, la proporcionalidad del
mismo dependerá también: (i) de las características que posea el sistema de partidos; y (ii) del grado de concentración o
dispersión con relación a las circunscripciones, del voto de las diferentes formaciones políticas.

Los efectos comunes a la práctica totalidad de los sistemas electorales pueden sintetizarse en los siguientes postulados: (i)
amplifican o moderan, en términos de representación, las diferencias existentes electoralmente entre los partidos, pero no
crean por si mismos dichas diferencias; (ii) surten un doble efecto: favorecen (sobrerepresentan) a los partidos con mayor
porcentaje y penalizan (infrarepresentan) a aquellos con porcentajes más bajos; (iii) casi siempre priman a los partidos más
votados, y actúan a modo de filtro para limitar el número de partidos representados.

Cuanto más mayoritario resulta ser un sistema electoral, más tiende a producir los siguientes efectos: (i) favorecer en mayor
medida a los primeros partidos, y sobre todo al primero; (ii) impedir que alcance representación un mayor número de
partidos; (iii) propiciar una distribución más desigual de la representación resultante.

1.4.- El comportamiento electoral.

1.4.1.- Premisas de partida para el análisis electoral.

Para analizar el comportamiento electoral es necesario conocer algunas premisas fundamentales de partida:

Existen factores de carácter sociodemográfico, económico, o educativo, a través de los cuales se identifican grupos o
categorías sociales, que resultan de gran importancia para explicar la orientación de los comportamientos electorales. Ahora
bien, la decisión del elector nunca está desprovista de cierta racionalidad.

Siempre existirá una proporción mayor o menor de electores que de unas elecciones a otras cambien su opción de voto. Este
fenómeno se denomina inestabilidad o volatilidad electoral.

El tipo de elecciones de que se trate (la importancia política del órgano electivo), así como lo que haya en juego en las
mismas (lo que en ellas se esté arriesgando), son también elementos que influyen en el comportamiento de los electores.

Existen también otra serie de factores eminentemente políticos que pueden hacer variar el comportamiento de los electores:
(i) la oferta electoral del momento (candidaturas, equipos, y programas); (ii) el realineamiento de los actores políticos
(partidos y líderes especialmente); (iii) las características e impacto de la presión persuasiva que se ejerza en la campaña
electoral; (iv) las fluctuaciones en determinados fenómenos políticos, entre los que destacan especialmente el liderazgo, la
eficiencia gubernamental, y la percepción de la legitimidad del sistema; (v) la fecha para la que se convoquen las elecciones.

1.4.2.- Los factores estructurales en el comportamiento electoral.

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Desde la perspectiva que analiza el comportamiento de los electores en función de factores estructurales, se
señala que las características de la estructura económica, así como de la estructura social, demográfica, y
educativa, poseen un gran peso sobre el comportamiento de los electores y, por lo tanto, sobre los resultados de
unos comicios.

Sobre esta base, en el análisis del comportamiento electoral se suele recurrir a ciertas variables explicativas: edad, sexo,
nivel educativo, práctica religiosa, hábitat (tamaño del municipio donde se reside), nivel de ingresos, y ocupación, a las que
se añade la variable territorial (la región o provincia). A través de ellas es posible dibujar el perfil tendencial de los votantes
de un partido u opción electoral.

Ello no quiere decir que la decisión de voto del elector se encuentre determinada necesariamente por las condiciones de su
medio y el perfil de la estructura sociocultural, económica, y demográfica. Pero sí que a través de dichos factores es posible
explicar en gran parte las tendencias colectivas del comportamiento electoral. Sin embargo, ello tampoco significa negar
importancia a los factores individuales o de otro tipo, ni al cálculo racional implícito en la decisión electoral.

1.4.3.- La dimensión racional del voto.

Desde esta perspectiva, la decisión del voto se entiende producto de un calculo racional realizado por el elector individual,
hipotéticamente al margen de todo determinismo de tipo estructural, y buscando satisfacer al máximo sus intereses, o mejor
dicho, optimizar la utilidad que pretende obtener.

La aplicación de un enfoque rígidamente racionalista condujo a la formulación de la llamada paradoja del votante, según
la cual, de acuerdo con una lógica estrictamente racional, el propio acto de votar acaba siendo irracional. Se argumentaba en
este sentido que el elector ha de afrontar al votar unos costes, tanto directos (tiempo, desplazamientos) como indirectos
(frustración, indecisión, sentimiento de incapacidad o de equivocación), que nunca se ven compensados por los beneficios de
su acción. Por un lado, resulta insólito que el voto de un solo elector llegue a ser realmente decisivo de cara al resultado final
de unos comicios, lo cual ya es importante. Pero es que además, por otro lado se considera que el elector medio es incapaz
de hacer un verdadero cálculo racional en relación al voto que emite, dado que no recibe ni sabe seleccionar la información
suficiente o apropiada para decidir entre las diversas opciones electores, es decir, para apreciar las diferencias existentes
entre las ofertas presentadas por los distintos partidos y la utilidad que implican para él cada una de ellas. Según esto, un
planteamiento plenamente racional bien podría conducir a la abstención.

La paradoja del votante no tiene en cuenta, sin embargo, que en el análisis político de lo que cabe hablar es de una
racionalidad estándar; no de una racionalidad absoluta o extrema, sino de una limitada o satisfactoria. Se olvida, asimismo,
que existen otras fuentes de beneficio para el elector: la satisfacción de escapar al sentimiento de inutilidad dentro del
sistema político; la satisfacción de asumir y actuar conforme a los principios y reglas de la democracia; el placer de tener
ocasión de decidir, de interesarse activamente por los asuntos públicos, de estar mejor informado de las políticas que le
afectan; incluso la satisfacción de afirmarse socialmente por medio de manifestar el apoyo a un partido. No hay que olvidar
que en las democracias los individuos racionales están motivados en parte por un sentido de responsabilidad social que hasta
cierto punto es independiente de las ganancias o pérdidas personales que vayan a tener a corto plazo.

En definitiva, los factores estructurales, por un lado, y los planteamientos de racionalidad individual, por otro,
constituyen dos dimensiones que se conjugan siempre, en mayor o menor medida, en la adopción de la decisión
del voto.

1.4.4.- Los cambios de comportamiento electoral: tipos de votantes en función de su comportamiento en
elecciones sucesivas.

Los resultados globales que arrojan unas elecciones son consecuencia de un conjunto de componentes: la renovación del
cuerpo electoral, las tasas de participación, los cambios en el comportamiento a escala individual, los efectos compensados
de los resultados en diferentes circunscripciones, etc.

Ello sugiere la conveniencia de considerar aquellos componentes en términos de una tipología de votantes basada en el
comportamiento seguido por los mismos en dos elecciones sucesivas.

Primeramente hay que diferenciar entre electores activos, que han participado en alguna de las elecciones, e inactivos,
que no han participado en ninguna de ellas. Dentro de los electores activos cabe distinguir entre participantes continuos,
en las dos elecciones, y participantes intermitentes, sólo en una.

Así pues, el grupo de electores activos se puede dividir en seis tipos diferentes:

Votantes leales: aquellos que votaron en las dos elecciones y en ambas lo hicieron a favor del mismo partido. Este tipo se
corresponde con los conceptos de voto fijo o lealtad de voto.

Votantes transferidos: aquellos que votaron en las dos elecciones, pero a opciones políticas diferentes. Este tipo se
corresponde con el concepto de voto transferido.

Votantes movilizados: los electores que se abstuvieron o votaron en blanco en la primera elección, pero votaron ya a un
partido en la segunda. Se corresponde con el concepto de voto movilizado o desmovilización de voto.

Votantes desmovilizados: representan el caso inverso al anterior, pues son los electores que abandonan al partido al que
votaron en la primera elección y deciden no votar a ningún partido (abstenerse o votar en blanco). Se corresponde con el
concepto de voto desmovilizado o desmovilización de voto.

Nuevos votantes: aquellos ciudadanos que se incorporan por primera vez al censo electoral al cumplir la mayoría de edad
requerida y optan por votar a algún partido (no se abstienen).

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Votantes excluidos: los votantes que de una elección a otra dejan de figurar en el censo electoral, ya sea por fallecimiento
o por otras causas.

Los votantes leales representan un fuerte elemento de continuidad y estabilidad para el sistema de partidos. Por el
contrario, los votantes transferidos constituyen el más importante componente de cambio y proporcionan una fuente
potencial de inestabilidad. La incidencia de estos últimos sobre los resultados globales de las elecciones es mayor que el de
los demás tipos de votantes, dado que se contabilizan por partida doble: como perdida del partido por el que se votó en la
primera elección y como ganancia de aquel por el que se vota en la segunda.

El efecto potencial de los votantes movilizados, de los desmovilizados, de los nuevos votantes, y de los votantes excluidos,
dependerá del volumen del grupo respectivo y de cómo distribuyan su impacto entre los diversos partidos, esto es, de si
afectan más a unos partidos que a otros, ya en sentido positivo (votantes movilizados y nuevos votantes), ya en sentido
negativo (votantes desmovilizados y votantes excluidos).

Los nuevos votantes y los votantes excluidos puede decirse que constituyen el componente rotatorio del cambio entre
elecciones. Su impacto sobre los resultados electorales dependerá de lo diferente que sea la orientación mayoritaria de la
generación más joven en relación con la de las generaciones más ancianas. En función de dicha diferencia, la renovación de
las sucesivas cohortes del electorado implicará una mayor o menor reorientación política del sistema. Ahora bien, será
importante también la proporción de nuevos electores que opten por permanecer desmovilizados y la de electores excluidos
que eran abstencionistas.

Los cambios producidos como consecuencia del impacto acumulado de estos seis tipos de votantes es lo que, al comparar
los resultados de dos elecciones sucesivas, se da en llamar inestabilidad o volatibilidad electoral.

1.4.5.- Criterios de clasificación de los comportamientos electorales.

El comportamiento electoral es susceptible de ser estudiado desde la base de destacar alguna de sus dimensiones
predominantes. De esta forma, se llega a identificar determinados tipos de comportamiento o de voto.

El primer criterio parte de la diferenciación entre comportamientos electorales de identificación (de afirmación, de atracción,
de adhesión), por un lado, y de rechazo (de negación), por otro.

Comportamientos de identificación: son aquellos en los que prevalece la identificación del elector con el candidato o líder
por el que vota. Dentro de ellos se distingue a su vez entre identificación por identidad e identificación por obediencia,
según que el elector se sitúe con respecto a quién vota en un contexto psicológico de igualdad o de dependencia; es decir,
según que el elector asuma que concede su voto, bien a alguien que considera que es como él, o bien a alguien que
considera que es superior, por la razón que fuere, y por tanto al que cree que debe un cierto trato de deferencia o de
obediencia a través del voto. La identificación puede estar sustentada en lazos de naturaleza política o no política. Entre los
primeros, los más significativos serían los de identidad partidista, los de identidad de clase, y los de identidad de élite política
o administrativa. Entre los segundos destacarían los de tipo territorial, los generacionales o de edad, los de género, y los de
carácter religioso.

Comportamientos de rechazo: son aquellos comportamientos electorales impulsados de forma especial por actitudes de
rechazo; comportamientos que tiende a ser más viscerales y apasionados, más radicales y agresivos. Se clasifica típicamente
como voto de rechazo el voto de protesta, ya sea global o puntual, así como el voto antisemita o el voto antipolítico.

Otro criterio de clasificación lleva a diferenciar entre comportamiento táctico o estratégico por un lado, y
comportamiento espontaneo o no táctico por otro. Dicho criterio gira en torno al llamado voto útil o voto táctico, que es
el concebido estratégicamente por el votante con objeto de asegurar que resulte eficaz, a efectos de producir representación
política, o sencillamente, aquel que responde a la intención prioritaria del elector de evitar que su voto no lea útil a ningún
partido. Su planteamiento suele conducir, por tanto, a no apoyar al partido con el que más se identifica el elector, dadas las
escasas o nulas posibilidades de éxito que aquél tiene o la penalización que sufre por el sistema electoral aplicado, sino a
votar a otro partido, más o menos próximo políticamente, pero con mayores posibilidades electorales o menos penalizado por
el sistema. Se trata pues de un voto inducido en gran parte por las características del sistema electoral y por las limitaciones
que este impone a la competitividad entre candidaturas.

Otros criterios muy utilizados comúnmente distinguen entre el voto político o ideológico y el voto económico según el
peso que tengan en el mismo los intereses eminentemente materiales; y entre el voto a persona y el voto a partido, en
función de la importancia de la personalización de la opción por la que se vota.

Una última tipología distingue entre tres tipos de voto: el voto de opinión, el voto de pertenencia y el voto de intercambio.

El voto de opinión es la expresión electoral de una opción escogida tras comparar y sopesar las diversas ofertas de los
partidos en liza. Responde a un planteamiento en el que el logro de los intereses del elector no se entiende ligado de forma
inmediata a cual sea su voto, sino a las líneas de acción política que se supone que su voto contribuirá a hacer posibles. El
beneficio perseguido individualmente se entiende subsumido en un objetivo colectivo. Se caracteriza por su fuerte exposición
a la coyuntura política y su inestabilidad y variabilidad en el tiempo. Es un voto particularmente proclive a ser influido por las
campañas electorales.

El voto de pertenencia es aquél por medio del cual el elector testimonia y reafirma su pertenencia a un grupo determinado
(clase social, comunidad territorial, grupo ideológico, etc.). Se caracteriza por estar fuertemente predeterminado y poseer
una escasa autonomía, pero tiene a favor su estabilidad y continuidad a lo largo del tiempo.

El voto de intercambio es aquél que expresa y concreta la aportación del elector en el marco de una relación de
intercambio en la cual se prevé una contraprestación por parte del votado. Este último se identifica siempre como un
individuo o un grupo fácilmente reconocible dentro de un sistema de relaciones tradicionales. Consiste, pues, en un voto
típicamente clientelista. El elector persigue con su voto un interés personal e inmediato. Su grado de predeterminación y
estabilidad depende de la seguridad que se tenga de recibir la correspondiente contraprestación.

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1.4.6.- El abstencionismo electoral.

Con frecuencia se tiende a asociar los fenómenos de abstencionismo al impacto que causan sobre los procesos de
legitimación, de ahí la preocupación que suele generar la existencia de tasas de abstencionismo elevadas. No obstante, según
los casos, cabe contemplar tres supuestos posibles en la interpretación del abstencionismo electoral:

Como expresión de deslegitimación (cuyo supuesto extremo sería el de la desmovilización antisistema o antipoliticista).

Como expresión de confianza pasiva en el sistema o como transferencia de responsabilidad a favor de los electores activos
(típica interpretación de la abstención anglosajona).

Como expresión de mera automarginación de sectores no significativos políticamente.

Entre las muchas tipologías propuestas sobre el abstencionismo, una versión diferencia los siguientes tipos:

El abstencionismo técnico o “forzoso”: es aquel que por unas razones u otras siempre resulta inevitable que se produzca
(por censo defectuoso, por causas de fuerza mayor, etc.).

El abstencionismo estructural: es aquel vinculado a factores estructurales, esto es, a las características de las respectivas
estructuras sociales y económicas.

El abstencionismo coyuntural: es el debido a las circunstancias especificas que concurren en cada elección. En él se
distinguen a su vez cinco subtipos:

Abstencionismo de resignación, inducido por la imposibilidad objetiva de modificar la situación política.

Abstencionismo de perplejidad, imputable a las presiones contradictorias ejercidas sobre el elector, quien se siente tan
desorientado que se refugia en la abstención.

Abstencionismo partidista, motivado por la voluntad del elector de no votar a la candidatura presentada por su partido,
cuando ésta no está integrada por candidatos de su misma corriente o tendencia.

Abstencionismo de polarización, que conduce a que el elector se abstenga por negarse a seguir las instrucciones de su
partido para que vote eventualmente a la candidatura de otro partido que tradicionalmente es adversario suyo (típico de los
sistemas mayoritarios a dos vueltas)

Abstencionismo de consigna, que sigue la recomendación de su partido para que sus electores no voten.

1.4.7.- Comportamiento y tipos de elección: elecciones de primer y segundo orden.

Se entiende por elecciones de segundo orden aquellas de significación política inferior a otras. Quiere decirse que ni las de
primer ni las de segundo orden se definen por sí mismas de forma aislada, sino siempre con relación a las demás elecciones:
determinadas elecciones podrán ser de orden superior a unas y de orden inferior a otras.

Las elecciones de primer orden entrañan un riesgo mayor y también una mayor responsabilidad para el elector. En
consecuencia, tiende a producirse en ellas una participación más alta, una oferta electoral (expresada en el número de
candidaturas que se presentan) más restringida, una menor volatilidad o inestabilidad del voto, una mayor lealtad del votante
respecto al partido u opción política a la que otorgó su voto en la elección anterior, y, en definitiva, unas pautas de
comportamiento más rígidas y proclives a planteamientos tácticos y de utilidad de voto. Es el caso típico de las elecciones
“nacionales”, ya sean legislativas o presidenciales.

Por el contrario, se considera que las elecciones de segundo orden tienen una menor significación política, es decir, que
lo que en ellas se pone en juego no es tanto como en las de primer orden. Por ello, el elector tiene un comportamiento más
desinhibido y menos atenazado por la responsabilidad, lo que tiende a producir mayores índices de abstención, volatilidad, y
fragmentación electorales, así como un volumen mayor de transferencias de voto en relación con las elecciones del mismo
tipo celebradas con anterioridad. Asimismo, la oferta electoral suele ser más amplia. Se catalogan como de segundo orden las
elecciones regionales, locales, y europeas.

1.4.8.- Apunte adicional sobre el análisis del comportamiento electoral a través de la elaboración de una tabla de
resultados.

El censo electoral viene a ser el dato de partida para él calculo del porcentaje de abstenciones y votantes. El número de estos
últimos servirá a su vez para extraer el resto de las tasas y categorías de análisis.

Dentro de los votos emitidos, hay que distinguir entre:

Votos nulos, que son aquellos anulados oficialmente por no haber expresado con suficiente claridad la voluntad del votante
o no haberse atenido éste a las disposiciones legales relativas a la emisión de voto.

Votos en blanco, que son aquellos en los que no se encuentra reflejada opción alguna por parte del elector.

Votos válidos, que son los atribuidos validamente a las diversas candidaturas que han concurrido a las elecciones.

Al analizar los resultados obtenidos por los diversos partidos o candidaturas se opera en ocasiones con los porcentajes de
voto sobre el total del censo electoral, pero lo más frecuente será hacerlo con los porcentajes sobre el total del voto a
candidaturas.

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La comparación de estos últimos porcentajes con los correspondientes a las cuotas de representación de los partidos
(escaños obtenidos) permite apreciar la importancia de la sobrerepresentación o infrarepresentación alcanzada por cada uno
de ellos.

1.5.- El liderazgo político.

1.5.1.- Problemas del concepto.

Dentro de las Ciencias Sociales, el término liderazgo suele entenderse: (i) como especial atributo de una posición; (ii) como
rasgo o cualidad de una persona; (iii) como categoría determinada de comportamiento.

La expresión liderazgo político también se utiliza con frecuencia como sinónimo de autoridad, dirección política, jefatura, o
incluso élite política, entre otras.

Sin entrar a definir el concepto, es posible aislar tres elementos o rasgos característicos del liderazgo:

En primer lugar, constituye un proceso interactivo. Surge a partir de las relaciones entre un actor individual (el líder) y sus
seguidores, electores, o clientes. Por ello, los líderes no pueden existir en ausencia de seguidores, ya que están ligados a sus
expectativas y expresan sus demandas.

En segundo lugar, el liderazgo se reconoce preferentemente por su componente personal. No deriva exclusivamente de la
posición formal del individuo en una organización, ni del poder que ejerza en virtud de la misma, sino de la propia
personalidad y comportamiento individual del líder.

En tercer lugar, el liderazgo implica asimismo una influencia no rutinaria sobre el proceso político. Esto es, no puede hablarse
de liderazgo si la influencia que el actor individual desempeña en el proceso político deriva casi en exclusiva de su posición en
la organización político-administrativa, y no del especial uso que haga de ella. La influencia en que consiste el liderazgo se
ejerce mediante la utilización de una gran variedad de recursos políticos formales (competencias o posibilidades de actuación
derivadas de la posición de autoridad del actor individual en la organización política) e informales (habilidades políticas del
individuo que ocupa dicha posición y que no se derivan forzosamente de ésta).

1.5.2.- Su significación.

El fenómeno de liderazgo tiene una gran importancia en las sociedades democráticas, puesto que es quizás la forma de
actuación individual más significativa y visible de la vida política, sin olvidar que los lideres poseen una enorme capacidad
para influir y modelar el proceso de estructuración política.

Resulta paradójico que incluso en sistemas democráticos los fenómenos de liderazgo político tiendan a fraguarse y
consolidarse sostenidos frecuentemente por fuertes redes de apoyo clientelista, desigualitarias por definición, pero de
probada funcionalidad.

Pese a ello, no cabe duda de que el liderazgo político constituye en las democracias una importantisima fuente de
legitimación de sus estructuras de autoridad. Una importancia que no sólo se acrecienta paralelamente a la crisis de los
partidos, sino también con el fortalecimiento de los mismos. Por ello desempeña un papel axial en los procesos electorales y
de representación, en los de elaboración e implantación de políticas públicas, en las relaciones intergubernamentales, y, en
definitiva, en el impulso de la dirección política del Estado, tanto en su dimensión interna como en la de las relaciones
internacionales.

1.5.3.- Tipologías de liderazgo.

La clásica y esencial es la que distingue entre el liderazgo transaccional, en el que la relación entre el líder y sus
seguidores se sustenta esencialmente en el intercambio económico, político, o simbólico de una ventaja por otra, y el
liderazgo transformador, que se fundamenta en la identificación y el compromiso mutuo entre el líder y los seguidores
para alcanzar una meta común.

Otra tipología clasifica a los líderes según su impacto potencial sobre el sistema político. En ella se propone contemplar el
fenómeno combinando dos dimensiones analíticas: el alcance o ámbito del impacto (los efectos) del liderazgo; y la intensidad
o profundidad del cambio impulsado por el líder.

2.- PARTIDOS POLÍTICOS, GRUPOS DE PRESIÓN, Y COMPORTAMIENTO POLÍTICO.

2.1.- Los partidos políticos.

2.1.1.- Noción de partido político.

Una definición de partido político exige cuatro rasgos esenciales:

Una organización duradera cuya esperanza de vida política sea superior a la de sus dirigentes (distingue al partido de las
clientelas vinculadas a un patrón).

Que posea una organización local aparentemente duradera, que mantenga relaciones regulares y variadas con el nivel
nacional (rasgo que sirve para diferenciar al partido del grupo parlamentario, que carece de esas relaciones).

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La voluntad de sus dirigentes nacionales y locales de tomar y ejercer el poder, solos o con otros, y no sólo de influir en el
mismo (permite distinguir entre partido y grupo de presión, que no busca el poder sino influir sobre sus decisiones).

El deseo de buscar un apoyo popular a través de las elecciones o de cualquier otro medio (para diferenciarse de los grupos de
opinión, que no se presentan a los comicios).

A estos rasgos cabe añadir otros dos:

Que canalice determinados intereses sectoriales.

Que la organización esté dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto.

2.1.2.- Evolución y tipología.

Las diversas tipologías de los partidos distinguen entre partidos de cuadros, partidos de masas, y partidos de electores o
votantes.

Las primeras formas de partido estaban determinadas fundamentalmente por el tipo de sufragio existente, el restringido,
limitado a los varones que figuraban en el censo de contribuyentes o con una determinada formación intelectual (sufragio
censitario y capacitario), lo que producía un reducido censo electoral. Los partidos resultantes se califican como partidos de
cuadros o partido de notables, y sus rasgos definitorios son:

No tratan de conseguir adhesiones multitudinarias (dado lo reducido del censo electoral), sino de reunir a notables, personas
con prestigio o fortuna y con influencias, que permitan cubrir los gastos de campaña y atraer votos, con frecuencia mediante
relaciones de clientelismo.

Su estructura interna es muy flexible, y los comités locales gozan de gran autonomía. En ellos el papel predominante
corresponde a los parlamentarios sobre los dirigentes.

Las ideologías que defienden son la absolutista o la liberal, pues aparecen en la época del enfrentamiento entre la aristocracia
y la burguesía.

En la segunda mitad del siglo XIX la conquista del sufragio universal masculino y el asociacionismo obrero
provocan el surgimiento de un nuevo tipo de partido, el partido de masas. Los rasgos definitorios de estos nuevos
partidos, que coexistirán con los de cuadros, son:

Reclutamiento masivo, para intentar tener gran número de militantes que consigan la financiación de las
campañas electorales de los candidatos obreros, que no tienen otras fuentes económicas.

Educación política de las masas, mediante reuniones frecuentes de las agrupaciones de base, que se convierten
en cursos de formación política de la militancia, para permitirles ejercer mejor sus derechos recién
conquistados, e intento de reclutar nuevas elites políticas no burguesas.

Organización de partido más rígida que el de cuadros, debido a la necesidad de encuadrar a miles de militantes,
lo que conlleva el desarrollo de un aparato burocrático y la aparición de un grupo de dirigentes interiores del
partido que predominarán sobre los parlamentarios..

Mayor disciplina de voto parlamentario que los partidos de cuadros. Sus ideologías al principio eran socialistas,
siendo imitados más tarde por los comunistas, fascistas, y algunos partidos democristianos. Sus bases sociales
pertenecían en sus orígenes a la clase obrera y popular, aunque después se abrieron a otros sectores de la
pequeña burguesía.

Pueden distinguirse tres subtipos de partidos de masas:

El subtipo socialista, en el que el elemento de base es la sección, que agrupa a los militantes por su domicilio. Han
aceptado el parlamentarismo, y aumenta el papel de los parlamentarios en el partido.

El subtipo comunista, que tiene a la célula como elemento de base, organizada en función del lugar de trabajo y
más reducida en número que la sección socialista lo que permite un contacto estrecho y continuo entre los
militantes. La ideología juega un papel muy importante y funcionan con centralismo democrático (libre discusión
de las propuestas y sumisión de la minoría a la mayoría).

El subtipo fascista, muy centralizado, posee una estructura muy rígida, con predominio de las relaciones
verticales. Aplican técnicas militares al encuadramiento político (milicias), y tienen una organización muy
centralizada. La figura del jefe, duce, o führer es decisiva.

En los últimos años los partidos se han adaptado a las tranformaciones de las sociedades capitalistas europeas
tras la Segunda Guerra Mundial, y se habla de la aparición de un tipo de partido moderno llamado partido de
electores o partido de votantes. Es aquel que habiendo abandonando toda ambición de encaramiento intelectual o
moral de las masas, se vuelca plenamente hacia la escena electoral, tratando de dirigirse hacia una audiencia
más amplia y de alcanzar un éxito electoral más inmediato. Sus características son:

Buscan un electorado lo más amplio posible, dirigiendo sus esfuerzos más a los potenciales electores que a la
militancia, logrando un electorado interclasista. Ello hará que el poder en el partido ya no pertenezca a los
militantes, sino a las elites que no surgen del partido y que a menudo duelen venir del exterior. Esa búsqueda de
votos en todas las categorías sociales les llevara a incrementar sus relaciones con distintos grupos de presión,
potenciales “reservas” de electores.

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Ofrecen programas “de agregación”, sin rigidez doctrinal ni ideológica, para atraer el máximo de votos,
recogiendo la demanda de muy diversos grupos sociales.

Las condiciones que propician la aparición de estos partidos son:

Las bases sociales tradicionales de los partidos de masas socialistas (el sector secundario y las clases obreras
industriales) cesan de extenderse, e incluso disminuyen ante el incremento del sector terciario.

La expansión económica disfraza las diferencias y los enfrentamientos de clase, y se pasa de una sociedad
conflictual a otra consensual.

Los medios de comunicación favorecen la personalización del poder.

La despolitización y la desideologización son elementos que deben ser tenidos en cuenta por los partidos, que
deberán adaptarse a la nueva situación para no perder apoyo social.

Estos partidos acaparadores coexisten con los de cuadros y masas y se pueden encontrar en todo el espectro
político, desde la derecha a la izquierda.

En los años noventa han surgido nuevos modelos de organización de los partidos, apareciendo el llamado
partido cartel, que sería una evolución del partido acaparador o partido de votantes.

Los partidos actuales reclutan miembros no buscando la homogeneidad social, sino sobre la base del acuerdo
con las políticas propuestas, con lo que la distinción ideológica entre partidos tiende a desvanecerse y emerge
un consenso sobre las políticas a desarrollar.

Existen cinco elementos que influyen en la importancia de la organización, la eficacia, y el papel de una
militancia de masas, y ello tanto en lo que se refiere a los partidos como en lo que afecta a los posibles
militantes:

La estrategia competitiva actual exige que los líderes y la burocracia del partido tengan más libertad de acción,
lo que se conjuga mal con la militancia muy activa, muy ideológica, que puede limitar la flexibilidad estratégica
necesaria para los líderes extrovertidos, volcados hacia el exterior, hacia los posibles electores, no hacia los
militantes.

Se reduce la importancia de la militancia activa, ya que los medios de comunicación se convierten en el principal
canal de comunicación electoral.

Para el partido la militancia pierde interés como fuente de recursos económicos, ya que tienen otros medios más
eficaces de financiación.

Como el partido se vuelve más orientado hacia el liderazgo y más alejado de la vida diaria de la sociedad, los
beneficios sociales y políticos de pertenecer a él como militante, así como del activismo partidista disminuyen y
los simpatizantes pierden interés en afiliarse.

Los ciudadanos, al tener más educación y estar mejor dotados de recursos económicos y de tiempo de ocio,
tienen menos necesidad de los partidos como canales de implicación política, y son capaces de presentar sus
demandas directamente al sistema político, a través de los grupos de presión o de interés en que participan.

Existe otro tipo de partidos, denominados partidos intermedios, en los que se incluye a los partidos indirectos y a
los partidos de países en desarrollo. Ambos están más cerca de los de masas que de los de cuadros. El ejemplo
de partido indirecto es el partido laborista británico en sus orígenes. No reclutaba militantes directos, sino que los
comités de base estaban formados por representantes de los sindicatos, de las mutuas, cooperativas, y
organizaciones intelectuales que decidieron actuar en común en el terreno político. Los comités seleccionaban a
los candidatos y gestionaban las cajas electorales. Se era militante del partido por la pertenencia a las
organizaciones que lo formaban, y no por afiliación directa personal. En cuanto a los partidos de los países en
desarrollo, se caracterizan por la gran distancia que existe entre el círculo de dirigentes y la masa de los
miembros. El primero está a nivel intelectual y técnico de las sociedades modernas y los segundos de las
sociedades arcaicas. La estructura del partido refleja el estadio de desarrollo de esos países.

2.1.3.- Funciones de los partidos políticos.

Existen multitud de funciones que cumplen los partidos en el sistema político, siendo las funciones clásicas las ligadas a las
elecciones:

Función programatica, por la que contribuyen a crear y mantener la conciencia y el debate político, asegurando la
información de la opinión pública. Los partidos presentan opciones en sus programas y las elecciones pasan de ser elección
entre personas a ser elección entre esas opciones.

Función de reclutamiento político, por la que la mayor parte de los candidatos que se presentan a los electores para
ocupar puestos políticos son seleccionados por los partidos, que contribuyen así a reclutar a la elite política.

Función de organización de los elegidos, que los partidos cumplen mediante los grupos parlamentarios, y asegurando el
contacto entre elegidos y electores, a través de las sedes locales del partido o las oficinas parlamentarias en los distritos.

Partiendo de la idea de que los partidos son vínculos entre la sociedad y el Estado, se distingue entre las
funciones en la vertiente social y en la institucional.

Funciones sociales:

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Ciencia Política.

La socialización política. Los partidos son uno de los principales instrumentos de socialización política,

Movilización de la opinión pública. Los partidos canalizan en gran medida la opinión pública y aseguran la formulación de los
movimientos de opinión.

Representación de intereses. Hoy en día, los partidos “acaparadores” son verdaderos mosaicos de representación de intereses
de los más diferentes grupos sociales, aunque siempre dominan los de algunos.

Legitimación del sistema político. Hasta los partidos anti-sistema integran en el sistema que rechazan a los elementos que
representan, dándoles un portavoz.

Funciones institucionales:

Reclutamiento y selección de elites.

Organización de las elecciones.

Organización y composición del parlamento. Los partidos influyen en la composición y funcionamiento de los órganos
legislativos.

Composición y funcionamiento del gobierno, en tanto que el ejecutivo deriva del legislativo.

2.1.4.- Regulación jurídica de los partidos políticos.

Se distinguen cuatro etapas en las relaciones del Estado con los partidos políticos:

(a) Etapa de abierta hostilidad del Estado hacia los partidos.

(b) Etapa de indiferencia.

(c) Etapa de legalización de algunas actividades partidistas.

(d) Etapa de incorporación de los partidos al mecanismo estatal.

En sus orígenes los partidos eran considerados como organizaciones que ponían en peligro los valores individualistas del
régimen liberal.

Tras la etapa de indiferencia comienzan las referencias en la legislación a los partidos en sus aspectos electorales y
parlamentarios. Pero no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se constitucionalicen los partidos.

El sistema más usual de regulación jurídica de los partidos consiste en su sometimiento a la legislación común de las
asociaciones, a las normas generales del derecho de asociación (Francia). En otros países se distingue entre los partidos y las
demás asociaciones y se han promulgado leyes especiales de partidos políticos y otras sobre su financiación. (Alemania,
Portugal, España)

2.1.5.- La financiación de los partidos políticos.

Las fuentes de financiación pueden ser privadas y públicas:

Recursos internos al partido:
Fuentes -Cuotas de los militantes
privadas -Él patrimonio del partido
-Ingresos por actividades del partido (fiestas, etc.)
-Aportación de los cargos electos.
Recursos externos:
-Donaciones individuales
-Donaciones de empresas y sindicatos
-Prestamos bancarios
-Donaciones extranjeras (prohibidas a veces)
Financiación directa, en función de los votos y escaños obtenidos
Fuentes -A los candidatos (modelo USA)
Públicas -A los partidos (modelo Europeo)
Financiación Indirecta
-Acceso gratuito a radio y televisión
-Subsidios a prensa y organizaciones vinculadas a los partidos
-Cesión de locales y espacios públicos
-Subvenciones a grupos parlamentarios
-Envíos gratuitos de propaganda electoral.

En algunos países se limitan o prohiben las contribuciones exteriores; en otros existe una limitación de gastos electorales
para los partidos, normalmente en función del número de electores, mientras que hay modelos que contemplan exenciones
fiscales para las donaciones a partidos.

La publicidad de ingresos y/o gastos se exige en algunos casos, bien anualmente o bien tras cada elección, y puede haber
órganos de fiscalización de los ingresos y gastos, que dependen del parlamento, de la administración electoral, o del poder
ejecutivo.

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2.1.6.- Los sistemas de partidos políticos.

En un sistema político llamamos subsistema de partidos al conjunto formado por los siguientes elementos: el número de
partidos existentes, sus tamaños, sus relaciones, sus alianzas, y su ubicación ideológica. Cabe distinguir entre sistema de
partidos parlamentario, que tiene en cuenta los partidos que han obtenido escaños parlamentarios, y sistema de
partidos electoral, que abarca a todas las formaciones partidistas que consiguen votos en las elecciones.

Las tipologías del sistema de partidos utilizan diversos criterios de clasificación:
Según el número de partidos se dividen en sistemas de partido único, sistemas bipartidistas, y sistemas
multipartidistas.

Según criterio de competitividad se puede distinguir entre sistemas competitivos y sistemas no competitivos, en los que
a su vez pueden existir situaciones de hegemonía y de alternancia.

Otra tipología diferencia entre:
Sistemas de partido único (la URSS).
Sistemas de partido hegemónico (México).
Sistema de partido predominante (India).
Bipartidismo (Reino Unido).
Pluralismo moderado (Bélgica, Holanda).
Pluralismo polarizado (Italia).
Atomización (Malasia).

Según una regresión de la competitividad se distinguen:
Sistemas competitivos.
Sistemas multipartidistas.
Multipartidismo integral.
Multipartidismo atemperado.
Sistemas bipartidistas.
Bipartidismo imperfecto.
Bipartidismo perfecto.
Sistemas de partido dominante.
Partido dominante.
Partido ultradominante.
Sistemas no competitivos.
Sistema de partido único.

En la mayoría de los países occidentales, salvo en los anglosajones, existe el multipartidismo en sus dos
vertientes: el integral y el atemperado, que se diferencian por el grado de integración del sistema partidista y
por la posibilidad o no de formar coaliciones.

Hay una amplia serie de factores que favorecen la aparición de partidos, y por lo tanto la existencia de
multipartidismo:

(a) Factores sociales: una gran estratificación social produce multipartidismo, y éste es más necesario cuanto mayor sea
la conciencia de clase.

(b) Factores ideológicos: que multiplican el número de partidos.

(c) Factores históricos: que explican las divisiones dinásticas, así como la aparición de partidos nacionalistas en toda
Europa.

(d) Factores institucionales: como el tipo de Estado, unitario o federal, o el sistema electoral existente. Los sistemas
electorales mayoritarios tienden a reducir el número de partidos parlamentarios, mientras la representación proporcional
suele permitir el acceso de un mayor número de partidos al parlamento.

Los sistemas bipartidistas existen en los países anglosajones, aunque hay diferencias entre ellos, por ejemplo, la disciplina
de voto parlamentario que se da en Gran Bretaña y no en Estados Unidos. Se puede distinguir entre el bipartidismo perfecto
y el imperfecto, según exista o no la posibilidad real de alternancia en el ejercicio del poder.

En los sistemas de partido dominante cabe diferenciar entre el subtipo de partido dominante, sin mayoría absoluta, y el de
partido ultradominante, que sí la consigue, pero en ambos casos existen otros partidos menores, lo que diferencia este
sistema y los de partido único, en los que están prohibidos los demás.

Los sistemas de partido único tienen distintos significados, según se trata de sistemas políticos comunistas, fascistas, o de
países en vías de desarrollo.

2.2.- Los grupos de presión.

2.2.1.- Noción de grupo de presión.

Los grupos de presión son otros de los actores políticos en la sociedades actuales. Se distinguen de los partidos en que
carecen de voluntad de tomar el poder; solo pretenden influir, presionar sobre los detentadores del poder político para que
adopten decisiones que favorezcan los intereses que defienden. De ahí que también se llamen grupos de interés.

Otra diferencia esencial es que mientras los partidos se basan en una solidaridad general, sobre una concepción global de la
sociedad, los grupos de presión lo hacen sobre una solidaridad parcial, sólo defienden intereses específicos. Un ciudadano

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Ciencia Política.

puede pertenecer a varios grupos de presión simultáneamente (un sindicato, una iglesia, y un grupo ecologista), pero militará
sólo en un partido político.

Los grupos de presión son conjuntos organizados que tratan de influir en las decisiones gubernamentales sin pretender
situar a sus miembros en cargos públicos. Pero la definición más precisa entiende por grupo de presión una organización
constituida para la defensa de un interés, que ejerce una presión sobre los poderes públicos para obtener de ellos decisiones
conforme a ese interés.

Esta definición contempla los tres elementos constitutivos de esos grupos:

La existencia de un grupo organizado. Partiendo del nivel de organización y especialización pueden establecerse cuatro tipos
de grupos de interés:

Los anómicos, formaciones espontaneas y efímeras.

Los no asociativos, informales, intermitentes.

Los institucionales, que son organizaciones formales que a veces pueden convertirse en grupos de presión (una iglesia).

Los asociativos, organizaciones voluntarias y especializadas en la articulación de intereses que son los verdaderos grupos de
presión eficaces (sindicatos).

La defensa de un interés, bien material o moral, interés en sentido amplio.

El ejercicio de una presión sobre el poder. Todos los grupos de presión son grupos de interés pero no a la inversa. Un grupo
de interés deviene de presión cuando la ejerce sobre los poderes políticos. Todo grupo de interés puede potencialmente
convertirse en grupo de presión. Se entiende por presión la actividad de un grupo con motivaciones comunes que trata de
influir a través del uso, o de la amenaza del uso, de sanciones en las decisiones de los poderes políticos, bien para cambiar la
distribución actual de bienes, servicios, cargas, y oportunidades, o bien para conservarla ante las amenazas de intervención
de otros grupos o del propio poder.

Los grupos de presión, igual que los partidos, son estructuras de comunicación entre la sociedad civil y el Estado. Aparecen
y adquieren importancia a raíz de cambios sociales, que producen conflictos entre intereses contrapuestos. Los afectados se
agrupan para defenderse frente a otros grupos y al final buscan la ayuda de alguna instancia de poder sobre la que
presionan.

En los sistemas políticos actuales, el creciente intervencionismo del Estado en la sociedad permite y potencia el
florecimiento de grupos de presión, ya que aumentan las ocasiones y los campos en que para promocionar o defender
intereses es necesario orientar la acción de los poderes públicos.

2.2.2.- Tipologías de grupos de presión.

Existen muchas clasificaciones de los tipos de grupos de presión en base a distintos criterios:

Según el interés defendido, se puede distinguir entre grupo de interés y grupo de ideas. También se les llama grupo de
promoción y grupo de protección. En los grupos de interés o de promoción entran todas las organizaciones profesionales,
como las organizaciones agrarias, las organizaciones de empresarios (patronales) y de trabajadores (sindicatos), y las de las
profesiones liberales. El tipo grupo de ideas o de protección abarca los grupos que no defienden intereses materiales o
profesionales, sino que promueven la defensa de ciertas causas particulares. Entre ellos están: las organizaciones
confesionales e ideológicas (las iglesias); las de objeto especializado, que defienden una causa concreta (la abolición de la
pena de muerte, el antirracismo...); los grupos de condición, compuesto por personas que comparten una misma condición
social (jóvenes, estudiantes, mujeres, tercera edad, gays ...); las sociedades de pensamiento y los clubs políticos, que en
ocasiones se acaban transformando en partidos.

Por su naturaleza se puede establecer la diferencia entre grupos privados y grupos públicos. Normalmente los grupos que
tratan de presionar sobre los poderes públicos son privados, pero también hay grupos que están dentro del ámbito del
Estado, órganos estatales que presionan sobre otros. Son los grupos de presión públicos. Dentro de estos últimos cabe otra
distinción entre grupos civiles, que defienden intereses particulares frente al Estado, que defiende los intereses generales, y
grupos militares, que actúan con frecuencia obligando al Estado a adoptar medidas que les beneficien, e incluso intervienen
directamente en la vida política (militarismo, golpismo).

Según el tipo de organización y de miembros se divide a los grupos de presión en grupos de cuadros y grupos de masas. Los
grupos de cuadros tienen un número reducido de miembros, bien por que así se quiere para lograr eficacia o por elitismo
(masonería), bien porque el objetivo perseguido afecta a un colectivo reducido (altos cuerpos de funcionarios) Los grupos de
masas tratan de alcanzar un gran número de miembros o socios (los sindicatos).

Por el lugar que ocupa la presión en las actividades de los grupos, estos pueden ser exclusivos, si se dedican
prioritariamente o exclusivamente a presionar sobre el poder (los lobbies de Washington) o parciales, si la presión sólo es
un aspecto de su vida como grupo (las iglesias, los sindicatos).

Teniendo en cuenta los ámbitos en que actúan, se pueden diferenciar los grupos de presión nacionales y los grupos de
presión internacionales. Los internacionales, a su vez, serán privados (una multinacional) o públicos (una embajada).

2.2.3.- La actuación de los grupos de presión.

Hay distintos elementos que proporcionan poder al grupo:

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El número de sus miembros, que está vinculado a su organización.

Sus recursos financieros y de cualquier otro tipo.

El status social de sus componentes.

La capacidad de acción colectiva o individual.

El control sobre los medios de fuerza (el ejercito).

El control de los medios de producción y distribución.

Sus ideas y creencias, que les pueden dar cohesión y por tanto fuerza.

La posibilidad de acceso a los centros decisores.

La eficacia de la acción de los grupos de presión dependerá de la combinación de estos elementos en una
organización dada.

Los medios que utilizan los grupos para presionar sobre el poder se extienden desde el suministro de información
hasta el uso de la violencia, desde la acción legal a la ilegal. Se distinguen las siguientes categorías:

Los intentos de persuasión, como el envío de documentos para convencer a los decisores acerca de la justicia de una
demanda.

Las amenazas, por ejemplo de no reelección de un diputado, que pueden llegar al chantaje más o menos directo.

La utilización de recursos financieros, en donde cabe desde la financiación de partidos o campañas electorales, hasta la
corrupción individual o colectiva con sobornos.

El sabotaje a la acción del gobierno (huelga de inversiones, resistencia pasiva, negativa a pagar los impuestos).

La acción directa, con medidas como manifestaciones, huelgas, lock-out, e incluso el uso de métodos violentos.

En cuanto a los tipos de actuación de los grupos de presión, se distingue:

La acción directa sobre los organismos de poder, que a su vez puede ser abierta y confesada (cartas, visitas,
manifestaciones) u oculta y discreta (financiación secreta de partidos, contactos personales).

La acción indirecta sobre el público, sobre la opinión pública, que a su vez influye sobre el poder (la propaganda).

Los valores dominantes en una sociedad y el tipo de cultura política de la misma determinan los límites de utilización de
estos medios para lograr la eficacia de la acción. En aras de esta eficacia se pueden producir situaciones de cooperación y
alianza entre distintos grupos de presión que en principio parece que defienden intereses opuestos (patronal y sindicatos
unidos en demanda de ayudas a un sector productivo en crisis), mientras que en otras ocasiones factores externos llegan a
fragmentar la defensa de un mismo interés en grupos distintos que reclutan a sus miembros en idéntico ámbito social
(divisiones sindicales por motivos ideológicos).

Las instancias donde los grupos ejercen su presión dependen de la estructura del sistema político, de los mecanismos de
toma de decisiones. En los piases democráticos estas instancias suelen ser las asambleas legislativas, el gobierno y la
administración, la justicia, los partidos políticos, la opinión pública, y las organizaciones internacionales.

2.2.4.- Institucionalización de los grupos de presión.

Los grupos de presión, al incrementar su importancia en la vida política, han sido reconocidos por parte de los poderes
públicos, que establecen ciertos controles sobre su acción. Se trata, fundamentalmente, de dar publicidad a sus actuaciones,
potenciar su funcionamiento interno democrático, y fijar instancias permanentes de contacto con el poder.

Es difícil señalar todas las vías de institucionalización que pueden tener los grupos de presión. Las más importantes y
frecuentes son:

La constitucionalización: en constituciones recientes aparecen reconocidos ciertos grupos de presión, como los sindicatos
en Grecia y en España. Esto puede hacerse directamente, dedicándoles un artículo, o indirectamente, reconociendo
constitucionalmente algunos de los fines del grupo. Las constituciones pueden poner condiciones a las que tienen que
someterse esos grupos reconocidos, o excluir a algún sector de los ciudadanos de la participación en esos grupos. Las
constituciones también pueden establecer cauces para le expresión de los intereses de los grupos, como el derecho de
petición o la iniciativa legislativa popular.

La regulación legislativa: puede ser una regulación general de los grupos de presión, como asociaciones ordinarias, a
través de la Ley de Asociaciones, o una regulación específica para ciertos grupos de presión (Ley de Colegios Profesionales).

2.2.5.- Relaciones de los grupos de presión con los partidos políticos.

Algunos grupos de presión no tienen relación con los partidos, otros sólo ocasionalmente, y otros mantienen lazos
estructurales con ellos. Estos lazos pueden ser de varios tipos:

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Actores políticos y representación democrática

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